Monsanto, condenado en EE UU por no advertir que su herbicia podía ser cancerígeno

La mal reputada Monsanto recibió un golpe duro este viernes tras perder el primer juicio por herbicida de glifosato en Estados Unidos. Un jurado de San Francisco ordenó al gigante agroindustrial pagar casi 290 millones de dólares en daños a Dewayne Johnson por no advertir de que el glifosato que contenía su herbicida era cancerígeno. Johnson desarrolló un linfoma no Hodgkin incurable que, según él, apareció tras utilizar durante los productos de la compañía en los terrenos escolares de la ciudad de Benicia, en California, razón por la que demandó a la multinacional.


El juez encontró que la compañía actuó con "malicia" y que su herbicida Roundup, y su versión profesional RagenrPro, contribuyó "sustancialmente" a la enfermedad terminal de Johnson. La respuesta de la compañía, casi inmediata, fue que apelará el veredicto. "La decisión de hoy no cambia el hecho de que más de 800 estudios y revisiones científicas, y conclusiones de la Agencia de Protección Ambiental de EE UU, los Institutos Nacionales de Salud de los EE UU y las autoridades reguladoras de todo el mundo, respaldan el hecho de que el glifosato no causa cáncer, y no causa el cáncer del Sr. Johnson", sostuvo Scott Partridge, vicepresidente de Monsanto.


Johnson, de 46 años, sufre de un linfoma incurable no hodgkiniano, que atribuye al hecho de haber rociado los terrenos de la escuela para la que trabajaba entre 2012 y 2014 con RoundUp y RangerPro. El caso se basó en las conclusiones del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la OMS, que desde 2015 catalogó al glifosato como "probablemente cancerígeno".


Es la primera vez que Monsanto, adquirido por la alemana Bayer en junio por 66.000 millones de dólares (53.373 millones de euros), se encuentra sobre el banquillo de los acusados por los potenciales efectos cancerígenos de estos productos que contienen glifosato, una controvertida sustancia. Los expertos coinciden que el veredicto puede abrir la puerta a centenares de nuevas demandas. El mayor productor de semillas transgénicas padece de una mala reputación y es una de las compañías más controvertidas en el universo corporativo global. No parece estar cerca de aljarse de esa fama.

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La condena de Lula profundiza la crisis brasileña

 

La crisis brasileña, económica pero también social y política, que se arrastra desde 2013, no puede ser superada con la condena de Lula por la justicia y, por lo tanto, con su impedimento para ser candidato presidencial.

 

Lo que ha sido juzgado, junto a la figura de Lula, son los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2015). En aquel período hubo un crecimiento considerable de la economía y una mejora innegable del nivel de vida de los sectores populares, pero también debe recordarse que terminó con la mayor recesión en la historia del país y graves acusaciones de corrupción que afectan al PT y al propio Lula.

Al haber sido condenado por los tres magistrados de forma unánime, quienes pidieron que se aumentara la pena de prisión de nueve a doce años, se reducen sus posibilidades de ganar una apelación ante el Supremo Tribunal Federal. Lo más seguro es que no sólo no pueda ser candidato sino que deberá purgar buena parte de su condena en prisión.

Esto tiene varias consecuencias de corto y largo plazo. Entre las primeras están las elecciones presidenciales que se celebran en apenas nueve meses, a comienzos de octubre. Entre las segundas, la principal es que deja una sociedad profundamente dividida y crispada, con heridas que no habrán de cerrarse a la brevedad.

Las encuestas para las elecciones muestran a Lula muy por delante de los demás candidatos, con el 35% de apoyos, seguido del derechista Jair Bolsonaro con el 16%, estando los demás candidatos por debajo del 10%. La no participación de Lula provocará una dispersión del voto y una mayor incertidumbre. En un panorama semejante, aún en el caso de que Lula indique sus simpatías por otro candidato, los resultados son muy inciertos.

Lo más probable es que el parlamento que salga de las próximas elecciones siga siendo tan conservador como el actual, dominado por las bancadas del agronegocio y evangélica, que buscan introducir reformas para reducir el déficit fiscal y sobre todo el enorme agujero de la seguridad social. Esto no se puede hacer sin recortar beneficios sociales a los trabajadores, lo que inevitablemente tiende a generar conflicto social.

La izquierda brasileña sufrirá una severa derrota y su representación parlamentaria se verá reducida a los niveles que tuvo antes del gobierno del Partido de los Trabajadores

La segunda cuestión es que el país queda profundamente dividido, por múltiples motivos. Por un lado, por la fractura social. Las clases medias rechazan la presencia de sectores populares (en general negros y mestizos) en las universidades, aeropuertos y en los espacios que han ido ganando desde que se implementaron políticas sociales como el programa Bolsa Familia, que llega a 50 millones de brasileños, un cuarto de la población.

a división social es también geográfica. El norte y nordeste, pobre y negro, apoya mayoritariamente a Lula y al PT. El sur y el sureste, los estados más ricos y blancos, fueron los que se movilizaron desde 2014 para conseguir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016). Esos movimientos muestran a la vez un perfil clasista y racista, que los ha llevado a defender las políticas conservadoras y la represión policial contra quienes viven en favelas, los barrios más pobres del país.

