La ex soldado estadunidense Chelsea Manning, ayer al llegar a una corte de Alexandria, en Virginia, donde un juez ordenó su regreso a la cárcel debido a su negativa a declarar, "por cuestión de principios", ante el gran jurado en el caso contra Julian Assange por la filtración de documentos clasificados a Wikileaks.Foto Afp

Ingresa la policía a la embajada de Venezuela en Washington y expulsa a activistas partidarios de Maduro

Nueva York. El gobierno de Donald Trump desata guerras fuera y dentro de Estados Unidos al nutrir las tinieblas de acciones bélicas para promover cambio el de regímenes en Irán y Venezuela (y con ello en Cuba), así como intensificar el conflicto comercial con China, mientras dentro del país promovió guerras contra inmigrantes, mujeres, el Congreso y la prensa.

Aquí se intensifican los temores de que el gobierno de Trump provoque una guerra contra Irán, tras la orden del miércoles de desalojar al personal "no esencial" de su embajada en Irak, argumentando supuestas amenazas y acciones iraníes poco precisas y citando imágenes de inteligencia de presuntos misiles colocados en pequeñas embarcaciones en el golfo Pérsico.

Durante las últimas dos semanas Estados Unidos ha incrementado la tensión, alertando sobre potenciales ataques de Irán, enviando equipo militar y naves a la región, filtrando que el Pentágono está contemplando enviar una fuerza hasta de 120 mil soldados a esa zona y amenazando con una respuesta feroz ante cualquier "provocación" de Teherán.

Por ahora Washington no está convenciendo a sus aliados. Esta semana un general británico que es subcomandante de la coalición que combate a ISIS en Irak y Siria enfureció a los estadunidenses al comentar que no existe evidencia de una "creciente amenaza" de Irán. Diplomáticos europeos rehusan, por ahora, sumarse al coro bélico dirigido por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton.

De hecho, ayer se divulgó que ni el propio Trump está convencido de lo que impulsan sus subordinados; el New York Times reportó que el comandante en jefe comentó a su secretario de Defensa, Patrick Shanahan, que no desea un conflicto armado con Irán como resultado de su llamada estrategia de "presión máxima".

Mientras, el gobierno de Trump continuó sus esfuerzos para cambiar el régimen venezolano. El miércoles pasado el Departamento de Seguridad Interna determinó que las "condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación viajando hacia o desde ese país" y con ello el Departamento de Transporte emitió una orden para suspender de inmediato todos los vuelos directos de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y Venezuela.

En Washington, la batalla por la embajada de Venezuela culminó ayer con el ingreso de la policía a esa sede para expulsar a activistas antiguerra que habían residido ahí durante más de un mes con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para evitar que los simpatizantes del líder opositor Juan Guaidó tomaran control del edificio. Los antichavistas que han sitiado el inmueble sede corearon "USA, USA", al aplaudir la acción.

Por otro lado, Trump continuó intensificando su guerra comercial contra China, a pesar del repudio y las críticas de inversionistas y granjeros estadunidenses, y el pasado miércoles emitió una orden ejecutiva para prohibir que empresas de telecomunicaciones estadunidenses instalen equipo fabricado en el extranjero (China, sin decirlo) que podrían representar "un riesgo para la seguridad nacional".

En tanto, Trump presentó su nuevo plan para una reforma migratoria –elaborado en parte por el yerno del presidente Jared Kushner– disfrazada para que el presidente pueda proclamase "pro inmigrante", pero que busca sustituir la preferencia para la reunificación de familias, que ha imperado durante décadas, con una para migrantes "capacitados" y "brillantes", y busca limitar aún más el proceso de asilo e incluye más medidas de seguridad (y por supuesto el muro), o sea, de persecución y castigo de los más vulnerables.

El plan –que no aborda qué hacer con los indocumentados en el país, incluidos los dreamers– se interpreta más como un documento diseñado para efectos electorales, ya que tiene casi nula posibilidad de ser aprobado por el Congreso.

Por otro lado, desde la llegada de Trump, la derecha ha librado una renovada ofensiva contra los derechos de la mujer con varios estados promoviendo leyes contra el aborto. El objetivo real de los impulsores de esta ofensiva legislativa a escala estatal –con decenas de iniciativas– es provocar una disputa judicial que llegue a la Suprema Corte, donde esperan, con la mayoría conservadora instalada por Trump, lograr el sueño ultraconservador de revertir un fallo de hace cuatro décadas conocido como Roe v Wade que reconoce el derecho al aborto.

La extraordinaria guerra de Trump contra sus opositores en el Poder Llegislativo continuó escalando a niveles posiblemente sin precedente. El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, informó el miércoles al Comité Judicial de la cámara baja que no sólo no cumplirán con las solicitudes de documentos y testimonio, sino que cuestionó la autoridad del Congreso para investigar a Trump, sobre todo en torno a una posible obstrucción de la justicia.

Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial, declaró que “la Casa Blanca está recurriendo al argumento desmesurado de que el presidente no puede ser obligado a rendir cuentas… al pueblo estadunidense. Eso es rídiculo”. Otros legisladores indicaron ayer que el presidente, con estas afirmaciones, está cometiendo aún más actos de obstrucción de justicia.

Por último, en un caso relacionado con la guerra contra los medios en este país, ayer un juez ordenó el retorno de Chelsea Manning a prisión después de que, una vez más, ésta declaró que no cooperará con ningún gran jurado y que no claudicará sus principios. En marzo, la ex analista de inteligencia militar, quien fue la fuente de documentos clasificados que revelaron crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas de Estados Unidos a Wikileaks en 2010, y quien cumplió siete años de prisión por eso, fue encarcelada dos meses por negarse a testificar sobre sus interacciones con Julian Assange, ahora perseguido por la "justicia" estadunidense.

"¿Habra algún tipo de guerra que Trump no esté por impulsar?", preguntó el cómico y conductor de The Late Show, Stephen Colbert.

