Viernes, 13 Septiembre 2019 05:52

Boris el bárbaro

Unión Europea por Ombú.

A pedido del primer ministro Boris Johnson, la reina Isabel II anunció a fines de agosto la suspensión temporal del parlamento británico. Sin el contralor de otros poderes, el mandatario intenta acelerar el rumbo a un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, aunque eso lleve al paroxismo las fracturas internas de Reino Unido. El atolladero político que terminó en los últimos meses con el mandato de Theresa May enfrenta ahora a Johnson con una salida incierta: la prevaricación, la renuncia o incluso la cárcel.

 

Hace tres años, cuando Boris Johnson, por entonces alcalde de Londres, se colocó a la cabeza de la campaña por el Brexit –la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE)–, uno de sus principales argumentos de campaña fue que las instituciones regionales le pasaban por arriba al parlamento británico y no respetaban la soberanía del país para decidir sus políticas. Dos meses después de asumir el gobierno y la jefatura del Partido Conservador, tras la renuncia de su predecesora, Theresa May, el rubio tory nacido en Nueva York se convirtió en el primer gobernante de su país en suspender, con la anuencia de la reina, por más de un mes ese mismo parlamento, para que no le pusiera palos en la rueda a su proyecto de salida no negociada de la UE. No es esta la única paradoja de Johnson, observó un editorialista del diario The Guardian: gran defensor de la unidad territorial de Reino Unido, el actual primer ministro está poniendo en peligro, con su plan de ruptura “salvaje” con la UE (sin acuerdo con Bruselas), esa misma unidad por las reacciones que está levantando en Escocia e Irlanda. “Si hace seis meses –escribió por su lado el politólogo y dirigente político español Juan Carlos Monedero– alguien hubiera afirmado que Inglaterra iba a tener una crisis política y territorial más grave que la de España, nadie le habría creído.” Pero en ese punto están precisamente las cosas en el corazón del antiguo imperio.

DERROTAS.

En el espacio de apenas una semana, el camino de Johnson hacia un Brexit duro ha estado empedrado con una serie de derrotas parlamentarias. Seis, más concretamente. La más dura que sufrió fue el fracaso de su plan de adelantar las elecciones en vistas de unos sondeos que lo presentan como claro favorito. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato de su partido, pero si la elección se hiciera en octubre –como era la intención del gobernante– y las encuestas se confirmaran, los conservadores les ganarían a los laboristas por una diferencia cercana a los 15 puntos. Johnson levanta cada vez más resistencias en el aparato tory, pero su liderazgo –construido con base en postulados y discursos muy similares a los de Donald Trump en Estados Unidos– le ha permitido llegar a amplios sectores populares que lo ven poco menos que como un redentor. El no al adelanto a la consulta fue votado no sólo por toda la oposición, sino por 21 diputados conservadores. Ipso facto, Johnson los expulsó del partido. Otros legisladores tories anunciaron a su vez que no volverán a ser candidatos por una formación política que se está volcando cada vez más hacia la extrema derecha y dos ministros renunciaron al gabinete, entre ellos, Jo Johnson, hermano de Boris. En Escocia, Ruth Davidson, bajo cuyo liderazgo los conservadores desplazaron a los laboristas al tercer lugar en el parlamento local, renunció a la presidencia del partido en rechazo al Brexit “salvaje” promovido por el primer ministro.

¿A LA CÁRCEL?

Justo antes de entrar en receso, esta semana, la Cámara de los Comunes votó además una ley que obligará a Johnson a pedir a la UE una prórroga de tres meses para llegar a un desacople “amigable” de Reino Unido de las estructuras regionales, que vence el 31 de octubre. Johnson pretendía tener las manos libres para manejarse hasta entonces sin control parlamentario y, llegado el caso, irse de la UE a fin del mes próximo a como diera lugar, con o sin acuerdo. De ahí su decisión de suspender el funcionamiento de la cámara por seis semanas, hasta el 14 de octubre. Antes de su última derrota parlamentaria, el primer ministro advirtió en dirección a los diputados: “No voy a pedir otra postergación a la UE. Si el parlamento quiere hacerlo, tiene que convocar a elecciones para que el pueblo decida”. Pero los comunes le negaron la posibilidad de convocar a una elección anticipada y lo forzaron a pedir una nueva prórroga para concretar el Brexit, hasta el 31 de enero de 2020. “Nadie está por encima de la ley”, le recordó al primer ministro Caroline Goodwin, presidenta de la Asociación Legal Penal, cuando este ratificó que está decidido a ir “hasta el final” con tal de “hacer respetar la voluntad popular de romper con la UE cuanto antes”. Nigel Evans, referente de los partidarios del Brexit duro dentro del Partido Conservador, dijo que “existen al menos 20 maneras de eludir una ley” y que Johnson “sólo debería optar por alguna de ellas” para no acatar la norma recién votada.

