Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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Domingo, 11 Agosto 2019 05:31

Suicidio de Epstein beneficia a Trump

Al centro, Jeffrey Epstein (✝) durante una audiencia en una corte de Florida en 2008.Foto Ap

Conveniente "suicidio" de Jeffrey Epstein ante su juicio por pedofilia que implica a Trump.

Jeffrey Epstein ya había sufrido un premonitorio "desmayo" en su celda. Su conveniente "suicidio" salva muchas honras en el Olimpo del poder de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Cuatro días antes, Wayne Madsen (WM) –ex funcionario de National Security Agency (NSA) y especialista en espionaje electrónico– opinó que el inicio del juicio de Epstein en el verano de 2020, en pleno paroxismo de la campaña electoral, descarrilaría la relección de Trump (bit.ly/2ZH5qUh).

Ya había abordado en tres artículos los avatares del hoy occiso: 1.“Pedofilia cupular del multimillonario J. Epstein: Casa Blanca/Virgin Island/Israel (bit.ly/2XIePOB)”; 2. “Caso Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta, secretario del Trabajo de Trump (bit.ly/2xXTfGB)”; y 3. “Peter, sobrino de George Soros, en la ‘lista negra’ del pedófilo Epstein (bit.ly/2YZ9y0x)”, donde afloran sus connivencias eróticas con la "élite" política y empresarial de Estados Unidos y la Casa Real Británica.

WM expurgó el juicio escabroso de 2006 “Jane Doe contra Jeffrey Epstein y Donald Trump, (bit.ly/2YQLCxt) y (bit.ly/2YBQABT)”, que alega la violación en 1994 de una niña de 13 años en la mansión de Manhattan de Epstein, lo cual se acumulaba a las pestilentes aventuras del multimillonario en Florida/Nueva York/Nuevo México/Islas Vírgenes con metástasis sexuales en Francia y México (¡mega-sic!).

Lo mas explosivo se centra en que "la demanda federal en Estados Unidos contra Epstein está programada para empezar durante el verano de 2020 justo a la mitad de la campaña presidencial de Estados Unidos", cuya evidencia arroja "¡más de un millón de paginas!", que "afectará el resultado de la elección".

A juicio de WM –quien reveló los vínculos del mega-especulador George Soros con la CIA (goo.gl/F6h7sC) y (goo.gl/bqLJn4)–, la estrecha relación de Trump con Epstein “puede ser la razón por la cual varios republicanos de la Cámara de Representantes no competirán: "lo que se esperaba una derrota de los republicanos en 2020 puede ser un tsunami si el juicio de Epstein produce la esperada información explosiva de los residentes (sic) multimillonarios en la isla Palm Beach en Florida, hogar de Epstein, Trump y otros mega-ricos muy influyentes".

WM expone los vínculos de Epstein con el Mossad, agencia de espionaje israelí, así como sus periplos en Francia y México (sic).

¿Existirán traslapes entre la pedofilia trasnacional de Epstein con los fétidos escándalos del albergue "Mama Rosa", tenazmente "defendida" por Letras Libres (sic) de Televisa (bit.ly/2LQdrCm), así como con la secta sexual esclavista de NXIVM, donde brotan los vástagos de tres ex presidentes de México (Salinas, De la Madrid y Fox) y la connotada regiomontana Rosa Laura Junco de la Vega Garza T. (bit.ly/2YV9ZJB)?

WM devela el "pasaporte austriaco fake" que Epstein usaba en sus vuelos trasnacionales: "el uso de los pasaportes fake, una especialidad del Mossad" que mantiene una "industria de pasaportes" en Israel y que han sido usados para "operaciones del Mossad" en 22 países (sic), que incluyen a México (sic).

¿Los pasaportes fakes de los tres criminales israelíes, dos de ellos asesinados en Galería Artz del Pedregal, y uno expulsado de Cancún en forma bizarra (bit.ly/2TjYBpt), habrán sido confeccionados por el Mossad?

WM comenta que "los más altos escalones de la estructura política y del espionaje de Israel forman parte prominente del círculo de asociados y amigos de Epstein".

