MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Viernes, 22 Enero 2021 05:29

Condena a Assange e indulto para Bannon

Condena a Assange e indulto para Bannon

El asalto al Congreso de EE.UU. demuestra que la mentira (pseudo, en griego) ha gobernado el país. El indulto de Donald Trump a Steven Bannon asegura impunidad a quien convierte la democracia en pseudocracia (el régimen de la mentira). Y la reciente condena a Assange, advierte del castigo a quienes la combaten garantizando nuestro derecho a conocer y contar la verdad; es decir, a construir y narrar nuestra historia.

La prensa se demuestra independiente cuando defiende el interés público; es decir, cuando representa los intereses de "su" público, haciéndolos compatibles con el interés general. Por eso antepone "nuestras" voces a las fuentes oficiales y con más poder. Hoy resulta más factible que nunca, pero la democracia deviene en pseudocracia.

Somos muchos quienes trabajamos con bancos de datos y de documentos digitalizados. Al liberarlos, ponemos dique a la mentira oficial y corporativa que nos inunda. Además, así combatimos la acumulación y la desigualdad de poder. Porque los estados y las corporaciones tecnológicas, en comandita y de forma sistemática, registran todas nuestras comunicaciones.

Aliándonos con periodistas profesionales y filtrándoles documentos controlamos a quien gobierna y mercadea con nuestra privacidad e intimidad. Juntos actuamos como un Cuarto Poder en Red. Y dejamos de ser mineros de datos y propagandistas sin salario de quienes monopolizan y explotan nuestras comunicaciones.

Wikileaks apostó por una independencia periodística basada en la cooperación ciudadana y entre medios. Un periodismo realizado entre todos y para todas. De ahí la importancia de la sentencia que recibió Julian Assange el pasado 4 de enero. No le extraditarán a EE.UU. pero le niegan la libertad provisional. Sigue preso en la cárcel conocida como la Guantánamo británica, a pesar de su deteriorada condición física y mental. Porque, según la jueza, si fuese extraditado a EE.UU. correría peligro de suicidarse. Y, si lo liberase, de fugarse.

"Las paredes de la embajada [de Ecuador en Londres, que le acogió durante siete años) me son tan familiares como el interior de mis párpados", dijo Assange a Michael Kopelman, profesor de neuropsicología en Kings College. Le había visitado veinte veces y, tras manifestar su "intensa preocupación suicida", testificó que el australiano escucha voces alucinatorias, despectivas y persecutorias en su cabeza: "La voz es como, Eres polvo, estás muerto, vamos a por ti".

Assange aún se arriesga a ser extraditado y a cumplir 175 años en el "Alcatraz de las Rocosas", en Florence, Colorado. La negativa a concederle la libertad provisional y el tratamiento que ha recibido fueron calificados por el Relator de la ONU, Niles Metzer, de "confinamiento no justificado", "guerra y tortura psicológica". Concluye que la sentencia tiene dos consecuencias terribles.

La primera, que el periodismo de investigación basado en filtraciones no oficiales podrá perseguirse como delito de espionaje. Y esto, llevado a la práctica, elimina el derecho de asilo por motivos políticos; ya que el espionaje entra en esta categoría de delitos.

En resumen y que lo entiendan bien los periodistas de investigación y filtradores: "os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidaros". Días después y antes de abandonar el poder, Trump indultó a varios criminales de guerra. Y, entre ellos, a quien dirigió la ofensiva contra los periodistas - considerados por el ex-presidente "el enemigo número uno del pueblo norteamericano" - que le llevó a la Casa Blanca.

Steven Bannon ha sido premiado conun indulto, tras embolsarse un millón de dólares que decía recabar para construir el muro con México "sin percibir un centavo". ¿Cuánto valían en el mercado negro los cables de las guerras de Irak y Afganistán o los del Departamento de Estado que Wikileaks entregó gratis a unos medios que tanto los rentabilizaron? ¿Y qué han hecho por Assange? El periodismo corporativo vende a los ciudadanos digitales que se reclaman sujetos comunicativos de pleno derecho y se vende al mejor postor.

El asalto al Capitolio demostró que el enemigo está en casa y en las instituciones. Y que entre estas debemos añadir a las corporaciones tecnológicas: auparon a Trump y ahora le vetan en las redes y plataformas. Lo hacen sin aplicar un protocolo, ni rendir cuentas a nadie. Como hicieron desde el inicio y con tantos otros. Siempre que convenga al negocio. Esta vez, actuaron tras constatar que el reality show se hacía realidad y que los demócratas dominarían el Congreso pudiendo aprobar medidas anti-monopolio contra las tecnológicas. ¿Nuestra libertad de expresión es su negocio? 

El bussiness as usual del capitalismo cognitivo se defiende con lawfare: guerra legal y tortura carcelaria ejemplarizantes para quienes desafían la pseudocracia. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), que llevaron a las huestes de MAGA (Make America Great Again) al Capitolio actúan de cancerberos de la libertad de expresión. Y los pseudoperiodistas quedan impunes y serán bien remunerados para instaurar el régimen de la mentira.

Joe Biden debiera indultar a Assange y a Snowden. Y condecorar a Chealsie Manning. Si no será difícil impedir que Trump o un sucesor aventajado regrese "a su manera". No abandonarán las pantallas, para luego tomar las instituciones, mientras aceptemos que the show must go on. El periodismo independiente debe parar el degradante espectáculo de la pseudocracia, que incluye la primera toma de posesión de la presidencia de EE.UU. ante banderas en lugar de ciudadanos

22/01/2021

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 Mensaje en que la red social Twitter notifica que la cuenta @realDonaldTrump, perteneciente al presidente estadunidense –que contaba con 88.7 millones de seguidores–, fue suspendida permanentemente debido "al riesgo de mayor incitación a la violencia".Foto Ap

Debido a la inquisitorial censura del GAFAM/Twitter, una plétora de libertarios optó por Signal, alentado por Elon Musk, y Telegram que rebasó ya 500 millones usuarios.

Así como Trump censuró a los chinos de Tik Tok y a Huawei, apuesto a que el equipo de Biden prohibirá Telegram en EU y en su periferia satelital, bajo el pretexto exorcista de ser ruso.

Biden y Trump son las dos caras de la misma moneda del cibertotalitarismo neoliberal (sic) cuando cunde la Guerra de la ciberseguridad (https://bit.ly/3boiuqhx) –planeada hace nueve años y ejecutada ahora como "nuevo 11/9 cibernético"– que ya pusieron en jaque las libertades básicas en EU y en los países donde opera el GAFAM/Twitter en forma supraconstitucional. Se decanta así un G-2: Biden contra Rusia y Trump contra China.

Es el Pentágono –y sus tentáculos del deep State (CIA, FBI, etcétera), al unísono de la bancocracia plutocrática– que controla a los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, al GAFAM y al minúsculo Twitter (pero con enorme poder letal): mediante el oculto big brother orwelliano del Consejo de Innovación de Defensa.

El año 2021 es ya el 1984, de Orwell, y el Mundo feliz (¿con vacunas del GAVI (https://bit.ly/35C1DfV)?), de Huxley: premonitorias obras inglesas.

La canciller alemana, Angela Merkel, quien se caracterizó por su colisión con Trump, arremetió contra la censura del GAFAM/Twitter y comentó que la “libertad de opinión es un derecho fundamental ( Daily Mail, 11/1/21)”. Su preocupación radica en que tal censura es "problemática" porque otorga "demasiado poder a los jerarcas de las redes sociales": este "derecho fundamental puede ser interferido a través de las leyes y del marco definido por la legislatura y no de acuerdo con la decisión de la gestión de las plataformas de las redes sociales". ¿Golpe de Estado cibernético privado contra los estados?

Global Times, de China, anti-Trump, critica el "silenciamiento de Trump" que rompe el principio de la libertad de expresión y que juzga mucho más relevante que la “intrusión al Capitolio (https://bit.ly/2MY9iii)”. ¡Mega-uf!

En Rusia, donde se exiló Edward Snowden, feroz crítico de Mark Zuckerberg (https://bit.ly/39v1rAt), causó estupor el pisoteo politizado de la libertad de expresión.

En México, el presidente López Obrador alertó sobre el advenimiento de un "gobierno mundial (sic)" bajo la égida del GAFAM/Twitter (https://bit.ly/35z3zWE).

El israelí progresista Thierry Meyssan hace honor al apotegma laico y tolerante de Voltaire: "Desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo" y expone en el portal francés Réseau Voltaire que “la arbitrariedad y la censura han regresado a Occidente (https://bit.ly/2LLiZQk)”. Advierte que se necesitarán siglos (sic) para "restablecer la libertad de expresión".