Otro Nigel, Farage, líder ultraderechista del Partido del Brexit, que en las elecciones para el Parlamento Europeo de mayo pasado resultó ser la más votada de las formaciones políticas británicas, con casi 32 por ciento, afirmó, a su vez, que si el primer ministro no respeta sus promesas de salir de la UE, ahora y a cualquier precio, perderá “seguramente las próximas elecciones”, se realicen cuando se realicen. Una de las “20 posibles maneras de eludir la ley” que manejan los asesores de Johnson es enviar dos cartas a la UE: una en la que se solicite una prórroga del plazo de concreción del Brexit, como forma de acatar lo dispuesto por la Cámara de los comunes, y una segunda, inmediatamente después, en la que se anule ese mismo pedido y se advierta a Bruselas que pondrá todo tipo de trabas al funcionamiento normal de los órganos de la UE, con el objetivo de que sea esta la que diga “así no” y se avenga a una salida no pactada de Reino Unido. Si se decantara por esta “burla” a la voluntad del parlamento, dijo el dirigente nacionalista de Gales Adam Price, Johnson se estaría exponiendo a la posibilidad de un juicio político que bien podría perder e incluso a ir a la cárcel. Algo similar manifestaron los principales dirigentes laboristas e incluso algunos conservadores.

AL SUPREMO.

El miércoles 11 al primer ministro se le complicaron aun más las cosas: el Alto Tribunal de Escocia consideró nula la suspensión del funcionamiento del parlamento y dio la razón así a los casi 80 legisladores que habían denunciado como ilegal esa decisión. “Se trataría, sin ninguna duda, de un acto ilegal si su propósito fuera bloquear el debido control del parlamento sobre el ejecutivo, la columna central del principio de buen gobierno consagrado por la Constitución”, afirma la sentencia. Y agrega: “Las circunstancias en las que se produjo el consejo del primer ministro a la reina y el contenido de los documentos (que fundamentaron ese consejo) demuestran que esa fue la razón verdadera de la suspensión”.

Apenas conocido el fallo, el laborismo y los nacionalistas escoceses reclamaron que el parlamento volviera de inmediato a ser convocado. Pero por ahora no será el caso. Unos días antes de la sentencia de la justicia de Edimburgo se había conocido otra, del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que iba en sentido totalmente contrario: reconocía la legitimidad de la disposición del ejecutivo.

Será entonces el Tribunal Supremo el que decidirá las cosas, al parecer, el martes 17.

TERRITORIOS.

“La historia del Brexit no termina si el Reino Unido sale de la UE el 31 de octubre o incluso si lo hace el 31 de enero”, le dijo el también conservador primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, a Boris Johnson el lunes 9 en Dublín. “Si no hay acuerdo, tendremos que volver a la mesa de negociaciones y hablar de los mismos temas: los derechos de los ciudadanos de ambas partes, el pago de las deudas pendientes y la frontera irlandesa, todos temas que habíamos resuelto con su predecesora, Theresa May. Pero, incluso con acuerdo, el tratado posterior para determinar cómo será la relación entre Reino Unido y la UE va a ser complejo, porque habrá que lidiar con aranceles, derechos pesqueros, estandarización de los productos y ayuda estatal”, agregó.