WM arguye que "el uso de chantaje sexual por las agencias de espionaje son operaciones muy añejas", pero que "el uso de menores (sic)" en los casos de "trampas de miel" son prácticamente la exclusividad del Mossad.

Epstein manejó el portafolio financiero de Leslie Wexner, cuya "Fundación Wexner otorgó generosos donativos a organizaciones israelíes, que incluyen becas para funcionarios del gobierno de Israel con el fin de obtener títulos de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard" ¡Mega-Uf!

El "suicidio" de Epstein beneficia a la relección de Trump.

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El Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política. Foto: AP

La empresa norteamericana Caliburn además de ofrecer servicios en Irak, Afganistán y otras regiones, mediante su filial CHS recibe multimillonarios pagos por operar refugios de niños latinoamericanos migrantes no acompañados. Caliburn cuenta en su junta directiva con el exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly. 

En abril de 2018, el entonces fiscal general de EEUU Jeff Sessions anunció la política de ‘tolerancia cero’ a la migración ilegal.

«El Congreso no ha aprobado una legislación efectiva que sirva al interés nacional, que cubra peligrosos huecos y financie completamente un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como resultado, ha estallado una crisis en nuestra frontera suroeste que requiere un esfuerzo mayor para procesar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera», dijo el fiscal general.

Asimismo advirtió que «entrar ilegalmente en este país no será recompensado», sino que se enfrentará a todos los poderes del Departamento de Justicia.

Dicha decisión hizo que miles de niños migrantes centroamericanos fueran separados de sus padres y alojados en instalaciones administradas por organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas.

Como lo dispuso el Gobierno norteamericano, ésta política reemplaza cualquier política existente y si la adopción de la misma requiere recursos adicionales, cada oficina deberá identificar y solicitar dichos recursos. ​

Puertas giratorias

La política de «tolerancia cero a la migración ilegal» destina un multimillonario presupuesto a unas pocas organizaciones no gubernamentales, religiosas y empresas privadas, encargadas de administrar los refugios o albergues para niños, entre otras actividades.

Una de las beneficiarias es la compañía Caliburn International, mediante su filial Comprehensive Health Services, CHS, que administra las instalaciones más grandes para niños migrantes en Estados Unidos.

Antes de unirse a la Administración Trump, según la misma fuente, el exsecretario de Seguridad de EEUU, John F. Kelly ya era parte de la junta de asesores de DC Capital Partners, una firma de capital privado propietaria de Caliburn.

Recordemos que Kelly al fungir como jefe del Comando Sur de EEUU de 2012 a 2016 tuvo la responsabilidad de «velar por el mantenimiento de las fronteras y el combate contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas».

En 2017, el presidente Trump lo designó en el cargo de secretario de Seguridad Nacional. De 2017 hasta enero de 2019 se desempeñó como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Queda claro que la información que posee Kelly y su entorno es colosal, en especial sobre los planes para frenar y disuadir la migración y sobre los métodos y negocios que giran alrededor de la problemática.

¿La Gran Muralla de Migrantes? El nuevo nicho de millones de dólares de empresas contratistas

Caliburn International ofrece consultoría e ingeniería en defensa nacional, salud, diplomacia internacional y seguridad nacional y sus clientes son tanto comerciales como gubernamentales.

Dicha compañía reconoció ante la Comisión Nacional del mercado de valores, SEC por su sigla en inglés, que identificó la política de inmigración como una oportunidad de crecimiento.

Reportó a la SEC que a través de su negocio de servicios médicos y humanitarios, están involucrados en la prestación de servicios médicos y de la vida diaria para los niños que son detenidos en la frontera de EEUU y que esperaban que «estas operaciones sean parte de nuestro negocio en el futuro y que nuestros niveles de operaciones en estas áreas puedan aumentar».

La compañía expresó en dicha ocasión su preocupación por la posible pérdida o reducción de sus contratos en Irak y Afganistán.

Advirtió que «si el Gobierno de EE.UU. cambiara su política con respecto al apoyo a estas regiones, ya sea por el aumento de las actividades insurgentes o la desestabilización, incluidos los disturbios civiles o la guerra civil en Irak o Afganistán, o el deterioro de las relaciones entre EEUU y estos países, nosotros podríamos estar imposibilitados de proporcionar servicios o nuestros contratos para proveer servicios podrían ser rescindidos».

