El primer ministro electo, Kyriakos Mitsotakis (derecha), recibe el saludo del presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos / Foto: Afp, Luisa Gouliamaki

Cuatro años y medio duró lo que en sus inicios prometía ser una experiencia completamente novedosa en Europa: un gobierno dirigido por un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Tras su rendición incondicional ante aquello que prometía combatir, acabó en un fiasco de una magnitud equivalente a las esperanzas que levantó.

 

El lunes asumió en Atenas un nuevo gobierno, el primero monocolor en varias décadas. Nueva Democracia, el partido conservador dirigido por Kyriakos Mitsotakis, ganó las elecciones legislativas anticipadas del domingo 7 con casi el 40 por ciento de los votos, y en virtud de un sistema electoral que premia a los vencedores con un plus de 50 diputados consiguió 158 bancas, siete más de las necesarias para la mayoría absoluta y 80 más de las que tenía hasta ahora. La Coalición de Izquierda Radical (Syriza), del jefe del gobierno saliente Alexis Tsipras, llegó a 31,5 por ciento y obtuvo 86 bancas (tenía 144). Luego llegaron los socialdemócratas de Kinal y los comunistas, con 22 y 15 diputados, respectivamente. Las grandes novedades fueron el ingreso al parlamento de Mera25, una escisión por izquierda de Syriza, encabezada por el ex ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, y la salida de los ultraderechistas de Amanecer Dorado, que no alcanzaron el mínimo de 3 por ciento para tener representación en el congreso. Habrá, de todas maneras, otro partido de extrema derecha en el parlamento. La participación electoral fue muy baja: 57 por ciento, de las peores de la historia política reciente del país.

Mitsotakis, un economista formado en Harvard, es integrante de una vieja dinastía política griega y dirigente de un partido corresponsable de una de las mayores crisis económicas y sociales del país. Su gobierno estará integrado en su mayoría por tecnócratas e incluirá a políticos surgidos en partidos de extrema derecha. Apenas tendrá mujeres. El nuevo primer ministro prometió convertir a Grecia en “paraíso de los inversores”, limitar el poder de los sindicatos, reducir las cargas de las empresas y de los más ricos y los impuestos de las “clases medias”, retomar el programa de privatizaciones (de empresas públicas, del sistema de pensiones), congelado por Syriza. Un retorno pleno a los años previos a la victoria de la llamada izquierda radical en 2015.

 

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“Ahora sí la izquierda”, fue el principal eslogan de campaña de Syriza en las elecciones de enero de 2015. Grecia tenía entonces índices “tercermundistas”: más de un tercio de la población en situación de pobreza, un desempleo que rondaba el 30 por ciento, niveles astronómicos de endeudamiento externo, un producto bruto interno que se había contraído 25 por ciento en seis años, emigración récord, sobre todo de jóvenes, una corrupción endémica de la dirigencia política tradicional… Los responsables de esa situación eran los partidos que se habían alternado en el poder en las últimas décadas (el Pasok socialdemócrata y Nueva Democracia), siempre en alianza, entre ellos o con partidos menores, incluida la emergente extrema derecha. Syriza aparecía entonces como la única alternativa de ruptura con ese estado de cosas para las clases populares. Máxime cuando contaba con el apoyo, directo o de hecho, de los animadores de movilizaciones sociales como el país no había vivido desde la salida de la dictadura de los coroneles (1967-1974). Como España y sus indignados, Grecia había tenido su “revolución de las plazas”, que incluso había costado muertes.

El obstáculo principal que se le presentaba a la coalición “radical” era el miedo: la derecha y el Pasok agitaban el fantasma de que Grecia quedaría fuera de la Unión Europea (UE) si Syriza llegaba al gobierno y aplicaba su programa, que preveía una auditoría de la deuda externa para renegociar la “parte justa” del endeudamiento y medidas para recuperar el nivel de vida “de las grandes mayorías nacionales” y redistribuir la riqueza. El Pasok agregaba: nosotros querríamos, pero “no existe alternativa”, las cosas son así y punto.

El contexto regional también era hostil: la derecha gobernaba en la gran mayoría de los países de la UE y las instituciones regionales habían advertido, antes de las elecciones griegas, con Alemania y el Banco Europeo a la cabeza, que no tolerarían que ningún país miembro (más aun uno pequeño y superendeudado como Grecia) se saliera de la norma de austeridad presupuestaria y reformas liberalizadoras. Cuando no era la derecha la que gobernaba en la región, lo hacían “socialistas” como el francés François Hollande, que tras un comienzo de gestión teñido de rojillo había virado a un rosa cada vez más difuminado hasta compartir valores, política y horizontes con conservadores y liberales. Syriza no tenía aliados a la vista, e incluso países tanto o más endeudados que Grecia eran más realistas que el rey y aplicaban las recetas “austericidas” de los organismos internacionales con fruición lacayuna.

