El hotel Capri de La Habana, perteneciente a la cadena internacional NH.

La norma permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución.

 

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas contra el gobierno cubano. El 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución. La medida se produce por el levantamiento de la suspensión del título III de la ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo al país caribeño. Esto termina con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios de la Unión Europea y Canadá. El gobierno cubano repudió la medida.


“Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio”, advirtió a la prensa el canciller estadounidense Mike Pompeo. En detalle, la sección de la norma estadounidense que entrará en vigor permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.


Tras la declaración, Cuba manifestó su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter: “Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos”. El encargado de la diplomacia cubana hizo referencia a la victoria en la Bahía de Cochinos que ayer cumplió 58 años.


La subsecretaria estadounidense del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones para ninguna empresa. La funcionaria dijo que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos. “Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba”, dijo la funcionaria.


Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados. Breier aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque. Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron ayer su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron proteger los intereses de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio. En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advertido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de lamentable, y advirtió sobre la espiral innecesaria de acciones legales que podría derivar de ella. En la declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales sobre Cuba es contraria al derecho internacional.


El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas. Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.


Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno es desconocido por Estados Unidos desde que el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamara presidente interino de Venezuela en enero pasado y el gobierno de Trump rápidamente lo reconociera como mandatario legal de su país. Para sacar a Maduro del poder, ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, penalizó también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.


El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó en Twitter: “ El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela. Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los regímenes que apoyan la fallida dictadura de Maduro”. El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ayer, tras el anuncio, tuiteó: “Esta decisión sirve como advertencia al régimen cubano de que estamos preparados para hacerlo responsable por sus violaciones a los derechos humanos y continua represión al pueblo cubano. Siempre vamos a luchar por la liberad del pueblo cubano”.


La subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental explicó que la medida se entiende dentro de la política que ha seguido el magnate neoyorquino en relación a la isla. “Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno”, afirmó.

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Trump reaviva hoy la pugna contra Cuba con la Helms-Burton

Washington. El gobierno de Donald Trump activará este miércoles una norma que permitirá demandar en Estados Unidos a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando así con una exención que se mantenía desde hace dos décadas, indicó este martes un funcionario estadunidense.

Esta ley, que lleva los nombres del senador de extrema derecha Jesse Helms y del representante Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribó sobre sus aguas territoriales dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados. Fue promulgada el 3 de marzo de 1993 y puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunciará la medida este miércoles durante un acto en Miami en el que se reunirá con veteranos de la fallida operación de Playa Girón.

El 12 de abril, Bolton anunció que participaría en un acto con los veteranos para anunciar importantes pasos dados por el gobierno con la finalidad de enfrentar las amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua.

El portal Cubadebate indicó sobre este tema: “el título tercero viola la legislación internacional al permitir demandas contra entidades cubanas o extranjeras que ‘trafiquen’ con propiedades nacionalizadas de manera soberana y con apego a la legalidad tras el triunfo de la revolución en enero de 1959”.

Agregó que Cuba llegó a acuerdos de compensación con países como Reino Unido, Canadá, España, Suiza, Italia y Francia, cuyas empresas también fueron nacionalizadas. Pero Washington se negó a aceptar las condiciones ofrecidas por La Habana, dado que para entonces ya planificaba la invasión de Playa Girón, en abril de 1961.

Pero desde la aprobación de la norma, los gobernantes estadunidenses habían postergado la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados que tengan empresas en la isla que podrían ser objeto de tales demandas.

Por otra parte, Estados Unidos acusa a las autoridades de La Habana de apoyar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y como parte de las sanciones contra el sector petrolero de Caracas ha penalizado a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.

El vínculo entre Cuba y Estados Unidos se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien en noviembre pasado anunció acciones directas contra lo que denominó la “troika de la tiranía”, integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los años de consecutivas prórrogas (de la aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton) han creado una falsa sensación de impunidad, sostuvo el representante anticastrista Mario Díaz-Balart.

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La desembozada presión de EE.UU. sobre Maduro

El ex director de la CIA reunió apoyos en Chile, Paraguay, Perú y Colombia para la estrategia de sancionar al gobierno venezolano. Hoy se reúne el Grupo de Lima.

Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, ex director de la CIA, estuvo ayer por la tarde en la ciudad colombiana de Cúcuta, frontera con Venezuela. Estuvo acompañado del presidente Iván Duque, el canciller Carlos Holmes, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Recorrieron el centro de acopio de ayuda humanitaria, y el puente internacional Simón Bolívar, puntos que el 23 de febrero pasado habían sido centro de atención mediático-política cuando, según habían anunciado, ingresarían camiones con ayuda a Venezuela.


Pompeo y Duque brindaron una rueda de prensa conjunta luego de reunirse. “Los Estados Unidos continuarán utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición, para ayudar a los venezolanos a través de sanciones, cancelaciones de visas, otros medios”, afirmó Pompeo, quien finalizó con esa jornada la gira que realizó entre el viernes y el domingo a Chile, Paraguay, Perú y finalmente Cúcuta, donde el punto principal en cada reunión fue Venezuela.


