Policías militares registran a un joven en una favela de Río en enero. FABIO TEIXEIRA GETTY

Especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que la letalidad de los agentes y el descenso de los crímenes están desvinculados

 La letalidad policial fue récord en Río de Janeiro en 2019 mientras los delitos tuvieron una caída histórica, tendencia esta última que se extiende al resto de Brasil, uno de los países más violentos del mundo. En el Estado murieron 1.810 personas en intervenciones policiales, la cifra más alta en dos décadas. Los 3.995 asesinados en el mismo tiempo suponen un dato histórico, el menor desde 1991, según datos oficiales del Gobierno estatal. Aunque los políticos partidarios de la mano dura presumen de eficacia, numerosos especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que ambos fenómenos no están vinculados.

Al conocerse el balance anual de la violencia, el gobernador de Río, Wilson Witzel, tuiteó la semana pasada: “Nuestra política de seguridad viene generando resultados positivos mes a mes”. Es el mismo que cuando hacía campaña para el puesto que ostenta hace un año proclamó “la policía va a apuntar a la cabecita y…. fuego” contra los sospechosos armados con fusiles. En sus tuits, Witzel, que fue juez y militar, enumeró las estadísticas, que también reflejan notables caídas de las muertes en robos y de aprensiones de armas. El experto de la Red de Observatorios de la Seguridad Pablo Nunes explica que “es improbable que las variaciones en las tasas de homicidios y muertes por policías estén relacionadas. Cuando analizamos los barrios y ciudades del estado de Río, en la mayoría de los casos, donde aumentaron las muertes policiales aumentaron o se estabilizaron los homicidios y viceversa”.

Ilona Szabó, especialista en seguridad pública, advierte de que “a veces las reducciones de delitos son utilizados para legitimar el abuso de la fuerza. La relación, sin embargo, es falsa”, escribe este miércoles en Folha de S.Paulo. Daniel Cerqueira, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, coincide: “Esa retórica del gobernador es falsa. Estadísticamente no vemos relación”. Añade este experto que, en todo caso, “la violencia policial estimula la violencia en general”.

La caída de los asesinatos a lo largo del año pasado, también el primero del exmilitar Jair Bolsonaro en el poder, se extiende por Brasil en general. Es uno de los datos de los que el ultraderechista más presume y que influye en el reciente aumento de su popularidad en este país que está desde hace años entre los más violentos del mundo, guerras al margen. La experta Szabó alerta de que existen “líderes que están reduciendo problemas complejos a discusiones binarias y reforzando la violencia como solución”. Justo este miércoles el Gobierno ha autorizado que los dueños de armas legales puedan comprar cuatro veces más munición al año que antes.

Río de Janeiro –Estado donde viven 17 millones de brasileños– destaca en el ámbito nacional e internacional por lo mucho que su policía mata. Para hacerse una idea, las 1.810 personas muertas en intervenciones policiales en 2019 suponen más del doble de las 800 personas asesinadas por la organización terrorista ETA en España durante cuatro décadas o la mitad de las víctimas mortales del conflicto de Irlanda del Norte.

Los tiroteos son tan frecuentes en Río de Janeiro que cuatro niños han sido alcanzados por disparos desde que empezó 2020. El último, de cinco años, veía un partidillo de fútbol. Una bala le dio este lunes en la cabeza después de perforar la mano de su padre, que intentaba protegerlo del intercambio de tiros entre policías y criminales. El crío sobrevivió pero está gravísimo. El asunto ha alcanzado tal magnitud que la ONU expresó su preocupación en septiembre pasado. Y también tiene su reflejo en la cultura popular. La telenovela más vista ahora mismo en Brasil Amor de mãe tiene entre sus villanos a un policía corrupto que mata a un policía limpio.

En la comparación nacional las fuerzas de seguridad de Río también destacan, como indica la comparación con São Paulo. La tasa de muertes en el primer Estado a manos de la policía solamente es superior a los perpetrados en São Paulo por criminales y agentes de policía juntos, según el diario Folha. Uno de los factores que lo explica esa diferencia es que el grupo criminal más poderoso de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), prohíbe matar sin autorización en el territorio que domina.

Es muy poco probable que un policía sea denunciado en Brasil por abatir a un sospechoso, mucho menos juzgado o condenado. Ni un solo agente de Río fue llevado ante la justicia en 2019, según una investigación del semanario Época, que analizó los casos de los 195 muertos a manos de la policía en julio, el mes más letal. Revela que se abrieron 151 investigaciones, que 11 casos han sido archivados y que no encontraron información sobre otros 19. La revista descubrió que los informes policiales muestran un patrón: incursiones en favelas de patrullas de entre 2 y 6 policías con fusiles para reprimir el tráfico de drogas, son atacados, responden, registran el lugar, localizan a la víctima y la trasladan al hospital. Resalta Época que en el 60% de los casos los agentes no regresaron al lugar del suceso a investigar. La inmensa mayoría de las víctimas de violencia policial son varones, negros, pobres de favela.

El profesor Cerqueira recalca que las muertes violentas vienen disminuyendo en Río de Janeiro desde 2003 con la única excepción del bienio 2016-2017, cuando se registró un repunte coincidiendo con el declive socio-económico generalizado que vivió la ciudad tras los Juegos Olímpicos.

