Domingo, 03 Marzo 2019 09:40

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enColombia
Jueves, 28 Febrero 2019 16:14

El fiscal del diablo

El fiscal del diablo

Néstor Humberto lleva en la vida pública nacional desde finales de los años 80, en activa relación entre el sector privado bancario y la política partidista. Su relación entre el capital y el poder lo ha convertido en un alfil para tapar los torcidos. Hoy, con el escándalo de Odebrecht, su autoridad está cuestionada. Cada episodio que se conoce de esa serie, trasluce una realidad cada vez más oscura y tétrica de las “altas esferas”. Este perfil describe el sector social al que pertenece.

 

Abogado y economista, recientemente cumplió 69 otoños; proviene de una familia acomodada. Su padre, Humberto Martínez Salcedo –“El corcho”–, fue actor, periodista, humorista y director de cine. Trabajó para la emisora cultural HJCK; fundó el periódico El Pereque. Su imagen más recordada se relaciona con el maestro Salastiano Tapias, obrero de construcción en el programa “Sábados felices”, y el maestro Taverita en la serie nacional “El Chinche”. Con sus personajes se quejaba de la ineficiencia del Estado, de hecho dejó el Derecho para dedicarse al humor político; vivió entre la censura cuando le cancelaban sus programas. Su hijo seguiría sus pasos con el Derecho, pero en el otro campo quizás se convertiría en un mal chiste improvisado o muy gris. Como Heriberto de la Calle, en abril de 1998, cuando le preguntaba si con el doctor Pastrana todos eras sanos y calletanos, éste respondía que eran una gran alianza por el cambio. Como diría Garzón: quién iba a pensar que al primer maestro humorista le saliera un hijo así de cafre.

 

Trepando a la carrera

 

Nuestro bachiller salió del Colegio Mayor de San Bartolomé a comienzos de los setenta, quizás allí conoció a José Elías Melo cuando capaban clase o saltaban tapia. Posteriormente se formó en las disciplinas de economía y leyes en la Pontificia Universidad Javeriana, se especializó en derecho financiero y arbitramento comercial, conocimiento que pronto pondría en práctica al fundar el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para escalar a continuación como funcionario de la Superintendencia de Sociedades hasta llegar a ser Superintendente delegado para instituciones financieras.

 

A finales de los 80 Virgilio Barco lo nombró Superintendente Bancario y a comienzos de los 90 asumió la primera Junta Directiva del Banco de la República; también estuvo en la Comisión de Supervisión Bancaria de América Latina y el Caribe; fue subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Una trayectoria como para saltar al escenario de la política nacional en el Ministerio de Justicia y Derecho en tiempos de Samper. Quizás allí aprendió cómo hacer grandes torcidos. Después viajaría como embajador en Francia, hasta que se le abrió la boca renunciando para lanzarse como precandidato liberal a la Alcaldía de Bogotá, disputa que pierde con nuestro alcalde de papel. Entonces se unió a una disidencia del partido liberal, alrededor del exfiscal Valdivieso, para aliarse con los conservadores.

 

El éxito del oportunismo lo llevó en la era Pastrana –a finales de los años 90– a ser Ministro del Interior y ejercer interinamente como Ministro de Justicia. Su renuncia se debió a un escándalo nacional, presionado para dimitir ante la amenaza de una moción de censura interpuesta por el entonces senador Amylkar Acosta –político liberal guajiro. El asunto en cuestión fue la reforma política; renunció antes que se votara la moción. Hoy tiene muchos más motivos para renunciar.

 

Una vez acumulado poder político y económico, montó su propia oficina de abogados, profesión que combinó durante toda la era de Uribe con la de profesor en distintas universidades. Hoy recibe el respaldo de quien está al frente y a la sombra de una franja importante del país en nuestro país, pues ante las denuncias de Daniel Coronel, el otrora Presidente y hoy Senador asegura que el fiscal es un hombre honesto.

 

Su relación con el capital financiero lo llevó a estar a la cabeza en el pleito más sonado en los 90, al representar a la familia Gilinski contra el Grupo Empresarial Antioqueño –el otrora “Sindicato Antioqueño”, en la fusión entre el Banco de Colombia con el Industrial Colombiano (BIC). De hecho, la firma legal Martínez Neira ha asesorado fusiones y compras bancarias como Colpatria con Corpavi, Bogotá con Megabanco y Superior con Davivienda. El éxito de la firma ha llegado a tal punto que realizó un acuerdo de asociación en Nueva York con el bufete legal DLA Piper (la mayor facturadora del mundo). Un negocio donde el bufete gringo adquirió una parte de la firma Martínez Neira, a la vez ambas se intercambian mutuamente clientes. La firma Martínez Neira ha asesorado no sólo a Luis Carlos Sarmiento sino también a Ardila Lule y al grupo Santo Domingo.

 

En el 2013, Néstor Humberto fue asesor en el proyecto de Ley de Baldíos, nada más que para beneficiar la situación jurídica de los grandes “cacaos” que habían comprado enormes extensiones de tierra en la antillanura, pasándose los topes legales de tierras dadas por la antigua reforma agraria. En el segundo periodo de Santos volvió a ser ministro, pero ahora con más poder como Ministro de Presidencia. Era conocido como el “Superministro” pues se relacionaba con todos los partidos e incluso unificó en un solo decreto cada ministerio, con especial polémica con el sector ambiental.


Unos años más, en el 2015, su poder seguía creciendo a tal punto que a finales del primer semestre protagonizó una pelea de gabinete, desautorizó de frente y en público –ante el Congreso– a Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, ministros del Interior y Justicia en ese momento. La coyuntura era el debate sobre el equilibrio de poderes, Humberto hizo proposiciones sin consultar nada con sus pares.

 

Con esta trayectoria logró el apoyo de los poderosos de siempre y de los advenedizos. Su amistad con Germán Vargas viene desde su disidencia liberal para fundar “Alianza por el cambio”, bautizado luego como “Cambio Radical”; no es extraño, por tanto, que Germán Vargas presionara a Santos para incluirlo en la terna de Fiscal sobre los 113 candidatos postulados, a pesar de no ser penalista. Con 17 de los 20 votos logrados en la Corte Suprema, cerraría con broche de oro una parte de su meteórica carrera. Cuando le preguntaron, como candidato, en qué casos se declaraba impedido señaló “No tengo ningún familiar y ningún cliente en causa de investigación”.

 

Amigo de Luis Carlos Sarmiento

 

El escándalo por corrupción suscitado por las contrataciones con Odebrecth tiene hasta el momento 91 personas investigadas, 18 en la cárcel, 15 fiscales rastreando coimas en 150 contratos ficticios y por 32,5 millones de dólares. De los pormenores que dejan ver la pus que cubre ese cuerpo se sabe más a partir de las declaraciones del trío brasileño de los “Luizes”, por ejemplo de los sobornos dentro de la Ruta del Sol II –Ocaña-Gamarra–, contratada durante la administración de Álvaro Uribe.

 

En ese entonces el viceministro de transporte, Gabriel García Morales, recibió sobornos que untarían a congresistas y funcionarios, el propio Gabriel sostiene que a los brasileños los conoció en Casa de Nariño. Ahora existen indicios que el 30 por ciento del soborno lo recibió Corficolombiana del grupo Aval, en manos de José Elías Melo Acosta, alto director de gerencia, que también fue ministro de trabajo en la era Gaviria y después Superintendente Bancario. Seguramente su confesión y aceptación de cargos sean favores cobrados para salvar a Luis Carlos Sarmiento Junior. El grupo Aval dice que conocieron de los sobornos en diciembre de 2016, cuando los directivos de Odebrecth declararon ante la justicia americana y brasileña. Pero el contrato de transacción es la prueba reina para demostrar un acuerdo para conciliar las partes. Varios poderosos están implicados, por ejemplo, Pedro Valencia, abogado de Corficolombiana en 2010 y hermano del actual ministro de agricultura.

 

La cercanía de Néstor Humberto con Sarmiento es tal que fue nombrado dentro de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, también como asesor de cabecera en la compra de El Tiempo al grupo español Planeta, y ante Securities and Exchange Commission, una especie de superintendencia en los Estados Unidos, para la entrada del Grupo Aval en la Bolsa de Nueva York. También asesoró al grupo en la compra de Promigas.

 

Caso Pizano

 

Recientemente la Fiscalía cerró el caso por la muerte de Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Ruta del Sol, quien evidenció los sobornos y se los comunicó en agosto de 2015 a este paladín del derecho económico, para que se los entregara a Sarmiento. Pizano insistía que nadie le ponía cuidado por lo que llamaban chismes. En el curso de tal conversación con el hoy fiscal, la informalidad de éste, entre groserías y risas confirma la presencia del delito: “esta vaina se putió […] verifique esta mierda […] ese es un torcido […] yo tengo tantos años como profesional, yo me conozco a toda esa gente […] el único guevón que va a estar enterrado es usted (risas)”.

 

El fiscal dice que no podía como particular denunciar, además porque no se sabía para dónde iba la plata. Pero, ¿cómo no van a saber que es un delito? ¿Qué no tenía certeza que eran coima? Dice que cuando se posesionó como fiscal, Odebrecth no era todavía un escándalo. Las cosas cambian y Pizano se convirtió en testigo contra el presidente de Corficolombiana, lo que permite presumir que ya había tensión de alto calibre entre los otrora amigos.

 

En el caso Odebrecht, Néstor Humberto se declaró impedido solo hasta mayo del 2018, antes viajó internacionalmente para entrevistarse con 10 fiscales, incluyendo el de Brasil. Hay que recordar que nuestro personaje también está impedido en el caso Hyundai donde fungía de apoderado del señor Carlos Mattos, que ha querido pasar limpió y se sabe del millonario soborno a la juez Ligia del Carmen. Parece que la juez y el hoy fiscal ya se conocían en un pleito que terminó favorable a Corficolombiana.


Con esta última empresa el ahora fiscal ya había adelantado obscuras acciones como la del fraude financiero, donde se justificaban como CDTs falsos para no pagarle a Alejandro González Beltrán 3.000 millones resultado de sus inversiones, negocio en el cual la Sala penal de la Corte había fallado a favor de González. Entonces, Humberto Martínez apareció con falsas propietarias, las hermanas Jaramillo, que nunca fueron consultadas, utilizando sus firmas y cuando ellas fueron a reclamar Humberto les dijo: “¿ustedes no estaban muertas?”. Aún el señor González está esperando su plata. Todos los sucesos que circulan a su alrededor demuestran el peso de Corficolombiana, vía Humberto Martínez Neira en la rama judicial.

 

Entre coimas y algo más, hay que recordar que el señor Pizano comenzó a ser investigado en 2017 por el proyecto Tunjuelo-Canoas, contratado por la Administración Distrital de Samuel Moreno, actuando allí como gerente del Acueducto. ¿Un hombre ingenuo y utilizado por terceros? Todo puede ser, en todo caso temía ir a la cárcel, como Luis Fernando Andrade ex director de la ANI, quien pide que el fiscal declare impedimento en su caso, pues la investigación del fiscal sería sesgada.

 

Pizano se sentía decepcionado, deprimido y no quería quedar como corrupto. Se fue quedando solo; el fiscal le indicó que si tenía pruebas hiciera un memorial. Temía incluso por su propia vida. Fue el mismo Humberto quien declaró que su viejo amigo murió de una falla cardiaca, quizás un susto al corazón por el intento de suicidarse.

 

A continuación, casi de inmediato, el turno le correspondió a su hijo, “muerte accidental”, al beber, tres días después, de una botella; él era quién más sabia del asunto de su padre e incluso guardó los audios. Algunos familiares señalan que la botella no estaba ahí. Para la Fiscalía es un caso cerrado sin preguntas por resolver, como por ejemplo, frente a las presiones que padecía Pizano.

 

Por este culebrón tuvo que renunciar al Director Nacional de Medicina Legal, a cargo de la entidad desde hacía ocho años, por “confundir” un análisis de una supuesta mancha de sangre existente en una toalla usada por Pizano, que después se dijo que no era de humano y que en verdad resultó ser una muestra de saliva. El anuncio se hizo público después de la reunión con el fiscal. Pero siempre la fiscalía ha reforzado la teoría que no murió envenenado, basado para ello en una supuesta autopsia en el hospital de Facatativá. El sindicato de Medicina Legal ha denunciado que la muestra analizada no sirve para determinar la presencia de cianuro y que en este caso se han pasado por alto los protocolos internos.

 

Ante todo esto, no es casual que diferentes personas y organizaciones exijan al fiscal que se declare impedido para seguir al tanto del caso. Y tienen razón. El fiscal debe estar impedido por varias situaciones: en primer lugar, porque emitió concepto jurídico favorable en la adición Ocaña-Gamarra en septiembre de 2012 en la Ruta del Sol II. Es decir, que comprometió su criterio jurídico para adicionar los polémicos otro sí. Aunque nuestro tinterillo bursátil ha querido negar todo, como asesor apoderado del consorcio Ruta de Sol en 2012 ante el Ministerio de Comercio, el último día de la ejecución del término, presentó el contrato de estabilidad jurídica. Como superministro dio vía libre a la adición Ocaña-Gamarra considerada de importancia estratégica en el Conpes del 2014. Néstor Humberto dice que todo es una conspiración de exclientes, funcionarios de la DEA y fiscales de los Estados Unidos. En 2016 redactó el contrato de transacción para dimitir controversias entre Odebrecht y Episol –que es la firma que pertenece al grupo Aval–. Es decir, a pesar de evidenciar delitos deciden limar asperezas con una indemnización.

