Fachada del Banco de Inglaterra, en Londres. Wikimedia Commons

El Banco de Inglaterra decide no devolver al Gobierno de Maduro 930 millones de euros en lingotes de oro depositados hace años en custodia, sosteniendo que es Juan Guaidó el “legítimo presidente interino” de Venezuela.

 

La decisión de la Justicia británica de legitimar la decisión del Banco de Inglaterra pareciera más propia de las arbitrariedades del llamado 'primer imperio británico' de los siglos XVII y XVIII, centrado especialmente en las Américas, que de una democracia moderna del siglo XXI.

“El Gobierno de Su Majestad ha reconocido al Sr. Guaidó en su capacidad de presidente constitucional interno de Venezuela, y por consiguiente, no reconoce al Sr. Maduro como presidente constitucional de Venezuela”, ha dicho en su escrito Nigel Teare, el juez portavoz del Tribunal Superior de Justicia británico, la 'High Court'.

El litigio se remonta a dos años atrás, cuando el Gobierno venezolano anunció al Banco de Inglaterra su intención de retirar las 31 toneladas de lingotes de oro —unos 930 millones de euros— depositados en sus cámaras desde años atrás, para poder hacer frente a la crisis económica de Venezuela.

El Banco de Inglaterra dilató inicialmente su respuesta pero en 2019, ya con Juan Guaidó autoproclamado 'presidente encargado interino', y presionado por el Departamento del Tesoro de EE UU, argumentó que la irregular situación institucional de Venezuela requería un análisis jurídico exhaustivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el entonces asesor principal de Seguridad Nacional, John Bolton —que ahora revela paradójicamente en su flamante libro la desconfianza de Trump sobre la capacidad de Guaidó— requirieron la complicidad del Gobierno británico para estrechar el cerco al Gobierno de Maduro.

Oficialmente, el Gobierno británico siempre se ha desentendido del litigio.

“Es competencia del el Banco de Inglaterra, no del Gobierno”, afirmó en la Cámara de los Comunes Alan Duncan, el titular de Exteriores británico. Pero, al pasar, acotó: “Seguramente el alto tribunal tendrá en consideración que el Sr. Guaidó es reconocido como el presidente interino legítimo por más de cincuenta países”. Un mensaje claro.

Con soberbia imperial el Banco de Inglaterra llegó a pedir 'garantías' a Venezuela de que el oro dejado temporalmente en su custodia —como hacen muchos países— no fuera a ser utilizado para beneficio personal de Nicolás Maduro o de los numerosos altos cargos civiles y militares venezolanos contra los cuales EE UU y/o la UE aplican sanciones.

A pesar de la humillación que esto suponía el Gobierno de Caracas aclaró que ese capital sería destinado íntegramente a atender las necesidades provocadas en Venezuela por la pandemia del covid-19.

Para evitar cualquier otra excusa del Banco de Inglaterra y como muestra de transparencia y buena voluntad, Venezuela propuso que la transferencia no se hiciera directamente al Gobierno de Maduro sino al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que este organismo de la ONU lo gestionara.

Pero la decisión política por parte del Reino Unido ya estaba evidentemente tomada, y la 'High Court' se limitó a proporcionar argumentario legal y solemnidad.

Para dar más visos de legalidad a ese descarado robo multimillonario a un Estado soberano, paralelamente el 'presidente encargado' Guaidó hizo que 'su' Asamblea Nacional —no reconocida por el Tribunal Supremo de Venezuela—, nombrara a una pseudo 'Junta Directiva' del Banco Central de Venezuela paralela a la real, a la que diariamente toma decisiones sobre la economía venezolana.

Con esa parodia la tal 'Junta Directiva' pidió al Banco de Inglaterra 'en nombre' del Banco Central de Venezuela, que no entregara el oro venezolano al Gobierno de Maduro.

El Tribunal Superior británico dictaminó que esa fake 'Junta Directiva' del Banco Central Venezolano encabezada por Ricardo Villasmil es la única que podrá a partir de ahora acceder legalmente a las reservas de oro venezolano depositado en las cámaras del Banco de Inglaterra, y no la Junta Directiva real, la gubernamental presidida por Calixto Ortega.

Paradójicamente, Reino Unido sigue manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales con el único gobierno con poderes reales en Venezuela, el de Nicolás Maduro, y es la embajadora de este, Rocío Maneiro, la titular de la embajada venezolana en Londres. Reino Unido mantiene a su vez a su embajador Andrew Soper acreditado ante el Gobierno de Maduro.

La esquizofrenia diplomática que esto supone se extiende a la mayoría de los países que han reconocido —presionados por Trump— hace un año y medio a Juan Guaidó como 'presidente encargado', en momentos en que Washington les aseguraba que el Gobierno de Maduro se derrumbaría en cuestión de días.

Todos querían posicionarse bien ante Washington y ante quien ya daban por seguro nuevo presidente de Venezuela.

Pedro Sánchez fue uno de lo jefes de gobierno que reconoció a Guaidó como presidente interino a inicios de febrero de 2019, y a fines de abril incluso acogió en la embajada española en Caracas al también líder opositor Leopoldo López, mentor de Guaidó. Y sin embargo, sigue manteniendo relaciones diplomáticas políticas, comerciales y culturales con el Gobierno de Maduro.

Pese al inmenso apoyo económico, político y diplomático de EE UU, la UE y numerosos otros países, Guaidó se mostró incapaz en este tiempo de mantener unida a la oposición y de presentar una alternativa creíble de gobierno, y por ello fue perdiendo apoyos políticos y apoyo social.

Un mes atrás las encuestas ya lo situaban en el 25% de popularidad, el nivel más bajo de su fulgurante vida como 'presidente encargado interino'.

Guaidó recorrió capitales europeas, fue recibido con aplausos en la Cámara de Representantes de EE UU y en varios países latinoamericanos. Denunció una y otra vez la 'dictadura' de Maduro a pesar de que daba ruedas de prensa y mítines a lo ancho de Venezuela, mantenía oficinas públicas y entraba y salía por el aeropuerto de Caracas.