Pero Syriza se mantuvo en sus trece y desafió a la troika de la UE, el Fmi y el Banco Central Europeo, y a la todopoderosa Alemania. No pagaría la deuda así como estaba sin una reestructura y sí aplicaría su programa de freno a las privatizaciones de empresas públicas, de reforma fiscal y de recuperación de la producción nacional, del poder adquisitivo y de las condiciones de vida de los más desposeídos. El tira y afloja duró seis meses, durante los cuales la situación se fue deteriorando cada vez más para los griegos, privados de recursos y de acceso al crédito en el mercado internacional. Hasta que el primer ministro Alexis Tsipras convocó, en julio, a un referéndum para que los griegos le dijeran si continuaba en ese camino o si cedía ante la troika. Tendría, en cualquier caso, el respaldo “del pueblo”, “esa categoría que los burócratas y tecnócratas de Bruselas ignoran por completo”, según dijo por entonces el primer ministro. Los griegos lo respaldaron masivamente: 61 por ciento votó por seguir plantando cara a los acreedores. Pero no pasaron dos días para que Tsipras capitulara y se decidiera a aceptar un nuevo “rescate” a cambio de un programa de “reformas estructurales” más draconiano que los que habían llevado adelante conservadores y socialdemócratas en años anteriores. Las esperanzas de un cambio de fondo, conducido por un gobierno a la izquierda de la socialdemocracia y en un país pequeño del sur europeo, se esfumaron. Votantes de Syriza recuerdan aún aquella mañana en que Tsipras convirtió su no al neoliberalismo en una rendición con todas las letras como uno de los días más amargos de sus vidas.

 

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La impostura del nuevo primer ministro Mitsotakis es total: las “clases medias” a las que dice defender y a las que les quitaría carga impositiva son las mismas a las que Tsipras se vio obligado a castigar porque no pudo realizar la reforma fiscal que se proponía después de que la troika (respaldada por el mismísimo líder de Nueva Democracia) se lo negó. Pero al líder de Syriza, el millón de electores que abandonó a la coalición entre 2015 y 2019 no le perdonó su propia impostura, dice la doctora en ciencias políticas por la Universidad de Atenas Filippa Chatzistavrou. La gestión de Syriza, su capitulación ante los acreedores y los poderes económicos, el hecho de que aceptara aplicar una política contra la que había luchado tantos años, o incluso que Tsipras no renunciara al ver que no podía ganar su apuesta de derrotar al Goliat, provocaron en Grecia “un desencanto político, ético, social, moral, tremendo”, dijo la politóloga al portal francés Mediapart (5-VII-18).

Tsipras festejó unos meses atrás que tras cuatro años de ajustes permanentes había logrado finalmente salir de la lógica de los rescates y mejorar las cifras macroeconómicas: dijo, por ejemplo, que Grecia retomó el crecimiento, que el desempleo se redujo de 28 a 18 por ciento, que volvieron los inversores, que se crean empresas otra vez. Y que pudo poner en práctica algunas políticas sociales “novedosas”: gratuidad de la salud y del transporte para los más pobres, ayudas para vivienda, bonos de alimentación de entre 100 y 500 euros según los ingresos, extensión del seguro de paro, aumento del salario mínimo a 740 euros mensuales… Pero fueron sólo paliativos, y, aunque permitieron limitar las injusticias, en el fondo las cosas no cambiaron, destacó Chatzistavrou. “Los índices de pobreza se mantienen, crece el empleo, pero es precario y en negro, sigue la fuga de cerebros, el acceso de los pobres a la salud no es aún el mismo que el que se conocía antes de la crisis”, y los capitalistas ganan y ganan, dijo. Christos Giovanopoulos, un ex votante de Syriza y militante social, y uno de los coordinadores de los colectivos solidarios (desde ollas populares hasta redes de distribución de medicamentos, útiles escolares, ropa) que se multiplicaron en Grecia entre 2011 y 2015, apunta que durante la administración de Tsipras se amplió la brecha entre pobres y ricos. “La política social del gobierno griego fue pagada por la gente de bajos ingresos y las capas medias asalariadas”, no por los ricos, dice Giovanopoulos. Petros Linardos, un economista que formó parte del Instituto del Trabajo, equivalente para los sindicatos griegos al Cuesta Duarte uruguayo, advertía en mayo pasado que el gobierno de Syriza carecía de “estrategia a largo plazo y de modelo alternativo al desarrollo de los servicios y del turismo”. “El horizonte de Syriza son los años ochenta del Pasok,un modelo de desarrollo basado en el consumo” (Mediapart, 6-V-19). Un modelo, piensa Linardos, que ya no es sostenible desde ningún punto de vista, empezando por el ambiental, un plano en el que Syriza poco y nada hizo. Al contrario: eliminó la exigencia de un estudio ambiental previo a la instalación de megaproyectos de trasnacionales. Con tal de que vengan, les hacemos un tren, habrán pensado Tsipras y los suyos.

 

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Fabien Escalona es un joven politólogo francés que en Mediapart se ha especializado en el seguimiento a los partidos de la “izquierda radical”. Es también autor del libro La reconversion partisane de la social-démocratie européenne. Du régime social-démocrate keynésien au régime social-démocrate de marché. En un artículo publicado en enero de 2015, apenas confirmado el triunfo de Syriza en las elecciones griegas, Escalona advertía sobre el riesgo principal que corría ese partido y otros a la izquierda de la izquierda europea que se encontraban en ascenso (Podemos, en España, y lo que sería luego Francia Insumisa, al otro lado de los Pirineos): que en su asalto a los cielos de las instituciones de gobierno se olvidaran de los movimientos sociales, que habían sido su catapulta. Con (fuertes) diferencias de época, esos movimientos, situados en un punto intermedio entre la socialdemocracia y la extrema izquierda revolucionaria, decía Escalona, comparten corpus ideológico con la corriente eurocomunista que había prendido en los países de la Europa mediterránea en los setenta y ochenta, ubicándose tan lejos del “ruido a botas” del socialismo cuartelero de los países del este como del “arrastrar de pantuflas” de la socialdemocracia occidental, según resumió en su momento el francés Jean-Pierre Chevènement. “El corazón de la izquierda radical europea heredó del eurocomunismo su rechazo a la marginalidad política y una comprensión del carácter plural de las relaciones de dominación”, escribió el francés por estos días (Mediapart, 8-VII-19).