La tragedia novelesca de EU, que semeja más a las parodias de Netflix (controlado por Obama), pretende competir con las tragedias griegas cuando Ivanka vendió a su padre, bajo el "factor Jared Kushner", para asistir a la toma de posesión de Biden (https://bit.ly/3sdUNah), lo cual se veía venir cuando sus dos grandes aliados en el gabinete –el israelí-estadunidense Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, y el "cristiano sionista" Mike Pompeo, ex director de la CIA y saliente secretario de Estado– traicionaron a Trump a quien deseaban aplicar la Enmienda 25 por disfuncionalidad mental.

No fue nada casual el encuentro antier a la vista pública de Pompeo con el director del Mossad en el Café Milano, según reporta la connotada periodista Meredith McGraw (https://bit.ly/38DagZK).

La cibercra-"CIA" aplica ya la ominosa "técnica Hasbara" del Mossad/Israel cuando en su Santa Inquisición afloran los mismos términos y la misma metodología (https://bit.ly/3qcUKcT).

La técnica Hasbara es el manual lingüístico desinformativo del sionismo cuando lo negro lo hacen blanco y viceversa: poderosa propaganda negra gracias a su control de los multimedia globales y ahora con su manejo liberticida de la cibercra-"CIA".

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El cinismo de Twitter y Facebook al bloquear las cuentas de Trump 

La elite tecnológica se arroga el debate público

La Unión Europea lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para las cuestiones de la libertad digital. El principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también los es en la esfera virtual.

 

Las redes sociales como Twitter y Facebook lanzaron la gran limpieza de muchas de sus cuentas, empezando por la del mismo y actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, más otras 7.000 cuentas suplementarias afiliadas a la galaxia conspiracionista de extrema derecha pro Trump, entre ellas, la del grupo Qanon. Luego de haber abierto las puertas a lo más ruin y bajo de la política, las redes alegan ahora que se trata de impedir un nuevo episodio violento como el de la invasión del Capitolio alentada por Trump, y ello ante la fecha inminente de la investidura de Joe Biden. Según Twitter, existían planes para un nuevo ataque del Capitolio previsto para el próximo 17 de enero. Algunos aprobaron esta medida, otros, en cambio, la consideraron un acto de censura. En Europa, la canciller alemana Angela Merkel calificó de “problemática” esta decisión. En Francia, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, puso en tela de juicio el hecho de que la base de la suspensión de las cuentas no sea un marco legal de regulación, sino que “lo impactante es que sea Twitter quien decidió cerrar”. En suma, que sea la elite tecnológica la que haga y deshaga a su antojo y cuando le conviene, fuera de toda referencia a una norma nacional o internacional elaborada por los Estados y sus representantes electos.

La práctica de “Yo el Supremo” por parte de las empresas globales de Estados Unidos ni es nueva ni cambiará con este atentado a la esencia democrática. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa (izquierda), recordó que “el comportamiento de Trump no puede servir como pretexto para que los GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) se arroguen el poder de controlar el debate público”. Es exactamente lo que ha ocurrido con el Pinocho-Presidente y Twitter. Por otra parte, Washington aplica desde hace mucho una suerte de extraterritorialidad. La ley estadounidense se utiliza por encima de la nacional, sea cual fuere el país donde se resida. Las condiciones de utilización de Google, Facebook Apple e, incluso, la de las franquicias de las empresas de Estados Unidos, remiten a la ley de la empresa o a la legislación de la sede central. A su vez, la industria digital se benefició, hasta ahora, con la inmunidad jurídica que le ofrecía el artículo 230 del Communications Decency Act. Por más que Trump sea un Pinocho siniestro y, gracias a su ejército digital, haya protagonizado el primer golpe de Estado de la era moderna en una democracia Occidental, hay algo de cínico en estas reacciones. Poco o nada dicen las regulaciones europeas cuando se trata de proteger a los usuarios de internet del espionaje masivo del que son objeto a cada milisegundo de sus vidas. La fortuna de esas empresas proviene, esencialmente, de la conversión de los datos robados en capital. No obstante, el debate tiene cabida, es una necesidad y plantea otros interrogantes: ¿por qué sería “problemático” el cierre de la cuenta de Twitter de un presidente que preparó en tres fases un golpe de Estado (denunciar el fraude antes de la elección, afirmar luego que le robaron la elección y, al final, aceitar una insurrección cívica) y no la de una cuenta islamista, de extrema derecha o de extrema izquierda ?. En Francia, las leyes dieron lugar a que personalidades de la extrema derecha como Hervé Ryssen o Alain Soral vieran sus cuentas de YouTube y Facebook suspendidas.

La Unión Europea defiende su metodología porque lleva bastante tiempo elaborando un marco legal para estas cuestiones de la libertad digital. Existe, de hecho, una legislación europea que está en curso de aprobación. Se trata del DSA, Digital Services Act, impulsada por Thierry Breton, el Comisario Europeo del Mercado Interno. El campo de aplicación del DSA atañe únicamente a los países de la Unión Europea. Por consiguiente, cuando Trump convocó a sus partidarios a invadir el Capitolio lo hizo dirigiéndose a su pueblo y no a Europa. En este caso, el DSA no habría servido para nada. Hubiese sido muy distinto cuando Trump invitó a los franceses a sublevarse contra su presidente. Thierry Breton ha sido el que mejor planteó la encrucijada. En un artículo publicado por el portal Politico, el Comisario europeo escribió que la toma del “Capitolio es el 11 de septiembre de las redes sociales”. Breton agrega la paradoja que late en toda esta situación porque, hasta ahora, las redes sociales miraban hacia otra parte, como si el Brexit, Trump y otras barbaries digitales no las concernieran. A este respeto, Breton anota que, al cerrar la cuenta de Trump: ”las plataformas admiten su responsabilidad. Ya no pueden seguir ocultando su responsabilidad ante la sociedad con el argumento según al cual sólo ofrecen un servicio de hosting”. El Digital Services Act europeo se basa en un principio y una serie de reglas: el principio es que aquello que es ilegal en el mundo físico también lo es en la esfera digital. Las reglas fijadas por los 27 países de la UE consisten en forzar a las plataformas a que apliquen las leyes nacionales, así como también las directivas europeas. Deberán, por consiguiente, retirar los contenidos terroristas, las incitaciones a la violencia y todo contenido ilegal (pedopornografia, armas, etc.).

Entre enero de 2017 y enero de 2021, el mandatario estadounidense se despachó con 23.234 tweets. La plataforma le permitió insultar, agredir, rebajar a sus adversarios, burlarse de otros presidentes, proferir insultos raciales, respaldar a las ultraderechas violentas que lo veneran, anticipar los comunicados oficiales, gobernar por Internet, difundir un montaje en el que Trump golpeaba a un periodista que llevaba una máscara de la cadena CNN y hasta llamar al levantamiento contra Emmanuel Macron. Salvo para los apóstoles digitales, no hacían faltas pruebas para demostrar que la libertad de expresión no la manipulan los “medios del sistema” o los otros sino las plataformas sociales. Allí sale y entra toda la porquería que el mercado admite. Las redes autorizaron a Trump a diseñar un golpe y, como fue muy lejos y corrió sangre en el Capitolio, se convirtieron repentinamente en guardianes de la galaxia. Las sociedades son vergonzosamente vulnerables ante las tentaciones y barbaries de los espacios digitales. Trump no ha sido la excepción presidencial sino la confirmación de las capacidades de ese monstruo con millones de cabezas que se expande sin que, hasta ahora, nadie haya sido capaz de encontrar un antídoto.

Resulta contradictorio, pero, así como nadie se ocupó del derecho a difundir o a evitar la propagación de basura tampoco se le garantizaron los derechos a Trump sobre su cuenta. Ellos son los amos del mundo, sin la más lejana sombra de una supervisión democrática. El botón de la libertad está en las sedes de Google, Facebook, Twitter, Instagram y otros imperios digitales, no en la calle o las Asambleas. El sábado pasado, Twitter suprimió un mensaje del guía supremo de Irán, Ali Khamenei, donde afirmaba que no era prudente tener confianza en las vacunas norteamericanas o británicas contra la covid-19. El disparatado y horroroso episodio de Trump nos demuestra que, ante lo peor, la libertad está en manos privadas. Depende de tres palabras y una sigla, que son las obligaciones a las que los tentáculos digitales someten a los usuarios: CGU,” Condiciones Generales de Utilización”.}

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Opnión

Ahora las plataformas digitales dictan justicia 

Por Osvaldo Nemirovsci

Hoy censuran a un líder violento y antidemocrático lo cual construye cierto aval social y una propensión a simpatizar con la medida. Pero mañana pueden hacerlo con líderes democráticos y pacíficos. La acción a medir es la de censurar.

La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras. Toda clase de ideas, opiniones y puntos de vista deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos.

