Daniel Urresti, exgeneral y exministro fue el congresista más votado.  Imagen: AFP

Daniel Urresti ganó repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia

Las elecciones legislativas dejaron preocupaciones: un exgeneral procesado por asesinato fue el candidato con más votos; un partido xenófobo y promotor de la pena de muerte quedó como tercera fuerza y una secta evangélica en segundo lugar. 

 

Las elecciones parlamentarias del domingo dejaron varias sorpresas y preocupaciones: un represor procesado por asesinato como el candidato más votado, la aparición como tercera fuerza en el Congreso de un partido radical xenófobo y promotor de la pena de muerte ligado al encarcelado ex militar Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, y la irrupción como segundos en la votación nacional de una secta evangélica ultraconservadora. Un escenario complicado para un nuevo Congreso atomizado, en el cual habría diez bancadas para 130 escaños. La primera fuerza parlamentaria, la centro derechista Acción Popular, tendrá solamente 24 legisladores.

El represor convertido en el congresista con mayor respaldo de votos es el exgeneral y exministro del Interior Daniel Urresti. Su oscura historia está ligada a los años del conflicto armado entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó 70 mil muertos. Urresti fue enviado en los años 80 como capitán del ejército a Ayacucho, zona andina donde nació Sendero y fue el epicentro del conflicto. Asumió la dirección de inteligencia, puesto clave en las operaciones militares. Eran tiempos en los cuales los secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y matanzas de comunidades campesinas, cometidas por militares y senderistas, eran cosa cotidiana en esa región.

En noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos fue asesinado por los militares. Fue acribillado y luego volado con una granada en un paraje rural de Ayacucho cuando iba en una moto a cubrir el asesinato de dos personas. Los militares, que sabían de su viaje, lo habían estado esperando. Varios testimonios involucran en el crimen a Urresti, que como jefe de inteligencia tenía un importante puesto de mando. Una campesina, que vivía cerca al lugar, lo ha acusado de haberla violado el mismo día del asesinato del periodista y amenazado con matarla si hablaba. El hoy congresista electo niega los cargos y califica a sus acusadores de “delincuentes” y “terroristas”.

Después de largos años de impunidad, Urresti fue procesado, pero en 2018 fue absuelto. Sin embargo, la Corte Suprema anuló el juicio por una serie de irregularidades y el militar deberá ser juzgado nuevamente, pero ahora eso no podrá ocurrir porque estará protegido por la inmunidad parlamentaria.

 Urresti fue ministro del Interior del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), cargo desde el cual empezó a construirse una imagen de luchador contra la inseguridad ciudadana, aspecto clave para su triunfo electoral del domingo. Se formó esa imagen con operativos policiales con más espectacularidad y difusión mediática, que efectividad. En octubre de 2018 postuló a la alcaldía de Lima, con un mensaje de mano dura contra la delincuencia, quedando segundo. Fue derrotado, pero había comenzado a construir una base electoral.

Ahora Urresti ha ganado la elección parlamentaria repitiendo sus mensajes de mano dura contra la delincuencia. Postuló como cabeza de lista por el partido Podemos Perú, agrupación nueva formada por el cuestionado empresario José Luna, que se ha hecho millonario con el negocio de la educación universitaria de baja calidad y que tiene varias acusaciones de corrupción. En sus primeras declaraciones como congresista electo, Urresti ha buscado acercarse al gobierno de Martín Vizcarra, ofreciéndole apoyo. Después de esta victoria electoral, el represor se posiciona como un posible candidato presidencial para las elecciones de abril de 2021.

Otro que aspira a ser candidato en 2021 es Antauro Humala. El partido Unión por el Perú (UPP), que respalda a Antauro, se ha convertido en la tercera fuerza del Congreso con 17 legisladores. Pero Antauro la tiene más complicada porque está en prisión cumpliendo una condena por el asalto a una comisaría que dejó cuatro policías muertos en enero de 2005, en un farsesco intento de derrocar al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006). Cumple su condena en 2024, por lo que no podrá ser candidato. Pero UPP ha anunciado que utilizará su fuerza en el Parlamento para pedir la excarcelación de Antauro y que se habilite su candidatura.

