¿Qué hay detrás de los apagones en Venezuela?

Un nuevo corte de luz de escala nacional dejó este lunes a 15 estados del país caribeño sin energía eléctrica, incluida Caracas. La situación, que provoca grandes pérdidas económicas en un país ya castigado por la crisis, se asemejó a lo acontecido a partir del pasado 7 marzo y hasta el 9 de abril, con cortes masivos que se prolongaron hasta una semana en algunas regiones. Tanto entonces como ahora el gobierno venezolano adujo ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. El artículo que reproducimos a continuación fue publicado originalmente en abril de este año.

 

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el Pbi, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y 2018 se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del Pbi en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 por ciento, según pronósticos moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25 por ciento, lo que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5 por ciento de caída de la producción para el período 2013-2019.

De forma extremadamente sintética, puede decirse que:

 

—  por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada, según la Asamblea Nacional (AN), en 1.698.488,2 por ciento para 2018. De este modo, el país detenta el decimosexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019);

—  aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación de 2018 fue de alrededor de 90 mil por ciento, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio;

—  el valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo;

—  el salario real para el período 2013-2018 descendió 95 por ciento.

 

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios públicos “gratuitos”. La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su contracción.

¿POR QUÉ VENEZUELA SUFRE BLACKOUTS?

En el país, apenas 1 por ciento de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y sólo 11 por ciento se explica por la energía hidroeléctrica; 54 por ciento proviene del petróleo y 34 por ciento, del gas natural (2015), pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado. Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20 por ciento y la utilización de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación, que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir, como ejemplo, que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200 mil tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo a un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en gasolina, diésel, energía eléctrica y gas.

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares anuales, lo que representó 98,4 por ciento del costo real del combustible; ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aun más barata en términos reales. Por el obsequio del diésel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar de que la gran compañía estatal Cadafe pierde 40 por ciento de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de diez veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca de 20 por ciento del Pbi promedio de esa tríada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 por ciento del Pbi, muy por debajo del subsidio general otorgado.

ALGUNAS RAZONES ESTRUCTURALES.

Para la mayoría de las grandes ciudades (excepto las ubicadas en el estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial servicio. Esa “administración de carga”, como ahora llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto voce. Entre los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional.

Aunque la vigente ley eléctrica, que data del 14 de diciembre de 2010, dice que el acceso a la electricidad es un derecho humano, este se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En setiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el pediátrico Menca de Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró cuatro horas: la planta eléctrica del pediátrico no funcionó y por lo tanto fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de seis recién nacidos muertos.

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según Víctor Poleo (ex viceministro de Energía y Minas), hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones que sólo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de Electricidad de Caracas (Edc), por una venta írrita realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense Aes. La Edc estuvo en manos de Aes hasta 2007, cuando fue recomprada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que Aes vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia.

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de Aes, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno como ese. Infaustamente, las “nacionalizaciones” del gobierno bolivariano fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una elite y que de ningún modo fueron parte de una “revolución socialista” o de algo remotamente similar.

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, tienen, desde 2012, sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de diez salarios mínimos ahora sólo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (al tipo de cambio oficial).

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar. Se estima que de 50 mil empleados ahora quedan 30 mil, y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la jubilación. En el Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas, uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de “apátrida” y “traidor” o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios, sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por la difusión de “información falsa (…) destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía”.

RAYOS ELECTROMAGNÉTICOS O SIMPLE INCENDIO.

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 quilómetros de la represa en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores, y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 16.30, desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacó de servicio las turbinas del Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad y, como no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico Nacional (Sen) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los sistemas de control del Sen no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable a través de Internet. En la misma cadena, Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético, que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump y Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes del Sen requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión. De haber sido así, serían visibles los rastros de algún estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela.

*    Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) en Venezuela.

(Tomado de Nueva Sociedad, con autorización del medio. Brecha reproduce fragmentos.)

Publicado enInternacional
EU boicotea foro de la ONU por la participación de Venezuela

Sanciones de Washington impiden que Caracas destine recursos a programas médicos de trasplantes

Ginebra. Estados Unidos, junto con algunos miembros del Grupo de Lima, abandonaron ayer la Conferencia de Desarme, foro internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizado en esta ciudad, en protesta por la asunción de Venezuela a la presidencia rotatoria de este coloquio, al mantener la presión contra la república bolivariana.

"Tenemos que hacer todo lo posible para impedir que estados como el venezolano presidan organismos internacionales", explicó Robert Wood, embajador estadunidense, tras boicotear la sesión.

Anunció que su delegación no participará en las próximas cuatro semanas de la conferencia, tiempo que dura la presidencia venezolana, en rechazo a que ese "Estado paria" la encabece. Aclaró que su acción es un gesto de apoyo al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, a quien le expresó su deseo de trabajar "en el futuro" en este encuentro.

Wood, junto con las representaciones de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay, Panamá y Perú abandonaron la sala cuando Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, tomó la palabra tras recibir la presidencia de la Conferencia de Desarme.

Lindsey Graham, senador estadunidense, sugirió el domingo pasado, en entrevista para la cadena Fox, que su gobierno debería considerar una invasión militar a Venezuela, similar a la que Ronald Reagan realizó en Granada en 1983, si Cuba "no sale" del país petrolero y los militares venezolanos apoyan a Maduro.

Sin interrupciones, Valero rechazó las maniobras de Estados Unidos y los miembros del Grupo de Lima de usar el foro "para promover matrices de opinión golpistas e intervencionistas contra el gobierno que preside Nicolás Maduro".

Denunció que Washington "impide los pagos del país, por conducto de la banca internacional, y no le permite importar medicamentos y bienes necesarios para el desarrollo del pueblo venezolano". Resaltó, al citar estudios del Centro de Estudios Latinoamericanos de Geopolítica, que las sanciones y bloqueos unilaterales han provocado un daño por 350 mil millones de dólares.

En tanto, representantes de Maduro y Guaidó retomaron ayer las conversaciones exploratorias en Oslo, auspiciadas por el gobierno de Noruega, para facilitar una solución a la crisis en Venezuela, que según Estados Unidos debe hacerse con la salida del poder del mandatario socialista.

Fuentes del grupo opositor, consultadas por el diario venezolano El Nacional, indicaron que la agenda a tratar es la salida de Maduro mediante elecciones libres. El Centro de Comunicación Nacional del Palacio de Miraflores aclaró que todavía no hay ni agenda ni acuerdo pactado para estos contactos.

La televisora pública noruega NRK precisó que las partes se reunieron el lunes pasado, y que podrían terminar antes del viernes, para hablar de la posibilidad de convocar nuevos comicios.

En otro orden, Erick Altuve, uno de los cuatro menores con cáncer que murieron mientras esperaban un trasplante de médula en Venezuela, fue velado por sus familiares en el barrio de Petare, en Caracas.

Decenas de personas protestaron la semana pasada frente al Hospital Pediátrico J M de los Ríos para responsabilizar al gobierno de Maduro del colapso en la atención médica. Autoridades argumentaron que las sanciones estadunidenses impidieron a Venezuela usar dinero para llevar a los niños a Italia, donde recibirían sus trasplantes.

