La muerte silenciosa de los presos en Estados Unidos

100 mil personas podrían perder la vida por la covid-19 en las cárceles

Sólo en el país habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. De los diez brotes más grandes en el país,

siete se dan en cárceles.

 

En Estados Unidos, las muertes por coronavirus continúan acumulándose en cantidades industriales. Pero hay víctimas que son más silenciosas que otras. Si bien, como reflejara la semana pasada Raúl Kollmann , el país ya liberó a decenas de miles de presos que cumplían su condena en cárceles, el esfuerzo para aplanar la curva de contagio en esos establecimientos sigue siendo insuficiente. Al cierre de esta nota, The New York Timescontabilizaba 35.800 contagios y 345 muertos intramuros, entre presos y personal penitenciario. Pero la cifra oficial de casos positivos dice poco si se considera la escasa cantidad de detenidos que son sometidos a testeos: en el puñado de centros con tasas de prueba más altas, la mayoría de las personas dieron positivo de covid-19. La cárcel de Marion, en el estado de Ohio, es la más infectada del país, con más del 85 por ciento de sus 2.623 reclusos y 175 empleados contagiados.

Algunas cifras alcanzan para entender la magnitud de la situación. Sólo en Estados Unidos habita el 21 por ciento de la población carcelaria del mundo: 2.3 millones de personas. Y alrededor del 40 por ciento de las personas encarceladas en el país sufren al menos una afección crónica, como asma o diabetes, lo cual constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus en contextos habitacionales que no respetan el tan mentado distanciamiento social. La situación se vuelve aún más caótica si se considera que de los diez brotes más grandes en el país, siete se dan en cárceles.

"El encarcelamiento masivo constituyó una crisis en la salud pública mucho antes de la pandemia, pero ahora la situación llegó a un punto límite", advierte Udi Ofer, director de la División de Justicia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en diálogo con Página/12. Una de las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país estima que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente, hasta 100 mil personas podrían morir por la covid-19. Al margen de esfuerzos individuales, ninguna agencia gubernamental compila o hace públicos los datos de coronavirus en cárceles. Sucede que no existe un sistema unificado: los presos deambulan por una maraña de jurisdicciones federales, estatales y locales.

El informe de ACLU , que toma como base el análisis de una cárcel típica, la del condado de Allegheny, estado de Pensilvania, detalla que del total de 100 mil muertes que la pandemia podría generar en las cárceles del país si no se toman las medidas adecuadas, apenas 23 mil ocurrirán tras las rejas. El resto de los presos moriría en comunidades aledañas como resultado de que los reclusos propaguen el virus al ser liberados. Lo cual es un indicador de que la única solución ni siquiera viene por el lado de agilizar las prisiones domiciliarias.

"Las personas encarceladas, los oficiales correccionales y el personal que trabaja en esas instalaciones no pueden distanciarse socialmente de manera efectiva. Combina eso con el hacinamiento, la atención médica deficiente y las condiciones antihigiénicas y tendrás la receta perfecta para la rápida propagación del coronavirus", explica a este diario Ed Chung, vicepresidente de reforma a la Justicia Penal del Centro para el Progreso Americano . "Los presos no están necesariamente confinados en celdas individuales; a menudo se encuentran en áreas abiertas más grandes donde se alojan varias personas juntas", agrega el especialista en derechos civiles.

A mediados de marzo fue diagnosticado el primer caso de coronavirus en Rikers Island, el principal complejo carcelario de la ciudad de Nueva York. En apenas dos semanas, se diagnosticaron más de 200 casos dentro de esa instalación. Pero la prisión de Marion en Ohio es la más castigada por la pandemia. Marion cuenta con una capacidad máxima de 2.623 reclusos y ya tiene 2.439 casos registrados entre presos y personal carcelario, lo que lo convierte en el punto de mayor concentración del virus en todo el país. El 95 por ciento de los reclusos que dieron positivo en ese establecimiento son asintomáticos, lo cual implica una nueva dificultad en la lucha contra la pandemia. Marion es una de las pocas cárceles del país que implementa pruebas masivas. Muchos estados han ordenado pocos testeos hasta el momento, y cinco sobre un total de 50 ni siquiera ofrecen datos.

"Las instalaciones que han testeado a su población carcelaria y al personal penitenciario han encontrado una tasa de infección mayor al 70 por ciento. Pero las cárceles no están haciendo las suficientes pruebas, una lógica que lamentablemente se expande a Estados Unidos en su conjunto", asegura Chung. Por eso, en este momento no se sabe cuántas personas están o estarán infectadas en el país, y sólo existen estimaciones.

"Las prisiones que no están haciendo pruebas básicamente están permitiendo que el virus se propague, abriendo la puerta a muertes masivas. Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) son parcialmente responsables de la falta de testeos, ya que solo los han recomendado en personas sintomáticas", advierte por su parte Ofer. Según datos proporcionados por ACLU, alrededor del 40 por ciento de los reclusos tienen al menos una condición de salud crónica, y hay casi 200 mil personas de 55 años o más que encarceladas en Estados Unidos, lo cual aumenta de forma exponencial el riesgo de contagio.

Liberación, ¿y después?

Numerosos colectivos que defienden los derechos civiles de los presos denuncian que, pese a algunos esfuerzos aislados, se ha hecho poco a nivel estatal y federal para liberar a los reclusos que no son violentos o están a punto de cumplir su condena. Por eso, piden ayuda a distintos actores del país: "Los gobernadores deben proporcionar liderazgo en todo el estado y emitir órdenes ejecutivas que ordenen a las muchas agencias en sus estados a reducir las poblaciones carcelarias. Los fiscales deberían negarse a procesar la mayoría de los arrestos y recomendar la libertad preventiva sin condiciones en todos los casos en que no exista riesgo de daño físico grave inminente hacia otra persona. Y la policía y los sheriffs no deberían realizar arrestos de custodia a menos que sea necesario para evitar un riesgo inminente y grave de daño corporal a otra persona", en palabras de Udi Ofer de ACLU. La organización también acaba de llamar al Congreso a presentar proyectos en ese sentido.

Para Chung, en tanto, la reducción de la población carcelaria es esencial, "especialmente cuando se considera para qué están diseñadas específicamente las cárceles: dos tercios de los presidiarios han sido acusados de delito y están a la espera de un juicio, y las reformas en los Estados Unidos han demostrado que con los servicios adecuados, la mayoría de las personas pueden permanecer en sus comunidades mientras se presenten en la corte cada vez que sean requeridos y no cometan nuevos delitos".

La amplia mayoría de esos dos tercios que cumplen prisión preventiva volverán a sus comunidades en algún momento. Y muchos de ellos, una vez liberados, se verán arrojados a una vida bajo condiciones extremas, tal como señalan las principales organizaciones civiles estadounidenses: desempleo crónico, falta de vivienda y de acceso a una atención médica de calidad a menudo son factores que alimentan la reincidencia en conductas criminales. Estos datos son apenas una llamada de atención sobre el verdadero costo de una política de 50 años de encarcelamiento masivo, y exigen una respuesta inmediata y colectiva para evitar una catástrofe mayor de la prevista en tiempos de pandemia.

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Miércoles, 06 Mayo 2020 05:55

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

¿Qué hace Estados Unidos con sus presos?

Mientras se instala en la Argentina una absurda discusión sobre qué hacer con el riesgo de que el coronavirus estalle en las cárceles, el resto del mundo ya lo tiene resuelto. Se pierde el tiempo aterrorizando a la población con la liberación de asesinos y violadores, algo a lo que obviamente todos se oponen, y no se toman medidas básicas con los que no cometieron delitos graves y son los que llenan los penales.

 

La insólita polémica sobre las cárceles, desatada en la Argentina por la oposición, no se repite en la mayor parte del mundo, ni siquiera en los que siempre hicieron bandera con la mano dura penitenciaria. Los presos disminuyen en la totalidad de los países. Estados Unidos, con una tradición punitiva extrema, produjo decenas de miles de morigeraciones. Los datos surgen de revisar los diarios y sitios de internet de los distintos estados. 

Lo que se percibe es un temor a que explote un contagio masivo y eso contacte con el resto de la sociedad. Un ejemplo es la cárcel del condado de Cook, en Chicago, que se considera el mayor foco de virus en esa ciudad. Sucede que en una cárcel como la de Cook entran y salen centenares de personas por día: penitenciarios, médicos, enfermeros, cocineros, personal administrativo, de limpieza. Una explosión del Covid--19 en un penal, tarde o temprano repercute afuera. Y la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores es una sola. Y es escasa.

* California llevaba 3.500 prisiones domiciliares o excarcelaciones. Esta semana, la cifra subió, sólo en Los Angeles, a 5.000, según informó públicamente el Defensor Oficial del Condado, Ricardo García. La medida benefició a presos en edad de riesgo y de baja peligrosidad. Los Angeles tenía 17.000 presos y ahora bajó a menos de 12.000.

* Pero las morigeraciones se dan en casi todos los condados de California. En Marin County, una prisión que suele tener unos 280 reclusos, el viernes tenía 158, tras haber enviado a sus casas a 43 ese mismo día. De la San Diego County Jail salieron 300 internos y se le negó el beneficio a otros 200, según el San Diego Union Tribune.

* La revista The Lancet, una de las más prestigiosas publicaciones científicas a nivel mundial, publicó que en el penal Marion, de Ohio, dieron positivo 2.000 del total de 2.500 presos. La revista Alive, de Ohio, afirma que la cantidad de internos bajó en un 30 por ciento por las excarcelaciones.

* En la prisión de Maricopa, en Arizona, la cantidad de presos bajó de 7.500 a 5.306. Pero además, el penal resolvió no exponer más a todos los penitenciarios, por lo tanto decidió que 700 penitenciarios no concurran hasta nuevo aviso.

* El canal KCBY de Oregón informa que la prisión llamada Washington Jail tomó una decisión que va al revés de lo habitual: fijó un número de presos con los que se puede mantener cierto nivel de prevención del virus y mandó a casa a todo el resto, siempre de los presos considerados de bajo riesgo. De esa manera redujo la población carcelaria a la mitad: la cifra normal eran 573 presos y ahora hay 280.

* En Denver, Colorado, la población carcelaria bajó un 41 por ciento por la libertad dictada a todos los mayores de 60 años; los que tenían problemas de salud, los que tenían fianzas relativamente bajas y no pudieron pagarlas y todos los que tenían por delante pocos meses de pena. El sitio Denverite dice que aún así hay peligro de contagios en las cárceles.

* En Nueva York, las oleadas de liberaciones en el penal de Rikers Island son casi diarias. Primero fueron 1.100 presos, luego, 51, 200, 175. Según el New York Post, en el estado hay en la actualidad 4.906 y es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay menos de 5.000 presos.

