Miércoles, 31 Marzo 2021 04:54

La comida, un derecho humano esencial

Próxima Cumbre sobre Alimentación debatida en el Consejo de DDHH de la ONU

Vía Campesina exige respeto pleno al derecho a la alimentación

 A escaso medio año de la fecha prevista para la realización de la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios, el rol esencial de los campesinos y la agroecología fueron tematizados durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos que culminó el 24 de marzo en Ginebra, Suiza.

 

Vía Campesina y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), ONG progresista observadora ante la ONU, presentaron la posición de trabajadores rurales, pequeños productores y centenas de ONG y actores solidarios. Es esencial que los Estados protejan las zonas rurales, así como la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis (https://www.cetim.ch/wp-content/uploads/Dec_o_derecho-alimentacion-1.pdf), enfatizaron.

Advirtieron que los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a “desmantelar los espacios multilaterales”, para privilegiar al sector privado de la alimentación en lugar del interés general de los pueblos.  En relación a la Cumbre alimentaria de las Naciones Unidas prevista para el último trimestre del 2021 denunciaron que “los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos”.

Los Estados y la ONU, insiste Vía Campesina, deben garantizar que las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén en el centro mismo de atención de ese evento internacional. (https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/LVC-Position_ES_UN-Food-Summit_2020_LowRes2.pdf ). Y recuerda que la Declaración sobre los Derechos Campesinos, aprobada en la Asamblea General de la ONU de diciembre del 2018, debe ser la “hoja de ruta común” a favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado. (https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/73/165 ).

Destapar oídos sordos

Vía Campesina y el CETIM, siguen de cerca los preparativos de la Cumbre considerándola “un evento tan crucial como controvertido”, afirmó Melik Özden, director del Centre Europa-Tercer Mundo en entrevista con este corresponsalla última semana de marzo.

“Constatamos la injerencia y la influencia indebida ejercida por las empresas transnacionales del agronegocio, con el fin de utilizarla la Cumbre en su propio beneficio”. Lo que no es una sorpresa, según Özden. Esas multinacionales están presentes en las instancias de negociación de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), así como en otros espacios multilaterales, que se ven cada vez más afectados por esta presión transnacional. A través de estos métodos, los monopolios pretenden asegurar su control sobre los organismos internacionales donde se toman las decisiones importantes, enfatiza.

Vía Campesina y CETIM decidieron intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para llamar la atención de los participantes (Estados, instituciones multilaterales, ONG) sobre el riesgo de interferencia e injerencia que sufre la preparación de la Cumbre.   Y advertir sobre la repercusión negativa que dichas presiones pueden tener sobre la alimentación y el campesinado familiar. Melik Özden reivindicó como trascendente el reciente informe de Michael Fakhri, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación durante la sesión del Consejo de DDHH ( https://undocs.org/es/A/HRC/46/33)

El Relator de la ONU habla claro

Fakhri, profesor de Derecho de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, presentó en esta 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la situación actual del Derecho a la Alimentación. El mismo analiza el impacto de la pandemia en la actual crisis inminente del hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza mundial; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Tema esencial del informe, también, la preparación de la Cumbre de la Alimentación de la ONU. “Dicho con pocas palabras: inicialmente los derechos humanos fueron excluidos de los preparativos de la misma; aunque ya han sido incluidos, aún permanecen en los márgenes”, subraya Michael Fakhri. Quien recuerda que más de 500 movimientos sociales de agricultores, sindicatos de trabajadores de la alimentación y activistas de derechos humanos plantearon su preocupación a la ONU que los intereses empresariales acaparen la política alimentaria mundial. “Los primeros materiales de preparación de la Cumbre reflejaban los términos y el marco del proyecto del Foro Económico Mundial (ndr: de Davos) para transformar el sistema alimentario”. De hecho, en el primer año de los preparativos de la Cumbre no se mencionaron los derechos humanos, lo cual no era coherente con la misma convocatoria a la misma, afirma.


Fakhri también señala en su documento que “debido a la marginación constante de los derechos humanos durante la preparación de la Cumbre”, el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas -que representa a 300 millones de afiliados- decidió impugnarla. Y agrega: “la Cumbre parece estar todavía muy sesgada a favor de un tipo de enfoque de los sistemas alimentarios, a saber, las soluciones basadas en el mercado”. En contraposición, el enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos, prioriza los seres humanos a los beneficios económicos.

Y su crítica directa revela argumentos conceptuales esenciales: aunque el título de la Cumbre parece indicar que deberían coexistir los múltiples sistemas alimentarios, “en la actualidad los preparativos están dando prioridad a un tipo de conocimiento, a saber, la ciencia experimental, y a un tipo de política, a saber, la agricultura intensiva sostenible, también conocida como la nueva revolución verde”.

Agroecología, apuesta esencial

Y reivindica –escuchando a los movimientos sociales como Vía Campesina- la agroecología, que “supone un enfoque diferente y actualmente está ausente de los preparativos de la Cumbre”. El Relator sostiene: “la agroecología es una disciplina científica que incluye conocimientos experimentales centrados en la ecología de los entornos agrícolas. Su objetivo principal es imitar en la medida de lo posible los procesos ecológicos y las interacciones biológicas para concebir métodos de producción basados en reunir cultivos, animales, árboles, suelos y otros factores en sistemas espaciales/temporales diversificados” que permitan a las explotaciones agrícolas generar una fertilidad del suelo, una protección de los cultivos y una productividad propias”.

Con la claridad extrema del rigor científico y ético, el Relator Especial evalúa que “la Cumbre no solo no da ninguna cabida a la agroecología, sino que también deja de lado los conocimientos experienciales o tradicionales, lo que tiene el efecto grave de excluir a los pueblos indígenas y sus conocimientos”. Y recuerda que el mismo Secretario General de la ONU recientemente subrayó que “los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la población mundial pero, sin embargo, son los guardianes del 80 % de la biodiversidad mundial en tierra”.

El Informe de Michael Fakhri, relevante en cuanto a sus fundamentos científicos y sensibilidad social, concluye con una serie de constataciones y recomendaciones. En cuanto a la Cumbre se ha propuesto transformar los sistemas alimentarios del mundo…  Sin embargo, nada puede transformarse adecuadamente con toda una población enferma, cansada, pobre y hambrienta; la mayoría de los Estados ya no son capaces de gobernar adecuadamente durante la crisis. Los Estados deben velar por que la máxima prioridad de la agenda internacional permita confrontar la crisis de hambre inminente y las consecuencias de la pandemia de COVID-19”.

Enfatiza, además, que la Cumbre debe estar intrínsecamente definida por los derechos humanos y el multilateralismo, lo que significa, en la práctica, frenar el intento de las transnacionales de apropiarse de ese evento para sus intereses. Y subraya la necesidad que los resultados se expresen en procesos multilaterales, por ejemplo, vía el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y que en la misma “predominen las discusiones en torno a la agroecología”.

Concluye la sesión de Ginebra de marzo, se baja el telón, y el debate alimentario transita otro nivel. La voz de los movimientos sociales, coincidente con el Relator especial de la misma ONU para el tema de la alimentación, entró en el espacio simbólico de la catedral de los derechos humanos. Los graves problemas políticos que encierra la convocatoria de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios están sobre la mesa. Muchos Estados hacen oído sordo y miran para otro lado. Sin embargo, la sociedad civil internacional pone la cara, critica, denuncia y exige rectificaciones. Nada es banal. Lo que está en juego es la alimentación en un mundo que vio duplicarse la cantidad de hambrientos en el último año a causa de la pandemia. Hambre en aumento, comida chatarra transnacional o alimentación agroecológica, éste es el debate.

Por Sergio Ferrari | 31/03/2021

Publicado enSociedad
El lobby del agronegocio y la captura de la cumbre alimentaria de la ONU

La Vía Campesina y el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM) expresaron su preocupación sobre la captura por los lobbies del agronegocio de los preparativos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre próximo en Nueva York, y que ocupa un lugar central en la agenda de la ONU para 2021, pero también en la de los movimientos y organizaciones rurales y campesinas

Resulta difícil tratar un tema de esta índole sin indignarnos, sin emocionarnos. Desde hace tiempo se ha empleado la alegoría espacial centro-periferia para no recurrir al inoportuno díptico “países desarrollados – países subdesarrollados, Norte – Sur, o simplemente Tercer Mundo, esta abundancia de connotaciones geográficas muy ambiguas esconde un hábil confusionismo, que se limita a perpetuar en realidad a un mundo mal-desarrollado.