 

Las grabaciones demuestran de su conocimiento de las coimas en 2015. Esto quiere decir que tenía conocimiento de detalles de la corrupción y lo ocultó ante la Corte para ser elegido como fiscal. Ya en el cargo realizó toda suerte de acciones y declaraciones como ante el Capitolio el 27 de noviembre de 2018, utilizando a funcionarios y recursos de la fiscalía, junto con pruebas de procesos sin legalizar pues para su defensa obtuvo acceso al celular, computadores y tablet del difunto Pizano.

 

Todos sus actos son susceptibles de investigación. Solo hasta el pasado 24 de enero el fiscal se declaró impedido en lo relacionado con el caso Odebrecth. Con el atentado a la Escuela General Santander, los medios y el alto gobierno dejaron que proyectara su imagen de eficiencia y prontitud sin importar imprecisiones y errores. Todo con la necesidad de aparentar resultados.

 

Así las cosas, Néstor Humberto recuerda más al abogado de don Corleone, encargado de ocultar los crímenes de la mafia italiana; la diferencia es tenerlo en el ente acusador. Sin duda, es un chiste gris de la oligarquía para poderse reír de todo el país de abajo. Él representa ese sector acomodado, que enamorado de sus privilegios y de los beneficios del poder ganados, está dispuesto a conservarlos, al costo que sea, dando batalla permanente por proteger los privilegios de los más ricos y poderosos del país. No hay límite ni norma que valga para sacar limpios a esta “gente de bien”. Cómo él mismo diría, ese es el talante de nuestro fiscal.

Publicado enEdición Nº254
Consultas populares: la democracia colombiana al servicio del capital internacional

Vienen por todo. El pasado 11 de octubre la Corte Constitucional falló a favor de la multinacional Mansarovar Energy (1), que tuvo que detener su propuesta de explotación petrolífera en el departamento del Meta en el año 2016, a causa de una consulta popular impulsada por los habitantes del municipio de Cumaral, y que decidió con un rotundo resultado la no realización del proyecto de hidrocarburos –7.475 por el No, y 183 por el Sí–.


Ante esta decisión ciudadana, la multinacional interpuso una tutela al considerar que la consulta desconocía el contrato firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras el visto bueno para que Mansorvar Energy desarrollara su proyecto de exploración y explotación en el Bloque Llanos 69, el cual ocupa la tercera parte del municipio de Cumaral.


Encrucijada. El fallo de la Corte Constitucional pone en jaque todas las consultas populares realizadas en el país sobre este particular, pues sustenta que las mismas ya no servirán como mecanismo para avalar o vetar proyectos mineros y de hidrocarburos en los territorios. Según la Corte, estas actividades hacen parte de los intereses de la nación, a los que las regiones no pueden interponer el interés particular o municipal.


Este fallo, para sorpresa de propios y ajenos, puede verse como una combinación de todas las formas de lucha desplegadas desde el poder, como eco de la protección de la economía mundo capitalista. Para unos (los capitalistas criollos) y para otros (las multinacionales), ya no basta con militarizar los territorios donde se encuentran los recursos naturales, ni el asesinato de líderes y lideresas sociales es garantía para imponer sus intereses, ahora las herramientas jurídicas también sirven como estrategia para afectar a los sectores populares en cada uno de los territorios donde invierten, en este caso Colombia. Ante este panorama, ¿Cuáles son los retos que esta realidad abre para las comunidades y los movimientos sociales en nuestro país?


Un problema estructural, una oposición regional ¿planetaria?


La explotación minera es una actividad inherente a la economía mundo capitalista, pues si se analiza con detenimiento en nuestra región, luego de la invasión por parte del imperio español de nuestro continente –1492–, inició una práctica sin precedentes: la explotación sin descanso de minas de oro y plata (un ejemplo claro de lo cual es la mina de plata en Potosí –Bolivia– de la que se extrajeron aproximadamente ocho millones de kilos de tal mineral, arrojando millones de indígenas y mineros muertos en los años que los colonialistas la explotaron) (2)., En el extenso territorio invadido, tomaron lugar, asimismo, los monocultivos de caña de azúcar, las plantaciones de algodón, tabaco, cacao y otros sembrados.


Con el transitar de los años –siglos–, los avances en ciencia y tecnología ayudaron a la tecnificación de estas prácticas, llegando al punto de explotar otros recursos naturales como petróleo, gas, agua, carbón, coltán, níquel, y otros más. Todos y cada uno de ellos, materiales que sirven para el funcionamiento de la economía y cultura capitalista.


En la actualidad las explotaciones mineras afectan a numerosas poblaciones a lo largo y ancho del continente, generalmente regiones rurales que muchas veces cuentan con una mínima presencia del Estado, desde donde ven estos territorios como fuentes para alimentar el crecimiento económico de cada país. Podríamos decir que sin Colonia el pensamiento y práctica que la alimentó aún se conserva entre nosotros, como pensamiento guía de las clases dominantes y de las multinacionales. Explotación que encuentra resistencias por doquier:


En Perú un pueblo de 25 mil habitantes, se ha organizado en la Plataforma Interistitucional Celedina, para luchar contra el proyecto minero Conga, de la minera Yanacocha, que pretende extraer un estimado de 5.000 millones de dólares en oro que se encuentra debajo de las lagunas, es decir, que deben secarlas para la extracción. Para lograr su cometido la minera se alió con el Estado y a partir de entonces han militarizado la zona; parte de la resistencia se concreta a través de las rondas campesinas, ahora criminalizadas; los enfrentamientos hasta ahora presentados han dejado cinco campesinos muertos y más de 200 lesionados (3).


De la misma manera resaltan ejemplos en Ecuador, donde el Estado abre espacio para un proyecto minero en la Cordillera del Cóndor, con la pretensión de explotar cobre y otros metales, explotación que afecta con desplazamiento al pueblo Shuar el que lucha por permanecer en sus territorios. En Nicaragua el Movimiento Comunal Santa Cruz de la india, lucha contra la empresa Cóndor Gold, que intenta desarrollar un proyecto de explotación de oro en la comarca de Santa Cruz de la India, poblada por alrededor de 5.000 habitantes. En Bolivia está la lucha contra el Tipnis –área natural protegida, declarada parque natural en 1965–, área que pretenden atravesar con la carretera “Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”, afectando así, los territorios de los pueblos Yuracaré, Moxeño Trinitario y Tsimane. A este proyecto se le oponen grupos de ciudadanos mediante la acción popular, además de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños y el Movimiento por la Dignidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, entre otros. En Venezuela se encuentra el proyecto del Arco Minero Guayana desde el 2011, en el que se pretende la explotación de minerales que cubre la zona norte del estado Bolívar, al sur del río Orinoco, en el 2016 fue aprobada la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2 por ciento del territorio venezolano, colocando en riesgo la biodiversidad de la Amazonía venezolana, así como el derecho a vida en dignidad de 54.687 personas indígenas, según el último censo del 2011.


En otra geografía, en Alemania, la campaña “Ende Gelände” lucha contra la expansión minera en la Renania –la mayor productora europea de carbón de lignito– (4).


Consultas populares en Colombia


En nuestro país son varias las comunidades que se oponen a los proyectos de explotación minero-energéticos. El mecanismo de consulta popular ha servido fundamentalmente para detener dichos proyectos en diferentes regiones de Colombia. La consulta popular ha servido para ello en tanto es un mecanismo de participación ciudadana en la que las autoridades solicitan a la ciudadanía la opinión “sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas” (5).


Mediante este mecanismo nueve poblaciones del país le han dicho NO a diferentes proyectos de explotación de recursos naturales, lo que ha llevado a la anulación o detención de dichos proyectos. Fue en el año 2013 cuando se realizó la primera de estas consultas, puntualmente en Piedras, municipio del norte de Tolima, donde la multinacional Anglo Gold Ashanti pretendía realizar operaciones de extracción de recursos naturales; allí el 28 de julio, se obtuvo un total de 2.971 votos para el No y apenas 24 votos para el Sí. En este mismo año, siguiendo el ejemplo de Piedras, se efectuó la consulta popular minera en el departamento de Casanare, municipio Tauramena, en donde se pretendía realizar exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, a lo que 4.426 personas votaron por el No y 151 por el Sí.


Después de cuatro años –2017–, se reactivaron las consultas populares mineras, iniciando con el municipio de Cabrera –Cundinamarca–, el cual hace parte del importante cordón del Sumapaz; en este territorio se pretendían construir 14 micro-centrales hidroeléctricas sobre el rio del mismo nombre –proyecto El Paso– y exploraciones de dos bloques petroleros. El 26 de febrero de 2017 el No se impuso con 1.465 votos en contra de 23 por el Sí. En este mismo año, el 26 de marzo, el turno fue para la consulta popular minera en Cajamarca, Tolima, en contra del proyecto de explotación de la mina de oro “La Colosa” de la Anglo Gold Ashanti, ocasión en la cual la victoria del No fue determinante pues 6.165 votaron por el No y tan solo 76 personas sufragaron por el Sí.


El 4 de junio de 2017, el turno fue para el municipio de Cumaral –Meta–, donde la multinacional Mansarovar Energy pretendía realizar explotación de hidrocarburos. En esta consulta popular los resultados fueron abrumadores: 7.475 votos para el No, y solo 183 por el Sí.


En Pijao –Quindío–, el 9 de julio de 2017 los proyectos mineros de metales fueron detenidos tras los resultados de la consulta que arrojaron 2.613 votos por el No y 26 por el Sí. De manera simultánea, el mismo día en Cundinamarca, en el municipio de Arbeláez –explotado por hidrocarburos desde el 2010 por la empresa Australian Drilling Associates–, el No ganó con 4.312 votos, los que estaban por el Sí solo recogieron 38 sufragios.


Para el 17 de septiembre de 2017 se realizó la primera consulta popular en el departamento de Santander, en el municipio de Jesús María, donde los ciudadanos rechazaron la exploración y explotación minera y petrolífera con 1.677 votos por el No y 22 por el Sí. Finalmente, el municipio de Sucre –Santander–, le dijo No a las actividades mineras y petroleras con 3.016 votos, mientras que solo 33 personas votaron por el Sí (6).


Aunque hasta ahora solo se han realizado nueve consultas populares, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), aún están proyectadas 158 iniciativas y acuerdos municipales en 135 municipios del país (7). Iniciativas todas que se ven afectadas por el fallo de la Corte Constitucional. Vale la pena decir que para el 21 de octubre de 2018 están previstas dos consultas populares en Cundinamarca: San Bernardo y Fusagasugá, donde sus pobladores ejercerán el derecho al voto pese a lo decidido por la Corte.


El fallo de la Corte Constitucional


Un fallo contra la misma democracia liberal. Aunque en sí, el fallo de la Corte aún no ha sido publicado, el comunicado de prensa (8) deja claro el retroceso existente frente a la participación ciudadana y la voluntad de las comunidades y pueblos frente a sus territorios. Según lo fallado por la Corte, las consultas populares ya no pueden vetar proyectos extractivos, justificando que las decisiones sobre el uso del subsuelo son del resorte del Estado central, autodenominándose propietario del mismo. De aquí en adelante el Estado es quien decide qué se hace con los recursos naturales, pues lo local no puede prevalecer sobre lo nacional, lo que quiere decir en otras palabras que los intereses económicos están por encima de la calidad de vida, tranquilidad y entorno a que aspire cada comunidad. Hay que aclarar que el fallo en cuestión no afecta el resultado de las consultas realizadas con anterioridad, a excepción de la consulta de Cumaral, Meta.


El mismo fallo exhortó al Congreso para que en el menor tiempo defina mecanismos de participación ciudadana e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio. Es necesario mencionar que la ponente de este fallo fue la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, de quien se dice integra el ala más conservador de la Corte, y quien fue ternada por Andrés Pastrana en su presidencia, y por Álvaro Uribe en el 2007; secretaria jurídica de Juan Manuel Santos en el 2010; elegida en el 2017 como Magistrada con el apoyo de los partidos Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal; en sus manos también está la ponencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo.


Estamos ante un fallo que denota como el poder económico y judicial por lo general van de la mano. En este fallo el único magistrado que votó en contra fue Alberto Rojas Ríos quien sostuvo que: “el efecto de la decisión fue la restricción de la democracia participativa y pluralista que se había concretado ya con la participación política de la comunidad” (9).


Continúan las estrategias para legislar contra las mayorías


Cada día que pasa queda más claro que la democracia realmente existente en nuestro país, y el mundo en general, es un simple formalismo que sirve como la base para instaurar y legitimar el modelo cultural, social, político y económico del capitalismo que ahora utiliza todas las formas de lucha para imponerse. Ya no basta con asesinar, criminalizar, militarizar, amenazar, pues ahora los mecanismos jurídicos son herramientas para afectar a los sectores populares y democráticos. Algunos ejemplos lo demuestran.


En el año 2013 Gustavo Petro fue destituido por el entonces procurador Alejandro Ordoñez. El ataque del Procurador fue político, pues no puede olvidarse que su ideología era completamente opuesta a lo que desarrollaba entonces el ex alcalde de Bogotá. Ordoñez pasó por encima de las mayorías que habían elegido a Petro y busco legislar contra la decisión popular. Así mismo, puede recordarse el paquete jurídico impuesto en nuestro continente contra los gobiernos y presidentes denominados como progresistas: Fernando Lugo en Paraguay –2012– y Dilma Roussef en Brasil –2015–.


Otro ejemplo concreto puede verse con la llegada del hoy presidente de Colombia, quien pretende regular la protesta social, quizás el único mecanismo de expresión directo con que cuenta la sociedad en estos tiempos. De la misma manera está el ejemplo de la acción jurídica impuesta por la Brigada XVII del ejército de Colombia contra las Comunidades de Paz de San José de Apartadó, alegando que las mismas lesionan el buen nombre de la institución a lo que “El Juez, en lugar de ponerse en el lugar de las víctimas de los crímenes militares, prefirió jugar el juego que los armados le propusieron: hacer de cuenta que las víctimas son las escopetas y no las palomas. Y actuó en consecuencia, aceptando la tutela” (10).