* Los medios informan sobre reducción en la cantidad de internos en Virginia, Maryland, Florida, Tennessee, Pensylvania, Minnesota, Nevada, Hawai, Alabama, Texas, Maine, Massachusets, Georgia, Michigan y otros.

La totalidad de los estados registran descensos en la cantidad de presos, muy en línea con lo que impulsan la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas. Ambas entidades quieren evitar una catástrofe humanitaria y en el servicio de salud.

El ejemplo en la Argentina sería el siguiente. En la cárcel de Devoto hay 1.800 presos. Si se produce un contagio de envergadura, una pequeña parte de los contagiados, sobre todo los que ya venían con enfermedades, necesitarán ser hospitalizados y requerirán de camas y respiradores. El hospital más cercano es el Zubizarreta, que tiene ocho camas en terapia intensiva con respirador. Parece obvio que todas esas camas y respiradores estarían ocupadas por personas contagiadas en el penal, dado que ahí las condiciones de aislamiento son imposibles. Los vecinos de la zona, tendrían que ser alojados en otros hospitales.

Eso es justamente lo que tratan de evitar en los estados norteamericanos: que les estalle una crisis que terminé produciendo gran cantidad de fallecidos en los penales y una catástrofe en el sistema sanitario.  

Una conducta que se repite en todo el mundo, sin grandes discusiones, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la ONU. 

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Miércoles, 22 Abril 2020 09:53

Rumbo a un genocidio carcelario

Rumbo a un genocidio carcelario

Manifiesto en contra del Decreto 546 de 2020 y en pro de la mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario afectados por el Coronavirus.

 (TEXTO DEFINITIVO)

 

Quienes suscribimos esta declaración, en nuestra condición de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, de estudiosos independientes o de profesionales vinculados con el servicio de la Justicia, pero, sobre todo, como seres humanos,

 

Manifestamos:

 

PRIMERO: Que es necesario expresar nuestro repudio a la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país, hoy gravemente afectados como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 que azota a toda la humanidad.

SEGUNDO: Que nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población. Una mirada al Decreto 546 del 2020, a través del cual se prometía resolver la crisis de salud pública que comienza a azotar los centros carcelarios y penitenciarios, demuestra su total inutilidad e ineficacia.

TERCERO: Que el texto referido describe con suficientes razones la gravedad de las circunstancias que determinan la emergencia carcelaria y enumera los derechos humanos que se encuentran amenazados. Además, él detalla las condiciones de reclusión que no pueden ser más alarmantes, cuando advierte que el confinamiento y el hacinamiento “convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno”, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos.

CUARTO: Que en ese contexto las circunstancias que ameritan la sustitución de la pena y la detención –que es también sustancialmente una pena anticipada– intramurales, por la privación de la libertad en el domicilio, están plenamente justificadas –enfermedades preexistentes, discapacidades, y mujeres en embarazo o de parto reciente–; y, además que el número de las personas recluidas no puede sobrepasar conforme al espacio disponible en donde están privados de la libertad, al número que recomiendan en espacios cerrados las medidas sanitarias, por cuanto corresponden a los casos de riesgo real de muerte en el evento de contraer Coronavirus, según la opinión calificada y reiterada de la Organización Mundial de la Salud, los informes institucionales y los múltiples estudios científicos sobre la pandemia.

QUINTO: Que después de todo este discurso, es inaceptable que el Decreto termine por vincular tantas excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, que lo hacen inútil e ineficaz para el propósito que lo informa. Además, todas ellas discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas. De esta forma, se da la apariencia de que el gobierno se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del Derecho.

SEXTO: Que todas esas barreras impuestas a la medida extramural son ilegítimas, porque los derechos a la vida y a la salud no puedan ser afectados ni puestos en peligro por el Estado, porque ni la pena ni la detención preventiva autorizan su limitación y, mucho menos, su sacrificio. Por tanto, omitir su debida protección es una extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad, aniquilando con ello la legalidad, la humanidad y la proporcionalidad, que son sus requisitos constitucionales de legitimidad, máxime si con ello se profundiza el gravísimo estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas ya declarado –en forma reiterada– por la Corte Constitucional.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte. Se produciría, pues, un verdadero genocidio carcelario como lo advirtió estos días el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni; y, también, se confirmaría la admonición del jurista italiano Luigi Ferrajoli, cuando expresa que los castigos, por irrogar dolores excesivos y despóticos, conllevan muchas más injusticias que los delitos cometidos.

Exigimos:

 

PRIMERO: Que, en desarrollo de las precisas facultades constitucionales previstas en el artículo 215 se modifique –a la mayor brevedad– el Decreto 546 de 2020 para derogar todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y segaranticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario.

SEGUNDO: Que, en uso de esas mismas potestades constitucionales, se adopten protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios.

TERCERO: Que toda la sociedad civil y los medios de comunicación social, en especial estamentos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las iglesias y todos los organismos nacionales e internacionales encargados de velar por el respeto y la preservación de los derechos humanos, se pronuncien en frente a esta tragedia que embarga a las prisiones colombianas y acompañen nuestros respetuosos pedimentos,

Como consecuencia de lo anterior, nos suscribimos hoy 21 de abril de 2020:

 

Adherentes internacionales

Luigi Ferrajoli

Filósofo del Derecho.

José Hurtado Pozo

Profesor Emérito Universidad de Fribourg, Suiza.

Perfecto Andrés Ibáñez

Magistrado Jubilado, Tribunal Supremo Español.

Eugenio Raúl Zaffaroni

Profesor y tratadista de Derecho Penal.

Boaventura de Sousa Santos

Sociólogo e investigador,

Catedrático Jubilado de la Universidad de Coimbra, Portugal.

 

Miguel Ontiveros Alonso.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.

José Luis González Cussac

Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Valencia, España.

Andrea Planchadell Gargallo

Catedrática de Derecho Procesal, España.

 

Ana Gabriela Braga

Profa. Universidade Estadual Paulista- UNESP, Brasil.

 

Juan Manuel Alcoceba Gil

Docente Universidad Carlos III de Madrid, España.

 

José R. Agustina

Universidad Internacional de Catalunya, España.

José Luis Guzmán Dalbora

Profesor de Derecho Penal, Chile.

 

Rodolfo Félix Cárdenas

Catedrático de Derecho Procesal Penal, Escuela Libre de Derecho

Miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

 

Iván Meini Méndez

Profesor Principal de Derecho Penal de la PUCP, Perú.

 

Juana del Carpio Delgado.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

 

Eduardo Demetrio Crespo

Catedrático de Derecho Penal

Universidad de Castilla-La Mancha, España.

 

Javier Llobet Rodríguez

Profesor Jubilado Universidad de Costa Rica.

 

Mario Ramírez Orozco

Profesor universitario, Noruega.

 

Vincenzo Militello

Profesor Ordinario de Diritto Penale, Università di Palermo, Italia.

 

Fernando Miró Llinares

Catedrático de Derecho penal y Director de CRIMINA de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Fernando A. Fernandes

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), Brasil.

Iñaki Esparza Leibar

Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de San Sebastián España.

Héctor Claudio Silveira Gorski

Profesor de la Universidad de Barcelona, España.

Pastora García Álvarez.

Profesora titular de Derecho penal, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

María del Valle Sierra López.

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Víctor M. Macías Caro

Profesor Ayudante, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Rosmari Moreno Acevedo.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo

Doctor en Derecho Penal.

Director Especialización en Derecho Penal, Universidad del Salvador, Argentina.

Nahuel Alberto Felicetti

Docente investigador en el Instituto de Investigación de la Universidad del Salvador, Argentina.

Agustín López Resano

Investigador del Instituto de Investigaciones de la USAL (Argentina).

Gabriel Raúl Bustos

Secretario de Juzgado Penal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Raúl García

Investigador Penalista y Periodista.

Director de la Revista MATICES y Consultor Despacho Valores Jurídicos., México.

 

José Martín Ostos

Catedrático de Derecho Procesal, España.

David Sánchez Rubio

Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad de Sevilla, España.

Manuel Vidaurri Aréchiga

Miembro Academia Mexicana de Ciencias Penales, México.

Martín Alexander Martínez Osorio

La Universidad del Salvador, Argentina.

Alejandro de Pablo Serrano

Profesor ayudante doctor. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Germán Venegas Díaz.

Profesor de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, España.

Viviana Caruso Fontán.

Profesora contratada doctora. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Amalia Calderón Lozano.

Profesora de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Carmen López Peregrín

Profesora titular de Derecho penal. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Laura Zúñiga Rodríguez.

Catedrática derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Julio Ballesteros Sánchez

Doctor e investigador en derecho penal, Universidad de Salamanca, España.

Ignacio González Sánchez.

Profesor de la Universitat de Girona, España.

Ezequiel María Ercole

Abogado penalista e investigador, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Salvador (Argentina).

Miguel Díaz y García Conlledo

Catedrático de Derecho penal, Universidad de León, España.

 

Esther Pomares Cintas

Profesora titular de Derecho penal, España.

Inés Olaizola Nogales.

Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Guillermo Portilla Contreras

Catedrático Universidad de Jaén, España.

John Vervaele

Profesor de la Universidad de Utrecht, Holanda.

José Luis Díez Ripollés

Catedrático de la Universidad de Málaga, España.

Juan Luis Gómez Colomer

Investigador jurídico.

Iñaki Rivera Beiras

Director OSPDH, Barcelona, España.

José Manuel Paredes Castañón

Catedrático de la Universidad de Oviedo, España.

Massimo Donini

Profesor de Derecho penal, Universitá degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.

Pilar Martin Rios

Profesora titular, Universidad de Sevilla, España.

Paz Francés Lecumberri

Universidad Pública de Navarra, España.

 

Adherentes nacionales 

 

Jaime Sandoval Fernández

Profesor Universidad del Norte.

Ricardo Molina López

Profesor Universidad de los Andes.

Ricardo Posada Maya

Profesor Universidad de los Andes.

Armando Luis Calle Calderón

Profesor Universidad de Antioquia.

Diego Araque Moreno

Profesor Universidad de Medellín.

Luis Eduardo Agudelo Suárez

Profesor Unaula.

Juan Carlos Álvarez Álvarez

Universidad Eafit.

Bladimir Ramírez Valencia

Universidad de Antioquia.

Cesar Alejandro Osorio

Penalista y criminólogo.

Jesús Antonio Muñoz Gómez

Criminólogo.

Emiro Cáceres González

Doctorando (Universidad de Salamanca).

Yennesit Palacios Valencia

Docente en derechos humanos.

Julio Darío Vélez López

Profesor de Derecho penal, Universidad Pontificia Bolivariana.

Carlos Jaime Taborda Tamayo

Juez 15 Penal del Circuito de Medellín.

Juan Ignacio Palacio Naranjo

Abogado penalista.