La “nueva izquierda radical” le agregó a aquella corriente que terminó en la ruina, además de un aire irreverente y un funcionamiento más horizontal, un contacto más íntimo con los movimientos emancipatorios que se fueron desarrollando desde los sesenta (antipatriarcales, antiproductivistas, antirracistas e, incluso, anticapitalistas) y una llegada a sectores sociales amenazados por la precarización. Pero padece de “una estrategia incompleta para hacer frente a instituciones nacionales y europeas capaces de absorber sus críticas. Es grande la tentación de ocupar el espacio dejado vacante por la socialdemocracia, cuando un proyecto keynesiano no está ya a la altura de la crisis estructural actual”, concluía el investigador francés.

En 2015, Syriza no sólo fue a la guerra con la troika con un tenedor, se “olvidó” por el camino de los movimientos sociales y de los sindicatos, a los que adrede desmovilizó. Éric Toussaint, un historiador y politólogo belga que fundó el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, criticó en su momento la manera en que el ministro de Economía Yanis Varoufakis, que pasaba por un “radical” en el equipo de Tsipras (abandonó su cargo tras la capitulación del jefe del gobierno), llevó a cabo las negociaciones con los acreedores. Más allá de su gestualidad confrontativa, señala Toussaint, Varoufakis alimentaba la ilusión de que las elites europeas terminarían siendo razonables y marcó distancia con la base de Syriza, dejada como espectadora de un enfrentamiento que se iba traduciendo en renuncias sucesivas a la plataforma que había llevado a la coalición al gobierno. Fabien Escalona echa mano también a otros intelectuales críticos, el canadiense Leo Panitch y el ruso Sam Gindin, que, en su libro The Socialist Challenge Today: Syriza, Sanders, Corbyn, subrayan “el grave déficit de ‘organización’ de la izquierda radical ante el poder estatal”. “Todo partido que pretenda superar el orden neoliberal, ni que hablar el orden capitalista”, escribe el francés citando a Panitch y a Gindin, “debe abordar los lugares del poder con cuadros formados y competentes, cuidándose de mantener a todo precio un pie en el movimiento social para presionar en favor de políticas alternativas”. Lejos estuvo de ser ese el caso de Grecia.

12 julio, 2019

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La defensa de Assange: "Este caso es un ataque frontal contra los periodistas"

El equipo de abogados que asiste el fundador de Wikileaks denuncia las restricciones que están sufriendo para poder preparar la defensa contra la extradición a Estados Unidos y el estado de salud de su cliente

 

 

La abogada australiana Jennifer Robinson, una de la letradas que ejerce la defensa del Julian Assange era rotunda a la salida de la vista que se ha celebrado este jueves en un tribunal londinense: “Este caso tendrá un impacto aterrador y afectará a periodistas y editores de todo el mundo que se enfrentan a la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos”.

Porque, como ella misma insistía: “Ningún periodista o editor debería ser nunca extraditado por haber publicado información veraz”.

Es lo que intenta evitar por todos los medios que le ocurra al fundador de Wikileaks por, como ella ha explicado: “Haber publicado pruebas de crímenes de guerra, de ataques a los derechos humanos y de corrupción”.

Pero el proceso ya está en marcha. El gobierno norteamericano tramitó la petición de extradición, el Ministro del Interior británico Salid Javid -uno de los seis aspirantes a suceder a Theresa May- la ha firmado apelando a que “debe hacerse justicia” y ahora son los tribunales de Reino Unido quienes tienen la última palabra: parar la extradición o dar luz verde.

Sólo el haber llegado hasta aquí ya es, en palabras de la defensa de Julian Assange: “Un asalto escandaloso contra la protección a los periodistas” y “un ataque frontal y atroz” contra el derecho a la libertad de expresión.

El proceso comenzará en febrero de 2020 y está previsto que se prolongue durante cinco días. Antes, en octubre de este mismo año, la defensa tendrá que presentar sus pruebas. Y, como ellos mismos denunciaban a las puertas del tribunal de Westminster, no les está resultando nada fácil hacer su trabajo: “No resulta sencillo trabajar en este caso debido a las restricciones a las que está sometido el señor Julian Assange en prisión; nos resulta muy difícil acceder a él, nos impiden poder hacerle llegar documentación y él no tiene acceso a un ordenador para poder preparar su defensa”, denunciaba Robinson.

Por si fuera poco, a ello se suma la situación personal del fundador de Wikileaks: “Estamos muy preocupados por su salud. Se encuentra bajo una gran presión y está teniendo que hacer frente a este caso bajo unas circunstancias muy difíciles”. Y añadía: “No olvidemos que se trata de una persona que todavía está sufriendo las graves consecuencia de su confinamiento dentro de la embajada y ahora en prisión”.

No es fácil hacer especulaciones pero el equipo de la defensa es optimista: “Confiamos en que el gobierno británico no ejecute la extradición a Estados Unidos”. Y preguntada por su gran temor en caso de que Assange fuera finalmente extraditado, Robinson explicaba: “Sólo tenemos que ver las condiciones a las que ha sido sometida Chelsea Manning anteriormente y en la actualidad durante su confinamiento en Estados unidos. No olvidemos que está en prisión indefinida por negarse a aportar pruebas. Eso nos basta para saber las circunstancia de confinamiento a las que tendría que hacer frente Julian Assange”.

Por Cristina Casero

@CrisCasero

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Arresto de Assange: venganza de Lenin Moreno por los pestilentes Ina Papers

Atenta a las costumbres de las civilizaciones milenarias entregar a un asilado político por el país anfitrión, lo cual pisoteó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que deshonra a Latinoamérica.