Se autorreivindicó como gran demócrata y salvapatrias pero se negó en todo momento a establecer un diálogo con Maduro como hicieron otras fuerzas de la oposición.

Dirigente de Voluntad Popular, al igual que su maestro Leopoldo López siempre estuvo en la corriente más intransigente y violenta de la oposición.

La impaciencia por llegar al poder rápidamente le hizo desde el primer momento apostar por las vías directas, su autoproclamación como 'presidente encargado' en una manifestación callejera a fines de enero de 2019, su intentona de golpe cívico-militar en abril, sus negociaciones con hasta seis compañías militares privadas para intentar un golpe militar cruento. Lo ha intentado todo.

El Wall Street Journal revelaba días atrás que Leopoldo López, desde su asilo en la embajada española en Caracas y vía videoconferencias, participó también en negociaciones con empresas de mercenarios para valorar los mejores planes para el golpe.

Después de descartar varios planes, finalmente López y Guaidó terminaron firmando un contrato formal con la empresa Silvercorp USA para lanzar un golpe con el objetivo de 'detener/secuestrar/matar' a Maduro y a sus principales colaboradores ,y para garantizar la seguridad del nuevo gobierno de facto presidido por Guaidó quee asumiría al poder por al menos su primer año y medio de vida.

Fue el propio director de Silvercorp, Jordan Goudreau, el que reconoció ante las cámaras el contrato firmado —que reprodujimos íntegro en El Salto— y denunció a Guaidó por haberle traicionado, por haberse echado atrás a último momento. Uno de los más estrechos colaboradores de Guaidó, Juan Joé Rendón, miembro de su Comité de Estrategia y firmante también del extenso contrato, reconoció los hechos y dimitió de sus cargos para intentar salvar al líder opositor.

Tras conocerse con lujo de detalles el contrato que llegó a firmar Guaidó de su puño y letra y su gente con los mercenarios estadounidenses, se le cayó su... ¿penúltima? careta de hombre de paz y demócrata.

La oposición se dividió aún más y muchos de su seguidores se distanciaron de él.

Mientras tanto, el sector disidente de la oposición que en enero pasado en unos episodios turbulentos se hizo con el control de la Asamblea Constituyente —con el apoyo interesado del chavismo— avanzó en las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó y 'su' Asamblea Constituyente mantuvieron su postura de rechazo a participar en esas negociaciones, que permitieron el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas para diciembre próximo.

Guaidó parecía cada vez más un cadáver político. El propio Donald Trump hizo el 21 de junio pasado unas declaraciones sobre él en una entrevista al digital Axios, que llevaba un titular sorpresivo: “Trump frío con Guaidó, consideraría reunirse con Maduro”.

Trump reconocía allí que no tenía mucha confianza en Guaidó ya que no había logrado arrebatarle el control del Gobierno a Nicolás Maduro a pesar de todo el apoyo que le había dado Estados Unidos y decenas de otros países.

Parecía ser el primer guiño de Trump tres años después de que el Gobierno de Maduro comenzara a intentar negociaciones directas con la Casa Blanca. Ninguno de esos intentos prosperó.

Y entonces llegó el fallo del Tribunal Supremo británico regalándole a Guaidó el acceso directo a las 31 toneladas de oro venezolano y se trastocó todo. Guaidó pareció resucitar.

Paralelamente, en lo que demuestra una operación coordinada, el pasado lunes 20 de junio la Unión Europea anunciaba la inclusión de once altos cargos del Estado venezolano a la lista de otros veinticinco previamente sancionados por la UE. A todos ellos se les prohíbe entrada en suelo comunitario y se congelarán sus activos si los tuviesen en algunos de los países miembros.

En esa lista, en la que figuran fiscales, jueces y otros altos cargos de las instituciones del Estado venezolano figura también Luis Parra, líder disidente del opositor partido Primero Justicia, quien se distanció de Guaidó y terminó elegido como presidente de la 'otra' Asamblea Nacional en enero pasado.

Todo hecho a la medida de Guaidó. La UE, España incluida, no emitió ningún comunicado ni ninguno de sus portavoces hizo declaración alguna sobre las revelaciones en mayo pasado después del fracaso de la esperpéntica Operación Gedeón, del plan de golpe de Estado acordado por Guaidó y López con mercenarios estadounidenses.

La tan democrática Europa de los Veintisiete ha vuelto a mirar para otro lado ante la última y más documentada intentona golpista de Guaidó, y dos meses después vuelve a prestar su ayuda para aumentar junto con Reino Unido el bloqueo, el hostigamiento y la asfixia no del Gobierno venezolano sino del pueblo venezolano.

Por Roberto Montoya

3 jul 2020 12:17

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Ciudadanos con cubrebocas en Caracas frente a un mural del fallecido presidente Hugo Chávez. El gobierno venezolano busca desesperadamente recursos para enfrentar la pandemia de Covid-19.Foto Ap

Caracas. Once colaboradores del líder opositor Juan Guaidó fueron imputados en Venezuela por "traición a la patria", acusados de "despojar" a Venezuela de las reservas de oro almacenadas en el Banco de Inglaterra, informó este viernes la Fiscalía. "A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (...) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir", anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones a la televisión estatal.

El gobierno de Maduro requiere los fondos para atender la pandemia de Covid-19 en Venezuela.

Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del dirigente parlamentario, quien reclamó la presidencia encargada de Venezuela en enero de 2019 con reconocimiento de medio centenar de países. También están entre los acusados los cinco miembros de la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil, Guaicoima Cuius, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Carlos Suárez; el ex procurador especial José Hernández y dos miembros de su equipo, Irene Loreto y Geraldine Afiuni.

El jueves, el gobierno de Nicolás Maduro pidió una investigación penal para determinar "responsabilidades por el robo" de más de mil millones de dólares en oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, tras un fallo de la justicia británica que se derivó de que el gobierno británico es uno de los que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El Ministerio Público solicitó "órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes" contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.