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Miércoles, 15 Mayo 2019 06:00

Tucídides, Trump y la guerra con China

Tucídides, Trump y la guerra con China

Entre flotas con portaviones y aranceles de castigo, la administración Trump amenaza a China. Quiere doblegar su poderío económico y frenar su influencia creciente en asuntos internacionales. La República Popular China ya es considerada "adversario" por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y los principales medios de información de ese país repiten a coro el mensaje.

Los tambores de guerra se escuchan, y la evolución de los acontecimientos podría anunciar un conflicto bélico entre China y Estados Unidos en el futuro. El análisis de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso es más relevante que nunca para el análisis de la coyuntura actual. La lección más importante en su obra es que la principal causa de la guerra es el factor emocional: el temor y la desconfianza.

China es percibida como adversario, porque Washington sabe que su supremacía no puede durar para siempre. La economía estadunidense puede todavía ser la más grande del mundo (dependiendo de la métrica), pero no necesariamente es la más fuerte. Su poderío depende, en buena medida, del papel que juega su divisa en el sistema monetario internacional. Sin embargo, el déficit comercial crónico es un claro indicador de algunas debilidades de la economía de Estados Unidos.

Del total de las exportaciones estadunidenses de bienes y servicios, las de manufacturas de alta tecnología (computadoras, aviones, máquinas herramienta y robots industriales, equipo científico, etcétera) representan 20 por ciento del total. A pesar del alto grado de complejidad de estos productos, Estados Unidos ya enfrenta una fuerte competencia internacional en estos rubros. En contraste, las exportaciones de servicios, entre los que se encuentran los servicios financieros, representan 33 por ciento de las exportaciones totales. Es claro que buena parte de esas ventas al exterior de servicios no se llevarían a cabo si el dólar estadunidense no fuera todavía la moneda hegemónica.

La guerra comercial de Trump contra China se inició en febrero de 2017, con aranceles de 30 y 20 por ciento sobre dos categorías de productos. A lo largo de ese año se fueron imponiendo aranceles a muchos otros productos, y China comenzó a responder con medidas compensatorias. Hoy se han interrumpido las conversaciones que se suponía llevarían a un nuevo acuerdo y el conflicto se ha intensificado. Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles de 25 por ciento sobre 200 mil millones de dólares de importaciones chinas, y Pekín ha anunciado que aplicará medidas compensatorias equivalentes.

¿Cuáles son los objetivos de Washington en esta guerra comercial? En el primer año de la guerra comercial el déficit comercial de Estados Unidos con China se incrementó 11 por ciento (pasó de 375 a 419 mil millones de dólares entre 2017 y 2018). Puede que el déficit se reduzca en los años siguientes, pero eso dependerá de muchos factores y también podría acarrear costos para los consumidores y empresas estadunidenses.

Los negociadores de Estados Unidos saben muy bien que el déficit bilateral no se va a reducir de manera significativa y que tampoco van a regresar las empresas que se fueron a China por sus bajos costos de mano de obra. Para ellas todavía quedan por explotar los paisajes demográficos de Vietnam, Cambodia e Indonesia. Entonces, ¿qué busca Washington con su belicosidad comercial?

Un indicio revelador está en las razones por las que la semana pasada se rompieron las negociaciones entre ambos países. Washington ha acusado a Pekín de renegar sobre los acuerdos a los que había llegado hacía meses. Esos convenios tienen más que ver con la política industrial y tecnológica de China, así como su legislación sobre propiedad intelectual. En este terreno, a Estados Unidos le gustaría doblegar al gigante asiático para mantener un predominio tecnológico que cada vez es más precario.

En el año 433 antes de nuestra era, Atenas impuso a la ciudad de Mégara una serie de severas sanciones económicas que amenazaban con asfixiarla. Ese decreto fue determinante y Esparta sintió que confirmaba sus peores temores sobre los designios de los atenienses para incrementar su poderío e influencia. El conflicto se presentó como inevitable y se desató la segunda guerra del Peloponeso, que terminó con la derrota de Atenas en 404 antes de nuestra era. El costo de la guerra fue terrible y Grecia nunca volvió a gozar de la autonomía que tuvo durante la era clásica. Para Tucídides, en su Guerra del Peloponeso, el factor emocional del miedo y la desconfianza fue la "causa más verdadera" de esa terrible guerra.

Hoy, la política de Washington frente a Pekín sigue el mismo derrotero. Miedo y desconfianza. ¿Preferirá Estados Unidos hundir al mundo en un conflicto nuclear antes que perder su hegemonía? Difícil responder, pero una cosa es cierta: la profecía de una guerra se cumplirá si Estados Unidos no abre el espacio que Pekín siente necesitar como potencia emergente. De adversario a enemigo no hay más que un solo paso.

Twitter: @anadaloficial

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Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

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La guerra de Libia en la geopolítica actual

La historiadora Claudia Gazzini alerta sobre el riesgo de una crisis humanitaria y el aumento de la migración hacia Italia.

Más de 140 muertos (al menos 35 niños entre ellos) y de 600 heridos además de unas 18.000 personas desplazadas, según la OMS (Organizacion Mundial de Salud), es el resultado de 14 días de batalla entre los dos gobiernos existentes en Libia, el de Trípoli reconocido por la ONU y dirigido por Fayez Al Sarraj, y el de Tobruk (este del país) dirigido por el general Khalifa Haftar. Si no se llega a un acuerdo, la situación promete ser mucho más grave en poco tiempo. La agencia ONU para los Refugiados (Acnurr) pidió ayer que se libere urgentemente a los 1500 refugiados y migrantes encerrados en campos de detención. Pero el ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini insiste en que los puertos italianos estarán cerrados para todos ellos.


¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto?¿Qué sucederá con los miles de migrantes encerrados en cárceles de Libia? A éstas y otras preguntas respondió la experta en el país nordafricano, la italiana Claudia Gazzini, hablando con periodistas extranjeros en Roma y luego en una entrevista con PáginaI12. Gazzini es historiadora y trabaja desde 2012 para el International Crisis Group, una organización independiente que investiga y aconseja a los países sobre cómo evitar las guerras. En 2017-2018 fue consejera de Ghassan Salamé, el representante de la ONU en Libia.