«Cualquiera de los aspectos anteriores podría afectar negativamente nuestro rendimiento operativo y podría resultar en costos adicionales y pérdida de ingresos» se quejaron.

Ahora Caliburn y sus filiales han ampliado con mucho éxito su ámbito de negocio, y al parecer encontraron una fuente de recursos que no parará de fluir al menos en un corto plazo.

Según la agencia informativa CBSnews los registros de contratos federales muestran que la filial de Caliburn, CHS recibió al menos 222 millones de dólares para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de 2019, y podría recibir mucho más.

Es decir que, en el transcurso de 270 días, recibió financiación de aproximadamente 800.000 dólares diariamente.

Entonces, no es para menos la alegría de James Van Dusen representante de Caliburn al decir que «con cuatro décadas de liderazgo militar y humanitario, una comprensión profunda de los asuntos internacionales y el conocimiento de los propulsores económicos actuales en todo el mundo, el general Kelly es una adición estratégica sólida para nuestro equipo».

Además de Kelly, Caliburn incluye a otros exmilitares de alto rango.

Contratos multimillonarios y sueldos exorbitantes

Una revisión de los datos de contratos referidos a atención de migrantes ilegales realizada por Sludge, encontró que el Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política.

Según la misma fuente los principales receptores de fondos son Southwest Key Programs (1.500 millones de dólares) y BCSF Health and Human Services (659 millones de dólares).

También reciben fondos las compañías privadas, como la firma de seguridad MVM (213 millones de dólares) y CHS Comprehensive Health Services (292 millones de dólares), la subsidiaria de la compañía donde John Kelly es miembro de la junta directiva.

La empresa CHS, según la misma fuente, cobra 750 dólares por persona por día, mucho más de lo que costaría un caro hotel, incluida la alimentación. La compañía opera otros tres refugios, todos en Texas, y tiene 292 millones de dólares en contratos gubernamentales en curso.

La investigación de Sludge indica que 10 de las entidades que reciben la mayor cantidad de dinero para las operaciones de UAC, pagaron a sus principales ejecutivos más de 300.000 dólares en compensación anual, hecho que habrían corroborado en documentos fiscales disponibles públicamente.

Se sabe de denuncias de maltratos y abusos en varias de estas instalaciones de ‘refugio’, lo cual hace más indignante conocer los montos de los ‘honorarios’ de sus administradores, peor aun cuando se sabe que los consiguen a costa de niños, de la nacionalidad que fuera.

Queda claro que al negocio no le importa otra cosa que no sea lucrarse con la tragedia diaria.

Para enrarecer más el panorama, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. emitido el 2 de julio pasado advierte sobre el «hacinamiento peligroso» y la «detención prolongada» en varias instalaciones de procesamiento de migrantes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A menudo se escucha en los medios de comunicación a las autoridades gubernamentales de distintos países y de organismos internacionales referirse a la migración como un «fenómeno», casi natural, y lo grave es que nos estamos acostumbrando a ello.

En este caso no se trata de un proceso regular de movilidad humana. La región centroamericana sufre una guerra solapada que expulsa miles sino millones, y que los convierte en parias, ante la mirada impávida de algunos políticos de turno y la ausencia o pasividad de organismos multilaterales.

En tanto, otros disfrutan de sus prósperos negocios, fruto de esa tragedia.

12 julio 2019

(Tomado de Rebelión)

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Sábado, 06 Julio 2019 06:51

"Incomprensible y sin rigor científico"

"Incomprensible y sin rigor científico"

El gobierno de Maduro señaló que no consideraron sus argumentos e ignora el efecto del bloqueo económico. Acto de la oposición y marcha al comando militar.

La existencia de dos gobiernos en Venezuela es una ficción que se ha evaporado a nivel internacional. Solo la mantiene la administración de Donald Trump y algunos gobiernos de derecha de América Latina. El presidente Vladimir Putin, de visita en el Vaticano, afirmó al respecto que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente encargado ante Dios, pero “Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos”. Guaidó ya no es lo que nunca fue.