Democracia al servicio del capitalismo


Hoy las urnas tampoco son legítimas para el poder. En la democracia actual las votaciones supuestamente expresan la decisión de las mayorías, pues por medio de ellas “se expresa el pueblo”. Sin embargo, cuando el pueblo se expresa y a los poderosos no les favorece comienzan las estrategias para deslegitimar, derogar o posponer lo decidido por el pueblo. En el caso concreto de las consultas populares se habla de que lo más importantes son los intereses de la “nación” –como si esta fuera un ente vacío y los territorios no hicieran parte de la misma–, lo que permite interrogar: ¿Acaso las decisiones de la sociedad sobre sus territorios y vidas, no hacen parte de las determinaciones de la nación?


Es una actuación gubernamental para mantener abiertas las puertas para el capital, nacional e internacional. Con el discurso de que lo local no puede estar por encima de lo nacional, este fallo le da la razón al pensamiento neoliberal de las elites criollas, reflejadas en la columna sobre las consultas previas de Vargas Lleras y publicado en el mes de septiembre (11), quien dejó claro que las multinacionales no encontraban seguridad jurídica en el país, lo que afectaba el ingreso de la inversión extranjera.


Una cosa queda clara, todas estas estrategias jurídicas en curso en el país, hacen parte de una estrategia del poder para contener a los de abajo; estrategia que debe ser vista y analizada más allá de Iván Duque, que además hace parte de un pensamiento histórico –ahora globalizado– de quienes han gobernado desde siempre nuestro país; por tanto, aquí tampoco pueden quedar por fuera ni limpios los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, así como todos aquellos a quienes ellos representan y para quienes gobernaron y gobiernan.


Ante estos tiempos solo queda una opción: la construcción de amplios y profundos tejidos sociales, alrededor de los cuales, en procesos abiertos, se discuta todo aquello que afecta a los de abajo, decidiendo de manera colectiva cómo actuar contra el capital nacional y global; es una discusión que tiene que dibujar con manos de arco iris el país que tenemos y el que buscamos construir, para salir como un solo cuerpo a hacerlo realidad. Es claro, solo desde la Colombia profunda es posible construir y hacer realidad la democracia real.

 

Notas


1. Empresa constituida en 2006 por capitales de Sinopec Corp –China– y Ongc Videsh –India–, actualmente se encuentra en el país realizando actividades de extracción de hidrocarburos en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, además de haber realizado exploración, explotación y transporte en los departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
2. Ver en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111506
3. Ver: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/34854-si-se-puede-pueblos-frenan-mineria-en-peru.html
4. Ver.https://www.salvalaselva.org/peticion/1114/detener-la-carretera-que-dividira-en-dos-la-selva-de-bolivia ver. https://noalamina.org/latinoamerica/nicaragua/item/37076-comunidad-nicaraguense-lucha-por-su-territorio-y-enfrenta-a-condor-gold ver: https://elpais.com/elpais/2018/09/03/planeta_futuro/1535983599_117995.html ver: https://www.desdeabajo.info/sociedad/item/32559-una-rebelion-global-desde-la-desobediencia-civil.html.
5. Definición de consulta popular por parte de la Corte Constitucional: “En el ámbito descentralizado territorialmente, sea regional, provincial o local la consulta popular versa sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio, y la iniciativa de convocarla le corresponde al Gobernador o Alcalde, según el caso. La consulta popular es la opinión que una determinada autoridad solicita a la ciudadanía sobre un aspecto específico de interés nacional, regional o local, que la obliga a traducirla en acciones concretas. Es el parecer que se solicita a la comunidad política o cívica para definir la realización o buscar el apoyo generalmente, en relación con actuaciones administrativas en el ámbito local. El derecho de todo ciudadano a participar en las consultas populares, hace parte del derecho fundamental a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.” En: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm
6. Ver: https://www.registraduria.gov.co/-Historico-Consultas-populares-.html
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Cabrera-Cundinamarca.html
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/los-9-municipios-que-le-dijeron-no-a-la-mineria-usando-la-consulta-popular/41872
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/jesus-maria-santander-le-dijo-no-la-mineria-articulo-713662
https://www.registraduria.gov.co/Habitantes-de-Sucre-Santander,24893.html
7. https://www.dinero.com/pais/articulo/fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares/263130 
8. Comunicado No. 40, Corte Constitucional En: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf
9. Ibid., pág. 3.
10. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35271-comunidad-de-paz-de-san-jose-de-apartado-ensanamiento-hasta-el-fondo-de-lo-absurdo.html
11. Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35237-vargas-lleras-y-la-consulta-previa.html?platform=hootsuite


Artículos consultados


https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-consultas-populares-ya-no-podran-vetar-proyectos-extractivos-corte-constitucional-articulo-814723
https://www.elespectador.com/noticias/politica/cne-acatara-fallo-de-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-articulo-817614
https://www.semana.com/nacion/articulo/corte-constitucional-le-pone-freno-a-las-consultas-populares/586482
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-no-gana-la-consulta-popular-minera-en-cumaral/527505
https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/corte-dice-que-consultas-populares-no-pueden-prohibir-la-mineria-280098

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Carta Magna de la transformación en Cuba

“Cuba pasará a ser un Estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. En materia económica, se incorporan otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. El presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos.

Cuba se dará para sí una nueva constitución a más tardar en noviembre. Con sus propios tiempos, bajo la reafirmación del modelo socialista, pero con reformas añadidas que cambiarán bastante lo conocido hasta ahora. En materia económica, la incorporación de otras definiciones de propiedad diferentes a la estatal. La ratificación política de que el presidente no podrá superar dos mandatos consecutivos de cinco años cada uno. O en la ampliación de derechos civiles, la incorporación del matrimonio entre personas de un mismo sexo. En los hechos, las dos primeras situaciones ya se están dando. Pero la isla se rige por una carta magna de 1976 que el gobierno necesitaba actualizar. El proyecto ya se venía estudiando desde 2013 y ahora será bajado a una consulta popular para su discusión. La ley máxima del Estado pasará de 137 artículos a 224. Solo quedarán 11 vigentes de los que rigen desde hace 42 años, se modificarán 113 y se eliminarán 13.


El 22 de julio, el presidente Miguel Díaz Canel definía ante la Asamblea del Poder Popular que la reforma será “profunda” porque la constitución debía “actualizarse para que la institucionalidad se fortalezca y con ella el modelo económico y social”. Los medios extranjeros en general pusieron el foco en que se suprimirá el concepto de “comunismo” de la ley. Interpretaron que, con los cambios, Cuba renunciaría a desarrollar esa fase superior del socialismo. La respuesta a esa inferencia es una sola: “el papel rector del Partido Comunista” como lo establecerá la carta magna –y como Granma hizo trascender – no se modificará. Una síntesis de lo debatido en la Asamblea y que no tiene status de documento oficial, menciona que “el proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social”.


La fecha para la consulta popular que deberá realizarse entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre falta confirmarse. Es el requisito previo para que después el texto vuelva a la Asamblea y eventualmente se agreguen, quiten o modifiquen artículos. Cumplido este paso, la reforma volverá al poder legislativo para su análisis final.


Cuba confirmó su cronograma de cambios en un momento donde recrudece la injerencia de Estados Unidos en América Latina. El dato es insoslayable, aunque no debería computarse como una debilidad política. La isla fue sede del último Foro de San Pablo, la caja de resonancia de un antimperialismo que también crece. Y en los cambios propuestos ahora a su máxima ley – mucho más profundos que los concretados en 1978, 1992 y 2002 – la Asamblea estudió varias constituciones, pero sobre todo las de Venezuela, Bolivia y Ecuador en el continente o las de Vietnam y China en el resto del mundo.


También se tomaron en cuenta los antecedentes locales de 1940 y 1959, el año de la Revolución. Cuba atravesó el siglo XIX con varias constituciones mambisas. La primera intervención de Estados Unidos interrumpió la vigencia de la votada en 1897. Apenas duró un año. Incluso en 1901 el gobierno de la isla incorporó la enmienda Platt a su carta magna bajo presión de EE.UU. Esta le permitía intervenir a la potencia vecina “para la conservación de la independencia cubana”. De eso ya no se habla porque parecería prehistórico. Pero condicionó las décadas posteriores y todavía conserva un símbolo muy fuerte: la base ilegal de Guantánamo ocupada desde 1898, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a España e invadió Cuba.


El proyecto de constitución cerró una tarea de cinco años que comenzó Raúl Castro cuando creó un grupo de trabajo, allá por 2013. No es un texto coyuntural. Articula cambios en vías de consolidación que no aparecían en la ley, como las nuevas formas de propiedad privada y el reconocimiento del papel del mercado. “Cuba pasará a ser un estado socialista de derecho”, un concepto novedoso. Pero a lo que aspira su presidente Díaz Canel, es que después de la consulta popular se fortalezca “la unidad de los cubanos en torno a la Revolución” como afirmó el 22 de julio en el Palacio de las Convenciones. Dos meses antes, en el mismo escenario, había sido votado presidente para suceder a Raúl Castro.

Cuando intervino ante la Asamblea, el secretario del Consejo de Estado Homero Acosta se preguntó: “¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí… El papel del partido Comunista, de la economía estatal, de la propiedad socialista siguen incólumes. Pero sí se necesita hacer una transformación”.


La nueva constitución –señaló el sitio Cubadebate– “al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social”. La nueva constitución generó coincidencias desusadas en Cuba y en el exterior sobre la incorporación de derechos civiles. La principal fue sobre el matrimonio igualitario ya que el texto dejará de decir “entre un hombre y una mujer” y señalará “entre dos personas”.


La constitución renovada modificará también a las autoridades provinciales. Dejarán de existir las asambleas del Poder Popular y se establecerá el cargo de gobernador y un consejo a ese nivel del Estado. En materia de política exterior, Cuba ratificará los principios con que se rigió hasta hoy e incorporará otros: entre los nuevos, la multipolaridad en las relaciones entre los Estados, más la protección y conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y mantendrá su habitual “condena al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones”.


La salud pública como un derecho de todas las personas y la educación gratuita “desde prescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado” continuarán como hasta ahora bajo el programa de economía planificada del estado socialista cubano. Díaz Canel no podrá seguir en el gobierno más allá de 2028 y quien lo suceda deberá cumplir un requisito que señalará la constitución: no podrá superar los sesenta años.


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Defender la tierra costó la vida a 207 personas en un año

Son líderes indígenas, activistas y ecologistas asesinados por proteger sus comunidades. La agroindustria desplaza a la minería como origen de la violencia. Desde 2015, más de la mitad ocurre en Latinoamérica

El año 2017 ha sido el más letal para activistas y defensores de la tierra y el medio ambiente en 22 países, denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual sobre las luchas por los derechos humanos ligadas a los recursos naturales. El reporte ¿A qué costo?, lanzado hoy, señala a la agroindustria como el sector más violento, a diferencia de la minería en los años anteriores: 46 personas murieron por enfrentarse a esta actividad.


Al menos 207 líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas fueron asesinados por proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agricultura a gran escala y otros negocios que ponen en peligro sus medios de vida y su modo de vida, indica la ONG.


Brasil fue el país con el mayor número de asesinatos: perdió a 57 activistas medioambientales —de los cuales un 80% defendía los recursos en la Amazonia— y Colombia a 24. “En México y Perú aumentaron los homicidios de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente”, refiere el reporte.


En 2015, Global Witness registró 78 casos de personas asesinadas, un 66% de ellas en América Latina. En 2017, el porcentaje llegó a casi 60%. Por otro lado, las víctimas en Filipinas fueron 48, la cifra más alta documentada en un país asiático.


“Un factor en común entre los países con mayor números de asesinatos son los altos índices de corrupción gubernamental. Y aunque se podría decir que hay menos ataques en contra de defensores en países más democráticos, vale la pena someter a escrutinio el papel de los países inversionistas que facilitan la entrada de sus empresas en contextos donde opositores y activistas son atacados. No hay tantos asesinatos en Canadá o España, pero tienen inversiones relacionadas con ataques en el extranjero”, explica a Planeta Futuro el encargado de campañas de Global Witness, Ben Leather.


Blancos de la violencia


“Una persona defensora de la tierra o del medio ambiente es alguien que toma medidas pacíficas, voluntaria o profesionalmente, para proteger los derechos ambientales o de la tierra”, describe el informe. A menudo son personas comunes y corrientes, “otras son líderes indígenas o campesinos que viven en montañas remotas o bosques aislados, que protegen sus tierras ancestrales y sus medios de vida tradicionales de proyectos mineros, agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y hoteles de lujo. Otros son guardabosques, que abordan la caza furtiva y la tala ilegal. También podrían ser abogados, periodistas o personal de ONG, que trabajan para exponer el abuso ambiental y el acaparamiento de tierras”, añade.


En Colombia, por ejemplo, Hernán Bedoya se manifestaba contra plantaciones de palma aceitera y de plátano en tierras robadas a su comunidad y fue asesinado con 14 disparos de un grupo paramilitar en diciembre último.

De las 207 personas asesinadas el año pasado, la cuarta parte eran indígenas, en comparación con el 40% en 2016. La población indígena representa el 5% de la población mundial, por ello la ONG destaca que “siguen estando enormemente sobrerrepresentados entre las personas defensoras asesinadas”.


A diferencia de los habitantes urbanos, que pasan de una casa rentada a otra o se mudan de barrio sin sentir una desposesión, la relación con la tierra es muy distinta en el mundo rural e indígena. ¿Por qué es tan indispensable? Una frase de un investigador peruano de literatura andina puede dar una respuesta. “La tierra nos orienta, el árbol sabe más”, asegura el catedrático Mauro Mamani, nacido en Arequipa y que creció cultivando una parcela cedida por un terrateniente. “Ese pedazo de tierra no se cansaba de parir y alimentó a toda la familia”, relató en una conferencia.