Duque, por su parte, se refirió al compromiso de mantener su apoyo para lograr la “defensa irrestricta de los principios democráticos en Venezuela”, resaltando la importancia de haber logrado el reconocimiento del enviado por el autoproclamado Juan Guaidó a la Organización de Estados Americanos, y la reunión del Grupo de Lima de hoy en Chile. “Estamos con ustedes para la derrota de la dictadura y recuperar la libertad”, finalizó.


Pompeo regresa así a Estados Unidos luego de su gira y reunión con los presidentes de cada uno de los países, en un contexto marcado por la necesidad de reordenar estrategias respecto a Venezuela, luego de una serie de acciones que no lograron su objetivo para forzar la salida de Nicolás Maduro. En simultáneo a su recorrido estuvo el de Elliot Abrams, encargado especial de norteamérica para Venezuela, quien fue a España y Portugal.


Los ejes principales abordados en cada caso y país fueron la necesidad de aumentar las sanciones tanto macroeconómicas –como el caso de Repsol que podría tomar medidas– así como sobre dirigentes del chavismo, la dimensión de la situación humanitaria, y el señalamiento de la dimensión geopolítica en la amenaza que representa Venezuela para EE.UU., a través de lo que señalan son sus alianzas con Rusia, Cuba, China e Irán.


La cuestión de la intervención militar estuvo presente de manera menos marcada. Pompeo y Abrams volvieron a ratificar que todas las opciones se encuentran sobre la mesa, aunque nuevamente no profundizaron al respecto en un contexto donde sus aliados, tanto del Grupo de Lima, como de la Unión Europea, han insistido en que toda resolución debe ser pacífica y democrática.


En ese marco de la gira de Pompeo también fueron abordados temas bilaterales con cada uno de los países, a la vez que una dimensión transversal que fue repetida en cada rueda de prensa: la amenaza que representan las inversiones chinas en el continente. El caso paradigmático fue en Chile, donde el secretario de Estado declaró que “cuando China hace negocios en lugares como América Latina, a menudo inyecta capital corrosivo en el torrente sanguíneo económico, dando vida a la corrupción y erosionando el buen gobierno”. A su vez amenazó con “tomar decisiones sobre donde ponemos nuestra información”, en caso de que el gobierno de Chile avance en una posible alianza con la empresa Huawei. Xu Bu, embajador de China en Chile, respondió: “El Sr. Mike Pompeo ha perdido la cabeza y ha llegado demasiado lejos”.


La tensión alrededor de ese punto ratificó el destiempo existente entre la dimensión política de los vínculos entre los gobiernos alineados a la estrategia norteamericana y la dimensión económica. No es la primera vez que esto queda evidenciado, forma parte de las tensiones que esta vez fueron parte de la agenda central en una etapa marcada por la disputa entre EE.UU. y China, que tiene el epicentro en la dimensión de la tecnología y la innovación.


La gira de Pompeo fue seguida con atención desde Venezuela, en días donde la agenda política tuvo dos tiempos. Por un lado, el chavismo recordó las jornadas de abril del 2002 cuando el golpe de Estado contra Hugo Chávez logró ser derrotado, para lo cual tuvieron lugar tres días de actividad de movilización, con el cierre el día 13 de abril con una gran demostración de fuerza de la Milicia Bolivariana, que, según anunció Nicolás Maduro, llegó a 2 millones 200 mil milicianos y milicianas.


La derecha por su parte mantuvo su agenda de actividades centradas en zonas de Caracas, y luego, el fin de semana, en el estado Zulia, frontera con Colombia. Allí Guaidó realizó recorridas, discursos, una movilización en la ciudad de Maracaibo, en una hoja de ruta que sigue sin proponer horizontes y objetivos que parezcan cerca de poder realizarse, lo que explica parte de las dificultades para no tener un decrecimiento de expectativas.


La reunión del Grupo de Lima de hoy tendrá lugar a más de un mes de la anterior. Allí se verán resultados de los acuerdos tomados en la gira de Pompeo, en particular en lo económico y lo diplomático. La hipótesis militar sigue fuera de agenda pública, aunque sí en los ámbitos privados: se supo que el pasado miércoles tuvo lugar una reunión organizada por el think tank Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), en Washington, donde acudieron enviados de Guaidó en EE.UU., el ex jefe del Comando Sur, funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Estado, de la Usaid, asesores de Donald Trump, entre otros, para abordar este tema.


 Un mensaje disciplinador

Por Gustavo Veiga

 

Estados Unidos profundiza en estos días su ofensiva hacia los países de América Latina que no se disciplinan a su política. Su secretario de Estado Mike Pompeo culminó una gira por la región porque ve “una oportunidad de asociarnos con verdaderas democracias”. Ergo, aquellos gobiernos que se suman a la arremetida contra Nicolás Maduro como Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Para este miércoles 17, en el 58º aniversario de la fracasada invasión a Cuba en Playa Girón, John Bolton, el asesor en seguridad nacional de Donald Trump, prometió anuncios injerencistas desde Miami. EE.UU. también sancionó el viernes pasado a cuatro empresas que trasladan el petróleo con que Venezuela abastece a la isla del Caribe. Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, lo informó en un comunicado. En el recrudecimiento de medidas cada vez más duras hasta la ligó el presidente de Bolivia, Evo Morales. El Senado norteamericano se pronunció el jueves por unanimidad contra la posible reelección del mandatario en octubre. Es muy factible que esta dinámica de intervención progrese. Estados Unidos siempre invocó cuestiones estratégicas para entrometerse en los asuntos internos de cada nación indócil.