Por NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR

São Paulo 29 ENE 2020 - 17:16 COT

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Caetano Veloso, en 2012. Getty Images

Bolsonaro logra revertir su caída de popularidad gracias a la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos pese a los indicios de deterioro democrático

El músico Caetano Veloso ha alzado su voz este fin de semana para alertar de que “el fascismo está mostrando sus garras” en Brasil. 51 años después de ser encarcelado por la dictadura militar, el cantante explica en un vídeo en inglés difundido en redes sociales este fin de semana que “el Gobierno brasileño no solo ha emprendido una guerra contra las artes y los creadores, sino contra la Amazonia y los derechos humanos en general”. Los artistas, los indígenas, otras minorías y la prensa se han convertido en el último año en blanco de la furia y el desprecio del presidente Bolsonaro y sus seguidores. Los representantes de 45 grupos indígenas reunidos en una reciente cumbre lo acusaron de haber “puesto en marcha un proyecto político de genocidio, etnocidio y ecocidio”. Sin embargo, la economía mejora, los asesinatos caen y la popularidad de Bolsonaro ha empezado a subir en un cambio de tendencia.

La democracia brasileña, cuya erosión comenzó en el proceso de impeachment a la expresidenta de izquierdas, Dilma Rouseff, en 2016, se deteriora más rápido desde que Bolsonaro, de extrema derecha, ganó las elecciones. Cualquier crítica es considerada casi una traición. Y los indicios alarmantes se suceden. Pero esto no impide que, a lomos de la mejora de la economía y el descenso de los asesinatos, la popularidad del presidente haya dejado de empeorar.

El porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno lo está haciendo bien o muy bien ha aumentado cinco puntos, hasta el 34%, desde agosto. Los que lo califican de malo o muy malo han caído ocho puntos, según una encuesta difundida la semana pasada antes de que se conociera que durante el primer año de Bolsonaro en la presidencia se han creado 644.000 empleos formales, la mayor cifra desde 2013, en vísperas de la recesión.

La denuncia de la Fiscalía contra el periodista Glenn Greenwald, contra el criterio de la policía, por supuesta implicación en el pirateo de teléfonos de autoridades que sirvieron de base a las revelaciones sobre el entonces juez Sergio Moro han sido duramente criticadas por diversas asociaciones defensoras de la libertad de prensa y otras libertades de Brasil y el extranjero. El aluvión de críticas a las autoridades judiciales brasileñas ha sido tal que este lunes la Fiscalía General del Estadosse ha desvinculado de la decisión, que el fiscal del caso tomó en ejercicio de su autonomía, según explica la oficina del fiscal general una nota. La ciudad de São Paulo celebra hasta fin de mes un festival que reúne casi medio centenar de obras artísticas censuradas en el año que Bolsonaro lleva en el poder.

Ese es el ambiente sobre el que alerta el músico, que en el corto vídeo confiesa: “Nunca creí que vería semejante retroceso mientras estuviera vivo”. En su mensaje también menciona su lucha contra la dictadura y la censura. Veloso y Gilberto Gil, entonces representantes el movimiento musical Tropicalia, fueron encarcelados durante un mes en 1968 acusados de ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados.

El músico usa el escaso minuto de su declaración para recomendar el documental La democracia en peligro, de su compatriota Petra Costa, nominada a los Oscars. La cinta es una retrospectiva desde la mirada personal de su directora sobre los vertiginosos últimos años, desde el proceso que llevó a la destitución de Rousseff hasta la elección de Bolsonaro.

Por Naiara Galarraga Gortázar

São Paulo 27 ENE 2020 - 13:20 COT

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Sábado, 25 Enero 2020 05:57

Por la vía rápida

Por la vía rápida
Apenas el presidente Vladimir Putin mencionó, en su mensaje ante los miembros del Parlamento ruso, la conveniencia de hacer enmiendas a la Constitución, la Cámara Baja aprobó en lo general la iniciativa de reforma constitucional del Kremlin que modifica 22 artículos y crea las bases para que él procure continuar gobernando después de 2024, cuando concluya su cuarto y último (de acuerdo con la actual Carta Magna) mandato en la presidencia.

Sorprendidos todos, se discute aquí qué era menos esperado para comenzar el año: si las propuestas de Putin para poner de cabeza el sistema político o la celeridad con que quiere llevar a cabo el cambio cardinal. ¿Por qué ahora?, tomando en cuenta que le quedan cuatro años como presidente.

Por ello, la reforma de Putin plantea –salvo su obvio deseo de perpetuarse en el poder– más preguntas que respuestas. Y las prisas escapan a toda lógica: para qué crear un grupo de 75 incondicionales –sólo 11 expertos en derecho– para supuestamente analizar las iniciativas y, antes de que ese conjunto de comparsas diera una sola opinión, mandar el borrador a la Cámara Baja. ¿Qué se puede esperar de una Asamblea Constituyente que no habrá y de un referéndum que no lo será, sino una simple votación popular a saber bajo qué reglas?

La reforma constitucional urgente, sólo se explica con que es insostenible el mito de la popularidad de Putin, mientras crecen los riesgos que el malestar de la población implica para las elecciones legislativas del otoño del año siguiente.