2017 no fue solo el año más sangriento desde que se tiene registro de asesinatos de defensores de la tierra, también el de más masacres. En siete casos, más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. “Brasil fue el escenario de tres horribles masacres en las cuales murieron 25 personas defensoras. Ocho activistas indígenas fueron masacrados en Filipinas, mientras que en México, Perú y la República Democrática del Congo también tuvieron lugar incidentes, en los que murieron más de cuatro personas a la vez", informa Global Witness.


En una de esas matanzas en Brasil, 20 indígenas Gamela quedaron gravemente heridos, tras un ataque de agricultores brasileños que portaban machetes y rifles: a algunos les cortaron las manos.
En Filipinas, ocho miembros de una comunidad que se oponían a una gran plantación de café de la empresa Silvicultural Industries, en su tierra, fueron matados por miembros del Ejército. La ONG sospecha que esa fuerza armada es responsable del 56% de asesinatos en el país: el 67% de las muertes ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos; y el 41% está relacionado a la agroindustria.
“El telón de fondo de este creciente número de víctimas mortales incluye un presidente descaradamente anti-derechos humanos, la militarización de las comunidades, múltiples grupos armados y el hecho de que los organismos gubernamentales no brinden protección”, sostiene la ONG.


¿Cómo evitar más agresiones?


Ante el incremento de la violencia, la organización británica recomienda en casi todos los casos que los Gobiernos fortalezcan las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, ofrezcan mecanismos de seguridad a las personas amenazadas, y garanticen la rendición de cuentas y transparencia del Estado, dado que la corrupción y la participación de agentes del orden en las muertes están asociadas al incremento de las agresiones.


Sin embargo, en América Latina, la mayoría de Gobiernos no tiene una práctica de transparencia ni da prioridad al balance de sus acciones. Pese a ello, Leather remarca algunas iniciativas. “Existen propuestas desde la sociedad civil que los Gobiernos de la región deben de aplicar. En Honduras, se ha solicitado una Fiscalía Especial para delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos. En Brasil, se ha pedido la federalización de asesinatos emblemáticos de personas defensoras cuyas investigaciones no avanzan a escala local. En México también urgen a las fiscalías a cambiar la metodología para que consideren adecuadamente los motivos potenciales, relacionados con el activismo de la víctima”, detalla.


El informe cita los ineficientes mecanismos de protección para tres líderes mexicanos en el último año. “Las comunidades Coloradas de la Virgen y Choreachi, en la Sierra Tarahumara, estuvieron involucradas en una larga disputa legal contra el otorgamiento de concesiones madereras en sus tierras ancestrales. Según Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, siete miembros de estas comunidades fueron asesinados entre 2013 y 2016. Ninguno de los asesinos ha comparecido ante la justicia”, asegura.


En 2014, González empezó a ser amenazada de muerte por ser parte de una campaña contra las concesiones, las autoridades mexicanas le entregaron un botón de pánico y le ofrecieron la posibilidad de solicitar escolta policial, pero en marzo de este año la activista dijo a Global Witness que no se sentía protegida.


Para México, el informe plantea que el Gobierno garantice evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos “antes del otorgamiento de cualquier permiso o concesión para proyectos de desarrollo o de explotación de recursos naturales”, dado que la imposición de proyectos en las comunidades “sin su consentimiento libre, previo e informado es la raíz de los ataques contra personas”.
El mismo diagnóstico es aplicable en Perú, donde decenas de proyectos mineros, de infraestructura o de agroindustria se han implantado sin procesos de consulta a los pueblos indígenas, una obligación porque el Estado es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, y aprobó la Ley de consulta previa en 2011.


Desde 2013, el Ministerio de Cultura de Perú ha realizado 41 procesos de consulta previa. La ministra Patricia Balbuena precisó a Planeta Futuro que esa entidad está esperando la decisión del Tribunal Constitucional para saber qué hacer con decenas de proyectos energéticos o mineros no consultados a pueblos indígenas entre 1995 y 2012. Dos comunidades de la región Puno (al sur de Perú) esperan, desde 2011 y 2014, respectivamente, que el Constitucional responda las demandas de amparo contra concesiones mineras que el Estado otorgó sin su conocimiento, y que se superponen a sus tierras.


El portavoz de Global Witness también ve “potencial práctico en las instituciones independientes internacionales cuando se les permite operar”, y pone como ejemplos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o el Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que acompañaba la investigación del caso de Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada en 2016, por enfrentarse a la empresa construcción de una hidroeléctrica en tierras indígenas”.


La responsabilidad de los privados


Además de Silviculture Industries para Filipinas, el informe menciona también a Desarrollo Energético SA en Honduras como empresas privadas ligadas a los asesinatos. “El umbral de evidencia para poder acusar a una empresa es bastante alto, y ya es complicado nombrar los sectores a los cuales los defensores asesinados se habían opuesto”, comenta el jefe de campañas de la ONG británica.


“Sin embargo, queda claro que ciertas industrias —y en particular la agricultura a gran escala y la minería— no están haciendo el debido proceso para prevenir la violencia en contra de los activistas. Si Global Witness puede identificar este riesgo, quienes invierten en estos sectores también podrían hacerlo, y deberían evitar los países más peligrosos para personas defensoras hasta que sus Gobiernos tomen medidas genuinas para abordar las demandas de las comunidades afectadas”, agrega Leather.


“Somos parte de la coalición Defenders in development, que este año va a publicar un informe demostrando que muchos defensores de derechos humanos han sido agredidos por protestar contra un proyecto financiado por bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial, el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Interamericano. Hasta la fecha ningún banco de desarrollo ha generado una política específica sobre defensores y defensoras, solo el Banco Holandés se ha comprometido a hacerlo”, apunta el activista.


Una resolución del Parlamento Europeo aprobada el 3 de julio alerta de que, ante la “fiebre global por la tierra”, la Comisión Europea debe considerar mecanismos efectivos sobre las obligaciones de debido proceso de las empresas, “para asegurar que los productos importados no estén vinculados a acaparamiento de tierras y graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.

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En 2018-2022… uribismo recargado y nuevo contenido del compromiso popular

Culminó sin sorpresas la coyuntura electoral que compuso la elección de Presidente para los cuatro años próximos. El resultado a favor de Iván Duque Márquez cierra con un broche que no es de oro para el uribismo.

 

Con el nuevo gobierno, nos adentramos en la arena de una ofensiva neoliberal de nuevo nivel, donde los sectores dominantes, aliados del capital internacional, se aprestan a exprimir hasta el máximo posible los pocos ahorros y posibilidades de quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, a la par que adecuan el aparato estatal para las exigentes demandas del capital global, ahondando con ello sus formas de dominio y control social.

 

El país vivió una extensa campaña que empezó el 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso en el referendo por los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc, campaña que continúo el 11 de marzo de este año con las elecciones al Congreso, en las cuales los sectores que por siglos han dominado el poder en Colombia refrendaron su dominio, incluido por supuesto el Centro Democrático (CD). La puja electoral prosiguió el 27 de mayo con la primera vuelta, en la que una vez más el uribismo reafirmó con creces su mayoría, sin la cifra suficiente para evitar una segunda votación, que el país vio y vivió este 17 de junio con números definitivos: CD 10.351.552 votos (54%), Gustavo Petro 8.023.000 (41%), una cantidad que resultó inferior al deseo, las declaraciones y el algodonoso auto-‘convencimiento’ de su activismo.

 

El triunfo de la Coalición Conservadora pone de presente, ante propios y extraños, que en Colombia la iniciativa política y su margen frente a la opinión tiene ventaja del status quo –con marginalidad del conjunto tradicional de izquierda–, sobre una amplia franja poblacional. Circunstancia tal, en un trasfondo de contradicción con descuido en su análisis y superación, que es cada vez más larvada entre las zonas semiurbanas y rurales y las cabeceras de varias de las principales ciudades del país. Trasfondo que disuelve, sin respuestas certeras, el abismo de desigualdad e injusticia entre la minoritaria capa de quienes más tienen y el amplio segmento de la marginación que padecen quienes viven en la miseria, la pobreza, y la exclusión social.

 

Particularidad, trasfondo extendido y que toca en la reciente coyuntura al proyecto, vía y contenido de un Acuerdo para alcanzar la paz necesaria. Objetivo y paz inscritos en el futuro y el camino por seguir para lograr la felicidad del conjunto social. Contradicción que el resultado electoral del pasado domingo ni resuelve ni disminuye, y tampoco le da vehículo. Intensificación del marco de la situación política que vendrá y ya se avizora, con quienes pretenden un Estado confesional y de retrocesos constitucionales.

 

Con anticipación, y ante una segunda vuelta y su polarización, el CD manejó una estrategia que puso a Gustavo Petro al sitial de principal contendor. Con base en profundos elementos relacionados con las acciones insurgentes del conflicto armado y de la repercusión de la situación en Venezuela, que tienen lugar en el imaginario de la ciudadanía de a pie, difundió y posicionó una variedad de miedos que cerraban y afectaban al ‘aliado’ de las Farc, al ‘símil’ de Chávez, a la ‘irresponsabilidad’ en el manejo de la cosa pública, al ascenso de los “exterroristas” en el manejo del país. Y tras esta argumentación, sensibilizaban y difundían acerca del camino hacia la pobreza generalizada de quienes habitan Colombia. Desde la contraparte también se buscaba una polarización. Fue puesto en el discurso el miedo por el regreso del uribismo al control del gobierno, y, por obvia extensión, de todas las injusticias que conlleva.

 

El triunfo del CD denota que el espacio y el peso de las ideas conservadoras son más potentes. Una realidad que desprende retos para todos los sectores que quieren un cambio en el país. Un desafío que exige explicarnos por qué amplios sectores de la población le temen al cambio, por qué repudian a la izquierda, en particular a la guerrilla, a las expresiones ‘progresistas’ del continente, y a todo lo que estos asuntos implican.

 

De este modo, alcanzar a posicionar un contrario como Petro resultó para el CD la mejor y más directa vía para extender el miedo en la campaña electoral. Así, la gente votaba no sólo en favor de Duque sino en contra de Petro, de la izquierda y del imaginario construido por ésta, en años de gobierno y poder en distintas coordenadas globales. Pero sobre todo, del imaginario construido sobre la izquierda y la revolución, en un proyecto articulado y con conexiones sociales para arrebatarle la bandera de la igualdad social, la libertad y la justicia. Democracia plena, que está pendiente para el conjunto histórico y global. Un discurso del CD que, como paradoja, no logró de manera plena su cometido en centros urbanos como Bogotá.

 

Por el contrario, sí permitió visibilizar la existencia de amplios sectores sociales que desean el cambio del modelo social, económico y político que ha imperado siempre en el país, sectores que, es de suponer, están dispuestos con energía y dedicación a movilizarse por tan anhelado giro. Preocupa, en todo caso, que estos nuevos sectores –que ahora se acercan tal vez por primera vez a una agenda pública que debe ser colectiva, abierta y deliberante– queden subsumidos en el imaginario de la política, las formas de lucha, el gobierno, y el poder difundidos desde la campaña liderada por Gustavo Petro y multiplicada de manera desenfrenada por diversas vías.

 

Se trata de un ideario político con aspectos insuficientes de rectificación a las repeticiones tradicionales de la izquierda, que de manera inexplicable centra toda la acción social y política en una campaña y en el yo de una persona. Sin la raíz y la construcción necesarias, un alto rango de unilateralidad que descuenta todos los factores de poder, con su tensión y su interrelación, que se concentran en el Estado y el gobierno, creando por esa vía la falsa expectativa de que es posible lograr un efectivo cambio social por el simple hecho de ganar unas elecciones. Si el lector desprevenido lee los whatsapps y otros mensajes que por varios días llegaron sobre el posible gobierno Petro, con la certeza de una ventaja, quedará convencido de la falsa idea de que, una vez fuera ungido como Presidente, todo cambiaría. ¿Es correcto difundir tal tipo de mensajes? ¿Es realizable tal propósito?

 

Entonces, ante esta realidad sin configurar un sujeto cotidiano y activo, en que el más crudo reformismo sienta base y deforma los procesos políticos, y ante el futuro inmediato por afrontar, estamos frente a una realidad inocultable que motiva y obliga a formular varias preguntas, fundamentales dentro del qué hacer, para elevarlas ante los sectores sociales inclinados por el cambio: ¿Cómo no perder la disposición y la energía de los millones que votaron por el cambio? ¿Cómo hacer para discutir y definir con tal conjunto humano el proyecto político por constituir, como base orgánica, colectiva, para proseguir en la disputa por el cambio? ¿Cómo darle paso a un proyecto nacional, incluyente, colectivo, plural, de proyección verdadera de las “ciudadanías libres”, que supere lo individual de un liderazgo y logre asiento en la diversidad regional, que, sin centrarse en forma alguna de lucha en particular asuma el reto de ser gobierno y poder desde ahora y en los territorios? ¡No es un debate de menor monto ni de pronta resolución!

 

Una postura de captación de la realidad y su correlación política, de rectificación y de autocrítica, de definición de los métodos de profundización en barrios y municipios, de la resonancia de los referentes sociales y políticos de convocatoria, de los instrumentos necesarios para la disputa continua y diaria de la opinión, que debe permitir la circulación de la palabra y de proyectos político-sociales de variado color, en que la relación con el Estado sea un referente pero no el condicionante institucional, y en que las experiencias de vida y comunidad levantadas a lo largo y ancho del país sean puntos de mira y de partida para el diseño definitivo del proyecto político por construir, en su contenido, sus formas y sus propósitos de Otra Democracia que es posible.