De este modo la ambigüedad cada vez mayor que caracteriza la noción de este mal-desarrollo no se debe al azar, ni a defectos semánticos, sino que es el resultado de un fenómeno histórico, de un proceso de producción capitalista y difusión de ideas que se prolongan en los tiempos de injusticias. La arrogancia, el avasallamiento del eurocentrismo con su paternalismo patético nos demuestran que aun, ¡no han comprendido nada!

Recientemente Perla Álvarez Brítez, representante de La Vía Campesina, se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la ocasión de la presentación del informe del nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

En su trabajo, el Fakhri ofrece una visión general de los temas y prioridades que pretende abordar durante su mandato, destacando la cuestión de la gobernanza mundial de los sistemas alimentarios, refiriéndose en particular, y con preocupación, a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios “Es clave que los poderos públicos protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes, promoviendo también la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis”, dijo Brítez. Añadió que enla situación internacional actual, los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a desmantelar los espacios multilaterales, a favor de la denominada gobernanza multipartes (“multistakeholderism”).

De hecho, esta última tiene como objetivo favorecer la entrada e influencia del sector privado en los espacios de decisión que deberían relevar de lo público y de la búsqueda del interés general de los pueblos; un hecho particularmente grave en periodo de crisis sanitaria global como la actual.
Se ha denunciando cómo los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos de esta Cumbre. El objetivo de esta estrategia es claro: asegurarse que los debates se focalicen únicamente en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios, ignorando soluciones propuestas por sistemas campesinos, como la agroecología.

Frente a esta situación, es evidente que “los Estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger este espacio de la ONU de la captura corporativa y garantizar que los titulares de derechos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén al centro de la Cumbre”, afirmó Perla Álvarez.

La representante de Vía Campsina resaltó la importancia de continuar promoviendo la implementación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos, como “hoja de ruta común” y baluarte en favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado.

Como dijo Fakhri, el Relator Especial, al final del debate en la ONU, “La Declaración es uno de los caminos más relevantes para que los países cumplan con el derecho a la alimentación y transformen sus sistemas alimentarios al mismo tiempo».

«La Declaración proporciona una perspectiva sistémica y creo que, si los países la implementan legalmente, si incorporan esta Declaración de la ONU en su legislación nacional, capacitaría a los gobiernos transformar sus sistemas alimentarios y cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió


El hambre durante la pandemia

En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció su visión de las preocupaciones temáticas y las cuestiones prioritarias para todo su mandato.

Fahri asumió su cargo el 1 de mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, y presentó a la Asamblea General su informe, en el que trataba del derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales en julio de 2020.

En ese momento, la situación ya era alarmante. La gente estaba perdiendo el empleo a un ritmo sin precedentes. En abril de 2020, en el momento en que más escuelas estaban cerradas, 369 millones de niños no comían las tres veces al día: hoy más de 246 millones de niños siguen en esa situación. Aunque los gobiernos intentaban hacer frente al problema, millones de personas seguían privadas de recursos esenciales. El virus era desconocido, pero como era de esperar, resultaba más dañino para las personas marginadas y vulnerables.

En ese informe combinó las perspectivas de los derechos humanos y de la política comercial para ofrecer un mapa institucional y principios nuevos que puedan guiar a los Estados, las entidades de la ONU y a la sociedad civil y ayudarles a orientar el régimen comercial mundial hacia la realización del derecho a la alimentación.

Expuso sus conclusiones en el Acto Especial de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del 13 al 15 de octubre de 2020 y presentó sus recomendaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un simposio de alto nivel celebrado el 2 de diciembre de 2020.

El Relator Especial decidió centrarse en cuatro esferas temáticas: la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y la crisis de hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza global; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Además, debido al carácter agudo de la pandemia, ha incluido algunas recomendaciones sobre el modo de hacer efectivo el derecho de las personas a la alimentación a pesar de la Covid-19 y la crisis de hambre inminente.

Las voces en el desierto de la indiferencia

Las terribles condiciones de la pandemia condujeron a que el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hicieran llamamientos en los que se afirmaba que las personas y sus derechos eran fundamentales para que todas las respuestas de salud pública resultaran eficaces. Si bien todos los derechos humanos son esenciales y están interconectados, el derecho a la alimentación contribuye especialmente a todas las soluciones a corto y largo plazo.

El mundo ya se estaba quedando atrás en el logro de la plena efectividad del derecho a la alimentación incluso antes de la pandemia actual. A juzgar por las estadísticas, el número de personas hambrientas y subalimentadas en el mundo ha ido en aumento desde 2015.

Al tiempo que la crisis climática sigue causando estragos, está disminuyendo la biodiversidad en la alimentación y la agricultura a medida que la dieta mundial se homogeneiza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos, entre otras cosas por una marcada tendencia a consumir cada vez más alimentos muy elaborados.

Además, la Covid-19 es solo el virus más reciente -y, lamentablemente no el último- que ha afectado a la humanidad como resultado de la continua disrupción de los ecosistemas y hábitats animales que hemos provocado, lo cual ha aumentado el riesgo de transmisión zoonótica de enfermedades. Paralelamente, el mundo no se ha recuperado de la volatilidad de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2010.

El virus sigue asolando a la humanidad; a pesar de las primeras vacunas, y pasará algún tiempo antes de que la situación sanitaria mundial se estabilice y al menos un decenio -según los expertos- antes de que el mundo se recupere económicamente.

Entretanto, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales aún no se han unido para hacer frente a la crisis de hambre inminente. Peor aún, a pesar de las advertencias, no hay ninguna actuación coordinada internacionalmente para responder a la crisis de hambre causada por la pandemia. Solo los lobistas se movilizan por sus mercados y la rentabilidad.

Algunos datos: según informe de la FAO:

-Durante 2020 la FAO, señalo que hay 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.
-Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales.

-Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles.

-La carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. Se han realizado algunos progresos en relación con el retraso del crecimiento infantil, la insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclusiva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En relación con el sobrepeso infantil no se han logrado mejoras.

Nota
1. Fakhri es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte clases sobre derechos humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También dirige el Proyecto Resiliencia Alimentaria del Centro del Derecho Medioambiental y los Recursos Naturales. Fakhri es titular de un Doctorado de la Universidad de Toronto, una Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, una Licenciatura en Derecho de la Queen’s University y una Licenciatura en Ciencias Ecológicas de la Western University.

Por Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado ante ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

25/03/2021

Publicado enEconomía
Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

El primero ministro Modi, exponente del nacionalismo hindú y abanderado del neoliberalismo, afianza su poder en una India cada vez más desigual.

 

La “oleada colectiva de protestas” que se están produciendo en India a día de hoy es la mayor lucha por la democracia que tiene lugar en el mundo. Los planes autoritarios de Modi, apoyándose en la retórica nacionalista más desbocada, suponen un peligro para la democracia y un enorme sufrimiento para un pueblo que vive desesperado entre una pobreza y desigualdad económica galopante. La epidemia del coronavirus ha amplificado el sufrimiento que ya vivían cientos de millones de personas, no solo por el alto coste humano de la pandemia, sino por el desplome económico que ha originado una gestión pésima por parte del gobierno. Por si fuera poco, las perspectivas no son nada halagüeñas y las condiciones de vida para muchas familias van a continuar agravándose, dada la intención de seguir con la senda neoliberal del gobierno más autoritario y antidemocrático desde tiempos de Indira Gandhi.

La gota que ha colmado el vaso es el último plan para liberalizar el sector agrario. Es cierto que tiene fallos estructurales, pero eso no quita que la reforma sea vista tanto interna como externamente como un cheque en blanco más al sector privado. La pésima gestión de la crisis sanitaria solo ha beneficiado a un selecto grupo de millonarios y milmillonarios que han visto incrementado su poder durante la pandemia. El último informe de Oxfam lanza una sentencia categórica y a la vez muy inquietante: “la desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”.