Putin quiere dejar resuelto su futuro –y el de los privilegiados magnates de su entorno– al margen de los resultados que arrojen las urnas. Porque, a diferencia de lo que ofreció para reforzar el Parlamento, sus enmiendas buscan sólo ampliar las facultades del Presidente (para los 4 años que le quedan) y convierten al Consejo de Estado, ahora simple órgano consultivo, en la máxima instancia de poder, si así lo establece la ley aún por promulgar.

En suma, antes de las legislativas de 2021, Putin quiere tener todas las riendas del poder para decidir conforme a los resultados de la votación. Sin embargo, ese intento de resolver por la vía rápida su futuro como gobernante, puede quedarse en papel mojado, ya que la última palabra la tienen no sus operadores políticos, sino los rusos.

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La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos en Chile

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU constató que la policía chilena torturó a personas detenidas. Las conclusiones comprometen a la administración de Sebastián Piñera

La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh) denunció graves violaciones a los derechos humanos durante la represión en Chile. El organismo presidido por Michelle Bachelet constató uso excesivo o innecesario de la fuerza. También sostuvo que la policía chilena torturó a personas detenidas. Según el informe emitido por la Acnudh las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia en forma desproporcionada: lesionaron, mataron, torturaron, ejercieron violencia sexual y detuvieron arbitrariamente. Otro duro golpe para el presidente Sebastián Piñera.

La misión de la ONU visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La jefa del equipo, Imma Guerras-Delgado, dijo que existen razones fundadas para sostener que desde el 18 de octubre, día en que comenzaron las protestas, se registró un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estos hechos se cometieron en todo el país, pero en su gran mayoría en la Región Metropolitana (Santiago) y en contextos urbanos, precisó el informe publicado por el organismo luego de su visita al país.

Según lo observado por la misión de la ONU en Chile, Carabineros incumplió de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y aquellas que se movilizaron pacíficamente. "Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", advierte el texto. También subraya el uso desproporcionado y a veces innecesario de armas no letales. “En particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia (..) tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros", informó la Acnudh. El organismo pudo observar que estos hechos lejos de ser aislados se replicaron en muchas ocasiones. "Ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas", subraya el texto.

La Oficina de la Alta Comisionada llamó la atención por la gran cantidad de personas que sufrieron lesiones oculares durante las protestas. "El número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara da cuenta de una grave violación. Preocupa en particular la utilización de perdigones que contienen plomo", señala el informe. Según el organismo la policía chilena ejerció tortura contra los detenidos. "Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían `desaparecidas', equivalen a tortura. Muchos de estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados", explicita el texto.

También denunció que pese al gran número de denuncias y acciones judiciales aún no se identificó a los que las personas llevaron a cabo las acciones indebidas. El informe señala la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que llevaron a cabo para para garantizar la rendición de cuentas. Junto a esto, la ONU también documentó cuatro casos de privaciones arbitrarias de la libertad y muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. Además da cuenta de numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales.

La represión durante las marchas dejó 23 muertos, 352 personas con lesiones ocularespor disparos de perdigones, y miles de denuncias de heridos y detenidos. Según un informe de Carabineros, los detenidos fueron 18.359, de los cuales 9.716 fueron por desórdenes y 4.991 por saqueos.

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Lunes, 09 Diciembre 2019 06:23

Obsceno

El museo Guggenheim ofreció el año pasado al presidente Donald Trump un escusado de oro de 18 kilates, obra de Maurizio Cattelan llamada America, en préstamo para decorar la Casa Blanca. El magnate había pedido un Van Gogh.Foto del Museo Guggenheim

La semana pasada, entre la cacofonía del impeachment, el berrinche en la OTAN y las amenazas contra el país vecino (designar como terroristas a los cárteles mexicanos y el envío de inspectores para cuestiones de derechos laborales en México que, por cierto, no se respetan en Estados Unidos), brotaron varias noticias que por sí solas y/o en combinación son obscenas.

Primero, una combinación obscena: el régimen de Trump anunció la semana pasada que aprobó una medida que anula la asistencia alimentaria federal para unos 700 mil estadunidenses con el objetivo de expulsar a un total de 3 millones –entre ellos cientos de miles de niños– del programa para combatir hambre. Ese es el regalo de Navidad para los pobres.

En esa misma semana se reportó que el uno por ciento de los más ricos ahora concentran una riqueza de 35.4 billones de dólares, casi lo mismo que toda la clase media de Estados Unidos. Y el 10 por ciento más rico de los hogares ahora concentran 63.8 de la riqueza, casi el doble del total en manos de todos los demás, según estadísticas oficiales reportadas por Bloomberg.

Según algunos cálculos, las reducciones de impuestos otorgadas por el régimen actual a los más ricos supera un billón de dólares, mientras ese mismo gobierno busca ahorrar al reducir los programas para combatir el hambre entre su población.

Vale recordar que en la última elección presidencial, 40 por ciento del total de las contribuciones a las campañas presidenciales provino del .001 por ciento más rico de estadunidenses, un grupo compuesto de 24 mil 949 mega ricos.

No fue la única obscenidad.