–¿Por qué se ha llegado a este punto en Libia?


–Las razones que explican esta crisis son fundamentalmente tres. La primera es que el cuadro geopolítico ha cambiado en los últimos meses. Aparte de los aliados tradicionales de Haftar (Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto) se ha visto en los últimos meses también un cierto apoyo de algunas naciones europeas. Francia, por ejemplo, en el último año se ha acercado a Haftar y de alguna manera también Italia, que ha tratado de establecer una relación con ambas partes a partir de la conferencia que se hizo con el primer ministro italiano Giuseppe Conte y los dos líderes libios en Sicilia hace unos meses. Los tradicionales opositores de Haftar (Turquía, Argelia, Katar), por su parte, se hacen notar menos ahora.


–¿Las otras razones?


–La segunda razón es el fracaso de las negociaciones de la ONU entre los dos gobiernos para intentar llegar a un acuerdo. En Abu Dhabi –capital de los Emiratos Árabes Unidos– Haftar y Serraj se encontraron el 27 de febrero durante tres horas. Pero no se llegó a nada y por eso el 4 de abril Haftar comenzó a avanzar con sus fuerzas hacia Trípoli. La tercera y última razón se refiere a la situación económica del gobierno de Haftar que en los últimos 4 años ha logrado financiarse sin petróleo (industria fundamental de Libia). Para poder sobrevivir emitió una moneda digital, es decir, una suerte de bonos del tesoro, pero ahora tiene problemas financieros.


–Algunos piensan que Haftar podría ser una suerte de nuevo Khadafi, ¿cuál es su relación con las tribus que son numerosas en Libia y con las cuales Khadafi tenía buena relación?


–Haftar cree que antes de hacer elecciones hay que crear estabilidad en el país y para eso es necesario reforzar las fuerzas militares y poner al frente un fuerte jefe militar como él. No hay dudas de que su proyecto prevé un régimen autoritario, tal vez más autoritario que el de Khadafi. A diferencia de Khadafi, que tenía ideas progresistas o socialistas, Haftar es un capitalista, un liberal. Pero ambos cultivaron sus relaciones con las tribus, un factor importante en Libia para una cierta estabilidad ya que son numerosas sobre todo en el sur del país y al este, pero no en los centros urbanos como Trípoli o Misratah. No creo que la relación con las tribus pueda cambiar la guerra, para la cual lo más importante es el escenario geopolítico, la relación con otros países.


–Si la guerra sigue ¿qué se puede esperar para los migrantes africanos que están en los campos de detención –de concentración como los llaman algunos– donde son esclavizados por los traficantes de seres humanos en espera de poder llegar a Europa?


–En el caso de una guerra, se corre el riego de una crisis humanitaria, porque escasearán los alimentos, no se podrán distribuir, los precios aumentarán. Y esto se aplica a libios y a inmigrantes. En momentos de guerra, además, aumenta la economía de guerra y parte de esta economía de guerra es comerciar con la vida de los seres humanos. En mi opinión toda esta situación aumentará los embarques de migrantes hacia Italia y si la guerra sigue, no serán sólo migrantes sino también libios.


–Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, ¿de qué lado están?


–Washington ha intentado detener la avanzada de Haftar. Pero no ha quedado claro qué habrían hecho si Haftar continuaba. Ellos condenan la ofensiva pero no han implementado ninguna política de oposición a Haftar. En cuanto a Francia se dice que hay consejeros militares franceses con Haftar. También rusos. Pero eso no significa una intervención directa francesa en la guerra. Francia es muy ambigua y trata de mantener la propia ambigüedad. En cuanto a Rusia, mantiene buenas relaciones con los dos gobiernos. Desde el punto de vista militar, se dice que hay un flujo de material militar de Rusia y de estados limítrofes a Tobruk, basados en contratos establecidos en época de Khadafi y nunca antes respetados. Se habla también de importantes futuros acuerdos petrolíferos entre Rusia y Libia si la situación se soluciona. Rusia ha tenido además un rol a nivel financiero porque reconoció a la banca central de Tobruk, no reconocida internacionalmente, lo que permitió a ésta emitir dinero y financiar a Haftar.


–¿Cual es la política italiana hacia Libia?


–No se puede hablar de una verdadera política italiana hacia Libia en este momento. Italia no tenía una propuesta suya cuando se hizo la reunión en Sicilia y debió pedir asesoramiento a la ONU. Cuando estaba Khadafi y Silvio Berlusconi estaba en el poder en Italia, los intereses italianos estaban más tutelados que ahora. Pero también los intereses de otros países. En Libia –que fue una colonia italiana entre 1911 y 1947– Italia tiene además intereses económicos a través del ENI (Ente Nacional de Hisdrocarburos) que controla la explotación de varios pozos petrolíferos y de gas. Y los pozos petroleros pueden ser bombardeados en caso de guerra.


–¿Según usted qué se debería hacer para resolver la crisis?


– La cuestión prioritaria es detener los enfrentamientos y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que tome una posición más firme y reinicie las negociaciones entre las dos partes. Las potencias regionales no deberían intervenir. Si se llega a obtener el cese del fuego, la ONU debería iniciar las negociaciones políticas con un cuadro de actores más grande que antes para llegar a un acuerdo, así como el diálogo con los jefes militares de las dos partes y el diálogo económico con las instituciones financieras de los dos sectores.


–Un conflicto como éste en Libia ¿no facilitaría el avance de los terroristas islámicos?


–Ciertamente una guerra en Libia da la posibilidad a grupos islámicos de sumarse a esa guerra. Ellos ven como principal enemigo a Haftar que es el que más los ha combatido. Estos grupos se podrían aliar con Trípoli y así hacer avanzar su ideología. Además, en momentos de guerra quedan espacios vacíos porque los ejércitos no pueden cubrir todo, y estos podrían ser ocupados por los terroristas.

