La NSA hizo perfiles de ciudadanos cruzando sus datos personales

 

La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) ha elaborado durante los últimos años amplios perfiles sociales y personales de ciudadanos estadounidenses mediante el cruce de información privada obtenida a partir de sus bases de datos y de sus programas de vigilancia. Se trata de la última revelación de las cuestionables prácticas de espionaje de la NSA ejercidas sobre sus compatriotas obtenida gracias a las filtraciones del exanalista de la CIA, Edward Snowden, y que este sábado ha publicado The New York Times.


De acuerdo con la documentación obtenida por el diario, desde 2010, la agencia de espionaje desarrolló un complejo sistema de cruce de información a gran escala mediante la conexión de llamadas telefónicas, correos electrónicos, situación geográfica conseguida a través de GPS, cuentas bancarias, perfiles de redes sociales o registros de votantes, que le permitía obtener un análisis y una predicción de la conducta y el comportamiento de los ciudadanos titulares de esos datos. El único requisito para poder interconectar toda esta información privada era que el sujeto estuviera "relacionado directa o indirectamente con una persona o una organización extranjera y que fuera de interés para los servicios de inteligencia", según The Times.


"Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos permiten a los analistas identificar a amigos y otras personas relacionadas con sus titulares, detectar dónde se encuentran en un momento determinado, obtener pistas sobre su afiliación política o religiosa y lograr información de interés a través de sus llamadas a su psiquiatra, los mensajes a un amante o la comunicación con un sospechoso", señala The New York Times.


Aunque este sistema, según el artículo, fue establecido, en principio, para establecer una red de datos amplia que permitiera obtener una extensa información sobre las actividades en EE UU de individuos relacionados con extranjeros sospechosos, en este cruce de datos también se incluyó a ciudadanos estadounidenses, sin importar si estaban involucrados en acciones ilegales o no. De acuerdo con un memorándum de la NSA de 2011, la agencia indicaba a sus analistas que estaban autorizados a rastrear los contactos de estadounidenses "siempre que ofrecieran una justificación relacionada con la inteligencia exterior". "Lo que podía abarcar desde lazos con el terrorismo, la proliferación de armas, el narcotráfico, espionaje o conversaciones con diplomáticos o políticos", explica el diario neoyorquino.


Estas nuevas revelaciones de la laxitud legal con la que la NSA ha estado recopilando información en los últimos años, ahondan en la polémica que las filtraciones de Snowden, que ahora se encuentra en Rusia gracias al asilo temporal concedido por el Gobierno de Vladimir Putin, han encendido sobre el equilibrio entre la seguridad y el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Esta misma semana un grupo bipartito de senadores ha introducido en la cámara Baja una propuesta de ley para otorgar más transparencia al polémico programa de rastreo de llamadas telefónicas que filtró Snowden a principios del pasado mes de junio y que fue el detonante del escándalo sobre las prácticas de la NSA.


El propio presidente estadounidense, Barack Obama, anunció en agosto una serie de medidas para garantizar la limpieza y revisar la legalidad de los sistemas de vigilancia de su Administración a las que se refirió durante su intervención esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, tras ser interpelado –aunque no de manera directa- por su homóloga brasileña, Dilma Rousseff, que condenó enérgicamente el espionaje ejercido por EE UU a otros países, entre ellos el suyo, y que abogó por el desarrollo de mecanismos que permitan un mayor control de Internet para impedir estas prácticas.


Los últimos documentos filtrados por Snowden no establecen cuántos estadounidenses han sido objeto del cruce de datos masivo denunciado por The New York Times, pero sí dejan constancia de la importancia que la NSA otorga a esta técnica, para la que ha desarrollado, según la información, un sofisticado software.

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Crece el consenso internacional sobre la propuesta de Brasil de regular Internet

 

La propuesta sobre la creación de un marco global para la regularización de Internet, presentado en la ONU esta semana por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en nombre de su gobierno, ha sido acogida favorablemente por una serie de países que se unen a la bandera levantada por Brasil. La idea nació tras haberse descubierto que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos había espiado a empresas brasileñas como Petrobras y hasta la correspondencia personal de Rousseff lo que llevó a la mandataria a renunciar a su viaje de Estado a Washington al no haber recibido del presidente Barack Obama las excusas y explicaciones exigidas.

 

Rousseff no descartó que la ausencia de las grandes petroleras mundiales, como las americanas y británicas a la subasta del campo Libra del presal, haya podido estar relacionada con dicho espionaje. "Nosotros no estamos pidiendo a la ONU que controle Internet", dice Rousseff, porque según ella, su gobierno "no concuerda con esos tipos de control". Lo que Brasil ha pedido, por boca de la mandataria, es que la ONU "preserve la seguridad de ciudadanos, empresas e instituciones, y no deje que la nueva guerra se dé dentro del ámbito cibernético". Lo que exige Brasil es un "marco civil global del gobierno de internet".

 

El encargado de recoger el consenso mundial a la propuesta brasileña ha sido el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que ya se ha consultado con una serie de países y que, según ha afirmado, existe la convicción de que se está ante un "tema nuevo" que es necesario abordar a nivel mundial. Figueiredo, que se ha encontrado con el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para examinar juntos la propuesta de Brasil, cuenta ya con el apoyo de los otros países del BRIC, como Rusia, China, India y África del Sur, así como de Alemania, Portugal, Turquía y Perú.

 

Los países del IBAS (India, Brasil y África del Sur) han divulgado un documento al respecto. A su vez, Alemania tiene también una iniciativa que Figueiredo califica de "muy interesante" sobre el derecho a la privacidad, en el Consejo de los Derechos Humanos. El ministro brasileño tiene previstos también encuentros con los gobiernos de Japón y Francia para analizar la propuesta. "Aunque con algunas variantes, la idea está siendo acogida con interés por los otros países", asegura el ministro, según el cual todos los países con los que está conversando se "muestran preocupados por las acciones de espionaje a través de Internet".

 

Según Figueiredo, la idea de crear un marco global de vigilancia de internet presentada por la mandataria brasileña Rousseff "está siendo recibida con aplauso". Han sido los representantes de varios países, los que le han confiado que cuando Rousseff abordó el tema en la ONU "reflejó el sentimiento y preocupación de muchos de nosotros". Brasil está convencido que el tema de la reglamentación de internet es un algo nuevo que se abre a las relaciones internacionales y que implicará a la ONU los próximos años. Y Brasil quiere seguir enarbolando esa bandera.

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Domingo, 22 Septiembre 2013 09:01

La gobernanza de Internet y las Naciones Unidas

La gobernanza de Internet y las Naciones Unidas

El pasado día 17 de septiembre la presidenta brasileña anunció su decisión de posponer el viaje a los Estados Unidos que tenía programado para el mes de octubre al no haber recibido explicaciones satisfactorias de Washington sobre el espionaje a sus comunicaciones, las de sus asesores y a la estatal petrolera Petrobras.

 

También informó su disposición de abordar el tema en la recién inaugurada 68va sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la que tiene previsto intervenir el martes próximo, ocasión en la que exigirá que sean adoptadas normas globales que protejan los derechos individuales y prohíban el espionaje a gobernantes, empresas y ciudadanos. [1]

 

Este anuncio ha despertado un gran interés, pues se suma a un creciente reclamo de que la Organización de las Naciones Unidas debe retomar el examen de la tan debatida "gobernanza de Internet".

 

Sobre este tema existen dos campos bien definidos:

 

Por un lado están los que defienden el "estado de cosas" y plantean que los gobiernos –y las organizaciones intergubernamentales- no deben inmiscuirse en la "gobernanza de Internet", ya que aducen que ésta funciona de maravillas bajo las leyes del mercado y conducida por las grandes empresas como Google, Facebook, Yahoo, etc.

 

En el otro campo están los que creen que Internet, como ente global que impacta a todos los países, requiere de algún tipo de reglas de obligatorio cumplimiento para todo aquel involucrado, sea gobierno, empresa, o usuario.

 

Estos dos campos ya tuvieron un fuerte encontronazo durante la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales que la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebró en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a fines del 2012. [2]

 

A pesar de la intensa campaña de prensa desatada para descalificar a los que defendían la posición de que Internet requiere algún tipo de regulación, los resultados de esta conferencia no fueron decisivos para ninguno de los dos bandos. [3]

 

Ya en el presente año 2013 algunas disputas que se suscitaron ante solicitudes para adquirir los derechos exclusivos de algunas palabras para usarlas como nombres de dominio en internet incrementaron los llamados a que Internet fuese regido por el derecho internacional [4].