Se pueden tener las más calificadas aprensiones sobre Donald Trump. Y muy probablemente las peores consideraciones sobre su gobierno y su personalidad sean correctas. Es más, no estaría mal como enseñanza histórica para el futuro, que le inicien Juicio Político en virtud de la Enmienda 25 de su Constitución Nacional y lo remuevan del cargo. Algunos destacados miembros de la vida política, militar y social de Estados Unidos creen, aunque solo falten 11 días para que deje su cargo, que es muy peligroso que todavía posea el poder sobre el uso del arsenal nuclear estadounidense y que todavía pueda causar mucho daño a las instituciones formales del país.

Allá ellos, los dirigentes de ese país y su forma de resolver los conflictos derivados de la pugna política. En este caso fuertemente encuadrados en actitudes violentas, antidemocráticas, cuasi golpistas y mesiánicas de su propio presidente.

Todo esto lo colocamos en un lugar del análisis, pero en otro observamos con cierto escozor y consideramos también como peligroso que empresas privadas, como las grandes plataformas digitales Twitter y Facebook, se autoadjudiquen calidades judiciales y bloqueen las cuentas de Trump, impidiendo el acceso del presidente a sus redes, y por ende privando a millones de norteamericanos de conocer, mediante esos importantes y masivos instrumentos, lo que piensa su principal referente.

No es cierto, como algunos afirman, que a Trump lo dejaron sin voz. Esto aplica a las redes, pero Trump puede hablar, escribir y grabar audios para miles de periódicos, canales de TV, radios, revistas, blogs e incluso otros formatos audiovisuales (en caso que no lo censuren) como You Tube y Whatsapp. Pero lo cierto es que, en los espacios de distribución de información más importantes del mundo, y donde el mismo Trump construyó su vinculación directa con el electorado de su país, ha sido censurado.

Es lógico preguntarse ante esto si lo que están haciendo Face y Guasap los coloca ante su definitivo rol de medios de comunicación de nuevo tipo y los aleja del pretendido sentido neutro de meros intermediarios de contenidos. Acá, en este caso, parecen opinar sobre lo que postea Trump, es claro que se meten con los contenidos y es visible que eligen censurar. O sea que consideran a una opinión (tal vez crispante, bestial, violenta) pero opinión al fin, como un delito. Pero no son jueces para hacerlo y sientan un  precedente extraordinariamente amenazador  en el campo de las libertades públicas y los derechos humanos.

Si lo que Trump dice es opinión, es inviolable su derecho a expresarlo y si lo que dice es un delito, será la justicia, y no una empresa privada, la que debe decidir. Así de simple.

Se puede argumentar que la censura a Trump en las redes no viola la libertad de expresión sino que castiga el acto de impulsar acciones violentas o el aliento a generar violencia concreta y eso ya no está protegido por el derecho a la libertad de expresión. Agregamos esto como para entender otra mirada sobre el tema.

La Corte Suprema norteamericana hace una sutil pero necesaria distinción en lo que llama “fighting words” (palabras de pelea) y sostiene el criterio que la libertad de expresión puede limitarse ante la incitación al odio y no en la mera manifestación de ideas u opiniones odiosas.

Pero la mayoría de los especialistas acuerda que la libertad de expresión no tiene límites: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión,” dice el artículo 19 de la Declaración universal de Derechos Humanos.

Existe cierta jurisprudencia constituciona en EE.UU., que es tomada por cortes europeas e incluso ha sido fijada por el Tribunal Europeo de DD.HH. que se dio en llamar “el libre mercado de las ideas” siendo este espacio la garantía "imprescindible” para que pueda haber un debate amplio y completo.

En un fallo del Tribunal europeo conocido como Sentencia 235/2007 “Caso Librería Europa” la corte falló que “nuestro ordenamiento constitucional no permite tipificar como delito la mera transmisión de ideas, ni siquiera en los casos en que se trate de ideas execrables por resultar contrarias a la dignidad humana”

Puede haber interpretaciones diversas sobre lo que significa la libertad de expresión, pero nadie pone en duda que es uno de los derechos humanos más preciados. Por eso es preocupante que tamaña dimensión legal sea manejada por empresas privadas ya que eso es riesgoso para los pactos democráticos de las sociedades. Más allá de Trump.

Osvaldo Nemirovsci es Diputado Nacional mc – Rio Negro. Presidente Comisión de Comunicaciones e Informática 2003/2007. Coordinador Gral. del Sistema Argentino de Televisión Digital 2009/2015

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Miércoles, 13 Enero 2021 05:32

Assange contra las Furias vengadoras

Assange contra las Furias vengadoras

Las Furias persiguen a Julian Assange. Son tres hórridas deidades, iracundas y vengadoras. La mitología griega las llama Alecto, Megera y Tisífone.

A Assange el poder lo quiere muerto. Así lo han denunciado personalidades cercanas a él y empeñadas en su causa, como Yanis Varoufakis, exministro de economía griego, Stefania Maurizi, periodista italiana que lo ha defendido desde el principio, y Roger Waters, la estrella de Pink Floyd. A Assange lo quieren muerto, lo dicen y lo repiten su madre, su padre, su compañera. Naciones Unidas, a través de Nils Melzer, especialista en tortura y maltrato, ha declarado que la vida de Assange está en riesgo.

La disyuntiva que le ofrece el Poder no es absolución o condena; libertad o cautiverio; Estados Unidos o Inglaterra. Es entre tres formas de muerte: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Tres, como las Furias, Erinias o Euménides. La pena de muerte podría estar representada en Alecto, la de la cabellera de serpientes. El suicidio forzado, en Megera, la que llora sangre. Y el entierro en vida en Tisífone, la portadora del látigo.

Hoy Assange celebra un triunfo parcial. La extradición a los Estados Unidos, que pendía sobre él como espada de Damocles, ha sido denegada por una jueza de Gran Bretaña. Queda pendiente el resultado de la apelación. La extradición significaría para Assange la pena de muerte, castigo máximo y ejemplarizante contra quien tachan de espía, traidor y enemigo de su nación. Estados Unidos, que necesita mantener en secreto sus propios crímenes, acusa de criminal al hombre que los revela.

La justicia inglesa ha rechazado la extradición aduciendo que Assange podría quitarse la vida si lo encierran en una de las rudas cárceles norteamericanas. Por aquí asoma la sombra de Magera, la Furia del suicidio forzado. El veredicto no se basa en la afirmación de que Assange es inocente. Tampoco reconoce que cualquier condena que se le imponga implica demoler las bases de la libertad de prensa. Pasa por alto el absurdo jurídico en que incurre Estados Unidos al exigir que Inglaterra le entregue un periodista australiano que develó secretos militares en Afganistán e Irak. Y sienta un precedente para que cualquier periodista que en cualquier parte denuncie crímenes de cualquier país pueda ser extraditado… a menos de que se suicide.

En el viejo juego cruelmente infantil del ahorcado hay que dibujar un muñequito, parte a parte, a medida que el jugador falla: los brazos, las piernas, la cabeza, los ojos y, al final, el cadalso: una soga al cuello que da sentido al pasatiempo. Assange, atormentado, acorralado y presionado hasta el límite de su resistencia, no encontraría otra salida que infligirse la muerte. Es lo que se presupone. La ironía radica en que la propia Justicia acorrala, atormenta y presiona a Assange hasta el borde del suicidio, y luego pretende protegerlo impidiendo que se suicide. Se lava las manos, como Poncio Pilatos: No te vamos a extraditar, pero no por inocente, sino por débil. De manera parecida el todopoderoso y benévolo Estado británico te exime del tormento porque eres propenso a la depresión y proclive al suicidio. Así, sale del problema sin reconocer que lo cierto es precisamente lo contrario: fortaleza por parte de Assange, y fragilidad de unos Estados consumidos en la suciedad de sus secretos.

Esto sienta precedente y tiene antecedentes. Se afinca en una antigua forma de ejecución que le daba a la víctima la opción de elegir entre cometer suicidio o una alternativa peor, como la pena de muerte, la tortura, el destierro, la deshonra o la prisión perpetua. Suicidio forzado: si no te matas, te matamos. Visto desde otro ángulo, el suicidio se asumía como acto de desafío, como derrota de la autoridad que te derrota: si no queda nada más por quemar, incendias tu propio corazón. Es el caso de Sócrates, cuando, detenido en Atenas bajo la acusación de corromper a la juventud con sus enseñanzas, remata la farsa tomándose la cicuta. Séneca, el gran tribuno, condenado a muerte en Roma por su supuesta participación en una conjura contra Nerón, se corta las venas y se desangra en una bañera. (Por estos mismos lados se despeña Frank Pentangeli en El Padrino II) En 1925, Yukío Mishima, escritor japonés, nostálgicamente proimperial, se reúne con un pequeño grupo de samuráis tras el fracaso de su revuelta, y siguiendo un código ético que exige morir con honor antes que aceptar la derrota, comete suicidio por harakiri, o ritual de desentrañamiento.