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El factor Venezuela en el enfrentamiento Estados Unidos-Rusia

Aparte de las múltiples hipótesis que se han analizado para evaluar el alcance del conflicto venezolano, valdría la pena considerar también el posible impacto estratégico-militar de esa situación, que sorprendentemente se puede enmarcar en el enfrentamiento político y militar entre Estados Unidos y Rusia, que se ha agudizado después de la reciente denuncia de ambos al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) firmado en 1987.

Al respecto, podemos comentar que Washington ha intensificado su presencia militar en nuestro continente, con la finalidad de evitar, entre otros objetivos, que países latinoamericanos o caribeños que le sean hostiles y hayan desarrollado alianzas con Rusia o China, pudieran llegar a convertirse en plataformas para un eventual ataque directo contra territorio estadunidense, es decir, la repetición de una situación como la crisis de los proyectiles emplazados en Cuba que en ese caso frenaron una invasión estadunidense a la isla.


Recordemos sobre el particular, que el vínculo militar entre Venezuela y Rusia se inició en 2005 bajo la presidencia de Hugo Chávez, que fue el año en que Estados Unidos comenzó a bloquear, cuando empezaron las discrepancias políticas entre ambos, la provisión de repuestos y refacciones para la flota de aviones caza bombarderos F-16 que la fuerza aérea venezolana había adquirido en 1983.


Asimismo, Venezuela, que veía clara la amenaza de una invasión, empezó a adquirir armamento de última generación de Rusia iniciando con 24 aviones caza rusos de última generación Sukoi 30-MK2 e importantes partidas de rifles de asalto AK 103 para remplazar los antiguos fusiles belgas FNFAL que usaba su ejército.


Ya en el poder el presidente Maduro, sucesor de Chávez, negoció con Rusia la compra de helicópteros de combate MI-17V5 y consolidó su defensa con un sistema antiaéreo móvil ruso S300VM, capaz de interceptar toda clase de objetivos, entre ellos misiles subsónicos, drones o aeronaves en un rango de 200 kilómetros.


Por su parte, la presencia militar estadunidense en América Latina se ha incrementado dramáticamente, ya que de las 177 bases militares que la potencia continental tiene en el mundo, 76 están en América Latina y entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú y otro significativo número en Centroamérica y el Caribe, además de importantes acuerdos de cooperación militar con Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, entre otros.


Sin excluir el uso de la fuerza armada, en forma muy abierta, Estados Unidos ha señalado que sus fuerzas de tarea conjunta para América Latina tienen como objetivos la defensa del Canal de Panamá y el área del Canal de Panamá (lo cual, por cierto, no está previsto en el Acuerdo con Torrijos para devolver el canal a sus dueños); operaciones de control de migración (sin que aclaren a qué se refieren en ese delicadísimo tema aún sin resolver); asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales. Además de operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales, con lo que nuevamente surge el fantasma de la creación de una Fuerza Interamericana de Paz que México ha rechazado una y otra vez, por su preocupación de que se convierta en una fuerza intervencionista sin base legal clara, sin que afortunadamente en ningún momento hablen de protección a los derechos humanos que ahora alegan para intervenir en Venezuela, quizá porque prácticamente Washington no ha ratificado ningún acuerdo regional sobre esa importante materia.


La situación descrita, es decir, la combinación de factores militares en el desarrollo de la región, aconsejaría, sin duda, que México, con su tradición en la lucha contra el armamentismo, tanto nuclear como convencional, reiniciara los esfuerzos que llevó a cabo con cierto éxito en 1977 para lograr un convenio regional que identificamos en la negociación como (Tlatelolco II) que prohibiera la presencia de tropas extranjeras en nuestros territorios y limitara la posesión de armas convencionales ofensivas –las nucleares ya están prohibidas mediante el Tratado de Tlatelolco– cuidando siempre el equilibrio estratégico-militar que requieren los países de la región, con la finalidad de lograr que América Latina y el Caribe llegue a ser en breve una zona de paz bajo claros parámetros de vigencia.

Sergio González Gálvez. Embajador emérito de México, escribe a título personal

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¿Son comunistas los militares del ejército estadounidense?

En la barra, una joven con acento mexicano se quejó de un nuevo recorte a la educación pública, propuesta por el presidente Donald Trump. Seguir sacándole dinero a los servicios sociales para dárselos al ejército, dijo, se parecía mucho a los recortes de impuestos que beneficiaban a los super ricos y dejaban limosnas a los trabajadores, aparte de una deuda impagable. 

A su lado, con gorra de béisbol, un joven delgado con acento caribeño le preguntó, como si viese al mismo diablo: “¿Eres comunista?” Esa debió ser la única palabra que entendió un señor, tipo Homero Simpson pero con pelos y bigotes, que reflexionaba sobre un enorme vaso de cerveza, porque se giró para mirar a los jóvenes que, a partir de ahí, comenzaron una acalorada discusión.


“Te están lavando la cabeza”, confirmó el muchacho, “es por eso que nuestro presidente les va a recortar fondos”.


Cuando pasaron al tema Venezuela, como si se tratase de un algoritmo inevitable, me di cuenta de que aquella incipiente amistad no iba a cicatrizar fácilmente. Las sofisticaciones argumentales de la Guerra fría dejaron una marca indeleble en muchos patriotas, sobre todo en América Latina.
La mañana siguiente, mientras esperaba que se disipara un atasco en la autopista debido a un conductor apurado que le arrancó el farol trasero a otro, escuché en la radio pública una entrevista al almirante retirado James Stavridis sobre el mismo presupuesto que la joven mexicana había comentado la noche anterior.


El presupuesto que el presidente Donald Trump envió al Congreso para el 2019/2020 incluyó recortes multi millonarios para todo tipo de servicios sociales, desde la salud hasta el cuidado de preescolares (diversos estudios cuantitativos ya han probado que los millonarios no sienten lo mismo que el resto cuando ven a un ser humano caminando por la calle).


Los recortes han sido masivos, con una sola excepción: el nuevo presupuesto incluye un notable aumento en el gasto militar de treinta mil millones de dólares, el cual irá a aumentar un déficit récord alimentado por los recortes de impuestos del año pasado, como forma tradicional de burlarse de las promesas electorales que llevaron al presidente de turno al poder. Who cares, right? 