El fiscal, quien se refirió a Guaidó como "payaso", calificó a los acusados de "falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República".

Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, sin que haya sido ordenada su detención.

El gobierno de Maduro lleva año y medio intentando sin éxito recuperar más de 30 toneladas de oro que Venezuela tiene guardadas en las cámaras del Banco de Inglaterra.

La oficina de prensa de Guaidó dijo en un comunicado que mientras el "proceso judicial continúa", los recursos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados a corto plazo.

El Banco Central de Venezuela, controlado por Maduro, anunció el jueves que apelará de la sentencia del juez británico.

En tanto, el presidente estadunidense, Donald Trump, utilizó el dinero robado a Venezuela para construir parte del muro en la frontera con México, según un informe del sitio digital thegrayzone.com.

Se estima que 24 mil millones de dólares del dinero público venezolano fueron saqueados y la administración Trump uso al menos 601 millones de dólares para construir un muro militarizado en la frontera entre Estados Unidos y México, precisa el sitio.

La denuncia suscrita por Ben Norton, periodista, escritor y cineasta, señala que desde que la Casa Blanca comenzó con un intento de golpe de estado contra el gobierno electo de Venezuela en enero de 2019, hasta 24 mil millones de dólares de bienes públicos venezolanos fueron confiscados por países extranjeros, principalmente por Washington y los estados miembros de la Unión Europea.

Durante su campaña presidencial de 2016, Trump insistió en innumerables ocasiones en que "haría pagar a México" para construir un gigantesco muro que cubriera los aproximadamente 3 mil 145 kilómetros de su frontera común.

Al calificar de cuestionables las fuentes de financiación usadas por el mandatario estadunidense, Norton señala que Trump recurrió a ellas incapaz de obligar al país vecino a financiar su proyecto favorito de 18 mil millones de dólares, que ya costó unos 30 millones de dólares por milla en el sur de Texas.

Norton cita como fuente de la información a la cadena Univisión, la cual revisó los registros del Congreso estadunidense y documentos judiciales, en los cuales encontró que la administración Trump aprovechó 601 millones de dólares del "fondo de confiscación" del Departamento del Tesoro para la construcción del muro.

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La justicia británica se queda con las reservas de oro de Venezuela

Un juez sentenció que el gobierno de Maduro no podrá usar las 31 toneladas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra 

El Banco Central del país bolivariano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés".

 

El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación.

El BCV anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.

Bolton se refiere a esa decisión de inicio del 2019 como parte de los “pasos que ya estaban aplicando para presionar financieramente a Maduro”. En ese mismo párrafo, el ex asesor de Seguridad Nacional destaca como, en esos días, trabajaban para recrudecer las sanciones sobre la industria petrolera venezolana.

El BCV prosiguió durante el 2019 y 2020 en el intento de acceder a las reservas de oro. En mayo pasado realizó una demanda ante el Tribunal Comercial de Londres para que el Banco de Inglaterra entregue el oro venezolano. Allí no solamente fue expuesto el argumento legal, sino también humanitario: el monto del oro sería destinado para ir directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para hacer frente a la pandemia en el país.

La falta de respuesta del Banco de Inglaterra durante meses se debió a la zona gris diplomática construida hacia Venezuela. Mientras el gobierno inglés reconoció a Guaidó, su “embajadora”, Vanessa Neumann, fue recibida, pero sin las credenciales formales, una situación similar a la ocurrida en varios países de Europa y América Latina.

Así, mientras por un lado la política exterior apoyaba la política de gobierno paralelo en Venezuela, la situación legal no era clara, algo diferente al caso estadounidense donde fueron alineados en la misma política -con tensiones- la Casa Blanca, el Departamento de Estado, del Tesoro, y de Justicia. Esa situación de falta de claridad, sobre la cual el Banco de Inglaterra se amparaba para su falta de respuesta, fue despejada con la sentencia del día jueves.

Este fallo representa no solamente una pérdida para el BCV, sino que sienta a su vez un precedente para otros expedientes en una situación similar, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que se encuentran en el Deutsche Bank, o las numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

Se abre entonces una nueva puerta para que se profundicen los mecanismos de robo de activos y bienes de Venezuela en el exterior, algo que ha venido sucediendo desde el inicio del reconocimiento estadounidense a Guaidó. El caso paradigmático es el de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos (EEUU) -valorada en 8 mil millones de dólares-, que fue embargada por el gobierno estadounidense en el 2019, y se encuentra actualmente bajo amenaza judicial de remate y desmembramiento para ser apropiada por una minera canadiense, Crystallex, o una petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Este proceso de despojo ha sido uno de los objetivos centrales contra Venezuela. El gobierno venezolano convocó, por ejemplo, en el mes de mayo al encargado de Negocios del Reino Unido en Venezuela para “presentarle protesta formal y exigir explicaciones ante la creación en su Cancillería de una Unidad para la Reconstrucción de Venezuela”.

De esta manera, mientras Guaidó perdió toda gravitación dentro del país, su mantenimiento artificial permite que avancen procesos de robo a la Nación. Esa política de piratería y bloqueo es parte de las divisiones de la oposición en el país. El sector que aún se mantiene alrededor de la estrategia del gobierno paralelo sostiene la necesidad de las sanciones y congelamiento de activos. Afirman, contra toda evidencia, que no afectan al conjunto de la población, sino únicamente al núcleo de poder del chavismo.

Otro sector en cambio, tanto político como de sectores económicos, se opone a la estrategia de asfixia y despojo progresivo. Ese sector es quien participará de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, para las cuales ya se han anotado 89 partidos políticos.

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La tripulación del buque iraní "Fortune" durante su llegada a la refinería El Palito, en Venezuela. 25 de mayo de 2020.Palacio de Miraflores / Reuters

El dictamen apunta al decomiso de cuatro buques con una carga aproximada de 1,1 millones de barriles de combustible, que van rumbo al país suramericano.