En la primera escala de su viaje por América del Sur, Pompeo llenó de elogios al mandatario chileno: “Quiero aplaudir al presidente Piñera por ayudar a aislar al presidente Maduro y demostrar compasión por las personas inocentes que escapan de la crisis económica y humanitaria en su país”. De Santiago partió hacia Paraguay, no sin antes agradecerle al gobierno trasandino la creación del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur). Un nuevo bloque regional de gobiernos de derecha que pretende presentarse como la contracara de la Unasur.


A su llegada a Asunción, el secretario de Estado declaró: “Hay que trabajar en equipo” en alusión a cómo hay que intervenir en Venezuela junto a los países aliados de EE.UU. Se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez y definió una pretensión obvia, aunque la historia lo desmienta. “Paraguay y Estados Unidos son aliados estratégicos”, dijo. Lo real es que un funcionario de la jerarquía de Pompeo no viajaba a la tierra de Augusto Roa Bastos desde 1965. Pasaron 54 años. La gira continuó el sábado en Lima, donde el funcionario fue recibido por el presidente peruano Martín Vizcarra y finalizó ayer en Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con Venezuela.


En su breve estadía en esta localidad convulsionada por la migración de venezolanos y que acumula toneladas de ayuda humanitaria, Pompeo hizo una recorrida junto al presidente colombiano Iván Duque, uno de sus principales aliados. Su presencia en el lugar sonó a una nueva provocación diplomática. Si a eso se pareció la visita del secretario de Estado en la frontera con Venezuela, el anuncio de que Bolton brindará un discurso en Miami pasado mañana –cuando se cumpla el 58º aniversario de la invasión a Cuba en 1961– es la reivindicación de un fracaso armamentista. “Encantado de anunciar que el 17 de abril me uniré a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami para dar un discurso sobre los importantes pasos que está dando el gobierno para afrontar amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y la crisis democrática en Nicaragua”, escribió en Twitter. Bolton definió en noviembre pasado a los tres países que mencionó como “la troika de la tiranía” o el “triángulo del terror”.


Estas expresiones de cowboy para todo servicio suelen relativizar el afán de lucro que buscan las corporaciones de EE.UU. Citado por Efe, John Kavulich, el presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, considera que Bolton podría aprovechar su discurso para volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo para el Departamento de Estado, aunque ésa sería una atribución de Pompeo y no de este asesor presidencial. El empresario Kavulich es el mismo que en 2017 definió al expresidente Barack Obama como “el último de los salvavidas de la Revolución Cubana, porque ya no había más personalidades disponibles para salvar a Cuba”. Crítico del gobierno de La Habana, pero hombre de negocios al fin, lo único que le interesa es que funcionarios como Bolton no dinamiten los pocos puentes que quedan tendidos entre los dos vecinos.


Resulta evidente que el gobierno de Trump quiere que se produzca un efecto dominó con Cuba y Venezuela. Si se endureciera aún más la ley Helms-Burton de marzo de 1996, como lo determina su título III –y que ha estado congelado por 21 años–, cualquier compañía que no sea de EE.UU y comercie con Cuba podría ser sometida a represalias si se valiera de bienes confiscados por la Revolución. A sus dueños incluso podría prohibírseles el ingreso a Estados Unidos. En otras palabras, se reforzaría el principio de extraterritorialidad a que son tan afectos en la Casa Blanca.


El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, responsabilizó el sábado a Estados Unidos de haber hecho retroceder las “precarias” relaciones bilaterales “hasta el peor nivel” en 60 años. Lo hizo ante la Asamblea Nacional en La Habana, que también cuestionó de manera “total” lo que ya se descuenta. Una vuelta al pasado bajo las peores condiciones del bloqueo como se determina en el título III de la ley del ‘96. El parlamento cubano se pronunció así dos días después de que el Senado de EE.UU. le pidiera a Bolivia que Evo Morales evite su aspiración de ir por un cuarto mandato.


La Cámara Alta aprobó el jueves un proyecto de los legisladores del Partido Demócrata, Bob Menéndez y Dick Durbin y el republicano Ted Cruz bajo el argumento de que “Bolivia se encamina a una dirección muy peligrosa, alineándose con regímenes ilegítimos e ilegales, incluido el de Maduro en Venezuela”. La respuesta del vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, no demoró: “Estados Unidos es una potencia decadente en las que sus clases medias están siendo duramente golpeadas. Es un país que tiene problemas de pobreza, exclusión. Son problemas que tienen que ser resueltos por sus autoridades en vez de entrometerse en asuntos internos de otros países”.


El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales para que se postulara a una tercera reelección en noviembre de 2017. Un referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016 había arrojado un 51 % por la negativa a esa aspiración en votación muy cerrada. El Senado, uno de los poderes del Estado en EE.UU, se sintió con derecho a intervenir en los asuntos internos de Bolivia. Igual que lo hizo el secretario del Tesoro Mnuchin con relación a Venezuela: “el petróleo pertenece al pueblo venezolano, y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión”, dijo el banquero que aplica las sanciones de Estados Unidos en un comunicado. Igual concepto que el aplicado en Irak y Libia.