La República de Irlanda está entre los países que más pueden perder en caso de un Brexit duro. Es un país clave, dice el corresponsal de Página 12 en Londres Marcelo Justo, “porque la gran causa que unifica a la alianza de pro‑Brexit moderados y extremistas que conforman el gobierno es el llamado ‘backstop’ que firmaron Theresa May y la UE el pasado noviembre”. Y explica: “El backstop es un mecanismo a aplicar en caso de que Irlanda del Norte (parte de Reino Unido) y la República de Irlanda (miembro de la UE) no logren encontrar los medios para evitar la erección de una frontera terrestre visible con aduanas, chequeos y puestos de vigilancia. En este caso, Reino Unido permanecería en la Unión Aduanera con la UE e Irlanda del Norte, además, formaría parte del mercado único europeo hasta que se encontrara la manera de tener una frontera invisible que controle la circulación de mercancías y personas. Para los pro‑Brexit esto equivale a una renuncia a la soberanía británica, una partición de Reino Unido y una traición al referendo de 2016”.

Al problema irlandés se le puede sumar el escocés. Cuando se votó el Brexit, hace tres años, en Escocia hubo una clara mayoría en favor de la permanencia en la UE. Las tensiones entre los nacionalistas escoceses, hoy hegemónicos en su país, y Londres y los nacionalistas ingleses han ido creciendo desde entonces y podría plantearse, a término, la posibilidad de un nuevo referéndum sobre la pertenencia de Escocia al reino. “No es casual que los primeros recursos jurídicos contra las decisiones de Johnson se hayan producido en Escocia e Irlanda del Norte. El rechazo a las elites políticas y la frustración manifestada en relación con la UE en Gran Bretaña se inscriben en el marco de un auge del nacionalismo inglés y del deseo de revancha de Inglaterra. Segmentos importantes del electorado de esta nación, que es, sin embargo, dominante en el seno de Reino Unido, se sienten ignorados, despreciados y cultivan cierto resentimiento por Escocia”, apunta Emmanuelle Avril, coautora del libro ¿Adónde va Reino Unido?, en una entrevista con el portal francés Mediapart (29‑VIII‑19). Johnson está, de hecho, provocando el estallido de todas las costuras del reino –institucionales, territoriales– y acentuando sus fracturas, piensa Avril.

¿SALIDAS?

Como a su mayor ídolo, Donald Trump, al gobernante británico no se le reconocen grandes dotes de ajedrecista o fino maniobrero político, de esas que se necesitarían para salir del atolladero en que está. Muchas salidas, en verdad, no tiene. Andrew Rawnsley, analista político del diario The Observer, afirmó el domingo 8 que una de las más realistas es la renuncia pura y simple en los próximos días. Obligaría al laborismo liderado por el socialista Jeremy Corbyn y al ala moderada de los conservadores a formar un gobierno provisorio para negociar con la UE, antes de convocar a unas nuevas elecciones, en las que él podría moverse con más soltura. Ese panorama, apunta Marcelo Justo, “le permitiría a Johnson acudir a las elecciones como Míster Brexit y portavoz de los 17 millones de leavers (los partidarios del Leave, el abandono de la UE, en el referéndum de 2016) frente al parlamento y el establishment, una figura trumpiana que recurriría a la guerra cultural y a los mismos métodos del presidente estadounidense”.

Enfrente, los laboristas se preguntan sobre el camino a seguir. El partido está dividido entre quienes promueven que se haga un nuevo referéndum y defender claramente en él la pertenencia a la UE y quienes prefieren ceñirse al resultado de 2016 y acordar con Bruselas un “buen plan de salida”. Corbyn dijo que, en el caso de que el laborismo llegara al gobierno, primero negociaría con la UE y luego convocaría a un referéndum para decidir entre aprobar ese acuerdo de “divorcio amigable” y permanecer en el bloque. Entre el domingo 21 y el miércoles 25 el laborismo hará su congreso anual y este será uno de sus puntos centrales. La ambigüedad que mostró en el referéndum de 2016 (un tercio de sus votantes apoyó el Leave, mientras que la mayor parte de la bancada parlamentaria convocó a respaldar la permanencia en la UE) le costó caro al partido en elecciones posteriores.