Este escenario de suicidio forzado desciende hasta nuestros días y se generaliza entre quienes develan los crímenes de Estado. En 2010, la norteamericana Chelsea Manning, soldado transgénero y analista de inteligencia, descubrió constancia de atrocidades, torturas y masacres cometidas por su Ejército en Afganistán y en Irak. No quiso ser una burócrata que, cerrando los ojos y limitándose a cumplir órdenes, encarnara lo que Hanna Arendt llamó la banalidad del mal. En cambio, pese al alto riesgo que corría, tomó la decisión de pasarle el material a Wikileaks, el portal de Julian Assange.

Uno de los materiales que le entregó fue el video hoy conocido como Collateral Murder. Muestra un episodio de 2007, en Bagdad. El personal de un helicóptero Apache del Ejército norteamericano masacra con entusiasmo, como en un videojuego, a doce civiles iraquíes. Entre ellos se hallaban dos periodistas de la agencia Reuters que caminaban pacíficamente por una calle, y a los que después intentarían hacer pasar por terroristas en un típico caso de falsos positivos. La otra cara de esa historia es significativa. Por ese video y materiales semejantes, Trump pide en extradición a Assange. Pero más adelante concedió el perdón presidencial a los mercenarios de Blackwater, condenados precisamente por masacrar, en ese mismo 2007, a catorce civiles en una plaza de Bagdad. Resulta, así, que Trump considera perdonable el crimen cometido, pero severamente punible el denunciarlo.

Descubierta por sus filtraciones, acusan a Manning de 22 ofensas y decretan su baja deshonrosa. Una de sus transgresiones amerita sentencia de muerte: traición a la patria por ayudar al enemigo. Reducida a confinamiento total en una instalación de máxima seguridad, la liberan al cabo de siete años, luego de haber protagonizado una huelga de hambre y cometido dos intentos de suicidio.

En 2013, el programador prodigio de Norte América, Aaron Swartz, conocido como el Hijo de Internet, consideró que era una actitud miserable no compartir conocimientos como los que él mismo había recibido en universidades de élite. Fue detenido bajo cuatro cargos de fraude informático e intento de publicar bases privadas de datos. El Estado aumentó la pena inicial de un millón de dólares y 35 años de cárcel, a cuatro millones y 50 años. Fue tal la presión, tan abrumador el corredor sin salida, que Swartz se suicidó colgándose de una soga, como en el juego macabro del ahorcado.

Miles de anónimos, enardecidos por el suicidio forzado de Swartz, desataron una andanada de ciberataques contra sitios web de las agencias de inteligencia. Urgida de castigo ejemplarizante, y para ponerle nombre a una multitud anónima, la Justicia escogió como víctima a Lauri Love, un joven hacker británico y autista llamado ni más ni menos que Amor. Love venía haciendo severas trapisondas informáticas con un computador que mantenía escondido en un armario de la casa de sus padres en Londres, y fue detenido bajo cargo de robo masivo de datos oficiales. En claro antecedente de lo que ahora acaba de suceder con Assange, Inglaterra negó su extradición aduciendo motivos de salud mental que lo llevarían a la extrema depresión y al suicidio.

Entra ahora en escena Tísifone, la Furia del látigo y el entierro en vida. La tercera muerte. A Assange lo han eximido de la extradición, pero le han negado la libertad condicional, y sigue en la cárcel de Belmarsh, el Guantánamo inglés, donde ha permanecido durante los últimos tres años, recluido 23 horas al día en aislamiento total y privación sensorial. En la celda, su lucha contra Tisífone es constante. Si quiere sobrevivir, debe mantenerla a raya. Yanis Varoufakis, que lo visitó en Belmarsh el pasado junio, pudo ver cómo resiste minuto a minuto, decidido a conservar a toda costa la integridad y la lucidez. “Tan pronto bajo la guardiaI loose it, me pierdo”, le dijo a Varoufakis. Pedro Miguel, del diario mexicano La Jornada, conoce personalmente a Assange y opina que “nadie está mejor preparado que él para la situación que le ha tocado enfrentar”.

Me acusan de ser un demonio, un monstruo. La frase es del propio Assange. Pero monstruo viene de mostrar. Monstruo es el que muestra, y la ordalía de Assange nos muestra cómo el Poder manipula a la Justicia. Cualquiera de las tres formas de muerte que se le apliquen a Assange sería un golpe de gracia para la libertad de prensa. Verlo vivo, lúcido y libre es la batalla de su vasta red solidaria, y de todo periodista, investigador, informador, filtrador, escritor, artista, académico o hacker que crea en el derecho a informar y a ser informado. Y que revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

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Caso Assange: No pudieron matar al mensajero

No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o a la de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

Es cierto que podía, y quizás debía, haber optado por una decisión más enérgica, anteponiendo claramente la defensa de la libertad de expresión como motor de su sentencia, pero ha optado por acudir a la variable menos complicada para la justicia británica, siempre tan equilibrada y políticamente correcta; es decir a los motivos humanitarios.

Al rechazar la extradición de Julian Assange como solicitaba Estados Unidos, ha propiciado un suspiro colectivo de alivio. La jueza ha venido a resolver lo que tantas veces hemos puesto de manifiesto desde el equipo de defensores que coordino: la salud de Julian Assange ha sufrido un deterioro evidente, fruto de tantos años de encierro obligado y del acoso permanente que ha padecido durante este largo asedio. “El riesgo de que Assange se suicidara, si se permitiera la extradición era elevado”, explica Baraitser. “La salud mental del Sr. Assange se halla en tal estado que resultaría agobiante para él ser extraditado a Estados Unidos”.

Es cierto. He visto con mis propios ojos cómo el periodista y fundador de WikiLeaks ha sido tratado de forma inhumana por fuerzas poderosas y omnipresentes que por todos los medios han intentado callarle, neutralizarle y acabar con él. No lo han conseguido. Ha sido una pelea propia de David contra Goliat la que emprendimos para combatir la impunidad de Estados Unidos, desde que un 19 de junio de 2012 Julian se recluyera en la embajada de Ecuador en Londres en demanda de asilo, que le fue concedido por el gobierno del presidente Rafael Correa, valiente frente a la imponente administración norteamericana. Nos jugábamos la libertad de expresión, la libertad de información y, ante todo, el derecho de los ciudadanos a conocer quiénes manejan los hilos que mueven el mundo, qué es lo que no quieren que sepamos y hacia dónde pretenden dirigirnos. Es decir, estaba en juego la esencia misma de la democracia.

Assange plantó cara

Julian Assange plantó cara y ha pagado por ello. Le acusaban de cometer 18 delitos, 17 de ellos bajo Ley de Espionaje de 1917 –ya ven de qué época hablamos– y uno relacionado con la supuesta ayuda informática a la militar Chelsea Manning, quien alega Estados Unidos que fue la fuente de WikiLeaks. Los 175 años de cárcel que le reclaman tienen que ver con la publicación de los diarios de guerra de Irak y Afganistán en 2010, los archivos de Guantánamo y los cables del Departamento de Estado. Lo que puso de manifiesto Assange fue la comisión de diferentes delitos por parte de las autoridades norteamericanas: crímenes de guerra, torturas y diversos crímenes internacionales.

Ha vivido un auténtico calvario desde entonces. Lo puso de manifiesto el Relator de la ONU contra la tortura, Nils Melzer. Como también el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias de la ONU y el Relator de salud de la misma Organización, con informes reiterados y contundentes. A mayor abundamiento, el trato recibido en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh desde su expulsión de la embajada en abril de 2018, ha llevado a la convicción judicial de que cualquier proceso que se siguiera contra él y que concluyera en condena, sería cruel y podría desembocar en una muerte segura.

Esta resolución evidencia la desproporcionalidad de las posibles penas y las dudas que el sistema penitenciario norteamericano, máxime en tiempos de pandemia, suscita en la magistrada y provoca que en su resolución leamos la aparente contradicción de afirmar que el proceso sería justo en el país reclamante, pero la ejecución de la pena no, porque podría llevar irreversiblemente a la muerte del sujeto afectado. Esta afirmación es de mayor gravedad si cabe que haber dicho claramente que la persecución de Julian Assange ha sido política y represiva del derecho a la libertad de expresión, como en realidad lo es desde la óptica de la defensa. La sentencia, descalifica, en definitiva, a todo el mecanismo penitenciario norteamericano, como ya lo hiciera hace apenas ahora dos años la misma justicia del Reino Unido con el caso de Lauri Love, de Anonymous, al denegar, por la misma razón, su extradición a USA en febrero de 2018.