Como bien dice el célebre economista Amartya Sen, India “no era un lugar muy feliz antes de la llegada del gobierno de Modi. Había grandes desigualdades. Estas desigualdades se han magnificado y se han convertido en una parte estándar de la vida”. Sen, aparte de ser muy crítico con las políticas económicas del gobierno, lo es también con sus políticas racistas y de odio. Esto “puede tomar una forma religiosa, como ser anti-musulmán, puede ser de clase, o puede adoptar una forma de casta y de género” .

Desde la independencia de India en el 1947, el nacionalismo hindú apenas había gobernado el país y “estaba representado por el BJP [antes BJS], que ha sido, desde 1980, el frente político del RSS, la organización madre” del movimiento nacionalista. La historia sobre cómo el odio y el nacionalismo han proliferado entre la democracia más grande del mundo se hace imposible de entender si no nos remontamos hasta el año 1925 cuando el RSS fue formado. Durante varias décadas, fracasaron en sus intentos de propagar su discurso de odio hasta que en la década de los 80 empezaron a tener cada vez más impacto en la sociedad, encontrando, después, al líder adecuado para aumentar su popularidad, L.K. Advani. De esta forma el nacionalismo hindú iría ocupando cada vez más un espacio mayor. Pocos años más tarde, en el 92, las presiones de gente como Advani convencieron a “voluntarios nacionalistas hindúes” para derribar la mezquita histórica Babri Masjid. Esto fue, sin ningún tipo de dudas, un punto de inflexión y “marcó el apogeo de la polarización política en torno al nacionalismo hindú y la violencia entre las comunidades hindúes y musulmanas”.

Anand Patwardhan, célebre y premiado documentalista y autor de Reason, nos recuerda que M.S Golwakar, “gurú de la RSS” y su “jefe durante 33 años”, decía “abiertamente en su libro que debíamos aprender de los nazis, especialmente lo que les hacen a las minorías” . Este discurso de odio no pasó desapercibido después de la independencia. De hecho, cuando el 30 de enero de 1948 Nathuram Godse asesina a Mahatma Gandhi, días después, el gobierno central prohibiría temporalmente el RSS  “para erradicar las fuerzas del odio y la violencia que actúan en nuestro país y poner en peligro la libertad de la Nación y oscurecer su hermoso nombre” .

La comunidad musulmana en la india representa el aproximadamente el 14 % de la población, en un país de más de 1.300 millones de habitantes esto supone casi 200 millones de personas. Los discursos de odio llegan hasta tal punto que es el propio Modi el que tiene que pronunciarse para rebajar la tensión a la vez que juega (él, su partido y las organizaciones nacionalistas) a criminalizar a la población con políticas y discursos marcadamente racistas. El mayor ejemplo está precisamente en la figura de Mahatma Gandhi —quien murió a manos de un antiguo miembro de la RSS, aunque hayan intentado desvincularlo—, pues el auge del fascismo ha llevado a la proliferación de discursos que justifican o se muestran equidistantes con su asesinato. Esto condujo a Modi a escribir un artículo en The New York Timesen el 2019 reivindicando su figura , en un buen ejercicio de cinismo.

La independencia del imperio británico trajo la instauración de una república “secular” en una connotación diferente a la que le damos en Occidente. La Constitución recoge muy bien los ideales del momento en el que se pretendía respetar y promover la buena convivencia en un país plural en todos los ámbitos. Asimismo, era un objetivo obligado después de la partición traumática y de la formación de Pakistán. La partición en 1947 entre Pakistán y la India creó “una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad” produciendo el desarraigo de 35 millones de personas y la muerte de entre 1 y 2 millones. Según William Dalrymple, la comparación con los campos de exterminio no es tan descabellada como parece. “La partición es fundamental para la identidad moderna en el subcontinente indio, como el Holocausto es para la identidad entre los judíos” .

En los primeros años de la nueva república, la influencia del RSS y del nacionalismo hindú sobre la política nacional no fue determinante y su auge espectacular empieza a partir de los años 80 tal como hemos dicho. No obstante, el asalto a la democracia de Modi no es la primera vez que la democracia más grande del mundo vive una amenaza existencial. La vivida en tiempos de Indira Gandhi fue especialmente severa y acabó con la declaración del Estado de Emergencia (conocido como la “Emergencia”) durante los años 75 y 77, en la que Gandhi “asumi[ó] poderes extraordinarios, encarcel[ó] a líderes de la oposición y silenci[ó] a la prensa”.

Los planes de Gandhi fracasaron después de convocar unas elecciones en el año 77 que perdería frente a una oposición que se unió para derrotarla. De todas formas, volvería en el año 80 al poder y gobernaría el país hasta el año 84 cuando fue asesinada. Los paralelismos que se pueden trazar con la actualidad son bastante inquietantes, a pesar de que la naturaleza e ideología de los gobiernos no tienen nada que ver. En esta misma línea, el estudioso del nacionalismo hindú, Christophe Jaffrelot, apuntó a que “mucha gente apoyó el Estado de Emergencia y vio en ella [I.Gandhi] un desarrollo positivo”, entre otros el sector empresarial. Indira Gandhi, al igual que Modi, contaba con una gran popularidad debido, en buena medida, al uso de los medios de comunicación para sus fines.

En la actualidad, no son pocos lo que señalan a las grandes empresas y a los medios de comunicación como grandes responsables del deterioro democrático que vive el país. Expresado con gran rotundidad por la escritora y activista Arundhati Roy:

“No viviríamos en un estado de fascismo si no fuera por los medios de comunicación indios [...]. Todo se está desmoronando, pero estamos unidos por una tubería de odio que es canalizado por los principales medios de comunicación. No finjamos más que estamos en una democracia y que hay debate y libertad. No hay libertad. Y pondré una gran responsabilidad en los medios financiados por las corporaciones, en las corporaciones que financian estos medios tóxicos [...] La historia se acabó a menos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias, se den cuenta de que nos enfrentamos al fascismo”.

Uno de los aspectos que más inquieta de Modi es como está utilizando cualquier acción contra los musulmanes para aumentar su popularidad. Modi tiene el mérito de haber empeorado el penoso historial de violaciones de los derechos humanos en la región de Cachemira y de haber elevado aún más la tensión con Pakistán, algo que debería preocuparnos desde nuestras sociedades occidentales porque los dos países tienen armas nucleares. En agosto de 2019, Modi dio un paso más en sus agravios hacia la población musulmana revocando el artículo 370 de la constitución que garantizaba un status especial para el Estado de Cachemira. El artículo otorgaba “al estado cierta autonomía y reconocía sus diferencias históricas y culturales con el resto de la India”.

Una medida así debía venir de la mano de restricciones a la libertad de circulación, prohibición de las reuniones públicas, cierres de las telecomunicaciones, de detención y desaparición forzadas de miles de personas. El desastre a día de hoy continúa y ha sido agravado por la crisis del coronavirus y por el apagón mediático del que se ha quejado amargamente A. Roy en The Guardian: “es comprensible que un mundo traumatizado por el coronavirus no haya prestado atención a lo que el gobierno indio le ha hecho al pueblo de Cachemira. El toque de queda y el corte de las comunicaciones, y todo lo que conlleva tal asedio (sin acceso a médicos, hospitales, trabajo, sin negocios, sin escuela, sin contacto con seres queridos) duró meses. Ni siquiera Estados Unidos hizo esto durante su guerra contra Irak” .

Entender lo que está haciendo Modi significa también recordar lo que hizo mientras era gobernador en Gujarat. No nos olvidemos del papel que jugó el actual mandatario en la masacre del año 2002. Los hechos quedan perfectamente resumidos por Aditya Chakrabortty:

“El 27 de febrero de 2002, un vagón de tren que transportaba a peregrinos hindúes se incendió en la estación de Godhra en Gujarat. Murieron 58 personas. En cuestión de horas y sin más evidencia, Modi declaró que los servicios secretos paquistaníes eran los culpables; luego hizo desfilar los cuerpos carbonizados en la ciudad principal de Ahmedabad; y dejó que su propio partido apoyase una huelga estatal durante tres días. Lo que siguió fue un derramamiento de sangre masivo: 1.000 muertos según estimaciones oficiales, más de 2.000 según recuentos independientes. La vasta mayoría de ellos eran musulmanes”.