La Justicia Federal de EE.UU. emitió una orden para decomisar cuatro buques iraníes que trasladan combustible hacia Venezuela, por considerar que la transacción beneficia a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que han sido catalogados por la Casa Blanca como una supuesta "organización terrorista".

El dictamen del juez James Boasberg responde al pedido de cuatro fiscales, y pretende el decomiso de aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina, que son trasladados actualmente por los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, hacia Venezuela.

De acuerdo con Boasberg, esta gasolina quedará bajo jurisdicción exclusiva de la corte federal para el Distrito de Columbia. Sin embargo, no indica qué métodos aplicará el gobierno de EE.UU. para confiscar las cargas.

El Departamento de Justicia estadounidense mostró su apoyo a la medida, al considerar que las ganancias por la venta de este combustible supuestamente "respaldan toda la gama de actividades nefastas de la Guardia Revolucionaria", incluyendo "terrorismo y abusos contra los derechos humanos".

Entre el 23 de mayo y el 1 de junio, los buques iraníes Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon, ignoraron las amenazas del gobierno de EE.UU. y se trasladaron a Venezuela, con un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Sin embargo, los barcos Bella y Bering desistieron de la transacción para evitar las sanciones de Washington. 

Dos semanas después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista de sancionados a los capitanes de estos cinco barcos, por "apoyar a grupos terroristas y dictadores".

En esa oportunidad, el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, dijo que ese organismo perseguirá "a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los EE.UU. y que además permita un comportamiento desestabilizador en todo el mundo".

Venezuela ha registrado problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas unilaterales y coercitivas aplicadas por EE.UU., que no solo implican sanciones a altos funcionarios del Gobierno y el bloqueo de sus activos, sino que también contemplan amenazas a cualquier país que intente establecer relaciones comerciales con Caracas.

Publicado: 2 jul 2020 23:41 GMT

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A pesar de su fracaso, Guaidó es la pieza clave en el despojo del oro, las empresas y el territorio venezolano

La figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela ha resultado un fracaso político. Sin embargo, visto como mecanismo para justificar robos de bienes de la Nación, el saldo es diferente. En ese plan de despojo se articulan gobiernos, transnacionales, jueces y abogados.

Juan Guaidó está en un punto político muerto. No logra recuperar iniciativa, convencer, deshacerse de los expedientes de mal manejo de fondos que lo rodean. El paso de las semanas y meses lo reduce, y ya queda poco o nada del recuerdo de su paso por el Congreso estadounidense y la Casa Blanca a principios de este 2020.

Visto en esos términos, el ensayo del "presidente encargado" es un fracaso. La institucionalidad paralela y virtual no logra sus cometidos políticos. Así pasó también con el "Tribunal Supremo de Justicia en el exilio", del cual no ya casi no se tiene memoria, o la "fiscal general en el exilio", sin trascendencia.

Resulta entonces plausible la afirmación de John Bolton, exconsejero de Seguridad, que en su libro La habitación donde ocurrió escribió que el presidente Donald Trump presentó dudas sobre las capacidades y aptitudes de Guaidó.

También resulta lógico que el mismo Trump haya dejado ver en una entrevista reciente, publicada en el portal Axios, sus dudas sobre Guaidó. ¿Por qué no las tendría acerca de quien no ha logrado una sola victoria interna desde que fue reconocido/nombrado por su administración el 23 de enero del 2019?

Visto así resulta claro que Guaidó es en ocasiones un problema antes que otra cosa. A esto deben agregarse sus apariciones y fracasos golpistas, como el 30 de abril del 2019, o su vinculación con los mercenarios de la Operación Gedeón que llegaron a Venezuela el pasado mes de mayo.

Pero Guaidó puede ser analizado de otra manera: no por su resultado político inmediato e interno, sino como engranaje de un mecanismo de despojo. Guaidó, al ser nombrado presidente encargado de Venezuela por EEUU ha permitido que, en su nombre, sean puestos en marcha robos a los bienes de la Nación. Y ahí no se trata de un fracaso para EEUU.

El despojo

"En lo interno Guaidó está disminuido, creo que Trump nunca creyó en él, lo que sí ha servido es para la estrategia de despojo, en lo internacional siguen avanzando y nos siguen cercando", explica a Sputnik María Alejandra Díaz, abogada, diputada de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ese robo se hizo evidente desde el inicio del reconocimiento de Guaidó como "presidente encargado". El 25 de enero, dos días después de su autoproclamación, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le dio la autoridad a Guaidó "para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del Gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela (BCV) en poder del Banco de la Reserva de Federal de Nueva York o cualquier otro banco asegurado en EEUU".

El 28 de enero de 2019 la Casa Blanca emitió la orden ejecutiva 13.850, centrada sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el BCV, que bloqueó "todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA sujetos a la jurisdicción de los EEUU". El 5 de agosto del 2019, emitió la orden ejecutiva 13.884 que embargó todos los activos venezolanos en su territorio.

Estas cuentas y activos quedaron bajo manejo estadounidense, lo cual quedó de manifiesto con el escándalo suscitado pocas semanas atrás cuando fue difundida la noticia de que Donald Trump utilizó 601 millones de dólares de esos fondos para construir el muro en la frontera con México.

El plan del despojo se planteó varios objetivos centrales con el fin de robarse y repartirse riquezas del Estado venezolano. Uno de esos objetivos es la empresa refinadora CITGO, filial de PDVSA en EEUU, el oro perteneciente al BCV que se encuentra en el Banco de Inglaterra, y, aprovechando este momento de asedio, el territorio de la Guayana Esequiba, en reclamación.

CITGO

La empresa filial de PDVSA en EEUU está bajo embargo del Departamento del Tesoro desde agosto del 2019, y la posibilidad de que sea despedazada y entregada a empresas extranjeras estuvo presente desde el inicio de su apropiación por parte del Gobierno estadounidense.

Se trata de uno de los mayores activos venezolanos en el extranjero, valorado en alrededor de 8.000 millones de dólares, con una estructura de tres refinerías con capacidad cercana a los 749.000 barriles diarios, y unas 6.000 estaciones de servicio distribuidas en franquicias en el país.