Siete años de encierro y acoso

La solidaridad y el ánimo justo del presidente Correa evitó que, al refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, Assange fuera entregado a Suecia por una oscura acusación que se desinfló con el tiempo sin que se formularan cargos y se cerró sin evidencias, pero que daba pie a la firme sospecha de que todo había sido una estrategia para provocar su extradición a Estados Unidos. Ese era el juego.

Siete años pasó en la Embajada, en una estancia sin luz solar, sin aire fresco, sufriendo todo tipo de padecimientos físicos y psicológicos. Siendo espiado de forma constante. El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada al poder de un presidente, Lenin Moreno, que se mostró sumiso con EEUU, supuso la expulsión de la embajada y el ingreso en una prisión de alta seguridad que amenazaba con acabar destrozando el frágil estado del periodista. En mi última visita a esa prisión, cuando nos despedimos, entre lágrimas, con un largo abrazo, temí realmente por su vida y dudé de que la justicia en el caso de Julian Assange pudiera calibrarse de tal, mientras que ninguno de los graves hechos denunciados por él había sido investigado por el país que le reclamaba para silenciarlo.

En esta confrontación, el acoso se extendió a su entorno próximo. Sus abogados fuimos también objeto de espionaje por parte de la empresa de seguridad española (UC Global) presente en la embajada de Ecuador y presuntamente relacionada con los servicios de inteligencia norteamericanos, extremo que se está investigando en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional española. De tal vigilancia no se libró siquiera el bebé, hijo de Assange, cuya vida –aun en términos tan minimalistas– era revisada y analizada de manera exhaustiva.

Matar al mensajero

El gran pecado que cometió el periodista fue, sin duda, fundar WikiLeaks, la agencia de noticias que estableció un sistema de cortafuegos en las IPs de manera que cualquier whistleblower del mundo pudiera enviar a esta plataforma información relacionada con la comisión de delitos. La fuente se mantenía anónima. Años después, una directiva europea sobre estos alertadores se plantea en los mismos términos.

Matar al mensajero ha sido siempre el recurso de los malvados, de los delincuentes, de aquellos que no saben cómo ocultar el mal que detentan. El silencio es la medicina que aplican de forma contundente en la creencia de que así sus pecados no verán la luz. A veces lo consiguen, pero en este caso la jugada no les ha salido bien. Assange no estaba solo, eran cientos de miles las voces que han clamado pidiendo libertad para el periodista en todo el mundo. Aunque también es verdad que se han producido muchos mutismos oficiales y descalificaciones personales inaceptables. Pero al final, y de momento, a la espera del más que probable recurso de apelación, se ha hecho justicia en un momento clave, cuando Donald Trump, rabioso por su calidad de mandatario saliente, da sus últimos coletazos aplicando mano dura en todos aquellos asuntos que puede resolver con su estilo en los escasos –y largos días– que restan para el relevo presidencial. No quiero pensar qué hubiera supuesto la extradición de Assange en estas circunstancias.

Creo que el mejor resumen lo hizo Noam Chomsky, cuyo testimonio leímos en el juicio ante la magistrada británica. En opinión del filósofo, Assange prestó un servicio enorme a la libertad de expresión y a la democracia. “El gobierno norteamericano busca criminalizarle por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”. Esa es la gloria de Assange y la miseria de Estados Unidos. Hoy, el mensajero sigue vivo. Y nosotros sus abogadas y abogados continuaremos defendiendo que solo cumplió, ni más ni menos, con su deber como periodista en beneficio de todos.

* Esta nota se publicó originalmente en el sitio español infoLibre. Baltasar Garzón es coordinador de la defensa de Julian Assange.

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Cuatro años de cárcel a periodista que informó sobre el coronavirus

Duro fallo contra Zhang Zhan por su cobertura desde la ciudad de Wuhan

En mayo, Zhang había sido arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. 

 

La justicia china condenó a cuatro años de prisión a una exabogada que realizó una cobertura periodística de las primeras etapas del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. El Tribunal Popular de la Nueva Área de Pudong, situada en Shanghai, dictó la dura sentencia contra Zhang Zhan quien fue hallada culpable de difundir información falsa. Periodistas y diplomáticos extranjeros no pudieron ingresar al tribunal donde fue juzgada la mujer de 37 años, y algunos activistas fueron agredidos por la policía durante la apertura del proceso. 

Zhang, oriunda de Shanghai, viajó en febrero a la ciudad de Wuhan, cuna del coronavirus, y decidió divulgar en redes sociales varios reportajes e información crítica sobre la situación en sus hospitales. En los artículos la periodista china llegó a denunciar una "grave violación de los derechos humanos". 

En mayo fue arrestada bajo la acusación de "provocar disturbios, dar entrevistas a medios extranjeros y manipular maliciosamente" información sobre el brote. Otros tres periodistas, Chen Qiushi, Fang Bin y Li Zehua, también fueron arrestados tras haber cubierto esos acontecimientos.

Zhang empezó una huelga de hambre en junio para protestar contra su detención, pero fue alimentada a la fuerza por vía nasal. "Cuando la vi la semana pasada, dijo: 'Si me imponen una condena fuerte, rechazaré cualquier alimento hasta el final'. Ella cree que morirá en prisión", explicó Zhang Keke, uno de sus abogados.

Zhang "parecía muy abatida cuando se anunció el fallo", declaró otro de sus letrados, Ren Quanniu, quien este lunes se mostró "muy consternado" por su estado psicológico. El proceso contra Zhang tuvo lugar poco antes de la llegada a China de una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigará los orígenes de la pandemia.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo estar "profundamente preocupada" por la condena de Zhang Zhan. "Hemos mencionado el caso a las autoridades a lo largo del año 2020 para ilustrar la represión excesiva de la libertad de prensa vinculada a la covid-19 y continuamos pidiendo su liberación", indicó la institución en su cuenta de Twitter.

Por su parte la organización de Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas y el acoso que estaban sufriendo las familias de algunas víctimas del coronavirus que pedían una rendición de cuentas. "El gobierno chino ha vuelto a celebrar una farsa de juicio durante la Navidad ya que las autoridades quieren reducir la atención sobre estos casos 'sensibles' mientras los diplomáticos y periodistas están de vacaciones", explicó Leo Lan, investigador de CHRD.

Por su parte, la activista de Amnistía Internacional, Gwen Lee, aseguró en un comunicado que "periodistas ciudadanos como Zhang Zhan fueron la fuente primaria, si no la única, de información de primera mano y sin censura durante los primeros días de la covid-19", y exigió al gobierno chino que "deje de perseguir a periodistas y otros ciudadanos solo por informar de la verdad". 

Según el balance oficial en Wuhan, una metrópolis de 11 millones de habitantes, se registraron cerca de cuatro mil fallecidos por covid-19, es decir casi la totalidad de los 4.634 muertos contabilizados en toda China entre enero y mayo. La respuesta inicial de China a la pandemia fue objeto de críticas, ya que Beijing no puso en cuarentena a Wuhan y su región hasta el 23 de enero, pese a que se habían registrado casos desde principios de diciembre de 2019.

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Un manifestante antigubernamental de los "chalecos amarillos" sostiene un cartel que dice "¡Viviendo, sí! Sobrevivir, ¡no! durante una manifestación por los 'derechos sociales' y contra el proyecto de ley de 'seguridad global' en París, Francia. Foto Afp

París. Una jornada de manifestacionesen Francia por la defensa de los derechos sociales y de las libertades acabó este sábado salpicada de incidentes, en particular en París, con coches incendiados, escaparates destrozados y decenas de detenidos.

Las protestas reunieron a 52.350 personas en unas 90 manifestaciones todo el país, según el ministerio de Interior, que informó de 64 detenciones y ocho policías heridos.

Francia vive un clima político tenso en plena pandemia del coronavirus. Un proyecto de ley gubernamental, de "seguridad global", que quiere restringir la toma de imágenes de policías, moviliza a la oposición de izquierda desde hace semanas.

A esa movilización, salpicada de incidentes de violencia policial que han provocado indignación, se ha añadido la precariedad social, con el aumento de del desempleo y la pobreza.

En París, la marcha de unas 5.000 personas comenzó en el norte de la capital, bajo un gran dispositivo de seguridad, una semana después de una protesta que acabó igualmente con violentos enfrentamientos.

Se lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, que respondieron disparando gases lacrimógenos, constataron periodistas de la AFP.

Treinta personas fueron detenidas, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que hizo referencia en su cuenta de Twitter a "individuos muy violentos".

"Los alborotadores están rompiendo la República", tuiteó el ministro. "Apoyo a nuestros policías y gendarmes, nuevamente atacados muy violentamente", agregó.

Entre "400 y 500 elementos radicales", indicó una fuente policial, cometieron numeroso daños.

"Todo el mundo odia a la policía", "anti, anti, anticapitalistas", corearon algunos participantes. También se montaron barricadas y prendieron fuego algunas.