En términos nacionales la ficción nunca cobró la forma necesaria para simular gobierno: en casi seis meses Guaidó no logró autoridad, ni mando, ni territorio. No significa que la ficción se haya detenido: el 5 de julio, día de la firma del acta de Independencia de Venezuela, Guaidó encabezó un acto en la Asamblea Nacional, en simulación de gobierno, y luego una movilización hasta las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El día estuvo marcado en la madrugada por el informe leído en la mañana por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Ginebra. Allí expuso las conclusiones de un reporte que reconoce a un solo gobierno que, a su vez, señala como responsable, entre otras cosas, de una situación de crisis de salud, alimentación, migración, con graves falencias en el acceso a la justicia y garantía de derechos humanos.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico con grandes errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa 82 por ciento de las opiniones vertidas en el informe”, expresó en Ginebra William Castillo, viceministro de asuntos exteriores.

Castillo también destacó la omisión del informe acerca de las causantes del cuadro económico: “Ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral que el bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio para abordarlos debe considerar las causas estructurales”.

La celebración del 208 aniversario de la independencia estuvo marcada por un acto en la Asamblea Nacional Constituyente, con un discurso del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien explicó el tipo de “agresión multiforme” a la cual está sometida Venezuela, y ratificó el mando de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fanb.

El presidente, por su parte, encabezó el desfile militar en Caracas, donde ratificó el llamado al diálogo y a la paz: “con la buena voluntad, la capacidad política de negociación lo lograremos. Todos tenemos que ceder una parte para llegar a acuerdos y yo llamo al diálogo porque creo y amo a Venezuela”.

El nuevo llamado al dialogo del presidente se dio en un escenario donde, públicamente, las diferentes fracciones más visibles de la derecha venezolana han anunciado que no volverán a acudir a ninguna instancia de acercamiento con el gobierno. Guaidó lo ratificó al finalizar la movilización del viernes ante la Dgcim: “se acabó el debate, el informe de Bachelet confirma que esto es una dictadura”. El autoproclamado no dio detalles acerca de cómo sería una salida sin diálogo, y anunció próximas movilizaciones sin dar detalles.

Las vías para el plan sin diálogo fueron demostradas en los últimos meses y semanas, tanto con el intento de acción militar del 30 de abril en la madrugada, como con las tramas de ex militares, comisarios y mercenarios que fue develada por el gobierno. Los videos grabados a través de infiltraciones hechas por los servicios de inteligencia, dejaron ver a través de los mismos actores del plan, cómo pensaban asesinar al presidente, al círculo de gobierno, y realizar asaltos militares a puntos estratégicos militares y políticos. Esto no resulta nuevo en un conflicto donde hace menos de un año sectores de la oposición intentaron asesinar al presidente a través de drones con explosivos en un desfile militar en Caracas.

La ficción de dos presidentes ya casi no existe internacionalmente. El conflicto sin embargo recrudece en sus preparativos para nuevos asaltos. La derecha anunció que el informe de Bachelet -que desconoce toda dimensión violenta de la oposición aun habiéndose reunido con víctimas, como la madre de un joven quemado vivo por ser acusado de chavista- es una validación para romper diálogo y un punto de apoyo para buscar nuevas acciones de fuerza.

En cuanto al bloqueo, mencionado de manera soslayada por el informe, Estados Unidos ha anunciado que continuará incrementando sus ataques, tanto a Venezuela como a sus aliados. La última medida unilateral de fuerza tuvo lugar el jueves con la sanción a la empresa cubana Cubametales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por comerciar petróleo con Venezuela. Esta medida se suma a lista de, entre otras acciones, robos de activos, bloqueos de cuentas, sanciones a empresas, que comenzó años atrás y durante este 2019 se incrementó mes a mes ante el silencio de gobiernos y organismos internacionales.

 El clima político transcurre complejo en Venezuela. Las posibles formas de resolución aún no aparecen sobre la mesa, y los hechos de esta semana han vuelto a alejar lo que se había logrado acercar públicamente entre las partes.