 

Son éstos un llamado y una discusión que se deben hacer desde este preciso momento. A la par de concitar la concentración de fuerzas desde el 7 de agosto mismo contra el nuevo gobierno y sus propósitos, pues, como dijo el propio Duque, el gobierno que él presida impulsará un paquete que incluye las reformas “[…] fiscal, a la educación, la salud, el agro, la justicia y las pensiones, como elementos iniciales”. Es decir, vendrán más reformas con intención de servir y potenciar al capital global y nacional. No será fácil ni de pocos meses el reto por afrontar. No es la espera hasta la próxima elección en 2022.

 

La configuración territorial de las reivindicaciones y sus resistencias es el camino que les queda a las mayorías del país, entre ellas quienes apoyaron la opción de Petro, de quienes votaron en blanco y quienes lo hicieron en contra de este gobierno, y sectores engañados que lo apoyaron con el sufragio, considerando que así le cerraban el camino al ‘comunismo’. Error mayúsculo que ahora podrán ayudar a subsanar con su vinculación a la resistencia social.

 

Será una confrontación que en el campo también abrirá espacio para la defensa de la tierra y de los Acuerdos de La Habana en ese aspecto, recuperando la consigna por una reforma agraria efectiva y que beneficie a todo el campesinado sin tierra o con poca tierra, además de confrontar las fumigaciones aéreas y la obligada sustitución de cultivos ilícitos que tratarán de llevar a cabo, como demostración de complacencia ante los Estados Unidos que descarga en Colombia la culpa por el consumo de sustancias como la cocaína entre amplias capas de su población.

 

Lucha social que también se ampliará al campo de la defensa de la Vida y de los Derechos Humanos, toda vez que el nuevo gobierno promete regresar y retomar, seguro bajo otro nombre pero con iguales pretensiones, las banderas y las prácticas de la mal llamada “seguridad democrática”, incluyendo el pago por “positivos”. Todo un terror con vínculos oficiales a la vista.

 

Los retos abiertos por el nuevo gobierno son inmensos, pero también las posibilidades para el cambio. El año 2019 será una nueva escala para tal disputa, antecedida de la resistencia ya enunciada. ¿Se podrán encarar tales retos desde un proyecto de cambio profundo, sin subsumirlo en las apetencias tradicionales del camino electoral?

Publicado enEdición Nº247
Martes, 29 Mayo 2018 17:47

Socializar las finanzas*

Socializar las finanzas*

En términos elementales, las finanzas son mera contabilidad: un registro de obligaciones y compromisos monetarios. Sin embargo, las finanzas son también una forma de planificación: un conjunto de instituciones para organizar intereses sobre el reparto del producto social.

 

La fusión de estas dos funciones –contabilidad y planificación–, que obedecen a lógicas distintas, es tan antigua como el capitalismo y, durante casi tanto tiempo, ha soliviantado la conciencia burguesa. La creación de poder adquisitivo a través de préstamos bancarios es difícil de congeniar con la máxima ideológica del capitalismo de que los precios de mercado ofrecen una medida neutral de alguna realidad material preexistente. El fracaso manifiesto del capitalismo para ajustarse a esta idea de sistema natural ha sido atribuido, por los defensores de estas tesis, a la capacidad de los bancos (instigados por el Estado) para alejar los precios de mercado de sus verdaderos valores.

 

De alguna manera, separar estas dos funciones del sistema bancario –contabilidad y planificación–, es el hilo conductor de los 250 años de propuestas de reforma monetaria de economistas burgueses, demagogos y chiflados. Podemos rastrearlo desde David Hume, quien creía que una “circulación perfecta” era una en la que el oro solo se usaba para pagos, y que dudaba de si los préstamos bancarios deberían permitirse en absoluto; a los defensores decimonónicos de un patrón oro estricto o de la doctrina de billetes reales (dos propuestas enfrentadas que supuestamente restaurarían la automaticidad a la creación de crédito bancario); a las propuestas de Proudhon de otorgar al dinero una base objetiva vinculada al tiempo de trabajo; a los temores preconcebidos de Wicksell sobre la inestabilidad de un sistema no regulado de dinero bancario; a las propuestas, a menudo revividas, de reservas bancarias al 100%; a las propuestas de Milton Friedman para una regla estricta de creci-miento de la oferta monetaria; a las fantasías de la ortodoxia actual de un banco central que siga una regla in-violable que emule la “tasa de interés natural”.

 

Lo que todas estas admoniciones y propuestas tienen en común es que buscan restaurar la objetividad del sistema monetario; legislar para que existan los valores supuestamente reales que subyacen al precio del dinero. Buscan obligar al dinero a cumplir, de facto, sus presupuestos ideológicos: una medida objetiva del valor que refleja el valor real de las mercancías, libre de juicios de banqueros y políticos.

 

Los socialistas rechazamos esta fantasía. Sabemos que el desarrollo del capitalismo ha sido desde el principio un proceso de “financiarización”; de expansión de la esfera crediticia a todo ámbito de la actividad humana, y de representación del mundo social en términos de pagos y compromisos monetarios.

 

Sabemos que no hubo un mundo precapitalista de producción e intercambio sobre el cual el dinero, y luego el crédito, fueron superpuestos con posterioridad: las redes de crédito (de reclamos monetarios) son el sustrato sobre el que la producción de mercancías se ha desarrollado y organizado. Y sabemos que el excedente social bajo el capitalismo no es resultado de la asignación de los “mercados”, como dicen los cuentos de hadas de los economistas. El excedente es el resultado de la asignación realizada por bancos y otras instituciones financieras, cuyas actividades son coordinadas por planificadores, no por mercados.

 

Aunque descentralizada en teoría, la producción de mercado está de hecho organizada a través de un sistema financiero altamente centralizado. Y donde existe algo así como mercados competitivos, es generalmente gracias a una extensa intervención estatal: desde leyes antimonopolio hasta toda la compleja maquinaria del Obamacare para apuntalar un mercado desvencijado como el de seguros de salud privado. Como reconocieron Marx y Keynes, la tendencia del capitalismo es hacia el desarrollo de formas de producción más colectivas y sociales, ampliando el dominio de la planificación consciente y disminuyendo el ámbito del mercado. (Un pun-to que también han entendido algunos economistas liberales más avispados y con una aproximación más histórica a los problemas). Preservar el mercado se convierte en un proyecto cada vez más utópico, que requiere una intervención cada vez más activa por parte del gobierno. Piensa en la vasta financiación, inversión y regu-lación públicas que son requeridas para la provisión “privada” de vivienda, educación, transporte, etcétera.

 

En un mundo en el que la producción se guía por una planificación consciente, pública o privada, simplemente no tiene sentido pensar que los valores monetarios reflejan el resultado objetivo de los mercados, o el crédito simplemente como un registro de flujos “reales” de ingresos y gastos.

 

Pero es muy difícil resistir a la “ilusión de lo real”, como lo llama Perry Mehrling. Debemos recordar constantemente que los valores de mercado nunca han sido, y nunca podrían ser, una medida objetiva de las necesida-des y posibilidades humanas. Debemos recordar que los valores medidos en dinero –precios y cantidades, producción y consumo– no tienen existencia independiente de las transacciones de mercado que les dan forma cuantitativa.

 

De aquí se sigue que el socialismo no puede describirse en términos de la cantidad de mercancías producidas o distribuidas. El socialismo es la emancipación de la forma mercancía. No se define por la disposición de cosas, sino por la condición del ser humano. Es la extensión progresiva del dominio de la libertad humana, de esa parte de nuestras vidas gobernada por el amor y la razón.

 

Muchos críticos de las finanzas ven éstas como el enemigo de un capitalismo más humano o auténtico. Esta es la crítica tanto de reformistas gerenciales que se oponen a las finanzas por ser un parásito de las empresas pro-ductivas (recuérdese el “soviet de ingenieros” de Veblen), como de populistas que odian las finanzas como el destructor de su pequeño capital, o de sinceros creyentes en la competencia de mercado que ven a las finanzas como receptores de rentas ilegítimas. En términos prácticos, hay mucho terreno común entre estas posiciones y un programa socialista. Pero no podemos aceptar la idea de que las finanzas sean una distorsión de algunos valores verdaderos de mercado naturales, objetivos o justos.

 

Las finanzas deben comprenderse como un momento más del proceso capitalista, integral a él, pero con dos caras contradictorias. Por un lado, están las finanzas como institución concreta que genera y hace cumplir compromisos crediticios a cualquier tipo de agente social –personas, empresas, Estados–. Desde este punto de vista, su rol es extender y mantener la lógica de la producción de mercancías. (Los préstamos estudiantiles refuerzan la disciplina del trabajo asalariado, la deuda soberana mantiene la división internacional del trabajo).

 

Sin embargo, por otro lado, el sistema financiero es también donde la planificación consciente toma su forma más desarrollada bajo el capitalismo. Los bancos son, en palabras de Schumpeter, el equivalente privado de Gosplan, la agencia de planificación soviética. Sus decisiones de préstamo determinan qué nuevos proyectos obtendrán una parte de los recursos de la sociedad, e imponen (o infligen) el “juicio del mercado” sobre otras.

 

Un programa socialista debe responder a estas dos caras de las finanzas. Nos oponemos al poder de las finan-zas para reducir progresivamente el grado en que nuestras vidas se organizan en torno a la acumulación de dinero. Pero abrazamos la planificación ya inherente a las finanzas porque queremos expandir el dominio de la elección consciente y reducir el dominio de la necesidad ciega.

 

El desarrollo de las finanzas revela el desplazamiento progresivo de la coordinación del mercado en favor de la planificación. Capitalismo significa producción para obtener beneficio; pero, en la realidad concreta, los crite-rios de beneficio siempre están subordinados a los criterios financieros. El juicio del mercado solo tiene fuerza en la medida en que sea ejecutado por las finanzas. El mundo está lleno de negocios cuyos ingresos exceden sus costes, pero se ven obligados a reducir volumen o cerrar debido a las exigencias financieras en su contra. El mundo también está lleno de negocios que operan durante años, o indefinidamente, con costes que exceden sus ingresos, gracias a su acceso a la financiación. Las instituciones que toman estas decisiones de financiación lo hacen en función de su propio juicio subjetivo, y limitado solo en última instancia por los términos estable-cidos del banco central, y no por unos criterios objetivos de valor.

 

Existe una contradicción básica entre el principio de competencia y el de finanzas. Se supone que la compe-tencia es una forma de selección natural: las empresas que obtienen ganancias las reinvierten y crecen, mien-tras que las empresas que pierden no pueden invertir y merman, hasta finalmente desaparecer. Se supone que esto es una gran ventaja de los mercados sobre la planificación. Pero el objetivo de las finanzas es romper este vínculo entre las ganancias de ayer y las inversiones de hoy. El excedente pagado en forma de dividendos e intereses está disponible para la inversión en cualquier lugar de la economía, no solo donde se generó.

 

Y viceversa, hay empresarios que pueden emprender nuevos proyectos que nunca han sido rentables en el pasado si pueden convencer a alguien para que los financien. La competencia mira hacia atrás: los recursos de hoy dependen de cómo te haya ido en el pasado. Las finanzas miran a futuro: los recursos de hoy dependen de cómo (¡alguien!) se espera que lo hagas en el futuro. Por lo tanto, a diferencia de la idea de que las empresas triunfan o fracasan por selección natural, las empresas predilectas de las finanzas –desde Amazon hasta Uber y toda la manada de unicornios–, pueden invertir y crecer indefinidamente sin tener beneficios. Se supone que esto también es una gran ventaja de los mercados.

 

En el mundo sin fricciones imaginado por los economistas, la primacía de las finanzas sobre la competencia ya se ha llevado al límite. Las empresas no controlan ni dependen de su propio excedente. Todo el excedente se asigna de manera centralizada por los mercados financieros. Todos los recursos para la inversión provienen de los mercados financieros y todos los beneficios regresan inmediatamente a ellos en forma de dinero. Esto tiene dos implicaciones contradictorias. Por un lado, elimina cualquier consideración de la empresa como organismo social, de la actividad que realiza para reproducirse, de su búsqueda de fines distintos a la ganancia máxima para sus “dueños”.

 

De hecho, la empresa nace nueva cada día por el beneplácito de quienes la financian. Pero, por la misma razón, la lógica de la maximización de los beneficios pierde su base objetiva. El proceso cuasi evolutivo de la competencia deja de funcionar si los propios beneficios de la empresa ya no son su fuente de inversión, sino que fluyen hacia un fondo común. En este mundo, qué empresas crecen y cuáles fracasan depende de las deci-siones de los planificadores financieros que asignan capital a cada una de ellas.

 

La contradicción entre producción de mercado y finanzas socializadas se agudiza a medida que los propios fondos financieros se unen o se vuelven más homogéneos. Este fue un punto clave para los marxistas de inicios del siglo pasado como Hilferding (y Lenin), pero también está detrás del alboroto reciente en la prensa económica por el aumento de los fondos indexados. Estos fondos tienen acciones de todas las empresas que pertenecen a un determinado índice; a diferencia de los fondos administrados activamente, que tratan de in-vertir en la empresa que se cree irá mejor, éstos tienen acciones en muchas compañías que compiten entre sí.

 

Según un estudio reciente, “la probabilidad de que dos empresas seleccionadas al azar en el S&P 1500 de la misma industria tengan un accionista común con al menos un 5% de participación en ambas aumentó de me-nos del 20% en 1999 a alrededor del 90% en 2014”. El problema es obvio: si las empresas trabajan para sus accionistas, ¿por qué competirían entre sí si sus acciones están en manos de los mismos fondos?