La entrega de Assange a Estados Unidos (EU) ya estaba tomada desde 2017 cuando Trump envió a su representante especial Paul Manafort, hoy encarcelado, para operar un trueque con Lenín Moreno: Assange a cambio de retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales (https://nyti.ms/2UzIHv0).


Sólo faltaba el catalizador, en lo que contribuyeron los sulfurosos “ Ina Papers” que implican al presidente de Ecuador, a su hermano Edwin y a sus hijas en un operativo de lavado por 18 millones de dólares en el paraíso fiscal de Belice.


La nada gloriosa entrega de Assange, icónico fundador de Wikileaks, pone en peligro de muerte a la libertad de expresión en la era del totalitarismo orwelliano cibernético y pone en tela de juicio la Primera Enmienda del Bill of Rights de EU (http://bit.ly/2Glx8P5).


Los 18 millones de dólares que recibió Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno y mandamás de INA Investments Corp, fueron blanqueados en un conjunto de 11 empresas fantasmas: Espíritu Santo Holdings, Fundación Amore, Fundación Esmalau, Fundación Pacha Mama, Inversiones Larena, Inversiones Maspal, Manela Investment Corp, Probata Investments, San Antonio Business Corp, Turquoise Holdings Ltd, Valley View Business Corp (http://inapapers.org/).


El nombre INA fue tomado de las tres letras finales de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Ir(ina), Crist(ina) y Kar(ina). Al fundador de Wikileaks no le perdonan haber publicado el 26 de marzo pasado las tratativas de Trump con Lenín Moreno vía Manafort hace dos años.


Lenín Moreno inculpó a Assange, quien estaba totalmente desconectado del mundo, con su Internet bloqueado, de haber hackeado sus correos y su teléfono.


Lo más hilarante provino de la ministra María Paula Romo quien afirmó que Assange y Wikileaks estaban implicados en una conspiración (sic) para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno mediante dos “ hackers rusos”.Ya lo de la fanstasmagórica intervención de Rusia se ha vuelto una broma muy aburrida.


Antes de la entrega ignominiosa de Assange, Lenín Moreno había descendido a los avernos de la impopularidad con menos de 17 por ciento de aceptación.


Más allá de la personalidad impía de Lenín Moreno, resalta su giro radical a la extrema derecha y su subordinación a Trump cuando concluyó créditos con el FMI y el Banco Mundial por 10 mil millones de dólares, al precio de severas medidas de austeridad y la decapitación de 10 mil empleos del sector público (http://bit.ly/2IiruPQ).


El arresto de Assange era una coreografía cantada: hace cinco meses adelanté la secuencia de la expulsión/detención/deportación de Assange en la FIL de Guadalajara (http://bit.ly/2UBCiz8).


Los INA Papers de la corrupta familia Moreno no es ninguna novedad: forma parte de la aplicación mafiosa del neoliberalismo global en Latinoamérica que resultó en un vulgar lavadero en los paraísos fiscales para comprar las conciencias de sus dirigentes y/o de los manipuladores de la opinión pública, como fue el caso de PanamaPapers –que mancillaron a Mario Vargas Llosa y al presidente argentino Mauricio Macri (http://bit.ly/2Dgg3nP)–; de Bahama Leaks–con Pinochet, Macri y el partido PAN de cada día de México (http://bit.ly/2rJGegB)–; la estafa del Banco Stanford, donde blanqueaba el cárteldel Golfo con el ex canciller foxiano Castañeda Gutman (http://bit.ly/2UWJUMe); etcétera.


Resalta que en Latinoamérica no hay neoliberalismo sin lavado.


La trama rusa, más bien el trauma ruso del plagiario Krauze Kleinbort (socio de Banco Santander y Televisa), es otro lavado de la Operación Berlínde acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano (https://bit.ly/2UrdBVm).


El ex presidente Rafael Correa atribuye que el haber divulgado el caso fétido de “ Ina Papers” le valió el bloqueo de su cuenta en Facebook. Según Correa, el arresto de Assange fue a cambio de un préstamo del FMI y como venganza a la publicación por Wikileaks del escándalo de “Ina Papers”(http://bit.ly/2DcQSmh).


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Viernes, 12 Abril 2019 06:26

Control social, designio del siglo XXI

Control social, designio del siglo XXI

Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, ¿es importante quién gobierna? El concepto de gobierno (instituciones estatales, nacionales, federales o municipales) es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades.

La semana pasada en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de 280 dólares (más de cinco mil pesos mexicanos) por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada.

En apenas dos años de vigencia del código se impusieron 400 mil multas, por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre multa policial, por "obstrucción" de la labor de los uniformados.

El Código de Policía fue aprobado en 2017, mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras. Para los de abajo, el nuevo código implementa el "estado de excepción permanente" del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas.

En China el control de la sociedad por el Estado es mucho más estricto aún. El sistema de "crédito social" otorga o quita puntos a las personas que, por ejemplo, fumen en lugares prohibidos, y se los sube a los que tienen actitudes condescendientes. En el puntaje entran todos los comportamientos de las personas, incluso algunos íntimos, como el consumo de películas o libros "eróticos", o hablar en forma grosera con alguien.

Los modos de control combinan las cámaras de videovigilancia (China tiene casi la mitad de las existentes en el mundo), con la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. De ese modo, el Estado puede saber cuántos viajes has hecho en taxi y a dónde, qué compras, tus facturas médicas y hasta tus "generosidades" con los demás, como destaca el informe de Le Monde Diplomatique titulado "Chinos buenos y chinos malos" (edición de enero).