Dos empresas buscan apropiarse de CITGO para cobrar, lo que afirman, les debe el Estado venezolano: la minera canadiense Crystallex, y la petrolera estadounidense, ConocoPhillips.

Guaidó puso al frente de la "Procuraduría General" de su "Gobierno", es decir a quien debe representar y defender judicialmente los intereses de la Republica sobre cuestiones internacionales, a José Ignacio Hernández, quien había sido abogado de Cristallex.

Así, mientras por un lado Guaidó afirmaba defender CITGO, por el otro, fue parte de una estrategia de fallo a favor de las empresas extranjeras. María Alejandra Díaz señala que se trata de la estrategia de "bufetes que están aliados con Guaidó, EEUU y las corporaciones, para despojar a Venezuela".

Eso mismo fue denunciado por el Gobierno de Venezuela, quien señaló cómo Hernández —que renunció a su cargo días después— trabajó junto con el director del Banco Mundial (BM), David Malpass, para que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dependiente del Banco, reconociera al "Gobierno de Guaidó" para tramitar los arbitrajes.

Ese proceso de robo de CITGO y entrega a empresas extranjeras se encuentra en etapa avanzada: el 22 de mayo un juez de la Corte Federal de EEUU avanzó en autorizar la liquidación de CITGO para que Crystallex cobre lo que afirma que se le debe.

Sin embargo, existe una resolución del Departamento del Tesoro que prohíbe la venta de CITGO. La posibilidad de que la filial de PDVSA sea rematada y perdida depende entonces centralmente de la decisión del gobierno estadounidense.

El oro

El BCV tiene, como varios bancos centrales, oro resguardado en el Banco de Inglaterra. A finales del 2018 efectuó el reclamo para recuperar 30 toneladas de ese oro. El Gobierno británico, en vista de su reconocimiento al "Gobierno interino de Guaidó" negó la solicitud y se quedó, de manera ilegal, con el oro.

La posición diplomática del Reino Unido fue sin embargo ambigua: reconocieron a Guaidó, pero recibieron a su "embajadora", Vanessa Neumann, sin las credenciales formales. Es decir que se construyó una zona gris, de reconocimiento incompleto —como en numerosos países, a diferencia de EEUU—, que, en caso de un conflicto como el de la tenencia del oro, no permite avanzar en una resolución.

Ante esa situación, y en vista de que el BCV hizo el reclamo legal ante un tribunal de Londres en mayo de este año, la justicia británica inició el lunes 22 de junio un debate para determinar si se reconocerá al BCV del Gobierno venezolano o a una junta ad hoc nombrada por Guaidó. La tenencia del oro dependerá de ese resultado.

El Gobierno venezolano propuso que el monto del oro reclamado —cerca de 1.000 millones de dólares— sea directamente transferido al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para atender la situación de pandemia y la emergencia humanitaria dentro el país.

La resolución de la Justicia británica afectará no solamente al oro en el Banco de Inglaterra, sino que será un punto de referencia para demás casos en disputa, como los 120 millones de dólares pertenecientes al BCV que mantiene el Deutsche Bank, o numerosas cuentas congeladas en diferentes bancos.

"El oro en Inglaterra se lo van a robar abiertamente, se quedaron con las cuentas, como hicieron con Libia, lo que no han podido quebrar internamente lo están haciendo internacionalmente, nos quieren secar de todos los bienes propiedad de la República para repartírselo entre las trasnacionales, que es el verdadero poder detrás del poder en EEUU y en Inglaterra", explica María Alejandra Díaz.

Guayana Esequiba

La constituyente señala otro frente de intento de despojo: la Guayana Esequiba, territorio en reclamación por Venezuela. "El próximo 30 de junio a petición de Guyana y Gran Bretaña, la Corte Internacional de Justicia(CIJ) decidirá si procede o no la reclamación venezolana de 159.542 km2 despojados por la Corona Británica en 1899".

El canciller, Jorge Arreaza, informó que Venezuela "conforme a su posición histórica y en estricto apego al Acuerdo de Ginebra de 1966, no asistirá a la insólita e irregular audiencia convocada por la CIJ sobre la demanda unilateral de Guyana".

"Quieren despojarnos definitivamente de la Guayana Esequiba, ese es el plan, cercenarnos la salida al mar por allí", explica María Alejandra Díaz. Detrás del intento de quedarse con el territorio en disputa se encuentran las transnacionales: "detrás de Guayana hay más de 12 transnacionales visibles, y ya han entregado concesiones de manera ilegítima".

Una de esas trasnacionales es la petrolera Exxon Mobile, con la cual se desató un incidente en diciembre del 2018 cuando la Marina Bolivariana interceptó dos de sus buques, enviados por el gobierno de Guayana, que se encontraban de manera ilegal en aguas venezolanas.

Los tiempos

¿Cómo se miden entonces los logros de la estrategia estadounidense? El saldo es negativo puesto en la figura política de Guaidó y la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno. Pero Guaidó es una pieza temporal, un accidente político: su designación como "presidente encargado" fue por una serie de coincidencias, no por sus cualidades ni su proyección a futuro.

En cambio, los intentos de despojo de oro, activos y territorios no son diseñados para ser temporales. Y es allí donde la estrategia avanza en su plan de intentar usurpar bienes del Estado.

Se trata de una articulación de actores visibles e invisibles: gobiernos, jueces, abogados, transnacionales, operadores políticos, que, de conjunto, se mueven entre las aguas del bloqueo económico y el asalto al poder, para repartir los bienes del país, rediseñarlo hoy y para el plan futuro.

Guaidó cumple aún un rol en ese esquema como engranaje para justificar legalmente, por ejemplo, el posible secuestro definitivo del oro en el Banco de Inglaterra. El Gobierno fantasma que dice encabezar es en realidad una legitimación de robo que tiene piezas por concretar.