En tanto, el canciller Jorge Arreaza tuiteó ayer que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela impiden que el gobierno pague el tratamiento, financiado por PDVSA, a un grupo de niños en Argentina para hacerles un trasplante de hígado.

Isabella es una venezolana de casi dos años que nació con una enfermedad congénita y tuvo que recibir trasplante. Su tratamiento estaba a cargo de la Fundación Simón Bolívar, pero en febrero notificaron a sus padres que no recibirían la ayuda debido a la sanciones contra Citgo, filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos.

En otro orden, después de más de tres años sin dar indicadores económicos, el Banco Central de Venezuela reportó ayer que la inflación en 2018 cerró en 130 mil por ciento, mientras este año fue de 114.4 en febrero; 34.8 en marzo y 33.8 en abril, al tiempo que enero reportó la mayor alza en los precios al consumidor con 196.6 puntos porcentuales.

 

Publicado enInternacional
Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

Publicado enInternacional
Miércoles, 01 Mayo 2019 06:44

Nuevo intento de golpe de Estado

Nuevo intento de golpe de Estado

La operación de desestabilización desatada en la madrugada por Juan Guaidó, el liberado Leopoldo López y un grupo de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no logró el objetivo de propagarse entre cuarteles.

El tiempo ha vuelto a acelerarse en Venezuela. Nuevamente, luego de semanas de una calma tensa, la derecha volvió a intentar un desenlace en su intento de derrocar a Nicolás Maduro. Esta vez fue a través de una acción militar que se inició a las 4 de la madrugada en la base militar de La Carlota, la principal de Caracas. Allí se registró una acción encabezada por un grupo de aproximadamente cien integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) perteneciente al cuerpo de la Guardia Nacional Bolivariana.


El hecho en la base militar fue controlado en horas de la mañana. El punto principal fue la aparición en ese sitio de Juan Guaidó junto a Leopoldo López, el dirigente del partido -Voluntad Popular -al que pertenece Guaidó- que escapó de su prisión domiciliaria. Guaidó afirmó en un video publicado a través de sus redes sociales que se trataba de la fase definitiva de lo que ha denominado la “operación libertad”, puesta en marcha desde el mes de abril. En su llamado afirmó contar con el respaldo de la Fanb y llamó a tomar las calles.


La acción golpista contó con el respaldo público internacional del gobierno norteamericano, a través de su vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, del presidente de Colombia Iván Duque, del gobierno de argentina a través del canciller Jorge Faurie, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, entre otros. El gobierno de España por su parte rechazó el intento violento: “Debe quedar claro que España no respalda ningún golpe militar”.
Con el paso de la mañana el foco de concentración de las operaciones golpistas se desplazó de la base militar -donde lograron derribar una reja pero no ingresar- al distribuidor de Altamira, donde se reunió una parte de los militares alzados con tanquetas robadas, dirigentes de la oposición como Guaidó y María Corina Machado, grupos de confrontación callejera de la derecha, así como manifestantes a favor del golpe de Estado.


“La mayoría de los objetivos que acudieron al distribuidor iban engañados. Esto es un acto cobarde, terrorista y un intento de golpe de Estado de una magnitud muy pequeña (…) el 80 por ciento de los efectivos que acudieron a este llamado fueron engañados”, afirmó Padrino López en un pronunciamiento de la Fanb al mediodía. “Hacemos responsables de todo derramamiento de sangre a la dirigencia fascista, antipatriótica”, afirmó Padrino López.


El presidente Maduro por su parte afirmó: “He conversado con los comandantes de todas las REDI -región de defensa integral- y ZODI –zona de defensa integral- del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la constitución y a la patria”. La versión de Guaidó afirmando contar con el respaldo de la Fanb se evidenció falsa.


La operación desatada en la madrugada no logró entonces uno de sus objetivos que era el de propagarse entre cuarteles para construir una escalada hacia el centro del poder. En cuanto al efecto mediático el plan fue logrado, así como la creación de un nuevo escenario de violencia, desestabilización, y construcción de un nudo crítico en Altamira, con el plan de poder crecerlo y extenderlo por varios puntos de la ciudad y el país. Esto último no ha sucedido, y Caracas, así como los diferentes estados del país, presenta una tranquilidad con mucha tensión. En cuanto al chavismo, se encuentro movilizado frente al Palacio de Miraflores.


Ya se han presentado acciones violentas, como la que denunciada por Padrino López: “Denuncio la violenta agresión de la cual fue víctima el coronel Yerzon Jimenez Baez, jefe de operaciones del CZGNB-43, herido de bala a la altura del cuello en la autopista Francisco Fajarado. Al momento ingresando en el quirófano”. A su vez, fue registrado un hecho todavía no aclarado, donde una tanqueta atropelló a unos manifestantes.


La derecha desde Altamira mostró signos de recuperar capacidad de beligerancia a la vez que desorientación ante un cuadro acelerado pero sin fuerza real para objetivos mayores: Guaidó convocó a movilizar hacia el oeste, es decir hacia el centro político, para luego retroceder e insistir con el llamado a movilización ya previsto para mañana primero de mayo. En cuanto al apoyo real en las calles este no ha logrado masificarse como contaban dentro de su plan de escalada. Se espera, en ese contexto, que se den acciones violentas, como lo muestra la quema de un autobús en las cercanías de Altamira, y la decisión de no retirarse de las calles.


Este cuadro de río revuelto con armas y disparos es un escenario buscado por la derecha, como parte del plan de escalada de la confrontación para buscar el quiebre de la relación de fuerzas, o lograr una mayor capacidad de sensación de victoria en un momento de dificultad de mantener la expectativa generada por Guaidó. El apoyo directo de EEUU pone sello a la acción. Varios países se han pronunciado en contra del intento de golpe de Estado y a favor del respaldo a la democracia y el diálogo, como los gobiernos de Bolivia, Rusia e Irán.


 Casi cuatro meses sin tregua

Venezuela: cronología de la crisis

 

Venezuela vive horas de tensión tras el nuevo intento de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en medio de una crisis que se profundiza. Estos son los hechos más relevantes desde que Juan Guaidó se proclamó el 23 de enero presidente interino de Venezuela.


23 de enero: Juan Guaidó se autojuramenta, luego de que el Congreso declarara "usurpador" a Maduro tras iniciar el 10 de enero un segundo mandato desconocido por la oposición. Donald Trump reconoce inmediatamente a Guaidó, por lo que Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A Washington le siguen Canadá y varios países latinoamericanos, nucleados en el Grupo de Lima.


Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Turquía apoyan a Maduro.


24 de enero: La Fuerza Armada renueva su apoyo a Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denuncia un "golpe de Estado" en marcha, alentado por Washington.


25 de enero: Maduro se dice dispuesto a encontrarse con Guaidó, quien rechaza un "falso diálogo".


26 de enero: En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos llama a todos los países a apoyar a Guaidó. Rusia y China bloquean proyecto estadounidense en apoyo al Parlamento opositor. El agregado militar de Venezuela en Washington, José Luis Silva, desconoce a Maduro. La oposición parlamentaria tramita una amnistía para funcionarios civiles y militares que desconozcan a Maduro.