El hecho de que la Bolsa de Sao Paulo haya saludado la condena de Lula con una importante subida, refleja la alegría del gran empresariado ante la derrota de una persona a la que aceptó a regañadientes cuando fue presidente.

Esta división se ve agravada, y tiende a resbalar hacia el resentimiento, cuando se observa que la justicia no funciona igual para todos. Aunque hay miembros de todos los partidos presos por la operación Lava Jato (como se conoce la investigación por corrupción en los contratos de la estatal Petrobras), el PT es sin duda el partido más castigado. Esto es algo que los brasileños no van a olvidar y que coloca un manto de sospecha sobre el sistema político en su conjunto.

El presidente Michel Temer, que sucedió a la impugnada Rousseff, ha sido acusado de hechos mucho más graves pero cuenta con el apoyo del Congreso. Una mayoría de parlamentarios tienen también acusaciones de corrupción, pero salvaron a Temer de ser destituido aun cuando la Justicia pidió autorización para juzgarlo. La credibilidad de las instituciones está tocando fondo, y esto es mucho más grave que la condena a Lula.

En tercer lugar, tanto el actual Gobierno como el que saldrá de unas elecciones sin Lula, tiene amplia sintonía con los Estados Unidos y las grandes empresas vinculadas al Pentágono. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo con las negociaciones entre Boeing y Embraer para la fusión o la compra de la brasileña por la estadounidense.

La presencia de Boeing en Brasil tendrá tres consecuencias dramáticas para la independencia del país. Los programas de desarrollo en el área de Defensa quedarán expuestos y los desarrollos en curso (como el programa de submarinos y la aviación militar) pueden ser suspendidos o modificados a gusto del Pentágono.

Boeing tiene intenciones de utilizar la base de lanzamiento de cohetes de Alcántara, que hasta ahora era el centro de desarrollo de programas fuera del control del Pentágono. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos desea hacerse con esa base, ya que está situada muy cerca del Ecuador, en un lugar geográfico inmejorable para los lanzamientos espaciales.

Por último, el acuerdo con Boeing puede afectar el programa de construcción de cazas que Brasil ha acordado con la sueca Saab, fabricante de los Gripen. Este programa es tan importante como el de los submarinos, ya que en pocos años Brasil tendría la capacidad de fabricar cazas de quinta generación gracias a la transferencia de tecnología acordada con la empresa sueca.

Más allá de que Lula sea o no culpable de hechos de corrupción, es evidente que la deriva actual de la política brasileña lleva al país a una crisis cada vez mayor, sobre todo por la falta de legitimidad de sus instituciones, y a una dependencia creciente de Washington.

 

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Jueves, 25 Enero 2018 06:09

Lula, condenado sin pruebas

Imagen: AFP

 

Los mismos jueces admitieron que no hay evidencias en su contra

Los camaristas que ampliaron a 12 años y un mes la pena impuesta al líder del PT reconocieron no tener elementos materiales que prueben el delito que le imputaron. Se basaron en los dichos de un empresario al que premiaron con la reducción de su condena.

 

Desde Brasil. El Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre condenó por 3 votos a 0 al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con este resultado quedó demostrado el espíritu de cuerpo de ese tribunal al avalar la condena que en primera instancia dictó el juez Sergio Moro. Y no sólo eso. Podría afirmarse que los camaristas fueron más moristas que el propio Moro dado que aumentaron la condena inicial de de 9 años y medio a 12 años y un mes. Lo hicieron pese a reconocer que no hay pruebas materiales que demuestren que el imputado sea dueño del departamento que habría recibido como parte de un soborno de la constructora OAS.

El instructor el caso, Joao Pedro Gerban, planteó que no es necesario contar con una prueba contundente y basó parte de su voto en la confesión Leo Pinheiro, uno de los propietarios de OAS. El empresario fue premiado hoy por su delación con la reducción de su condena inicial con lo cual recuperará la libertad.

Este fallo unánime redujo el margen de maniobra de los abogados de Lula, quienes tendrán menos opciones para presentar apelaciones. Si el resultado hubiera sido de 2 votos contra 1, habría un menú más amplio de cuestionamientos.

Cuánto más se tarde en llegar al Supremo Tribunal Federal, mejor para el condenado y para la presentación formal de su candidatura el 15 de agosto con vistas a las elecciones del 7 de octubre en las que se proyecta como favorito con una intención de votos cercana al 40 por ciento, más del doble de su principal perseguidor, el capitán retirado Jair Bolsonaro.

Hoy a media mañana cuando ya se había iniciado la audiencia en el tribunal de Porto Alegre Lula, instalado en el Sindicato de Metalúrgidos de San Bernardo do Campo, dijo estar “extremandamente tranquilo porque tengo la certeza absoluta de que no cometí ningún delito".

Demostró una vez más su determinación de ir hasta el fin para que se le reconozca el derecho a ser candidato, prerrequisito para restablecer la democracia plena.

Suenan tambores de guerra política en Brasil.