El Brexit duro es la única opción que los laboristas descartan por completo, y por allí le pegan a Boris Johnson. Obligado por el parlamento, el gobierno difundió el miércoles partes de un documento secreto que muestra cómo una salida “inamistosa” de la UE perjudicaría sobre todo a los sectores populares, al encarecer el precio de los alimentos y el combustible, y provocar un desabastecimiento en medicinas y productos médicos. Desde esa perspectiva, el gobierno prevé que se produzcan “protestas y contraprotestas” masivas y un aumento del gasto en seguridad. “El Brexit duro es la apuesta de los más ricos. Como Trump, en Estados Unidos, Johnson se viste con ropajes populares para defender a los más privilegiados”, dijo Corbyn ayer, jueves.

Por Pablo Pozzolo

13 septiembre, 2019

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A la sombra del Brexit, un modelo desaparece

Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres, y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza.

A primera vista no hay más que Brexit. Hace más de tres años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema en una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea (UE) a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuanto antes del bloque europeo, con o sin acuerdo.

A la sombra de este debate, oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del Welfare State (Estado de Bienestar) creado a finales de la segunda guerra mundial.


Un informe del Rapporteur de Naciones Unidos sobre “Extreme Poverty”, que será presentado ante la ONU, a fines de junio deja en claro el deterioro que ha sufrido el Estado de Bienestar tras nueve años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el Rapporteur neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. “Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era “solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad”, señaló a la prensa británica.


El estudio de la ONU halló que unos 14 millones –una quinta parte del total de la población– son pobres y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60 por ciento menos que el ingreso medio (un padre con dos chicos e ingresos equivalentes a 1000 dólares mensuales). Extrema pobreza o “destitution” son los que sobreviven con menos de 13 dólares diarios.


Estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las siete máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel del salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del “contrato social británico”. En los últimos años los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia.


Uno de los rasgos más visibles de este deterioro social es la proliferación de bancos de alimentos convertidos en alternativas para cubrir los agujeros de la austeridad. Hoy la red más importante es el Trussel Trust que suministra alimentos de emergencia en más de 400 puntos del país. En los dos primeros años de la gran austeridad conservadora –2011 y 2012– unas 128 mil personas recurrieron a esos bancos. En 2017-2018 la cifra se quintuplicó a más de 666 mil personas.


En su recorrido del Reino Unido, el Rapporteur de la ONU encontró instancias de hambre y prostitución vinculados a estas reformas burocráticas del Estado de Bienestar. El endeudamiento, la usura, la pobreza energética, el impacto en la salud son parte de este sórdido cocktail de pobreza extrema de primer mundo. El ex director de la Trussell Trust, Chris Mould, lo ejemplificó así. “Hay gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción, hay padres que apenas comen para alimentar a sus hijos. Es increíblemente fácil caer en esta situación. La pérdida del empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los beneficios sociales, un drama familiar resultan en la destitución de una persona. Si a esto se le suma que los salarios son muy bajos y los empleos son temporales o de medio tiempo, mucha gente entra y sale de situaciones de extrema necesidad”, señaló Mould a PáginaI12.


El desmantelamiento del Estado de Bienestar a la sombra del Brexit alcanza a una de sus baluartes: el estatal Servicio Nacional de Salud, el NHS. El embate contra el NHS viene de lejos porque su existencia siempre puso en tela de juicio el apotegma de que privado bueno, estatal malo. En los 80 el Thatcherismo lanzó una reorganización interna del NHS a través de la creación de un mercado interno, proceso que siguió con una creciente subcontratación de servicios y el lanzamiento de las iniciativas público-privadas en los 90.


La Oficina de Auditoría de la Nación señala que la subinversión llevada adelante por los conservadores han resultado en un sustancial déficit en las cuentas del NHS. Especialmente ruinoso para sus finanzas ha sido la construcción de hospitales, rebautizados por el ingenio mediático–popular como “uno por dos”: por el costo de cada hospital bajo la iniciativa público–privada, se podrían haber construido dos si solo lo hubiera hecho el estado. Un caso típico es el del University Hospital Coventry en el que la autoridad regional a cargo debió pedir prestado dinero incluso antes de que entrara en funcionamiento para pagar unos 60 millones de dólares de deuda. En el año del referendo a favor del Brexit, 2016, el sector privado obtuvo 267 de los 386 contratos licitados por el NHS.


El célebre físico Stephen Hawkings, que sufría una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS es un “sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas”. Hawkings, que dependió desde los 21 años del NHS, escribió un artículo para el matutino The Guardian en el que llamaba a evitar “que haya un sistema de salud desigual” mientras reivindicaba al NHS como el “sistema más justo para el suministro de atención sanitaria”.


La visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit que comienza este lunes 3 de junio es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo: cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio posbrexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro: el NHS.


En más de una ocasión el gobierno británico se negó a confirmar que un tratado de libre comercio con Estados Unidos excluiría al NHS de la mesa de negociaciones. El servicio británico que cubre a los 65 millones de británicos “de la cuna a la tumba” es el tesoro más codiciado por el sector privado estadounidense. A la sombra de un Brexit sin acuerdo que invisibiliza los estragos que están ocurriendo a nivel social, la estrategia de las multinacionales estadounidenses se puede hacer realidad.

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Tras sesenta años de integración, ¿la disolución?

En 1951, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), los seis Estados signatarios –la República Federal de Alemania (RFA), Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos– se declaraban “resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”. Los mismos signatarios retomaron esta formulación en el Tratado de Roma de 1957, que dio origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) –convertida en Unión Europea (UE) en 1993–, y, a continuación, en todos los tratados europeos posteriores. Lo menos que se puede decir es que, sobre la mayoría de los grandes asuntos, el panorama que ofrece hoy en día la UE es más de desunión que de unión. Y esto ocurre tanto entre Estados como dentro de esos Estados. A este respecto, el brexit es un revelador emblemático, pero no el único.

En 1973, la entrada del Reino Unido en la CEE constituyó una etapa capital en la estructuración y en la integración del espacio europeo. En efecto, abrió la vía a nuevas ampliaciones, en primer lugar a otros Estados de Europa Occidental y, más tarde, tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, a la incorporación de los países bálticos y de los Estados de Europa Central y Oriental satélites de Moscú. A pesar de haber pasado de 6 a 28 miembros, la UE no ha modificado su arquitectura institucional y no hace más que extender –en realidad imponer– a nuevos territorios los dogmas liberales de la competencia y del libre comercio ya grabados en el mármol del Tratado de Roma. Al unirse a la UE, los sucesivos Gobiernos británicos –laboristas o conservadores– no han tenido que aceptar el menor compromiso ideológico.

Paradójicamente, la Europa actual es una Europa británica, una Europa liberal. Entonces, ¿por qué se pronunciaron mayoritariamente, en junio de 2016, los electores del otro lado del canal de la Mancha a favor de la salida de la Unión Europea, el brexit, que provoca una crisis existencial en la Unión?


En parte, los motivos de este resultado son el rechazo de las políticas ultraliberales del Gobierno conservador de David Cameron. Pero también radican en el sentimiento de desposesión experimentado por amplios sectores de la opinión pública, los cuales se preocupan por las transferencias de competencias del Parlamento de Westminster hacia la Comisión (no elegida) de Bruselas. La consigna “recuperar el control” de su propio destino, según la fórmula utilizada por los partidarios del leave (salida), a veces se ha basado en argumentos demagógicos, pero ha resultado muy eficaz en un país muy vinculado a las prerrogativas del Parlamento.


El brexit no es un fenómeno aislado en la UE. Ya no es momento para una dosis adicional de federalismo, como lo desearía Emmanuel Macron con respecto a la gestión del euro (un ministro de Finanzas y un presupuesto únicos, un Parlamento de la zona). Por el contrario, en las circunstancias actuales van apareciendo fisuras en las estructuras comunes existentes debido a los choques provocados por unas políticas migratorias divergentes: los países del Grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, la República Checa, Eslovaquia), a los cuales se han unido los nuevos Gobiernos austriaco e italiano, se encuentran en un estado de casi disidencia sobre esta cuestión central; asimismo, en Roma, el Gobierno de Giuseppe Conte mantiene su reivindicación de salida del euro; en la mayoría de los Estados miembros, la extrema derecha está progresando y utiliza el clima resumido en el eslogan “Dégage!” (¡Lárgate!”) para promover políticas nacionalistas y xenófobas. Se han reunido así las condiciones para una disolución de la UE. En mayo de 2019, los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo dirán si esta hipótesis se convierte o no en una realidad.

Bernard Cassen
Fundador de ATTAC y director general de 'Le Monde diplomatique'

05/08/2018

 

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