 

Sin embargo el golpe más fuerte a la idea que en Internet "todo está bien" y por tanto no es necesario el establecimiento de regulaciones lo ha sido las revelaciones sobre los programas de espionaje masivo que lleva a cabo la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos. [5]

 

A raíz de estas revelaciones, diversas voces han expresado la necesidad que el tema de la gobernanza de Internet sea discutido en las Naciones Unidas.

 

Uno de los primeros países en pronunciarse fue China.

 

El vicepresidente chino, Li Yuanchao expresó el 27 de junio pasado, en su discurso de apertura del Foro Mundial de la Paz en Beijing, que se necesita: "expandir la cooperación internacional para la regulación de nuevas fronteras como el ciberespacio". [6]

 

Un día después, Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ofreció más detalles durante una conferencia de prensa cuando expresó:

 

"Consideramos consecuentemente que la seguridad cibernética es un asunto global y los diversos países forman en el ciberespacio una "comunidad que comparten los destinos". El ciberespacio no requiere de la lucha sino reglas y cooperación. La parte china siempre ha sido partidaria de la estructuración de un ciberespacio pacífico, seguro, abierto y cooperativo y de la elaboración de las concernientes reglas internacionales en el marco de las Naciones Unidas presentando proposiciones concretas." [7]

 

Más recientemente, el pasado 9 de septiembre, otro alto funcionario chino, Lu Wei, director de la Oficina Estatal de Información en Internet y subdirector de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, en su intervención en la 5ta Mesa Redonda China-Reino Unido expresó que:

 

"...debemos respetar la soberanía del ciberespacio, descartar la hegemonía y evitar poner los intereses de nuestros países por encima de los de otros países. Debemos unir esfuerzos para construir un orden para el desarrollo de Internet sobre la base del respeto mutuo y la igualdad en el trato (...)"

 

Posteriormente añadió:

 

"Lo que defendemos es que todos los actores de Internet trabajen juntos para construir un orden internacional para la gobernanza de Internet en el marco de la ONU que sea multilateral, democrática y transparente. Eso hará que Internet sea más ordenado y que sirva mejor al desarrollo de todos los países y a los intereses de toda la humanidad." [8]

 

Otro país que se ha pronunciado ha sido la India. El pasado 24 de agosto, Kabil Sibal, Ministro para las Comunicaciones y las Tecnologías de la Información señaló que: "El Gobierno trabaja en estrecha colaboración con los foros internacionales para promover en los debates en curso la creación de mejores normas internacionales de gobernanza de Internet." [9]

 

Finalmente, el pasado 13 de septiembre, durante una reunión de la 24va sesión del Consejo de Derechos Humanos, Pakistán, presentó una declaración conjunta con Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Indonesia, Irán, Rusia, Uganda, Venezuela y Zimbawe, donde ante las violaciones masivas a la privacidad de los internautas señaló:

 

"Un sistema internacional transparente con un marco internacional adecuado de gobernanza de Internet que incluya salvaguardas adecuadas es lo más importante ante tales circunstancias. La Internet es demasiado grande, internacional y cotidiana para dejarla que sea operada por unos pocos que han abusado de ella sin ninguna legislación internacional que controle estos abusos."

 

"Los mecanismos existentes, como el Foro de Gobernanza de Internet establecida en el párrafo 72 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información-Agenda de Túnez no han sido capaces de obtener los resultados deseados. Un replanteamiento estratégico del mecanismo de gobernanza mundial de Internet es inevitable. El desarrollo de un mecanismo internacional en el marco de la cooperación reforzada, dentro de la Agenda de Túnez, puede ser una forma concreta de avanzar." [10]

 

Esperemos entonces que los debates durante el sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General permitan a la Organización de las Naciones Unidas retomar el liderazgo en la discusión internacional en torno a la gobernanza de Internet.

 

*Juan Alfonso Fernández González es Asesor en el Ministerio de Comunicaciones y Profesor Adjunto en la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y participó activamente en el proceso negociador de los documentos finales de ambas fases de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

 

Referencias:

[1] "Dilma suspendió su visita oficial a Washington por el espionaje de EEUU", TELAM, 17 de septiembre de 2013, http://www.telam.com.ar/notas/201309/32977-rousseff-suspendio-su-vistita-a-estados-unidos-por-el-caso-de-espionaje.html

[2] "Internet: la última batalla del neoliberalismo", La pupila insomne, 3 de diciembre de 2012, http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/12/03/internet-la-ultima-batalla-del-neoliberalismo/

[3] "Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales: Ni ganadores ni perdedores", La pupila insomne, 15 de diciembre de 2012, http://lapupilainsomne.wordpress.com/2012/12/15/conferencia-mundial-de-telecomunicaciones-ni-ganadores-ni-perdedores/

[4] "Internet debe ser regida por el derecho internacional", La pupila insomne, 20 de mayo de 2012, http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/05/20/internet-debe-ser-regida-por-el-derecho-internacional-2/

[5] "Internet, espionaje y extraterritorialidad", La pupila insomne, 24 de junio de 2012, http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/06/24/internet-espionaje-y-extraterritorialidad/

[6] "Vicepresidente chino llama a cooperación para regular ciberespacio", Terra, 27 de junio de 2013, http://noticias.terra.com.ar/internacionales/vicepresidente-chino-llama-a-cooperacion-para-regular-ciberespacio,f17909a84728f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

[7] Conferencia de Prensa Habitual Ofrecida 28 de Junio de 2013 por Hua Chunying, Portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, http://www.fmprc.gov.cn/esp/xwfw/lxjzzdh/t1054440.shtml

[8] Lu Wei, "Liberty and Order in Cyberspace", Keynote speech at the Fifth China-UK Internet Roundtable, 9 de septiembre de 2013, Xinhuanet, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/09/c_132705681.htm

[9] Electronic Surveillance Of Indians 'Unacceptable': Sibal, EFY Times News, 24 de agosto de 2013, http://www.efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=114206

[10] Declaración conjunta, 24va sesión del CDH, Ginebra, Suiza, 13 de septiembre de 2013, https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/24thSession/OralStatements/Pakistan on behalf of group of countries_GD_10.pdf

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“La concentración de medios lleva a la concentración del poder político”

Aunque declinó opinar sobre la audiencia en la Corte, el guatemalteco Frank La Rue estuvo en Buenos Aires mientras la discusión sobre la vigencia plena del nuevo régimen audiovisual alcanzaba su punto máximo antes del fallo del tribunal supremo y accedió a exponer su visión sobre el pluralismo en diálogo con Página/12.

 


Ahora trabaja en un informe sobre el derecho a la verdad clásico, relacionado con la verdad de las violaciones a los derechos humanos, y su relación con el derecho a la verdad como parte del acceso a la información pública. “Hay una derivación”, dijo el guatemalteco Frank La Rue, relator de la ONU para Libertad de Expresión en su visita a la Argentina. “Todos debemos protegernos mutuamente y cualquier ciudadano tiene el deber ético de denunciar violaciones a los derechos humanos, pero en el caso de los funcionarios públicos debería ser obligatorio.”

 

–¿Se puede actualizar la defensa práctica de la libertad de expresión y a la vez preservar principios como los de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa de 1789?

 

–Los derechos humanos nunca son un regalo del poder, sino el resultado de una conquista popular. La discusión más antigua de los derechos humanos plantea cuándo empezaron. Porque la Declaración Universal de 1948 nos dio fue un instrumento relativamente universal tras el fin de la Segunda Guerra. El mundo quiso reaccionar ante los horrores y las atrocidades y decir: “Ahora estamos en paz”. Numerosos países en América latina, Asia y Africa fueron entrando mucho tiempo después en esa lógica. Y hasta la fecha hay discusiones que están resueltas teóricamente pero que no se han resuelto para algunos Estados en particular, como el relativismo cultural o la libertad de expresión. En Tailandia, por ejemplo, es delito de lesa majestad hablar mal del rey y les dan cinco años por cada expresión. Y para mí fue bien difícil explicarles que no, que el rey puede ser criticado y que el rey puede meter la pata, como otros reyes de otros países más cercanos nos han demostrado. Entonces, la verdad es que los derechos humanos empiezan con los seres humanos y luego está el fenómeno de codificación y sistematización para convertir a los derechos humanos en normas de convivencia. Los derechos inherentes a la persona humana empiezan con la persona humana. Arrancaron cuando el primer homo sapiens se paró en dos pies y caminó erguido y empezó a pensar.

 

–¿Y cuándo empezó la libertad de expresión?