Como ejemplo de las puntuaciones que se imponen a los ciudadanos, el mensuario destaca: un punto por ayudar a un anciano a acudir a un hospital; cinco puntos menos y una multa por arrojar la basura al río. Pero por colocar un adhesivo contra el gobierno, te quitan 50 puntos y mil yuanes de multa. Como en los buenos regímenes autoritarios, todo viene mezclado: el castigo a los disidentes con la ayuda al prójimo y los malos hábitos.

Pero ahí comienzan los verdaderos problemas. Los que se portan bien, reciben regalos el día del Año Nuevo chino o tienen facilidades para obtener créditos para viajes o estudios. Los que tienen pocos puntos no pueden postularse a ciertos empleos, tomar vacaciones, subirse a trenes rápidos durante un año, reservar una habitación en un hotel o inscribir a su hijo en una buena escuela.

Las listas negras van de la mano de humillaciones públicas, ya que los datos se ventilan en páginas web, pero en algunos pueblos "los malos puntajes y el nombre de sus titulares son repetidos por altoparlante el viernes por la noche", de modo que el sistema convierte a tus vecinos en centinelas, según Le Monde Diplomatique.

El investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, considera que el sistema de otorgar recompensas y castigos es una "práctica de control social a gran escala que legitima la clasificación jerárquica de los ciudadanos" (https://bit.ly/2G1diaz).

Cuando se producen hechos políticos importantes, como la Asamblea Nacional Popular, el régimen impone "vacaciones forzadas" a los disidentes obligándolos a salir de la ciudad, acompañados por agentes policiales para ser alojados en hoteles y complejos turísticos alejados con todos los gastos pagados (https://bit.ly/2Z3cRp4).

Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de "democracia totalitaria", del portugués João Bernardo. En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral.

Se pregunta qué quiere decir democracia, en nuestras sociedades donde reina el poder omnímodo de las empresas. "La sociedad neoliberal llegó a un punto en que es muy difícil aplicarle las antiguas definiciones del estado de derecho que hasta hace poco distinguían las democracias de los regímenes donde impera la arbitrariedad política", sigue Bernardo. Nos queda la tarea de trazar los caminos para cambiar el mundo ante estas mutaciones sistémicas.

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'INA Papers': La filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá a la que WikiLeaks atribuye el arresto de Assange

La detención del periodista Julian Assange, llevada a cabo este jueves por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático. Esta medida, según la organización internacional WikiLeaks, fundada por el australiano, es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: los INA Papers.

De acuerdo con la investigación, hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras 'offshore' en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente.


Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en el 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno.

Se cree que el nombre de la empresa, INA, proviene del acrónimo que coincide con las últimas tres letras de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Cristina, Irina y Karina.
El diputado ecuatoriano de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, fue el encargado de presentar la denuncia ante la Justicia local. A fines de marzo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso.


La indagación previa, abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas artículos de lujo, automóviles de alta gama y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).


Moreno había calificado dichas acusaciones de "campaña de desprestigio" y señaló a los aliados del presidente del país entre los años 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso.


¿Venganza o decisión soberana?

El exmandatario ecuatoriano coincide en que la detención de Assange es a modo de "venganza" por la revelación de lo que calificó como "uno de los casos de corrupción más graves de la historia del país". Y pide la colaboración de la comunidad internacional para que sea inspeccionada la cuenta 100-4-1071378 de Balboa Bank en Panamá, y salgan a la luz todas las operaciones y la inocencia de Moreno quede demostrada o desmentida.


Por su parte, Moreno rechaza las acusaciones y sostiene que el retiro del asilo a Assange fue una determinación "soberana", y se debe a que el periodista "violó reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".

Explicaciones del presidente


En cuanto a la causa en la que se le investiga, Moreno afirmó el pasado martes que la empresa 'offshore' INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno, a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña. Señaló que su hermano quedó fuera de la firma una vez que le terminaron de pagar la deuda y, como no es empleado público, "puede tener las empresas 'offshore' que quiera".


Además del presidente de Ecuador, figuran como involucrados en la causa su esposa, Dama Rocío González; su hermano, Edwin Moreno Garcés; su cuñada, Guisella González; su íntimo amigo, el empresario y testaferro Xavier Macías Carmignani, entre otros.

Publicado: 12 abr 2019 00:29 GMT | Última actualización: 12 abr 2019 10:22 GMT

 

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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No hay justicia para los presidiarios que salvan vidas apagando incendios

SAN FRANCISCO — Las pruebas de la virulencia del cambio climático mundial cubren la Tierra, azotando a las comunidades con todo el arsenal de la furia de la naturaleza: huracanes, tornados, tormentas implacables, inundaciones sin precedentes, sequías históricas y abrasadoras olas de calor. En California, los incendios forestales han aumentado drásticamente en cantidad e intensidad, lo que ha llevado al límite de sus capacidades a los escuadrones de bomberos del estado y ha superado el presupuesto estatal de lucha contra incendios. Mientras se registran nuevos incendios forestales a lo largo del estado, miles de personas se han congregado en San Francisco esta semana para participar de la Cumbre Global de Acción Climática convocada por el gobernador Jerry Brown y otras personas profundamente preocupadas por la crisis del cambio climático y la obstinada negación del fenómeno por parte del presidente Donald Trump. Junto a las brigadas de bomberos profesionales, en la primera línea de estos enormes incendios, se encuentran miles de prisioneros de California, trasladados desde sus cárceles para unirse a este peligroso trabajo, todo por un dólar la hora o aún menos.


Democracy Now! viajó al Delta Conservation Camp, una hora al norte de San Francisco, para conocer a los prisioneros que luchan contra estos devastadores incendios forestales. El nombre no denota que es un campamento de reclusos. Existen 44 de estos centros de detención, entre los que se incluyen tres para mujeres y uno para menores, que luchan contra los incendios forestales que azotan California con cada vez mayor frecuencia y ferocidad.