César Augusto Otálvaro Sánchez

Abogado penalista.

 

Luis Fernando Vélez Gutiérrez

Abogado penalista.

Plinio Posada Echavarría

Abogado penalista.

Alfonso Cadavid Quintero

Profesor Universidad Eafit.

Francisco Javier Tamayo Patiño

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Fernando Velásquez Velásquez

Abogado penalista/columnista.

 

Juan Oberto Sotomayor Acosta

Profesor Universidad Eafit.

C. Estanislao Escalante Barreto

Profesor Universidad Nacional de Colombia.

Bryan Benavides Herrera

Universidad Tecnológica de Bolívar.

Yani Vallejo Duque

Universidad San Buenaventura.

 

Alfonso Insuasty Rodríguez

Universidad San Buenaventura.

 

Juan Fernando Gutiérrez Márquez

Universidad de Antioquia.

 

Juan Carlos Cantillo Arcón

Investigador (Universidad De León).

 

John E. Zuluaga Taborda

Investigador en Derecho penal y justicia transicional.

 

Ricardo Echavarría Ramírez

Universidad Eafit.

Adriana Villegas Arango

Abogada penalista y profesora universitaria.

Einarco Morales Carpio

Profesor universitario y abogado penalista.

Guillermo Arismendy Díaz

Abogado penalista.

José Fernando Botero Bernal

Profesor de Derecho Penal.

 

Edilberto Vanegas Holguín

Académico y abogado penalista.

Guillermo José Ospina López

Profesor UAC-Popayán.

 

Albeiro Pulgarín Cardona

Constitucionalista.

           

Rubén Darío Triana S.

Abogado litigante.

Alejandro Decastro González

Abogado penalista.

 Mario Nicolás Cadavid

Profesor de Derecho penal.

 Darío Encinales Arana

Abogado penalista.

Sandra Urrea Orlas

Abogada penalista.

Ligia María Vargas Mendoza.

Profesora Universidad de Los Andes.

 Luis Bernardo Ruiz Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 Gabriel Fernando Roldán Restrepo.

Juez Penal del Circuito, Medellín.

Andrés Botero Bernal

Profesor Universidad UIS

 Rubén Darío Acosta Ortiz

Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL

Oscar Augusto Rincón Martínez

Abogado penalista U. de A.


 Geovana Andrea Vallejo Jiménez

Profesora Unaula.

Diana Patricia Arias Holguín

Profesora Universidad de Antioquia.

Karyn Lenis Sanín

Doctora en Derecho penal

Universidad de Sevilla (España).

 Blanca Inés Uribe Mesa

Traductora e intérprete judicial (Países Bajos).

William Fredy Pérez Toro

Profesor Universidad de Antioquia.

Gloria Liliana Pérez Gaitán

Abogada penalista.

 Oscar Manuel Bernal Guarín.

Abogado penalista y docente universitario.

 Nicolás Ortega Tamayo.

Abogado penalista y profesor.

 Gloria Patricia Lopera Mesa

PhD en Derecho, estudiante doctorado en historia, Florida International University

 David Enrique Valencia Mesa

Profesor Universidad de Antioquia

Marcela Gutiérrez Quevedo

Universidad Externado de Colombia.

 Esteban Vásquez Ortiz

Profesor Politécnico de Antioquia.

 Diana Paola Herrera Arroyave

Profesora Universidad de Antioquia.

Hernando Londoño Berrío

Profesor Universidad de Antioquia.

Juan Esteban Jaramillo

Profesor Universidad de Antioquia.

 

Carlos Hernán Ocampo G.

Docente y abogado penalista.

Susana Escobar Vélez

Universidad Eafit.

Orlando Mendoza Galeano

Abogado penalista.

Nicolás Süssmann Herrán

Abogado e investigador en el área penal.

Juan Carlos Trujillo Cabrera.

Penalista, investigador visitante Instituto Max Planck de Derecho Penal, Freiburg i. Br.

Roby Andrés Melo Arias

Profesor de Derecho Penal, Universidad del Tolima.

César Augusto López Londoño

Académico y abogado penalista en ejercicio.

Miguel Lamadrid Luengas

Profesor de Derecho penal; investigador

Germán Pabón Gómez

Profesor e investigador de Derecho Penal.

Ingrid Lorena Parrado Leal

Abogada penalista.

Walter Rivera

Abogado penalista.

 Diana Restrepo Rodríguez

Universidad San Buenaventura (Cali).

Juan Gonzalo Escobar Marulanda

Director Cátedra Unesco de Desarrollo Humano sostenible

Mauricio Martínez Sánchez

Profesor de Derecho penal y constitucional-criminólogo de la Universidad Nacional.

Julián Andrés Muñoz Tejada

Profesor Universidad de Antioquia.

Julio Alberto González Zapata

Profesor Universidad de Antioquia.

Álvaro Frías Cruz

Abogado penalista.

Gloria María Gallego García

Profesora de Filosofía del Derecho, Eafit.

Mario Andrés Vásquez Arredondo

Docente universitario y abogado litigante.

 

Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes

Doctorando en derecho, Universidad Sergio Arboleda.

Gabriel Ignacio Gómez

Profesor Universidad de Antioquia.

Julián Camilo Giraldo Naranjo

Profesor Universidad de Antioquia.

Estefanía Osorio Hernández

Universidad la Gran Colombia, Sede Armenia.

Luis Fernando Tocora López

Coordinador para Colombia de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología.

 

 

 

 

Publicado enColombia
Acción de tutela en favor de todas las personas condenadas
 

Formato para interponer acción de tutela en favor de todas las personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito que no entre en los requisitos del decreto expedido por el gobierno

 

El pasado viernes 14 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 por medio del cual adoptó “[…] medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del Estado de Emergencia Económica, social y ecológica”.

El decreto, como lo anotan los especialistas, es totalmente insuficiente frente al peligro real que enfrentan los presos de perder su vida producto de una infección y/o contagio generalizado que suceda en los sitios de castigo y, por tanto, de necesaria excarcelación de quienes por uno u otro motivo han perdido su libertad.

Luchar por la excarcelación y traslado a sus sitios de vivienda de sindicados y condenados es urgente, medida por reclamar, para que continúen allí el proceso judicial mientras sea superada la situación de emergencia en salud que ha llevado a recluir en cuarentena a 50 millones de colombianos y colombianas.

Para facilitar el proceso de demanda ante los jueces de la medida de excarcelación, el Semillero de estudios dogmáticos y Sistema penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y el Colectivo Abolicionista contra el castigo, elaboraron el siguiente formato:

Este es un formato para personas condenadas por cualquier delito que se encuentren privadas de la libertad con medida intramural, por cualquier delito QUE NO ENTRE EN LOS REQUISITOS DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL GOBIERNO:

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______________(su ciudad)_____, abril _____ (día) de 2020

Señores

Magistrados del Tribunal Superior de _____________ (colocar el nombre de la ciudad)

Referencia:ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL DE CARÁCTER URGENTE

Accionante:

(También desde afuera de prisión puede presentar esta tutela un familiar, por correo electrónico a los correos que se indican al principio; en ese caso debe decir el nombre, apellidos y cédula de la persona que presenta la tutela, así como dirección y teléfono, y luego poner que se presenta a nombre de la persona privada de la libertad con todos los datos aquí indicados)

(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) __________________________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. ______________________, TD No. __________, detenido(a) en _________________________________ (prisión o centro de detención donde se encuentra)

Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC).

___________________________________________________,(incluir nombres de las personas privadas de la libertad que presentan la acción de tutela) identificado (a) con cédula de ciudadanía No. __________________, haciendo uso de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de 2017, respetuosamente me permito presentar la precitada acción constitucional en contra de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)- y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC-, con el propósito de que sean tutelados mis derechos fundamentales a la salud y la vida, además de los que usted estime que han sido vulnerados y/o amenazados a la luz del bloque de constitucionalidad.

  1. HECHOS

 

PRIMERO: El Covid-19, según los informes de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), es un virus que surgió en la ciudad de WUHAN, CHINA y tiene como principales síntomas la fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el paciente cuenta con un sistema inmunológico débil, puede ocasionarle la muerte.

SEGUNDO: Debido a su naturaleza, el virus cuenta con características de rápida propagación, logrando ser catalogado como una pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

TERCERO: Para el 06 de marzo de 2020, Colombia confirmó su primer caso de infección. A la fecha de elaboración del presente escrito, la cifra ha aumentado a más de 4.000 casos confirmados y 180 muertes, siendo este uno de los países con el índice de propagación más elevado.

CUARTO: Gracias a la rápida expansión del virus, desde la semana pasada algunos presos y presas hemos manifestado nuestra preocupación por la propagación de éste, pues al ser parte de una población vulnerable, en vista de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional desde el año 2013, nos sentimos indefensos y temerosos frente al COVID-19, pues no disponemos de medicamentos ni acompañamiento médico para afrontarlo ante un contagio masivo de la pandemia y nos encontramos en lugares con tasas de hacinamiento que superan ampliamente la capacidad de habitabilidad para vivir libre de humillaciones.

QUINTO: En razón a lo anterior le hemos exigido al Gobierno Nacional que tome medidas urgentes para que garantice nuestros derechos fundamentales, pero hasta el momento nuestras palabras no han tenido efecto alguno.

SEXTO: El 21 de marzo de la presente anualidad, las cárceles de Colombia fueron protagonistas de varios enfrentamientos entre el personal del INPEC y los reclusos, toda vez que exigíamos, y seguimos exigiendo, prisión domiciliaria para afrontar esta crisis en nuestras casas. La situación logró controlarse, con costos humanos irreparables. Sin embargo, por el temor a ser contagiados en estas condiciones de indignidad, tememos que sea una cuestión de días hasta que el Estado pierda el control en los centros de reclusión, situación que aumentaría el peligro para nuestra vida y salud.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta el estado de cosas Inconstitucional (ECI) que presentan los centros de reclusión, la llegada del COVID-19 a cualquiera de estos representa un peligro inminente, no solo para el personal del INPEC y sus familias, sino también para la población carcelaria, que ronda las 123.451 personas.

OCTAVO: Prueba de la afirmación anterior, es el hecho de que en la cárcel de Villavicencio, al momento de la elaboración de la presente acción, existen más de 18 reclusos contagiados y tres (03) muertos ocasionados por el COVID-19. Así mismo, existen reclusos contagiados en la cárcel LAS HELICONIAS de Florencia y en El COMPLEJO CARCELARIO y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ (LA PICOTA).

NOVENO: Aproximadamente el 4,3 % de la población carcelaria tienen 60 años o más. Según informes de la OMS, estas personas tienen un rango mayor de fatalidad al adquirir el virus junto con todo aquel que presente una condición médica que debilite el sistema inmunológico, que dadas las condiciones precarias de alimentación y salubridad que han sido bien descritas para los Centros de Reclusión Transitoria del país, en el seguimiento que la Corte Constitucional le está haciendo al ECI en materia carcelaria del país. Esto se puede ver especial en el Auto 110 de 2019.