 

–Es interesante porque, al leer libros sobre democracia, encontré que hay expresiones de democracia incluso en países a los que no-sotros veíamos como “salvajes”. Por ejemplo, los países escandinavos en la época de los vikingos tenían parlamentos. Con el fuego en el medio, se juntaba la comunidad y hablaba todo el mundo. Y las decisiones eran colectivas. Otra cosa es que después fueran salvajes al hacer la guerra con otros. Hablo para adentro. Es decir que siempre, desde que los colectivos humanos empezaron a vivir como tales, tuvo que haber habido un nivel de entendimiento en la toma de decisiones. Y claro que siempre hubo autoridad y que la autoridad a menudo se impuso por la fuerza sobre los súbditos. Pero la existencia de algún nivel de discusión con algún sector es lo que hacía que las tiranías subieran y bajaran. Siempre hubo héroes de la revolución, rebeldes. Hubo pueblos en los que las mujeres tenían voz. Los celtas que vivían en Inglaterra se rebelaron contra el Imperio Romano dirigidos por una mujer. Y, a pesar de que esa mujer imponía su autoridad como reina, tenía un sistema improvisado de consulta popular con su gente. Cuando uno estudia Derecho empieza con el Código de Hammurabi, porque es la primera versión escrita que se tiene de normatividad, de normas de conducta. Pero probablemente hubo desde mucho antes normas de carácter oral que formaban parte de las tradiciones. Se trataba de una normatividad de convivencia. En muchos casos la gente las equipara con el Derecho Penal porque había “castigos” para el que se salía de las normas. Pero en el fondo, a la vez, muchas normas fueron protegiendo derechos humanos cuando buscaban establecer un nivel de convivencia que obligase al respeto mutuo en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales.

 

–O sea que usted, históricamente, no arroja nada bueno a la basura.

 

–No, al contrario. Como yo creo en la humanidad, también creo que desde el principio los derechos humanos se basan en la protección de la vida y de todas las expresiones de la vida y de la dignidad del ser humano.

 

–Definir vida en términos absolutos parece más fácil. Es la no-muerte. ¿Y dignidad?

 

–Sí, por un lado está la definición por antítesis, pero al mismo tiempo hay que considerar que muchos elementos enriquecen la vitalidad. No es esencial que comas todos los días, pero ciertamente comer todos los días es fundamental. O tomar agua pura. O disponer de agua potable. Por eso es que la cuestión de la vida se va extendiendo. Para comer hay que tener trabajo. Tener trabajo implica otros derechos. Proteger la vida implica proteger la salud, tener agua potable, tener techo. Ahí están la vida y sus extensiones permanentes. La dignidad tuvo siempre más que ver con el hecho de que empezáramos a diferenciarnos como seres humanos. En la humanidad siempre se da una mezcla de lo religioso con lo humano y me da a mí la impresión de que las sociedades más primitivas fueron mucho más religiosas, obviamente, de lo que es la humanidad de hoy. Pero cuando ya hubo un colectivo humano y grupos pensantes, lo que los diferenciaba de manadas de animales era precisamente ese nivel de pensamiento, de entendimiento y de coexistencia. Eso implicaba que había un aprecio distinto del uno por el otro, lo cual suponía entender que el otro tenía la misma dignidad. De alguna forma, la vida física de él valía tanto como la de uno, por lo menos en el núcleo familiar inicial. Por supuesto, no olvidemos que eso es lo que también marcaba las diferencias y permitía a los vencedores esclavizar a los vencidos. Porque esa dignidad probablemente para ellos iba amarrada al ejercicio del poder. Y del poder de control de territorio y del poder militar.

 

–Ya en la Relatoría, ¿cuál fue la peor experiencia en términos de violación de la libertad de expresión?

 

–Cuando yo entré la libertad de expresión era de las cosas más complejas. Comencé pensando en que habría consenso de todos. ¿Quién iba a estar en contra de las libertades fundamentales?

 

–Pensaba que no tendría trabajo.

 

–(Sonríe.) No. Que sería más fácil de lo que fue. Pero resultó muy complejo y yo complejicé más porque, por ejemplo, los sectores más conservadores insisten en que la libertades fundamentales son sólo individuales. Siempre he rechazado esta visión. La libertad de expresión es un derecho individual, sí: el derecho de buscar información, de crear pensamiento propio y de expresarlo. Pero es también un derecho colectivo y un derecho social. Colectivo, porque uno se puede asociar para recibir información e investigar, o nos podemos asociar para expresarnos y hacer un pronunciamiento colectivo. Social, porque corresponde proteger el derecho de la sociedad de estar informada. Y ahí yo introducía siempre el tema de la ciudadanía, que tiene que participar. La verdadera democracia es la que tiene varios elementos, desde el marco legal hasta la institucionalidad fuerte, la credibilidad, la transparencia... Pero el factor más importante en la existencia de una democracia no es tener un sistema electoral, aunque por supuesto eso sea necesario. El elemento más importante es garantizar la participación ciudadana. Que el ciudadano o la ciudadana puedan decidir si quieren ser candidatos o no, si quieren participar en un partido político o no, si quieren criticar a sus dirigentes o a sus líderes, si quieren expresarse por una política pública, si les satisface o no les satisface, si quieren presentar sus demandas. Ahora, la participación ciudadana está vinculada con estar informado. Por eso incluía también el tema de que ese acceso a la información, que es un derecho social, también está vinculado con la libertad de prensa, con todos los mecanismos sociales de comunicación que son los que trasladan información a la sociedad. De hecho, es el debate que tienen ustedes en la Argentina a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 

–¿Y cómo ve el relator nuestro debate?

 

–La Unesco estableció que la información y los medios de comunicación tienen que operar con pluralidad y diversidad para que un pueblo pueda dar por satisfecho su derecho a estar informado. Tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de ideas. Ese fue el avance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de ustedes. Dice que puede haber medios comerciales, como en cualquier parte del mundo, pero también tiene que haber medios no lucrativos, que pueden ser comunitarios o públicos, al servicio de la población. Y étnicos, porque todo grupo étnico tiene derecho a mantener su idioma, su lenguaje y su cultura, siguiendo los principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios. Además del ejercicio individual y del ejercicio colectivo de los derechos relacionados con la libertad de expresión, hay una tercera forma: ejercerlos como pueblos. Un pueblo tiene derecho a tener una identidad, a expresarla, a defenderla y a reproducirla.

 

–Usted elogió la LdSCA desde un principio. ¿Sigue haciéndolo cuatro años después de su promulgación?

 

–Sigo pensando lo mismo. No he querido pronunciarme sobre si se llevaron adelante las políticas derivadas de la LdSCA porque no sé. Pero la LdSCA fue un tremendo avance para América latina porque establece que, efectivamente, todos los sectores de una sociedad, como sectores, deben tener acceso a la propiedad de medios propios de comunicación social. Unos serán medios escritos, y eso no está en la LdSCA. Los medios audiovisuales sí están porque el manejo de las frecuencias electromagnéticas es propio del Estado: son recursos públicos. El Estado debe ser garante de que, en búsqueda del bien común, todos los recursos del Estado se utilizarán primero para el bien común y luego para uso de todo el mundo. Ahí es donde yo creo que hay que democratizar. La falla de todos los medios de comunicación social en todo el mundo, incluyendo América latina, es que progresivamente permitimos que fuera prevaleciendo la visión comercial. Aquel viejo truco de qué funciona mejor, si el Estado o el mercado, incluyendo las supuestas afirmaciones absolutas sobre que el Estado es inútil y no funciona y el mercado sí funciona; aquel truco, digo, es ficticio. El mercado sólo funciona con la lógica de rentabilidad y ganancia, que no es necesariamente la lógica del interés del común de la población. Los medios comerciales siempre jugaron un papel importante. Lo han hecho históricamente los primeros periódicos. Pero sí insisto en que no son sólo esos medios los que deben existir. Esos medios comerciales que fueron iniciados por personas con una verdadera vocación de informadores, de periodistas, se convirtieron en medios comprados por corporaciones financieras porque en el fondo se volvieron grandes inversiones. Entonces se fue perdiendo la vocación de ser periodista y se exacerbó la visión comercial. La noticia quedó deteriorada y se fortalecieron los Rupert Murdoch, los Berlusconi, que buscan vender pero no buscan informar.

 

–¿Acaso el mayor negocio de Berlusconi es vender?