28 de enero: Estados Unidos sanciona a la petrolera estatal PDVSA y da a Guaidó el control de activos y cuentas venezolanas en ese país.


29 de enero: El Tribunal Supremo de Justicia prohíbe a Guaidó salir del país y congela sus cuentas, en investigación por "usurpar" funciones de Maduro. Washington advierte contra cualquier "daño" al opositor.


1 de febrero: EEUU reitera que "todas las opciones están sobre la mesa" para "restaurar la democracia", y prohíbe a entidades extranjeras que comercian con PDVSA utilizar el sistema financiero estadounidense desde el 28 de abril.


2 de febrero: Opositores y oficialistas marchan en Caracas. El general de la aviación Francisco Yáñez desconoce a Maduro, el militar de más alto rango en hacerlo.


4 de febrero: Una veintena de países europeos reconoce a Guaidó como presidente, tras un ultimátum a Maduro para que convocara a elecciones.


6 de febrero: John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump, anuncia que Washington eximiría de sanciones a militares que reconozcan a Guaidó.


7 de febrero: Medicinas y alimentos enviados por Estados Unidos llegan a Cúcuta, Colombia, en la frontera. Maduro acusa a Washington de usar la ayuda humanitario como "excusa" para una invasión militar.


12 de febrero: Guaidó anuncia que el 23 de febrero entrará la ayuda humanitaria. Días después, Maduro cierra tráfico aéreo y marítimo con Curazao y la frontera terrestre con Brasil, donde también se almacena ayuda.


22 de febrero: Concierto en Cúcuta organizado por el multimillonario Richard Branson. Guaidó aparece sorpresivamente, junto a presidentes de Colombia, Chile y Paraguay, desafiando la prohibición de salida del país. Del lado venezolano se realiza otro evento musical. Maduro ordena cerrar la frontera con Colombia por Táchira.


23 de febrero: Disturbios en fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil: Un grupo de jóvenes opositores queman dos camiones, pretendiendo responsabilizar a la Guardia Nacional Bolivariana, según constató el diario The New York Times. Venezuela rompe relaciones con Colombia. Guaidó pide a la comunidad internacional considerar "todas las cartas".


25 de febrero: Guaidó participa en Bogotá en reunión del Grupo de Lima, que descarta el "uso de la fuerza". Después, parte en gira por Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador.


28 de febrero: Rusia y China vetan proyecto estadounidense en la ONU que buscaba elecciones "justas". Contrapropuesta de Moscú también naufraga.


1 de marzo: Estados Unidos sanciona a seis altos funcionarios de seguridad y revoca visas de 49 allegados a Maduro. Luego suma a otras 77 personas.


4 de marzo: Guaidó regresa a Venezuela apoyado por manifestación de seguidores.


7 de marzo: El peor apagón en Venezuela afecta a 23 de 24 estados, y a Caracas. Maduro denuncia sabotaje para desestabilizarlo.


16 de abril: Cruz Roja comienza distribución de ayuda humanitaria, tras autorización de Maduro.


17 de abril: Estados Unidos impone sanciones contra el Banco Central de Venezuela.


19 de abril: Guaidó convoca a una marcha en Venezuela el 1° de mayo, para exigir "el cese definitivo de la usurpación".


26 de abril: Estados Unidos impone sanciones financieras a Jorge Arreaza. Rusia pide "poner fin a la política del chantaje" en defensa de Maduro.


28 de abril: Entran en vigor sanciones estadounidenses que prohíben compra de crudo a PDVSA.


30 de abril: Un grupo de militares se alza contra el gobierno. Guaidó llama a tomar las calles hasta lograr la caída de Maduro, quien denuncia un intento de golpe de Estado.

Publicado enInternacional
Jueves, 14 Marzo 2019 06:08

Investigan la causa del apagón

Investigan la causa del apagón

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió ayuda a la ONU así como a sus países aliados Cuba, China, Irán y Rusia para investigar el presunto ciberataque que causó un masivo apagón en el país el jueves pasado y duró varios días. Por su parte, China respondió de inmediato y se puso a disposición del gobierno de Maduro para ofrecer ayuda y asistencia técnica. “Nombré una comisión de investigación especial del ciberataque y pedí la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU, y además el apoyo, ya activo, de Rusia, China, Irán y Cuba”, dijo el mandatario en cadena nacional. 

Según explicó Maduro, al frente de la comisión estará la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien estará acompañada por el fiscal general, Tarek Saab, y científicos locales. “Vamos a desgranar para que ustedes sepan cómo fue el ataque, hemos descubierto muchas cosas, ya yo sé muchas cosas, solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago, desde dos ciudades de Estados Unidos”, denunció Maduro.


Ante su pedido a la ONU, la entidad internacional respondió ofreciendo ampliar su ayuda. Si bien una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está trabajando desde el lunes en Venezuela en la investigación de delitos contra los derechos humanos, a partir de hoy se pondrán en contacto con funcionarios venezolanos para abordar las secuelas que dejó el apagón. La falla ocurrió en la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país y responsable de abastecer de energía a cerca de 70 por ciento de Venezuela. Desde un principio, el Palacio de Miraflores responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición local que no tardó en desentenderse del tema. En su alocución presidencial, Maduro explicó que la instalación fue atacada de manera cibernética, mientras que las líneas de transmisión padecieron sabotajes electromagnéticos y físicos mediante el uso de tecnologías que, aseguró, solo tiene Estados Unidos. En esta línea, ayer respaldó la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación contra el jefe del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

Publicado enInternacional
Kalev Leetaru, columnista de Forbes.

11 marzo 2019 - Forbes, revista estadounidense especializada en negocios y finanzas, publicó este sábado en su página web un artículo mostrando que si es muy factible que el cerebro informático de la Central Hidroeléctrica del Guri, la principal planta generadora de energía de Venezuela, haya sido víctima de un ataque cibernético por parte de un gobierno extranjero, como el estadounidense, como causa principal de una falla eléctrica que afectó a todo el país.

El artículo es escrito por Kalev Leetaru, académico y emprendedor estadounidense con más de 20 años de experiencia en el mundo de Internet, egresado de la escuela Edmund A. Walsh de Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown.


Leetaru inicia su artículo reseñando las afirmaciones del gobierno venezolano, de que las fallas que se presentan desde el pasado 7 de marzo pasado se deben a un ataque informático al sistema que controla la principal central hidroeléctrica del país. Aunque él cree que la causa de las fallas eléctricas pueden deberse más bien a falta de mantenimiento, sin embargo él también admite que "la idea de que un Estado nación extranjero manipule la red eléctrica de un adversario para forzar una transición gubernamental es muy real".


Indica Leetaru que, en un artículo previo en 2015, él exploró el concepto de "primer ataque cibernético", en el que los gobiernos utilizarían técnicas de guerra cibernética y otras formas de agresiones, con el fin de debilitar a un adversario antes de iniciar una invasión convencional, o con el fin de causar una transición en el gobierno de un país enemigo, y que ellos puedan negar haberlo causado.