La escandalosa responsabilidad de Modi en la matanza llevó a los Estados Unidos a prohibir el visado a Modi durante varios años hasta que la prohibición se levantó con Obama poco antes de que llegara a la presidencia. Los grandes intereses de Estados Unidos en India explican el acercamiento a Modi. Tanto es así que el mandatario indio se tomó el lujo de declarar que: “es cierto que Obama y yo tenemos una amistad especial, una sintonía especial”. Un hecho bochornoso que explica la existencia de este artículo del New York Times defendiendo o encubriendo a Obama al hablar de la improbabilidad de que se hubiera formado una amistad entre ambos mandatarios. 

Los gobiernos españoles también han apoyado a Modi, a pesar de su deriva autoritaria en consonancia con la normalización de los movimientos de extremaderecha o neofascistas en Occidente. En el año 2017, Mariano Rajoy, aprovechando la visita de Modi a España, expresó su deseo de que “sirviera para impulsar la relación entre nuestro dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta”. De igual forma, el expresidente español elogió “el programa de reformas económicas”, una manera eufemística de referirse a las medidas neoliberales que las élites económicas y políticas indias defienden. Si atienden el registro, verán la misma complicidad en el gobierno de Pedro Sánchez que parece seguir la misma estrategia de Macron de intensificar lazos con cualquier extremista al que pueda venderle armas. El mayor ejemplo lo ha vuelto a dar este gobierno. En el primer semestre de 2020 autorizó 68 millones de euros en armamento a India y 2,5 millones de euros a Pakistán.

Otro ejemplo más del conflicto que se genera entre seguridad nacional y la industria armamentística, pese a que no lo quieran reconocer nuestros líderes políticos. Recordemos que tanto India como Pakistán están armados hasta las trancas y que, si bien Pakistán no tiene ni mucho menos “una democracia fantástica”, el peligro de que estalle un conflicto entre estas dos potencias nucleares sigue siendo muy real. Para colmo, los 68 millones de euros autorizados en los pasados seis meses no tienen en cuenta que Modi cuenta con uno de los peores historiales de violaciones de los derechos humanos de la democracia india.

Volviendo a las declaraciones de Rajoy sobre las reformas económicas, la ruta neoliberal ha encontrado un rechazo manifiesto en estos últimos meses a raíz de la reforma del sector agrario que quiere realizar Modi a espaldas de los agricultores. La pretensión del gobierno de presentarlas como una conspiración es un síntoma inequívoco de fascismo. Otro síntoma, presenciado por el famoso periodista indio y uno de los mayores expertos en este tema, Palagummi Sainath, es que el régimen ha aprovechado el coronavirus para sacar adelante esta reforma. El gobierno ha aprovechado el “shock” de la pandemia para aprobar una medida que es altamente impopular. Al fin y al cabo, no es nada nuevo. En Occidente hemos podido comprobar como estos shocks han favorecido la implementación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas.

Los problemas que viven los agricultores no son nada nuevos. Ni para la población india, ni para Occidente. Cada año, miles de agricultores se suicidan debido a la pobreza y explotación extrema que es cada vez más aguda por los efectos de la crisis climática. Observadores internacionales ya habían alertado hace mucho tiempo sobre los grandes problemas que enfrentaba el sector agrario como es el caso de la escritora y periodista, Mira Kamdar. Muchos de estos problemas siguen a día de hoy y deben ser resueltos, con especial urgencia, los efectos secundarios que trajo la Revolución Verde: explotación económica de los pobres y daños ecológicos brutales por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas.

La insistencia en implementar la reforma agraria sin el consenso suficiente de los agricultores, utilizando a unos medios de comunicación cómplices e indulgentes con Modi es una pésima noticia y un mal augurio. Más que nunca, la democracia depende de la eficacia de la resistencia social y de la organización de un pueblo que está cada vez más movilizado frente a un autócrata racista que quiere convertirse en tirano.

Por Isa Ferrero

@isaferrero2

5 feb 2021 06:21

Publicado enInternacional
Mueren decenas de agricultores en las protestas de India

LEYES AGRÍCOLAS EN INDIA

Según cifras oficiales al menos 25 manifestantes han muerto en las tres semanas de protestas, mientras que el primer ministro, Narendra Modi, ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones para romper

 

Al menos 25 personas murieron, varias de ellas debido al frío punzante, durante las tres semanas de protesta de los agricultores y agricultoras en las fronteras de la capital india, dijo la policía, mientras el primer ministro Narendra Modi ofrece "muy humildemente" mantener más conversaciones con el granjeros protestando.

El líder campesino Darshan Pal le dijo a Al Jazeera que “el número de muertos podría llegar a 35”. Dijo que murieron en la lucha contra las “leyes negras [agrícolas]” que erosionarán sus ingresos y ayudarán a las grandes corporaciones.

Al menos cinco agricultores murieron en accidentes cuando se dirigían a unirse a las protestas, dijo Ashutosh Mishra, portavoz del Comité de Coordinación de All India Kisan Sangharsh.

Los agricultores, muchos de ellos en sus sesenta años o más, han estado desafiando el duro invierno del norte de la India para acampar al aire libre con sus tractores y remolques estacionados parachoques contra parachoques.

Las olas de frío que azotan el norte de la India con temperaturas que caen en picado a tres o cuatro grados por la noche han empeorado la situación, dijo Mishra.

Modi ’Humildemente dispuesto a hablar’

Decenas de miles de agricultores, en su mayoría de Punjab y Haryana, han estado estacionados en varias carreteras en las fronteras de Nueva Delhi desde fines de noviembre para exigir la revocación de las nuevas leyes destinadas a flexibilizar las normas que rigen sobre precios, almacenamiento y comercialización de cultivos.

Los agricultores advierten que las empresas privadas se beneficiarán y dictarán las condiciones para actividad agropecuaria. Y temen que el gobierno deje de comprarles granos como el trigo y el arroz a un precio mínimo garantizado.

Modi defendió el viernes las leyes e invitó a los agricultores que protestaban a más conversaciones, a pesar de que varias negociaciones no lograron romper el enfrentamiento.

Después de una serie de reuniones previas con los ministros de Modi, los manifestantes han dicho solo la anulación oficial de las tres leyes podrá cambiar su posición.

El viernes, en declaraciones a los agricultores del mayor estado productor de trigo del país, Madhya Pradesh, Modi dijo que "no debería haber motivo de preocupación" y repitió la posición del gobierno de que los agricultores tendrían asegurado un precio.

"Las modernas instalaciones disponibles para los agricultores de las principales naciones también deberían estar disponibles para los de la India, no se puede retrasar más", dijo.

"Aún así, si alguien tiene alguna aprensión, y en interés de los agricultores del país y para abordar sus preocupaciones, estamos muy humildemente dispuestos a hablar sobre todos los temas".

Rakesh Tikait, un líder campesino, dijo después del discurso de Modi que el primer ministro estaba tratando de privatizar la agricultura para beneficiar a las empresas y no a ellas.

Un gran conflicto obrero

El Gobierno de Modi ha venido desarrollando un fuerte perfil nacionalista, xenófobo y racista hacia musulmanes, paquistaníes y, también aprovechando la confrontación con China, para intentar soldar una unidad nacional reaccionaria para avanzar el un ataque sobre los trabajadores. Modi aprovechó la pandemia para avanzar en los planes de liberalización del campo y con leyes laborales de corte neoliberal. El coronavirus a su vez ha golpeado fuertemente en India ubicándolo como segundo a nivel mundial en cantidad de casos y fallecidos.

Las explosivas manifestaciones muestran la dificultad que enfrenta el gobierno indio para aprobar reformas económicas en un sector donde hay enormes intereses capitalistas. También es un ejemplo de una tendencia emergente en la que el gobierno del primer ministro Narendra Modi se ha metido en problemas después de aprobar leyes importantes unilateralmente

La protesta de agricultores y agricultoras contra las nuevas leyes agrícolas se ha convertido en un conflicto obrero de gran magnitud contra el gobierno de Narendra Modi, dándole continuidad a la huelga más grande del mundo que paralizó la producción de 250 millones de trabajadores.

el estancamiento.

La Izquierda Diario // Agencias

Con información de Al Jazeera.