Con este fallo la cámara confirmó que buena parte de la corporación judicial hará lo que este a su alcance para impedir la candidatura del jefe petista.

Hoy dentro del Palacio de Justicia de Porto Alegre el Poder (partido) Judicial no dejó dudas sobre su determinación de actuar al margen de la ley para proscribirlo. Afuera del recinto ayer unas 70 mil personas bramaron "Elección sin Lula es Fraude".

 

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Ríos Montt, culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad

Por haber ordenado, supervisado y permitido la destrucción parcial de un grupo étnico de Guatemala, el pueblo ixil, diezmado hasta en 5.5 por ciento de su población total (mil 771 indígenas) durante los 17 meses que gobernó de facto en 1982 y 1983, el general Efraín Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y violación a los deberes con la humanidad. En total, su sentencia suma 80 años de prisión.

 

Se ordena la inmediata detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión. Cuando la juez Yasmin Barrios, quien presidió la audiencia, terminó de leer la resolución de los magistrados, en la sala del tribunal primero de alto riesgo de Guatemala, se desató el pandemónium. Las primeras fotografías que empezaron a circular por Internet de la escena muestran a un Ríos Montt que se quita los audífonos, por primera vez sin la máscara de la sonrisa que exhibió a lo largo del juicio, el cual empezó el pasado 19 de marzo, con una mirada de desconcierto.

 

El muro de la impunidad en Guatemala, que padeció un conflicto armado de tres décadas con un registro de más de 200 mil muertes y ningún imputado hasta la fecha, había registrado una visible fractura.

 

Y más aún, en sus conclusiones, la magistrada adelantaba que este episodio, con toda su fuerza histórica, es apenas un primer capítulo. Dijo en el momento climático de su intervención: El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos. Al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado. La aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas. Estos hechos no deben volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz.

 

Acto seguido ordenó: El tribunal ordena al Ministerio Público que continúe la investigación en contra de las demás personas que pudieran haber participado en los hechos que se juzgan.

 

Y en ese momento, a casi dos horas de haberse iniciado la sesión final del juicio por genocidio, se soltó el pandemónium en la sala, que había sido abarrotada desde las primeras horas de la mañana. Centenares de indígenas de todas las etnias, activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, prensa, cineastas, políticos, diplomáticos y familiares, tanto de las víctimas en los años de la guerra como de los militares juzgados, prefirieron esperar horas dentro de la sala que perder su lugar y su oportunidad de vivir aquellos minutos.

 

¡Cordura, cordura!, pedía la juez. Una nube de periodistas bloqueaba la vista del acusado, quien acababa de ser sentenciado en un proceso judicial de dimensiones históricas. Ríos Montt es el primer ex jefe de Estado sentenciado por genocidio en Latinoamérica. Quizá en el mundo.

 

En la sala, entre el público que se movía agitado, gritaba de júbilo o, en el caso del sector que ocupaban los familiares y simpatizantes de Ríos Montt, proferían amenazas por lo bajo, se escucharon gritos de advertencia: ¡Se va, se fue!

 

La juez Barrios ordenaba: El señor acusado no puede abandonar la sala, sus abogados no pueden llevarse al imputado, sus escoltas no lo pueden sacar de la sala, porque la sentencia es en firme.

 

Acto seguido, la juez pidió que se llamara de inmediato a la comisaría de la policía más cercana para que se trasladaran de inmediato a la torre de tribunales para detener al general imputado de genocidio. Y ante la insistencia de la defensa de desacatar la orden judicial y sacar del lugar al atarantado militar, la juez tuvo que recurrir a una advertencia: Señores abogados, no obstruyan la acción de la justicia.

 

La escena, que se transmitió completa en los canales livestream de Internet que pusieron a disposición de los navegantes de todo el mundo las organizaciones querellantes, mostraba de manera sorprendente la fragilidad del sistema judicial del país centroamericano. La juez, ya con visos de desesperación ante la debacle que se anticipaba, pedía por el micrófono el auxilio de los integrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, ya que los elementos de seguridad del órgano judicial se habían hecho invisibles. Que hagan una valla para evitar que se vaya, hay que evitar una posible fuga. Nadie se lo puede llevar, que los agentes de seguridad controle las dos entradas, clamaba la juez.

 

Yasmin Barrios, presidenta del tribunal primero A de mayor riesgo, quien presidió la audienciaFoto Xinhua

 

Y a la prensa hiperactiva, que contribuía al caos, le pedía: Háganse para atrás, porque el acusado necesita aire para respirar.

 

Minutos después se recuperaba el control. La Policía Nacional ingresó al recinto y escoltó al general declarado culpable de genocidio hacia las patrullas que le esperaban en la calle. Y a bordo de una, en medio de un convoy con las sirenas abiertas, se lo llevaron. Preso, hacia el cuartel de Matamoros. Antes, Ríos Montt logró lanzar un par de declaraciones. Dijo que apelaría la sentencia y que todo era una farsa internacional.