DÉCIMO: El 22 de marzo, el Director General del INPEC, declaró el “Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria” en los establecimientos de reclusión del orden nacional, a través de la resolución 001144, donde sustenta que frente a lo acontecido los últimos días, existían situaciones de orden que no pueden ser controladas ni abordadas por los medios ordinarios, evitando que se pueda garantizar la prestación de servicios esenciales y afectando de forma directa nuestros derechos fundamentales hasta el punto de poner en riesgo nuestras vidas.

DÉCIMO PRIMERO: Me encuentro condenado a _____ años de prisión. Y estoy recluido desde el mes ____ del año _____ en _________________________________________________________________________.

DÉCIMO SEGUNDO: Toda vez que me encuentro en un centro de reclusión que no tiene el personal humano ni los implementos necesarios para afrontar un muy alto probable contagio de COVID - 19 en sus instalaciones, mis derechos fundamentales a la salud y la vida se encuentran amenazados de forma inminente, por lo que es necesario de forma impostergable que se me sustituya la pena de prisión por la que estoy condenado por la prisión domiciliaria, en la siguiente dirección ___________________________________________________________________________, de la ciudad de _____________________________________________________, porque de esta forma podría seguir todos los protocolos establecidos por el GOBIERNO NACIONAL para afrontar la actual pandemia.

DÉCIMO TERCERO: El día 14 de abril, el GOBIERNO NACIONAL promulgó el Decreto Legislativo No. 546 de 2020, teniendo este como objetivo:

“Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID- 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

DÉCIMO CUARTO: Aunque el objetivo del Decreto Legislativo es disminuir el hacinamiento carcelario (el cual se encuentra por encima del 50%) y mitigar el riesgo de propagación en los diferentes centros de reclusión, es menester recordar que en estos momentos hay 123.451 personas privadas de la libertad, de las cuales 38.052 son imputadas o acusadas.

DÉCIMO QUINTO: en una cifra muy optimista, por las exclusiones que se incorporan en el Decreto No. 546 de 2020, se estima que saldrían de los centros de reclusión un aproximado de no más 2000 presos, lo cual no sería siquiera el 2% de la población reclusa en nuestro país, generando que el hacinamiento continúe latente.

DÉCIMO SEXTO: La poca cantidad de personas que saldrán de prisión, se debe a que en el Decreto se mantiene la prohibición de beneficios de subrogados penales contenida en el artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 para una inmensa cantidad de delitos, además de la prohibición que establece en el parágrafo del artículo 314, el cual se encuentra en la Ley 906 de 2004 y en donde se prohíbe de forma expresa la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria.

DÉCIMO SÉPTIMO: Debido a que el GOBIERNO NACIONAL incrementó la lista de delitos respecto a los cuales existía la prohibición de beneficios contenidos en las disposiciones precitadas con anterioridad, no fui cobijado por el decreto legislativo en mención, toda vez que el delito por el cual me encuentro siendo procesado hace parte de estas prohibiciones.

DÉCIMO OCTAVO: Lo anterior atenta gravemente contra mi derecho fundamental a la salud y pone en peligro inminente mi vida, toda vez que el virus está propagándose muy rápidamente y la probabilidad de que llegue al lugar donde me encuentro es casi que absoluta; en el evento de que ello suceda, necesariamente me contagiaría del virus, toda vez que el estado de hacinamiento en el que nos encontramos haría nugatoria cualquier medida que se tome en este lugar.

  1. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

Con relación a los hechos narrados, considero que las instituciones accionadas en este escrito, se encuentran vulnerando mi derecho fundamental a la salud y ello a su vez pone en peligro inminente el derecho fundamental a mi vida.

  1. FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y se erige como la coraza protectora de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentren dentro del Estado Colombiano.

Precisamente, en concordancia con los hechos anteriormente señalados, en el presente escrito se evidenciará que me está siendo vulnerado el derecho fundamental a la salud y puesto en peligro inminente mi derecho fundamental a la vida, toda vez que no ha existido una orden judicial o administrativa que les ordene a las autoridades competentes hacer mi traslado hasta mi lugar de domicilio.

El derecho fundamental a la salud ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial por parte del máximo tribunal constitucional e incluso se encuentra desarrollado por el legislador en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Tal como lo ha preceptuado la Corte Constitucional en la sentencia T- 171 de 2018, este derecho consiste en:

            “ (...) la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y universal de un servicio público de salud que permita a todas las personas preservar, recuperar o mejorar su salud física y mental, como la posibilidad de hacer exigible por vía de tutela tales prestaciones para garantizar el desarrollo pleno y digno del proyecto de vida de cada persona”(negrillas originales).

Resulta claro que el derecho fundamental a la salud no solamente se restringe al acceso que tenga una persona sobre los diferentes servicios para tratar una determinada enfermedad, sino que además el Estado se encuentra en la obligación de prevenir cualquier tipo de suceso o riesgo que pueda ocasionar un daño a la integridad física y mental de cada una de las personas que residan en él.

En declaración del 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó: “Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.

Con relación a lo anterior y en el caso concreto, es indiscutible que el COVID-19 es una enfermedad y actualmente una pandemia que se propaga de forma fácil y rápida. La información anterior se respalda en el hecho de que el primer caso que se identificó en nuestro país fue el día 06 de marzo de 2020, siendo positiva una ciudadana que procedía de Milán - Italia y hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela se registran más de 4000 casos confirmados, sin contar con aquellos que aún no han sido detectados y según los expertos, pueden superar con creces los oficiales.

La situación en los centros de reclusión se torna más crítica en razón al COVID-19, ya que este virus tiene una gran capacidad de expansión y contagio, sin tener en cuenta que en los diversos centros de reclusión contamos con una penosa cifra de hacinamiento, aunado a que las condiciones de higiene, saneamiento de agua potable y demás satisfactores de necesidades básicas son pésimas, haciendo que la pandemia se expanda fácilmente dado que no tenemos de los espacios necesarios para realizar un aislamiento preventivo. A la fecha ya se han reportado en las cárceles y penitenciarias de Villavicencio, La Picota y Heliconias (Florencia), reclusos y funcionarios del INPEC contagiados con el COVID-19, por lo que los riesgos para la salud y mi vida son reales e inminentes.

Las órdenes emitidas por el GOBIERNO NACIONAL son claras y la principal de ellas es la medida de aislamiento, pero dada la situación actual de las cárceles en Colombia no las podemos cumplir, no contamos con tapabocas ni gel antibacterial para que los parámetros establecidos sobre cuidado ante la pandemia sean efectivos, por ende, basta con que llegue un solo caso para la propagación masiva del virus, siendo la comunidad vulnerable la más afectada.

Es menester precisar que la acción de tutela no solo es idónea para evitar que continúe la vulneración de los derechos fundamentales, sino también para salvaguardarlos cuando exista una amenaza inminente de estos. Conforme a la premisa sostenida con anterioridad, no cabe duda que la vida es un derecho fundamental y que una pandemia como el COVID-19 la pone en alto riesgo de que ésta cese; basta con ver las cifras de países como Italia, España o China.

Esta pandemia ha cercenado millares de vidas a nivel mundial, ensañándose especialmente con las personas que tienen el sistema inmune deteriorado, como, por ejemplo, los adultos mayores, quienes también son sujetos de especial protección constitucional, conforme lo ha manifestado la Corte Constitucional en múltiples sentencias.

Es importante denotar que es de suma urgencia, tomar cartas en el asunto y proteger los derechos fundamentales de los más vulnerables respetando los parámetros constitucionales y recordando que es obligación del Estado velar por el bienestar de los internos, tal como lo expone la Sentencia T-836 de 13, emitida por el máximo tribunal constitucional:

“El Estado, en su función de garante, debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que puedan poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia, específicamente en lo que tiene que ver con el deber de brindar condiciones de salud adecuadas que reflejen un trato digno inherente a la naturaleza del ser humano”.

Si bien el GOBIERNO NACIONAL ha emitido un Decreto Legislativo en el cual ha prohibido el beneficio de la prisión domiciliaria para el delito por el cual me encuentro siendo procesado, ustedes señores Magistrados deben inaplicar la disposición en las cual se encuentra dicha prohibición con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales de mayor raigambre constitucional.

Lo anterior señores Magistrados, porque resulta inconcebible que, pese a este momento histórico, en el que se exige que el Gobierno actué en favor de los más desprotegidos, haciendo parte de este grupo nosotros los reclusos, el ejecutivo emita un Decreto Legislativo que nos excluya, obligándonos a permanecer en un sitio que favorece el contagio de un virus mortal y, por tanto, contrariando la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes establecida en el artículo 12 de la Constitución Política colombiana.

El GOBIERNO NACIONAL de forma desproporcionada estipula que no se podrá otorgar la prisión domiciliaria a una amplia cantidad de delitos, produciendo que no salgan de los centros de reclusión carcelarios o transitorios siquiera el 2% de los reclusos y generando con ello que el estado de cosas inconstitucional se mantenga vigente, siendo este un perfecto aperitivo para que el COVID-19 se ciña sobre nosotros, los más vulnerables.   Además, dicha exclusión es contraproducente con la finalidad de evitar que un contagio masivo implique que el personal médico tenga que decidir sobre la vida y la muerte de personas, que de ser debidamente atendidas, podrían ser salvadas.

Señores Magistrados, ustedes son llamados a velar por los derechos fundamentales de las personas y por ende puede emitir las órdenes que consideren necesarias para que no continúe la vulneración de estos o en caso de estar en peligro inminente para evitar que sean vulnerados. Ustedes pueden ejercer el control difuso contemplado en el artículo 4 de nuestra Carta Política y consecuencia de ello, inaplicar la prohibición del delito para mi caso concreto contemplada en el Decreto Legislativo por resultar desproporcionada con relación a los derechos fundamentales que me están siendo vulnerados y me serán vulnerados si continuo en el centro de reclusión que me encuentro.

En el caso concreto señores Magistrados, para evitar que se sigan vulnerando mis derechos fundamentales o llegue a perderse mi vida, de forma respetuosa le solicito ordene a las autoridades competentes, realizar mi traslado hasta el lugar de domicilio, con el objetivo de poder tomar todas las medidas necesarias para salvaguardarlos.

  1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es de carácter subsidiario, por lo que no resulta procedente cuando existen otras acciones jurídicas que salvaguarden los derechos fundamentales objeto de amparo, salvo en el evento de que exista un perjuicio irremediable y tenga como objetivo protegerlos de forma transitoria.