Interrumpir el suministro de energía y agua, interrumpir los patrones de tráfico, ralentizar o bloquear el acceso a Internet, hacer que viviendas con instalaciones informáticas "inteligentes" se caoticen e incluso desencadenar fallas catastróficas en centrales nucleares de forma remota, son temas cada vez más discutidos entre miembros de la Seguridad Nacional estadounidense, como tácticas legítimas y legales para socavar un estado extranjero.


Al respecto, es necesario recordar que, en 2009, fue creado el Cibercomando o Comando Cibernético estadounidense, uno de los diez comandos unificados del Departamento de Defensa de ese país. El Cibercomando está muy relacionado con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y se especializa en ejecutar ataques cibernéticos contra enemigos de Estados Unidos, y defender al país de este tipo de ataques.


De hecho, Leetaru cita otro artículo escrito en 2015 por Aliya Sternstein para el portal Nextgov, titulado "Contratistas del Pentágono desarrollan armas cibernéticas letales", en el que la autora explica que el Cibercomando de Estados Unidos ejecutó ese año un proyecto de 460 millones de dólares para subcontratar el desarrollo de herramientas de software y "código fuente capaz de eliminar a adversarios". Esperaban desarrollar herramientas para crear "incendios cibernéticos" (ataques a redes informáticas) como parte de una misión militar.
En el artículo se explica que, por ejemplo, si se necesita que un avión vuele sobre una zona ocupada y ataque un blanco, se podría lanzar un ciberataque primero para tumbar la red de energía eléctrica que surte a dicha zona, con lo que "se habrán degradado las habilidades del enemigo" para defenderse.


El artículo plantea la controversia de que se usen este tipo de armas cibernéticas para causar muertes en el bando enemigo. "Cuando usamos el término ‘ciberguerra’, estoy pensando en eso, en un sentido de guerra. Entonces, sí, la guerra es violencia", explicó Bill Leigher, un almirante retirado que dirige la división de "soluciones cibernéticas" de Raytheon, uno de los contratistas de defensa militar más grandes de los Estados Unidos.


Por ello, Leetaru señala que, en el caso de Venezuela, "la idea de que un gobierno como los Estados Unidos interfiera de forma remota en su red eléctrica, es, en realidad bastante realista". Explica que las operaciones cibernéticas remotas rara vez requieren una presencia en el lugar,haciendo que sean ideales para ejecutar una operación que cause un efecto grave, pero que ellos puedan negar su participación.


"Dadas las preocupaciones, que desde hace mucho tiempo, tiene el gobierno estadounidense en torno al venezolano, es muy probable que Estados Unidos mantenga una profunda presencia en la infraestructura eléctrica del país, haciendo que sea relativamente sencillo interferir con sus operaciones. La muy desactualizada infraestructura de Internet y electricidad hace que sean pocos los obstáculos para estas operaciones, y hacen que sea relativamente fácil remover cualquier evidencia de que hubo una intervención extranjera", señala el artículo de Forbes.


"Las fallas masivas de energía eléctrica y conectividad de Internet, como la que Venezuela experimentó la semana pasada, son extraídas directamente del manual moderno de jugadas cibernéticas. Cortar la electricidad en las horas pico, asegurar el impacto máximo en la sociedad civil y causar un montón de imágenes post-apocalípticas atractivas para los medios de comunicación, encaja perfectamente como una operación psicológica tradicional que busca influir y causar cambios en un país".


"Hacer que una falla eléctrica ocurra en un momento de agitación social, de forma tal que deslegitime al gobierno actual justamente cuando un nuevo grupo se presenta como una alternativa lista para tomar el poder -dice Leetaru en referencia a Guaidó- es en realidad, una de las tácticas que se describen en mi artículo escrito en 2015".


Aunque el autor opina que las fallas eléctricas en Venezuela son comunes debido a problemas de mantenimiento y mala administración, señala que "esa es precisamente la razón por la que la guerra cibernética es tan poderosa como operación psicológica" para influir y causar cambios. "La mayoría de los países, incluidos los EE.UU., han expresado preocupaciones sobre sus redes de servicios públicos, cada vez más obsoletos y sobrecargados. Una planta de energía que falle debido a un equipo defectuoso o una línea de transmisión que falle por estar sobrecargada, es más probable que se les atribuya a mala administración que a un ciberataque desde otro país".


"Si una línea de transmisión eléctrica falla y provoca un incendio forestal gigantesco, de inmediato se achacará su culpa a falta de mantenimiento preventivo y no a un sabotaje extranjero deliberado", explica Leetaru.


"Las operaciones psicológicas de influencia están diseñadas para empujar silenciosamente a un país hacia un resultado particular. Las infraestructuras de servicios públicos antiguas y obsoletas son un vehículo perfecto para tales operaciones, ya que la culpa de las fallas de la red generalmente recae en los funcionarios del gobierno por no supervisar adecuadamente la infraestructura, incluso en aquellos casos cuando empresas privadas las mantienen o son responsables de las mismas. Los ataques cibernéticos contra las empresas de servicios públicos pueden alterar todas las facetas de la vida moderna y generar amplia repercusión en los medios, sinque el país iniciador pueda ser detectado y culpado, lo que las convierte en un arma casi perfecta".


Leetaru cree que la causa del apagón en Venezuela son los problemas de infraestructura del país, pero también dice que "es imposible descartar que Estados Unidos u otro país hayan realizado una intervención extranjera, ya sea deliberada o accidental", lo que "demuestra el increíble poder del uso de ciberataques para atacar a las empresas de servicios públicos. Dichas interrupciones pueden hacer que una población se vuelva rápidamente en contra de su gobierno y, al mismo tiempo, hace que sea casi imposible probar definitivamente la intervención extranjera".


"Al final, independientemente de lo que realmente sucedió la semana pasada en Venezuela, es probable que los ataques cibernéticos contra infraestructuras continúen creciendo como un arma de la guerra moderna".

Por: Albaciudad.org | Lunes, 11/03/2019 11:14 AM |

Publicado enInternacional
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno de Venezuela.

El gobierno de Venezuela liderado por Nicolás Maduro sentó sus bases para abrir un proceso de diálogo. La propuesta la dio a conocer el vocero y ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez. En una entrevista a la agencia rusa Sputnik, Rodríguez explicó que el oficialismo tiene cinco puntos concretos para negociar con el antichavismo: respeto a la soberanía; respeto a la paz; levantamiento de las sanciones contra Venezuela; un mecanismo que permita dirimir las diferencias políticas entre Maduro y el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y por último la no injerencia de otras naciones en los asuntos internos del país. “Nosotros veremos qué trae la oposición en su propuesta”, apuntó Rodríguez. Desde el pasado 23 de enero, cuando Guaidó autoasumió competencias presidenciales, Venezuela vive una tensión que parece no tener límite. Desde el primer momento, el líder opositor fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, y con el paso de los días fue reuniendo más aliados. Por ahora la oposición venezolana no se mostró dispuesta al diálogo pero si lo hicieron otros países latinoamericanos como México y Uruguay. Recientemente el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, ofreció a su país como sede para el diálogo y el mandatario uruguayo, por su parte, volvió a reafirmar ayer su respaldo a Maduro. 