¿Trump piensa en cambiar de estrategia hacia Venezuela como se especuló? Resulta difícil asegurarlo, en particular porque sus declaraciones están hoy, más que nunca, marcadas por la campaña electoral. Lo que es seguro es el mecanismo de despoje está dando frutos y que, a menos de cinco de meses de la contienda presidencial no hará un cambio público de política que le ponga votos en riesgo.

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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EEUU no dispara a los petroleros iraníes en las aguas de Venezuela

Después de descargar 1,5 millones de barriles de gasolina en los puertos de Venezuela, que aliviarán durante un par de meses los problemas de su abastecimiento en este país, los cinco buques cisterna iraníes regresan sanos y salvos a las aguas del Golfo Pérsico. El viaje empezó el 25 de mayo, y ante una gran expectación la flota iraní atravesó el Canal de Suez, el Mar Mediterráneo, el océano Atlántico para entrar en el Caribe. EEUU había amenazado con duros castigos, tanto al vendedor como al comprador ambos bajo aplastantes sanciones ilegales impuestas por Trump sobre su industria petrolífera, y envió a cuatro buques de guerra al Caribe, bajo el pretexto de lucha "contra el narcotráfico", confundiendo Venezuela con su aliada Colombia.

Afortunadamente, no hubo sangre. En este regreso a la era de la piratería, el año pasado, la Armada británica paralizó en Gibraltar al petrolero iraní Grace 1 que se dirigía a Siria y no lo liberó hasta que Irán capturó el buque petrolero de bandera británica Stena Impero en el Estrecho de Ormuz. ¿Qué ley internacional consensuada prohíbe que dos países realicen la transacción de un producto imprescindible para la vida de sus ciudadanos?

¿Por qué EEUU no les atacó?

Es una extraña pregunta que revela hasta qué punto se han normalizado las acciones bélicas de esta superpotencia a otras naciones. Las razones podrían ser:

  1. Haber sopesado los pros y los contras de una acción contra ambos países, y los contras ganaban.
  2. Pactar, posiblemente, la contención con el propio Teherán, a través de la diplomacia de la segunda vía (track two diplomacy), o sea, mediante canales no oficiales. De hecho, ambos países han llegado así a varios acuerdos sobre Siria, Iraq, Afganistán y el Líbano. Por lo que las advertencias y las amenazas de sus mandatarios podrán estar dirigidas al consumo interno.
  3. La advertencia de Teherán al embajador suizo, que representa los intereses de Washington en Irán, de que cualquier amenaza a sus barcos por parte de EEUU se encontraría con una "respuesta rápida y contundente". Miles de soldados de EEUU instalados en Oriente Próximo no solo dan miedo sino también lo reciben, siendo rehenes en los países que han ocupado.
  4. Esta transacción carecía de importancia ya que no cambiará la grave situación económica por la que están atravesando Irán y Venezuela.
  5. Hundir los buques iraníes no provocaría el "cambio de régimen" en Venezuela, que es el objetivo de EEUU, señala Heather Heldman, ex funcionaria del Departamento de Estado, ni modificaría el "comportamiento de la República Islámica" en la región, que es asunto de la "máxima presión a Irán" (que no derrocar a su régimen). Por lo que Trump ignora las presiones de los lobbies proisraelíes y prosaudíes para acabar con la supuesta influencia de la República Islámica en América Latina y su búsqueda de una "ventaja posicional" en el patio traserode EEUU, en cumplimiento de la Doctrina Monroe. Pero, si a Trump no le preocupan las vastas relaciones comerciales de rivales como China y Rusia con América Latina, ¿Por qué debe preocuparse por Irán en América Latina? Para Juan Cruz, el ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, se está exagerando la amenaza de Irán, país convertido en "un hombre del saco" para asustar a la gente cuando conviene.
  6. Un ataque a los buques iraníes en el Caribe supondría una guerra tanto con Irán como con Venezuela, por lo que tendría que involucrar a la OTAN, que está dividida: los europeos mientras respaldan las conspiraciones de EEUU contra Venezuela se desmarcan de su política respecto a la República Islámica.
  7. Discrepancias en el gobierno de EEUU: unos reservan la acción militar si Irán vuelve a romper el bloqueo, tanto el suyo como el de Venezuela, y otros se conforma con la vigilancia del contenido de los envíos para que no sean armas, por ejemplo, pero todos se oponen a un conflicto antes de las elecciones de noviembre. En estos momentos Trump no busca guerra, por lo que no le hace falta un pretexto.
  8. Una acción anti-iraní en el Caribe, lejos de hacer daño a Irán, le ofrecería al gobierno islámico una victoria propagandística a nivel mundial, y pondría en serio riego la poca autoridad, prestigio y credibilidad que el quedaba a un Trump que recetaba la inyección de desinfectante y tomar una copa de lejía para curare del coronavirus.
  9. No conviene para la imagen de EEUU apretar aun más a los venezolanos provocando una "crisis humanitaria" en medio de la pandemia. Quizás, más adelante, vuelva a emplear a USAIDla mega agencia "humanitaria" de la CIA

 

¿Por qué Irán se arriesgó?

 

Teniendo en cuenta que los costos del viaje de los cinco pequeños barcos (los grandes, actualmente, están destinados a almacenar el petróleo que no es absorbido por un mercado apático), recorriendo durante 45 días una distancia de 12.000 km, además de los riesgos que corrían, superan posiblemente los beneficios de la venta de estos barriles, Teherán pretendía quizás tomar el pulso a EEUU para ver su reacción y saber si podía volver a romper las sanciones, y con otros posibles clientes. Por ello, en vez de enviar "barcos fantasmas" a Venezuela, no activar su sistema de transmisión de señales de seguimiento (AIS) y escaparse de los ojos de los satélites de vigilancia, hizo lo contrario: gritar a los cuatro vientos esta venta.