La detención de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres completó la escalada de ataques a países, gobiernos o personas que no se disciplinan al nuevo orden planetario. Sobre el fundador de WikiLeaks pesa un pedido de extradición de Washington porque lo considera una amenaza a su seguridad. Igual que Cuba, Maduro, Evo y ahora el activista australiano al que entregó de pies y manos el presidente ecuatoriano Lenín Moreno.

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EE.UU. agrega sanciones contra Venezuela y busca afectar a Cuba

Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra cuatro empresas y nueve embarcaciones del sector petrolero venezolano, con el objetivo expreso de afectar al Gobierno de Nicolás Maduro y ”aumentar la presión sobre Cuba”.


El Departamento norteamericano del Tesoro informó en un comunicado que sudesignó como blanco de esos castigos a las empresas Jennifer Navigation Limited, Lima Shipping Corporation y Large Range Limited, las tres con sede en Monrovia, Liberia; y PB Tankers S.P.A., ubicada en Italia.


‘Además, la OFAC identificó nueve embarcaciones, algunas de las cuales transportaban petróleo de Venezuela a Cuba, como propiedad bloqueada perteneciente a las cuatro compañías’, añadió el documento.


Como resultado esta acción, todos los bienes e intereses en propiedad de estas empresas, o de cualquier entidad que les pertenezca, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más, y que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de norteamericanos, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.


En la declaración de este viernes, el Gobierno de Donald Trump mantiene su postura de no reconocer al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, quien fue reelegido como presidente venezolano con el 68 por ciento de los votos.


Diversas voces acusan a Washington de promover un golpe de Estado en la nación sudamericana con acciones como su apoyo a Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional en desacato que se autoproclamó mandatario del país sudamericano.


‘Continuamos apuntando a las compañías que transportan petróleo venezolano a Cuba, ya que se están beneficiando mientras el régimen de Maduro saquea los recursos naturales’, expresó en el comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.


Del mismo modo que hizo la semana pasada, cuando anunció medidas similares, el titular pretendió justificar las sanciones con el argumento de que La Habana tiene responsabilidad en la crisis en Venezuela, cuando varias fuentes denuncian el impacto de los castigos y hostilidad de Washington en la situación en el país sudamericano.


La OFAC designó el pasado 5 de abril a otras dos compañías que operan en el sector petrolero de la economía venezolana, así como a 34 embarcaciones que propiedad u operadas por Petróleos de Venezuela.


En ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de piratería económica las sanciones contra el país sudamericano, dirigidas también a golpear a la isla caribeña, que enfrenta un bloqueo de casi 60 años impuesto por el Gobierno estadounidense.


‘Denuncio escalada de agresiones ‘monroístas’ de Estados Unidos contra Nuestra América y el uso de mentiras escandalosas contra Cuba’, escribió en su cuenta en Twitter.


El canciller afirmó que los castigos se enmarcan en el objetivo de la actual administración en la Casa Blanca de robar los recursos del país sudamericano, pero consideró que ese propósito fracasará.

 

12 abril 2019 
(Con información de Prensa Latina)

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Gobierno de EEUU seguía situación del sistema eléctrico venezolano desde hace más de una década, según filtraciones de WikiLeaks

El interés y seguimiento de los órganos de inteligencia norteamericanos y su gobierno a la situación de la electricidad en Venezuela es de vieja data. Así lo confirman los más de 1000 documentos divulgados por Wikileaks en donde se menciona la situación del Sistema Eléctrico Nacional en Venezuela y de la Hidroeléctrica Simón Bolívar ubicada en el Guri.

Una muestra de esta filtración son los telegramas diplomáticos del entonces embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Patrick Duddy, con informes sobre la realidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en el año 2009, para ese entonces fuertemente afectado por el fenómeno El Niño.


En un memorando con fecha del 23 de octubre del 2009 Duddy destaca las acciones ejecutadas en aquel momento por el presidente Chávez, quien tenía una respuesta proactiva y "revelaba una preocupación por la gravedad potencial del problema". Entre las acciones tomadas por el Gobierno Bolivariano estaban una campaña de ahorro energético, los "racionamientos" de energía en todo el país -excepto en Caracas-, la penalización a quienes tenían altos consumos y la obligación de autogeneración de energía a las empresas privadas y públicas.


En otra comunicación con fecha del del 20 de noviembre del 2009, el entonces embajador explica un estudio minucioso del SEN en donde se destaca las maneras en la que se produce la energía eléctrica en Venezuela, como se transmite, los patrones de consumo y la relación con el fenómeno El Niño; esto a través de una presentación de Eduardo Rosas y Oscar Zambrano, ambos pertenecientes a una firma consultora y exasesores de Electricidad del Caroní (EDELCA).


En otro cable, calificado como "confidencial" por el consejero económico Darnall Steuart, afirman que el gobierno de Venezuela no ha invertido en el mantenimiento y expansión de la infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda.


"La República Bolivariana de Venezuela (GBRV) no ha invertido adecuadamente en el sector eléctrico ni ha abordado su deteriorada infraestructura resultando en cientos de cortes de energía locales aislados y cortes regulares a nivel nacional. El consumo doméstico de electricidad ha aumentado más del 25 por ciento desde 2004, mientras que el GBRV ha fallados de manera sustancial en aumentar su capacidad de generación," reza el resúmen de la nota.