 

–Lo que quiere Berlusconi es la concentración. Si no se evitan fenómenos de concentración de medios como el de Berlusconi, esa concentración de medios te lleva inevitablemente a la concentración del poder político. Por ejemplo, en mi país, en Guatemala, la televisión abierta es un monopolio unipersonal de Angel González. El no tiene ambiciones políticas, pero determina presidencias y candidaturas, porque eso lo perpetúa en el ejercicio de su provecho y sus intereses económicos. Asigna el tiempo de televisión a los partidos políticos y a los candidatos que él desea. Y lo hace normalmente con varios de los que cree que son futuros ganadores. Entonces, en el Congreso de la República, es imposible pasar una ley que rompa ese monopolio. La concentración del poder de medios lleva a la concentración del poder político, ya sea en ejercicio directo o no. En el caso de Berlusconi derivó en ejercicio directo del poder. Pero en otros casos es el ejercicio indirecto del poder político. Siempre existe el interés de jugar de titiritero: “Yo quiero ser el que controle la vida política de un país”. Y efectivamente las grandes concentraciones permiten eso.

 

–Un contraargumento diría que, como el Estado es muy poderoso, puede hacer falta un poder equilibrante para garantizar la diversidad.

 

–Pero los monopolios de comunicación son malos, sean privados o públicos. Lo digo porque también está mal cuando el Estado lo quiere hacer todo o quiere hacer proselitismo en lugar de servicio público. Que haya de todo: empresas comerciales sin posibilidad de acumular ilimitadamente, el Estado, los medios comunitarios... Hay que discutir cómo se asigna la pauta publicitaria oficial. Fijar criterios es muy complejo aquí y en todo el mundo. El principio es fácil y la fórmula práctica concreta es difícil. Lo que sí es fácil es identificar cuando se da la inversa. En Guatemala un presidente llevó a la quiebra a una revista conservadora pero de calidad crítica, Crónica, quitándole todo anuncio oficial.

 

–¿Cuáles son las peores violaciones a la libertad de expresión que vio durante su gestión?

 

–En general, en Corea del Norte es muy difícil contar con un medio comunitario o expresar una opinión crítica. China va abriéndose al mercado liberal y más capitalista pero no fue abriendo el disenso en la misma forma. Un bloguero puede ir preso. Y los países con conflicto armado hacen que la libertad de expresión sea jugarse el físico. Birmania antes, Siria ahora. Lo mismo en países de naturaleza autoritaria como Yemen. Mantener la libertad de expresión implica articular con políticas de prevención.

 

–Su síntesis sería “más prevención que Código Penal”.

 

–Ah, por supuesto.... Y más campañas. Hice un informe sobre el discurso del odio, basado en el caso del joven noruego que asesinó a 93 personas, entre ellos muchos niños, porque se oponía a las políticas migratorias. Un Estado tiene que estar alerta ante el racismo y la xenofobia.

 

–Usted siempre dice “Estado” y no “gobierno”. El Estado, por ejemplo en un país como la Argentina, tiene tres poderes.

 

–Lo hago a propósito. Me interesa que muchas de estas decisiones no sean del gobierno, sino de la Justicia. Incluso ante fenómenos como el discurso del odio. Le temo a que quienes ejercen el poder político puedan utilizar mecanismos de origen legítimo para otros fines como censurar a la crítica o perpetuarse en el poder. Cuando uno es relator quiere hablar de la promoción y la protección. Pero está la realidad concreta. Ante eso mi posición fue que la libertad de expresión no es la culpable de los males o los discursos peligrosos. Hay que preparar al público para asumir un diálogo sano y limitar las prohibiciones a los mensajes que sí pueden hacer daño: que haya malicia, que haya riesgo de un daño inmediato, que el daño sea de tanta intensidad que ponga en peligro la propia libertad de expresión y que sea inminente y probable dentro de un contexto. Obviamente, un peligro siempre es la incitación al tráfico de niños o la violación de los derechos de la niñez.

 

–El relator baja a la realidad.

 

–Inevitablemente. Me pasó con el último informe sobre el Estado, la privacidad y la seguridad nacional. Salió antes del pedido de refugio de Edward Snowden en Rusia. Pero bueno, la función del relator es trasladar los principios de derechos humanos y aplicarlos a momentos históricos y realidades concretas. Defendí el derecho de WikiLeaks de difundir información. ¿Cómo puede ser condenable la publicación de filtraciones si eso es lo que hicieron Bob Woodward y Carl Bernstein en el Wa-shington Post durante el Watergate gracias a Garganta Profunda?

 

–Eso es WikiLeaks. ¿Y el caso Snowden?

 

–Snowden reveló además que hay una política de monitoreo permanente y constante que violenta el derecho a la privacidad de extranjeros y de ciudadanos norteamericanos de forma sistemática. La denuncia sobre esa presunta violación de los derechos humanos es legítima y obligaría al Estado a hacer una investigación para determinar quién dio la orden de violentar un derecho.

 

–La condena a 35 años al soldado Bradley Manning, fuente aparente de WikiLeaks, ¿violó algún derecho?

 

–La sentencia emitida según el Derecho Procesal Penal Militar violó el principio de proporcionalidad. Sentencias en Europa por delitos similares fallaron penas de hasta siete años. La exorbitancia de la pena apuntó a intimidar. Eso tiene que ver con la libertad de expresión, porque la intimidación es para impedir el ejercicio de un derecho por parte de otras personas.

 

–¿Cómo sintetizaría una descripción sobre América latina en materia de libertad de expresión?

 

–Partamos la región en Cono Sur, zona andina, Centroamérica y México y Caribe. Los casos más graves son México y Honduras, no sólo en términos de muertes en general, sino medido en riesgo físico para periodistas. En México, además, o hay monopolio o hay duopolio y la discusión sería si entra a funcionar una tercera cadena de televisión abierta. Mi país, Guatemala, también vive una situación seria en este sentido y en el sentido de reconocimiento de los derechos de grupos étnicos. A tal punto que en Guatemala no existe la categoría de radios comunitarias o étnicas en un país donde más de la mitad de la población proviene de los pueblos originarios.

 

–En México hubo 70 mil asesinatos en el mandato del presidente Felipe Calderón. Y para Guatemala, si uno hace un cálculo proporcional a la población, puede establecer que fue asesinado el equivalente de un millón y medio de argentinos.

 

–Fueron 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas estableció que Guatemala es el único país de América latina que sufrió un genocidio en el siglo XX. El general Efraín Ríos Montt fue procesado por genocidio, aunque después la Corte anuló de manera corrupta la parte final del proceso y hay que repetirlo.

 

–¿Cuál sería el problema en la zona andina?

 

–Me preocupa mucho la ley de Ecuador, y lo discutí con el propio presidente Rafael Correa. Crea una superintendencia que se convierte en órgano de censura.

 

–No decide la Justicia, sino el Ejecutivo.

 

–Claro. En cambio, en el Cono Sur yo felicité la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina y sigo felicitándola. En Uruguay la legislación en debate va muy bien. Ambos casos son mejorables en cuanto a órganos reguladores o a alguna instancia más, pero las dos leyes sientan buenos precedentes en materia de democratización de los medios.


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Viernes, 30 Agosto 2013 06:48

Ciudadanía, la inteligencia colectiva

Ciudadanía, la inteligencia colectiva

Con la claridad meridiana que caracteriza su pensamiento y su discurso, el profesor Jesús Martín Barbero impartió una cátedra magistral en la inauguración del tercer semestre de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás (USTA), en Bogotá.

 


Bajo el título “Una agenda de comunicación para este país” hizo un repaso por algunas de las disciplinas que maneja, que son muchas, para plantear diversos interrogantes y aportar algunas luces que iluminen el camino que han de tomar las universidades para trabajar en el campo de la comunicación y meter el país en sus claustros.

 


Tras las intervenciones del decano de la División de Ciencias Sociales de la USTA, fray Ferdinando Rodríguez, y del director de la maestría, profesor Alexander Torres, Jesús Martín Barbero tomó la palabra para iniciar advirtiendo que iba a ser muy crítico en su discurso. Y lo fue.
Comenzó diciendo que en el país con la desigualdad social más grande del mundo, era un acierto que una maestría juntara comunicación y cambio social. Y planteó una reflexión: “en Colombia, ¿hay más país en las universidades que en la televisión?”. Para él, tal vez tengan más país las televisiones porque son las que marcan la agenda de la mayoría de las y los ciudadanos colombianos que se guían por lo que les dice “la caja tonta”. Y las universidades se confunden pensando que están abiertas al cambio sin transformarse en términos de su horizonte vital. Siendo éste la cantidad de país que tienen dentro y que, hoy por hoy, es muy poco.