Según el almirante retirado James Stavridis y otros catorce comandantes de operaciones alrededor del mundo, el nuevo presupuesto de Trump no tiene sentido, y lo han puesto claro en una reciente carta abierta y en entrevistas: no necesitamos todo ese dinero. “Sabemos que nadie puede mantener la seguridad de un país sólo con la fuerza militar”. Pero el presidente Trump ha recortado fondos para el desarrollo y los ha transferido al ejército.


En la entrevista a la radio pública, NPR, Stavridis insistió que en lugar de seguir inyectando millones de dólares en las fuerzas armadas se debería invertir más en el cuerpo diplomático. Invertir en fuerza militar, dijo, es como realizar una cirugía: es doloroso y altamente riesgoso. Siempre es mejor llevar las cosas por el camino diplomático y, mejor aún, invertir en cooperación y desarrollo como forma de prevenir problemas mayores. Como ejemplo concreto, mencionó el hecho que todos saben: Estados Unidos tiene más gente en uno solo de los 12 portaviones que navegan por el mundo que en todo su cuerpo diplomático. Hasta el ministro de Defensa, Robert Gates, lo ha reconocido. Incluso el anterior ministro, Jim Mattis, reconoció lo obvio: “Podemos gastar fortunas en operaciones militares, pero si no invertimos en desarrollo y diplomacia vamos a tener que comprar cada vez más municiones”. Hasta los halcones tienen un momento de racionalidad o de simples lapsus.


Más allá de las naturales suspicacias basadas en hechos históricos sobre la labor de los diplomáticos de las grandes potencias, no deja de ser un progreso que los mismos altos militares de la superpotencia se atrevan a reconocer los trágicos errores de las decisiones políticas en el abuso de la fuerza bruta.


Stavridis concluyó: “Sin duda alguna, los navíos más importantes que dirigí fueron aquellos que llevaron ayuda hospitalaria al Caribe y a otras partes de América Latina. Estos barcos participaron en miles de tratamientos y puedo decirle que el impacto sobre la seguridad de Estados Unidos, a largo plazo, ha sido muy superior al resto de operaciones militares. […] Apostando a la fuerza, lo único que logras es perjudicarte a ti mismo”, reconoció.


Desde hace décadas, diversos ex agentes de la CIA, como el marine y paramilitar John Stockwell, luego de una experiencia de treinta años en América Central, África y Asia, reconoció que la arrogancia de querer imponer “nuestros intereses” en otros pueblos no produjo ningún progreso sino que les llevó muerte y miseria y “no nos creó ningún amigo, se los puedo asegurar”. Más o menos el mismo caso de otros marines, ex agentes de la CIA que participaron en engañar al pueblo centroamericano con historia fabricadas sobre el comunismo para mantener la antigua presencia económica y militar estadounidense, como Philip Roettinger, quien terminó retirándose en México para dedicarse a su familia y a la pintura.


No por casualidad, diversos generales latinoamericanos planearon asesinatos al estilo Orlando Letelier en Estados Unidos cuando la administración Carter comenzó a recortar la tradicional “ayuda militar” a las dictaduras amigas del sur. No solo el gigantesco, peligroso y criminal lobby de la industria armamentística mundial (en el cual las empresas estadounidenses han sido accionistas mayores) tenía intereses en “la seguridad” de esos países sino también sus servidores, que nunca lo reconocieron y, de hecho, hasta hoy se golpean el pecho llenos de orgullo por sus crímenes, sus excusas infantiles y un honor que no vale el cobre de las medallas que se cuelgan ellos mismos.


Después de diversos conflictos nacionales, Costa Rica abolió su ejército en 1948. Desde entonces nunca tuvo una dictadura militar como sus vecinos. Tal vez por eso las grandes potencias mundiales no aterrizaron en ese pequeño país como lo hicieron en casi todos los otros países de la región donde contaban con un aparato represivo local. Tal vez por eso hoy no existe una crisis de migrantes costarricenses a Estados Unidos, como es el caso de los demás países de la región que sufrieron continuas intervenciones militares y “dictaduras amigas”.


Tal vez por eso ni los militares estadounidenses se creen el discurso que en el pasado exportaron sus políticos y estrategas. Tal vez por eso ni ellos mismos confían en la fuerza bruta de sus propios super ejércitos como forma de asegurar la paz en su propio país.

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Jueves, 06 Diciembre 2018 06:02

Qué es Freud

Qué es Freud

Freud es un pensador a contramano, un pensador contra-moderno. Se trata nada más y nada menos que de aquel pensamiento que le dio a la Modernidad la posibilidad de pensarse a sí misma.

 ¿Cómo decir en dos palabras, o en diez, quince minutos y de una manera simple, qué es Freud? Nótese que dije qué es Freud, y no quién es Freud. Si estamos hoy acá es para festejar su pensamiento, no para homenajear a su persona. Si se trata de festejar, es porque hay algo vivo. Se trata nada más y nada menos que de aquel pensamiento que le ha dado a la Modernidad, nuestra época, la posibilidad de pensarse a sí misma. Nótese que de esta manera no hay modo de pensar la subjetividad sin la época, y no hay modo de entender la época, el mundo, sin dar con las ruinas y vestigios, con la historia -trágica- moderna, que determina este presente. Allí está, como materia pre-formada todo aquello que hace parte del descubrimiento de Freud: el inconsciente. La Modernidad es esa época, la nuestra, que empuja contra si misma: progreso y destrucción van juntos. La Modernidad, que no deja de hablar del hombre y sus derechos universales al mismo tiempo que lo asesina en nombre de alguna particularidad. Que cada quien sea particular puede tornarse muy inquietante; y la vida marchitarse bajo algún rasgo. Lo evidente no es obvio. El fondo de violencia que no cesa, que es permanente y continuo, sobre el que cada quien tiene que hacer soportar su existencia, será absolutamente interrogado por Freud. Si Freud primero se pregunta, y después escribe, ¿Por qué la Guerra? es porque la existencia se da siempre sobre ese fondo. La vida transcurre entre la que pasó y la próxima. La crisis (y aquí bien lo sabemos) no es una excepción, es la regla (del sistema). Aunque no sea ni tan obvio ni tan evidente. Ahora estamos, por ejemplo, en el tiempo de las guerras comerciales globales, cuando no estamos dentro de alguna guerra comercial familiar. Digamos al pasar, así lo entiendo, que no hay análisis que no haya modificado la relación de cada quien con el dinero y su amplio circuito; y que un análisis podría producir que algo (no alguien) pierda valor.