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Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

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La nueva movilización, estimada en 2 millones de participantes, contra el controvertido proyecto de ley para autorizar extradiciones a China continental, obligó a la gobernante, Carrie Lam, a ofrecer "disculpas" y a reconocer "defi ciencias" en su gobierno, los cuales propiciaron conflictos sociales. El sábado pasado ya había anunciado la suspensión de la polémica enmienda. Foto Ap.

Cerca de dos millones de personas marcharon en contra de la brutalidad policial y criticaron a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam.

Casi dos millones de personas inundaron ayer las calles de Hong Kong para exigir que se retire definitivamente el proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. La masiva manifestación, que duplicó la del domingo pasado, forzó a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam, a pedir disculpas por haber provocado, según dijo, conflictos y disputas. Hoy, los habitantes de la ciudad están llamados a una huelga general.

 “Fuera Lam, no a la ley de extradición a China”, gritaban en cantonés los manifestantes que enarbolaban también carteles como “Libre Hong Kong” o “No a la brutalidad policial”, mientras caminaban pacíficamente entre los grandes rascacielos de la isla que alberga al centro de la ciudad. En la marea humana –30 por ciento de los habitantes de Hong Kong– se movían jóvenes, adultos, ancianos, familias con niños pequeños y bebés, discapacitados en sillas de ruedas, profesores, estudiantes y trabajadores de todas las ramas. La gran mayoría de ellos marchaban hacia el Parlamento vestidos de negro, en señal de duelo por la pérdida de libertades que, a su juicio, está viviendo la ciudad en los últimos años y que ha terminado de concretarse con el proyecto de ley de extradición impulsado por Lam. 

“Si se aprobase esa ley, el modelo de ‘un país, dos sistemas’ que China se ha comprometido a respetar al menos hasta el traspaso final de la soberanía en el año 2047 se destruiría”, dijo Monique Mok, una estudiante de literatura de 22 años que vestía una camiseta negra con el lema “Queremos conservar nuestra democracia”. En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong –hasta entonces colonia británica– a China. En ese momento, Beijing se comprometió a respetar un estatuto especial durante 50 años, por lo que, desde entonces, administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Así, mientras que Hong Kong ha mantenido su propia legislatura, sistema económico, independencia judicial y su moneda, Pekín controla los asuntos exteriores y de defensa. Por ello, los hongkoneses gozan de libertades que son poco comunes en la China continental

Al concluir la manifestación a medianoche, diez horas después de su inicio, los organizadores del Frente Civil de Derechos Humanos cifraban la asistencia en casi dos millones de personas. Sin embargo, la cifra de asistentes no pudo ser confirmada en fuentes independientes. La Policía local habló, por su parte, de 338.000 asistentes, pero reconoció que no habían contado a la gente en las calles adyacentes y solo la del recorrido original. En cualquier caso, se trató de la mayor manifestación registrada en el distrito desde 1997.

Muchas personas, especialmente las de más edad, aseguraban haber acudido a la marcha por la indignación que les causaron las imágenes de la represión  policial durante la manifestación del pasado miércoles, una violencia pocas veces vista en la ciudad. “No queremos ver un Tiananmen en Hong Kong”, comentó el profesor universitario jubilado Dan Yiu mientras intentaba a duras penas hacer pasar el carrito de su nieta entre la muchedumbre. “Si China tiene que hacerse con el control total de nuestro territorio dentro de 28 años, queremos que al menos lo haga más despacio, no a esta velocidad”, clamaba Yiu. Lam justificó la represión del miércoles alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas. “Policía de Hong Kong, debes protegernos, no dispararnos”, se leía ayer en una pancarta.

La dimisión de Lam era una de las peticiones más escuchadas entre los manifestantes. “Personalmente creo que ya no puede gobernar Hong Kong, ha perdido a la opinión pública”, afirmó Dave Wong, un manifestante de 38 años que trabaja en finanzas. Ayer, seis horas después del inicio de la manifestación y ante la gigantesca convocatoria, Lam      –quien ya el sábado había anunciado la suspensión del proyecto de ley– emitió un comunicado en el que pidió disculpas, aunque en ningún momento habló de su renuncia. “La jefa del Ejecutivo reconoce que las deficiencias en el trabajo del Gobierno han creado controversias sustanciales y disputas en la sociedad, decepcionando y entristeciendo a mucha gente”, se limitó a señalar la nota.