Según un informe que se difundió casi sin atraer atención, el inspector general del Departamento de Seguridad Interna reveló que en mayo de 2018 al implementarse las medidas para separar a niños de sus familias inmigrantes, el gobierno calculaba que más de 26 mil menores de edad serían separados bajo su política de cero tolerancia. O sea, el régimen de Trump estaba preparado para imponer la máxima crueldad posible de separación, más bien secuestro, de por lo menos otros 20 mil niños antes de que tribunales federales ordenaran un alto (no se sabe la cifra exacta hasta la fecha, pero se calcula que aproximadamente entre 4 y 5 mil niños fueron separados desde 2017).

en tanto, no cesa la campaña oficial contra la verdad. Tan efectiva ha sido la táctica del régimen para poner en duda los hechos y la verdad misma, así como a los mensajeros (sobre todo los periodistas), que aunque todas estas obscenidades son reportadas todo continúa como si nada. 63 por ciento de estadunidenses confía poco o nada en políticos electos, 57 no confía en funcionarios nombrados por presidentes, y 52 confía poco o nada en los medios noticieros, según el Centro de Investigación Pew. Entonces, políticos y periodistas pueden debatir o reportar estas obscenidades, pero las mayorías no les creen.

Mientras, siguen asombrando las opiniones de los que si le creen al presidente que más ha engañado o distorsionado los hechos (según el conteo del Washington Post más de 13 mil mentiras): la mayoría (53 por ciento contra 47 de republicanos, opina que Trump es mejor presidente que Abraham Lincoln, según una encuesta de la revista Economist.

Para acabar en el baño… Trump comentó el viernes en una reunión en la Casa Blanca que impulsará una investigación sobre las normas de eficiencia del uso de agua, señalando que hay asuntos que le preocupan relacionados con elementos de baño en el país, sobre todo los inodoros. La gente los está usando 10, 15 veces, en lugar de una sola, desperdiciando mucha agua, y el líder del último superpoder mundial indicó que la agencia federal de regulación ambiental está indagando este asunto bajo mi sugerencia.

No se sabe si esta obsesión es resultado de que su Casa Blanca supuestamente rechazó el año pasado un ofrecimiento del Museo Guggenheim de un escusado de oro sólido de 18 kilates –obra de arte de Maurizio Cattelan llamada America– para instalar en la residencia presidencial.

Lo obsceno –por supuesto incluyendo las guerras y las intervenciones– es por ahora política oficial.

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Sábado, 07 Diciembre 2019 05:56

Falsificadores

Falsificadores

Durante mucho tiempo intelectuales y dirigentes occidentales han ironizado sobre la manía de los regímenes soviéticos de reescribir la historia. Pero apenas se les oye cuando el Parlamento Europeo revisa la de la Segunda Guerra Mundial. El pasado 19 de septiembre los europarlamentarios adoptaron una resolución "sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa" que sitúa en pie de igualdad "los regímenes comunista y nazi". El concepto "regímenes totalitarios", empleado en veintidós ocasiones, reúne en un mismo oprobio a la URSS invadida y a la Alemania invasora, a los veintiséis millones de muertos soviéticos y a sus asesinos, al general Gueorgui Joukov y a los responsables de los campos de exterminio. El Parlamento Europeo afirma estar "preocupado por el hecho de que los símbolos de los regímenes totalitarios se sigan utilizando en espacios públicos y con fines comerciales". Para tranquilizarlo, ¿hay que rebautizar la Plaza de la Batalla de Estaligrado de París como "Plaza del Mercado Común" o, como en Hungría, tratar de prohibir una marca de cerveza en cuya etiqueta aparece una estrella roja?  

La resolución no se limita a este rudimentario revisionismo. "La Segunda Guerra Mundial se desencadenó como consecuencia inmediata del tristemente célebre pacto de no agresión germano soviético del 23 de agosto de 1939*", leemos también en ella. Los historiadores atribuyen habitualmente la responsabilidad del conflicto al expansionismo belicoso de la Alemania nazi (1). En su afán por asociar la Unión Soviética con esta responsabilidad la resolución del Parlamento de Estrasburgo hace desaparecer a propósito otro episodio igual de embarazoso moralmente, pero que esta vez implica a irreprochables democracias europeas: los acuerdos firmados en Munich en septiembre de 1938 a consecuencia de los cuales Francia y Reino Unido autorizan a Adolf Hitler a invadir los Sudetes, una región de Checoslovaquia.

Por azar del calendario, al mismo tiempo el historiador de la Segunda Guerra Mundial Christopher Browning informaba acerca de los progresos de la investigación sobre este acontecimiento (2). Muestra hasta qué punto, en su deseo de apaciguar a Hitler, las democracias lo envalentonaron, reforzaron y provocaron la guerra. "En 1938 Alemania no tenía ni el margen de superioridad necesario para lograr una rápida victoria ni capacidad para emprender una guerra larga". Pero la bien equipada Checoslovaquia era aliada de Francia de la URSS. Su anexión sin combate supuso una doble oportunidad para los nazis. "La industria militar checa requisada produjo una tercera parte de los nuevos modelos III y IV de carros de combate, fundamentales en la victoria alemana en Polonia y después en Francia". La capitulación de Munich también supuso un golpe para los opositores alemanes del Führer. "Un grupo de conspiradores antihitlerianos planeaba derrocar al dictador en cuanto emprendiera la guerra contra Checoslovaquia. La abyecta rendición de [el primer ministro británico Arthur Neville] Chamberlain en Munich frustró sus planes y dio a Hitler la victoria sin derramamiento de sangre que consolidó su posición"

Pero, al infierno con estas investigaciones, puesto que ahora son unos parlamentarios europeos quienes escriben la historia.