Los consultores exponen que al fallar el sistema eléctrico se generaría un problema secundario que es la distribución de combustible, necesario para accionar la producción particular de energía en el sector privado.


Frente a esto el Duddy no vacila en afirmar que las condiciones del SEN son una "tormenta perfecta" que debe aprovecharse, claro está, a favor de los intereses de los Estados Unidos en derrocar al Gobierno Bolivariano.


APROVECHARSE DE LA SITUACIÓN Y TOMAR VENTAJA


Otras filtraciones expuestas por Wikileaks sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela, pertenecen a la serie denominada Los Archivos de Inteligencia Global (TGIF). Más de 5 millones de correos, revelados en el 2012, pertenecientes a un entramado de espionaje en distintos países del mundo que realizaba la empresa estadounidense Stratfor, conocida como la CIA de las sombras.


Uno de estos documentos es un informe especial, que fue publicado luego en la página web de la misma agencia Stratford con infografías y recursos multimedia. El mismo señala que "Venezuela no estaba en un punto de quiebre, pero si se encontraba en la línea roja" debido a que un posible colapso eléctrico traería consigo problemas económicos ya que se paralizaría la industria y el comercio del país, se dispararían los índices de inseguridad por la ausencia de iluminación, faltaría el agua al fallar la energía necesaria para bombearla desde los embalses.


Estas dificultades, consecuencia de la situación del SEN, debilitarían al gobierno del comandante Chávez, lo cual "debían aprovechar los opositores a la Revolución Bolivariana" y así poder figurar en el panorama político. Mencionan a Henry Falcón como el líder opositor que más se destacaba en aquel entonces.


Por otro lado, el periodista estadounidense Max Blumenthal publicó una investigación periodística sobre las filtraciones de Wikileaks con el SEN venezolano y la relación de Stratfor con CANVAS, esta última organización entrenó en técnicas de cambios de régimen político al autojuramentado presidente de Venezuela, Juan Guaidó.


En el correo Srdja Popovic, miembro de CANVAS, escribe a Reva Bhalla, entonces vicepresidenta de Stratfor, que la "clave en las debilidades de Chávez es el deterioro en el sector eléctrico" venezolano, además sugiere que un grupo opositor bien entrenado podría debilitar para ese momento al Gobierno Bolivariano y así tomar ventajas de la situación para canalizar el descontento hacia sus necesidades.


Según Blumenthal, esto coincide diez años después con el apagón generado por el saboteo cibernético y electromagnético al SEN y los llamados de Guaidó para protestar, utilizando así el problema eléctrico a su favor y al de los intereses de los Estados Unidos.


Otras revelaciones sobre el SEN de Venezuela que fueron filtradas por Wikileaks –y que no pertenecen a la serie GIF- datan de los años 70, en estas se revelan datos de tecnología adquirida en los Estados Unidos por el gobierno de Venezuela de aquel momento, para la construcción, por una empresa norteamericana, de la central hidroeléctrica recientemente saboteada.

 

Por: AlbaTV / Aporrea | Jueves, 11/04/2019 10:27 AM

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Raúl Castro, primer secretario del PCC, flanqueado por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel (a la izquierda), y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, ayer durante la proclamación de la nueva Constitución aprobada en referendo.Foto Afp/Cubadebate

La Habana. Cuba debe prepararse para enfrentar una crisis económica y de desabasto derivados del incremento de la hostilidad estadunidense hacia la isla y su aliada, Venezuela, advirtió este miércoles el ex presidente Raúl Castro, quien al mismo tiempo aclaró que no se llegaría a una situación tan crítica como la vivida en los años 90.

"Se adoptaron varias decisiones para encauzar el desempeño de la economía, resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico, sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha", agregó el primer secretario del Partido Comunista de Cuba durante el discurso ante el Parlamento para anunciar la entrada en vigencia de una nueva Constitución aprobada en referendo en febrero pasado.

"Es necesario que estemos alerta y conscientes de que enfrentamos problemas adicionales, y que la situación podría agravarse en los próximo meses", añadió Castro.

"No se trata de regresar a la fase aguda del Periodo Especial de la década de los años 90. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que estar preparados para la peor variante", manifestó.

Muchos cubanos recuerdan con malestar el Periodo Especial, cuando la caída de la Unión Soviética los dejó sin combustible, sufrían apagones, serios racionamientos de alimentos y una caída de 36 por ciento del PIB entre 1990 y 1993.

Hoy la isla recibe la mitad de su petróleo de Venezuela con planes de créditos blandos, al tiempo que muchos de sus ingresos dependen de la venta de servicios profesionales a dicho país, pero también tiene crecientes ingresos de turismo y remesas.

Aunque Cuba nunca tuvo abundancia de productos o marcas, recientemente las tiendas lucen un poco más vacías y algunos productos aparecen de manera intermitente, como pollo, huevos, leche en polvo y papel sanitario, y directivos de las firmas importadoras estatales –los únicos que operan el comercio minorista– indicaron que hay falta de liquidez en el país.

El presidente estadunidense, Donald Trump, revirtió una política de acercamiento de su predecesor Barack Obama con el objetivo de presionar un cambio de sistema político en Cuba, mediante mayores sanciones a la economía de la isla.