¿Por qué la inseguridad y el terror son globales desde que existe Occidente? Porque hay Occidente –un mundo global– desde que hay Conquista: de unas lenguas sobre otras, de ciertas categorías mentales, un sistema, sobre otras formas de vida. Hay acumulación posible de riqueza para algunos sólo porque hay una permanente producción extensiva de pobreza. También porque a la época le es intrínseca, lo que Freud llama la pulsión de muerte: ¿quién no ha vivido el miedo como un lugar de refugio? ¿Quién no le ha tenido miedo al miedo? ¿El que imparte terror está él mismo aterrorizado? El miedo es moneda corriente y la amenaza algo constante; y cada quien tiene su manera singular de hacerlo pasar por su cuerpo. El pánico es moneda corriente, aunque no siempre fue así. Donde no estaba, la globalización-la civilización, lo ha llevado. No hay ciudad occidental sin pánico: es allí donde vivimos, con el pánico y el terror naturalizados. Y será justamente allí que el psicoanálisis, y su invento, se interponen, toda vez que se pregunta, en su práctica, y de manera singular cada vez, cuáles son las condiciones de vaciamiento para un cuerpo colonizado por el miedo, el terror, la inseguridad, la amenaza, la vergüenza y el desamparo.


Pero sigamos con lo vivo de aquel pensamiento. Para que un pensamiento esté vivo, muerto el pensador-el autor, tiene, ese pensamiento, que necesariamente haber abierto un campo de interrogación que no se detiene. Y a esto se le ha dado el nombre de discurso. En este sentido el psicoanálisis lo es, tanto como el capitalismo. Sólo que no son el mismo. Y qué es un discurso sino una cierta relación social a la palabra. Una de las diferencias que podemos trazar entre uno y otro, es que abren, uno y otro, hacia formas de relación con la palabra que no son la misma. No alcanza para definir qué es el psicoanálisis con afirmar que se trata de una práctica de la palabra. No es lo mismo una relación crítica a la palabra, que una de obediencia, por ejemplo. No es la misma aquella que sostiene un pacto con la verdad, una voluntad de saber, que aquella con la que se comercia, incluso en el amor. No es lo mismo la circulación de la palabra cuando se está dispuesto a perder, que cuando sólo se trata de ganar. Y convengamos que si alguien quiere analizarse es porque querría, justamente, poder perder algo, aunque más no sea un poco de miedo. El pensamiento vivo de Freud está medido por el alcance crítico de las preguntas que se formula.


Dicho esto, sigamos yendo hacia lo que es el descubrimiento freudiano, y hacia su invento, el consultorio, su práctica. Digamos que, como todo descubrimiento, el de América por ejemplo, se trata de algo que estaba ya ahí. Sólo que cubierto en la oscuridad, censurado y reprimido, negado y rechazado: el inconsciente son las formas paradojales de retorno al desnudo de la historia en el presente, y el análisis, su invento, el lugar donde será puesto en descubierto. Si Freud pudo construir un saber acerca del sufrimiento, del pathos, fue por haber sabido interrogarse acerca de lo que estaba allí haciéndolo posible. ¿Y cuál fue su mérito? El de hacerse las preguntas que no estaban. Nada muy distinto de lo que pasa en un análisis. Esas preguntas van guiando una lectura. Convengamos que si se trató de un gran escritor, tal cosa no existe sin que haya un gran lector. Su obra es un tejido heterogéneo y conflictivo que corre en diagonal atravesando la lengua, la historia de las religiones, de la filosofía, de la literatura, de la ciencia. Freud se mueve como un arqueólogo en un campo que es el de la historia, de la economía, de la política, un campo pulsional.


Abrir los textos, la obra de Freud, es encontrarse con un texto maravilloso. Tiene de maravilloso que está lleno de preguntas exquisitas. Una al azar: se pregunta por los sueños en los que el soñante aparece desnudo, inquieto por su desnudez, lleno de pudor y vergüenza. Sueños que provocan confusión, malestar y desazón. Sueños que atañen particularmente a hombres, hombres que exhiben la carencia de un atributo (fálico), expuestos entonces a un desfallecimiento posible. Se trata de la verdad desnuda, hasta de la verdad como desnudez. Se trata de la insoportable vergüenza del durmiente y la aparente indiferencia de su entorno. El durmiente es el único que se ve desnudo; y al verse desnudo está solo. Digamos que no hay análisis que no haya implicado para cada quien darle algunas vueltas a la palabra solo, tanto como a aquel atributo de poder. Digamos también que Freud dejó abierta la pregunta acerca de cómo se las arregla el hombre, con qué tipo de sustituto, ante su desfallecimiento posible. Así es la época: nos deja en la intemperie. Así es el mundo dominado por el hombre: un mundo desfalleciente, lleno de carencias y de sustitutos. La interpelación que el feminismo lleva adelante hoy, digamos que tiene como antecedente necesario la pregunta que Freud se hizo y las incompletas interpretaciones que formuló. Las mujeres, no todas, han decidido no dejarse tomar como ese sustituto, incluso a ellas mismas. La libido en Freud es siempre masculina porque en la modernidad, el campo del placer, está movido siempre por una carencia. Y hay un correlato que vive en cada cuerpo entre esa carencia y la modernidad, o sea el capitalismo, un sistema, globalizado: se llama síntoma. Todo análisis se ocupa del o la soñante, o sea de la manera singular en la que cada quien se las arregla con su carencia, con su desnudez y su deseo. De las maneras siempre singulares en las que cada quien se toma como mercancía, como moneda de cambio, en el placer y en el amor. ¿Por qué lo más propio, lo que más nos identifica, permanece desconocido?