Aún si la mandataria dimite, sólo la retirada total del controvertido proyecto sería capaz de calmar los ánimos de los manifestantes, que también demandan que se dejen de definir las protestas como disturbios, como ha hecho Lam, y la libertad de los detenidos. La oposición del proyecto de ley reúne a abogados, organizaciones jurídicas, líderes empresariales, cámaras de comercio, periodistas y diplomáticos occidentales. Según los detractores, el proyecto de ley colocaría a la población de la excolonia británica a merced del sistema judicial de China, al que consideran opaco y bajo influencia del Partido Comunista. Dentro de las pruebas que esgrimen los opositores se encuentran los casos de personas desaparecidas en Hong Kong que posteriormente reaparecieron en China y a disposición de la justicia. Los círculos empresariales temen, asimismo, que la reforma perjudique la imagen internacional de Hong Kong y su atractivo como centro financiero.

En medio de la presión de la que está siendo blanco la jefa del Ejecutivo, se anunció ayer la liberación del militante prodemocrático Joshua Wong, líder de la célebre “revolución de los paraguas” de Hong Kong en 2014. El joven de 22 años, que pidió en vano la elección del jefe de gobierno por sufragio universal, será puesto en libertad hoy.  

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La temible cruzada del gobierno estadounidense contra Julian Assange y Chelsea Manning   

 

 

 “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”. Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos.

Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, “podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda”.

El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales.

En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para “explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado”; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como “una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos”.

En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares.

Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando.

Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra.

El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017.

No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo.

En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte.

Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: “El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo”. Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud.

Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda”.

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Democracy Now!

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira Frega. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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Ingenio y tecnología: las tácticas de los jóvenes en las protestas de Hong Kong

Los manifestantes se inspiran en el Movimiento de los Paraguas de 2014, pero son más conscientes de los riesgos que hoy implica una movilización a cara descubierta

 

 

“Dame tu teléfono. ¿Tienes Telegram? Cambia esto en los ajustes de privacidad. Elimina las conversaciones. Quita estos símbolos”, recomienda Rick, uno de los miles de jóvenes que el miércoles pasado rodeó el Parlamento de Hong Kong para protestar contra el proyecto de ley de extradición. Hace cinco años, los estudiantes hongkoneses que rodearon la sede de su parlamento autónomo durante tres meses en el llamado Movimiento de los Paraguas, no tenían ningún problema en divulgar su cara y sus datos personales. Hoy, ellos y sus hermanos menores, protagonistas del nuevo movimiento de protesta contra la creciente influencia de China en el territorio autónomo, son mucho más cautos. Son mucho más conscientes de los beneficios, pero también los riesgos, del uso de la tecnología. Pero tan ingeniosos como entonces, o más, a la hora de movilizarse.

“No nos ha quedado otro remedio”, explica “Yip”, un veterano del Movimiento de los Paraguas que hoy es profesor auxiliar en una de las mejores universidades de Hong Kong, y que el miércoles estuvo entre las primeras líneas de manifestantes. “No podemos votar. El gobierno no nos escucha, aunque salgamos a la calle un millón de personas como el domingo pasado, porque está más pendiente de lo que digan en Pekín. Solo nos queda organizar protestas, y en esto nos hemos convertido en expertos. Los jóvenes de Hong Kong, quizá, no saben mucho de cosas como Historia y Literatura, porque nuestro sistema educativo no lo considera importante. Pero pregunta a cualquier chico de 18, 20, 25 años: todos tienen nociones de guerrilla urbana”.

La experiencia acumulada en los casi tres meses en que el Movimiento de los Paraguas ocupó las calles del centro de Hong Kong les sirvió para aprender de logística: en las concentraciones del miércoles era notable la coordinación entre líneas, la rapidez con la que se establecieron puestos de avituallamiento y la eficacia en el abastecimiento. Simplemente moviendo los brazos, los chicos de delante podían hacer saber a la retaguardia si necesitaban comida, agua o material de protección. Un sistema de relevos encadenados se lo proporcionaba en cuestión de segundos. Los desechos volvían de la misma manera a la base para ir a la basura, o al reciclaje.