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EE.UU. impone nuevas sanciones a Venezuela para cortar "el salvavidas que mantiene a flote a Maduro"

Washington establece medidas punitivas contra 34 embarcaciones operadas por PDVSA que transportan crudo venezolano a Cuba.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido sanciones contra las empresas Ballito Bay Shipping y ProPer In Management —con sede en Monrovia (Liberia) y El Pireo (Grecia), respectivamente— por sus vínculos con el sector petrolero de Venezuela y el transporte de crudo de ese país a Cuba en el buque Despina Andrianna.

Con la intención de cortar los suministros de petróleo entre Caracas y La Habana, Washington también ha tomado medidas contra 34 embarcaciones en las que estima que la petrolera estatal venezolana PDVSA "tiene interés", así que desde estos momentos considera esas naves como "propiedad bloqueada".


Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., ha responsabilizado a Cuba de ser "una fuerza subyacente que ha nutrido el descenso de Venezuela a la crisis" y ha declarado que esas entidades y las embarcaciones que transportan crudo de Venezuela proporcionan "un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro".


"Cuba sigue sacando provecho del régimen ilegítimo de Maduro, apoyándolo con esquemas de crudo-por-represión mientras intenta mantener a Maduro en el poder. EE.UU. se mantiene comprometido con una transición hacia la democracia en Venezuela y con responsabilizar al régimen cubano por su participación directa en la desaparición de Venezuela", ha afirmado Mnuchin.


Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció la escalada de agresiones "monroístas" de la Casa Blanca y el uso de "mentiras escandalosas" contra Cuba.
"Sesenta años de agresión imperialista no han doblegado la voluntad de los cubanos. Las nuevas medidas que hoy celebran altos funcionarios y políticos anticubanos en #EEUU no lo lograrán", tuiteó el canciller.


El director del Consejo Económico Nacional estadounidense (NEC, por sus siglas en inglés), Larry Kudlow, dijo este miércoles que en el caso de que caiga el Gobierno de Nicolás Maduro, EE.UU. planea "inyectar dólares" a Venezuela para "rescatar" la economía del país.
Sanciones y bloqueo estadounidense


Actualmente Venezuela atraviesa una dura crisis política y social, que se ha incrementado desde la autoproclamación de Guaidó como "presidente encargado" del país, ocurrida el 23 de enero.


Desde entonces, EE.UU. ha impuesto nuevas sanciones a Venezuela, que incluyen el bloqueo de fondos en bancos internacionales, como medida de presión al Gobierno venezolano.
A finales de marzo, el Gobierno de Trump sancionó al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela y sus subsidiarias y también impuso sanciones contra un banco de Rusia en relación con la actual situación en el país sudamericano.


A finales de febrero, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, producto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Washington, Venezuela ha perdido más de 30.000 millones de dólares "desde agosto de 2017".


El analista internacional Francisco Coloane sostiene que Washington asesta un doble golpe con las sanciones contra La Habana y Caracas para debilitar esta alianza latinoamericana. "Creo que EE.UU. cruzó el límite, cruzó la línea roja en cuanto a la agresión, no solamente a Venezuela y a Cuba en este caso, sino una agresión a América Latina y a la independencia de la gente", comentó Coloane a RT.

Publicado: 5 abr 2019 20:04 GMT | Última actualización: 6 abr 2019 02:55 GMT

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Jueves, 14 Marzo 2019 06:08

Investigan la causa del apagón

Investigan la causa del apagón

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió ayuda a la ONU así como a sus países aliados Cuba, China, Irán y Rusia para investigar el presunto ciberataque que causó un masivo apagón en el país el jueves pasado y duró varios días. Por su parte, China respondió de inmediato y se puso a disposición del gobierno de Maduro para ofrecer ayuda y asistencia técnica. “Nombré una comisión de investigación especial del ciberataque y pedí la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU, y además el apoyo, ya activo, de Rusia, China, Irán y Cuba”, dijo el mandatario en cadena nacional. 

Según explicó Maduro, al frente de la comisión estará la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estará acompañada por el fiscal general, Tarek Saab, y científicos locales. “Vamos a desgranar para que ustedes sepan cómo fue el ataque, hemos descubierto muchas cosas, ya yo sé muchas cosas, solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago, desde dos ciudades de Estados Unidos”, denunció Maduro.


Ante su pedido a la ONU, la entidad internacional respondió ofreciendo ampliar su ayuda. Si bien una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está trabajando desde el lunes en Venezuela en la investigación de delitos contra los derechos humanos, a partir de hoy se pondrán en contacto con funcionarios venezolanos para abordar las secuelas que dejó el apagón. La falla ocurrió en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país y responsable de abastecer de energía a cerca de 70 por ciento de Venezuela. Desde un principio, el Palacio de Miraflores responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición local que no tardó en desentenderse del tema. En su alocución presidencial, Maduro explicó que la instalación fue atacada de manera cibernética, mientras que las líneas de transmisión padecieron sabotajes electromagnéticos y físicos mediante el uso de tecnologías que, aseguró, solo tiene Estados Unidos. En esta línea, ayer respaldó la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación contra el jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

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Estados Unidos causa miles de muertos en Venezuela

Mientras que los estadounidenses han protestado y se han rebelado legítimamente en contra de la declaración de emergencia nacional del presidente Trump para construir su preciado muro, lo que privaría al Congreso de ejercer su autoridad constitucional sobre el gasto; el presidente ha usado días atrás otra falsa declaración de emergencia nacional que ha pasado ampliamente desapercibida.