 

Así, la sala se fue vaciando. Primero fueron desalojados los familiares y simpatizantes de Ríos Montt, del general José Mauricio Rodríguez, ex jefe de inteligencia militar, coacusado y absuelto en esta misma sesión, empujado en su silla de ruedas. Luego salieron los asistentes que acudieron en apoyo del Ministerio Público y a la parte querellante. Pero antes de que los indígenas salieran de la sala, sin gritos, bajando la cabeza, pronunciaron al unísono: "¡Tantixh! (gracias, en ixil). Desde la tribuna, la juez les envió un emocionado abrazo.

 

La sesión había iniciado a las cuatro de la tarde, cuando los ministros Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitimul ingresaron a la atiborrada sala del tribunal.

 

Acto seguido la juez hizo un apretado repaso, que le tomó cerca de dos horas, de los peritajes presentados por los querellantes, sobrevivientes de las masacres en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal en los 17 meses que gobernó Ríos Montt a principios de los 80.

 

Al efectuar el análisis doctrinario del delito de genocidio y confrontarlo con la prueba producida en el debate, con lo dicho por los hombres y las mujeres ixiles de la región, se comprobó hasta la saciedad que eran comunidades civiles dedicadas a la agricultura. Quedó comprobado en forma objetiva que la población del grupo ixil en las aldeas fue objeto de asesinatos, masacres, torturas, degradación, violaciones masivas, desplazamiento forzoso, traslado de niños de un grupo a otro. Los juzgadores estamos totalmente convencidos de la intención de la destrucción física del grupo ixil. Se produjeron delitos constitutivos del genocidio.

 

Para esta conclusión fue fundamental el análisis especializado de los planes operativos generados durante el régimen de Ríos Montt, el Plan Victoria 82, los planes Firmexza 82 y 83 y el Plan Operativo Sofía.

 

Según el perito Rodolfo Robles Espinosa, que analizó los documentos militares, el alto mando, ente éste Ríos Montt, tuvo el dominio del hecho y podían detener los ataques a la población civil de sus subordinados. El Estado avaló la existencia del enemigo interno, existiendo operaciones de combate, planificación y control. Demostró la responsabilidad del jefe de la organización.

 

Por lo tanto, concluyeron los juzgadores, el acusado tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder de evitar su perpetración.

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EE UU es el único país que permite la cadena perpetua para menores
Este miércoles, Christie Cheramie, de 33 años, pidió a la Comisión de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Luisiana que le concediera una nueva oportunidad para reinsertarse. Lleva en prisión desde 1994. Entonces, Christie tenía 16 años. Presionada por su exnovio, se autoinculpó de un crimen, un homicidio no premeditado. Luego renegó de su confesión. Se le aplicó una condena automática de perpetua sin condicional, algo que, aplicado a menores de edad, sólo es legal en Estados Unidos. Y probablemente tendrá que pasar el resto de su joven vida entre rejas, si el Tribunal Supremo no cambia las leyes.

En el mismo día en que Christie pidió clemencia a Luisiana, la organización Amnistía Internacional presentó un informe en el que revela que hay en EE UU 2.500 personas en esa misma situación: condenadas a perpetua cuando eran menores. Eso es algo que prohíbe expresamente la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, de 1989. Pero da lo mismo: hay dos países que no la han ratificado, y uno de ellos es EE UU (el otro es Somalia). En 2010, el Tribunal Supremo norteamericano decidió que la aplicación de esa condena a menores que no hayan cometido crímenes con resultado de muerte es un castigo "cruel e inusual".

Se sigue aplicando, sin embargo, en casos de homicidio. El pasado ocho de noviembre el Supremo anunció que volvería a considerar el asunto, para decidir si en esos casos es también un castigo improcedente. Se espera que llegue a una conclusión antes de verano de 2012. En esas audiencias, la máxima instancia judicial del país deberá decidir sobre casos como el de Christie, detenida en 1994 por el homicidio no premeditado de la tía abuela de su novio en Luisiana.

La pareja acudió a la casa de la anciana con la intención de robarle algo de dinero, según la confesión posterior de Christie. Una vez allí, su novio, Gene Mayeux, de 18 años, apuñaló a su tía abuela, que murió. La pareja huyó y escondió el arma y el dinero robado. Christie acabó confesando ante su madre y su padrastro, que la llevaron a la policía. Ante los agentes, descubrió que su novio la había acusado también a ella. En el juicio resultante, los abogados de Christie la convencieron de que se autoinculpara. Le dijeron que era lo mejor, pues en los años 90, en Luisiana, era legal la pena de muerte para menores (la prohibió el Supremo en 2005).

La consecuencia para la acusada, sin embargo, fue que se le aplicó de forma automática la condena de cadena perpetua. Christie es ahora una interna modelo. Varios de de sus supervisores en prisión han dicho que merece una segunda oportunidad. Con los años se ha sabido que fue violada en repetidas ocasiones por un novio de su madre, que intentó suicidarse dos veces, que estuvo ingresada en una clínica psiquiátrica, que sufre de baja autoestima y que estaba asustada de las represalias del exnovio que la inculpó. Tras un pasado terrible, contempla un futuro en la cárcel.