 

Obviamente, una solución propuesta es una mayor intervención estatal para preservar la forma de los mercados, limitando o desfavoreciendo la propiedad accionarial a través de fondos. Otra respuesta, y quizás la más lógica, sería: si ya confiamos en los corporate managers para ser fieles representantes de la clase rentista en su conjunto, ¿por qué no dar el siguiente paso y convertirlos en representantes de la sociedad en general?

 

Además, los términos sobre los cuales el sistema financiero redirige el capital son fijados en última instancia por el banco central. Sus decisiones –la política monetaria en sentido estricto, pero también la regulación fi-nanciera o los rescates durante la crisis a entidades– determinan no solo el ritmo de expansión del crédito sino también el criterio de rentabilidad mismo. Esto es muy evidente en las crisis, pero también está implícito en la política monetaria rutinaria. A menos que los reducidos tipos de interés conviertan a algunos proyectos pre-viamente no rentables en rentables, ¿cómo sino podrían salir adelante?

 

Al mismo tiempo, la legitimidad del sistema capitalista –la justificación ideológica de su evidente injusticia y desperdicio– proviene de la idea de que los resultados económicos están determinados por “el mercado” y no por la elección de nadie. Por lo tanto, la función de planificación del banco central debe mantenerse fuera de la vista.

 

Los propios banqueros centrales son muy conscientes del papel que juegan. A principios de la década de 1980, cuando la Reserva Federal cambió su principal instrumento de política monetaria, sus responsables se preocu-paron porque su elección preservara la ficción de que eran los mercados los que establecían el tipo de interés. Como dijo el gobernador de la Fed, Wayne Angell, era esencial elegir una técnica que “tuviera el camuflaje de las fuerzas del mercado en acción”.

 

Los libros de texto de la economía dominante describen de manera explícita la trayectoria a largo plazo de las economías capitalistas en términos de un planificador ideal, que determina la producción y precios para toda la eternidad con el fin de maximizar el bienestar general. La contradicción entre esta visión macro y la ideología de la competencia de mercado queda relegada por la suposición de que a largo plazo esta trayectoria es la misma que la “natural” de un mercado competitivo perfecto sin dinero ni bancos.

 

Fuera del mundo académico es más difícil mantener la fe en que los planificadores del banco central eligen de manera infalible los resultados que el mercado debería haber alcanzado por sí mismo. Muchas críticas a los bancos centrales provenientes de la derecha –y también de la izquierda– entienden claramente que estos bancos se dedican a una planificación activa, pero lo consideran intrínsecamente ilegítimo. Su creencia en los resultados “naturales” del mercado les lleva a las fantasías de retorno a un patrón monetario independiente del juicio humano: ya sea el oro o el bitcoin.

 

Los socialistas, que vemos a través de la fachada del supuesto juicio experto neutro de los banqueros centrales y reconocemos su estrecha asociación con las finanzas privadas, podríamos vernos tentados por ideas simila-res. Pero el camino hacia el socialismo va por otro lado. No buscamos organizar la vida humana en una red objetiva de valores de mercado, libre de la influencia distorsionante de las finanzas y los bancos centrales. Más bien buscamos sacar a la luz la planificación consciente que ya existe, convertirla en terreno de la política y dirigirla hacia la satisfacción de las necesidades humanas, y no hacia el refuerzo de las relaciones de dominación. En resumen: socializar las finanzas.

 

En el contexto de los Estados Unidos, el análisis anterior sugeriría un programa de transición tal vez en las siguientes líneas:


Desmercantilizar el dinero

 

Aunque no haya forma de separar el dinero y los mercados de las finanzas, eso no significa que las funciones rutinarias del sistema monetario deban ser una fuente de beneficios privados. Migrar la responsabilidad de las infraestructuras monetarias elementales a organismos públicos o semipúblicos es una reforma no-reformista: aborda algunos de los abusos manifiestos e inestabilidad del sistema monetario existente al tiempo que abre el camino hacia transformaciones más profundas.

 

En particular, esto podría implicar:

 

1. Un sistema de pagos públicos.
En un pasado no muy lejano, si alguien quería dar algo de dinero a cambio de un bien o servicio, no teníamos que pagar a un tercero por el permiso para realizar el intercambio. Sin embargo, con el reemplazo del efectivo por cargos electrónicos, los pagos rutinarios se han convertido en una fuente de beneficio. Las transacciones y el resto de la fontanería rutinaria del sistema de pagos debe ser un monopolio público, al igual que la moneda.


2. Banca postal.
Los servicios bancarios deberían proporcionarse igualmente a través de las oficinas de correos, como en muchos otros países. Las transacciones rutinarias entre cuentas (verificar y guardar) son un servicio que puede ser proporcionado directamente por el Estado.


3. Calificaciones de crédito públicas, tanto para bonos como para individuos.
Esta información debe estar ampliamente disponible para realizar su función; incluso es un elemento im-portante para la provisión pública dentro de la lógica del capitalismo. Ello implica además desafiar la función coercitiva y disciplinaria que, cada vez más, realizan las agencias privadas de calificación crediticia en Estados Unidos.


4. Financiación pública de la vivienda.
Las hipotecas para primeras viviendas son otra área donde una pátina de transacciones de mercado oculta un sistema que ya es sustancialmente público. El mercado hipotecario a treinta años es totalmente una creación de la regulación, es mantenido por los creadores de mercado públicos, y los organismos públicos son, en gran medida, los prestamistas de última instancia. Los socialistas no tenemos especial interés en el cultivo de una sociedad de pequeños propietarios a través de la propiedad de la vivienda; pero mientras el Estado lo haga, exigimos que sea de manera abierta y directa en lugar de disfrazarse de transacciones privadas.


5. Pensiones de jubilación públicas.
Ahorrar para la jubilación, junto con la vivienda, es donde el Estado hace más por fomentar lo que Gerald Davis llama la “ficción de capital”: concebir la relación de cada uno con la sociedad en términos de propie-dad de activos.

Pero aquí, a diferencia de la propiedad de la vivienda, la provisión social bajo la apariencia de sistema financieros ha fallado incluso en sus propios términos. Muchos hogares de clase trabajadora en los Estados Unidos y en otros países ricos sí tienen sus casas en propiedad, pero solo un pequeño porcentaje puede acceder a una pensión digna solo con el ahorro privado. Del mismo modo, los sistemas públicos de pensiones están mucho más desarrollados que la provisión pública de vivienda. Esto sugiere apostar por la eliminación de programas existentes que fomentan el ahorro privado para la jubilación y por una gran expansión de la Seguridad Social y sistemas similares de seguro social.

 

Contención de las finanzas

 

No es tarea de los socialistas mantener al gran casino funcionando plácidamente. Pero mientras existan insti-tuciones financieras privadas, no podemos evitar la cuestión de cómo regularlas. Históricamente, la regulación financiera a veces ha tomado la forma de “contención financiera”, en la cual los tipos de activos que poseen las instituciones financieras son decretados sustancialmente por el Estado.

 

Esto permite que el crédito se dirija de manera más efectiva a la inversión socialmente útil. Lo cual también permite mantener bajos tipos de interés en el mercado, que -en un contexto de inflación mayor- disminuye tanto la carga de la deuda como el poder de los acreedores. El sistema financiero liberalizado ya tiene críticos muy elocuentes; no es necesario duplicar su trabajo con una propuesta de reforma detallada, pero podemos exponer algunos principios generales:

 

1. Si no está permitido, está prohibido.
La regulación eficaz siempre ha consistido en especificar funciones para cada institución, y prohibir cual-quier otra cosa. De lo contrario, es demasiado fácil escometar la norma con algo que es formalmente diferente pero sustancialmente equivalente. Los bancos centrales también necesitan este tipo de regulación para controlar el flujo de crédito, con independencia de que continúen o no siendo los principales impulsores de la demanda agregada


2. Proteger las funciones, no las instituciones.
El poder político de las finanzas se deriva de su capacidad de poner en peligro la contabilidad social rutina-ria y la seguridad de los pequeños propietarios. (“¡Si no rescatamos a los bancos, los cajeros automáticos cerrarán! ¿Qué pasa con mi pensión?”)
Mientras las instituciones financieras privadas desempeñen funciones socialmente necesarias, la política debe dirigirse a preservar esas funciones, y no las instituciones que las realizan. Esto significa que las inter-venciones deben ser lo más cercanas posible al usuario final (no financiero), y no en el ámbito del tejemaneje bancario. Un ejemplo en esta línea: el sistema de garantía de depósito.


3. Requerir grandes tenencias de deuda pública.
La amenaza de especuladores contra los bonos del gobierno federal estadounidense ha sido exagerada; así lo demostró, por ejemplo, la farsa del techo de deuda y la rebaja crediticia de 2012. Pero para los gobiernos más pequeños -incluidos los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos- no es tan fácil ignorar a los mercados. Las grandes tenencias de deuda pública reducen además la frecuencia y gravedad de las crisis financieras cíclicas que son, perversamente, una de las principales formas en que se mantiene el poder so-cial de las finanzas.


4. Controlar los niveles de deuda con menores tipos de interés y mayor inflación.
El apalancamiento de los hogares en los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en los últimos treinta años; algunos creen que esto se debe a que se recurrió al endeudamiento para elevar los niveles de vida ante el estancamiento o la disminución de los ingresos reales.

 

Pero este no es el caso; el crecimiento más lento de los ingresos simplemente ha significado un crecimiento más lento del consumo. O, mejor dicho, la causa principal del aumento de la deuda de los hogares en los últimos treinta años ha sido la combinación de baja inflación y elevados tipos de interés para los hogares de ma-nera continuada. En cambio, la forma más efectiva de reducir la carga de la deuda -para los hogares, y también para los gobiernos- es mantener bajos tipos de interés y, al mismo tiempo, permitir una mayor inflación.

 

Corolario: podemos rechazar cualquier reclamo moral en favor de las rentas derivadas de esos intereses. No hay derecho a ejercer ningún reclamo sobre el trabajo de otros derivados de la propiedad de activos financieros. Que la prestación privada de servicios socialmente necesarios como los seguros y las pensiones se vea socavada por los bajos tipos de interés, es un argumento para trasladar estos servicios al sector público, no para aumentar las exigencias de los rentistas.

 

Democratizar los bancos centrales

 

Los bancos centrales siempre han sido planificadores centrales. Las decisiones sobre tipos de interés y los tér-minos en los cuales las instituciones financieras son reguladas y rescatadas, inevitablemente condiciona la ren-tabilidad, así como la dirección y nivel de actividad productiva. Este papel se ha ocultado detrás de una ideología que imagina que el banco central se comporta de manera automática, de acuerdo con una regla que de alguna manera reproduce el comportamiento “natural” de los mercados.

 

Las propias actuaciones de los bancos centrales desde 2008 han dejado esta ideología en ruinas. La respuesta inmediata a la crisis ha obligado a los bancos centrales a intervenir más directamente en los mercados de crédi-to, a comprar una gama más amplia de activos e incluso a reemplazar a las instituciones financieras privadas para prestar directamente a las empresas no financieras. Desde entonces, el fracaso de la política monetaria convencional ha obligado a los bancos centrales a asumir involuntariamente una gama más amplia de inter-venciones, canalizando directamente el crédito hacia los prestatarios seleccionados.

 

Este giro hacia la “política crediticia” supone admitir, a regañadientes y forzados por los acontecimientos, que la anarquía de la competencia es incapaz de coordinar la producción. Los bancos centrales no pueden, como imaginan los libros de texto, estabilizar el sistema capitalista pulsando un simple botón con la etiqueta “oferta monetaria” o “tipo de interés”. Su propio juicio debe sustituir al resultado del mercado en una amplia y creciente gama de mercados de activos y crédito.

 

El desafío ahora es politizar a los bancos centrales: hacerlos objeto de debate público y presión popular. En Europa, los bancos centrales nacionales serán un terreno central de disputa para el próximo gobierno de iz-quierda que busca romper con la austeridad y el liberalismo. A pesar de la percepción errónea de la centralización de funciones en el Banco Central Europeo (BCE), los bancos centrales nacionales todavía ejecutan mu-chas de sus antiguas funciones.

 

En Estados Unidos podemos renunciar definitivamente a la idea de la política monetaria como dominio exclu-sivo de la pericia tecnocrática, y poner de manifiesto su programa de mantener un elevado desempleo para frenar el crecimiento salarial y el poder de los trabajadores. Como propuesta en positivo, podríamos exigir que la Fed use tenazmente su autoridad legal existente para comprar deuda municipal, privando a los rentistas de su poder sobre gobiernos locales con limitaciones financieras (como Detroit o Puerto Rico); y, con carácter general, atenuar el poder de “los mercados de deuda” que actúan como restricción de las políticas populares a nivel estatal y local. En definitiva, los bancos centrales deberían ser responsables de redirigir activamente el crédito hacia fines socialmente útiles.

 

Desempoderar a los accionistas

 

El capitalismo realmente existente consiste en limitados flujos de transacciones de mercado que fluyen entre grandes áreas no de mercado. Una función central de las finanzas es actuar como el arma en manos de la clase capitalista para hacer cumplir la lógica del valor en estas estructuras no de mercado. Las demandas de los ac-cionistas sobre empresas no financieras y las de tenedores de bonos sobre los gobiernos nacionales aseguran que todos estos dominios de la actividad humana permanezcan subordinados a la lógica de la acumulación. Queremos defensas más fuertes contra estas demandas; no porque tengamos fe en el capitalismo productivos o las burguesías nacionales, sino porque ocupan el espacio en el que la política es posible.

 

En particular, deberíamos apoyar a las empresas frente a los accionistas. La empresa, como Marx señaló hace mucho tiempo, es “la abolición del modo de producción capitalista dentro del propio modo de producción capitalista”. Dentro de la empresa, la actividad se coordina a través de planes, no de mercados; y la orienta-ción de esta actividad es hacia la producción de un valor de uso particular en lugar de dinero como tal.

