Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Domingo, 27 Octubre 2019 05:49

Nueva jornada de protestas en Barcelona

Manifestantes catalanes independentistas marchan el sábado en Barcelona.Foto Ap

Madrid. El movimiento independentista catalán se volvió a movilizar contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que dicto penas hasta de 13 años de cárcel a nueve de los principales dirigentes políticos que impulsaron la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Unas 350 mil personas, según la Guardia Urbana, se volcaron a las calles en Barcelona con pancartas que decían: "Libertad".

Al finalizar la concentración hubo enfrentamientos, cuando jóvenes separatistas intentabaron llegar a la jefatura superior de policía de la Vía Laietana.

Los manifestantes mantuvieron su exigenia de libertad inmediata para sus dirigentes, y que puedan regresar al país los otros líderes que huyeron para evadir al tribunal español, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, quien capitaneó el proceso fallido de secesión.

Se demandó respeto al derecho a la autodeterminación y se cantaron las habituales consignas contra el Estado español, la policía y los medios de comunicación.

El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se puso al frente de la protesta para advertir una vez más que "la autodeterminación no tiene retorno".

Torra, además, se reunió con representantes de 800 municipios catalanes, todos separatistas, para insistir en que su camino hacia la secesión es imparable e inminente.

"Nuestro compromiso con la autodeterminación ya no tiene retorno. El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable. Pero no es suficiente: ahora más que nunca no podemos desfallecer, pues estamos en un momento clave. Sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos."

Miles se movilizan con Vox

En Madrid, el partido de extrema derecha Vox organizó un encuentro multitudinario en la Plaza de Colón, donde acudieron miles de personas al llamado de defender la "unidad de España" y pasar a la ofensiva contra el secesionismo catalán, con reiterados mensajes a favor de encarcelar a todos los dirigentes políticos nacionalistas y hasta de proscribir a los partidos que defiendan la independencia.

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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Arranca un juicio clave para el futuro de Lula

La máxima corte de Brasil deberá resolver si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de mañana cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

El juicio, que podría prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de hasta 190,000 de las 800,00 personas que forman la población carcelaria de Brasil, incluyendo una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.

La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para mañana a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.

El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: "Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas". El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán "una soltura en masa".

La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.

Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.

Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.

Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene 'dormido' un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022. 

Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.

La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados 'bolsonaristas-lavajatistas". El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.

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Reclusos del EPCAMS de San Isidro. Popayán, demandan alimentación adecuada

Señor teniente coronel Darío Antonio Balen Trujillo

Director Del Establecimiento Penitenciario “EPCAMS” de San Isidro. Popayán

Acudimos a usted con el derecho de petición basado en el artículo 23 de la C.N de la C.C.A. Nosotros los privados de la libertad de este penal nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle con mucho respeto, mediante el derecho de petición, nuestra inconformidad en cuanto a la vulneración y violación del suministro de nuestros alimentos.

Nosotros los reclusos: Luis Aníbal García Gómez, Leonardo Fabio Vásquez Ceballos, Carlos Mario Kerkelen, Yeiner Andrés Zapata Rueda, Luis Eduardo Higuita López, Cristian Camilo Higuita Giraldo, Luis Gerardo Flor, Hernán Darío Ardila Mora, Alejandro Ríos, actualmente recluidos en el pabellón 6 de este penal.

Le queremos informar que el día viernes 27 de septiembre del presente año nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la que nos rehusamos en recibir la alimentación que suministra el consorcio alimenticio encargado del penal, dicha protesta se hizo con el fin de exigir un buen trato en el ámbito alimenticio ya que en ocasiones no cumplen con la línea exigida en base a la alimentación.

Señor Kemer Ramírez Cárdenas

La presente es con el fin y el buen deseo que tenemos, que nos brinden una mejor atención en los alimentos y en una proporción adecuada.

Ya que la misma está estipulada en el cumplimiento de la ley tal como lo interpone la Corte Suprema en uno de los aspectos que contribuyen a la protección y garantía de los derechos de la vida, la salud y la integridad de los reclusos. Hacemos énfasis en el suministro de una alimentación sana, adecuada y suficiente, pues se observa el deterioro de víveres, cantidad, calidad y valor nutricional. El desperfecto y pasado de tiempo de los alimentos ha provocado la aparición de enfermedades en los internos debilitando en cada uno el sistema inmunológico y daños intestinales en el organismo e incluso en casos de ausencia total. Se podría considerar esto como una modalidad de tortura o maltrato en contra de lo previsto en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Además el estado tiene el deber constitucional de proporcionar a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente en mejores condiciones de higiene garantizando así la protección de los derechos y la integridad de los reclusos. Usted bajo su cargo condicional podrá también autorizar el suministro de una alimentación especial de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno.

Tenga en cuenta que por la mala alimentación ya tenemos en el pabellón penitenciario 17 personas enfermas entre el 26 al 28 de septiembre del presente año, sin contar con que también hayan enfermado en los demás pabellones, esto debido al suministro de un pollo descompuesto y en malas condiciones que suministro la señora Alicia Bejarano, encargada del Copast o Uspec.

Por este medio explicito queremos sugerir que no se viole más la integridad y la dignidad como seres humanos ,que se respeten los derechos fundamentales y constitucionales teniendo en cuenta que de una sana y buena alimentación balanceada depende mucho la salud de todo ser humano. No siendo más en el escrito ,agradecemos su mayor interés y disposición en el asunto ,porque aunque reconocemos que estamos pagando penas justificables merecemos un trato digno en el ámbito social .Esperamos de su parte una pronta y favorable respuesta..

Muchas gracias.

Atte. Reclusos del pabellón

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

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Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

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Sábado, 28 Septiembre 2019 05:05

Los fiscales piden excarcelar a Lula

Los fiscales piden excarcelar a Lula

La defensa hablará con el ex presidente el lunes para conocer su posición con respecto a la solicitud de la fiscalía. 

Los fiscales de la Operación Lava Jato en el estado de Paraná pidieron hoy a la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución penal de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, que el ex presidente brasileño pase a un régimen semiabierto. Según la petición, Lula ya habría cumplido una sexta parte de la sentencia que había recibido del Tribunal Supremo (STJ) y, en consecuencia, puede dejar el régimen cerrado, informó el portal uol.com.br. 

El pedido de los fiscales se hizo un día después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyera que el exjuez Sergio Moro, quien había condenado a Lula,  violó el derecho de defensa en decenas de condenas, al permitir que los arrepentidos ampliaran sus denuncias después de los alegatos finales de los imputados, lo cual llevaría a una revisión de todo lo actuado en el caso Lava Jato. El ex presidente ha estado encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde abril del año pasado. Tras la solicitud de los fiscales, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT)  dijeron que éste "tomará su decisión sobre el asunto." 

Según una nota firmada por el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, la defensa hablará con el ex presidente el próximo lunes 30 para conocer su posición con respecto a la solicitud de la Fiscalía Federal. 

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años y once meses de cárcel en un caso muy similar, con una finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo), que supuestamente fue entregada como coima, pero la sentencia fue dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda. El exgobernante tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.

El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una "persecución judicial" que busca evitar su regreso al poder. El lunes pasado Lula desistió  del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad.

"El expresidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena", señaló en un comunicado el abogado  Martins.

De acuerdo con el abogado defensor, Lula pretende "el reconocimiento de que fue víctima de procesos corrompidos por nulidades, como la sospecha de (parcialidad) del exjuez Sergio Moro", actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien condenó a Lula.

La semana pasada, un juez de Brasil rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

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Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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