Dado que me encuentro condenado a una pena de ____(indicar la pena)_____ y que no puedo beneficiarme de la prisión domiciliaria en los términos del Decreto No. 546 del 14 de abril de 2020, no existe otro mecanismo para proteger mis derechos fundamentales a la salud y a la vida que se verían perjudicados de manera irremediable en caso del contagio por el COVID 19.

El máximo tribunal constitucional en la Sentencia T- 318 de 2017 ha definido los elementos del perjuicio irremediable:

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

En el presente caso se observa que se cumplen con los cuatro requisitos establecidos por la Corte Constitucional para acreditar el perjuicio irremediable. En primer lugar, porque la probabilidad de contagio del COVID-19 en un centro de reclusión carcelario o transitorio es muy alta, toda vez que sólo bastaría con que uno de los reclusos sea contagiado para que se genere un crecimiento exponencial del virus, máxime cuando existe un alto hacinamiento carcelario.

En segundo lugar, existiría un daño real en mi salud como recluso, además de que mi vida se encontraría en riesgo, ello porque este virus tiene una alta letalidad, máxime si las condiciones de alimentación y de higiene que existen en el lugar que habito han disminuido mi sistema inmunológico. En tercer lugar, resulta necesario y urgente que las cárceles y demás centros de reclusión disminuyan por completo su hacinamiento, toda vez que como se argumentó, ello es lo que incrementa el riesgo de contagio y como en la actualidad no ha sucedido, la medida que se debe tomar es ordenar mi traslado a un domicilio, con el objetivo de que allí pueda aislarme preventivamente como el resto de personas que se encuentran en el territorio nacional.

En último lugar, el aislamiento en un domicilio resulta impostergable, toda vez que en el evento de que no se realice, puede existir un grave deterioro a mi salud, además de que mi vida se encontraría en alto riesgo, ello por la alta probabilidad de que el virus ingrese a los diversos centros de reclusión y la poca atención medica que podría recibir allí, esto teniendo en cuenta el poco personal médico existente y los pocos implementos médicos que existen en estos.

Al encontrarse acreditado el perjuicio irremediable que sufriría si no se me envía de forma inmediata a mi domicilio con el objetivo de que pueda cumplir con las medidas establecidas para prevenir un contagio del COVID-19, la presente acción de tutela se torna procedente.

  1. PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas, respetuosamente le solicito señor Juez, concederme como accionante las siguientes pretensiones:

  1. TUTELAR los derechos fundamentales invocados.
  2. Consecuencia de lo anterior, CONCEDER la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, que para ello es en ___________________________ (colocar la dirección en la cual el procesado estaría en detención domiciliaria) del municipio de ________________, con el fin de prevenir un contagio masivo del COVID-19 al interior del centro de reclusión en el que me encuentro, evitando de esta forma un perjuicio irremediable de mis derechos fundamentales.
  1. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 30B de la Ley 65 de 1993, ORDENAR que el traslado se realice garantizando mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal y dignidad humana.

(En caso de que la persona privada de la libertad pueda correr con los gastos de transporte desde donde está recluido(a) hasta donde cumplirá la domiciliaria, indicarlo aquí, para que no pongan como excusa que no tienen con qué y poner en este punto que se permita el traslado hasta el domicilio)

  1. ORDENAR al INPEC aplicar la Directiva transitoria 000009 relativa a la detención, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, expedida en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria.
  2. TUTELAR los demás derechos fundamentales que estime pertinentes, además de emitir las órdenes que considere pueda ayudar a salvaguardarlos.
  1. MEDIDA PROVISIONAL

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 7, prevé las medidas provisionales con la finalidad de salvaguardar prontamente los derechos fundamentales amenazados, y evitar así, un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en la sentencia T-103 de 2018 esgrimió frente a la medida provisional que aquella:

           “está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito)”

En el mismo sentido, el máximo tribunal constitucional en la Sentencia SU- 695 de 2015, caracteriza las medidas provisionales como aquellas que:

       “buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida.

Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental “tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.

Corolario de lo anterior, en el presente caso es menester otorgar de forma urgente la prisión domiciliaria establecida en la Ley 599 de 2000, toda vez que la limitación de espacio, la falta de medidas adecuadas de saneamiento, la insuficiencia de la prestación de servicios de salud y demás deficiencias evidenciadas a través de la declaratoria del ECI, convierten los establecimientos carcelarios y penitenciarios en focos de propagación exponencial del COVID-19, por lo cual, acudir a estas medidas puede evitar un perjuicio irremediable sobre mis derechos fundamentales.

La medida se torna aún más URGENTE si se tiene en cuenta que diariamente aumentan los contagiados por el virus y las condiciones actuales a las cuales nos encontramos las personas privadas de la libertad, facilita su propagación.

  1. COMPETENCIA

En concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el artículo 1° numeral 3 del Decreto 1983 de 2017, es competente el Tribunal Superior del Distrito Judicial o el Tribunal Administrativo para conocer del asunto, debido a que la vulneración de los derechos fundamentales invocados, de los cuales se solicita su amparo se encuentran siendo amenazados y vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, entre otras autoridades públicas.

El artículo 50 de la ley 1709 de 2014, dispone que la orden de excarcelación debe darse por autoridad judicial competente y ustedes señores magistrados son competentes para ello por ser jueces constitucionales.

En caso de que no avoquen competencia, les solicito de manera respetuosa que remitan la acción a quien consideren competente.

  1. JURAMENTO

Señores Magistrados, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad.

  1. PRUEBAS
  2. Copia de mi cédula de ciudadanía.

- Si es una mujer y le faltan menos de dos (2) meses para el parto deberá mencionar como prueba la historia clínica y en el caso de que su hijo haya nacido y no tenga más de seis (06) meses, también deberá mencionar como prueba la historia clínica y el Registro Civil de Nacimiento o en su defecto el Certificado de Nacido Vivo.

-Si padece alguna enfermedad deberá mencionar la historia clínica y en el evento de que le hayan realizado un examen médico por Medicina Legal o profesional particular, también deberá mencionarlo.

- Si tienes un hijo con algún tipo de discapacidad Y ERES MADRE O PADRE CABEZA DE FAMILIA, deberás mencionar su historia clínica y demás documentos que tengas en tu poder que puedan acreditar dicha condición. Además, puedes probar que eres padre o madre cabeza de familia mencionando el proceso de alimentos en caso de que exista o un acta de conciliación.

- Si es mayor de 60 años, indíquelo y adjunte copia de cédula o registro civil si lo tiene.

- Si ya cumplió el 40% de la condena, indíquelo también.

 

1O. ANEXOS

  1. Documentos aducidos como prueba

A LA ACCIÓN DE TUTELA DEBERÁS ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE MENCIONASTE COMO PRUEBAS

NOTIFICACIONES

Accionante: (colocar correo electrónico y teléfono de algún familiar o ser querido de confianza y muy cercano al procesado)

Respetuosamente,

(Aquí deberá firmar el procesado)

_________________________________  

(aquí deberá colocar el nombre del procesado)

C.C No. (número de cédula del procesado)

(si se va a entregar en papel, poner huella: puede ser con la tinta de un lapicero)

(Si va a enviar esto directamente desde prisión, puede hacer el envío por la oficina jurídica donde pondrán un sello y enviarán al juez: lleve este documento igual dos veces, para que entregue uno a la oficina jurídica y le entreguen otro donde conste con sello o firma y fecha que usted presentó esta tutela).

 
Publicado enColombia
Coronavirus: Reino Unido evalúa liberar presos para evitar contagios

"Hay cárceles superpobladas que son un verdadero desafío”

 

Luego de que se conociera la primera muerte por Covid-19 de un preso británico, el gobierno de Boris Johnson dijo que considera la liberación de detenidos para frenar la propagación de la enfermedad. Podrían acceder a la libertad unas nueve mil personas que están recluidas a la espera de juicio.

 

Con la población en cuarentena por tres semanas, el gobierno británico está considerando la posible liberación de presos para evitar un contagio masivo en las cárceles. Según explicó el ministro de justicia Robert Buckland al comité parlamentario que supervisa su área, el virus representa un peligro “agudo” en las cárceles, muchas de las cuales están en condiciones de sobre-población. “La liberación de reclusos de bajo riesgo antes de que cumplan su sentencia puede ser parte de la ecuación así como el uso de la licencia temporal en la medida de lo posible. Estamos analizando también la situación de unos cuantos miles de presos que van a ser puestos en libertad en las próximas semanas”, dijo Buckland.

Este jueves se dio a conocer la primera muerte por coronavirus de un preso británico, un hombre de 84 años, en el pabellón de presos por delitos sexuales de Littlehel, en Cambridgeshire. Las autoridades han testeado un total de 19 reclusos con coronavirus, pero se estima que los casos no diagnosticados superan con creces esa cifra. Un indicador que hace pensar en números más altos es etario: un 16% de los reclusos británicos tienen más de 50 años. Son unos 14 mil presos, sobre una población total de 83.709, según las últimas estadísticas del Home Office (80.004 hombres, 3.705 mujeres)

Los porcentajes son más alarmantes con el personal carcelario. Unos 3500 – 10% del total – se encuentran enfermos o en aislamiento ante la posibilidad de contagio. Los niveles de testeo han mejorado desde que en la última semana el gobierno de Boris Johnson dio un giro de 180 grados en su política frente al coronavirus, pero distan de ser ideales. Entre el personal carcelario hay siete que dieron positivo. Más que un cuadro preciso, el número parece una muestra.

El ministro Buckland sugirió al comité parlamentario de Justicia que en la selección de reclusos a ser liberados podrían entrar unas nueve mil personas que están presos a la espera de juicio. También unas 50 embarazadas. “Pero le aseguro al comité que la evaluación de riesgo es una prioridad absoluta para nosotros. Al mismo tiempo tenemos que considerar que hay cárceles superpobladas que son un verdadero desafío”, señaló el ministro.

Las cárceles en medio de la pandemia

El Coronavirus ha empeorado las condiciones carcelarias. Las visitas se encuentran suspendidas. El gobierno está facilitando unos 900 celulares para que los presos se mantengan en contacto con sus familias. Los celulares no tienen acceso a Internet y son entregados de modo temporario luego de una evaluación del riesgo. En la última semana aumentaron el material de lectura que se distribuye entre los reclusos. 

El gran temor es una rebelión como la de Italia. El 8 de marzo se desató una protesta que duró varios días en diferentes prisiones de Italia por la suspensión de las visitas: el saldo fue de 13 muertos. 

El impacto de las cárceles en la pandemia supera, por supuesto, las fronteras europeas. El 10 de marzo Irán dejó en libertad de “manera temporaria” a unos 70 mil presos. En Nueva York, California y Ohio han comenzado a poner en libertad presos frente a la amenaza de un contagio masivo. 