Freud es un pensador a contramano, un pensador contra-moderno. Allí donde se quiere hacer creer que cada quien es una unidad, Freud interpreta. Estamos divididos, por ejemplo, entre el placer o el amor que esperamos, el que damos y el que obtenemos.


Si las preguntas que Freud se hace son exquisitas, sus textos están hechos para ser masticados, suave y lentamente. Hay tanto un saber de la verdad, como un sabor verdadero. No alcanza con saber si no hay sabor; y no hay sabor sin una cierta relación con la verdad. Así es la vida. Y para darle sabor Freud produjo su invento, una práctica. El invento es en apariencia sencillo, solo se trata de hablar y de escuchar, solo que ni una cosa ni la otra son sencillas. Hablar para que lo reprimido, lo censurado, aquello que ensombrece una vida retorne, y se haga entonces descifrable. Hablar para que pueda surgir una pregunta hasta entonces inexistente, una pregunta que disloca todo lo conocido, que es agitadora y rebelde. El invento tiene como efecto que una vida, salida de las sombras en las que la época nos fija, pueda dirigirse hacia lo inesperado, la sorpresa. Una vida analizada, como efecto de aquel invento, es una vida que se habrá llevado hacia lugares antes impensados. El destino no es más que el lugar en la que la época fija a cada uno y a cada cuerpo. Que alguien pueda asociar libremente –nótese el uso de la palabra libertad– para ser escuchado atentamente (de manera flotante, no fija), aunque es simple, produce efectos inesperados. Dado que el pensamiento es obediente y dependiente, la asociación libre termina por deconstruir los cimientos de ese mismo pensamiento. El invento de Freud, un análisis, abre a la posibilidad de pensar de otra manera, abre la posibilidad de preguntarse, dado que no es obvio, qué es pensar


Antes de finalizar quiero leerles una cita de Freud. Entiendo, espero, que por lo dicho hasta aquí, se la podrá seguir en su agudeza y en su complejidad. Está sacada de un escrito cuyo título no es ingenuo, como no es ingenuo que haya decidido leerla hoy y en este particular contexto en el que estamos viviendo, un título que es casi una denuncia (tanto como un manifiesto): “Las resistencias al psicoanálisis”:


“Pero en suma, el hombre se ve obligado a exceder psicológicamente sus medios de vida, mientras que por otro lado sus exigencias pulsionales insatisfechas le hacen sentir las imposiciones culturales como una constante opresión. Con esto la sociedad sostiene un estado de hipocresía cultural (preguntémonos: ¿todo Estado es hipócrita?) que necesariamente será acompañado por un sentimiento de inseguridad y por la imprescindible precaución de prohibir toda crítica y discusión al respecto (...) debido a esta crítica, el psicoanálisis fue tachado de enemigo de la cultura, condenándoselo como peligro social. Semejante resistencia no puede gozar de vida eterna, ninguna institución humana podrá escapar a la influencia de una crítica justificada, pero hasta ahora la actitud del hombre sigue siendo dominada por este miedo que desencadena las pasiones y menoscaba la pretensión de argumentar lógicamente.”


Ahora sí, y para finalizar, una cita de Lacan que explica por qué, para preguntarse qué es Freud, debíamos pasar por la modernidad, por la época en la que nos toca vivir: “No reconocer la filiación o la paternidad cultural que hay entre Freud y cierto vuelco del pensamiento, manifiesto en ese punto de fractura, de división, que se sitúa hacia el final del siglo XVII, equivale a desconocer totalmente a qué tipo de problemas se dirige la interrogación freudiana” (13-1-60).
* Psicoanalista. Miembro del Colectivo Zona de Frontera.


Presentación para la mesa “Freud y la verdad”, compartida con Cynthia Szewach y Carlos Gutiérrez (coordinada por Adriana Abeles), dentro de la semana “Freud por ...venir”, organizada por la Municipalidad de San Isidro y Fundación Campos del Psicoanálisis.

​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Jueves, 23 Agosto 2018 15:05

Sobre la guerra y el nacionalismo

Sobre la guerra y el nacionalismo

En medio de la disolución de la antigua Yugoslavia en la década de 1990, la península balcánica europea asistió al auge más tremendo del nacionalismo jamás visto después de la Segunda Guerra Mundial.

 

El horror que el mundo vio en el periodo de expansión de la ideología Nazi y que generó millones de muertes atroces, fue recordado en Sarajevo, capital de Bosnia, cuando las fuerzas militares y paramilitares serbias atacaron durante algunos años territorio bosnio escudándose en la defensa de sus valores nacionales y de su pueblo. El 28 de junio de 1914, la misma ciudad de Sarajevo había sido testiga del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, quien horas después de un atentado con un artefacto explosivo a su paso por una de las calles de la ciudad, del cual resultó ileso, fue abaleado en otra de las calles del mismo lugar, muriendo instantáneamente, al igual que su esposa quien también recibió impactos de bala. Este hecho fue la excusa para desatar uno de los primeros conflictos bélicos del siglo XX, con amplia resonancia e impacto sobre buena parte del mundo durante casi todo el siglo XX.

 

Nuestra intención aquí no es relatar paso a paso los hechos acaecidos durante la Primera Guerra Mundial que en noviembre próximo cumple 100 años desde su finalización. Más bien, aprovechamos este suceso para cuestionar el fenómeno de la guerra y la noción de nacionalismo.

 

La guerra siempre ha sido un fenómeno hostil. Hasta ahora, entre los seres humanos, ha sido fácil traducir el conflicto, que les es inherente a través de la diferencia, en términos de confrontación bélica. La historia de la humanidad ofrece muchos registros de esta actitud y despliegue ofensivo contra el otro de diversas formas: religiosamente, políticamente, racialmente, etcétera. No es gratuito que la preocupación por la guerra haya sido frecuente entre las mentes más brillantes de cada época.