A diferencia de la de 2014, esta movilización carecía de líderes. Simplemente, los participantes se fueron poniendo de acuerdo a través de la aplicación de mensajería encriptada Telegram, que permite crear canales y grupos que fueron coordinando y comunicando información en tiempo récord. “Todo se organizó en unas pocas horas”, recuerda “Yip”. “No había unos líderes que se tuvieran que poner de acuerdo entre ellos sobre lo que queríamos. Eso estaba claro: la retirada del proyecto de ley de extradición. Además, las redes de mensajería nos permitieron compartir información y consejos de manera mucho más eficaz que hace cinco años”.

“Lo llamamos la estrategia de las arañas, tendiendo redes en Internet para envolver al tigre”, en este caso el gobierno autónomo de Hong Kong o incluso la propia China, apunta este manifestante. Como muchos de ellos, no quiere facilitar más que un apodo y se niega a difundir su imagen, para evitar represalias.

En cuestión de apenas unas horas, desde la medianoche a primeras horas de la mañana del miércoles, decenas de miles de jóvenes -muchos muy jóvenes, aún en edad escolar- habían rodeado el Parlamento, pertrechados con cascos contra las porras, plásticos contra la humedad, y gafas de buceo contra los gases lacrimógenos.

Pero, además, esta vez, la gran mayoría llevaba mascarillas y evitaba dar su nombre, para evitar ser reconocidos. Para llegar y marcharse de la zona de las manifestaciones, en lugar de la tarjeta de metro -la omnipresente Octopus, con la que se puede pagar en muchos otros comercios, pero que revela en qué estación se utilizó-, compraban billetes individuales. Después de la disolución por la fuerza por parte de la Policía, comenzaba un apagón digital: unos a otros se recomendaban cómo eliminar cualquier rastro en el teléfono o en internet, qué decir para justificar visitas a Urgencias, o cómo obtener asesoría legal en caso de ser detenidos.

Es algo, alegan “Yip” y otros varios manifestantes, que aprendieron del Movimiento de los Paraguas. Entonces, aunque los juicios no llegaron hasta años después, los líderes de aquella protesta quedaron todos fichados y muchos cumplen hoy penas de cárcel. Un destino que no quieren imitar. Especialmente, puntualizan, si se acaba aprobando la ley de extradición contra la que protestan. En ese caso, China podrá pedir la entrega de cualquier crítico, con la excusa de una acusación cualquiera. Y si Hong Kong la concede -afirman-, quién sabe qué pasaría del otro lado de la frontera, bajo un sistema legal supeditado al poder del Partido Comunista.

Entre sus motivos para la sospecha, alegan, el hecho de que la propia aplicación de mensajería encriptada Telegram, la preferida en estas protestas, denunciara que el miércoles sufrió un “potente ataque” desde ordenadores en China para interrumpir su servicio. Dos de los 81 heridos en las cargas policiales del miércoles fueron detenidos en el hospital.

Para este domingo está convocada una nueva gran manifestación de protesta para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición, que por primera vez permitirá entregar sospechosos a China. Pese a las negativas del gobierno local, muchos hongkoneses temen que se emplee por motivos políticos y que acabe diluyendo la libertad de asociación o de expresión que representan una de las marcas de identidad de Hong Kong frente al resto de la China continental. Los participantes en la movilización del miércoles aseguran que asistirán.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 14 JUN 2019 - 14:51 COT

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Viernes, 14 Junio 2019 06:17

Assange periodista

Assange periodista

El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.

La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.

Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.

El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.

La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.

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Viernes, 14 Junio 2019 05:57

Assange y los medios de Estados Unidos

Assange y los medios de Estados Unidos

El ministerio británico del Interior dio ayer su visto bueno a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ahora la última palabra la tiene un tribunal que debe sesionar hoy. No hay mucho margen para esperar que esa instancia escuche los exhortos para que se libere al australiano que han formulado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones sociales en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Como se ha visto desde febrero de 2011, el sistema judicial del Reino Unido está totalmente alineado en los planes del gobierno estadunidense, como lo han estado durante este tiempo las autoridades de Estocolmo.