Irán necesita vender sus productos bloqueados, y aliviar la presión de las sanciones sobre su economía, que junto con una monumental corrupción y medidas neoliberales, han llevado a la miseria absoluta a la mitad de la población. De hecho, justamente cunado el gobierno decidió, en noviembre pasado, eliminar el subsidio sobre la gasolina, cientos de miles de la gente más humilde, que utilizan sus coches para "hacer de taxista" y ganar una extra para llegar al fin de mes en un pobreza extrema, se echaron a las calles en la  llamada "rebelión de gasolina" a pesar de la prohibición de cualquier "protesta contra el gobierno de Alá". Durante cinco días de protestas en más de un centenar de ciudades del país, cientos de personas -incluidos 12 menores de 11 a 16 años-, fueron asesinadas por las fuerzas de orden y hubo 8000 detenidos, según la policía. Tras negar meses de reconocer la magnitud de la masacre, el uno de junio, por fin el gobierno, en un país donde no existe la posibilidad de una investigación independiente, ofreció la cifra de 230 personas muertas entre ellas 6 policías. Que ayatolá Jamenei criticase la actitud de la policía estadounidense contra un ciudadano desarmado negro, provocó la sorpresa de hasta la ex diputada islamista, Faezeh Hashemí, la hija del expresidente Rafsenyani, por usar dos varas de medir.

En este contexto, si Teherán ha pensado que en el periodo preelectoral a Trump no le interesa un conflicto de envergadura con Irán, puede estar equivocado. Un presidente-candidato criticado duramente por la suma de la desastrosa gestión del COVID19, su impactante indiferencia ante la muerte de alrededor de 100.000 compatriotas infectados, la crisis económicas que ha enviado a cerca de 40 millones de personas al paro, y como guinda tener en la calle a millones de manifestantes ("terroristas" para él) que protestan contra el racismo, puede encontrar justamente en una guerra la cortina de humo perfecta para dar otra "sorpresa de octubre".  

Además de Irán, también Turquía, otro miembro del "Club de los sancionados por EEUU", tiene muy buenas relaciones con Caracas e ignora las sanciones a los venezolanos. Tayyab Erdogan al igual que Nicolás Maduro sufrió un intento de golpe de estado y asesinato por EEUU.

La cooperación y el intercambio de recursos, habilidades y tecnología entre los estados es un derecho internacional y cualquier intento de impedirlos es como poner puertas al campo.

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Buques iraníes desafían el acoso de Trump a Venezuela

El desabasteciento de gasolina golpea al país 

El bloqueo económico estadounidense y la corrupción en Pdvsa, factores clave del declive de la producción y refinación petrolera

 

El tercer barco petrolero iraní, el Petunia, ingresó a aguas venezolanas este martes por la tarde escoltado por la Marina Bolivariana. Se sumó así a los dos primeros, el Forest, que fue acompañado a su vez por la Aviación Militar Bolivariana que desplegó dos Sukhoi Su-30MK2 y dos F-16 A/B Block 15, y el Fortune, que ya se encuentra en la refinería El Palito.

Quedan dos barcos por ingresar, todos bajo sanción del Departamento del Tesoro estadounidense. En cada caso está previsto que se repita el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que en el caso del Fortune y el Petunia ingresó hasta aguas internacionales para recibirlos.

El gobierno informó que en los barcos no solamente viene gasolina –estimada en casi 1,5 millones de barriles petroleros- sino también aditivos, repuestos y otros equipamientos para aumentar la capacidad de refinación y producción petrolera.

Tanto la producción como la refinación se encuentran en declive desde los últimos años. Las razones son varias. Por un lado, el bloqueo económico estadounidense centrado sobre PDVSA que, desde el año 2017, hasta la fecha, ha multiplicado las sanciones sobre la industria petrolera.

El objetivo ha sido cortar a PDVSA de financiamiento, cerrarle canales de exportación -con sanciones a buques propios y empresas que comercien petróleo venezolano- y de importación, tanto de insumos para el refinamiento como de gasolina.

Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía que indicaron que desde el 2009 hasta el 2017 los presidentes de PDVSA, así como numerosos gerentes, estuvieron involucrados en corrupción, generando un desfalco. En el 2017 se cruzó el comienzo de las sanciones directas a la empresa y el cambio en su dirección.

La llegada de los buques petroleros permitió romper -de manera gráfica- el bloqueo que conforma un cerco sobre el país. Se espera que con eso se logre enfrentar parte del desabastecimiento de gasolina que golpea el país y ha generado sus consecuentes reventas dolarizadas. La escasez se siente menos por la cuarentena, no solo en las ciudades sino en las carreteras donde circulan muy pocos vehículos.

La alianza con Irán, otra economía bloqueada por Estados Unidos, representa la consolidación de una política internacional del gobierno venezolano que, en los últimos años, estrechó relaciones centralmente con Rusia y China. Estas alianzas permitieron a Nicolás Maduro construir una arquitectura de resistencia ante una escalada ininterrumpida desde Washington.

El envío de buques petroleros profundiza esa geopolítica y expone también las limitaciones actuales de América Latina ante este escenario que es más que un bloqueo económico. La reciente Operación Gedeón, con el envío de mercenarios, dos de los cuales estadounidenses, es una muestra de la naturaleza del conflicto.

Esa Operación forma parte de un continuum de acciones golpistas. Un actor central de esa trama ha sido el partido Voluntad Popular (VP), de donde proviene Juan Guaidó, fundado y liderado por Leopoldo López, quien se encuentra en la embajada de España en Caracas luego del intento fallido de golpe el 30 de abril del año pasado.

El Fiscal General, Tarek William Saab, anunció el lunes que introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, para determinar si VP es una “organización criminal con fines terroristas”. La efectiva denominación del partido bajo esa denominación implicaría su disolución.

Esa situación tendría un fuerte impacto para el partido ya disminuido. Guaidó, por su parte, había anunciado a principios de enero que se separaba de VP para “enfocarse completamente en la libertad de Venezuela”.

Una parte de la oposición condenó la solicitud de la Fiscalía. La disolución de VP dejaría con menos fuerza al sector golpista de la oposición que ha retrocedido en su fuerza, unidad, y capacidad de interlocución con la sociedad. Esto último se acrecentó con el debate acerca del bloqueo económico, donde una parte mayoritaria de la oposición lo rechaza, mientras que otra, con Guaidó a la cabeza, sostiene que hay que profundizarlo.