Cada orden ejecutiva anunciada por Trump en la que se imponen sanciones económicas a Venezuela incluye una frase que declara que Venezuela está causando una “emergencia nacional” a Estados Unidos y que representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de Estados Unidos.


El hecho de que estas absurdas afirmaciones hayan pasado desapercibidas en los principales medios de comunicación muestra cuán débil es el Estado de derecho en Estados Unidos en lo referido a la política exterior, tal y como han señalado expertos legales. Esto es especialmente cierto para aquellas medidas de agresión perpetradas por nuestro gobierno y que tienen como consecuencia la muerte de personas en otros países.


Y no hay que equivocarse al respecto: las sanciones de Estados Unidos a Venezuela están matando personas y han estado matando personas ya por algún tiempo, como ha señalado el economista de la oposición Francisco Rodríguez, el principal experto en el mundo en economía venezolana.


No existen estimaciones de la cantidad de muertos ocasionados por las sanciones, pero dada la experiencia en países con situaciones similares, es probable que haya miles o decenas de miles hasta el momento. Y empeorará rápidamente si las recientes sanciones persisten.


¿Cómo es que las sanciones matan gente? En general, lo hacen dañando la economía. Esto incluye pérdidas de empleo e ingresos de quienes ya enfrentan una situación desesperada; pero sobre todo, incluye la disminución del acceso a bienes esenciales para salvar vidas, como medicamentos, suministros médicos y atención médica.


Por ejemplo, en la década de 1990 en Irak, la cantidad de niños que murieron a causa de las sanciones se contaron por los cientos de miles.


Pero el pueblo venezolano ha sido incluso más vulnerable a las sanciones económicas de Estados Unidos que el iraquí. Venezuela depende de las exportaciones de petróleo para casi todos los dólares que la economía necesita para importar artículos de primera necesidad, como medicamentos y alimentos. Esto significa que todo lo que reduce la producción de petróleo está afectando principalmente al común de la población, pues reduce los dólares que el sector privado y el gobierno emplean para importar bienes que cubran las necesidades básicas de las personas, así como para el transporte, piezas de repuesto y la mayoría de los artículos que la economía requiere para funcionar.


Las sanciones de Trump de agosto de 2017 impusieron un embargo financiero que ha cortado casi todo el acceso de Venezuela a la obtención de préstamos. Esto tuvo un enorme impacto en la producción de petróleo, que ya había estado disminuyendo. La tasa de declive se aceleró rápidamente; durante el año posterior a las sanciones, caería en 700,000 barriles por día, aproximadamente tres veces más rápido que en los 20 meses anteriores. Esta aceleración en la pérdida de producción de petróleo posterior a las sanciones equivale a la pérdida de más de $6 mil millones. A modo de comparación, cuando la economía venezolana estaba creciendo, Venezuela gastaba alrededor de $2 mil millones por año solo en medicamentos. Se ha estimado que el total de las importaciones de bienes para 2018 fue de $11.7 mil millones.


Cuando se impusieron estas sanciones, Venezuela ya sufría una profunda recesión y tenía problemas en la balanza de pagos, los que requerían una reestructuración de la deuda. Para reestructurar la deuda, el gobierno tiene que ser capaz de emitir nuevos bonos, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron esto imposible.


Las sanciones de Trump –tanto las sanciones de agosto de 2017 como el nuevo embargo de petróleo– hacen que también sea casi imposible para el Gobierno tomar medidas que pongan fin a la hiperinflación, la que actualmente se estima en 1.6 millones por ciento anual. Para estabilizar la hiperinflación se debe restaurar la fe en la moneda nacional. Esto podría hacerse a través de la creación de un nuevo sistema de tasa de cambio y otras medidas que requerirían el acceso al sistema financiero internacional basado en el dólar. Sin embargo, las sanciones lo impiden.


Las sanciones impuestas por el Gobierno de Obama en marzo de 2015 (para las que igualmente se declaró una “emergencia nacional”) tuvieron también un impacto muy grave. Esto es bastante conocido dentro de las instituciones financieras, pero por lo general no se informa en los principales medios de comunicación, los que abordan estas sanciones tal y como las anuncia el Gobierno de EEUU, como “sanciones impuestas a individuos”. Pero cuando los individuos son funcionarios gubernamentales de alto rango, por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, las sanciones causan enormes problemas, ya que estos funcionarios son aislados de las transacciones necesarias en la mayor parte del sistema financiero mundial.


Las instituciones financieras se alejaron cada vez más de Venezuela después de marzo de 2015, ya que vieron los riesgos de otorgar préstamos a un Gobierno que Estados Unidos estaba cada vez más decidido a derribar y, a medida que la economía empeoraba, parecía más probable que tuviera éxito. El sector privado venezolano se vio privado del acceso vital al crédito, lo que contribuyó a la caída sin precedentes –en realidad, casi increíble– del 80 por ciento de las importaciones en los últimos seis años, lo que ha devastado esta economía dependiente de las importaciones.