Los altercados fueron igualmente graves en Nantes (oeste), donde dos policías resultaron heridos, uno de ellos por un cóctel molotov, durante una manifestación de 3.000 personas. La situación seguía siendo tensa en el centro de la ciudad por la tarde, según un fotógrafo de la AFP.

Derechos sociales y libertades

El polémico proyecto del gobierno del presidente Emmanuel Macron prevé restringir fuertemente la difusión de imágenes de policías, lo que sus detractores consideran como un golpe "a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación", y va a instaurar "herramientas de vigilancia masiva".

Además de la brutal paliza propinada al productor negro, por la que tres policías fueron inculpados, otro episodio de violencia policial, la evacuación de un campo de migrantes en el centro de París, también generó controversia.

"En dos años he visto mucha violencia, no es normal que no podamos filmar", declaró a la AFP Nadine, una "chaleco amarillo", movimiento de protesta social surgido a finales de 2018.

'Gran mentira'

Estas manifestaciones tienen lugar al día siguiente de una entrevista del presidente francés con el portal en línea Brut, muy seguido por los jóvenes, para intentar calmar la situación.

Acusado de multiplicar las medidas "liberticidas", Macron denunció una "gran mentira".

"No puedo permitir que se diga que estamos reduciendo las libertades en Francia", afirmó. "No somos Hungría ni Turquía", declaró.

El presidente francés denunció además tanto la violencia de algunos policías como las cometidas contra las fuerzas de seguridad.

Macron explicó igualmente que quiere abordar la cuestión de los controles discriminatorios, y prometió el lanzamiento en enero de una plataforma nacional para señalar discriminaciones. Paralelamente se generalizarán las cámaras para los agentes.

AFP Tiempo de lectura: 3 min.

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Julian Assange, frente a la embajada de Ecuador en febrero de 2016.

El próximo 4 de enero la justicia británica decidirá sobre su extradición en un caso cuyas consecuencias pueden ir mucho más allá del destino particular del fundador de Wikileaks

 

¿Es Julian Assange, el fundador de Wikileaks, un periodista? Algunos profesionales creen que sí: es un tipo que intenta conseguir información y la distribuye. Otros creen que no: los periodistas no deberían publicar información sin contrastarla y analizarla previamente y deben dar siempre la opción de defenderse a las personas aludidas, algo que Assange nunca ha hecho. El debate está servido desde hace una década, pero lo que le ocurra a este programador informático el próximo 4 de enero, cuando se decidirá su extradición a Estados Unidos, podría tener consecuencias en el ejercicio de la libertad de prensa en el futuro. 

Esta es la tesis que defiende el documental The War on Journalism: The Case of Julian Assange, estrenado este martes en Barcelona en el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos con la presencia del padre de Assange y del relator de la ONU sobre torturas Nils Melzer. El certamen contará con más de 110 películas entre las que se encuentran trabajos de Ai Weiwei o del iraní Jafar Panahi, cuya película 3 Faces ganó el galardón de mejor guion en el Festival de Cannes. 

En 2010, Wikileaks obtuvo la mayor filtración de documentos secretos militares y diplomáticos de la historia. Las revelaciones permitieron demostrar todo tipo de crímenes de guerra llevados a cabo por Estados Unidos. Desde las torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib hasta el asesinato en Bagdad de 11 civiles -entre ellos, dos reporteros de la agencia Reuters- por parte de militares estadounidenses que dispararon desde dos helicópteros. "No necesitas ser ningún especialista para ver que eso fueron crímenes de guerra", señala en el documental Nils Melzer, el relator de la ONU.

Ninguno de los autores de estos presuntos crímenes de guerra ha sido juzgado ni condenado. En cambio Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del Ejército estadounidense y la filtradora de todos los documentos a Assange, pasó varios años en la cárcel hasta que Barack Obama la indultó en 2017 poco antes de abandonar la Casa Blanca. Había sido condenada a 35 años entre rejas.

En el caso de ser extraditado, Assange (Townsville, Australia, 1971) se enfrentará a penas de 175 años de cárcel por 17 acusaciones bajo la ley de espionaje de Estados Unidos. La norma, aprobada en 1917 durante la primera guerra mundial, ha sido objeto de polémica e impugnada varias veces en los tribunales a lo largo del último siglo. No es la primera vez que el Gobierno estadounidense la intenta utilizar contra informaciones incómodas y uno de los ejemplos más ilustres fue el de los llamados papeles del Pentágono, publicados en 1971 por The New York Times en primer lugar y después por The Washington Post.

A Assange se le acusa de solicitar y recibir información clasificada, una práctica que supone la rutina para no pocos periodistas. "¡Pero si es lo que hago yo para ganarme la vida!", exclama en el documental Barton Gellman, periodista de investigación de la revista The Atlantic y ganador de un premio Pulitzer. 

Precisamente el debate que lleva una década instalado entre muchos periodistas -¿Es el fundador de Wikileaks uno de los nuestros?- es el mismo que se dirimirá si Assange es extraditado. En el caso de que fuese condenado por espionaje, algunos de los periodistas más prestigiosos del mundo consideran que podría ser la antesala de otras condenas a reporteros que publican material sensible.

La difícil relación de Assange con los medios

Cuando Wikileaks obtuvo los documentos confidenciales, Assange decidió trabajar con medios de distintos países para publicar el material que le había conseguido Manning. Acudió primero a The Guardian, que propuso compartir la filtración con The New York Times y Der Spiegel ante el gran volumen de información que debía manejarse. Para una posterior filtración Assange contó también con Le Monde y El País. La abogada del programador informático recuerda que, si al australiano se le procesa por recibir y publicar información clasificada, también estos medios deberían ser juzgados por los mismos hechos. "Recibir y publicar información no te convierte en un espía", opina la letrada en el documental.

Assange, sin embargo, no trabajaba igual que un periodista. Tanto The New York Times como The Guardian, los medios que más lo trataron, acabaron teniendo muy mala relación con el fundador de Wikileaks. Assange les reprochaba que dejaran buena parte de la información sin publicar para no poner vidas o operaciones de inteligencia en peligro. También le enfadaba que no quisieran enlazar sus informaciones a la web de Wikileaks, donde todos los documentos se publicaban prácticamente de manera íntegra.

Los medios, por su parte, acabaron hartos del afán de notoriedad de Assange así como de su difícil carácter. Normalmente una fuente de este tipo pide discreción, pero él buscaba protagonismo. Bill Keller, en ese momento director del Times, lo definió como "elusivo, arrogante, manipulador y volátil" en un largo artículo en el que describió la relación del periódico con él.

A pesar de las diferencias con Assange y de sus reservas a definirlo como un periodista, tanto Keller como Alan Rusbridger, otrora director de The Guardian, creen que juzgarle por espionaje en EE.UU. puede tener consecuencias nefastas para la libertad de prensa en todo el mundo. "Me sorprende que tanta gente no vea que este caso tiene implicaciones preocupantes para todos los periodistas", señaló Rusbridger el pasado agosto.

El documental también apunta a las pocas posibilidades de que Assange tenga un juicio justo tanto en la decisión de extraditarlo, que se tomará en el Reino Unido, como si acaba siendo trasladado a EE.UU. Según el film, la jueza británica que decidirá sobre su extradición tiene un cónyuge y un hijo con intereses en empresas de ciber inteligencia. Sobre el juicio en EE.UU, el tribunal donde se juzgará su caso se conoce como el "tribunal del espionaje" porque las personas que formarán el jurado o sus familiares tienen muchos números de estar relacionadas con agencias de seguridad estadounidenses. 

En pocos kilómetros a la redonda de donde se le juzgará están la sede de la CIA, la del FBI, la del Pentágono y la del Departamento de Seguridad estadounidense en un distrito en el que también se han asentado un gran número de empresas de seguridad que son contratistas de las mencionadas agencias gubernamentales. Uno de los asesores más prestigiosos del país a la hora de elegir a miembros del jurado rechazó formar parte de la defensa de Assange cuando se enteró del distrito en el que se celebraría el juicio. "No tienes nada que hacer", le dijo este especialista, que participó en juicios tan mediáticos como el de O.J Simpson entre 1994 y 1995.

La conexión española con la CIA

El documental también aborda la conexión española con el caso Assange, fruto de la participación de una compañía de Jerez en el espionaje al fundador de Wikileaks cuando estaba recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo encerrado durante casi ocho años tras pedir asilo al país sudamericano.

Esta empresa española, llamada U.C Global, fue contratada en un principio por la propia embajada para velar por la seguridad de Assange. La compañía, no obstante, fue presuntamente captada por la CIA para obtener información sobre las actividades del australiano dentro de la embajada. Así lo aseguraron tres extrabajadores de la empresa ante la Audiencia Nacional en calidad de testigos protegidos.