"En Estados Unidos, una persona menor de 18 años no puede votar, comprar bebidas alcohólicas, billetes de lotería o cigarrillos, ni prestar su consentimiento en la mayoría de los tratamientos médicos, pero sí puede ser condenada a morir en prisión por sus acciones. Esto debe cambiar", explica Natacha Mension, adjunta de investigación en Estados Unidos de Amnistía Internacional. "No pretendemos justificar los delitos cometidos por menores ni restar importancia a sus consecuencias, pero la realidad es que esas condenas ignoran el potencial para rehabilitación y cambio que tienen los menores infractores".

DAVID ALANDETE | Washington 30/11/2011
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Un avión teledirigido estadunidense causó hoy la muerte de más de 40 personas, en uno de los ataques más devastadores en la región tribal de Waziristán del Norte, en el noroeste de Pakistán, lo que llevó al gobierno de Islamabad a pedir a Estados Unidos que se disculpe y suministre explicaciones.
 
"El gobierno de Pakistán condena firmemente el ataque del avión teledirigido que causó un gran número de víctimas", dijo la cancillería, cuyo titular, Salman Bashir, "transmitió esta firme condena" al embajador de Estados Unidos, Cameron Munter, y le exigió disculpas y explicaciones.
 
Ese ataque, el más mortífero de ese tipo en los últimos tres años, tenía como objetivo presuntamente un centro de entrenamiento de los talibanes aliados de Al Qaeda en su bastión del distrito tribal de Waziristán del Norte, señalaron las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia, que hablan de 41 talibanes muertos.
 
No obstante, el gobernador de la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa, Syed Masood Kausar, condenó el ataque en que murieron varios ancianos y policías tribales. "Quiero explicar claramente que el gobierno paquistaní y su pueblo no tolerarán este tipo de ataques, ya que están en contra de la soberanía del país", sostuvo.
 
Explicó que el avión disparó al menos seis misiles aire-tierra contra un edificio donde se celebraba una jirga (asamblea tribal), 40 kilómetros al oeste de Miranshah.
 
En Waziristán del Norte son frecuentes los ataques de aviones no tripulados estadunidenses pese a las protestas de Islamabad por las víctimas mortales que causan entre la población civil.
 
En este contexto, la embajada de Estados Unidos en Islamabad cerrará sus puertas y las del consulado este viernes, por las protestas que se extienden en todo el país tras la absolución y liberación del empleado de la CIA Raymond Davis, acusado de asesinar, en enero, a dos paquistaníes.
 
El agente fue absuelto el miércoles por un tribunal de la ciudad de Lahore, tras lo cual cientos de personas han salido a las calles de esa y otras provincias para protestar contra el gobierno de Islamabad, al que acusan de haber vendido la soberanía del país.
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El ex presidente peruano Alberto Fujimori y otros condenados por violaciones a los derechos humanos podrán salir en libertad gracias a una nueva ley aprobada por el actual gobierno de Alan García, denunciaron hoy organizaciones civiles.
 
El decreto ley 1097, que entró en vigor ayer, señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "surte efectos y rige para Perú a partir del nueve de noviembre de 2003", cuando el país andino se adhirió a ese convenio.
La norma también permite el sobreseimiento de un juicio por violaciones a los derechos humanos si se excede el plazo de 36 meses desde el inicio de la instrucción. "Se le está haciendo un inmenso favor a Fujimori", dijo hoy el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera, al enfatizar que, con esta ley, el ex gobernante "probablemente" estará libre "antes de que termine la campaña electoral [de 2011]".
 

Pago de multas para obtener la libertad 
 

Rivera explicó que si bien Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas cometidas durante su régimen (1990-2000), su defensa ha iniciado una "estrategia legal para cuestionar a nivel constitucional su sentencia en el Tribunal Constitucional (TC)". Fujimori está "en perfectas condiciones para que el TC cuestione la sentencia y eventualmente declare la nulidad del proceso", añadió.
 
El decreto 1097 también permite que los militares o policías acusados de violaciones a los derechos humanos puedan cumplir arrestos domiciliarios en "instalaciones militares o policiales" y el pago de las multas para salir en libertad condicional por parte de las instituciones armadas a las que pertenecen. "Hay nombres, hay casos emblemáticos que van a ser cerrados a partir de estos decretos legislativos", enfatizó la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano en una rueda de prensa junto a Rivera.
 
Cano se refería, entre otros, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a varios integrantes del grupo militar encubierto Colina (autor material de varios crímenes de lesa humanidad) y a ex ministros y altos mandos militares del régimen fujimorista. Los casos emblemáticos que podrían cerrarse son, entre otros, las matanzas de más de 100 presos por terrorismo en 1986 en el penal de El Frontón, la de 25 campesinos en 1988 en la localidad de Cayara, la de 15 personas en 1991 en Barrios Altos y de 42 reclusos en 1992.
 

El decreto busca proteger a García, aseguran las ONG
 

Rivera, quien junto a Cano participó en el juicio a Fujimori, consideró que este decreto también busca proteger al actual presidente García de ser juzgado por la matanza de El Frontón, que se cometió durante su primer gobierno. El abogado recordó que una fiscal determinó que en este caso sólo se había comprendido a los autores materiales, pero también recomendó que se determine y procese a los autores intelectuales.
 