En cuanto a la propuesta de convocar a elecciones que plantea el Grupo de Contacto convocado por la Unión Europea, Rodríguez desestimó esa posibilidad y recordó que en los últimos comicios de mayo de 2018 Maduro logró imponerse con el 67,84 por ciento de los votos. Además, subrayó que las elecciones cumplieron con todos los estándares internacionales: “Ya las elecciones presidenciales se realizaron, no solo con estándares internacionales, sino con el sistema electoral venezolano, que es el más blindado del mundo entero, más fiable que el sistema electoral de Estados Unidos, de España, y sin duda que el de Colombia”, remarcó. La oposición, sin embargo, sostiene que no tuvieron las garantías exigidas en la mesa de diálogo de República Dominicana celebrada a fines de 2017. En su defensa, Rodríguez aseguró que la oposición se negó a firmar un acuerdo y optó por el boicot para facilitar el intento de golpe de estado apoyado principalmente por Washington. “El boicot a la elección venezolana se hizo para argumentar la agresión que actualmente están intentando perpetrar contra Venezuela, el boicot se inició incluso antes de las negociaciones de Dominicana”, concluyó Rodríguez.

Publicado enInternacional
“Fue apenas un show, un juego y una burla”

El presidente de la asamblea opositora se proclamó presidente y fue validado de inmediato por la OEA, Brasil y Colombia.

 

El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó se declaró ayer presidente de Venezuela. Lo hizo con rodeos, al pedir el apoyo de ciudadanos, militares y la comunidad internacional para asumir el mando del Ejecutivo en un nuevo acto de desconocimiento del presidente Nicolás Maduro que el jueves asumió su segundo mandato. La medida fue saludada de inmediato por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por los gobiernos de Brasil y Colombia. Maduro la rechazó y ridiculizó la actitud de la Asamblea y convocó a los venezolanos a defender su gobierno.


En respuesta a la oposición, el sucesor del legado del ex presidente Hugo Chávez respondió que la Asamblea Nacional, órgano declarado en desacato por el ejecutivo en 2016, lidera un show mediático para intentar desestabilizar la situación política del país. “Allá ellos con su show, su juego y su burla, porque se burlan de su propia gente, acá nosotros con nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer y yo seguiré cumpliendo mis funciones para las que ustedes me eligieron, con firmeza y con valentía”, respondió Maduro ante periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo. Asimismo, rechazó la decisión que tomó la OEA el jueves de no reconocer el nuevo gobierno, y advirtió que esa postura sienta un peligroso precedente para el hemisferio. “Nicolás Maduro fue reelecto por el soberano pueblo venezolano”, subraya el comunicado que también denuncia las “prácticas de coerción” utilizadas por Estados Unidos en Latinoamérica. “Estados Unidos promueve una campaña agresiva con el fin de avanzar sus políticas de cambio de régimen en el país caribeño”, denuncia. El mandatario expresó además su agradecimiento a los que llamó países amigos que decidieron no acompañar la resolución de la OEA. La resolución del organismo internacional, aprobada por 19 países, declaró ilegítimo el gobierno de Maduro e hizo un llamado para realizar nuevas elecciones presidenciales, debido a que el organismo no reconoció las realizadas el 22 de mayo argumentando que la oposición no pudo participar.


Guaidó sostuvo la misma propuesta ayer en su discurso frente a la sede la Organización de Naciones Unidas (ONU), de Caracas. Ante una multitud que levantaba carteles con la consigna “Maduro usurpador”, Guaidó declaró que la Cámara se apegará a la Constitución venezolana y, en este sentido, asumirá las “competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República”. No obstante, en un pedido de ayuda a las fuerzas armadas y a sus aliados internacionales como Washington y el Grupo de Lima, advirtió que el mero decreto no será suficiente para sacar a Maduro del ejecutivo. “Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional al ejercicio de los artículos de nuestra constitución 333, 350 y 233 para ejercer mandato”, prosiguió el opositor. “A esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros, le hacemos un nuevo llamado, aquí está la legítima Asamblea Nacional que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir”, dijo a la institución castrense que el jueves juró lealtad a Maduro. Para finalizar, Guaidó llamó a la oposición a manifestarse en las calles el próximo 23 de enero –fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez–. “Llamamos a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela para exigir un gobierno de transición que llame a elecciones presidenciales”, anunció en su efusivo discurso. “¡Asume! ¡Juraméntate!”, le exigían algunos de los asistentes en la especie de cabildo abierto convocado por el Parlamento. Al cierre de su intervención Guaidó aseguró que el cuerpo legislativo seguirá trabajando para lograr un gobierno de transición y un una nueva vuelta electoral.


Casi en simultáneo, pero desde el Palacio de Miraflores, Maduro también llamó a los venezolanos y les pidió unidad en las calles para evitar, dijo, cualquier intento de protestas opositoras como “guarimbas” de 2017.


“¿cuántas veces dijeron de Hugo Chávez que era ilegítimo? ¿Cuántas veces no lo han dicho de Maduro? ¿Cuántas veces, entre comillas, jugaron a la política de manera inconstitucional”, agregó en referencia al desconocimiento de la oposición y de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea respecto de su nuevo gobierno. “El pueblo movilizado es la garantía de paz, es la vacuna contra cualquier proceso de desestabilización (...) hay gente de la oposición que está desesperada (...) y la vacuna es el pueblo movilizado y el Gobierno trabajando”, finalizó.


Mientras tanto, del otro lado del océano, la oposición venezolana en el exilio realizó una conferencia de prensa en Madrid junto a representantes del conservador Partido Popular (PP) español y del liberal Ciudadanos para pedir a la comunidad internacional que presionen el gobierno de Maduro con más sanciones.

 

Publicado enInternacional
El jefe de campaña de Trump se declaró culpable

Manafort firmó un acuerdo de cooperación con Mueller para reducir los cargos que surgieron del trabajo no declarado que realizó como consultor para las fuerzas políticas pro rusas en Ucrania por el que recibió pagos millonarios.

 

Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, se declaró ayer culpable en un nuevo juicio en su contra, después de haber sido condenado por fraude fiscal, informaron ayer medios locales.


El asesor político Rick Gates se declaró culpable el pasado febrero de los delitos de conspiración y mentir al FBI, y decidió cooperar con Mueller. Es algo que también hicieron el exconsejero de seguridad nacional Michael Flynn, y el exasesor electoral George Papadopoulos, quien trató de concertar una cita entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Papadopou

los fue condenado el pasado viernes a 14 días de prisión por mentir al FBI sobre sus contactos con intermediarios rusos durante la campaña electoral de 2016.
Un representante de la parte demandante aseguró que Manafort firmó un acuerdo para cooperar con el asesor especial Robert S. Mueller III como parte de un trato en el que se declaró culpable para reducir los cargos que surgieron del trabajo que realizó como consultor para las fuerzas políticas pro rusas en Ucrania sin haberlo declarado. Los ingresos obtenidos por ese trabajo, de varios millones de dólares, fueron lavados a través de varias empresas dentro y fuera de EstadosUnidos, indicó la demanda.