 


Criticó que las líneas de investigación de las instituciones de educación superior se plantean desde un ejercicio de narcisismo de los docentes investigadores. Investigan lo que les gusta pero no lo que es útil y necesario para el país. Hay mucha distancia, mucha lejanía, entre las universidades y la realidad social de Colombia. La academia no ayuda a crear país, no contribuye a mejorarlo y así, ni las universidades ni el país tienen futuro.

 


Se preguntó “¿cómo meter el país campesino en las universidades urbanas?”. Su respuesta es haciendo agenda de país. Haciendo un mapa de necesidades por cada saber académico, investigando lo que es pertinente, saliendo de la rutina intelectual aunque nos cueste. Porque Colombia es un país diverso que necesita manifestar su riqueza y su diversidad también en la Universidad.

 


Tras reconocer que conoció este país a través de los relatos que acompañaban las crónicas de las vueltas en bici, se preguntó: “¿qué proletariado tiene Colombia, qué políticos y qué empresarios?”. A lo que me atrevería a añadir, ¿qué docentes tiene la universidad colombiana?

 


Martín Barbero ha abierto agujeros para oxigenar el campo de la comunicación y así enchufarlo a la realidad a través de “esas densas pero secretas conexiones (ahora gracias a él no tan ocultas) de los procesos de comunicación con las dinámicas culturales y los movimientos sociales”, sus famosas mediaciones.

 


Ha entendido la comunicación como un “espacio estratégico” de las transformaciones sociales, haciendo con su labor docente e investigadora, desde que aceptó hacerse cargo de la investigación de una recién estrenada Facultad de Comunicación Social en Colombia hace casi cuarenta años, que se haya convertido en un área de producción de conocimiento.

 


Planteó que la relación entre la agenda de país y los docentes investigadores estaba en el concepto de interfaz, en esa “superficie de contacto” que señala la relación del hombre con la computadora, no con la máquina sino con esa “aleación de cerebro e información”. Ha sido inicialmente hardware, para pasar luego a software y convertirse finalmente en metáfora.

 


Para él, el interfaz es “el modo de ejercitar la agenda para meter el país en las universidades” a través de las inteligencias colectivas. Pidió desplazar el peso de valor de los medios de difusión a las redes y a la interfaz.

 


Después de recordar la importancia y el valor de la obra de Milton Santos leyendo un párrafo de su obra póstuma, volvió a poner en valor la ciudadanía al traer a colación lo que decía Machado por boca de Juan de Mairena, uno de sus heterónimos, “todo lo que sabemos lo sabemos entre todos”, y al hacer suya la afirmación de Martí: “o inventamos o nos inventan”.

 


El abarrotado Auditorio Mayor del edificio doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás, con la presencia de más de cuatrocientas personas entre docentes y alumnos, despidió al maestro con una cerrada ovación.

 


jueves, 29 de agosto de 2013

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 Acusan a Cameron de criminalizar el periodismo

El diario británico The Guardian afirmó ayer que el gobierno de David Cameron criminaliza al periodismo. La acusación es por las amenazas que recibió el periódico para entregar o destruir la información filtrada por el ex técnico de la CIA Edward Snowden. En un extenso editorial, el matutino sostuvo que recibió amenazas explícitas por parte del gobierno para, a través de la vía legal, frenar o prevenir la publicación de material. El artículo hace hincapié sobre los poderes y la responsabilidad de los Estados en vigilar a los ciudadanos. “No es el rol de los políticos determinar los límites de la discusión”, expresó The Guardian.

 

“El debate tampoco se circunscribe a tratar de criminalizar el periodismo”, añadió el periódico. The Guardian, que junto a The Washington Post sacaron a la luz los documentos de Snowden, denunció esta semana las presiones del Reino Unido para evitar la publicación de artículos sobre su sistema masivo de espionaje y el de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense. “¿Los gobiernos involucrados nunca se detienen a pensar en el concepto de consentimiento? ¿Algún ingeniero, jefe de Inteligencia, ministro, diputado o presidente nunca se preguntan si un cambio tan dramático en el contrato entre el Estado y el ciudadano requiere algún tipo de debate?”, se preguntó el periódico.

 

El editorial cuestionó fuertemente a los gobiernos que espían a sus ciudadanos: “La naturaleza del espionaje ha cambiado: esto lo hemos aprendido del Sr. Snowden. Lo que antes era muy específico se ha convertido prácticamente en algo universal. La ambición evidente es poner a toda la población bajo alguna forma de vigilancia. Los maestros de Inteligencia anónimos pueden decir que siguen buscando las agujas, pero primero quieren todo el pajar”.

 

El editor en jefe, Alan Rusbridger, contó que fue contactado por funcionarios que amenazaron con censura previa yendo a la Justicia para prevenir la publicación de material. Finalmente, para alivianar la presión, indicó que accedió a eliminar la información que tenían en las oficinas en Londres, teniendo en cuenta que existen copias en Nueva York y Río de Janeiro. “Y así, en uno de los momentos más extraños de la larga historia de The Guardian, dos expertos en seguridad de (la agencia de Inteligencia) GCHQ supervisaron la destrucción de discos duros en el sótano del diario”, comentó Rusbridger.

 

El diario consideró la publicación filtrada por Snowden como un ejercicio de la libertad de prensa: “¿Qué papel tiene la libertad de prensa en atender e informar sobre este debate? A finales de mayo, el Sr. Snowden dio a este diario un volumen de documentos como uno de los 850.000 empleados de inteligencia, listo para leer y analizar el material secreto. Es difícil imaginar que un editor en el mundo libre, que habría destruido este material sin leer, o se lo devolvió, sin analizar, a las agencias de espionaje o el gobierno. The Guardian hizo lo que esperamos que cualquier organización de noticias haría: paciente y responsablemente analizó e informó sobre algunos de los materiales que hemos leído con el fin de informar el debate público necesario”.

 

“El gobierno tiene claramente una responsabilidad de intentar asegurarse de que la información se recupere o se destruya si se retiene de forma insegura y pudiera ser dañina para la seguridad nacional”, justificó el ministro de Asuntos Exteriores, William Hague. El apriete fue ejecutado por el ministro de Gabinete, Jeremy Heymood, bajo órdenes del propio primer ministro David Cameron.

 

“Si el gobierno cree que hay información que puede ser peligrosa para la seguridad nacional y puede ser útil para terroristas, tenemos que actuar”, señaló en sintonía la ministra del Interior, Theresa May. Por el contrario, Charles Falconer, funcionario del gabinete del ex primer ministro Tony Blair, manifestó que el Estado puede desear que los periodistas no publiquen material sensible, pero depende de ellos y no del Estado decidir dónde poner el límite. Estados Unidos y Alemania expresaron su oposición a la maniobra de Londres, y Rusia indicó que es una violación a los derechos humanos y la libertad de prensa.

 

“El secreto y la apertura deben chocar. Los gobiernos y los espías ponen el mayor énfasis en la seguridad: es inevitable. Las personas que aprecian la libertad de expresión, una prensa sin restricciones, la capacidad de disentir, o los derechos de un individuo a la intimidad o la protección contra el Estado tendrán iguales o mayores preocupaciones”, publicó The Guardian. “Es evidente que prácticamente cualquier persona con una vida digital –cualquier usuario de Google o Verizon o BT o Facebook o Skype– tiene derecho a conocer bastante cuánta privacidad pueden esperar. Este es el próximo debate”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el tema del espionaje sea discutido por todos los ciudadanos.

 

“¿Quién llevará a cabo el debate, y cómo será informado? Hasta la fecha, ha habido una fuerte discusión sobre estas cuestiones en las legislaturas y los medios estadounidenses y europeos. En el Reino Unido, el número de diputados o compañeros que han dicho nada en absoluto es pequeño. El control parlamentario es un asunto igualmente sombrío”, reconoció el matutino.

 

Los reclamos se sumaron al cuestionamiento por la retención durante nueve horas del brasileño David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, el periodista que sacó a la luz las revelaciones de Snowden. Las autoridades lo detuvieron en el aeropuerto londinense de Heathrow, amparados en una ley antiterrorista, y le confiscaron varios dispositivos electrónicos personales.

 

El jueves pasado, a través de una acción en la Justicia, Miranda logró una victoria parcial con un dictamen por el que temporalmente, hasta que no haya sentencia firme, el gobierno británico no podrá revisar el material incautado ni compartirlo con agencias de seguridad extranjeras. Sin embargo, ese triunfo fue agridulce ya que en la misma audiencia la policía británica anunció que lanzó una investigación criminal contra Miranda. Scotland Yard comentó que en el interrogatorio se incautó material altamente sensible, cuya divulgación sería perjudicial para la seguridad pública.