 

Las respuestas ante este fenómeno han estado siempre sobre la mesa, desde los griegos y hasta nuestros días, el fenómeno de la guerra ha tenido un espacio en medio de las discusiones conceptuales más agudas, de los dramas políticos más tensos y hasta en medio de tiempos de relativa tranquilidad, pues a la paz la han definido casi siempre como aquel estado donde ocurre la ausencia de guerra. Como vemos, esta última ha sido uno de los eventos estructurales que ha acompañado el desarrollo de la historia de Occidente. Desde Aristóteles y su preocupación por la Constitución de los atenienses, pasando por Maquiavelo y su idea de la regulación del conflicto a través de instituciones como el Tribuno del pueblo para regular el conflicto entre gobernantes y gobernados, hasta nuestros días y los esfuerzos democráticos por evitar la confrontación armada, paradójicamente, en medio de ella.
Colombia y su contexto de violencia –situación especialmente importante para nosotros– ha tenido tiempos de guerra donde las cifras siempre asustan, más allá de que muchas veces se conviertan, para la mayoría, en un asunto de producción natural de la muerte.

 

Los excesos que acompañan a la guerra se han vuelto tan familiares en nuestro contexto que ya no sorprenden los relatos de las víctimas por más desgarradores que sean, tampoco el testimonio físico de las heridas que deja a su paso toda confrontación con las armas.

 

Además de este proceso de naturalización del horror, la guerra también puede ser invisible, o por lo menos, escudarse en medio de la ausencia formal de ella, pues luego de la finalización oficial del conflicto armado colombiano entre el Gobierno Nacional y las Farc, según el relato gubernamental los sistemáticos asesinatos de líderes sociales no tienen nada que ver con el conflicto estructural de un país que se ha desarrollado históricamente en medio de la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades y la estigmatización y eliminación de toda forma diferente de emprender, asumir y construir la vida individual y colectivamente. Esta diferencia alimenta el conflicto que parece no puede resolverse sin los disparos y muertes de miles de seres humanos.

 

Pese a esta dinámica histórica, la enseñanza y el reto es que la diferencia debe ser asumida en términos estructurales entre los seres humanos, adjunta a la identidad y el principio de individuación propio de todo ser que se asume como único, no como justificación del rechazo y eliminación de todo aquello que no es igual a una posición hegemónica de ver la vida y entender las relaciones sociales. Entender que la diferencia es algo que puede ser resuelto de manera definitiva nos empuja a una salida que implica el rechazo del otro, y la instauración de modelos únicos y necesarios donde se pretende que quepamos todos bajo una única forma de pensar y actuar. No asumir la diferencia como una forma esencial de los seres humanos es negar a la humanidad misma, es creer que pueden canalizarse todas las pulsiones de hombres y mujeres en función de una identidad absoluta pretendiendo, ingenuamente, solucionar la conflictividad inherente a estos. Esta vía de solución del problema como nos dice Estanislao Zuleta “es tratar de negar los conflictos internos y reducirlos a un conflicto externo, con el enemigo, con el otro absoluto: la otra clase, la otra religión, la otra nación; pero este es el mecanismo más íntimo de la guerra y el más eficaz, pues es el que genera la felicidad de la guerra”**, y esto no hace más que alimentar y fomentar una consciencia de identidad única, forma esta sobre la cual se han desplegado los nacionalismos más virulentos y dañinos de la historia de la humanidad. La felicidad de la guerra, expresión con la que juega Zuleta, nos pone de cara al horror que supone el placer que puede llegar a surgir de aquello que nos daña y nos limita en diversas formas. La identidad con este tipo de actitudes es propia de la consolidación del nacionalismo.

 

El nacionalismo puede definirse como un fenómeno que encuentra su fundamento en un conjunto de creencias y prácticas justificadas, las más de las veces, en mitos como la patria, la tierra, la religión, la raza o la sangre, y que además deben prevalecer sobre cualquier otra noción de conjunto social o comunidad política que no encuentre lugar en este conjunto.

 

El cierre político del siglo XX en Europa, como ya hemos visto, también tuvo lugar en territorio balcánico. Las guerras de secesión yugoslavas son la última manifestación de los excesos del nacionalismo en ese siglo. La feroz confrontación entre las diferentes repúblicas unidas bajo la bandera yugoslava después del fin de la Segunda Guerra Mundial generó una crisis que volvió a poner en tela de juicio el concepto de nacionalismo. Las armas como principal vía de solución de conflictos étnicos y políticos en aquel territorio aún remueven los cimientos de las diversas naciones que tienen su lugar en los Balcanes. Para no alejarnos de nuestro objetivo principal volvemos a nuestro contexto para cerrar esta reflexión.

 

Si bien en Colombia no emerge una idea clara de nación por parte de grupos identificados con ideas acabadas y unilaterales respecto de una única forma de vida y una única forma de relacionamiento con los demás, fenómenos como el paramilitarismo y el auge de formas religiosas tradicionales que buscan por todos los medios imponer una sola idea de cómo construir la vida, nos alertan sobre la posibilidad de un nacionalismo velado al interior del país, pues nociones como la defensa de la patria y de una única forma de familia, propiedad y administración política, dejan especular sobre el peligro de enfrascarnos aún más en el conflicto al cual hoy, históricamente, tememos la posibilidad de responder por vías diferentes a la de la confrontación armada que ha costado tanta sangre y dolor a un pueblo tan vilipendiado como el nuestro.

 

Lo que nos deja entonces la experiencia histórica de la guerra y el nacionalismo es la pregunta sobre la forma cómo debe construirse la vida en medio de las diferencias que nos constituyen. Ya tenemos algunas sugerencias de cómo se construye el infierno sobre la Tierra, no debe insistirse en ello, tampoco aspirar a la construcción de ningún paraíso, pero con toda certeza sabemos que otras formas de asumir nuestra humanidad y la dificultad que va de suyo son posibles.

 

* Centro de Estudios Estanislao Zuleta.
** Zuleta, Estanislao, Colombia: violencia, democracia y Derechos Humanos, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2008, p. 29.

Publicado enEdición Nº249
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