A primera hora de la mañana de ayer, el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, registró un nuevo escrito de acusación contra Manafort de un delito de conspiración contra Estados Unidos por fraude y otro de conspiración para obstruir la Justicia, de acuerdo a documentos judiciales, de los que se declaró culpable.
El exasesor de Trump, acusado de delitos que podrían acarrearle pasar el resto de su vida en prisión, alcanzó así un acuerdo con la Fiscalía especial de la trama rusa en busca de una reducción de la condena final.


Poco después, la fiscalía anunció que el juez había cambiado el motivo de una audiencia sobre el caso prevista esta mañana, pasando de ser preparatoria del juicio del 24 de septiembre a versar sobre un acuerdo entre ambas partes.


Al declararse culpable Manafort cambia su estrategia judicial y aumenta los riesgos para Trump, que lo ha defendido y elogió porque no se declaró culpable inicialmente aunque también ha tratado de minimizar su papel en la campaña electoral. La reacción de la Casa Blanca no se hizo esperar y desvinculó a Trump de la causa de Manafort. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el presidente o con su exitosa campaña presidencial de 2016. No está relacionado en absoluto”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.


Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de Inteligencia acusan de interferir en los comicios de 2016.


Manafort supuestamente trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), y para oligarcas rusos, a los que ayudó a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo a las autoridades, lo que constituye un crimen.
El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre marzo y agosto de 2016 en la campaña de Trump, donde llegó a ser el jefe hasta que se vio obligado a dimitir por ocultar el cobro de 12,7 millones procedentes de Yanukóvich.


De los 32 imputados por Mueller, Manafort es el que tiene los lazos más estrechos entre el entorno de Trump y Rusia que tanto interesa al fiscal especial. Su principal objetivo es determinar si hubo algún tipo de coordinación entre la campaña del republicano y la sofisticada estrategia de piratas informáticos y espías rusos para ayudar a Trump a ser presidente mediante la difusión de propaganda e información robada al Partido Demócrata.


Manafort dirigió entre junio y agosto de 2016 la campaña de Trump y estuvo presente en el congreso del Partido Republicano en el que fue nominado el hoy presidente. En sus cinco meses como jefe de campaña de Trump, incluida la convención republicana en la que fue designado candidato a la Casa Blanca, Manafort tuvo contacto con varios oligarcas cercanos al Kremlin. Y participó en la misteriosa reunión de junio de 2016, a cinco meses de los comicios, que mantuvieron miembros de la campaña de Trump con una letrada rusa que les había ofrecido material comprometedor sobre su rival electoral, Hillary Clinton.

Publicado enInternacional
Mapa ampliado del magnicidio: segundo informe especial

Siguen su curso las investigaciones que encabeza el Estado venezolano sobre el fallido intento de magnicidio del pasado 4 de agosto. Hasta el momento, las pesquisas, pruebas y actores involucrados son suficientes para describir el modo de funcionamiento de la agenda terrorista-mercenaria que incursiona sobre el país, pero también los alcances de un punto de inflexión crucial para la cuestión venezolana.

Vector Operacional: Privatización de la violencia y Guerra no convencional

En el transcurso de la semana pasada el presidente Nicolás Maduro y el Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, mostraron pruebas reveladoras sobre la operación frustrada de magnicidio. En el marco de lo que presentaron ante los medios, seis aspectos destacan por su relevancia, tanto por lo político como por el esquema operacional utilizado.


1. El aparente vacío político subyacente a la operación quedó saldado con el testimonio de Juan Requesens, quien delató a su compañero de partido, Julio Borges, como jefe político inmediato del intento de magnicidio al usar sus contactos con el gobierno colombiano para proteger a los operadores y planificadores del antentado. A Requesens, días antes, ya lo había delatado Juan Carlos Monasterios, alias “Bons”, encargado del entrenamiento y la logística en el terreno. Posteriormente lo hizo el periodista Jaime Bayly, quien confirmó que efectivamente estábamos ante un plan que tenía niveles de coordinación en Estados Unidos.


2. La Guerra No Convencional (GNC) que vive el país, en sus múltiples manifestaciones, debe verse como la traducción, en el ámbito militar, de los esquemas y dispositivos del neoliberalismo que regulan la vida social, económica y cultural de la sociedad global. La GNC tiene forma de empresa y se rige por códigos de reducción de costos y maximización de beneficios. Por esa razón, desde su práctica y discurso, se plantea como un modo de intervención que persigue la extenuación del Estado-víctima (siempre inferior en capacidad defensivas) utilizando la menor cantidad de gastos financieros/militares, explotar las vulnerabilidades de la nación mediante sabotajes para abaratar los costos de la injerencia y la subcontratación de una fuerza insurgente que generalice el miedo en la sociedad y socave las bases de apoyo social del Gobierno. Un modelo de guerra privatizada.


3. Este signo estuvo presente en el nacimiento y entrada en operaciones de la célula terrorista de Óscar Pérez a mediados de 2017, pero que con anterioridad ya se había probado en los asesinatos políticos de Robert Serra, María Herrera, Eliécer Otaiza, así como en las revoluciones de color de 2014 y 2017. Guardando las evidentes distancias entre estos eventos, cada una de esas manifestaciones de terrorismo político reprodujo una lógica de privatización y tercerización a la hora de ejecutar y, posteriormente, a la hora de asumir los costos y desdibujar complicidades de instancias superiores de poder.


4. Siguiendo ese mismo curso de acciones, el plan de magnicidio plasmó un modo de operar donde los reductos de la revolución de color de 2017, en general jóvenes de clase media fanatizados, incluyendo factores asociados a la célula armada de Óscar Pérez, son utilizados como mano de obra subcontratada, perfectamente sacrificable si todo salía mal, tal cual ocurrió, mientras que los planificadores y financistas aguardaban fuera del país utilizando sus residencias en Colombia y Estados Unidos a modo de cobertura. Allí también se incluye al diputado promesa Juan Requesens y a Julio Borges, cada uno del lado que le correspondía.


5. Esa forma de procedimentar el intento de magnicidio describe una mecánica donde los mercenarios que participaron en el golpe de color de 2017 ahora toman cuerpo de “ejército industrial de reserva”, junto a la industria del crimen, en el cual una agenda terrorista puede encontrar la suficiente oferta para realizarse. De igual forma, el papel del Estado colombiano al avalar cuáles zonas con elevada presencia paramilitar (caso Cúcuta) sirvan como centros de adiestramiento paramilitar y retaguardia, rol que a su forma reproduce también el Sur de la Florida, pone encima del tapete los límites del derecho internacional dispuestos a ser rebasados para alimentar actos subversivos contra la seguridad nacional del Estado venezolano. Ahora, de una manera más frontal, siguiendo la tradición bajo la cual Estados Unidos protegió a terroristas de la estatura de Luis Posada Carriles.