 

Una vez interrumpida la solitaria solidaridad ecuatoriana por la traición de Lenín Moreno a toda la gestión de su antecesor, en la que se inscribía la protección diplomática al fundador de Wikileaks, sólo una movilización de la sociedad británica podría impedir que Londres lo entregara al gobierno de Washington. Pero previsiblemente esa movilización no ocurrirá y todo hace pensar que Assange será enviado a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia le ha fincado 17 delitos, varios de ellos, graves, como espionaje, que podrían llevar a una condena de cadena perpetua.

 

Si no hubo en Gran Bretaña una condena social contundente a las violaciones a los derechos de Assange, menos cabría esperar que la hubiera en el país vecino del norte, donde las paranoias de la seguridad nacional tienen una raigambre más acendrada y donde, por ende, ha resultado fácil confundir a grandes sectores de la opinión pública con la falsa noción de que Wikileaks y su fundador son una suerte de "agentes extranjeros" perniciosos para la seguridad de la nación.

 

El panorama mediático estadunidense, al menos en lo que se refiere a los medios del llamado mainstream, no serían, en principio, más favorables para la defensa del australiano. La difusión de los materiales que documentan crímenes de guerra en Irak y Afganistán, a mediados de 2010, dejaron en muchos directores y editores estadunidenses una sensación de despecho por lo que era el mayor golpe periodístico de la década. Unos meses después, la entrega de los "cables del Departamento de Estado" a The New York Times –y a otros cuatro medios de otros países– obligó al rotativo neoyorquino a tragarse su orgullo y a colaborar con Wikileaks.

 

Pero esas publicaciones operaron con una sospechosa parsimonia, que especularon con los documentos y que vieron antes que nada por la preservación de sus intereses corporativos. De esa forma, Wikileaks y su fundador decidieron redistribuir los cables en forma segmentada por naciones entre muchos medios independientes del mundo, de los que La Jornada fue el primero.

 

Ese episodio provocó una inocultable irritación en las redacciones de los cinco medios. De pronto, sus páginas se llenaron de ataques a Assange, algunos de ellos tan pueriles y poco serios como que el fundador de Wikileaks evitaba el baño diario. La animadversión de The New York Times fue rápidamente compartida por muchas otras empresas noticiosas. Ello se explica no sólo por el patrioterismo implícito en la acusación de que Wikileaks afectaba la seguridad nacional estadunidense, sino también por un orgullo profesional maltrecho: les resultaba intolerable que una pequeña organización de jóvenes, advenedizos en el periodismo, estuvieran sacudiendo el planeta con una eficacia y un rigor jamás visto hasta entonces. Y construyeron la noción despectiva de que Julian Assange y sus compañeros no eran informadores sino informantes, un despropósito que a la larga podría ser reciclado como argumento por los fiscales en contra del australiano.

 

Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente por la guerra declarada por Trump en contra de la generalidad de los medios de comunicación de su país. En ese contexto, un juicio ganado por Washington en contra de Assange sentaría un peligrosísimo precedente para el desempeño de la tarea informativa en Estados Unidos y en el mundo. Porque no hay diferencia alguna, a final de cuentas, entre los actos por los que el Departamento de Estado quiere procesar al australiano y lo que hacen día con día innumerables periodistas en todo el orbe: obtener documentos confidenciales, verificarlos –tarea en la que Wikileaks no ha tenido un solo yerro– y difundir su contenido.

 

Así pues, si los grandes medios noticiosos de Estados Unidos quieren sobrevivir a la embestida trumpiana, tendrán que tomar partido entre el presidente insolente y ominoso y el colega despreciado y en desgracia, cuya figura representa, les guste o no, el mayor símbolo del derecho a la verdad en la circunstancia presente. Más les valdría tragarse el orgullo por segunda ocasión, informar verazmente a la opinión pública de lo que está en juego y asumir un papel protagónico en defensa de Assange y, por ende, de los derechos a la libre expresión y a la información.Nada menos.

 

http://navegaciones.blogspot.com

 

Twitter: @Navegaciones

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