Notas:

* Véase al respecto el artículo de Jacques R. Pauwels, "Mito y realidad del pacto entre Hitler y Stalin del 23 de agosto de 1939". (N. de la t.)

(1) Véase Gabriel Gorodetsky, «Les dessous du pacte germano-soviétique», Le Monde diplomatique, julio de 1997.

(2) Christopher R. Browning, «Giving in to Hitler», The New York Review of Books, 26 de septiembre de 2019. Véase también Gorodetsky, «Un autre récit des accords de Munich», Le Monde diplomatique, octubre de 2018. 

Fuente: https://www.monde-diplomatique.fr/2019/11/RIMBERT/60955 

 

Por Pierre Rimbert

Le Monde diplomatique

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

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Chile es un campo de pruebas de las armas israelíes

Ni los gobiernos chilenos de derecha ni los de izquierda han renunciado al legado militar y judicial de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Israel contribuye a su lucha contra las poblaciones mapuche indígenas proporcionándoles armas y adiestramiento. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche se puede comparar a la represión por parte de Israel de la resistencia palestina.

Chile se ha unido en las manifestaciones que han recorrido todo el país contra el presidente de derecha Sebastián Piñera y su compromiso con el programa neoliberal que introdujo el difunto dictador Augusto Pinochet. Las personas manifestantes han pedido su dimisión y exigido que se elabore una nueva constitución que sustituya el legado del dictador. 

El estado de emergencia y los toques de queda impuestos por Piñera en todo Chile suscitaron comparaciones con la era de la dictadura en Chile puesto que el ejército emprendió una escalada de violencia contra la población civil en la que se incluyen asesinatos, golpes y tortura sexual. Esta represión en todo el territorio nacional recuerda el pasado. La militarización y criminalización de la resistencia en Chile tiene su origen en las leyes antiterroristas promulgadas por Pinochet y utilizadas por los gobiernos que se han sucedido desde la transición a la democracia contra la población mapuche indígena.

Al igual que ocurrió durante la era de la dictadura de Pinochet, Israel respalda las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno actual al vender tecnología militar y de vigilancia al gobierno chileno. Desde la época de la dictadura la Central Intelligence Agency (CIA) predijo que Chile iba a seguir comprando armas a Israel sin "mucho riesgo de irritar a los Estados árabes siempre y cuando mantenga unas relaciones discretas con Tel Aviv y evite apoyar públicamente las políticas israelíes".

En busca de nuevos socios

A Chile no le ha resultado difícil hacerlo, ni en la época de la dictadura ni después. Pinochet mantuvo relaciones con Israel y con los Estados árabes al evitar "mantener una postura clara en cuestiones controvertidas de la política de Oriente Próximo". Igualmente, los gobiernos posteriores a la dictadura mantuvieron una actitud ambigua, facilitada por el apoyo de la comunidad internacional al compromiso de los dos Estados.

A partir de 1973, tras la guerra árabo-israelí, los países africanos empezaron a romper las relaciones diplomáticas con Israel, lo que obligó al Estado de asentamiento colonial a buscar otros países con los que establecer relaciones diplomáticas, así como posibles mercados para su industria de armamento con el fin de compensar la pérdida de colaboración militar con los Estados africanos. Una vez que Estados Unidos se afianzó en América Latina debido a su apoyo a las dictaduras militares y a las operaciones por toda la región para eliminar toda influencia socialista o comunista, Chile, que en 1949 había reconocido a Israel, se convirtió en un objetivo fundamental para el gobierno israelí. Al aumentar la preocupación de la comunidad internacional por las violaciones de los derechos humanos en Chile, en 1976 Estados Unidos se vio obligado a responder imponiendo un embargo de armas, a pesar de que anteriormente había financiado a Pinochet para que cometiera esos mismos crímenes. Aunque es posible que la CIA burlara la decisión del Congreso estadounidense, Israel estaba en una posición privilegiada para intervenir y llenar el vacío, y convertir a Chile en uno de sus principales compradores de armas en la región.

Un documento desclasificado de la CIA revela importantes detalles sobre las compras militares de Chile a Israel. Desde 1975 hasta 1988 Israel vendió sistemas de radar, misiles aire-aire, equipamiento naval, aviones y sistemas antimisiles a la dictadura chilena. Una de las razones por las que Pinochet eligió a Israel, aparte de su armamento sofisticado y la admiración que sentía por el ejercito israelí, era el hecho de que "Tel Aviv no pone condiciones políticas a sus transferencias", lo cual era importante para Pinochet, lo mismo que la artera postura de Israel de mantener declaraciones públicas de apoyo a una vuelta a la democracia en Chile al tiempo que suministraba a la dictadura armas para utilizarlas en el país y la región cuando llegó a su apogeo la Operación Cóndor (un plan para toda la región implementado en 1975 por las dictaduras de derecha latinoamericanas para exterminar a las personas oponentes de izquierda). Además de vender armas a Chile, en la década de 1980 Israel también ofreció al ejército de Pinochet la oportunidad de visitar sus industrias de defensa y ofreció adiestramiento a pilotos y oficiales chilenos.