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Martes, 08 Diciembre 2020 05:46

Como si no existieran

Como si no existieran

Nicaragua ha sufrido en menos de dos semanas el paso desolador de dos huracanes marcados con las letras griegas Eta y Iota, entrando ambos por el mismo lugar del litoral del Caribe norte donde el segundo de ellos arrasó con lo que el primero había dejado en pie. En Managua, bajo las intensas lluvias, nombres como Bilwi, Lamlaya, Wawa Boom, escenarios de la destrucción, repetidos en las redes sociales, siguen sonando sin embargo lejanos.

En Lamlaya, comunidad costera, el paisaje es de destrucción, y el fango espeso atrapa los pies en cada pisada, escriben los periodistas de La Prensa que han logrado llegar hasta allá. El muelle sigue bajo el agua, las casas perdieron los techos. Nadie ayuda a los habitantes, que han recibido a gente de otras comunidades que quedaron peor. Es como si no existiéramos, dice una mujer que ha perdido todo.

Cuesta a muchos de quienes viven del lado de la costa del Pacífico aceptar que sigue habiendo dos Nicaraguas, y que la costa, como se la llama a secas, es un territorio ignorado, ajeno; tanto que se llama también la costa atlántica a esos territorios que comprenden casi la mitad del país, a pesar de que el océano Atlántico se halla muy lejos.

Es una barrera levantada desde hace siglos y que separa a ese Caribe, africano, misquito, zambo, mayangna, creole, garífuna, rama, y también mestizo, el Caribe del wallagallo, el reggae y el maypole, bajo el dominio de la corona inglesa hasta finales del siglo XIX.

El obispo de Bluefields, monseñor Pablo Smith, dice que estos dos huracanes sumados han sido más catastróficos de lo que fue el terremoto que destruyó Managua en 1972. Decenas de comunidades que se hayan aisladas entre ríos crecidos y caminos vecinales destruidos, sin techo, sin alimento, con el agua a la rodilla.

La costa sólo aparece en las noticias cuando caen sobre ella los huracanes, o, tal vez, cuando las bandas de forajidos armados llegan desde el Pacífico a desalojar a sangre y fuego a los misquitos y mayangnas en la reserva de Bosawás para convertir la selva en tierras ganaderas, no importa que Bosawás haya sido declarada reserva mundial de la biosfera. Tienen apoyos poderosos, y con el tiempo reciben títulos de propiedad.

Y cuando la abogada misquita Lottie Cunningham, nacida en Bilwaskarma, defensora de los derechos humanos de esas comunidades, ganó este año el Premio Right Livelihood, llamado el Nobel Alternativo, fue una noticia efímera de este lado.

Los huracanes lo único que hacen es remover la capa de olvido ancestral que cubre a la costa del Caribe, pero esa capa pertinaz vuelve a asentarse al paso de los días y a ocultar otra vez el paisaje desolado y a sus gentes que quedan chapoteando lodo, buscando recuperar las viejas láminas de zinc que el viento arrancó de sus techos, para volver a empezar.

Para colmo, el régimen prohibió la recolección de ayuda destinada a los damnificados, ropa, medicinas, alimentos, y la policía cercó los lugares donde se pretendía recogerla, una de las aberraciones para las que es imposible encontrar explicaciones en un país donde el monopolio absoluto del poder prohíbe la solidaridad, y se apropia de ella.

Pero ya desde antes eran damnificados. Son damnificados permanentes. En un reciente artículo en el diario La Prensa el economista Carlos Muñiz se preguntaba cómo es posible que haya nicaragüenses, como los de esas comunidades caribeñas, que vivan en casas que más bien parecen casetas de excusado. Casas que ya estaban allí, fruto del cataclismo de la pobreza, y que seguramente se llevó también la furia del primero o del segundo huracán.

Y los damnificados permanentes están por todas partes en el país. Porque hay otra frontera, detrás de la cual está la Nicaragua rural que queda expuesta cada vez por las erupciones volcánicas, los terremotos, las sequías, las inundaciones y los deslaves causados por los huracanes.

El Iota alcanzó con su furia todo el te­rritorio nacional, y causó más de 30 muertos, entre ellos una familia campesina de la comunidad de La Piñuela, departamento de Carazo, en el Pacífico. Los padres Óscar Umaña y Fátima Rodríguez murieron ahogados junto con sus dos hijos, David de 11 años, y Daniela de ocho, cuando las aguas del río Gigante crecieron hasta alcanzar su humilde vivienda mientras dormían.

Hay una foto que habla mejor de lo que nadie podría hacerlo acerca de esta tragedia: los ataúdes esperan al lado de la sepultura en que van a ser enterrados, pero sólo son tres. Supongo que habrá habido alguna colecta para comprar las cajas entre la misma gente pobre de la comunidad, pero no ha alcanzado para la cuarta. David, el niño de 11 años, ha sido puesto en un envoltorio de plástico, y así irá a la fosa. Pero eso hubiera sido lo mismo aun sin huracán.

David y los suyos están entre los damnificados permanentes.

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El no tan saludable cultivo de los superalimentos

 

Considerados como pilares de las actuales dietas saludables de Occidente, superalimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco atesoran historias tan turbias como denunciables en sus países de origen. Conocemos las diferentes miradas desde Tailandia a México, con escala en los salares de Bolivia.

 

A menudo lo vemos en Instagram. Bowls colmados de yogur, cacahuetes y frutas tropicales bajo hashtags como #foodporn que viralizan una determinada tendencia o alimento. De Nueva York a Hong Kong; de Helsinki a Tel Aviv. En la era de lo masivo, la demanda de un producto puede dispararse en cuestión de horas, especialmente cuando prima el espíritu de vida sana que encuentra respuesta en ciertos alimentos antaño desconocidos en un mundo desglobalizado. Y hoy, los más cotizados son los llamados superalimentos.

Producto de marketing o no, el Santo Grial de la comida sana se compone de ciertos alimentos como el aguacate, la quinoa o la leche de coco convertidos ya en referentes del estilo de vida occidental dadas sus muchas propiedades. Sin embargo, esta voraz demanda también suscita daños colaterales (y directos) en diferentes rincones del mundo.

Lugares donde cultivos antaño reservados a las pequeñas familias hoy se expanden hasta el horizonte al mando de grandes multinacionales y todas las consecuencias que ello supone.

Cuando los cocoteros son demasiado altos

Todas las mañanas, Kulap despierta en la trastienda de una vieja fábrica del sudeste asiático. Antes del amanecer, ya viaja en el remolque de una furgoneta para ser conducido a un campo de palmeras donde desempeñar una misión que nunca eligió: recolectar los cocos de las copas de los árboles que no alcanzan los humanos. Kulap es un mono, uno de los muchos utilizados como esclavos agrícolas en la provincia de Chumphon, al sur de Tailandia.

El uso de monos amaestrados para la recolección de cocos supone una antigua tradición cuyos vestigios aún laten en las zonas rurales del país asiático. Así al menos lo demuestra un documental grabado con cámara oculta y difundido por PETA, la organización de derechos de los animales más poderosa del planeta. La grabación, alentada por un previo encuentro entre activistas de la organización y diferentes granjas de cocos en julio de 2019, muestra la realidad de muchos de estos animales: algunos lucen encadenados en jaulas a merced de las lluvias tropicales, mientras otros son golpeados por terratenientes impasibles que les susurran órdenes al oído.

“Según nuestros informes, muchos monos son secuestrados ilegalmente de sus familias y hogares cuando tan solo son bebés”, cuenta a El Salto Elisa Allen, Directora de PETA. “Monos como Kulap son equipados con rígidos collares de metal y permanecen atados durante largos períodos bajo la lluvia, en granjas o enormes vertederos. Además, son obligados a realizar duras tareas desde altas alturas y, si se rebelan, pueden llegar incluso a extraerles los dientes caninos”, continúa. Una realidad que doblega al medio sin tener en cuenta los efectos: “Cuando a los monos se les niega la libertad de movimiento o relacionarse con otros semejantes van perdiendo la cabeza poco a poco hasta enloquecer. De hecho, un mono en su hábitat natural puede llegar a vivir hasta 25 años. Bajo estas condiciones, apenas supera los 15 años de vida.”