Cerca del 25% de los bomberos que combaten incendios forestales en California son reclusos.


El sargento Steven Reeder, uno de los oficiales correccionales en Delta, declaró en una entrevista para Democracy Now: “Los reclusos bombero son la columna vertebral del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Se les dan las tareas más difíciles en las peores condiciones, 40 grados bajo el sol, con dos capas de ropa, cargando 20 kilos de equipos. Y tienen que cargar toda su comida y agua para una jornada de 24 horas, y luego manejar una herramienta todo el tiempo”.


El gobernador Brown también ha elogiado a los presos que trabajan como bomberos por sus heroicos esfuerzos en la lucha contra el fuego: “Quiero agradecerles personalmente a todos los bomberos que están en la primera línea, a los integrantes del Departamento de Protección contra Incendios de California, así como a la Guardia Nacional y a los miles de presos que también están en la primera línea luchando para proteger vidas y ayudando a que estos incendios culminen rápido”.


Los prisioneros que combaten incendios, con su lamentable salario de un dólar la hora, le hacen ahorrar al estado de California unos 100 millones de dólares al año según las estimaciones oficiales. Sid Turner, comandante de Delta Camp, declaró para Democracy Now: “Creo que deberían ganar más de un dólar la hora. Reciben ese mismo salario desde hace décadas”. Turner admitió que, si se redujera la población carcelaria, el sistema de bomberos se vería en problemas: “California necesita cuadrillas. Si no tuviéramos reclusos para cumplir ese papel, tendríamos que conseguir esa fuerza de trabajo en otra parte”. Y Cal Fire, la agencia de bomberos estatal, se está quedando sin fondos a pasos agigantados.


Marty Vinson, un preso afroestadounidense de 25 años de edad que estuvo en el campamento Delta durante dos meses, habló con Democracy Now! Cuando le preguntamos sobre cuánto ganaba, respondió: “Cuando estás combatiendo un incendio, un dólar la hora. Cuando estás en un día de trabajo normal, un dólar con 45 centavos por día”. Cuando le preguntamos si, como muchos otros, consideraba esas condiciones como trabajo esclavo, se rió nerviosamente, mientras el guardia nos miraba atento, y expresó: “Realmente no quiero llamarlo ‘trabajo esclavo’, pero de alguna manera lo siento así. Tiene que ver con la mentalidad, en qué pensamos al final del día. Sin importar si estamos encarcelados o libres, nos pagan un dólar la hora”.


Prisioneros y exprisioneros han declarado a Democracy Now! que un incentivo fundamental para participar de este peligroso trabajo es obtener una reducción del tiempo de sus condenas. Pueden obtener una reducción de dos días de la pena penitenciaria por cada día en un campamento de bomberos. Cabe destacar que, después de combatir incendios forestales durante años, estos prisioneros no pueden trabajar como bomberos cuando son liberados porque el departamento no admite exdelincuentes en sus filas.


El fin de semana pasado, decenas de miles de personas marcharon en San Francisco como parte de un día mundial de protesta para exigir medidas contra el cambio climático. Un elemento central de este movimiento contemporáneo es el concepto de justicia ambiental, que aborda el impacto diferencial del cambio climático sobre las distintas comunidades en función de la etnia, el estatus económico y el género. Tal vez el ejemplo más claro de eso sean las cuadrillas de bomberos en California, donde miles de prisioneros, en su mayoría personas pobres de color, reciben salarios de esclavo por arriesgar sus vidas combatiendo los voraces incendios, que el cambio climático ha hecho más frecuentes y más intensos.

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Lunes, 26 Diciembre 2016 08:30

Regreso a la culpa del mono ladrón

Regreso a la culpa del mono ladrón

Este estremecedor texto de Roberto Herrscher sobre un mono castigado es una deriva que nos interroga, a fin de cuentas, con la misma potencia que el rostro partido de un mesías.

 

I) El 12 de febrero de 2016 vi esta foto en la revista digital The Objective, donde colaboro con columnas en las que pienso y cuento a partir de lo que veo.


Vi esta foto. Y escribí esto: “‘No nos une el amor sino el espanto’, declaró Jorge Luis Borges sobre su relación con Buenos Aires, la ciudad que amaba odiar. A los humanos y a los animales nos unen muchas cosas, pero hasta ver esta foto no había notado que lo más importante es el espanto: la capacidad para ser humillados, castigados, reducidos a la infelicidad.


En su tragedia, este mono es como nosotros.


Esto explica el pie de esta triste foto: un mono que robaba a los tenderos y toqueteaba a las mujeres en Bombay fue ‘atado, enjaulado y expuesto a la humillación pública’. Era un mono juguetón y hábil: robaba cojines de una tienda, los despanzurraba, se divertía viendo volar los pedacitos, y huía con celeridad.


Tras seis meses de sufrir sus monerías, los vecinos contrataron a un experto, quien capturó al mono. Los medios se hicieron eco de su humillación pública.


No se alarmen. Según sus declaraciones a diarios locales, los tenderos no piensan acabar con el macaco. Aseguran que lo ‘pondrán en libertad aunque aún no se sabe los días que permanecerá enjaulado para cumplir la pena por lo que ha hecho’.


II) Pero mírenlo: ¿no les da lástima? En su cabeza gacha, su boca entreabierta en un lamento, sus manos atadas detrás de la espalda y su visible tristeza, el mono es más humano que nunca. No le pegan, no lo mutilan, no lo matan: lo humillan. Y en su sentirse humillado se humaniza mucho más que los perros que aprenden a sumar, que los delfines que cumplen órdenes en el acuario o que los caballos danzantes de Viena.