Según la ONG "World Prison Brief", hay más de 11 millones de reclusos a nivel mundial y una clara superpoblación de sistemas carcelarios en todo el mundo. 

Ese gran fantasma que es el Coronavirus está abriendo un debate sobre el tipo de sociedad en que vivimos. La pregunta es obvia. Si todos esos presos pueden ser liberados por cuestiones sanitarias, ¿era la cárcel realmente el mejor lugar para que cumplan sus penas? 

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Preguntas sobre educación desde la cárcel

Preguntarse, ¿por qué en Colombia los gobiernos de turno buscan construir más cárceles?, ¿por qué cada día hay más personas privadas de la libertad?, ¿por qué para los entes de acusación y en general para la sociedad no existe la presunción de inocencia?, refiere necesariamente a pensar sobre lo que consideramos delito, lo que entendemos cómo comportamientos delictivos, así también sobre lo que pensamos debe ser el 'correcto' comportamiento, y la existencia de un modelo de ciudadanía que permita la necesaria convivencia, en justicia y la realización plena de los derechos humanos.

El cuestionamiento de la “normalidad”

Estos cuestionamientos pueden llevarnos a pensar sobre la educación suministrada a la sociedad, sobre los lugares donde es proporcionada, y necesariamente, sobre lo que se pretende con la misma; la familia, la televisión, la escuela, la iglesia, la calle, los parques, los centros comerciales, el transporte público, los supermercados; son lugares comunes donde se divulga un tipo de sujeto modelo, al que se pretende formar en el ser, en el actuar, el soñar y el sentir; y en caso de que estos no den el resultado esperado, se comprende que la cárcel es un dispositivo con capacidad de corregir y redireccionar el comportamiento para que vuelva a lo planteado como correcto.

Pero, entonces, lo qué está fallando es este despliegue “educativo”, o el modelo de sujeto que se desea formar no coincide con el que se forma; o los dispositivos educativos están errando en los mecanismos de enseñanza; o este sujeto susceptible de ser formado se resiste a los ‘correctos’ aprendizajes; o en definitiva la sociedad está en un craso error del sujeto que desea formar. O por qué no preguntarse también, si todos estos dispositivos fundamentan un sujeto no apto para la misma sociedad; individualista, egoísta, que sólo busca la satisfacción de sus intereses particulares y no le importa lo que deba hacer para lograrlo, basando todas sus relaciones y acciones en la competencia.

Es posible decir que la sociedad que castiga a los infractores de la ley, es la misma que les ha formado, y tanto el centro comercial, como la cárcel, expresan el tipo de sociedad que actúa como directora y correctora del deseado sujeto.

Ante estos interrogantes, podría formularse la idea que, la voluntad y la conciencia individual y colectiva no tienen lugar, pues cuando éstas se salen de lo establecido son corregidas; ya sea en la calle o en la iglesia. En lo que cabe nuevamente preguntarse sobre, ¿cuál es la finalidad de tener un comportamiento ‘correcto’ en la sociedad? ¿acaso no será lograr una vida en armonía con los demás ciudadanos?; o será cumplir los estándares de comportamiento de acuerdo a los intereses de consumo y acumulación de riqueza.

La importancia de cuestionar e imaginar

Las preguntas son ventanas que nos abren siempre nuevos paisajes, y hoy preguntarse sobre la naturaleza del castigo, como máxima de la educación ofrecida por el Estado, es la llave de comprensión sobre la conciencia de la exclusión y la naturalización de las asimetrías sociales, políticas y económicas; que ciertamente son defendidas por el proyecto educativo que adelantan múltiples dispositivos de control social.

Las preguntas no necesariamente conducen a respuestas, pueden llevar a nuevas inquietudes que abran universos de comprensión, y en este sentido se hace necesario indagar sobre el ideal de sujeto que pensamos debe ser formado para esta sociedad, y con esto preguntarnos ¿qué sociedad podríamos construir? ¿qué educación podríamos realizar? ¿con cuales –nuevos– dispositivos? Y, finalmente, ¿qué nuevos correctivos aplicar a lo que nos parece está mal?

El sujeto que se interroga despierta la conciencia y la voluntad, pensaba quien por la única ventana que da a la calle miraba pasar cientos de personas afanadas en los buses rojos de Transmilenio; un poco más al fondo jadeaban en pelotones varios grupos de jóvenes vestidos con traje de guerra; y en las montañas, innumerables casitas que se abren paso entre retroexcavadoras que rompen la tierra; mientras tanto, dentro del patio, varios sujetos trajinaban en círculos, algunos jugaban cartas, los que estaban al lado buscaban que los rayos del sol les tocara un poco, y una voz chillona gritaba “últimos de almuerzo”.

 Con la wimpera en la mano, el palanquero fue poniendo sobre los compartimientos del objeto de plástico uno a uno los alimentos; una pieza de pollo con algo de sangre, que como bien dice uno de los comensales de este lugar “si le da respiración boca a boca, podría salir corriendo el animal”; verduras entre zanahoria, remolacha y cebolla, que seguro ni a los caballos se las cortan tan finamente; arroz blanco, y sopa de suertes.

Después de repartir milimétricamente las porciones, el arroz sobrante fue recogido en una bolsa blanca por uno de los más viejos del lugar; “niñas, vengan mis niñas” sonaba su voz aguda llamando a las palomas, que se agrupaban para disputarse los granos blancos.

Por la reja donde avanzaba su mano para comunicarse con las aves, se expandía un orificio que permitía la comunicación con un patio en el piso inferior; muchas voces desde allí llamaban por un pin, o por algo que hubiera sobrado de la comida.

 Observaba atentamente el espectáculo brindado por los cientos de palomas; la voz del “viejo” llamándolas, las voces pidiendo un pin; y sentía el hambre que con lo recibido no se calmaría; y varías preguntas como destellos de luz que se filtran entre las rejas iluminaron los rincones oscuros de incomprensión, no sin antes escuchar que uno de los ayudantes o “carros” del señor, le decía al palanquero que ya le daba los 30 pines por el arroz de las palomas.

 De quién podría venir tanta generosidad con esos animalitos que luchan por no morir, “seguro de uno de tantos que han despojado campesinos de sus tierras, y en la calle no les temblaría la voz para ordenar una muerte”, me dijo en voz baja otro viejo que, con una sonrisa, me miraba la cara de asombro y cuestionamiento; “a ese lo recuerdan en Trujillo, donde ni el cura se salvó”, terminó de decir, y se fue.

 La normalización de la cárcel es un mal superior a la existencia de la misma; este lugar, pensado únicamente para el castigo y la venganza sobre quienes se han atrevido a subvertir el orden, no debe ser parte de los mecanismos para la resolución de los conflictos que como sociedad es propio y necesario tener. El movimiento de la misma deviene de la cantidad de conflictos y resoluciones que se puedan alcanzar. Donde la cárcel claramente no es, ni será solución a algún conflicto. Cuestionarlo todo es tal vez la clave para romper la normalización, y seguro la forma de encontrarnos con cientos que no damos por sentado que esta sea la única forma de existir.

Por Julián Gil. Escribe desde el Eron de "La Picota" en la ciudad de Bogotá. Lleva 600 días de injusto encierro y es uno de los líderes sociales víctimas de montajes judiciales para acallar su voz de protesta. Desde la cárcel sigue estudiando, pensando, escribiendo y transformando.

El día miércoles 6 de junio de 2018, fue detenido Julián Andrés Gil Reyes, secretario técnico y miembro de la comisión internacional del Congreso de los Pueblos. Julián es licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, activo en Bosa, su barrio de origen, en la ciudad de Bogotá, organizando entre otras actividades el pre Icfes popular, luchando por el acceso a la enducación; ha acompañado víctimas con la Corporación claretiana en varias regiones del país y ha sido lider del sector juvenil. Es un caso tipo de montaje judicial, donde la fiscalía pretende vincularlo con acciones bélicas basándose exclusivamente en el testimonio contradictorio que implicó beneficios jurídicos para el testigo. Así lo expuso la defensa el 21 de enero pasado en el primer día del juicio. Hasta la Fiscalía sabe que Julián saldrá libre, sin embargo estos meses de cárcel ya cumplieron su función, criminalizan, estigmatizan. Publicar, leer compartir estas líneas es una de las tantas maneras de resistir.

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El primer ministro electo, Kyriakos Mitsotakis (derecha), recibe el saludo del presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos / Foto: Afp, Luisa Gouliamaki

Cuatro años y medio duró lo que en sus inicios prometía ser una experiencia completamente novedosa en Europa: un gobierno dirigido por un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Tras su rendición incondicional ante aquello que prometía combatir, acabó en un fiasco de una magnitud equivalente a las esperanzas que levantó.

 

El lunes asumió en Atenas un nuevo gobierno, el primero monocolor en varias décadas. Nueva Democracia, el partido conservador dirigido por Kyriakos Mitsotakis, ganó las elecciones legislativas anticipadas del domingo 7 con casi el 40 por ciento de los votos, y en virtud de un sistema electoral que premia a los vencedores con un plus de 50 diputados consiguió 158 bancas, siete más de las necesarias para la mayoría absoluta y 80 más de las que tenía hasta ahora. La Coalición de Izquierda Radical (Syriza), del jefe del gobierno saliente Alexis Tsipras, llegó a 31,5 por ciento y obtuvo 86 bancas (tenía 144). Luego llegaron los socialdemócratas de Kinal y los comunistas, con 22 y 15 diputados, respectivamente. Las grandes novedades fueron el ingreso al parlamento de Mera25, una escisión por izquierda de Syriza, encabezada por el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, y la salida de los ultraderechistas de Amanecer Dorado, que no alcanzaron el mínimo de 3 por ciento para tener representación en el congreso. Habrá, de todas maneras, otro partido de extrema derecha en el parlamento. La participación electoral fue muy baja: 57 por ciento, de las peores de la historia política reciente del país.

Mitsotakis, un economista formado en Harvard, es integrante de una vieja dinastía política griega y dirigente de un partido corresponsable de una de las mayores crisis económicas y sociales del país. Su gobierno estará integrado en su mayoría por tecnócratas e incluirá a políticos surgidos en partidos de extrema derecha. Apenas tendrá mujeres. El nuevo primer ministro prometió convertir a Grecia en “paraíso de los inversores”, limitar el poder de los sindicatos, reducir las cargas de las empresas y de los más ricos y los impuestos de las “clases medias”, retomar el programa de privatizaciones (de empresas públicas, del sistema de pensiones), congelado por Syriza. Un retorno pleno a los años previos a la victoria de la llamada izquierda radical en 2015.