Leyes comparables

Los gobiernos de la era posterior a la dictadura mantuvieron la constitución de Pinochet. Las leyes antiterroristas de 1984 que utilizó Pinochet para prolongar la detención sin cargos se han aplicado desde entonces casi exclusivamente a la población mapuche por parte de los gobiernos de centroizquierda y de derecha de Chile. La legislación es similar a la de Israel, que aplica a las personas palestinas la detención administrativa que permite encarcelas sin cargos ni juicio y renovar periódicamente la orden de detención. La criminalización por parte de Chile de la resistencia mapuche contra la explotación neoliberal tiene paralelismos con la opresión de la resistencia palestina por parte de Israel. Ambos pueblos indígenas se enfrentan a luchas comunes y a opresores similares. La vigilancia, una táctica que tiene profundas raíces en la colonización de Palestina por parte de Israel, es una medida que los gobiernos chilenos ha aplicado sistemáticamente contra las personas mapuche. Los gobiernos chilenos utilizan tecnología de vigilancia israelí en la región de la Araucanía: la militarización de la región es el resultado directo de la aplicación de la legislación antiterrorista a la población mapuche.

Elbit, IAI y Rafael son los principales proveedores del gobierno chileno. Elbit y IAI se utilizan ampliamente contra la población palestina. En América Latina está muy solicitada la tecnología militar de Israel (desde los sistemas de vigilancia, el mantenimiento de sistemas informáticos, la munición de fósforo blanco y la tecnología de demolición hasta tecnología para aviones de combate utilizados en los bombardeos de Gaza por parte de Israel), supuestamente para luchar contra el tráfico de drogas y vigilar las fronteras. No obstante, lo que buscan los gobiernos de la región es controlar y reprimir sobre todo a las poblaciones indígenas .

En 2018 los ejércitos israelí y chileno firmaron nuevas iniciativas de cooperación en los ámbitos de educación y adiestramiento militar, mando de liderazgo y métodos de adiestramiento. El acuerdo se firmó en Chile por parte del general de división israelí Yaacov Barak y el general chileno Ricardo Martínez. Barak visitó la Brigada de Operaciones Especiales de Lautaro durante su visita. Piñera nombró Jefe de la Defensa Nacional al excomandante de la Brigada Lautaro, Javier Iturriaga, cuando el gobierno impuso el estado de emergencia para contrarrestar las protestas nacionales en Chile.

Armas "probadas sobre el terreno"

Israel comercializa sus armas y su tecnología como productos probados sobre el terreno. La población de Gaza es el experimento humano sobre el que se prueba la tecnología militar, lo que convierte a cualquier gobierno que compre armas a Israel en cómplice de la agresión colonial contra la población palestina. En Chile está agresión adopta un programa aún más siniestro. La compra por parte del gobierno chileno de tecnología militar a Israel para perseguir a la población mapuche es un reflejo de la represión israelí de la lucha anticolonial palestina.

Aunque las actuales relaciones entre Israel y Chile ya no están ocultas al control público, Israel sigue manteniendo clasificadas las relaciones entre ambos países durante la dictadura. Si bien Estados Unidos ha desclasificado muchos documentos que revelan su apoyo a la dictadura de Pinochet, Israel mantiene clasificadas más de 19.000 páginas de documentos a pesar de que pueden contener información sobre familiares judíos de ciudadanos israelíes que fueron desaparecidos por la dictadura de Pinochet.

Negativa a abrir los archivos

El ejército de Chile mantiene un pacto de silencio que dificulta la obtención de información y más aún hacer justicia a los miles de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas durante la dictadura. En algunos casos los documentos desclasificados contribuyen a colmar lagunas de información. La negativa de Israel a abrir sus archivos referentes a la dictadura de Pinochet obstaculiza la obtención de justicia por parte de la ciudadanía chilena. Dos de sus miembros emprendieron un proceso judicial en 2016 para que se publicaran los documentos que podrían sacar a la luz la magnitud de la colaboración de Israel con Pinochet y probablemente revelar información sobre dos víctimas ejecutadas y desaparecidas , Ernesto Traubman y David Silberman. Chile mantuvo estrechas relaciones con la fuerza aérea israelí en la época de la dictadura, lo que plantea interrogantes sobre la participación israelí en la práctica de la dictadura consistente en hacer desaparecer en el océano por medio de aviones a las personas detenidas ejecutadas. Además, un grupo selecto de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile fue adiestrado por el Mossad en Israel .

Además de buscar información sobre el asesinato y desaparición de sus familiares, Lily Traubman y Daniel Silberman insisten en que su objetivo fundamental es sacar a la luz la magnitud de la implicación de Israel en la dictadura de Pinochet: "La venta de armas se debe regular por ley y deben existir unos criterios claros que prohíban la venta a países o regímenes dictatoriales que violan frecuentemente los derechos humanos".