La presencia del documental de PETA no solo ha suscitado la ira del gobierno de Tailandia, el cual ha tildado de “fraude” el material, sino que más de 15.000 tiendas en Reino Unido ya han retirado de sus estantes diferentes marcas de leche de coco. Concebido como uno de los principales superalimentos al ser rico en fibra y minerales, la leche de coco supone más de 400 millones de dólares para la industria de Tailandia, el principal exportador de esta bebida utilizada en típicos zumos y platos de foodies e influencers. A miles de personas abiertas al consumo de productos llegados, de forma masiva, desde cualquier lugar del mundo.

El impacto del documental de PETA ha llevado también a numerosos establecimientos a rechazar ciertas marcas y apostar por otras como Theppadungporn, productora de marcas como Chaokoh o Mae Ploy que sí emplean equipos humanos para recolectar cocos de las copas de los árboles.

“Tanto en otras zonas de Tailandia como en regiones de países como Brasil o Colombia, los cocos se cosechan utilizando métodos humanos como elevadores hidráulicos, sistemas de cuerdas y escaleras. Incluso hay personas que escalan los árboles o plantan cocoteros de menor tamaño”, continúa Elisa. “Los estudios demuestran que estos métodos son superiores al uso de monos, ya que estos no pueden distinguir entre los cocos maduros e inmaduros, ya que los maduros suelen romperse en cuanto caen al suelo”.

Quinoa: el superalimento vulnerable

Si aterrizas en Medellín y preguntas a un taxista dónde probar el mejor café de Colombia, posiblemente te conteste “en Nueva York”. Algo que también sucede con otros productos como el açai de Brasil, los plátanos de Honduras o, especialmente, la quinoa real que se cultiva entre los altiplanos y salares de Bolivia.

Antaño tildado como “plato de indios”, la conocida como “quinua” por la población quechua es hoy un famoso grano integral oriundo del territorio inca cuya importancia es evidente: cuenta con el doble de proteína que el arroz y aporta calcio, magnesio, potasio, sodio, fósforo y vitaminas B y C.

Un diminuto superalimento que desde principios del siglo XXI se ha convertido en un obligado en los platos de medio Occidente, especialmente tras su introducción por parte de los mejores chefs y su posterior auge en las dietas fit.

El cambio climático supone el principal problema para el cultivo de la quinoa, un superalimento típico del altiplano boliviano donde las lluvias ya no son tan previsibles, las altas temperaturas ahogan cosechas enteras y las plagas agujerean esta planta milenaria.

Cultivada en el departamento de Potosí, no lejos del turístico Salar de Uyuni, la quinoa se nutre de un suelo acariciado por llamas y flamencos cuyas condiciones son idóneas para su cultivo: temperaturas entre – 4º y 38 º y un margen de humedad entre el 40% y 70%. Características propias de un microcosmos a 4.000 mil metros de altura rico en suelos salinos y volcánicos rebosantes de nutrientes. Un margen vulnerable dilatado estos últimos años por el nuevo enemigo de los cultivos: el cambio climático.

Aunque décadas atrás los agricultores eran capaces de anteponerse a los caprichos del clima, hoy el altiplano potosí sucumbe a inclemencias impredecibles, en las que un mismo mes las heladas pueden enlazar con lluvias y el aumento de polillas o mariposas devorar plantaciones enteras en apenas unos días.

“Actualmente el altiplano boliviano vive afectado por fuertes corrientes de viento y cambios extremos de temperatura que congelan la planta de la quinoa obstruyendo el ciclo”, cuenta Maxi Noel López, productor de quinoa en Potosí. “También tenemos problemas con el agua, ya que algunas zonas no cuentan con la cantidad de lluvia suficiente y esto implica que los suelos con bajas humedades pierdan porcentaje de producción de la quinoa. También el aumento de las temperaturas combinadas con lluvia producen granizo y las plagas agujerean las plantaciones. Todos estos problemas siempre han existido, pero ahora se han incrementado con el cambio climático.”

Aguacate: la naturaleza es secundaria

El pasado 13 de enero, el activista mexicano Homero Gómez González desapareció sin dejar rastro. Dos semanas después, su cadáver fue hallado en un pozo agrícola en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán, México. Homero era un fiel protector de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, el mayor reducto de este insecto de todo el mundo ubicado en esta zona. El activista llegó a denunciar en múltiples ocasiones el daño que el cultivo masivo estaba provocando en este ecosistema, algo que quizás no gustó a las muchas personas interesadas en las 125.000 toneladas de aguacates exportadas a Estados Unidos para la Superbowl de 2020.

El ya conocido como “oro verde” es uno de los superalimentos más codiciados del mundo. Estrella de las principales recetas veganas e ingrediente esencial del guacamole que hace años se coló en la liga del fast food, el aguacate es un alimento tan versátil como adorado gracias a sus ingestas cantidades de “grasa buena”, además de propiedades como fibra o potasio.

México abastece un 75% de las exportaciones de aguacate de Estados Unidos, concretamente desde el mismo estado de las mariposas monarca: Michoacán, donde el auge de las exportaciones en los años 90 introdujo los conocidos como “testículos de los dioses” por los antiguos aztecas en la carrera occidental de la exportación. Hoy, zonas como Uruapan, el principal epicentro del aguacate de Michoacán, adolece de un sobrecultivo que ha absorbido parte de sus lagos y bosques.

 “El impacto del cultivo masivo en Michoacán es negativo y brutal sobre los ecosistemas. Por poner un ejemplo, en los últimos años se han pasado de 3 millones de hectáreas de bosques a 1.182.000; se ha perdido un 68% de nuestros bosques y la principal causa es el monocultivo del aguacate”, cuenta a El Salto Pavel Guzmán, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, una de las víctimas que ve su tierra mutar sin que nadie haga nada: “La situación es compleja porque ninguna autoridad federal, estatal o municipal quiere enfrentarse a este problema. Dejan al pueblo y las comunidades locales abandonadas. Además, se suspenden las asambleas generales, impidiendo a los agricultores el cambio de uso de suelo o el cultivo por cuenta propia”.

Además de la erosión medioambiental, durante los últimos años otro frente se suma al interés por los cultivos de Michoacán: los cárteles como principal nexo entre el reparto de esta tierra fértil y los intereses de las grandes empacadoras. En verano de 2019, 9 cuerpos mutilados aparecieron colgados en un puente de la ciudad de Uruapan bajo el cartel “¡Gente bonita, siga con su rutina!”. El asesinato fue atribuido por el propio Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual domina ciertas zonas de Michoacán. Un primer atisbo de que las matanzas ya no son resultado exclusivo de las guerras por la droga, sino por un dominio del control de la tierra donde crecen los nuevos “diamantes” verdes del planeta tan codiciados por las naciones avanzadas.

"El gran beneficiario de la siembra masiva de aguacate son las grandes multinacionales que acaparan el fruto y que imponen los mercados, precios y las políticas agroindustriales en Michoacán”, asegura Pavel. “El oro verde, el dinero. Eso es lo único que parece importar.”

Por Alberto Piernas

@AlbertoPiernas

16 ago 2020 06:30

El derecho a las semillas como condición para la soberanía alimentaria

En los años setenta Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de Estados Unidos decía: “Controla los alimentos y controlarás a la gente, controla el petróleo y controlarás a las naciones”. Y empezando el Siglo XXI esta definición del dominio de los alimentos como arma política volvía a aparecer con fuerza en palabras del ex presidente de los Estados Unidos, George Bush (hijo): “¿Pueden imaginar un país incapaz de producir suficiente comida para alimentar a su población? Sería una nación sujeta a las presiones internacionales. Sería una nación en riesgo”.

Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y, por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Por eso son una importante fuente de poder y de disputas. Así lo entienden las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que hace tiempo vienen resistiendo  los embates de un modelo que las despoja; frente a empresas biotecnológicas, que identificaron el enorme valor que tienen las semillas y sus paquetes tecnológicos asociados en el control de la agricultura mundial.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de empresas transnacionales. Tan sólo tres compañías controlan el 60% del mercado mundial de semillas: Bayer-Monsanto, Corteva (fusión de Dow y Dupont) y ChemChina-Syngenta.