6. También juega un papel clave el contexto. Sin posibilidades remotas de “calentar la calle” a la usanza tradicional, los objetivos de la GNC contra Venezuela parecen invertirse, lo que no representa de ningún modo una lógica inamovible en el tiempo: inhibida la insurrección “generalizada”, los blancos a atacar deben perfilarse hacia la superestructura (el poder), con el objetivo de producir la fractura social y política que no se logró mediante presión desde abajo. Y eso pasa por la alerta descrita en el pasado informe especial: forzar un escenario de inseguridad generalizada donde elementos terroristas sean enfilados hacia operaciones de sicariato político, con el fin de debilitar al Estado venezolano y atemorizar a las bases chavistas. Una especie de compensación al magnicidio frustrado.


Vector cultural: Saleh, Pérez Venta y Requesens


Es con la denominada “Fiesta Mexicana” de 2010 que los partidos de extrema derecha venezolana logran hegemonizar a totalidad el movimiento estudiantil universitario, bajo la ideología de la “lucha no violenta” promocionada por Gene Sharp y financiada por la NED y la USAID durante años. Voluntad Popular tomaba la batuta.


Ese año se inaugura en México una línea de ensamblaje de jóvenes formados ideológicamente en el libre mercado y materialmente en la organización de movimientos de “protesta ciudadana”, ese eufemismo con el que se suele anunciar una guerra civil desde los medios de comunicación.


Pero fue en las revoluciones de color de 2014 y 2017 cuando sus exponentes más visibles de aquella “Fiesta Mexicana” (Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, entre otros) mostraron, en realidad, la orientación de esas actividades y otras tantas financiadas desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, para “adiestrar” a la juventud opositora.


La sangre derramada y el rol que jugaron cada uno de ellos revelaron que la formación iba dirigida al arte de armar protestas violentas y al uso de tácticas de guerrilla urbana para enfrentar a las fuerzas de seguridad. El espejo mecánico de los ucronazis del Maidán en suelo venezolano es obra de una misma agenda geopolítica labrada en suelo estadounidense y experimentado sobre el cuerpo de la juventud clase media.


Con ese estrato específico de la sociedad venezolana, se intentó fabricar la base cultural e ideológica que le daría legitimidad de desempeño a la emergencia de un grupo terrorista adaptado a las condiciones venezolanas, en el cual el fanatismo religioso que sirve de base al Estado Islámico debía ser sustituido por un fanatismo nacionalista.


El odio por razones étnicas, en las coordenadas identitarias venezolanas, debía ser reemplazado por un odio de clase que encontraba todo su antagonismo en el chavismo. Los pobres.


Sí, las denominadas guarimbas funcionaron como polígonos de tiro para desarrollar esas capacidades y probar sus propios límites (observar hasta dónde lograba mutar el experimento), pero sobre todo fue una fábrica que produjo una semántica de la muerte, la cual buscó insertarse en la sociedad venezolana en función de aquel forzado consenso de que matarnos es lo mejor. El experimento mutó y generó una fábrica de asesinos protegidos por la “sociedad civil” de Plaza Altamira.


En ese sentido, pensar en Lorent Saleh y en su deriva como futuro novato del año del paramilitarismo colombiano; a José Pérez Venta, militante de Voluntad Popular, descuartizando a Liana Hergueta simplemente porque un negocio no salió bien; o a Juan Requesens pidiendo a gritos una intervención militar contra su propio país o vinculándose a un plan de magnicidio; o a Daniel Ceballos y a Freddy Guevara dirigiendo asesinos en las calles e instigando a quemar chavistas, permite reinterpretar que lo que ocurrió en 2010 en México fue, en realidad, la inserción de un proyecto sociocultural para generar una fractura generacional irreconciliable entre quienes representan el futuro de la nación. Partir en dos al país pasa por fabricar una separación fratricida entre sus componentes juveniles.


Todos estos exponentes de la juventud antichavista y sus fanáticos más dedicados, producto de la agenda geopolítica que los aplastó culturalmente, ven en el chavismo, en su juventud y en quienes dirigen el Estado, un antagonismo irreconciliable que debe ser exterminado, tal cual ocurrió con Orlando Figuera, cuyo asesinato fue celebrado como el modo de gobierno que promete “La Mejor Venezuela” de Leopoldo López.

 

El chavismo sigue siendo la única apuesta seria, real, contra el exterminio soñado y financiado por la USAID.


Vector geoestratégico: Comando Sur, ejercicios, Haley y Mattis


En el primer informe especial sugeríamos que con el intento de magnicidio se buscaba precipitar, muy probablemente, un “vacío de autoridad” en el Estado, que acorde al extremismo de quienes fungen como interlocutores de la cuestión venezolana ante la Administración Trump, debía resolverse con una intervención militar para establecer un Gobierno de Transición y resolver la “crisis humanitaria”, encabezado por los múltiples presidentes en el exilio.


Esa hipótesis se abroga un rasgo de mayor realismo cuando en Panamá, durante la semana en que ocurrió el intento de magnicidio, se daba un ejercicio multinacional de 20 países, encabezado por el Comando Sur, con el objetivo de practicar operaciones de estabilización humanitaria. El guiño ha quedado claro.


El ejercicio multinacional, denominado PANAMAX2018, forma parte de una galería de enormes prácticas militares conjuntas que desde el año pasado vienen acentuándose, cada vez con menores intervalos de tiempo y con el blanco puesto en una “crisis humanitaria” ante la que hay que prepararse.


Pero la confesión que falta en la boca de los comandantes del Comando Sur, la dio la semana pasada la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien en un recorrido por la frontera colombo-venezolana exhortó a la comunidad internacional que debe aislar a Maduro utilizando como justificación la “crisis humanitaria”.


La fragilidad de la frontera y la acentuación de sus debilidades históricas y estructurales potenciadas por la GNC, a la luz de los ejercicios militares del Comando Sur y la declaración de Haley, puede ser interpretado como la fabricación de un teatro de operaciones para otorgarle rasgos de “necesidad” al planteamiento de que la “ayuda humanitaria” debe ingresar a la fuerza, lo cual tendría el aval y el apoyo automático de un Estado colombiano donde se estrena un títere del uribismo. Bajo el eufemismo de “rescatar a Venezuela” se encubre una geoestrategia para intensificar el cerco desde nuestra frontera marítima y territorial con Colombia.


Y allí las provocaciones paramilitares advertidas por el presidente Nicolás Maduro, como excusa para propiciar un conflicto bélico binacional, se posiciona nuevamente en la galería de recursos a utilizar.


Es por esta razón que, después del atentado contra Maduro, las coordenadas del conflicto se trastocan en sus cotas de peligro. El nivel de articulación mostrado entre el Comando Sur y las vocerías de la política exterior de Estados Unidos en este momento específico, pone en relieve la urgencia de mantener en cartelera la “urgencia de ayudar a Venezuela”, mientras la GNC precipita las condiciones de crisis y colapso social (elevando la afectación del sistema eléctrico y la coacción económica) que rellenen ese discurso.