 

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“Ahora sí la izquierda”, fue el principal eslogan de campaña de Syriza en las elecciones de enero de 2015. Grecia tenía entonces índices “tercermundistas”: más de un tercio de la población en situación de pobreza, un desempleo que rondaba el 30 por ciento, niveles astronómicos de endeudamiento externo, un producto bruto interno que se había contraído 25 por ciento en seis años, emigración récord, sobre todo de jóvenes, una corrupción endémica de la dirigencia política tradicional… Los responsables de esa situación eran los partidos que se habían alternado en el poder en las últimas décadas (el Pasok socialdemócrata y Nueva Democracia), siempre en alianza, entre ellos o con partidos menores, incluida la emergente extrema derecha. Syriza aparecía entonces como la única alternativa de ruptura con ese estado de cosas para las clases populares. Máxime cuando contaba con el apoyo, directo o de hecho, de los animadores de movilizaciones sociales como el país no había vivido desde la salida de la dictadura de los coroneles (1967-1974). Como España y sus indignados, Grecia había tenido su “revolución de las plazas”, que incluso había costado muertes.

El obstáculo principal que se le presentaba a la coalición “radical” era el miedo: la derecha y el Pasok agitaban el fantasma de que Grecia quedaría fuera de la Unión Europea (UE) si Syriza llegaba al gobierno y aplicaba su programa, que preveía una auditoría de la deuda externa para renegociar la “parte justa” del endeudamiento y medidas para recuperar el nivel de vida “de las grandes mayorías nacionales” y redistribuir la riqueza. El Pasok agregaba: nosotros querríamos, pero “no existe alternativa”, las cosas son así y punto.

El contexto regional también era hostil: la derecha gobernaba en la gran mayoría de los países de la UE y las instituciones regionales habían advertido, antes de las elecciones griegas, con Alemania y el Banco Europeo a la cabeza, que no tolerarían que ningún país miembro (más aun uno pequeño y superendeudado como Grecia) se saliera de la norma de austeridad presupuestaria y reformas liberalizadoras. Cuando no era la derecha la que gobernaba en la región, lo hacían “socialistas” como el francés François Hollande, que tras un comienzo de gestión teñido de rojillo había virado a un rosa cada vez más difuminado hasta compartir valores, política y horizontes con conservadores y liberales. Syriza no tenía aliados a la vista, e incluso países tanto o más endeudados que Grecia eran más realistas que el rey y aplicaban las recetas “austericidas” de los organismos internacionales con fruición lacayuna.

Pero Syriza se mantuvo en sus trece y desafió a la troika de la UE, el Fmi y el Banco Central Europeo, y a la todopoderosa Alemania. No pagaría la deuda así como estaba sin una reestructura y sí aplicaría su programa de freno a las privatizaciones de empresas públicas, de reforma fiscal y de recuperación de la producción nacional, del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de los más desposeídos. El tira y afloja duró seis meses, durante los cuales la situación se fue deteriorando cada vez más para los griegos, privados de recursos y de acceso al crédito en el mercado internacional. Hasta que el primer ministro Alexis Tsipras convocó, en julio, a un referéndum para que los griegos le dijeran si continuaba en ese camino o si cedía ante la troika. Tendría, en cualquier caso, el respaldo “del pueblo”, “esa categoría que los burócratas y tecnócratas de Bruselas ignoran por completo”, según dijo por entonces el primer ministro. Los griegos lo respaldaron masivamente: 61 por ciento votó por seguir plantando cara a los acreedores. Pero no pasaron dos días para que Tsipras capitulara y se decidiera a aceptar un nuevo “rescate” a cambio de un programa de “reformas estructurales” más draconiano que los que habían llevado adelante conservadores y socialdemócratas en años anteriores. Las esperanzas de un cambio de fondo, conducido por un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia y en un país pequeño del sur europeo, se esfumaron. Votantes de Syriza recuerdan aún aquella mañana en que Tsipras convirtió su no al neoliberalismo en una rendición con todas las letras como uno de los días más amargos de sus vidas.

 

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La impostura del nuevo primer ministro Mitsotakis es total: las “clases medias” a las que dice defender y a las que les quitaría carga impositiva son las mismas a las que Tsipras se vio obligado a castigar porque no pudo realizar la reforma fiscal que se proponía después de que la troika (respaldada por el mismísimo líder de Nueva Democracia) se lo negó. Pero al líder de Syriza, el millón de electores que abandonó a la coalición entre 2015 y 2019 no le perdonó su propia impostura, dice la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Atenas Filippa Chatzistavrou. La gestión de Syriza, su capitulación ante los acreedores y los poderes económicos, el hecho de que aceptara aplicar una política contra la que había luchado tantos años, o incluso que Tsipras no renunciara al ver que no podía ganar su apuesta de derrotar al Goliat, provocaron en Grecia “un desencanto político, ético, social, moral, tremendo”, dijo la politóloga al portal francés Mediapart (5-VII-18).

Tsipras festejó unos meses atrás que tras cuatro años de ajustes permanentes había logrado finalmente salir de la lógica de los rescates y mejorar las cifras macroeconómicas: dijo, por ejemplo, que Grecia retomó el crecimiento, que el desempleo se redujo de 28 a 18 por ciento, que volvieron los inversores, que se crean empresas otra vez. Y que pudo poner en práctica algunas políticas sociales “novedosas”: gratuidad de la salud y del transporte para los más pobres, ayudas para vivienda, bonos de alimentación de entre 100 y 500 euros según los ingresos, extensión del seguro de paro, aumento del salario mínimo a 740 euros mensuales… Pero fueron sólo paliativos, y, aunque permitieron limitar las injusticias, en el fondo las cosas no cambiaron, destacó Chatzistavrou. “Los índices de pobreza se mantienen, crece el empleo, pero es precario y en negro, sigue la fuga de cerebros, el acceso de los pobres a la salud no es aún el mismo que el que se conocía antes de la crisis”, y los capitalistas ganan y ganan, dijo. Christos Giovanopoulos, un ex votante de Syriza y militante social, y uno de los coordinadores de los colectivos solidarios (desde ollas populares hasta redes de distribución de medicamentos, útiles escolares, ropa) que se multiplicaron en Grecia entre 2011 y 2015, apunta que durante la administración de Tsipras se amplió la brecha entre pobres y ricos. “La política social del gobierno griego fue pagada por la gente de bajos ingresos y las capas medias asalariadas”, no por los ricos, dice Giovanopoulos. Petros Linardos, un economista que formó parte del Instituto del Trabajo, equivalente para los sindicatos griegos al Cuesta Duarte uruguayo, advertía en mayo pasado que el gobierno de Syriza carecía de “estrategia a largo plazo y de modelo alternativo al desarrollo de los servicios y del turismo”. “El horizonte de Syriza son los años ochenta del Pasok,un modelo de desarrollo basado en el consumo” (Mediapart, 6-V-19). Un modelo, piensa Linardos, que ya no es sostenible desde ningún punto de vista, empezando por el ambiental, un plano en el que Syriza poco y nada hizo. Al contrario: eliminó la exigencia de un estudio ambiental previo a la instalación de megaproyectos de trasnacionales. Con tal de que vengan, les hacemos un tren, habrán pensado Tsipras y los suyos.

 

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Fabien Escalona es un joven politólogo francés que en Mediapart se ha especializado en el seguimiento a los partidos de la “izquierda radical”. Es también autor del libro La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. Du régime social-démocrate keynésien au régime social-démocrate de marché. En un artículo publicado en enero de 2015, apenas confirmado el triunfo de Syriza en las elecciones griegas, Escalona advertía sobre el riesgo principal que corría ese partido y otros a la izquierda de la izquierda europea que se encontraban en ascenso (Podemos, en España, y lo que sería luego Francia Insumisa, al otro lado de los Pirineos): que en su asalto a los cielos de las instituciones de gobierno se olvidaran de los movimientos sociales, que habían sido su catapulta. Con (fuertes) diferencias de época, esos movimientos, situados en un punto intermedio entre la socialdemocracia y la extrema izquierda revolucionaria, decía Escalona, comparten corpus ideológico con la corriente eurocomunista que había prendido en los países de la Europa mediterránea en los setenta y ochenta, ubicándose tan lejos del “ruido a botas” del socialismo cuartelero de los países del este como del “arrastrar de pantuflas” de la socialdemocracia occidental, según resumió en su momento el francés Jean-Pierre Chevènement. “El corazón de la izquierda radical europea heredó del eurocomunismo su rechazo a la marginalidad política y una comprensión del carácter plural de las relaciones de dominación”, escribió el francés por estos días (Mediapart, 8-VII-19).

La “nueva izquierda radical” le agregó a aquella corriente que terminó en la ruina, además de un aire irreverente y un funcionamiento más horizontal, un contacto más íntimo con los movimientos emancipatorios que se fueron desarrollando desde los sesenta (antipatriarcales, antiproductivistas, antirracistas e, incluso, anticapitalistas) y una llegada a sectores sociales amenazados por la precarización. Pero padece de “una estrategia incompleta para hacer frente a instituciones nacionales y europeas capaces de absorber sus críticas. Es grande la tentación de ocupar el espacio dejado vacante por la socialdemocracia, cuando un proyecto keynesiano no está ya a la altura de la crisis estructural actual”, concluía el investigador francés.

En 2015, Syriza no sólo fue a la guerra con la troika con un tenedor, se “olvidó” por el camino de los movimientos sociales y de los sindicatos, a los que adrede desmovilizó. Éric Toussaint, un historiador y politólogo belga que fundó el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, criticó en su momento la manera en que el ministro de Economía Yanis Varoufakis, que pasaba por un “radical” en el equipo de Tsipras (abandonó su cargo tras la capitulación del jefe del gobierno), llevó a cabo las negociaciones con los acreedores. Más allá de su gestualidad confrontativa, señala Toussaint, Varoufakis alimentaba la ilusión de que las elites europeas terminarían siendo razonables y marcó distancia con la base de Syriza, dejada como espectadora de un enfrentamiento que se iba traduciendo en renuncias sucesivas a la plataforma que había llevado a la coalición al gobierno. Fabien Escalona echa mano también a otros intelectuales críticos, el canadiense Leo Panitch y el ruso Sam Gindin, que, en su libro The Socialist Challenge Today: Syriza, Sanders, Corbyn, subrayan “el grave déficit de ‘organización’ de la izquierda radical ante el poder estatal”. “Todo partido que pretenda superar el orden neoliberal, ni que hablar el orden capitalista”, escribe el francés citando a Panitch y a Gindin, “debe abordar los lugares del poder con cuadros formados y competentes, cuidándose de mantener a todo precio un pie en el movimiento social para presionar en favor de políticas alternativas”. Lejos estuvo de ser ese el caso de Grecia.