 

Si bien todavía no precisaron los cargos en su contra, las autoridades lo podrían investigar por instigar o preparar actos de terrorismo, mismo delito por lo que este año procesaron a varios miembros de la organización fundamentalista islámica Al Qaida.

 

Una de las consecuencias de estas presiones sobre The Guardian es que el diario decidió que todos los artículos vinculados con los documentos de Snowden se escriban en Estados Unidos, con la colaboración del diario The New York Times, o en Brasil, donde reside Greenwald. “La primera enmienda de la Constitución estadounidense garantiza protecciones a la prensa que los editores británicos solamente pueden soñar”, explicó el matutino.

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El soldado Manning, condenado a 35 años por las filtraciones a Wikileaks

El soldado Bradley Manning ha sido condenado a 35 años de cárcel por la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de EE UU. El uniformado de 25 años se enfrentaba a una pena máxima de 90 años en prisión por los 20 delitos de los que fue encontrado culpable por la juez militar encargada del caso el pasado 30 de julio, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, robo y fraude informático. De acuerdo con el código militar, Manning deberá cumplir un tercio de su pena antes de poder solicitar la libertad condicional.


 
Durante la fase final de alegaciones del pasado lunes, la fiscalía solicitó a la juez, la coronel Denise Lind, que impusiera a Manning una pena de 60 años que sirviera “de ejemplo disuasorio”. “Esta sala debe enviar un claro mensaje a cualquier soldado que esté sopesando robar información clasificada”, señaló la acusación. La defensa del soldado, sin embargo, pidió una condena que “le permita tener un futuro”. El abogado de Manning aspiraba a que se le sentenciara a un máximo de 25 años, el periodo que debe pasar para que los documentos secretos puedan hacerse públicos.


 
El soldado también ha sido expulsado con deshonor del Ejército y será obligado a devolver parte de su salario, de acuerdo con la resolución leída por Lind. De la pena total impuesta a Manning, la juez deducirá los tres años y medio que ha pasado en prisión a la espera de juicio. De acuerdo con el código militar, antes de cualquier apelación, la sentencia de Lind ahora debe ser aprobada por el responsable del Distrito Militar de Washington, el general Jeffery Buchanan, quien incluso podría rebajarla. Si da el visto bueno al fallo, el caso pasará automáticamente al tribunal militar de Apelaciones.

 


Mientras las asociaciones de derechos civiles demandaban una sentencia proporcional, el Gobierno esperaba obtener un fallo ejemplarizante que sirviera de precedente para impedir futuras filtraciones en el Ejército. La decisión de la juez ha decepcionado a las primeras. "Cuando a un soldado que ha compartido información con la prensa se le impone un castigo mayor que a otros que han torturado o asesinado a civiles es que algo funciona extremadamente mal en nuestro sistema de justicia", ha asegurado en un comunicado la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).


 
La semana pasada, el soldado pidió perdón por haber filtrado los documentos y reconoció que con su conducta había “perjudicado a EE UU”. Manning aseguró que le hubiera gustado volver atrás pero que, dado que era imposible, aspiraba a poder “retomar la relación con su familia y graduarse en la universidad”. Este miércoles terminará para el uniformado una pesadilla que comenzó en febrero de 2010 cuando envió a Wikileaks los primeros documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán.


 
Desde ese momento, el soldado continuó filtrando nuevo material, cables diplomáticos, declaraciones de presos de Guantánamo, vídeos sobre la guerra, entre ellos las famosas imágenes del helicóptero Apache disparando sobre un grupo de iraquíes -entre ellos niños- y dos periodistas en Bagdag. De acuerdo con sus abogados, la frágil personalidad de Manning no soportó la impresión de los acontecimientos a los que asistió en Irak, lo que, unido a su idealismo le llevó a dar a conocer los documentos y la realidad de lo que sucedía en las guerras que estaba llevando a cabo EE UU. El propio Manning en la vista previa del juicio en febrero reconoció que su intención había sido la de generar un debate. “Yo creía que iba a ayudar a la gente, no a perjudicarla”, insistió el soldado la semana pasada.


 
La versión que ha ofrecido la fiscalía durante las ocho semanas que ha durado el juicio ha sido muy distinta. Lejos de la bonhomía que defendía la defensa, el Pentágono ha presentado a Manning como un narcisista y un traidor que en todo momento era consciente de lo que estaba haciendo y que sabía que con las filtraciones ayudaría a los enemigos de EE UU. Pese a su empeño, el fiscal no ha conseguido que al soldado se le reconociera culpable del delito de ayuda al enemigo, el más grave de los 22 cargos que pesaban sobre él y que acarrea la cadena perpetua.


 
El desarrollo del juicio a Manning ha coincidido con el escándalo provocado por otro filtrador, Edward Snowden, cuyos documentos sobre las prácticas de espionaje del Gobierno y su posterior huída y concesión de asilo por Rusia han puesto en jaque a la Administración Obama. Como Manning, Snowden también ha sido acusado de espionaje, es la séptima persona imputada por filtrar información secreta a los medios de comunicación desde que el actual presidente llegó a la Casa Blanca.


 
El proceso ha cuestionado la función de los filtradores en el mundo de Internet, levantando las dudas sobre si, con la cesión de datos a los medios de comunicación, se ejerce una labor de servicio público en aras de la libertad de expresión e información o se pone en riesgo la seguridad nacional. Un debate que está lejos de apagarse tras el goteo de filtraciones de Snowden.


 
Tras su detención el 27 de mayo de 2010, Manning ha recibido el apoyo internacional de miles de seguidores que lo consideran un héroe, una palabra que muchos de quienes estaban en el tribunal de Fort Meade (Maryland) le han gritado tras conocerse la sentencia. La red de apoyo a Manning , The Bradley Manning Support Network, va a centrar ahora sus esfuerzos en solicitar el indulto del soldado al presidente de EE UU y crear un fondo para que éste pueda ir a la universidad cuando sea definitivamente liberado.

 

Eva Saiz Washington 21 AGO 2013 - 16:23 CET

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Disputas comunicacionales en Nuestra América

ALAI AMLATINA, 21/08/2013.- El objetivo de esta serie de artículos que hoy iniciamos es analizar las modificaciones que han surgido en las reglas de juego mediáticas y comunicacionales en los últimos años en Nuestra América.


 
Sin menospreciar el enorme impacto de las nuevas tecnologías, la irrupción de la disputa por los espacios y los contenidos no se entendería sin las luchas sociales, políticas y económicas que atravesaron nuestro continente en la historia reciente, marcando rupturas o hasta francos antagonismos respecto al hegemónico capitalismo neoliberal.


 
Después de la implosión pacífica de la URSS, el neoliberalismo globalizó el planeta organizando el “nuevo orden mundial” desde una unipolaridad indiscutida, la de EE.UU. Pero el intento de relanzar al capitalismo como supuesto “fin de la historia” ha comenzado a sufrir diversas crisis. Incluso, hace unos años ya que la única superpotencia viene mostrando signos de un paulatino declive, los que sumados a otros factores de peso han abonado tendencias hacia una incipiente multipolaridad. Sobre este nuevo reordenamiento internacional que se está esbozando, encontramos algunos de sus indicadores en el cambio de la política exterior norteamericana en distintos frentes, el creciente peso del BRICS, que la principal ruta comercial mundial se trasladó del Atlántico norte al Pacífico, el freno de China y Rusia a una nueva ofensiva de la OTAN (contra Siria), entre otros.


 
En referencia a nuestro continente, por un lado, este lento reordenamiento “multipolar” es apoyado como estrategia política por varios gobiernos. Asimismo, la creciente China ha desembarcado con fuertes inversiones económicas mientras que EE.UU. ha cambiado su posicionamiento regional. En estos últimos años aumentó significativamente sus capacidades de “disuasión” militar, esto incluye la reactivación en 2008 de la 4ª Flota disuelta en 1950 y el afianzamiento de un sistema de bases militares con fuerte pivote en Colombia. ¿Por qué esto? La superpotencia militar ha perdido peso y terreno en lo económico y político. Entre otras cosas, el noventista Consenso de Washington fue abandonado por gran parte de nuestra región y el ALCA nunca nació. También ha crecido el descrédito de la OEA, y se organizaron nuevas instancias supranacionales como Unasur y la Celac, que incluye a Cuba y deja afuera a EE.UU. y Canadá.