Los animales inteligentes pueden ser más o menos inteligentes que nosotros. Pero no nos identificamos con sus proezas intelectuales. Podemos admirarnos con la mente del otro, no identificarnos. Lo que une es el sentimiento.


¿Cualquier sentimiento? Yo creo que no todos valen. La alegría del perro que se vuelve loco cuando volvemos nos simpatiza, pero es demasiado loco. La elegante indiferencia del gato nos causa gracia, pero es demasiado poco.


En cambio este mono dolido, vencido, nos llega al alma. Cuando humillan a un semejante nos humillan a nosotros. La humillación del otro nos subleva, debe sublevarnos.


No venimos del mono: vamos a su dolor. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como este mono atado?”.


III) Vuelvo a mirar la foto a pedido de Brecha. Pasaron diez meses desde que la imagen del mono humillado se volviera viral. Busco ahora, ya en los estertores de 2016, alguna seña de qué pasó con el simio culpable, y su rastro desaparece. Después del 12 de febrero, nada.


Así funcionan los medios: desde Londres hasta Santiago, de Tokio a Bombay, el mono preso se extendió por diarios y revistas en la segunda semana de febrero.


Hoy las redes sociales están llenas de nuevos monos: por ejemplo, una actriz o modelo que se muestra enroscada en la jirafa que mató en un safari. ¡Una jirafa, tan pacífica! ¿Qué heroísmo es ese asesinato? Y por supuesto, fotos y más fotos de las calles atestadas de cadáveres en Alepo, la ciudad mártir.


¿Qué habrá sido del mono?, me pregunté durante toda esta mañana, mientras braceaba por la sopa espesa de la red. ¿Qué habrá sido de lo que éramos cada uno de nosotros cuando nos estrujó el alma su cabeza gacha, su vista astillada, su insoportable humanidad?

 

Por ROBERTO HERRSCHER, argentino, ex combatiente de Malvinas, es considerado uno de los maestros del periodismo narrativo en lengua española.

 

 

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Domingo, 20 Septiembre 2015 05:41

La cárcel, un tragapersonas improductivo

La cárcel, un tragapersonas improductivo

Realizado por la prestigiosa New York University, el informe Brennan fue presentado en Buenos Aires. Sostiene que la cárcel mantiene a 2,3 millones de personas tras las rejas, a un costo de 80 mil millones de dólares anuales, y no ayuda a reducir el delito.


"Desde la década del '80, el encarcelamiento redujo su efecto en el control del delito. A partir del 2000, el impacto que tuvo el crecimiento de la prisionalización, en otras palabras, agregar gente a la cárcel, sobre la tasa de criminalidad fue esencialmente cero". La conclusión surge de un riguroso estudio realizado por un equipo de investigadores de la prestigiosa Escuela de Leyes de la New York University sobre las cincuenta principales ciudades de Estados Unidos, en los 50 estados que componen el conglomerado del Norte. El informe cuenta con consenso entre demócratas y republicanos. "De hecho –remata el informe–, mientras que grandes estados como California, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas reducen sus poblaciones carcelarias la tasa delictiva continúa en descenso". El informe fue presentado en Buenos Aires ante la presencia, entre otros, de lobbistas y prácticos del manodurismo local.


El informe, titulado "What caused the crime decline?" (¿Qué causa la baja de la criminalidad?), y producido por el Brennan Center for Justice, de la afamada Escuela de Leyes de la NYU, investiga una serie de variables popularmente mencionadas como solución a las tasas de criminalidad: la incidencia del uso de drogas en los delitos, el despliegue masivo de uniformados, la baja en la edad de punibilidad de los adolescentes, la construcción de cárceles y el encierro de personas, entre otras. El resultado que comprueban los investigadores es que ninguna de esas variables tuvo efectos visibles sobre la baja de la tasa de criminalidad, y en algunos casos demostraron que el efecto era cero. Y lo que también los inquieta es que Estados Unidos invierte anualmente 80 mil millones de dólares en mantener el sistema carcelario.


Lo sorprendente del estudio no reside tanto en el descubrimiento de que la relación más cárcel-menos delito no es vinculante, sino en que se llegue a esa conclusión en el país que tiene la más alta tasa de prisionalización del mundo –alrededor de 500 presos por cada cien mil habitantes–, con 2,3 millones de personas alojadas tras las rejas, lo que representa la cuarta parte del total de presos de todo el mundo. "Desde los años '70 –señala el informe Brennan–, el encarcelamiento en EE.UU. creció constante y dramáticamente. Las políticas de justicia criminal decretaron durante el pico de la Guerra contra las Drogas en los '80 y '90 la expansión de la prisionalización como respuesta al crecimiento del crimen y el miedo que desataba. Esto incluye mínimos más altos en las penas, el cumplimiento de la pena, las leyes del 'tres detenciones y fuera' (la tercera detención por el motivo que fuera provoca una condena definitiva), aporte de fondos federales para la construcción de cárceles", entre otros.


El estudio del Brennan Center analiza la tasa de criminalidad desde 1990 hasta 2013, y la compara con el delito violento (DV) (homicidio, violación, robo, asalto agravado), el delito a la propiedad (DP) (robo en vivienda, hurto, robo de vehículos), y el encarcelamiento. Y determina que en ese período el DV se redujo en un 50 por ciento, el DP, en 46, y el encarcelamiento creció el 61 por ciento. Al analizar la década '90-'99, los autores –Lauren-Brooke Eisen, Julia Bowling y Oliver Roeder– determinaron que el DV se había reducido 28 por ciento; el DP, 46; y la prisionalización creció esos años el 61 por ciento. "Lo más sorprendente –citan los autores– es que la tendencia no muestra una relación coherente.