El 23 de enero, el Gobierno de Trump anunció que estaba reconociendo a Juan Guaidó, actualmente jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, como “presidente interino” del país. Al hacerlo (junto con los países aliados políticamente), Washington impuso básicamente un embargo comercial contra Venezuela. Esto es así ya que cualquier ingreso proveniente de las ventas de petróleo de cerca de las tres cuartas partes de los mercados de exportación de Venezuela (Estados Unidos y sus aliados) ya no se destinará al Gobierno, sino al “presidente interino”. Se establecieron algunas excepciones temporales para las compañías petroleras estadounidenses, pero este embargo es lo suficientemente amplio como para multiplicar rápidamente el daño económico, el sufrimiento y la muerte que han causado las sanciones anteriores.


En una declaración sobre las recientes sanciones emitida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se señaló que “precipitar una crisis económica y humanitaria en Venezuela no es una base para la solución pacífica de las controversias”.


Siguiendo las declaraciones y acciones del equipo de Trump (incluido el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el senador Marco Rubio y el criminal de guerra de los años ochenta y ahora enviado especial a Venezuela, Elliott Abrams) se desprende que no están interesados en una resolución pacífica a la crisis venezolana. No son de los que se preocupan por la cantidad de personas que morirán en el camino que lleve al derrocamiento del Gobierno.


La verdadera pregunta es por qué reconocidos progresistas de la talla de la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, apoyan esta operación ilegal y cruel. ¿Acaso es posible que no sepan lo que están haciendo Trump y sus sanciones?


* Codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del libro Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global (2016, Akal, Madrid).

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Martes, 05 Marzo 2019 06:21

Trump endurece el cerco sobre Cuba

Trump endurece el cerco sobre Cuba

Estados Unidos deja que los ciudadanos estadounidenses demanden a una lista negra de empresas por activos que les fueron expropiados en la isla durante la revolución

La Administración de Donald Trump anunció este lunes una medida con la que se endurece el cerco contra la economía de Cuba al permitir que los ciudadanos estadounidenses puedan demandar a algunas empresas bajo control del Ejército o los servicios de inteligencia del régimen. En la práctica, significa que las empresas e inversores de terceros países quedan exentos de pleitos, pero la Administración deja abierta la puerta a seguir apretando las tuercas a la dictadura castrista por la misma vía, en un momento de alta tensión en la región a raíz de la crisis venezolana.


El proceso de “deshielo” iniciado por la Administración de Barack Obama con Cuba finalizó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, que decidió limitar los viajes a la isla y prohibir las relaciones comerciales con el conglomerado de sus fuerzas armadas. El incremento de presión anunciado este lunes se articula a través del Título III de la conocida como ley Helms-Burton, que data de 1996, bajo el Gobierno del demócrata Bill Clinton. En teoría permite a los ciudadanos de origen cubano reclamar en los tribunales de Estados Unidos las propiedades que les fueron arrebatadas con motivo de la revolución hace más de medio siglo.


Todos los Gobiernos desde Clinton, sin embargo, han dejado sin efecto dicha parte de la norma por el alud de demandas que podría suponer (hasta 200.000 pleitos, según cifras recientes de Reuters) mediante una serie de suspensiones sucesivas del artículo que se renovaban cada seis meses. Esta vez, Washington ha optado por mantener la suspensión pero solo durante un mes, lo cual aumenta la presión sobre La Habana.


Las firmas extranjeras siguen protegidas por la dispensa durante dicho periodo, no las de la lista negra de empresas asociadas al régimen. En ella figuran organismos como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el del Interior, cinco grupos empresariales (Cimex, compañía turística Habaguanex, Gaesa, grupo turístico Gaviota y Unión de Industrias Militares) y una larga lista de hoteles en La Habana, Santiago y Varadero, entre otros enclaves, varios con la enseña Meliá e Iberostar, ambos propiedad de Gaviota.


La suspensión del artículo III, es decir, la prohibición de demandas para el resto, comenzará el 19 de marzo y finalizará el 17 de abril, según informó el Departamento de Estado. Tras dicho periodo, queda la puerta abierta a seguir endureciendo el embargo. Si ese artículo entrase en vigor de forma plena, medida que Trump ha evitado, cualquier empresa con intereses en la isla podría ser llevada a los tribunales por ciudadanos estadounidenses que considerasen que están usando terrenos o activos que en su día les fueron expropiados. Washington encendió las alarmas hace más de un mes, cuando aprobó una suspensión de tan solo 45 días, en lugar del semestre habitual, y anunció que se tomaba ese periodo para “revisar” la situación. Es lo mismo que ha afirmado esta vez, disparando las especulaciones.


La Administración de Trump considera que Cuba forma junto con Venezuela y Nicaragua una “troika tiránica” que se retroalimenta entre sí. Fuentes del Departamento de Estado recalcaron en una conferencia telefónica que la decisión de endurecer el embargo se ha tomado de forma completamente independiente, tras constatar que la nueva Constitución ratificada en referéndum el pasado 24 de febrero mantendrá el sistema político de la isla, gobernado por el único partido político legal: el comunista. La medida, no obstante, tiene lugar en un contexto de gran inestabilidad a raíz del pulso en Venezuela. Más de 50 países, entre ellos, Estados Unidos, reconocen al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino y reclaman la celebración de elecciones, mientras el líder chavista, Nicolás Maduro, sigue aferrado al poder con el apoyo de los militares.

Por Amanda Mars
Washington 4 MAR 2019 - 18:51 COT

 

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