 
Lo más significativo es que desde nuestros pueblos hubo distintas resistencias al “neoliberalismo”, y en varios países han irrumpido fuerzas políticas que fueron desandando los caminos impuestos por el orden hegemónico mundial, generando una nueva dinámica regional que no se da en ninguna otra parte del mundo. Ésta se desplegó con mayores rupturas o continuidades respecto al Consenso de Washington, de acuerdo a las correlaciones de fuerzas al interior de cada país. Asimismo, debemos tener en cuenta que, en el marco de las distintas reestructuraciones de los estados nacionales y el creciente peso de lo regional, en Nuestra América se han ido consolidando tres esquemas de integración con diferentes miradas y proyectos. Dos plantean diferencias de modelo sin discutir la hegemonía capitalista, el tercero incuba una potencialidad contrahegemónica.


 
Por un lado encontramos al Mercosur. Este bloque económico, neoliberal en sus inicios noventistas y marcado por el enorme peso de Brasil, y su relación con Argentina, tiene como intención desarrollar un mercado común con cierta autonomía regional en un mundo que tiende a la multipolaridad. También son miembros plenos Uruguay, Paraguay (suspendido tras el golpe a Lugo, y marcando diferencias desde su nuevo gobierno) y Venezuela; Bolivia espera ingresar próximamente. Desde la nación caribeña se ha planteado la necesidad de superar el perfil comercial del bloque, centrado en grupos empresarios locales. Si bien no se abandonan los perfiles exportadores primarios, sus gobiernos se abocaron a reactivar el mercado interno como forma de apaciguar el profundo conflicto social precedente, producido por la aplicación de las “recetas neoliberales” del establishment financiero mundial (FMI y BM). Sobre la disputa comunicacional en los países del Mercosur, en Argentina la ley de medios sancionada en 2009 está judicializada y sin aplicación plena desde entonces, y en Uruguay en 2013 fue presentado un proyecto que se discute en el Congreso.


 
El bloque económico “neoliberal” del Eje del Pacífico, es el esquema de integración más afín a los intereses norteamericanos. Tras el entierro del ALCA en 2005 y el establecimiento de los TLC, esta nueva ofensiva sub-continental para el “patio trasero” fue lanzada en 2011. Agrupa a Colombia, México, Chile y Perú. Centrada en la exportación de materias primas (megaminería y agronegocios), esta alianza es la referencia de los grandes grupos económicos que conciben al “libre mercado” como el ordenador de una sociedad de ciudadanos consumidores, en donde los flujos de capitales, mercancías y personas circulan sin restricciones estatales. Estas economías exportadoras subordinadas a la lógica financiera del capitalismo del siglo XXI, funcionan macroeconómicamente con mayores niveles de desempleo, y necesitan un alto disciplinamiento/desestructuración de las clases subalternas. En 2013 y con la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, México ha sido el único país del bloque en modificar ese marco legal.


 
El otro esquema trasciende lo meramente comercial, brega por la unidad continental basada en principios solidarios enraizados en los legados emancipatorios de Bolívar y Martí. Se trata de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que también asume tendencias hacia la multipolaridad. Iniciada en 2004 por Cuba y Venezuela, ha incorporado a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras (hasta el golpe de estado de 2009) y tres países caribeños. Si bien es el bloque de menor peso económico, es muy activo políticamente y es el más atacado desde la superpotencia militar y a la vez muy endeudada primera economía mundial. Cuatro de sus países miembro sufrieron intentonas golpistas: Venezuela, 2002; Bolivia, 2007; Honduras, 2009 y Ecuador, 2010. Cabe mencionar que los países del ALBA han mostrado interés en la economía social, buscando desarrollar un nuevo modelo productivo. Respecto a la disputa comunicacional, los tres estados sudamericanos de este bloque han modificado las reglas de juego: la Venezuela bolivariana en 2004, la Bolivia plurinacional en 2011 y Ecuador en 2013. Otro avance inédito y muy significativo, impulsado por éstos países principalmente, fue TeleSUR. Desde 2005, el canal multiestatal viene rompiendo fuertes cercos mediáticos y confrontando batallas de ideas con los medios audiovisuales hegemónicos de los países centrales (CNN, BBC, TVE, etc.). Su señal abierta satelital está disponible en América, Europa y norte de África, transmitiéndose por canal de aire en Venezuela, Ecuador y Cuba. Asimismo, en 2013 Bolivia y Venezuela firmaron un acuerdo para crear una red regional de radios.
 


La disputa comunicacional se extiende por nuestra América. También en Honduras se encuentra en estado legislativo un proyecto de reforma de la ley de telecomunicaciones. Y en varios países como Brasil, Nicaragua, Colombia, Paraguay, Guatemala, distintas organizaciones de las clases subalternas vienen planteando la necesidad de modificar las reglas de juego.


 
Para terminar de exponer este esquema introductorio, es fundamental señalar la fuerte concentración comunicacional impuesta en nuestro continente. En esto influyó mucho que los medios audiovisuales de la región fueron organizados sobre una combinación entre el modelo europeo y el norteamericano, con una mayor influencia de este último a partir de los años ´70. Bajo la creciente concentración económica y mediática, el espacio audiovisual quedó en manos de pocas corporaciones, los contenidos fueron reducidos a mercancías para el entretenimiento masivo, y estos grandes grupos emplearon a sus medios como plataformas con gran capacidad de incidencia política. En sus pantallas, “informan” con campañas de miedo, de criminalización de sectores subalternos, agendas desestabilizadoras contra gobiernos no afines, y hasta legitimaciones de golpes de estado y sanguinarias dictaduras. Los marcos legales favorables a estos procesos de concentración mediática acompañaron los esquemas económicos y políticos implementados en nuestros países, siempre subordinados al orden hegemónico vigente y sus formas, como la Alianza para el Progreso, la Doctrina de Seguridad Nacional o el Consenso de Washington.

 


 Pero a inicios del Siglo XXI, tras las crisis de aquellos esquemas en nuestro continente, también comenzaron a ser discutidos los marcos regulatorios -y confiscatorios- de la comunicación. Y no sólo debido al desarrollo tecnológico, que ha mejorado las posibilidades de disputar el espacio mediático. Sino y fundamentalmente por la activa voluntad política de gobiernos y amplios sectores tan diversos como los partidos políticos, movimientos sociales, pueblos originarios, organizaciones culturales, universidades, sindicatos, medios comunitarios, cooperativos, mutuales y pymes. Las coincidencias fundamentales apuntan a democratizar la comunicación, promover la generación soberana de contenidos y la distribución equitativa de bienes culturales. Buscando sistematizar estos procesos, nos enfocaremos en las dinámicas sociopolíticas que generaron el cuestionamiento del “statu quo” comunicacional en cada país, las principales características de estas disputas por lo mediático, las particularidades de cada nueva ley, a que sectores beneficia y perjudica, y que impacto tienen. Ante esta realidad abierta en nuestra América, para la economía solidaria se trata de sumar fuerzas y ganar mayores posiciones en el mercado como también de discutir críticamente los contenidos y sentidos que impone el orden hegemónico a escala global. Evitar la batalla de ideas contra ese orden y renunciar a los esfuerzos integradores y solidarios es condenarse a perder.
 

Por Julián Lautaro, Usina de Medios Argentina.

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Miércoles, 21 Agosto 2013 06:01

La verdad-despliegue

La verdad-despliegue

Diego Litvinoff recurre a la idea de verdad-despliegue para explicar lo que ha venido sucediendo en los medios de comunicación con el caso Angeles y para señalar de qué manera la lógica mediática avanza sobre la totalidad de las dimensiones de la vida humana.


Una de las singularidades que tuvo el caso Angeles fue la velocidad con la que se desenvolvió. En menos de una semana había producido dos giros: pasó de ser considerado un secuestro a ponerse el foco sobre la familia, pero luego el encargado del edificio confesó y el caso pareció cerrado. Sin embargo, todo sucedió tan rápido, que se adelantó, incluso, al propio procedimiento que rige la confesión. El impulso mediático que la causa había recibido desde el principio, sumado a la posibilidad de seguirla en tiempo real, la mantuvieron en la pantalla, poniendo en evidencia, por su singular configuración, la lógica que rige las prácticas jurídicas.