Según el documental, el director de esta empresa, David Morales, viajó en 2016 a una feria de seguridad en Las Vegas. Fue allí donde presuntamente conectó con la CIA y empezó a colaborar con la inteligencia estadounidense. Empleados de U.C Global sustituyeron entonces todas las cámaras de la embajada de Ecuador por equipos que también registraban el audio. Incluso se pusieron grabadoras dentro del lavabo, donde Assange celebraba reuniones ante las sospechas de que le espiaban. La intrusión llegó incluso hasta los encuentros de Assange con sus abogados en los que preparaba su defensa. 

"Soy un mercenario y voy a pecho descubierto", aseguró Morales a uno de los trabajadores de su empresa, que acabó denunciando los hechos cuando vio que el espionaje también alcanzaba a la mujer de Assange y a su hijo. Morales niega que trabajara para la CIA y asegura que fue el Gobierno de Ecuador quien le ordenó espiar al programador informático. Afirmó el pasado febrero ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que la persona que le hizo el encargo fue el exembajador ecuatoriano Carlos Abad. Casualmente Abad había fallecido unos meses antes.

Según el documental, que se basa en las declaraciones de los extrabajadores ante el juez, quien conectó a Morales con la CIA fue otro viejo conocido de los medios españoles. El hombre que presuntamente hizo de intermediario fue Sheldon Adelson, el gran magnate del juego que en lo más profundo de la crisis aterrizó en España con un faraónico proyecto de casinos, llamado Eurovegas, que supuestamente iba a generar 250.000 puestos de trabajo. Catalunya y la Comunidad de Madrid se pelearon por esa inversión, que finalmente quedó en una mera declaración de intenciones.

Por Pol Pareja

1 de diciembre de 2020 22:41h

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Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

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Domingo, 29 Noviembre 2020 06:36

Orwellianas

Manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global, que busca limitar la posibilidad de filmar y fotografiar a agentes policiales, en Toulouse, ayer. AFP, LIONEL BONAVENTURE

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA Y LA DERIVA ILIBERAL EN OCCIDENTE

 

Uno de los «fenómenos típicos» que el escritor inglés había advertido en el escenario político de su tiempo es ya un elemento característico de nuestro propio siglo. Entre la oscuridad y el exceso de luz, las libertades más elementales se ven cada vez más asfixiadas por el hasta ahora irresistido crecimiento de fabulosos monopolios de la industria digital y la acción represiva de los Estados que protegen la fortaleza capitalista.

Para las condiciones en que se vive en Francia actualmente, con una segunda ola de covid-19 tanto o más arrasadora que la primera, fue mucha gente: entre 10 mil y 25 mil personas sólo en París. Y varios miles más en Marsella, Montpellier, Rouen, Le Havre y otras ciudades. Fue el sábado, y la manifestación estaba convocada por unas 60 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y asociaciones de juristas y sindicatos, sobre todo de periodistas; también por grupos políticos de la oposición de izquierda y chalecos amarillos. Lo que reunía a toda esa gente era el rechazo de la Ley de Seguridad Global, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, aprobada esa misma noche por el Parlamento. Una ley calificada de liberticida por los manifestantes y que se distingue de otras de similar tenor porque en uno de sus artículos, el 24, prohíbe tomar imágenes de los rostros de policías y los gendarmes durante las protestas callejeras, sobre todo, claro está, cuando están reprimiendo: repartiendo palazos, lanzando gases a altura de hombre o mujer, disparando unas balas de goma, otras llamadas LBD 40 o granadas GLI F4.

Desde hace bastante tiempo los métodos que utiliza la Policía francesa para reprimir manifestaciones no son demasiado distintos de los denunciados con profusión en los últimos tiempos en Estados Unidos. La aparición de los chalecos amarillos, hace justo dos años, llevó esa represión al paroxismo. De no haber sido por las imágenes (fotos, filmaciones) tomadas en esas manifestaciones no sólo por periodistas, sino también por participantes en las marchas y anónimos varios, poco se hubiera sabido acerca de la magnitud de la violencia policial, negada por el gobierno y algunos medios de comunicación. Y hubo en esas protestas centenares de heridos, muchos de ellos muy graves, que perdieron dedos, manos, ojos, por el tipo de armas empleadas y por la forma en que las utilizan los agentes. Poco se hubiera sabido, igualmente, de casos muy similares al del negro estadounidense George Floyd, asesinado meses atrás a manos de un policía blanco que se le sentó encima y lo ahogó, un método de «apaciguamiento de revoltosos» impartido en las escuelas de formación de policías franceses. (Tanto han enseñado los uniformados de aquel lado del Atlántico a sus pares del mundo desde sus épicas batallas coloniales en Argelia, en Indochina…)

La Ley de Seguridad Global es uno más de los dispositivos represivos adoptados últimamente en París en el contexto de la «amenaza terrorista», pero lo del artículo 24 ha sorprendido hasta a quienes niegan la deriva hacia el iliberalismo del gobierno de Macron. Lo que dispone esa norma es que cualquier persona que tome imágenes que puedan «afectar el bienestar físico o psicológico de un agente de Policía» durante manifestaciones callejeras, del tipo que sean, puede recibir una multa de 45 mil euros o una pena de un año de cárcel. En las discusiones parlamentarias, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el texto excluía a los periodistas, siempre y cuando se acreditaran previamente en la propia Policía para cubrir tal o cual manifestación. Las sociedades de periodistas y las direcciones de medios (desde Le Monde hasta L’Humanité) respondieron que en esas condiciones no cubrirían manifestación alguna y argumentaron que ellos mismos se valían de imágenes captadas por freelancers, documentalistas o ciudadanos de a pie.

En la manifestación del sábado una reportera del programa televisivo Envoyé spécial, que aquí se puede ver subtitulado en TV5, lo ejemplificó. Se llama Élise y dijo: «Yo hice varias investigaciones sobre la violencia policial y ahora ya no podré hacerlas. La materia prima de estos reportajes son las imágenes tomadas por amateurs, porque es muy raro que un periodista pueda captarlas justo cuando desembarca con su cámara al hombro» (Mediapart, 21-XI-20). También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Global atentaban contra derechos fundamentales, en especial, contra la libertad de información (Le Huffpost, 16-XI-20).

No tuvo mejor salida el ministro Darmanin que retrucar todas estas críticas con un estilo muy LUC: «Tal vez la libertad de prensa pudiera estar bajo ataque, pero los policías y los gendarmes también» (Le Monde, 20-XI-20). Y respondió, evasiva tras evasiva, cuando se le cuestionó sobre la discrecionalidad dejada a los propios policías para evaluar cuándo se está afectando su «bienestar físico o psicológico». En la manifestación del sábado, abundaron también las referencias a las pesadillas orwellianas: «Big Macron is watching you», «2020 es el nuevo 1984». Y así. Al día siguiente, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, declaró: «La situación aquí en Francia está pasando de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada».

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De George Orwell se han popularizado sobre todo las críticas al totalitarismo, convenientemente identificadas con los regímenes de tipo soviético. Se lo ha reducido casi que a 1984 y, en todo caso, a Rebelión en la granja. En enero se cumplieron 70 años de su muerte y la ocasión se prestó para que desde las tiendas más diversas se lo intentara recuperar, incluidos referentes mediáticos de la derecha liberal, como el diario francés Le Figaro. Pero Orwell fue, antes de todo, un socialista libertario que combatió en la guerra civil española junto con los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y en su país se identificó, hasta su muerte, con una organización ubicada a la izquierda del laborismo, el Independent Labour Party. Tanto como demolió el autoritarismo de la antigua URSS y sus émulos, fustigó el liberalismo económico: pulverizó el pensamiento de su contemporáneo Friedrich Hayek, maestro de las Margaret Thatcher, los Chicago boys y los Connie Hughes del planeta entero, y en libros como El camino a Wigan Pier, a partir de crónicas sobre la vida de los mineros del norte de Inglaterra (que compartió) y la evocación de sus años juveniles en la Birmania colonizada por los ingleses, donde ejerció como funcionario del imperio, comenzó a plasmar su idea de un socialismo que conjugara «justicia y libertad». «Sentía que tenía que romper no sólo con el imperialismo, sino con cualquier forma de dominio del hombre sobre el hombre», escribió en esa obra, publicada en 1936, antes de su experiencia española. Y también: «Quería hundirme para hallarme de verdad entre los oprimidos, ser uno de los suyos y pelear contra los tiranos».