 

“La tendencia de la gran empresa”, escribió Keynes, “es a socializarse”. La función política fundamental de las finanzas es mantener esta tendencia bajo control. Sin la amenaza de adquisición y la presión de los accionistas, la empresa se convierte en un espacio donde los trabajadores y otras partes interesadas pueden cuestionar el control sobre la producción y el excedente que genera; una posibilidad que los capitalistas nunca pierden de vista.

 

Huelga decir que esto no implica ningún apego a los individuos particulares en lo alto de la jerarquía empresa-rial, que en la actualidad son frecuentemente rentistas reales o potenciales sin ninguna conexión orgánica con el proceso de producción. Más bien, es el reconocimiento del valor de la empresa como organismo social; como un espacio estructurado por relaciones de confianza y lealtad, con motivaciones de “conciencia profesional”; y como el lugar de la planificación consciente de la producción de valores de uso.

 

El papel de las finanzas con respecto a la empresa moderna no es proporcionarle recursos para la inversión, sino garantizar que su orientación hacia la producción como fin en sí mismo esté en realidad subordinada a la acumulación de dinero.

 

Resistir esta presión no es un sustituto de otras luchas, como las que afectan al proceso de trabajo o el reparto de recursos y autoridad dentro de la empresa. (La historia da muchos ejemplos de producción de valores de uso como un fin en sí mismo que se lleva a cabo bajo condiciones tan coercitivas y alienadas como en la producción con fines de beneficio). Pero resistir la presión de las finanzas crea más espacio para esas luchas y para la evolución del socialismo dentro de la forma corporativa.

 

Cerrar las fronteras al dinero (y abrirlas a la gente)

 

Del mismo modo que el poder accionarial impone la lógica de la acumulación a las empresas, la movilidad del capital hace lo mismo con los Estados. En las universidades, se escucha la supuesta eficiencia de la libre circu-lación de capitales, pero en el ámbito político se escucha más su poder para “disciplinar” a los gobiernos na-cionales. La amenaza de fuga de capitales y crisis de balanza de pagos protege a la lógica de la acumulación frente a las incursiones de los gobiernos nacionales.

 

Los Estados pueden ser vehículos para el control consciente de la economía solo en la medida en que los reclamos financieros transfronterizos sean limitados. En un mundo donde los flujos de capital son amplios y sin restricciones, la actividad concreta de producción y reproducción debe ajustarse constantemente a los capri-chos cambiantes de los inversores extranjeros.

 

Esto es incompatible con cualquier estrategia para el desarrollo de las fuerzas de producción a nivel nacional; todos los casos exitosos de industrialización tardía han dependido de la redirección consciente del crédito a través del sistema bancario nacional. Aún más, el requisito de que la actividad real se acomode a los flujos financieros transfronterizos es incompatible incluso con la reproducción estable del capitalismo en la periferia. Hemos aprendido esta lección muchas veces en América Latina y en otras partes del Sur, y la estamos aprendiendo de nuevo en Europa.

 

Por lo tanto, un programa socialista sobre finanzas debe incluir el apoyo a los esfuerzos de gobiernos naciona-les por desvincularse de la economía global y por mantener o recuperar el control sobre sus sistemas financieros. Hoy en día, tales esfuerzos están a menudo vinculados a políticas de racismo, nativismo y xenofobia que debemos rechazar sin compromiso. Pero es posible avanzar hacia un mundo en el que las fronteras nacionales no representen un obstáculo para las personas y las ideas, sino que limiten el movimiento de bienes y sean barreras imposibles de alcanzar para demandas financieras privadas.

 

En Estados Unidos y otros países ricos, también es importante oponerse a cualquier uso de la autoridad, legal o no, de nuestros propios Estados para hacer cumplir las demandas financieras contra Estados más débiles. Argentina y Grecia , por tomar dos ejemplos recientes, no fueron forzados a aceptar los términos de sus acreedores por las acciones de particulares dispersos en los mercados financieros, sino respectivamente por las acciones del Juez Griesa del Segundo Circuito de EE.UU. y Trichet y Mario Draghi del BCE. Para que los estados periféricos fomenten el desarrollo y sirvan como vehículo para la política popular, deben aislarse de los mercados financieros internacionales. Pero el poder de esos mercados proviene en última instancia de los cañones, figurativos o literales, mediante los cuales se imponen las demandas financieras privadas.

 

En relación a los Estados fuertes, los mercados no tienen poder excepto sobre el imaginario. Como hemos visto repetidamente en los últimos años, más dramáticamente en el sainete del límite de deuda de 2011-2013, no hay especuladores al acecho; los términos sobre los cuales los gobiernos se endeudan están completamente determinados por su propia autoridad monetaria. Todo lo que se necesita aquí para acabar con el poder del mercado de deuda es simplemente reconocer que ya no tiene poder alguno.

 

En resumen, deberíamos rechazar la idea de las finanzas como la intrusión en un orden de mercado preexistente. Debemos resistir al poder de las finanzas como ejecutor de la lógica de la acumulación. Y deberíamos reclamar co-mo espacio para una política democrática la planificación social ya realizada a través de las finanzas.

 

* Sin permiso, www.sinpermiso.info, 09/05/2018.

 

El problema del pasado es no pasar: a cien años de la Revolución rusa

Este año se conmemora el centenario de la Revolución rusa [1] y también los 150 años de la publicación del primer volumen de El capital de Karl Marx. Juntar ambas efemérides puede parecer extraño porque Marx nunca escribió con detalle sobre la revolución y la sociedad comunista y, de haberlo hecho, resulta inimaginable que lo que escribiese tuviera cierto parecido con lo que fue la Unión Soviética (URSS), sobre todo después de que Stalin asumiera la dirección del partido y del Estado. La verdad es que muchos de los debates que la obra de Marx suscitó durante el siglo XX, fuera de la URSS, fueron una forma indirecta de discutir los méritos y deméritos de la Revolución rusa.


Ahora que las revoluciones hechas en nombre del marxismo terminaron o evolucionaron hacia... el capitalismo, tal vez Marx (y el marxismo) tenga por fin la oportunidad de ser discutido como merece –como teoría social. La verdad es que el libro de Marx, que tardó cinco años en vender los primeros mil ejemplares antes de convertirse en uno de los libros más influyentes del siglo XX, ha vuelto a convertirse en un bestseller en los últimos tiempos y, dos décadas después de la caída del Muro de Berlín, al fin estaba siendo leído en países que habían formado parte de la URSS. ¿Qué atracción puede suscitar un libro tan denso? ¿Qué reclamo puede tener en un momento en que tanto la opinión pública como la abrumadora mayoría de los intelectuales están convencidos de que el capitalismo no tiene fin y que, en caso de tenerlo, ciertamente no será sucedido por el socialismo? Hace veintitrés años publiqué un texto sobre el marxismo como teoría social [2]. En una próxima columna indicaré lo que, en mi opinión, ha cambiado y no ha cambiado desde entonces, y trataré de responder a estas preguntas. Ahora me ocupo del significado de la Revolución rusa.


Muy probablemente, los debates que a lo largo de este año se lleven a cabo sobre la Revolución rusa repetirán todo lo que ya se ha dicho y debatido y terminarán con la misma sensación de que es imposible un consenso sobre si la Revolución rusa fue un éxito o un fracaso. A primera vista, resulta extraño, pues tanto si se considera que la Revolución rusa terminó con la llegada de Stalin al poder (la posición de Trotsky, uno de los líderes de la revolución) como con el golpe de Estado de Boris Yeltsin en 1993, parece evidente que fracasó. Sin embargo, esto no es evidente, y la razón no está en la evaluación del pasado, sino en la evaluación de nuestro presente. El triunfo de la Revolución rusa consiste en haber planteado todos los problemas a los que las sociedades capitalistas se enfrentan hoy. Su fracaso radica en no haber resuelto ninguno Excepto uno. En futuras columnas abordaré algunos de los problemas que la Revolución rusa no resolvió y siguen reclamando nuestra atención. Aquí me concentro en el único problema que resolvió.


¿Puede el capitalismo promover el bienestar de las grandes mayorías sin que esté en el terreno de la lucha social una alternativa creíble e inequívoca al capitalismo? Este fue el problema de que la Revolución rusa resolvió, y la respuesta es no.

La Revolución rusa mostró a las clases trabajadoras de todo el mundo, y muy especialmente a las europeas, que el capitalismo no era una fatalidad, que había una alternativa a la miseria, a la inseguridad del desempleo inminente, a le prepotencia de los patrones, a los gobiernos que servían a los intereses de las minorías poderosas, incluso cuando decían lo contrario. Pero la Revolución rusa ocurrió en uno de los países más atrasados de Europa y Lenin era plenamente consciente de que el éxito de la revolución socialista mundial y de la propia Revolución rusa dependía de su extensión a los países más desarrollados, con sólida base industrial y amplias clases trabajadoras. En aquel momento, ese país era Alemania. El fracaso de la Revolución alemana de 1918-1919 hizo que el movimiento obrero se dividiera y buena parte de él pasase a defender que era posible alcanzar los mismos objetivos por vías diferentes a las seguidas por los trabajadores rusos. Pero la idea de la posibilidad de una sociedad alternativa a la sociedad capitalista se mantuvo intacta. Se consolidó, así, lo que se pasó a llamarse reformismo, el camino gradual y democrático hacia una sociedad socialista que combinase las conquistas sociales de la Revolución rusa con las conquistas políticas y democráticas de los países occidentales. En la posguerra, el reformismo dio origen a la socialdemocracia europea, un sistema político que combinaba altos niveles de productividad con altos niveles de protección social. Fue entonces que las clases trabajadoras pudieron, por primera vez en la historia, planear su vida y el futuro de sus hijos. Educación, salud y seguridad social públicas, entre muchos otros derechos sociales y laborales. Quedó claro que la socialdemocracia nunca caminaría hacia una sociedad socialista, pero parecía garantizar el fin irreversible del capitalismo salvaje y su sustitución por un capitalismo de rostro humano.


Entretanto, del otro lado de la “cortina de hierro”, la República Soviética (URSS), pese al terror de Stalin, o precisamente por su causa, revelaba una pujanza industrial portentosa que transformó en pocas décadas una de las regiones más atrasadas de Europa en una potencia industrial que rivalizaba con el capitalismo occidental y, muy especialmente, con Estados Unidos, el país que emergió de la Segunda Guerra Mundial como el más poderoso del mundo. Esta rivalidad se tradujo en la Guerra Fría, que dominó la política internacional en las siguientes décadas. Fue ella la que determinó el perdón, en 1953, de buena parte de la inmensa deuda de Alemania occidental contraída en las dos guerras que infligió a Europa y que perdió.


Era necesario conceder al capitalismo alemán occidental condiciones para rivalizar con el desarrollo de Alemania oriental, por entonces la república soviética más desarrollada. Las divisiones entre los partidos que se reclamaban defensores de los intereses de los trabajadores (los partidos socialistas o socialdemócratas y los partidos comunistas) fueron parte importante de la Guerra Fría, con los socialistas atacando a los comunistas por ser conniventes con los crímenes de Stalin y defender la dictadura soviética, y con los comunistas atacando a los socialistas por haber traicionado la causa socialista y ser partidos de derecha muchas veces al servicio del imperialismo norteamericano. Poco podían imaginar en ese momento lo mucho que los unía.


Mientras tanto, el Muro de Berlín cayó en 1989 y poco después colapsó la URSS. Era el fin del socialismo, el fin de una alternativa clara al capitalismo, celebrado de manera incondicional y desprevenida por todos los demócratas del mundo. Al mismo tiempo, para sorpresa de muchos, se consolidaba globalmente la versión más antisocial del capitalismo del siglo XX, el neoliberalismo, progresivamente articulado (sobre todo a partir de la presidencia de Bill Clinton) con la dimensión más depredadora de la acumulación capitalista: el capital financiero. Se intensificaba, así, la guerra contra los derechos económicos y sociales, los incrementos de productividad se desligaban de las mejoras salariales, el desempleo retornaba como el fantasma de siempre, la concentración de la riqueza aumentaba exponencialmente. Era la guerra contra la socialdemocracia, que en Europa pasó a ser liderada por la Comisión Europea, bajo el liderazgo de Durão Barroso, y por el Banco Central Europeo.


Los últimos años mostraron que, con la caída del Muro de Berlín, no colapsó solamente el socialismo, sino también la socialdemocracia. Quedó claro que las conquistas de las clases trabajadoras en las décadas anteriores habían sido posibles porque la URSS y la alternativa al capitalismo existían. Constituían una profunda amenaza al capitalismo y este, por instinto de sobrevivencia, hizo las concesiones necesarias (tributación, regulación social) para poder garantizar su reproducción. Cuando la alternativa colapsó y, con ella, la amenaza, el capitalismo dejó de temer enemigos y volvió a su voracidad depredadora, concentradora de riqueza, rehén de su contradictoria pulsión para, en momentos sucesivos, crear inmensa riqueza y luego después destruir inmensa riqueza, especialmente humana.


Desde la caída del Muro de Berlín estamos en un tiempo que tiene algunas semejanzas con el periodo de la Santa Alianza que, a partir de 1815 y tras la derrota de Napoleón, pretendió barrer de la imaginación de los europeos todas las conquistas de la Revolución francesa. No por coincidencia, y salvadas las debidas proporciones (las conquistas de las clases trabajadoras que todavía no fue posible eliminar por vía democrática), la acumulación capitalista asume hoy una agresividad que recuerda al periodo pre-Revolución rusa. Y todo lleva a creer que, mientras no surja una alternativa creíble al capitalismo, la situación de los trabajadores, de los pobres, de los emigrantes, de los jubilados, de las clases medias siempre al borde de la caída abrupta en la pobreza no mejorará de manera significativa. Obviamente que la alternativa no será (no sería bueno que fuese) del tipo de la creada por la Revolución rusa. Pero tendrá que ser una alternativa clara. Mostrar esto fue el gran mérito de la Revolución rusa.