 

Como lo demostró Foucault, la verdad es un efecto del discurso y las prácticas, y no algo externo a lo que éstos se refieren. De allí que la confesión del acusado no tenga validez, por haberse producido cuando era considerado testigo. Del mismo modo, una prueba concluyente puede llegar a rechazarse, de no haber seguido los procedimientos estipulados. Ello no significa que no existe la verdad o que sea algo relativo. Por el contrario, el discurso y las prácticas jurídicas construyen la verdad de una manera sumamente reglada. Ello sucede porque se parte de la asunción de que, muy probablemente, no se logre saber exactamente lo que aconteció: son frecuentes los casos en los que no se conoce el móvil, la escena del crimen o las personas involucradas. Lo crucial, entonces, consiste en determinar cuáles son los elementos y procedimientos que permiten indicar que una persona es responsable de determinados actos. Se trata, en el dispositivo jurídico, de lo que puede llamarse una verdad-pliegue: ésta se construye atando cabos, juntando elementos sobre un vacío inicial, con el fin de llegar al punto que permita castigar.

 

Un análisis semejante puede hacerse del dispositivo mediático. Aparentemente, constituye un aparato de captura que tiene como referente lo exterior, pero la verdad mediática también es un producto de su discurso y de sus prácticas. Ahora bien, el mecanismo por el cual los medios construyen la verdad se diferencia del utilizado por el dispositivo jurídico. Los medios no parten de la asunción del vacío, sino de que todo se puede mostrar o decir: el principio mediático es la exposición. Se puede llamar entonces a este mecanismo como el que construye una verdad-despliegue. No hay vacío sobre el que se atan los cabos, sino un territorio plano sobre el que discurren las imágenes y los discursos, en donde cada elemento incorporado no tiende a cerrar un significado, sino que abre constantemente nuevas dimensiones. Acceder a la verdad en los medios implica poder mostrarlo todo: las alegrías, las capacidades, las miserias, lo más elevado y lo más bajo, lo fundamental y lo inútil.

 

La diferente construcción de la verdad por parte de ambos dispositivos permite comprender por qué se produce una contradicción entre ellos. La avidez del dispositivo mediático por abrirlo todo no puede sino entorpecer la necesariamente sutil búsqueda de cabos que permitan atar la verdad jurídica. Lo que resulta asombroso, no obstante, es que cada vez con más insistencia ambos dispositivos se entrecruzan. Y no se trata únicamente de la proliferación del discurso jurídico que alimenta los programas televisivos. Es ahora la verdad jurídica la que comienza lentamente a alimentarse de los medios de comunicación. Ya forma parte del protocolo de un buen abogado defensor, no sólo mostrarse él mismo ante los medios, sino producir al acusado para generar una buena impresión. Pero, en el caso Angeles, tal vez por primera vez, el uso del dispositivo de verdad mediático se produjo desde la fiscalía, comprendiendo que el caso, también, debe ganarse en los medios. Al exponer el rostro lastimado del acusado, en lugar de retirarlo encapuchado, y al emitir un comunicado de prensa con los dichos exactos de la autoincriminación, actitudes ambas de poca validez jurídica y que, incluso, ponen en riesgo la formalidad de los procedimientos, la fiscalía logró construir, por medio de la exposición, una verdad mediática.

 

En su último libro, Agamben estudia cómo, ante la proliferación de la regla en el ámbito eclesiástico, que subsumió por completo la vida de los sacerdotes, los movimientos espirituales de los siglos XII y XIII intentaron desarrollar una vida plena que no sea capturada por el derecho. Ante la proliferación de la exposición mediática, que no sólo avanza sobre la lógica jurídica sino que se introduce en la práctica cotidiana de cada uno (abarcando tanto la vida como la muerte), resulta urgente, siguiendo el paradigma agambeniano, plantear esta pregunta: ¿es posible vivir una vida que no se subsuma al principio de la verdad-despliegue que prolifera desde los medios?

 

Por Diego Ezequiel Litvinoff, Sociólogo UBA. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El deshielo permite a China probar la Ruta Ártica como alternativa al Canal de Suez

ANTONIO BROTO (EFE)Pekín13/08/2013 20:27 Actualizado: 14/08/2013 10:27 El barco, de 19.000 toneladas y perteneciente a la naviera COSCO (sexta mayor mundial), espera llegar al puerto holandés en unos 35 días, en lugar de los 48 que requiere la ruta habitual, que enlaza Oriente y Occidente a través del océano Índico y el mar Mediterráneo con paso obligado por el canal de Suez.

 

Los expertos ven cada vez más inminente el momento en el que el calentamiento global permita que la ruta ártica esté totalmente abierta en verano sin ayuda de los rompehielos nucleares rusos, por lo que China, país que tiene seis de los diez puertos con mayor tráfico del mundo, es uno de los más interesados en explorarla. La segunda economía mundial espera ahorrar con ella, en un futuro, costes de combustible, escalas y las tasas de paso del canal de Suez, así como obtener mayor seguridad que la de una ruta que en los últimos años ha visto el resurgir de la piratería (concretamente la somalí, en el golfo de Adén).

 

Las rutas del norte (tanto por el Ártico europeo como por el americano), ya muy habituales en aviación por sus menores distancias, han sido buscadas por marinos de Occidente desde hace siglos, comenzando por Francis Drake en el siglo XVII o James Cook en la siguiente centuria. Exploradores españoles como Dionisio Alcalá Galiano, Francisco de Eliza o Juan Francisco de la Bodega y Quadra buscaron rutas árticas a través del estrecho de Bering a finales del XVIII, aunque el primero en llegar desde Europa hasta Extremo Oriente por aguas polares fue el sueco Adolf Erik Nordenskiold, en 1879.

 

"En la vanguardia de la exploración polar"

 

China es uno de los países que se han mostrado más interesados en los últimos años en el paso del Ártico, por el que Rusia también ha apostado fuerte en los últimos años, ya que Moscú planea la construcción de varios puertos en su larga costa septentrional. El primer ministro chino, Li Keqiang, ya aseguró en 2011 -cuando ocupaba el cargo de viceprimer ministro- que China debe "ir en la vanguardia de la exploración polar y oceánica", y el país presionó para lograr ser este año observador permanente del Consejo Ártico.

 

La organización fue fundada en 1996 para fomentar la cooperación en una zona con creciente potencial económico, no sólo por la nueva ruta marítima, sino por los recursos energéticos sin explorar que hay bajo sus aguas (se calcula que allí se almacena el 25 por ciento de las reservas mundiales de gas y petróleo). Pese a las reticencias en años pasados para que China y otras naciones emergentes entraran como observadoras en el Consejo (formado por EEUU, Canadá, Rusia, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia), el país asiático logró en mayo un estatus que tiene también España, y que no ha logrado todavía la UE como bloque.

 

"Hay una evidente concienciación de políticos e investigadores chinos sobre las consideraciones estratégicas, políticas y económicas del deshielo del Ártico", señalaba la científica del Instituto de Investigación por la Paz de Estocolmo, Linda Jakobson, quien elaboró en 2011 un estudio sobre las consecuencias del efecto invernadero en el Polo Norte.

 

Vía abierta para 2030

 


En los últimos años, China no ha ocultado un acercamiento a los países nórdicos, especialmente Islandia, con la que firmó este año el primer tratado de libre comercio del gigante asiático con un país europeo. O a Dinamarca y Finlandia, países que han recibido frecuentes visitas de los máximos dirigentes chinos, interesados, por ejemplo, en invertir en los ricos e inexplorados recursos mineros de Groenlandia (su eventual independencia podría beneficiar a Pekín, ya que el Gobierno danés limita esa entrada de inversiones).

 

Un tanto en el "olvido" ha quedado Noruega, cuyas relaciones con China siguen todavía enrarecidas por el Premio Nobel concedido en 2010 al disidente encarcelado chino Liu Xiaobo, algo que Pekín consideró responsabilidad del Gobierno de Oslo, pese a que la Fundación Nobel sea no gubernamental. Con el deshielo de la ruta ártica, trayectos habituales como el Shanghái-Hamburgo podrían reducirse en 6.000 kilómetros frente a los habituales, y los costes se abaratarían un 15%, según datos de la compañía gasística rusa Novotek.

 

Pese al actual viaje del carguero Yongsheng, los observadores piensan que la ruta ártica todavía no será una fuerte competencia a la que pasa por Suez (usada cada año por 17.000 buques), aunque los expertos cada año van adelantando la fecha en la que creen que lo será. Hace tres temporadas decían que por 2060, y ahora algunos lo adelantan incluso a 2030.

 

ANTONIO BROTO (EFE)Pekín13/08/2013 20:27 Actualizado: 14/08/2013 10:27

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