Obviamente se refería a Alan García, a su entonces ministro del Interior Agustín Mantilla y a Luis Giampietri", el actual vicepresidente y el ex jefe de la Armada que comandó las operaciones militares en El Frontón. Rivera advirtió que muchos de los acusados por violaciones a los derechos humanos saldrían en libertad y los ya sentenciados podrían ir a instituciones militares, mientras que tomará mucho tiempo para que eventualmente se declare inconstitucional a esta ley.
 
Las expertos en derechos humanos también cuestionaron otras tres leyes dictadas ayer, referentes al Código de Justicia Militar Policial, la organización y funciones del fuero militar policial y el uso de la fuerza por las fuerzas armadas en territorio nacional. Para las ONG el término "grupo hostil" incluido en la ley sobre el uso de la fuerza, es demasiado amplio que "podría ser instrumentalizado para criminalizar aún más algunas protestas sociales, especialmente, las de los pueblos indígenas". 
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Domingo, 13 Junio 2010 07:35

Agridulce

Las condenas suelen dejar un sabor agridulce porque la Justicia casi siempre es tardía y parcial. El fallo que sacó esta semana el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia no es la excepción. Condena a cadena perpetua por genocidio a dos militares serbio-bosnios y a fuertes penas a cinco más por crímenes de lesa humanidad, todos ellos por su participación en la masacre de Srebrenica de 1995, para muchos el peor acto de violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Si uno lee la sentencia no puede menos que pensar que estos muchachos recibieron su merecido. Tardaron poco más de un mes en masacrar a más de ocho mil hombres adultos por el solo hecho de ser bosnios musulmanes. Se cargaron a más de mil en un solo día en una orgía sangrienta que tuvo lugar en un galpón. Vaciaron dos enclaves enteros, desplazando a decenas de miles de mujeres y niños musulmanes de sus casas, después de aterrorizarlos y hambrearlos con un bloqueo feroz.

El Tribunal de La Haya demostró que la masacre no fue el resultado de ningún exceso, sino de un plan sistemático que arrancó con una directiva escrita, la número siete del entonces presidente serbio-bosnio Radovan Karadzic. Ordenaba crear “una situación intolerable de total inseguridad con ninguna esperanza de supervivencia o vida para los habitantes de Srebrenica y Zepa”.

Tampoco se puede discutir que la sentencia es un avance para el principio de jurisdicción universal del derecho penal internacional. Se trata de la segunda sentencia por genocidio que emite un tribunal internacional, tras las condenas por el genocidio en Ruanda, y la primera de ese tipo contra ciudadanos europeos. En América latina tampoco hay muchos antecedentes. En el 2006 la Corte Suprema brasileña condenó por genocidio a unos mineros que masacraron a aborígenes yaromami. Hay algunos casos dando vueltas en Bolivia, Colombia y Argentina y no mucho más. Si uno se pone a pensar en todo lo que pasó en nuestro continente y en el mundo desde que se firmó la Convención de Genocidio en 1948, suena a poco lo conseguido con ese instrumento legal y ésa es otra razón para festejar la sentencia emitida esta semana por el Tribunal de La Haya.

Pero, claro, hay algunas cosas que la sentencia no dice y otras que dice medio al pasar. Entre estas últimas se destaca un dato de público conocimiento, que aparece repetidamente en la descripción de los hechos pero que brilla por su ausencia en la sección dedicada al reparto de castigos. Para decirlo sin vueltas, durante la masacre y la limpieza étnica, los enclaves de Srebrenica y Zepa se encontraban bajo la protección militar de fuerzas holandesas bajo bandera de la ONU y la OTAN. Y esos soldados no dispararon un solo tiro para evitar la masacre.

Los jueces dicen en la sentencia que los holandeses fueron convenientemente engañados. Y los holandeses argumentan que no tenían mandato para actuar porque su misión se encuadraba en el Capítulo Seis del mandato de la ONU (mantenimiento de la paz) y no el Capítulo Siete (imposición de paz a través del uso de fuerza). Está bien, nadie va a acusar a esos holandeses de genocidio, pero el tribunal juzga crímenes de guerra y cuesta creer que los guardianes de Srebrenica no tengan responsabilidad penal alguna por un genocidio que ocurrió en sus narices, mientras esos mismos guardianes, según el fallo, negociaban el vaciamiento de los enclaves con los masacradores.

Como dice León Gieco, el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. A esta altura de los acontecimientos hay pruebas sobradas de la persecución y el desplazamiento de la minoría serbia en Kosovo tras la ocupación de la OTAN. Hay muchas y muy buenas investigaciones sobre toda clase de crímenes de guerra ocurridos durante esa ocupación. En 1999 la entonces República de Yugoslavia, lo que quedaba de ella, acusa por genocidio en Kosovo al gobierno de Estados Unidos. Washington contestó que las tropas de la OTAN actuaron para prevenir la limpieza étnica de kosovares albaneses y argumentó que la Corte de La Haya no tiene jurisdicción porque Estados Unidos firmó una cláusula complementaria a la Convención de Genocidio aclarando que no puede ser acusado sin su consentimiento. El tribunal le dio la razón y nunca más se metió con un soldado de la OTAN.