Históricamente, han sido mejoradas  y compartidas por las y los agricultores en todo el mundo, lo que condujo a una gran diversidad biológica productiva como resultado del trabajo humano. Esta forma de mejoramiento y conservación “in situ” (en los ambientes ecológicos y culturales donde han logrado desarrollar sus propiedades específicas) ha sido la responsable de la creación de miles de variedades adaptadas localmente a diversos ecosistemas y culturas. Esto es una parte esencial de la agricultura, un acto creativo individual, pero sobre todo, colectivo. Sin embargo, en los últimos 70 años, la diversidad ha sido drásticamente reducida como consecuencia del avance de la agricultura industrial y la concentración del mercado semillero.

De bien común a propiedad privada

A diferencia de otros productos, las semillas son organismos vivos que pueden reproducirse y es por esto que ha sido difícil la acumulación de capital basada en la apropiación privada, por lo que fueron (y en parte aún no son) consideradas “bienes comunes” de la humanidad.

Sin embargo, el capital buscó siempre estrategias diversas para sortear esa dificultad y cuando la agricultura empezó a “modernizarse” y luego cuando llegó la posibilidad de controlar los genes de las semillas con el fin de impedir que otros los usen, se transformaron en mercancías negociables, sitios de contienda política, temas de discursos antagónicos sobre los derechos, y motores de la exclusión social y el despojo.

A partir de mediados del siglo XX, acontecieron dos hitos en las transformaciones técnicas de las semillas que dieron pasos importantes en ese sentido. Por un lado, las aparición de las semillas híbridas (masificadas en el marco de la Revolución Verde) que rompieron la identidad semillas-grano y por lo tanto, significaron la separación del agricultor de su capacidad de replantar y el comienzo de la dependencia de las empresas que proveen los insumos. Por otro lado, la expansión de las biotecnologías aplicadas al agro dio lugar a las semillas transgénicas generando grandes cambios en las estrategias de privatización del conocimiento, habilitando nuevos mecanismos de acumulación de capital.

De manera articulada, se produjeron mecanismos jurídicos que acompañaron los cambios en las formas de apropiación de las mismas: leyes de semillas, que exigen el obligatorio registro y certificación; contratos que realizan las empresas de manera asimétrica con los productores; y sobre todo, legislaciones de propiedad intelectual. De esta manera, esos bienes comunes que circularon libremente durante miles de años, ahora pueden ser privatizados y controlados por una persona o empresa que se adjudica la obtención de una nueva variedad.

Hasta los años sesenta, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Este principio comenzó a resquebrajarse con la aparición de los derechos de obtentor (DOV), una forma particular de propiedad intelectual para las semillas, y su institucionalización en 1961 con el nacimiento de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales (UPOV). La versión 78, aún vigente en muchos países como Argentina, contempla implícitamente el derecho de los agricultores. Significa que éstos, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Es lo que se conoce como el uso propio de las semillas.

En los años noventa la apropiación de las semillas subió varios escalones: la UPOV fue modificada en 1991, recortando los derechos de los agricultores sobre sus semillas; se creó en 1995 la Organización Mundial de Comercio (OMC) con sus “nuevos temas comerciales” que dio lugar al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); y se extendió la firma de tratados de libre comercio, en los que la propiedad intelectual adquieren gran protagonismo e impone condiciones que afectan de manera directa a las semillas.

En Argentina, las semillas transgénicas ocupan más del 67% de la superficie sembrada. Fueron introducidas en 1996, junto al paquete biotecnológico que las acompaña. Esto produjo transformaciones en el sistema agrícola nacional, con importantes aumentos de la producción, intensificación de la agricultura y especialización de las exportaciones de origen agropecuario.

La contracara fueron las tremendas consecuencias ambientales y sociales, que afectan de manera directa en la agrobiodiversidad (y por lo tanto a la disponibilidad de semillas), como la concentración de la tierra y productiva; la deforestación y los desmontes; la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos; y los desalojos a las comunidades indígenas y campesinas.

En simultáneo, las semillas viene siendo un eje de debate y movilización popular en torno a la discusión por la modificación de la Ley de Semillas y la posibilidad de adherir a UPOV 91, que no pudo aún concretarse debido a la resistencia que surgió desde múltiples sectores de la sociedad y las posturas diversas y contradictorias ocurridas al interior del Estado.

Y al mismo tiempo, desde hace muchos años las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena; movimientos ambientales; investigadores e investigadoras; y desde diversos organismos el Estado, comenzaron a replicarse experiencias de producción agroecológicas, al tiempo que se están desarrollando campañas, construyendo prácticas cotidianas, y erigiendo instituciones dirigidas a preservar las semillas nativas y criollas; el germoplasma; y los conocimientos ancestrales.

Hoy, el debate en torno a la soberanía alimentaria que se instaló con fuerza en la escena pública en los últimos días, abre una oportunidad única para multiplicar estas experiencias, en el camino de avanzar hacia una transición hacia otro modelo agrario y alimentario. El debate es en realidad un conflicto asimétrico entre modelos -el que profundiza el monocultivo transgénico y se basa en la apropiación privada de la naturaleza, por un lado; y aquel basado en la diversidad, la agroecología y la reivindicación de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, por el otro– y cómo se desarrolle y se dirima tendrá profundas implicaciones para el futuro de nuestro país y de la humanidad.

21 julio 2020

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Guerra por la tierra, el territorio y el agua

Para nadie es un secreto que la violencia contra los pueblos está estrechamente ligada a la pretensión del capital por apropiarse de las tierras y el agua de los pueblos originarios y negros, campesinos y mestizos de América. Las grandes corporaciones, asistidas por el narcotráfico y los paramilitares y apoyadas por los estados, son las perpetradoras de este monumental despojo.

Pero la magnitud de las tierras en disputa no suele ser valorada en su enorme dimensión. Podemos estimar que la mitad de la superficie latinoamericana está en disputa. Esa mitad está fuera del control de las oligarquías de la tierra y las multinacionales, por eso se empeñan en expulsar pueblos para reorganizarlas en su beneficio.

Brasil es uno de los casos emblemáticos. Las tierras de los pueblos originarios suman 110 millones de hectáreas, a las que se deben agregar 100 millones de las unidades territoriales de conservación, la mitad bajo control de poblaciones tradicionales, como seringueiros (recolectores de látex), pescadores, ribereños, mujeres quebradoras de coco y comunidades de pastoreo, entre otros grupos.

Además existen 88 millones de hectáreas de asentamientos de reforma agraria, 40 millones propiedad de quilombos/palenques reconocidos por el Estado y 71 millones de hectáreas de pequeños establecimientos campesinos (con menos de 100 hectáreas). Como destaca el informe de 2018 del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 40 por ciento del territorio brasileño "es usado por grupos que escapan al control de las oligarquías latifundistas" (https://bit.ly/38xVaC7).

Se trata de áreas de uso común que están siendo atacadas por multinacionales de la soya, la palma y la minería, por grandes obras de infraestructura que son los modos como el capital acumula robando y despojando a los pueblos. La disputa involucra por tanto 400 millones de hectáreas, sólo en Brasil.

En el informe de 2019 del IPDRS, recién publicado, se destaca que hay 223 focos permanentes de disputas por el agua en Brasil, con un crecimiento abrupto desde 2010 (https://bit.ly/2Y6VRQ2). En el mismo trabajo, se informa que en diciembre de 2019 en Chile hubo 129 comunas (de 345 en el país) con decretos de escasez hídrica y de ellas 119 en estado de emergencia.

Un informe de la Fundación Amulén establece que "las comunas carentes de agua potable son también las que presentan mayor inequidad social en Chile", en "uno de los países con más agua por persona en el mundo" (https://bit.ly/2ULQ1RZ). Además del cambio climático, la escasez la agudizó la privatización del líquido con la desaparición de las empresas municipales bajo el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), siendo la única nación en el mundo donde el Estado no controla ese servicio.

En Colombia los resguardos indígenas ocupan 28 por ciento del territorio nacional y los colectivos de las comunidades negras ocupan 5 por ciento, a los que debe sumarse los territorios campesinos (https://bit.ly/2Swsggb). En suma, las tierras fuera del control del capital superan 40 por ciento del total.