La existencia y la violencia del colonialismo de Israel han creado una zona de prueba de armas perpetua en Gaza, lo que le supone una ventaja a la hora de vender su tecnología a los gobiernos que también pretenden reprimir a su ciudadanía. "Probado sobre el terreno" es el eufemismo que utiliza el Ministerio de Defensa israelí, una forma fundamental de deshumanizar a la población civil palestina. La situación la que se encuentra la población mapuche en Chile es similar; de hecho, se pueden establecer comparaciones respecto a la lucha por la liberación contra la explotación, apropiación y violencia colonial y neoliberal. Tanto el pueblo mapuche como el palestino sufrió una limpieza étnica en sus tierras por parte de los colonizadores y las relaciones militares entre Chile e Israel sirven para reforzar la militarización. La normalización del colonialismo y el neoliberalismo a escala internacional asegura mientras tanto que las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra ambas poblaciones indígenas permaneczan impunes.

De hecho, posiblemente sea el compromiso de los gobiernos chilenos (sin excepciones entre el centro izquierda y la derecha) de militarizar la región de la Araucanía persiguiendo al pueblo mapuche lo que convierte a Israel en un socio permanentemente válido para Chile. Piñera se comprometió durante su campaña electoral a modificar las leyes antiterroristas para facilitar la persecución de los mapuche. Sin embargo, como las protestas en Chile no muestran indicios de disminuir hasta que se derogue la constitución de Pinochet, es posible que Israel encuentre oportunidades más lucrativas en Chile en detrimento de toda la población.

Ramona Wadi

Orient XXI

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/chile-a-testing-ground-for-israeli-weapons,3462

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Viernes, 06 Diciembre 2019 06:27

El Estado policial democrático

El Estado policial democrático

Las revueltas en curso en América Latina tienen la enorme virtud de desnudar aspectos del régimen de dominación que en la grisura de la vida cotidiana pasan desapercibidas y son normalizadas, incluso por sus víctimas. Comprendemos así que el Estado –cuando se le quitan los caireles de la rima (León Felipe)– cuando se le desnuda de todo adorno democrático, ciudadano, etcétera, queda reducido apenas a su núcleo duro: los aparatos armados.

Estos días, en Chile puede comprobarse, hasta la saciedad, que el gobierno de las personas lo ejercen los carabineros y militares, que son quienes sustituyen la tecnología de la disciplina (desde la familia nuclear hasta la escuela, la división del trabajo y todo panóptico) por el uso de la violencia, asesinando, mutilando y violando por cientos.

Finalmente, eso es el Estado. Un instrumento de dominación implacable, imposible de gestionarlo sin apelar, en última o en primera instancia –dependiendo de las coyunturas y disposición de fuerzas sociales–, a la represión.

En medio de las revueltas populares observamos cómo va cobrando forma un Estado policial, en plena democracia o, mejor, de carácter democrático, ya que se cumplen las formalidades electorales sin que por eso se ponga en cuestión el modelo de dominación. La elegibilidad de algunos cargos del Estado, contrasta con la no elegibilidad de los mandos militares y policiales, así como jueces y burócratas de diversos estamentos estatales.

Luego de 30 años de democracia electoral en Chile, nos encontramos que esos estamentos siguen siendo pinochetistas. Que luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, los militares siguen siendo tan golpistas como en 1964. Exactamente lo mismo sucede en Uruguay, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, y en Bolivia, después de casi 14 años del MAS en el gobierno.

En Chile, el general de Carabineros, Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de la Región Metropolitana, salió al cruce de quienes acusaban a la fuerza de violar los derechos humanos. Luego de señalar que la sociedad sufre una enfermedad grave por el estallido, dijo: Supongamos que sea un cáncer (...), cuando el tratamiento para éste se hace con quimioterapia, en algunos casos y en otros con radioterapia, se matan células buenas y células malas (https://bit.ly/33Hke6o).

Ese es el tipo de uniformados que tenemos, luego de décadas de finalizadas las dictaduras. Por eso sostengo que son actitudes que ya no dependen de una o varias personas, tienen carácter estructural. El Estado policial democrático es el modo encontrado por los de arriba para sostener el régimen de dominación, que tiene en el extractivismo/neoliberalismo su régimen de acumulación y de regulación de las relaciones sociales.

Se puede decir, incluso, a la inversa. La acumulación por despojo necesita de un Estado represivo, de carácter policial, pero que debe estar legitimado por el ejercicio regular del acto electoral. Este acto no puede poner en cuestión ni el Estado policial ni el régimen de acumulación del capital, porque en ese caso los resultados son inmediatamente invalidados por antidemocráticos.

En suma, la llamada democracia sólo merece ese nombre cuando es funcional a la dominación, que en este periodo incluye lo que Giorgio Agamben denomina estado de excepción permanente. El filósofo italiano define esta situación como una guerra civil legal contra aquellos sectores que por diversas razones no pueden ser integrados ni, por ende, dominados.

Agamben se inspiró en el nazismo y sus campos de concentración, para llegar a esa conclusión.

En América Latina los no integrables, o descartables, son los pueblos originarios y negros, los sectores populares y trabajadores, o sea los y las de abajo. Es la experiencia fresca de las revueltas en curso, lo que estos días hemos visto en Chile, pero sobre todo en cada lugar donde los dominados se rebelan, lo que nos permite hablar de un Estado policial democrático.

En este tipo de Estado, la vida de las personas no vale nada, en particular aquellas que viven en las zonas del no-ser (Fanon), allí donde la humanidad no es respetada y la violencia es el modo de regulación de las relaciones entre la sociedad y las autoridades estatales y empresas privadas. En Santiago, los carabineros cercaron barrios enteros e ingresaron por la fuerza en las viviendas particulares, siempre en la periferia popular y combativa. La democracia funciona para el tercio de arriba.