El otro tribunal penal internacional de La Haya, con jurisdicción sobre países como Irak, Afganistán o Medio Oriente, tampoco encontró nunca un crimen de guerra de tropas estadounidenses, europeas o israelíes que ameritara su intervención. En el caso de Irak, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo dictaminó que el tribunal no está para juzgar las razones que llevan a iniciar una guerra, sino los crímenes que se cometen en ellas y que, en el caso de Irak, no hay evidencias suficientes como para abrir una investigación.

Hasta ahora el tribunal penal internacional ha limitado sus procesos a Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia. En el caso de la guerra yugoslava, también es frustrante que la primera sentencia por genocidio recaiga sobre militares de tercer nivel, mientras que de los tres principales responsables de la limpieza étnica de los musulmanes, uno está muerto, otro está prófugo y el otro está preso a la espera de un juicio que terminaría recién en el año 2014.

La sentencia por el genocidio de Srebrenica es un acto de justicia que traerá un poco de alivio a los sobrevivientes de la masacre y a los familiares de las víctimas. Como tal merece el aplauso. Pero a la vez representa un ejemplo más de justicia selectiva. Esa parcialidad pone en riesgo la legitimidad de la Convención de Genocidio y de todo el sistema de cortes internacionales. Porque se supone que fueron creadas para combatir los abusos de todos los poderosos y no sólo los de algunos poderosos no demasiado poderosos. Como dice un pasaje del Martín Fierro que Moreno Ocampo solía citar, como ejemplo de lo que no hay que hacer: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley”.

Sensación agridulce: el fallo no estuvo mal, pero faltan muchos más. Y si La Haya no empieza a equilibrar la balanza, un día no muy lejano va a ser demasiado tarde.

Por Santiago O’Donnell

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Un tribunal de Buenos Aires condenó hoy a 25 años de prisión al dictador argentino Reynaldo Bignone por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del último Gobierno de facto (1976-1983), informaron fuentes judiciales.
 
El Tribunal Federal de la localidad de San Martín, a las afueras de la capital argentina, inició en noviembre pasado el juicio contra Bignone y otros seis represores que actuaron en la órbita de la guarnición militar de Campo de Mayo.
Bignone fue el último presidente de la dictadura argentina. Trató de borrar las huellas de los crímenes cometidos por el régimen de facto y amnistiar a los responsables. Durante su breve gestión, el hoy octogenario ex general negoció la transición hacia la democracia, ordenó destruir la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos y firmó una ley de Amnistía o Pacificación Nacional para encubrir a los miembros de las Fuerzas Armadas.
 
Nacido el 21 de enero de 1928 en la localidad bonaerense de Morón, ingresó en el Ejército a los 19 años y, en 1976, participó activamente en el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, la tercera esposa del tres veces presidente Juan Domingo Perón. Poco después de la instauración del régimen de facto ocupó las instalaciones del Hospital Posadas para convertirlo en un campo de concentración.
 
Promesas incumplidas
 
En 1980 accedió a la subdirección de los Institutos Militares y al año siguiente, cuando Roberto Viola sustituyó a Jorge Videla, el primero de los cuatro presidentes de la dictadura, Bignone pidió su retiro. Distanciado políticamente de la cúpula castrense, se convirtió entonces en el candidato ideal para suceder al general Leopoldo Galtieri, sumido en la desgracia tras la derrota bélica ante el Reino Unido.
El 1 de julio de 1982, tras la dimisión de quien había declarado la guerra a los británicos, Reynaldo Bignone asumió la Presidencia con la promesa de restaurar la democracia en un país deprimido económicamente y con crecientes presiones de los organismos de derechos humanos para conocer el paradero de los desaparecidos.
El 28 de abril de 1983, y después de fijar la fecha de las elecciones para octubre de ese año, Bignone dictó un decreto que ordenó borrar todas las evidencias de la denominada "guerra sucia", así como el Documento Final sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo que orientó represión.
 
El 23 de septiembre avanzó en este proyecto al firmar la ley de Pacificación Nacional en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas que actuaron en los "años de plomo", norma que posteriormente el Gobierno constitucional declararía nula por considerarla una "autoamnistía".
 
Encarcela y excarcelado 
 
La foto de Bignone colocando la banda presidencial al dirigente radical Raúl Alfonsín, ganador de las elecciones tras siete años de cruenta dictadura, recorrió el mundo el 10 de diciembre de 1983.
 
Un mes después de dejar el poder Bignone fue detenido, acusado de la desaparición y asesinato de soldados, pero fue puesto en libertad en junio de 1984 por disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
 
Logró eludir el histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, pero en 1999 regresó a la cárcel por el robo de hijos de desaparecidos y el secuestro y asesinato de médicos del Hospital Posadas.
 