12 julio, 2019

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La defensa de Assange: "Este caso es un ataque frontal contra los periodistas"

El equipo de abogados que asiste el fundador de Wikileaks denuncia las restricciones que están sufriendo para poder preparar la defensa contra la extradición a Estados Unidos y el estado de salud de su cliente

 

 

La abogada australiana Jennifer Robinson, una de la letradas que ejerce la defensa del Julian Assange era rotunda a la salida de la vista que se ha celebrado este jueves en un tribunal londinense: “Este caso tendrá un impacto aterrador y afectará a periodistas y editores de todo el mundo que se enfrentan a la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos”.

Porque, como ella misma insistía: “Ningún periodista o editor debería ser nunca extraditado por haber publicado información veraz”.

Es lo que intenta evitar por todos los medios que le ocurra al fundador de Wikileaks por, como ella ha explicado: “Haber publicado pruebas de crímenes de guerra, de ataques a los derechos humanos y de corrupción”.

Pero el proceso ya está en marcha. El gobierno norteamericano tramitó la petición de extradición, el Ministro del Interior británico Salid Javid -uno de los seis aspirantes a suceder a Theresa May- la ha firmado apelando a que “debe hacerse justicia” y ahora son los tribunales de Reino Unido quienes tienen la última palabra: parar la extradición o dar luz verde.

Sólo el haber llegado hasta aquí ya es, en palabras de la defensa de Julian Assange: “Un asalto escandaloso contra la protección a los periodistas” y “un ataque frontal y atroz” contra el derecho a la libertad de expresión.

El proceso comenzará en febrero de 2020 y está previsto que se prolongue durante cinco días. Antes, en octubre de este mismo año, la defensa tendrá que presentar sus pruebas. Y, como ellos mismos denunciaban a las puertas del tribunal de Westminster, no les está resultando nada fácil hacer su trabajo: “No resulta sencillo trabajar en este caso debido a las restricciones a las que está sometido el señor Julian Assange en prisión; nos resulta muy difícil acceder a él, nos impiden poder hacerle llegar documentación y él no tiene acceso a un ordenador para poder preparar su defensa”, denunciaba Robinson.

Por si fuera poco, a ello se suma la situación personal del fundador de Wikileaks: “Estamos muy preocupados por su salud. Se encuentra bajo una gran presión y está teniendo que hacer frente a este caso bajo unas circunstancias muy difíciles”. Y añadía: “No olvidemos que se trata de una persona que todavía está sufriendo las graves consecuencia de su confinamiento dentro de la embajada y ahora en prisión”.

No es fácil hacer especulaciones pero el equipo de la defensa es optimista: “Confiamos en que el gobierno británico no ejecute la extradición a Estados Unidos”. Y preguntada por su gran temor en caso de que Assange fuera finalmente extraditado, Robinson explicaba: “Sólo tenemos que ver las condiciones a las que ha sido sometida Chelsea Manning anteriormente y en la actualidad durante su confinamiento en Estados unidos. No olvidemos que está en prisión indefinida por negarse a aportar pruebas. Eso nos basta para saber las circunstancia de confinamiento a las que tendría que hacer frente Julian Assange”.

Por Cristina Casero

@CrisCasero

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Arresto de Assange: venganza de Lenin Moreno por los pestilentes Ina Papers

Atenta a las costumbres de las civilizaciones milenarias entregar a un asilado político por el país anfitrión, lo cual pisoteó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que deshonra a Latinoamérica.

La entrega de Assange a Estados Unidos (EU) ya estaba tomada desde 2017 cuando Trump envió a su representante especial Paul Manafort, hoy encarcelado, para operar un trueque con Lenín Moreno: Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales (https://nyti.ms/2UzIHv0).


Sólo faltaba el catalizador, en lo que contribuyeron los sulfurosos “ Ina Papers” que implican al presidente de Ecuador, a su hermano Edwin y a sus hijas en un operativo de lavado por 18 millones de dólares en el paraíso fiscal de Belice.


La nada gloriosa entrega de Assange, icónico fundador de Wikileaks, pone en peligro de muerte a la libertad de expresión en la era del totalitarismo orwelliano cibernético y pone en tela de juicio la Primera Enmienda del Bill of Rights de EU (http://bit.ly/2Glx8P5).


Los 18 millones de dólares que recibió Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno y mandamás de INA Investments Corp, fueron blanqueados en un conjunto de 11 empresas fantasmas: Espíritu Santo Holdings, Fundación Amore, Fundación Esmalau, Fundación Pacha Mama, Inversiones Larena, Inversiones Maspal, Manela Investment Corp, Probata Investments, San Antonio Business Corp, Turquoise Holdings Ltd, Valley View Business Corp (http://inapapers.org/).


El nombre INA fue tomado de las tres letras finales de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Ir(ina), Crist(ina) y Kar(ina). Al fundador de Wikileaks no le perdonan haber publicado el 26 de marzo pasado las tratativas de Trump con Lenín Moreno vía Manafort hace dos años.


Lenín Moreno inculpó a Assange, quien estaba totalmente desconectado del mundo, con su Internet bloqueado, de haber hackeado sus correos y su teléfono.


Lo más hilarante provino de la ministra María Paula Romo quien afirmó que Assange y Wikileaks estaban implicados en una conspiración (sic) para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno mediante dos “ hackers rusos”.Ya lo de la fanstasmagórica intervención de Rusia se ha vuelto una broma muy aburrida.


Antes de la entrega ignominiosa de Assange, Lenín Moreno había descendido a los avernos de la impopularidad con menos de 17 por ciento de aceptación.


Más allá de la personalidad impía de Lenín Moreno, resalta su giro radical a la extrema derecha y su subordinación a Trump cuando concluyó créditos con el FMI y el Banco Mundial por 10 mil millones de dólares, al precio de severas medidas de austeridad y la decapitación de 10 mil empleos del sector público (http://bit.ly/2IiruPQ).


El arresto de Assange era una coreografía cantada: hace cinco meses adelanté la secuencia de la expulsión/detención/deportación de Assange en la FIL de Guadalajara (http://bit.ly/2UBCiz8).


Los INA Papers de la corrupta familia Moreno no es ninguna novedad: forma parte de la aplicación mafiosa del neoliberalismo global en Latinoamérica que resultó en un vulgar lavadero en los paraísos fiscales para comprar las conciencias de sus dirigentes y/o de los manipuladores de la opinión pública, como fue el caso de PanamaPapers –que mancillaron a Mario Vargas Llosa y al presidente argentino Mauricio Macri (http://bit.ly/2Dgg3nP)–; de Bahama Leaks–con Pinochet, Macri y el partido PAN de cada día de México (http://bit.ly/2rJGegB)–; la estafa del Banco Stanford, donde blanqueaba el cárteldel Golfo con el ex canciller foxiano Castañeda Gutman (http://bit.ly/2UWJUMe); etcétera.


Resalta que en Latinoamérica no hay neoliberalismo sin lavado.


La trama rusa, más bien el trauma ruso del plagiario Krauze Kleinbort (socio de Banco Santander y Televisa), es otro lavado de la Operación Berlínde acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano (https://bit.ly/2UrdBVm).


El ex presidente Rafael Correa atribuye que el haber divulgado el caso fétido de “ Ina Papers” le valió el bloqueo de su cuenta en Facebook. Según Correa, el arresto de Assange fue a cambio de un préstamo del FMI y como venganza a la publicación por Wikileaks del escándalo de “Ina Papers”(http://bit.ly/2DcQSmh).


www.alfredojalife.com
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Viernes, 12 Abril 2019 06:26

Control social, designio del siglo XXI

Control social, designio del siglo XXI

Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, ¿es importante quién gobierna? El concepto de gobierno (instituciones estatales, nacionales, federales o municipales) es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades.

La semana pasada en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de 280 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada.

En apenas dos años de vigencia del código se impusieron 400 mil multas, por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre multa policial, por "obstrucción" de la labor de los uniformados.

El Código de Policía fue aprobado en 2017, mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras. Para los de abajo, el nuevo código implementa el "estado de excepción permanente" del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas.

En China el control de la sociedad por el Estado es mucho más estricto aún. El sistema de "crédito social" otorga o quita puntos a las personas que, por ejemplo, fumen en lugares prohibidos, y se los sube a los que tienen actitudes condescendientes. En el puntaje entran todos los comportamientos de las personas, incluso algunos íntimos, como el consumo de películas o libros "eróticos", o hablar en forma grosera con alguien.

Los modos de control combinan las cámaras de videovigilancia (China tiene casi la mitad de las existentes en el mundo), con la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. De ese modo, el Estado puede saber cuántos viajes has hecho en taxi y a dónde, qué compras, tus facturas médicas y hasta tus "generosidades" con los demás, como destaca el informe de Le Monde Diplomatique titulado "Chinos buenos y chinos malos" (edición de enero).

Como ejemplo de las puntuaciones que se imponen a los ciudadanos, el mensuario destaca: un punto por ayudar a un anciano a acudir a un hospital; cinco puntos menos y una multa por arrojar la basura al río. Pero por colocar un adhesivo contra el gobierno, te quitan 50 puntos y mil yuanes de multa. Como en los buenos regímenes autoritarios, todo viene mezclado: el castigo a los disidentes con la ayuda al prójimo y los malos hábitos.

Pero ahí comienzan los verdaderos problemas. Los que se portan bien, reciben regalos el día del Año Nuevo chino o tienen facilidades para obtener créditos para viajes o estudios. Los que tienen pocos puntos no pueden postularse a ciertos empleos, tomar vacaciones, subirse a trenes rápidos durante un año, reservar una habitación en un hotel o inscribir a su hijo en una buena escuela.

Las listas negras van de la mano de humillaciones públicas, ya que los datos se ventilan en páginas web, pero en algunos pueblos "los malos puntajes y el nombre de sus titulares son repetidos por altoparlante el viernes por la noche", de modo que el sistema convierte a tus vecinos en centinelas, según Le Monde Diplomatique.

El investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, considera que el sistema de otorgar recompensas y castigos es una "práctica de control social a gran escala que legitima la clasificación jerárquica de los ciudadanos" (https://bit.ly/2G1diaz).

Cuando se producen hechos políticos importantes, como la Asamblea Nacional Popular, el régimen impone "vacaciones forzadas" a los disidentes obligándolos a salir de la ciudad, acompañados por agentes policiales para ser alojados en hoteles y complejos turísticos alejados con todos los gastos pagados (https://bit.ly/2Z3cRp4).

Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de "democracia totalitaria", del portugués João Bernardo. En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral.

Se pregunta qué quiere decir democracia, en nuestras sociedades donde reina el poder omnímodo de las empresas. "La sociedad neoliberal llegó a un punto en que es muy difícil aplicarle las antiguas definiciones del estado de derecho que hasta hace poco distinguían las democracias de los regímenes donde impera la arbitrariedad política", sigue Bernardo. Nos queda la tarea de trazar los caminos para cambiar el mundo ante estas mutaciones sistémicas.

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