Por último, sería penoso que las izquierdas electorales siguieran compitiendo para administrar este Estado Policial, como hizo Lula en Brasil, cuyo gobierno siguió militarizando las favelas y creó formas más sofisticadas de presencia policial en los barrios populares.

El único camino razonable es organizarnos con la mayor cautela en los campos de concentración que el Estado policial democrático ha convertido a nuestros barrios, con el objetivo de derribar las alambradas cuando los guardias se descuiden.

Publicado enSociedad
Sábado, 30 Noviembre 2019 06:12

Malas noticias

Malas noticias

El Kremlin intenta contrarrestar las malas noticias sobre su gestión con una nueva ley represiva que, según reconocen los autores de la iniciativa, tendrá una aplicación selectiva.

Aprobada por las dos Cámaras del Parlamento, esta ley –que es un instrumento para entorpecer la labor y castigar a quién decidan las autoridades y cuándo quieran– aún debe ser promulgada por el presidente Vladimir Putin, mientras decenas de intelectuales y activistas de los derechos humanos le piden, en carta abierta, no hacerlo por ser un documento que, a su juicio, viola la Constitución.

Por la deliberada ambigüedad del texto, quienes ostentan el poder se arrogan el derecho de obligar a cualquier ciudadano ruso que publique o transmita una información que no sea de su agrado, a colgarse el denigrante sambenito de “agente extranjero”, con la extensa lista de limitaciones que ello implica, en caso de recibir dinero (honorarios, donaciones, becas, premios) desde otro país.

La medida establece sanciones y dificulta el trabajo de quienes critican al Kremlin, que además tienen cerradas las puertas en los medios financiados por el Estado, pero no podrá impedir que salgan a la luz informaciones que, en su opinión, afectan su imagen, como los recientes sondeos del Centro Levada, que cuando se cansó de hacer encuestas a modo de inmediato quedó marcado con el estigma de “agente extranjero”.

En este momento, según revela un estudio de opinión del Centro Levada, 72 por ciento de los encuestados considera que no coinciden los intereses del Kremlin y de la sociedad, y la mayoría de éstos (53 por ciento) está convencida de que ello se debe a que “las autoridades viven a costa de la población y poco les importa qué pasa con la gente”.

El sondeo se llevó a cabo los días en que las autoridades nada hicieron frente a devastadores incendios e inundaciones, y muchos rusos cuestionaron que Rusia haya condonado la deuda de 20 mil millones de dólares de países de África, al tiempo que el gobierno dijo no poder indexar las jubilaciones de los mayores que se ven obligados a seguir laborando, cuando para ello se requiere una suma cinco veces inferior.

En ese contexto, más de la mitad de los jóvenes entre 19 y 24 años no ven su futuro en Rusia y expresaron el deseo de emigrar. Esta sí que es una mala noticia.

Publicado enInternacional
Viernes, 29 Noviembre 2019 05:59

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

El Senado aprobó la Ley Antiencapuchados

Piñera le había pedido al Congreso que avance inmediatamente con proyectos de ley destinados a contener las protestas. Volvió a destacar que se enfrenta a "un enemigo muy poderoso e implacable".

El Senado de Chile aprobó la polémica Ley Antiencapuchados. La medida, que busca castigar a los manifestantes que se cubran la cara, pasará ahora por la Cámara de Diputados. Las penas irían de los 541 días a los 3 años de prisión. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera se asegura una primera victoria luego de solicitarle el miércoles al Congreso que avance inmediatamente con distintos proyectos de ley destinados a contener las protestas. Tras participar de una ceremonia de la Policía de Investigaciones, Piñera volvió a la carga con uno de sus latiguillos más célebres: "Estamos enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable". 

Con 22 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, el proyecto aprobado en una sesión especial del Congreso plantea que los encapuchados "no solo actúan para destruir la propiedad privada o pública, sino que atentan contra la integridad física de las personas". Se estima que las penas pueden ir de los 541 días a los 3 años de prisión.

Ahora la iniciativa pasará a ser debatida en la Comisión de Seguridad de Diputados. La moción había sido presentada en septiembre por los senadores Víctor Pérez, Felipe Harboe, Andrés Allamand, José Miguel Insulza y Felipe Kast.

El gobierno había propuesto en las últimas horas una serie de reformas destinadas a contener y reprimir la protesta: un proyecto que sanciona el uso de capucha como agravante de delitos; otro que aumenta las sanciones contra el saqueo; uno que tipifica penalmente las barricadas; y finalmente, el proyecto que permite el uso de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura crítica sin decretar estado de excepción. Por el momento, solo consiguió avanzar sobre el primero.

Piñera asistió en la mañana del jueves a la graduación de nuevos miembros de la Policía de Investigaciones. Allí repitió que, desde el gobierno, están "enfrentando un enemigo muy poderoso e implacable. Que no respeta a nada ni a nadie y que no respeta la vida de los seres humanos". Más adelante agregó que "aquí no hay que dar espacio ni a la tibieza ni a la ambigüedad. Ni mucho menos a la debilidad".

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