Fue liberado en 2005, aunque en 2007 el ex dictador volvió a ser encarcelado por orden del mismo tribunal que le condenó hoy por delitos de lesa humanidad en la guarnición militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel clandestina del régimen de facto.
 
Bignone también ha sido procesado por su responsabilidad en el Plan Cóndor, como se denomina a la represión coordinada de las dictaduras del cono sur americano para eliminar a opositores políticos en las décadas de 1970 y 1980.
 
EFE - Buenos Aires - 20/04/2010 23:24
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La ex soldado Anat Kamm tiene 23 años y un alto coeficiente intelectual. Realizó una gran parte de su servicio militar en la Jefatura Central del Ejército, como asistente del general Yair Naveh. Su posición le dio acceso a documentos secretos que estaban en los ordenadores más seguros de la jefatura. Poco antes de terminar el servicio militar, Anat consiguió copiarlos y transferirlos a su ordenador personal.

Luego entró en contacto con el periodista del diario israelí Haaretz Uri Blau y le transmitió toda la información que poseía, más de 2.000 documentos. Su intención era denunciar públicamente los "crímenes de guerra" que regularmente comete el ejército en los territorios ocupados, no sólo en contra de la legislación internacional, sino también en contra de los dictámenes del Tribunal Supremo. Por ello, a la ex soldado la pueden condenar incluso a la cadena perpetua en el peor de los casos.

Blau, por su parte, se encuentra ahora en Londres. No quiere volver a Israel hasta asegurarse de que no lo llevarán del aeropuerto de Tel Aviv a una celda de la prisión más cercana. En su nombre, los abogados de Haaretz están negociando con los abogados militares una salida honrosa.
Llevan varios meses así, en un constante toma y daca, pero hasta ahora no se han puesto de acuerdo.

"Como periodistas, nuestro trabajo consiste en publicar la información que nos llega. Una gran parte de la información la obtenemos a través de filtraciones. El ejército lo sabe. Los jueces lo saben. No hay ninguna diferencia entre lo que he publicado sobre esta cuestión y el resto de filtraciones que los periodistas hemos recibido desde siempre", explicó Blau desde su refugio de Londres.

A finales de 2008, cuando Kamm le proporcionó la información, Blau no lo dudó ni un instante. Seleccionó una parte de los documentos, los estudió, y a cuentagotas fueron apareciendo en las páginas de su diario. No sólo hizo eso. También sometió los artículos que escribía a la censura militar, como es de rigor, para que esta diera su aprobación previa. Y la censura los aprobó, de ahí que el periodista no entiende por qué dos años después el ejército pone el grito en el cielo.

¿Qué es lo que más molesta a la cúpula de las Fuerzas Armadas? Para los mandos militares, lo más inoportuno es la publicación de unas órdenes del entonces general Naveh con las que autorizaba a los soldados a disparar a matar contra tres líderes del grupo Yihad Islámica en Cisjordania incluso en situaciones en las que no existe ningún peligro para los soldados israelíes.

Esta autorización contraviene los dictámenes del Tribunal Supremo de Israel, pero no puede extrañar a nadie. En Israel la gente no suele criticar al ejército porque mate a milicianos palestinos a sangre fría. En cambio, las críticas se han centrado en el hecho de las filtraciones de la soldado Kamm y no en lo que sucede en los territorios ocupados.

"Un caso muy sensible"

El profesor Zohar Kampf, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, experto en comunicación y periodismo, considera que no se trata de un caso de espionaje, tal y como lo han calificado la mayoría de los medios locales.

"Es más bien un caso en el que un empleado expone al público ciertas cosas que no le gustan de la empresa en la que trabaja, ciertas cosas que además son ilegales", dice Kampf.

"Es un caso muy sensible que también lo hubiera sido en cualquier democracia occidental, donde la información confidencial es siempre muy sensible, pero no creo que vayan a condenar a Anat Kamm a cadena perpetua, como se ha sugerido".

"Es cierto que Kamm ha quebrado la confianza que le dio el ejército, y por lo tanto se la debería castigar. Pero no creo que debiera de ser un castigo muy severo. Al fin y al cabo ha denunciado posibles crímenes de guerra. Se comportó como una ciudadana consecuente. Ahora bien, habría bastado con que hubiera tomado los dos o tres documentos sobre este asunto y no los 2.000 documentos que tomó de la jefatura central", continúa el profesor Kampf.

Arresto domiciliario

"Más grave que la filtración es la orden que dio el general Yair Naveh a los soldados. Yo esperaba que la opinión pública pidiera explicaciones al ejército pero no ha ocurrido así. Los israelíes creen que su país está amenazado por la comunidad internacional y tienden a defenderse de esa manera", concluye Kampf.

Mientras el caso se debate en la prensa y en los juzgados, Anat Kamm se encuentra bajo arresto domiciliario. Sólo se le permite el contacto con algunos de sus familiares más próximos. En las comparecencias ante el tribunal se la ha visto seria pero con fuerza; dispuesta a mantenerse firme hasta el final.

EUGENIO GARCÍA GASCÓN - CORRESPONSAL - 19/04/2010
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