Esos son los territorios que están siendo invadidos y atacados con ferocidad por grupos armados ilegales, con la complicidad del Estado. Más de 15 por ciento de la superficie agropecuaria (unas 6.6 millones de hectáreas) fueron despojadas con violencia en las pasadas dos décadas. La restitución de tierras incluida en el "proceso de paz", fue un fracaso: sólo 15 mil fueron devueltas a los campesinos, 0.2 por ciento de lo robado.

La voracidad del capital está arrasando incluso con las zonas que el propio Estado ha designado para ser protegidas. En Colombia, por lo menos en 31 de los 59 parques nacionales naturales viven conflictos por el uso, ocupación y tenencia de la tierra. Eso sucede en pleno proceso de paz, que se supone debe frenar el despojo.

A la guerra por la tierra debe sumarse la del agua, que está siendo apropiada por las grandes empresas del mundo. Los 12 mil acueductos comunitarios de Colombia proveen 40 por ciento del agua en zonas rurales y 20 por ciento en urbanas, y son el objetivo de despojo del Banco Mundial. En México, el acuífero más importante quedó en manos privadas, Enerall, de Alfonso Romo, definido como un "cacique del agua" en Yucatán (https://bit.ly/2N3HtBQ).

Alrededor de la mitad de la superficie latinoamericana está siendo atacada por el capital y sus aliados narco y paramilitares. Bajo la pandemia en curso, la guerra se está intensificando, como bien lo demuestra la aceleración de las obras del Tren Maya.

En contra de la mirada de arriba que nos considera dominados, Aura Cumes, maya kaqchikel de Guatemala, aborda el despojo desde la resistencia: "No somos sujetos desposeídos ni vulnerables, ni débiles ni marginales ni excluidos, sino somos sujetos políticos que creamos vida en todas sus posibilidades en medio de la depredación permanente de este sujeto colonizador" (https://bit.ly/2vF0u88).

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Colombia anuncia la llegada de tropas de EU para ayudar en el combate al narcotráfico

Bogotá. El ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó ayer que un grupo del Comando Sur de Estados Unidos llegará al país en junio para asesorar al ejército en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue rechazado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla de las FARC), que aseguró se trata de una estrategia de agresión contra Venezuela.

En ningún momento habrá tránsito de tropas extranjeras ni participarán en operaciones militares; éstas las desarrollan exclusivamente las fuerzas colombianas. Se trata de un grupo élite de carácter netamente técnico y de asesoría para mejorar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico, explicó.

Trujillo destacó que Colombia y Estados Unidos suscribieron hace varias décadas un acuerdo de cooperación militar y recordó que la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una responsabilidad compartida, por eso para Colombia es fundamental la cooperación con las naciones aliadas.

La embajada de Estados Unidos indicó antier en un comunicado la llegada al país de una brigada estadunidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que viene para ayudar a Colombia en su lucha antidrogas. Se trata de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos formada para asesorar y ayudar en operaciones de naciones aliadas.

A su vez, el comandante de las fuerzas militares, Luis Navarro, indicó que los asesores castrenses estarán en el país durante cuatro meses en cuatro zonas y al llegar cumplirán todos los protocolos de prevención, contención y aislamiento establecidos por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus que ha contagiado a 24 mil 104 colombianos y ha dejado 803 muertos.

Se recibe la alarmante noticia de la puesta en marcha de un plan de desestabilización de la paz del continente... Nadie pone en duda que esta situación se desarrolle como parte de la estrategia de agresión militar del gobierno de Donald Trump contra Venezuela, advirtió el Consejo Político Nacional de la FARC en un comunicado.

Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Polo Democrático, agregó: esto forma parte de toda una estrategia de intervención militar en la región, en particular en Venezuela, por la cual está siendo funcional el gobierno colombiano.

Según las fuerzas militares, desde enero pasado los decomisos de cocaína aumentaron 7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, para totalizar 169 toneladas de cocaína. Además, se han erradicado más de 22 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

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La erradicación forzosa de plantaciones de coca en Colombia, una chispa en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra los cultivos ilícitos en la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo y se enfrentan a la Policía. Ya hay dos muertos

Mientras las grandes ciudades en Colombia están volcadas a la crisis del coronavirus, en el campo colombiano se libra otra batalla que ya ha dejado dos cultivadores de hoja de coca muertos y un policía herido. De acuerdo con varias asociaciones de productores, durante la cuarentena el Gobierno de Iván Duque ha intensificado la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y los campesinos han salido de sus casas, donde cumplen el aislamiento obligatorio, para evitar que les arranquen las hojas.

El miércoles fue el indígena Ángel Artemio Nastacuas quien murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la Fuerza Pública que acompaña a las brigadas encargadas de la erradicación; pero la resistencia se ha presentado en varias regiones. En el otro extremo, en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo la víctima mortal fue Alejandro Carvajal, un caso por el que se investiga a un soldado que le disparó con su arma de dotación.

La Coalición de Acciones para el Cambio, que reúne a 11 organizaciones civiles del país ha detectado que durante el aislamiento obligatorio por la covid-19, el Ejército ha realizado operativos de erradicación forzada en siete departamentos. La organización solicitó al Ministerio de Defensa que se suspendan para “garantizar el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas”. El Ministerio les respondió que no interrumpirán las operaciones militares.

Colombia tiene 169.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, a cierre de 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). Dada la magnitud del fenómeno, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas FARC contempló un programa de sustitución voluntaria de la coca en algunos de los territorios con más sembrados. Cerca de 100.000 familias campesinas se acogieron a él y arrancaron sus propias matas a la espera de lo prometido por el Estado. Sin embargo, la transición entre la Administración de Juan Manuel Santos y la de Iván Duque supuso un viraje de la política antidroga. El actual Gobierno privilegió la erradicación forzosa en lugar de la sustitución voluntaria, y apostó por el prohibicionismo y el retorno de la aspersión aérea.

Desde la frontera con Venezuela, Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Acamcat), cuenta que muchos de los que hoy “se van detrás del Ejército a impedir la erradicación” son campesinos que creyeron en el Gobierno, firmaron los acuerdos colectivos de sustitución de cultivos en 2018 y, tras sentirse abandonados y sin sustento económico, volvieron a sembrar cultivos ilícitos. “En Sardinata, Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela, son cerca de 1.500 familias productoras de hoja de coca que se habían comprometido a sustituir. Ni el Gobierno de Santos ni el de Duque han hecho la tarea completa ni han cumplido con la segunda parte del proceso”, afirma. Precisamente estos productores llevaban varios días de protesta en las carreteras cuando el Ejecutivo decretó la cuarentena por el coronavirus. Por temor al virus decidieron detener las manifestaciones y aislarse en sus casas.

La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones que argumentan los pobladores para pedir que se detengan las erradicaciones forzosas. Temen que los erradicadores, civiles contratados por el Gobierno, les lleven el virus desde las ciudades. Y a su manera, intentan protegerse de la covid-19. En El Capricho, un pequeño poblado del selvático departamento del Guaviare, los campesinos instalaron un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida y la ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa. En esa zona, como explica Olmes Rodríguez, líder de Asocapricho, antes raspachín de hoja de coca y ahora defensor de bosques, unas 6.000 familias cambiaron sus cultivos de forma voluntaria pero luego no les cumplieron con el dinero para el recambio a otros productos.

La realidad es similar en los departamentos de Córdoba, Chocó, Cauca y Caquetá, pero en otras zonas como Putumayo y Nariño, en frontera con Ecuador, la violencia de los grupos armados suma dramatismo a la ecuación. Durante los primeros días de la cuarentena fue asesinado en Putumayo, Marco Rivadeneira, uno de los líderes más visibles de la sustitución de cultivos ilícitos. Los armados les cobran a los líderes haber intentado abandonar la hoja de coca. Y en Nariño, los choques entre los cocaleros y el Ejército cada vez son más fuertes. “Nunca la erradicación forzada va a ser la salida para enfrentar este flagelo, la violencia siempre va a generar más violencia. Hoy tenemos que enfrentar el riesgo de una pandemia como la covid-19, las amenazas por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales y las agresiones desmedidas contra los indígenas”, expresó a través de un comunicado la Unidad Indígena del Pueblo Awá y exigió investigaciones tras la muerte de su compañero en el cultivo de hoja de coca.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 23 abr 2020 - 12:42 COT

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