De la democracia liberal, a pesar de su admiración por el «patriotismo» y el compromiso antinazi de Winston Churchill, no pensaba nada demasiado bueno. Edwy Plenel, director del portal francés Mediapart, recordó en un artículo publicado en marzo pasado que en su prefacio de 1945 de Rebelión en la granja, «que permaneció por mucho tiempo inédito, Orwell mencionaba como “uno de los fenómenos típicos” de su época “el debilitamiento general de la tradición liberal occidental”». Esa constatación, señaló Plenel, convocante a la marcha del sábado pasado en París, «vale también, y cómo, para nuestro siglo, un siglo en el que el liberalismo político ha sido derrotado por un liberalismo autoritario que impone la ley de hierro del dinero y las mercancías y ha logrado colocar el poder estatal al servicio de una pequeña minoría de privilegiados». El traductor y docente Philippe Jaworski, que estuvo al frente de la entrada de Orwell, en octubre, a la colección francesa de La Pléiade, lo describió en distintas entrevistas como un panfletario en el mejor sentido de la palabra, «el mayor del siglo XX en su país, heredero directo de los protestantes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII, un denunciante de escándalos y tiranías». Lo movía la búsqueda de «la fraternidad» y «lo sublevaba la opresión, el abuso de autoridad –en las colonias, contra la clase obrera–, sin olvidar las mentiras del poder político y los medios de comunicación. Había en él un sentimiento de la precariedad de nuestra humana condición y lo inspiraba una suerte de ley moral que conminaba a la rebelión aunque se supiera que todo estaba ya perdido».

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¿Qué más perdida de antemano que una revuelta contra un ogro panóptico que todo lo controla y desde la opacidad más brutal? La pregunta se la planteó la semana pasada una manifestante parisina, que, a pesar de esa sensación, ahí estaba, «porque si no, para qué mierda vivir». En la concentración del sábado, los periodistas de Mediapart desfilaron bajo una pancarta que decía: «La democracia muere en la oscuridad», aludiendo a una frase que The Washington Post comenzó a inscribir en la portada de sus ediciones digitales y en papel desde 2017, con los primeros ataques de Donald Trump a la prensa «fake». Son coincidencias de eslóganes. No es que haya muchos vasos comunicantes entre el portal izquierdizante francés y el diario liberal estadounidense cercano a los demócratas. Por ejemplo: Mediapart ha tomado abiertamente partido por todos esos whistleblowers o «lanzadores de alertas» que han revelado documentación secreta de la maquinaria de guerra y dominación estadounidenses (los Julian Assange, los Edward Snowden, las Chelsea Manning), a los que The Washington Post utilizó en su momento, pero hasta ahí nomás: cuando la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias apretaron las clavijas, les soltó la mano (véase «La puñalada», Brecha, 23-X-20).

Shoshana Zuboff forma parte de quienes defienden a los lanzadores de alertas. Dice que ayudan a correr los velos que imponen los «vectores del capitalismo de vigilancia», a los que identifica con el ogro panóptico orwelliano: los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), esos gigantes digitales que mueven más dinero y tienen más poder que buena parte de los Estados del mundo. Zuboff es una investigadora que enseña en la muy liberal Harvard Business School y que, aunque no lo acuñó (la precedieron economistas marxistas), sí popularizó el concepto de capitalismo de vigilanciaLa era del capitalismo de vigilancia se titula en español su último y monumental libro, en el que expone cómo los GAFAM y afines han sido la vanguardia de un cambio de época, del pasaje del capitalismo industrial a un capitalismo digital, en el que la materia prima a explotar y extraer para convertir en mercancía ya no son la tierra, el subsuelo, los bosques, sino los propios seres humanos. «Nos han escaneado por completo, hasta el más ínfimo detalle, para incluso intentar cambiarnos la conducta», dice. Y también: «Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, pero Google y esas redes nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando, de hecho, esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente. Hasta captar las microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual» (La Vanguardia, 10-X-20).

Zuboff apunta que esta nueva forma de depredación comenzó a ser desarrollada por Google en 2001, cuando tras el 11 de setiembre saltaron, en Estados Unidos primero y en buena parte de Europa después, todas las barreras de contención. «A las compañías de Internet ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra privacidad porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia», añade. China no les ha ido en zaga a las potencias occidentales. Por su propia vía, no les ha ido en zaga. Más bien que no.

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En octubre, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) –Microsoft no figura– de monopolio. Las denunció por cobrar comisiones de usura, imponer condiciones oprobiosas y extraer datos de millones de personas sin control ni permiso alguno. Casi un año y medio le llevó a la subcomisión consultar más de 1 millón de documentos, mantener audiencias con decenas de competidores de los GAFA y armar el rompecabezas de la manera de operar de estas empresas, que ocultan en algoritmos. Las cuatro grandes transnacionales, dice el informe, «se han transformado en un tipo de monopolio que se vio por última vez en la era de los barones del petróleo y los magnates del ferrocarril» y que afecta «la diversidad de las fuentes de información y la libertad de prensa, la innovación y la privacidad»: «Controlan el mercado al mismo tiempo que compiten en él, una posición que les permite escribir unas reglas de juego para los demás mientras ellos juegan con otras o llevar adelante su propia cuasi regulación privada, que no puede ser controlada por nadie, excepto por ellos mismos». Según se consigna, su valor bursátil acumulado supera los 5 billones de dólares, algo menos de un tercio del producto bruto interno de toda la Unión Europea, y ha crecido a medida que la pandemia de covid-19 ha avanzado.

El informe fue aprobado sólo por los demócratas, pero no es para nada seguro que el gobierno de Joe Biden siga las recomendaciones de la subcomisión, que propone dividir a los GAFA en distintas unidades. Tanto al presidente electo como a su vice, Kamala Harris, se les conoce por sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley (véase «Una fórmula repetida», Brecha, 21-VIII-20).

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Zuboff no es precisamente anticapitalista y cree que con controles, leyes y regulaciones se puede moralizar el funcionamiento del sistema en general y de estas empresas en especial, que se sienten más impunes que cualquier otra en cualquier otra época. «Los capitalistas de vigilancia son ricos y poderosos, pero tienen un talón de Aquiles: tienen miedo de la ley, temen a legisladores que no están confundidos ni intimidados y, en último término, les tienen miedo a ustedes», dijo ante un auditorio, en noviembre del año pasado, en Berlín (El Diario, 8-XI-19). «Tienen miedo a ciudadanos que estén listos a pedir un futuro digital que podamos llamar nuestra casa», añadió. Los lanzadores de alertas son otro de sus cucos, dijo también.

Franco «Bifo» Berardi es un septuagenario filósofo italiano que no para de reflexionar, desde hace décadas, sobre la evolución continua, y cada vez más acelerada, del capitalismo hacia el horror más absoluto y sobre cómo salir de un sistema cuyo colapso se está llevando consigo al conjunto de la humanidad. Fue también, y sigue siendo, un agitador social, un animador de medios (publicaciones, radios y televisiones asociativas) y, en cierta manera, un militante político. Su último libro, publicado en setiembre en Buenos Aires como El umbral, lo escribió desde el encierro pandémico combinando «crónicas y meditaciones» (tal su subtítulo). Hace unos años Berardi era más optimista sobre la eficacia de la «acción subversiva cuando se desarrolla en la esfera digital, cuando se infiltra en el interior de la dimensión algorítmica del capitalismo». No se hacía ilusiones con que eso bastara: sin una combinación con una «dimensión física, territorial», la rebelión desde las redes era claramente insuficiente, pero pensaba que «las acciones más exitosas en términos de sabotaje del dominio imperial han sido acciones como las de Assange y Snowden, que se desarrollan en la dimensión digital» (entrevista con Amador Fernández Savater, El Diario, 31-X-14). Hoy lo cree menos.

Lo particularmente repugnante de la persecución de Assange y Wikileaks, además de su encarnizamiento y «la violación de las reglas fundamentales de la ética de la información», es su profunda hipocresía, dice Bifo (Comune-info, 15-IV-19). «La acción de Wikileaks, irreprochable desde el punto de vista periodístico, se inspiró en el principio de transparencia. Revelar el secreto, hacer transparente la acción del poder político y militar, es el fundamento de la democracia liberal. Pero con la democracia liberal muerta esa base se está desmoronando», agrega.

El filósofo italiano está igual de convencido que el hacker australiano de que el mundo está volviendo a caer en una época de profunda oscuridad, pero esta vez «por exceso de luz». «La vieja edad oscura, que los europeos llaman Edad Media, fue un efecto de la extrema rarefacción de las interacciones sociales: el reino del silencio. La oscuridad de nuestro tiempo es, en cambio, el efecto de la proliferación ilimitada de fuentes de información y de los flujos de infoestimulantes, de la chispa cegadora de innumerables pantallas», escribe. Revelar secretos, «sacarlos a luz», será más insuficiente que nunca para reducir los daños del sistema, dice. Y en El umbral (el colapso está a la vuelta de la esquina), escribe que en los pliegues del desastre está despuntando una revolución de un tipo desconocido, sólo posible, claro, si el capitalismo no acaba antes con la civilización humana

Por Daniel Gatti

27 noviembre, 2020

Publicado enSociedad
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