El jefe del Pentágono, James Mattis, ha iniciado una gira por Latinoamérica. Durante su estadía en Brasil, conversó con las autoridades sobre Venezuela, sin ofrecer demasiados detalles a la prensa. Pero si bien esta gira debe seguirse con detalle, es un aspecto anterior el que le podría otorgar un sentido práctico, al menos en lo que respecta a lo específicamente venezolano. En lo geopolítico remarcó la “amenaza rusa y china en el continente”, un aspecto que también nos toca como frontera no conquistada por la Doctrina Monroe.


Desde que el presidente Donald Trump anunciara, en agosto del año pasado, que la “opción militar” no estaba descartada sobre Venezuela, el Congreso estadounidense, instancia desde la cual se ha emprendido la salvaje campaña de sanciones financieras, tomó cartas en el asunto.


En una primicia dada por Misión Verdad, mostramos cómo el Congreso había solicitado al jefe del Pentágono que incluyera en la ley del año fiscal 2018 un plan de contingencia ante una “crisis humanitaria” en Venezuela, tanto dentro como fuera de sus fronteras. El escenario de “colapso” dibujado por el reporte es de tales proporciones que Estados Unidos estaría obligado moralmente a intervenir.


El Comité de Servicios Armados le pidió al Pentágono alistarse para detener una convulsión generalizada que pudiera afectar a Brasil, Guyana, Colombia, Perú, entre otros países. Denominó a Venezuela como un “Estado fallido”, empleando una categoría lo bastante específica como para que Estados Unidos siga sosteniendo la opción militar sobre la mesa en un contexto donde la Administración Trump actúa al margen de la legislación internacional.


El uso del Estado fallido como una forma de representación de un conflicto extraterritorial, en varias oportunidades, ha sido usado por Estados Unidos para promover intervenciones militares que han terminado en desastres humanitarios.


La ley de presupuesto fiscal 2018 fue aprobada tomando nota de este reporte, por lo que, con respecto a Venezuela, la visita de Mattis podría ir en este sentido. Esto no significa, de forma mecánica, la inminencia de la intervención, sino probablemente la concatenación de múltiples objetivos, entre los cuales podrían destacarse la justificación presupuestaria, la intimidación a lo interno del alto mando militar y la aplicación de dispositivos “humanitarios” para mantener la “ayuda humanitaria” como un componente central de la presión internacional contra el país.


Vector político: el “Gobierno de Transición” y la vuelta a la inestabilidad


El intento de magnicidio busca reabrir un escenario de inestabilidad e incertidumbre para afectar sensiblemente el cuadro de paz política construido desde el año pasado. Por medio de ese reseteo, de forzarnos a volver al día anterior a la instalación de la Constituyente por diversos mecanismos, no solo se intenta posicionar nuevamente en la agenda la violencia como dispositivo político, sino también las agendas golpistas que subyacen al conflicto. Y llegamos al punto donde se cierra el espectro de posibilidades, y aunque presenten algunos matices, en su esencia todas plantean que es una acción de fuerza internacional la que derrocará al chavismo.


La más promovida por el antichavismo de extrema derecha es la instalación de un “Gobierno de Transición” al estilo libio. La idea parte, inicialmente, de una complicación legal y política: la intervención militar es difícil que se dé sin el aval del Consejo de Seguridad, donde Rusia y China, que tienen poder de veto, no darían su consentimiento.


La idea del “Gobierno de Transición” intenta replicar “la ruta libia”, que según algunos estadounidenses que asesoran al antichavismo no necesitaría del beneplácito del Consejo de Seguridad de la ONU. Un absurdo, ya que aún cuando se instaló un “gobierno en el exilio” reconocido por las potencias occidentales, requirió pasar por los canales del Consejo de Seguridad.


Pero en un contexto de deconstrucción y crisis sistémica del orden internacional liberal, existe una apuesta de que el sistema legal será llevado al límite y sin mediar en negociaciones geopolíticas con actores claves como Rusia y China, ambas potencias emergentes con enormes intereses en Venezuela. Estados Unidos invadiría bajo una cobertura humanitaria a petición de un “Gobierno de Transición” encabezado por el ex alcalde Antonio Ledezma.


Estados Unidos actualmente no se encuentra en una posición dominante a nivel geopolítico para emprender una campaña clásica de intervención militar, amparada en la ley internacional, que reproduzca automáticamente la experiencia libia. Por esa razón los esfuerzos van por la vía de la GNC.


Y justamente, empleando esa modalidad, el plan de asesinar a Maduro y precipitar una situación de caos insuperable, era la forma menos burocrática e incómoda para configurar un escenario de intervención sofisticada, “humanitaria”, con fuerza dosificada, presentada como “factor de orden” y de estabilización, que se apoyara en la “legitimidad de origen” de la Asamblea Nacional dominada por el antichavismo para superar el vacío constitucional, de mano de los notables que ya tienen su “Gobierno de Transición” en Miami y Bogotá.


Es exactamente en esa mecánica donde adquiría sentido la triangulación entre magnicidio, promoción de una intervención humanitaria y la entrada triunfal del “Gobierno de Transición”.
Vector militar: la última apuesta de 2018


A pocos días de la implantación de un conjunto de medidas que apuestan a estabilizar la economía, ni el “Gobierno de Transición” acompañado de una intervención humanitaria, ni el “juicio a Maduro” por el trucho “Tribunal Supremo en el exilio”, ni la campaña para enjuiciar al Presidente en la Corte Penal Internacional, así como tampoco una agenda de sanciones más salvaje ni la explosión social catastrófica, plantean, hasta los momentos, un nivel de suficiente maduración para lograr un socavamiento determinante del país y sus autoridades.


Y el tiempo aquí es crucial, en tanto y en cuanto un saldo mínimo de recuperación económica resultará en un anclaje de la legitimidad del chavismo, y en consecuencia un blindaje de sus bases y superestructura política.


En ese contexto, resurge la carta de la conspiración militar interna, a la que tantos esfuerzos le han dedicado funcionarios estadounidenses, desde el ex secretario de Estado Rex Tillerson, pasando por Marco Rubio y el ex encargado de negocios Todd Robinson, hasta las decenas de asesores outsourcing que ofrecen esa vía como aquella que debe seguir la oposición para cambiar de gobierno y retormar el poder político.


Probablemente las investigaciones que realiza el Estado venezolano podrían llevarnos a que el plan de magnicidio tuvo algún tipo de soporte a lo interno de la FANB, lo que aún está por comprobarse. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, confirmó el general Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano Hernández, se encuentran detenidos por sospechas de haber participado en el atentado.


Sin embargo, los momentos de alta conflictividad política que hemos vivido en tiempos recientes van emitiendo datos y tradiciones: cuando existe una presión excesiva que pone en juego la vida del país, la respuesta inmediata es la cohesión. Justamente las defecciones recientes han demostrado que no representan un espíritu mayoritario en una clave fundamental de nuestro proceso político: la unión cívico-militar.


El mes de agosto será crucial para delimitar con mayor claridad el terreno de juego en el que nos movemos y las condiciones en que llegaremos a 2019. Por lo pronto, tenemos al mismo Presidente que elegimos en el momento más duro que nos ha tocado vivir, pero que estamos viviendo.

 

15 agosto 2018

Publicado enInternacional