La mayoría de la sociedad ve en el bloqueo un agravamiento de las condiciones materiales. El debate en relación a los buques petroleros dejó en evidencia que el consenso era que se permitiera su ingreso para poder acceder a gasolina, en un contexto de dificultades no solo por combustible, sino también por los precios dolarizados y la falta de agua debido a la sequía. 

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Protección contra la propagación del coronavirus, ayer en La Habana.Foto Ap

Washington. Estados Unidos y Cuba intercambiaron ayer acusaciones de apoyo al terrorismo que derivaron en nuevas presiones a la isla, un día después de que La Habana exigió una "investigación exhaustiva" del reciente ataque contra su embajada en Washington.

El gobierno de Donald Trump incluyó a Cuba en su lista negra "por no cooperar plenamente" en la lucha antiterrorista, alejándose más de los esfuerzos de reconciliación propiciados por su antecesor, Barack Obama.

Cuba se agregó a otros cuatro adversarios (Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela) que no obtuvieron en 2019 la "certificación" requerida por una ley estadunidense contra el terrorismo, paso previo para cualquier venta de armas de Estados Unidos.

Es la primera vez que Cuba aparece en este listado desde 2015, cuando fue retirada en la administración de Obama, quien dio el histórico paso de restablecer las relaciones diplomáticas, rotas desde la revolución de Fidel Castro.

El gobierno de Trump acusó a Cuba de acoger a negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa de Colombia, quienes viajaron a La Habana en 2017 para sostener conversaciones de paz con emisarios de Bogotá, pero no han regresado.

"La negativa de Cuba a comprometerse de manera productiva con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para garantizar una paz, seguridad y oportunidades justas y duraderas para su pueblo", indicó el Departamento de Estado en su informe anual.

La certificación es diferente a la designación de patrocinio estatal del terrorismo, que tiene efectos legales de gran alcance. Cuba fue eliminada de la lista de estados que patrocinan el terrorismo en 2015, aunque la administración Trump ha insinuado que puede volver a ingresarla.

La nación caribeña, que no importa armas de Estados Unidos, se verá poco afectada en la práctica por esta nueva medida. Pero esto no impidió que La Habana rechazara la decisión.

"El Departamento de Estado pone a Cuba en lista espuria de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, pero no impidió, ni condena, el ataque terrorista del 30 de abril", sostuvo el canciller Bruno Rodríguez, en referencia al ataque a la embajada cubana en Washington, y a la impunidad de grupos violentos en territorio estadunidense.

Alexander Alazo, cubano residente en Estados Unidos, fue arrestado por haber disparado contra la sede diplomática, donde sólo provocó daños materiales. El Servicio Secreto estadunidense, encargado de proteger a funcionarios extranjeros, explicó que a Alazo le habían recetado medicamentos siquiátricos después de quejarse de escuchar voces.

El director general de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossio, tuiteó ayer que Cuba era "víctima del terrorismo", al aludir a acciones de los fallecidos anticastristas Luis Posada Carriles, Orlando Bosch y Guillermo Novo Sampolla.

Desde Bogotá, Miguel Ceballos, el alto comisionado para la paz del gobierno de Iván Duque, celebró la decisión de Estados Unidos.

Duque, aliado de Estados Unidos, interrumpió el diálogo con el ELN después de un ataque con coche bomba en enero de 2019 en una academia de policía de Bogotá que dejó 22 cadetes muertos. Desde entonces exige a Cuba la entrega del equipo negociador del ELN.

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Ordena Tesoro de EU despojo bancario contra Venezuela

"Grave delito del crimen trasnacional": BCV

Citibank transfirió recursos del país sudamericano a una cuenta de la Fed

 

Caracas. El Banco Central de Venezuela (BCV), máxima entidad financiera del país, denunció que el jueves el gobierno estadunidense ordenó a la institución Citibank, transferir recursos para apropiarse indebidamente de dinero del Estado venezolano.

El BCV relata en un comunicado que el Departamento del Tesoro estadunidense instruyó al banco Citibank "transferir recursos, de una cuenta cuyo titular es este instituto, a una cuenta de la Reserva Federal, consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano".

La principal institución bancaria venezolana señaló que se trata de otra medida unilateral del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y destacó que esta acción se suma a una serie de ataques coordinados contra la nación sudamericana.

Durante años la Casa Blanca ha venido endureciendo una serie de sanciones coercitivas contra Venezuela que impiden su desenvolvimiento económico-financiero y que han implicado el despojo de cuantiosos recursos del Estado venezolano.

El BCV aseguró que "ejercerá todas las acciones a que hubiere lugar en el marco del derecho internacional y del ordenamiento jurídico nacional, para proteger los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano".

El banco denunció que los despojos, que suponen "graves delitos de crimen transnacional organizado" han sido acometidos "directamente por el gobierno de Donald Trump, en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana".

La institución lamentó que el referido despojo incide en el desenvolvimiento normal de la economía venezolana, que ya estaba ampliamente afectada por las medidas previas de la Casa Blanca contra Venezuela, y que además se ve más complicada actualmente en vista de la situación generada por la pandemia de Covid-19.

Es un "vulgar despojo" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos "en complicidad" con la Asamblea Nacional, que controla la oposición, denunció el canciller Jorge Arreaza en Twitter.

En otro orden, Brasil cerró ayer formalmente su misión exterior en Venezuela al repatriar a sus últimos diplomáticos y funcionarios de la embajada con sus familias, informaron las autoridades.

Según un comunicado conjunto entre la cancillería y el Ministerio de Defensa, un total de 38 personas, entre diplomáticos y funcionarios de la embajada y los consulados, agregados militares y familiares fueron repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña que llegó a Brasilia.

En el operativo fueron repatriados, además, otros 12 ciudadanos brasileños. Los brasileños que vivan en Venezuela podrán comunicarse con la cancillería de su país mediante un número telefónico.

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