03 Feb 2017

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez


Notas


[1] Cuando me refiero a la Revolución rusa, me refiero exclusivamente a la Revolución de Octubre, ya que fue la que sacudió el mundo y condicionó la vida de cerca de un tercio de la población mundial en las décadas siguientes. Fue precedida por la Revolución de Febrero de ese mismo año, que depuso al zar Nicolás II y se prolongó hasta el 26 de octubre (según el calendario juliano entonces vigente en Rusia) cuando los bolcheviques, liderados por Lenin y Trotsky, tomaron el poder con las consignas “Paz, pan y tierra” y “¡todo el poder para los soviets!”, es decir, los consejos de obreros, campesinos y soldados.
[2] Véase el capítulo “Todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿También el marxismo?”, en De la mano de Alicia: lo social y lo político en la postmodernidad, Siglo del Hombre, Colombia, 1998, págs. 21-53

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Odebrecht revela la corrupción sistémica en Latinoamérica

El caso de la constructora brasileña destapa una enorme red de sobornos

La constructora brasileña Odebrecht conquistó América Latina vendiendo grandes obras de infraestructura. Presente en 27 países, la empresa fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años cuarenta ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina... Pero ese éxito tenía trampa. La empresa ha aceptado pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas.
Algunos de los países en que Odebrecht pagó sobornos en América Latina son Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. La constructora, con 128.000 empleados y unos ingresos brutos de 40.000 millones de dólares, es el personaje central de la trama descubierta por la Operación Lava Jato, que investiga desde 2014 una red corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras desplegada desde hacía décadas.


La empresa tenía contratos firmados con la petrolera desde la década de los cincuenta. Los investigadores tardaron más de un año en encontrar las primeras pruebas, que llevaron a Marcelo Odebrecht, presidente y nieto del fundador del grupo, a la cárcel en junio de 2015. Desde entonces, Brasil se sumergió en los detalles del multimillonario y sofisticado sistema de corrupción liderado por la constructora y sus filiales.


Tras obligar a los dirigentes políticos de Brasil a arrodillarse ante las denuncias, la empresa se convierte ahora en una amenaza real para representantes del poder en América Latina y abre la caja de pandora de la corrupción en la región. Presidentes, expresidentes y congresistas del continente han sido delatadosante las autoridades internacionales por directivos del grupo.


Acuerdo judicial


Que Odebrecht confiese los delitos y apunte a sus cómplices en las altas esferas del poder no es mera casualidad. El presidente de la constructora y un equipo de 77 empleados de alto rango negociaron acuerdos con la justicia para reducir sus condenas. Odebrecht, por ejemplo, fue condenado a 19 años por delitos que van de lavado de dinero a asociación criminal. La compañía aceptó pagar la multa para cerrar las investigaciones en EE UU, Brasil y Suiza.


El Departamento de Justicia de Estados Unidos todavía no ha divulgado el nombre de ninguna autoridad involucrada en el escándalo fuera de Brasil, pero se espera que el escándalo salpique a nombres de envergadura. Odebrecht reconoció haber pagado, por ejemplo, 29 millones de dólares en sobornos en Perú a empleados gubernamentales entre 2005 y 2014. La confesión abarca los mandatos de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). En febrero del año pasado, Humala fue señalado como receptor de tres millones de dólares de Odebrecht en sobornos. Él lo niega. En Panamá se especula que uno de los beneficiarios haya sido uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares. Padre e hijo también negaron la acusación.


Por donde pasa, el terremoto Odebrecht amenaza con manchar biografías. En Argentina, el blanco son los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La empresa admitió haber pagado más de 35 millones de dólares a intermediarios de empleados vinculados a tres proyectos de infraestructura entre 2007 y 2014, cuando Fernández era presidenta. En Venezuela, los delatores ya han mencionado un pago de tres millones de dólares a la campaña de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (2012-2013).


En todos los países el modus operandi fue el mismo: la constructora utilizó una sofisticada trama de offshores (empresas fantasma) para pagar los sobornos. En la isla caribeña de Antigua llegó a comprar un banco local para facilitar la tarea. Según las autoridades, Odebrecht utilizó diferentes “capas de blanqueo de dinero” para dificultar el rastreo de las transacciones. Los pagos a agentes públicos en los países mencionados partían del Sector de Operaciones Estructuradas de la empresa, que en Brasil pasó a conocerse como “sector de sobornos”. El departamento, con una contabilidad paralela, garantizaba los fondos utilizados y autorizaba las transferencias con la supervisión del presidente de la compañía.


La publicidad del acuerdo de lenidad hizo que las autoridades de los países involucrados reaccionaran rápidamente. Las Fiscalías de Argentina, Perú, Colombia, Panamá y de Ecuador ya han anunciado que investigan los pagos de sobornos a la constructora. En México, el Gobierno y la petrolera Pemex también afirmaron que van a investigar el pago de 10 millones de dólares en sobornos para beneficiar a Odebrecht en contratos con la compañía.


Los documentos divulgados por la justicia de Estados Unidos pueden ser tan solo la punta del iceberg de la trama internacional de corrupción. Las declaraciones de algunos ejecutivos,como João Carlos Nogueira, exdirector del área internacional de la empresa, amenazan con incendiar los gabinetes de muchos pesos pesados. Nogueira detallará los negocios de Odebrecht firmados en otros países, como Angola, República Dominicana, Cuba, Ghana, México y Venezuela. Otra delación esperada es la de Benedicto Barbosa Júnior, expresidente de Odebrecht Infraestructura, y uno de los coordinadores del sector que repartía los sobornos. La única certeza ahora es que el tsunami ha comenzado y no se vislumbra su fin.

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Población de Remedios y Segovia impide cierre de minas y socavones

Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia, habló acerca de los inconvenientes con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, luego de que ésta ordenara el cierre de varios socavones pertenecientes a las asociaciones de pequeños mineros. Debido al incumplimiento de los acuerdos del 15 de noviembre de 2015 y a la expedición del Decreto 1421 de 2016, la Mesa descongeló el paro, llamando a toda la ciudadanía a sumarse a esta nueva jornada de lucha.

 

Una protesta de muchos meses. El domingo 18 de septiembre las Asociaciones de Pequeños Mineros de los municipios de Segovia y Remedios declararon descongelado el paro que lideran desde octubre del año 2015, en el congelador desde el 11 de noviembre como resultado de acuerdos logrados con el gobierno nacional y con la compañía Zandor S.A.


Es necesario recordar que los mineros habían declarado el cese de actividades en el 2015 con el fin de protestar en contra de los abusos de la multinacional minera Zandor Capital S.A. (Ver “En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional”). El presidente de la Mesa Minera de ambos municipios, Eliober Castañeda, habló con desdeabajo y contó los pormenores del conflicto:


“El descongelamiento del paro se acordó el pasado 15 de septiembre, luego de que ambos municipios pidieran la convocatoria de la Mesa Minera para ese día, mientras realizábamos un plantón en frente de la electrificadora del municipio de Segovia. El 18 de septiembre, a media noche, se descongeló el paro que se había detenido desde el 11 de noviembre de 2015, debido a los incumplimientos de los acuerdos firmados en tal fecha con Gobierno y con la compañía Zandor Capital S.A. Se burlan de lo firmado, de un momento a otro empezaron a incumplir uno de los acuerdos: ellos no insistirían en cerrar las minas de los pequeños mineros”.


Además de comprometerse a no cerrar las minas, otros acuerdos fueron ignorados. “Por parte del Gobierno, habían quedado en que íbamos a tener otra mesa general donde debatiríamos lo referente a unos decretos que implican directamente el funcionamiento de unos entables que funcionan en nuestro municipio, o como los llama el Gobierno, plantas de beneficio”. Según don Eliober, hasta la fecha, y pese al transcurrir de los meses, no han tenido ninguna reunión con representantes del Gobierno.


La orden de cerrar las minas respondió a lo inscrito en el Decreto 1421 del 1° de septiembre de 2016, decreto que contradice lo acordado entre Gobierno, Zandor Capital y la Mesa Minera. “La población se sintió engañada, después de que el Gobierno publicó el decreto 1421, que da un plazo de seis meses para que los entables –que están totalmente legalizados– que no cumplan los requisitos allí enunciados sean cerrados inmediatamente. Consideramos que es una injusticia porque ni siquiera la misma multinacional los cumple.


El pueblo no está de acuerdo con el cierre de las minas


Don Eliober aseguró que las minas no fueron cerradas gracias a la organización de los pequeños mineros, en conjunto con la población. “Inicialmente la multinacional y la gobernación de Antioquía, desde la Secretaría de Minas, intentaron cerrar las minas; el pueblo siempre ha estado en las minas y le ha solicitado muy formalmente a las personas encargadas de ejecutar el cierre de las minas, que se retiraran porque el pueblo no está de acuerdo con esa arbitrariedad”.


Respecto a la reanudación del paro, declaró. “El pueblo ha decidido que esta manifestación es indefinida. El día de hoy estamos dando apertura al cronograma, tendremos una marcha y unos actos simbólicos; lanzaremos globos al aire como una manera de pedir ayuda. Estamos viendo muchas arbitrariedades por parte del Gobierno, y mucho más por parte de Zandor Capital”.


¿Qué dice el Decreto 1421 de 2016?


El pasado 1° de septiembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1421 (Ver Decreto), en el cual especifica respecto al beneficio de minerales, que consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a las que es sometido el mineral extraído para su posterior utilización y comercialización.


El objeto es hacer seguimiento y control de estas actividades, por esto el Decreto obliga a los propietarios de plantas de beneficio de minerales, inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) antes de marzo de 2017. Esta inscripción, para el seguimiento y control, no aplica para las plantas de beneficio que hagan parte de un proyecto autorizado bajo un título minero (entre ellas está Zandor Capital S.A), pero sí requiere incluirla en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la plataforma del Rucom.


El Decreto criminaliza al pequeño minero –la mayoría de los cuales no tiene título minero ni licencias ambientales– ya que el beneficio de minerales provenientes de explotadores mineros no autorizados será considerado como “aprovechamiento ilícito”, sancionando a quien infrija la norma con prisión de entre uno (1) a seis (6) años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales, además de la cancelación de la inscripción en el Rucom, si la hubiere.


El paro, que apenas es reiniciado, promete extenderse por el tiempo que sea necesario. La conflctividad social, con diversidad de expresiones y radicalidad, gana espacio por todo el país. ¿Cuándo cumplirá el Gobierno con los acuerdos que firma por aquí y por allá? ¿Cuándo el Gobierno dejará de servirle al gran capital y asuma como su principal causa los sectores más populares?


DECRETO NÚMERO 1421 DE 2016

(Septiembre 01)


Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio.
SECCIÓN 2

DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES

Artículo 2.2.5.6.2.1.Inscripción de las Plantas de Beneficio en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). El propietario de las plantas de beneficio deberá inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) en un término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de este decreto, vencido este plazo, deberá contar con la certificación de la Agencia Nacional de Minería donde conste dicha inscripción.

Cuando la Planta de Beneficio haga parte de un proyecto amparado por un título minero no deberá inscribirse sino incluirse en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería en la plataforma del Rucom.

Las Plantas de Beneficio solo podrán beneficiar minerales provenientes de Explotadores Mineros Autorizados, so pena de incurrir en la conducta tipificada en el artículo 160 de la Ley 685 de 2001, y que se le cancele la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.5.6.2.2.Requisitos para la inscripción de las Plantas de Beneficio en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir y aportar los siguientes requisitos y documentos para su inscripción en el Rucom:

a) Indicar su nombre o razón social según se trate de persona natural o jurídica;

b) Documento de identificación del inscrito si es persona natural;

c) Registro Único Tributario (RUT);

d) Certificado de existencia y representación legal, máximo con treinta (30) días de expedición, cuando se trate de personas jurídicas;

e) Indicar su domicilio principal y dirección para notificaciones;

f) Balance General y Estado de Resultados debidamente certificados y dictaminados, si hay lugar a ello, junto con sus notas, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior;

g) Acreditación de la capacidad económica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.6.1.5.3 del Decreto número 1073 de 2015, la cual deberá ser soportada de acuerdo con los criterios que para el efecto fijará la Autoridad Minera Nacional;

h) Certificación de Inscripción en el Registro Mercantil;

i) Suministrar la siguiente información: Ubicación de la planta de beneficio, mineral objeto de beneficio, cantidad de mineral beneficiado en el año inmediatamente anterior, capacidad de la planta, relación de insumos utilizados en el beneficio, método de beneficio y equipos utilizados.

Artículo 2.2.5.6.2.3Obligaciones de las Plantas de Beneficio inscritas en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom);

b) Cumplir con toda la normativa legal vigente en materia ambiental, minera, tributaria, aduanera, cambiaría y de comercio nacional e internacional;

c) Tener vigentes y actualizados el Registro Único Tributario (RUT), Registro Mercantil y Resolución de Facturación, cuando se trate de establecimientos de comercio;

d) Mantener actualizados todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exige esa formalidad;

e) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

f) Tener la factura comercial del mineral o minerales que transformen, distribuyan, intermedien y comercialicen;

g) Contar con la certificación en la que se acredite la calidad de inscrito en el Registro Único de Comercializadores de minerales (Rucom);

h) Contar con el correspondiente Certificado de Origen de los minerales que transforme, distribuya, intermedie, comercialice, beneficie y consuma;

i) Enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los reportes de información que establezca dicha entidad en el marco de las funciones establecidas en las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, y en la Parte 14 del Decreto número 1068 de 2015.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Minería verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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