Especialmente a partir del 2000, el crimen continúa cayendo (en la misma proporción) mientras que el encarcelamiento creció muy lentamente (uno por ciento)".


Bajó el delito pero no motivado por el encarcelamiento, que no tuvo modificación. Para los autores éste fue un indicio de que la relación directa, más prisión-menos delito, es al menos poco efectiva para explicar el descenso de la criminalidad.


Los investigadores afinaron la búsqueda analizando los efectos de otras 12 variables con posible impacto en la reducción de la tasa delictiva, entre 2000 y 2013:


En el área de políticas de justicia criminal:


- Incremento de la prisionalización: no tuvo efecto en el descenso del DV.
- Tampoco la pena de muerte.


- El aumento masivo del número de policías no tuvo incidencia.


- Tampoco tuvo incidencia la promulgación de leyes sobre portación de armas.


Entre los factores ecónomicos:


- No encontraron evidencias de que el desempleo tuviera efectos.


- El crecimiento de los ingresos tuvo una repercusión de entre 5 y 10 por ciento.


Y entre los factores sociales y ambientales:


- La baja en el consumo de alcohol tuvo un efecto en la caída del crimen entre 5 y 10 por ciento.


- El envejecimiento de la población no tuvo evidencias de efecto.


- Y la baja en el consumo de crack tampoco tuvo efectos.


Entre las evidencias que los investigadores encontraron como más efectivas (entre un 5 y un 15 por ciento) en la caída del delito aparece el modo en que es utilizada eficientemente la policía.


Policías y cadalso


Otra de las bases del relato de la inseguridad que se puso en discusión en Estados Unidos fue la contratación y despliegue masivo de fuerzas policiales como medida para combatir la delincuencia. El estudio realizado por Brooke Eisen, Bowling y Roeder, avanza sobre el punto y propone que la contratación masiva es ineficaz. "Este informe encuentra que el aumento en la cantidad de oficiales de policía tuvo un modesto efecto descendente en el delito en los 90, de entre 0 y 10 por ciento", dice, y agrega que el efecto empezó a ser "insignificante en los 2000".


Por otro lado determinaron que la relación entre la aplicación de la pena de muerte y la reducción del delito es tan débil que es comparable a cero.


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Prisioneros de California ganan batalla contra la reclusión en aislamiento

Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado esta semana. Organizarse puede ser difícil, pero cuando lo hacen prisioneros recluidos en aislamiento, algunos de ellos durante décadas, resulta sorprendente. El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión es aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución contra el castigo cruel e inusual.

Este grupo de reclusos se llaman a sí mismos el Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Estos hombres han estado sometidos al régimen de aislamiento durante largos períodos de tiempo, algunos de ellos durante más de 20 años, en la Prisión Estatal de Pelican Bay en California, ubicada en el extremo norte de ese estado. Desde sus pequeñas celdas sin ventanas, comenzaron a hablar, a organizarse. En julio de 2011, iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones registradas en la Unidad de Alojamiento Especial (o SHU ), el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. Participaron más de 1.000 reclusos de ese pabellón. Tenían cinco puntos de demanda y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta que los huelguistas consideraron una promesa de buena fe de efectuar una revisión de las políticas de la SHU . Meses después, luego de que no se tomara ninguna medida, iniciaron la huelga de hambre nuevamente. En esa oportunidad participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.


El Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, entabló una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial. Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros. El movimiento iba creciendo.


Afuera, los familiares de los reclusos dieron una gran muestra de apoyo con la conformación del grupo Familias de California contra la Reclusión en Aislamiento. El hijo de Dolores Canales, John Martinez, permanece en aislamiento desde hace catorce años. Participó en todas las huelgas de hambre. Las siguientes son palabras expresadas por su madre en el noticiero "Democracy Now!" "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque esa es su existencia". Dolores Canales habló con nosotros después de que el acuerdo fuera anunciado esta semana: "Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".


Al preguntarle acerca de la organización de los familiares, Canales reflexionó: "No estaría aquí en este momento si no fuera por los cientos de familiares que salieron a hablar de la situación... Cada huelga de hambre que hicieron fue durante el verano: julio, agosto, septiembre, los meses calurosos. Aún así, los familiares estuvieron afuera todos los días, vestidos con overoles naranja, con cadenas, esposas o megáfonos para llamar la atención de la sociedad, participando en numerosas mesas de discusión en universidades e iglesias y simplemente organizándose y movilizándose a lo largo y ancho de California, generando conciencia en torno a las condiciones que estaban padeciendo nuestros seres queridos".


El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras. En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por "Democracy Now!", Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, expresó: "La mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared". En uno de sus testimonios en ausencia, Ashker relató que, en represalia por organizarse, los agentes de la prisión habían colocado Plexiglass en la pared delantera de las celdas de la Unidad de Alojamiento Especial a fin de inhibir la capacidad del colectivo de hablar unos con otros.


La reclusión en aislamiento prolongada es tortura. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Mendez, denunció en 2011: "Segregación, aislamiento, separación, reclusión celular, encierro, máxima seguridad, hoyo, Unidad de Alojamiento Especial, cualquiera sea el nombre que reciba, los Estados deberían prohibir la reclusión en aislamiento como forma de castigo".


Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que encabeza el caso, expresó: "Hasta el momento, California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".


No solo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, dice: "El aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal". A continuación, esos mismos directores redactaron: "Hacer ese cambio es lo correcto".


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Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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