UPP sorprendió con su votación en las zonas andinas más empobrecidas. Antauro y los de UPP disparan contra el modelo neoliberal y se dicen de izquierda, pero asumen posturas que los ubican en la ultra derecha: tienen un discurso xenófobo -proponen prohibir que se les dé trabajo a los extranjeros-, exigen la pena de muerte y que los militares salgan a las calles para controlar la seguridad. Homofóbico, alguna vez Antauro habló de fusilar a los homosexuales. Este extraño personaje, entre pintoresco y peligroso, es el otro gran ganador, junto al represor Urresti, de las elecciones parlamentarias del domingo.

También está la sorpresa de la secta evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, que a través del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), dejó a todos mudos con su segundo lugar, con 8,9 por ciento. Hasta el domingo nadie los tomaba en serio. Se hace llamar “israelitas” y su mayor presencia está en las zonas rurales, especialmente amazónicas y andinas.

“Los homosexuales tienen el mal enquistado en su corazón y en su sangre, pero van a tener oportunidad de conocer el decálogo universal y mediante eso van a entrar en la moral. Nuestro señor Dios de Israel creó hombre y mujer. Promoveremos en los colegios una educación con moral”, han sido las declaraciones con las que el vocero de los israelitas, Wilmer Cayllahua, probable congresista, debutó luego de su inesperado segundo lugar en las elecciones. 

El fujimorismo, duramente derrotado, ya ha comenzado a moverse para buscar acuerdos con esta secta mesiánica y ultraconservadora.   

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Martes, 26 Noviembre 2019 05:49

Batacazo en Hong Kong

Batacazo en Hong Kong

 Los candidatos antirégimen chino consiguieron una aplastante victoria en las elecciones municipales celebradas el domingo en Hong Kong. Con una participación récord del 71,2 por ciento, casi tres millones de personas acudieron a las urnas en un momento clave para Hong Kong, una antigua colonia británica que se encuentra envuelta en una de las mayores revueltas de su historia desde que fue devuelta a China en 1997. La oposición al gobierno obtuvo 396 de los 452 escaños (cerca del 90 por ciento de las bancas de los consejos de distritos) lo que supone un claro rechazo a los candidatos proChina y, por ende, a la administración de la líder de Hong Kong, Carrie Lam. La debilitada gobernadora admitió el aplastante triunfo de la oposición y aseguró en rueda de prensa que escuchará a la población "con la mente abierta". Reconoció que "pese la difícil situación social, las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y segura".

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La Cámara de Diputados de Bolivia convoca elecciones generales

La ley para la convocatoria y realización de nuevos comicios, que consta de de 24 artículos y cinco disposiciones finales, ha sido aprobada por el Senado de Bolivia de forma unánime.

24/11/2019 10:31 Actualizado: 24/11/2019 17:33

efe

La presidenta interina de Bolivia tras el Golpe de Estado, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley de urgencia para convocar lo antes posible nuevos comicios en el país, con el compromiso de que serán unas elecciones "limpias, justas y transparentes".

Jeanine Áñez subrayó el compromiso de su Gobierno provisional con unas elecciones limpias frente al "fraude" del que acusa a Evo Morales en los comicios del pasado 20 de octubre, cuyos resultados con esta ley quedan anulados.

"Bendito sea Dios por este día", fueron las primeras palabras de Áñez tras firmar la ley en el palacio de Gobierno en La Paz. "No ha sido fácil construir el consenso", reconoció, necesario en el Parlamento para aprobar por unanimidad esta ley para que los bolivianos "elijan sin fraude, sin engaños y sin chantaje".

Frente a las "maquinaciones oscuras, como hizo el Gobierno del expresidente Evo Morales", según la mandataria provisional. "Dios los bendiga siempre, llega el tiempo de la reconciliación, que Dios bendiga a toda Bolivia", fueron sus palabras para cerrar el discurso.

Los principales artículos 

Uno de los primeros puntos de esta norma, excepcional y transitoria, es la anulación de la votación tras la que Morales fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Otro es el que establece que la próxima cita con las urnas tiene que celebrarse en un plazo máximo de 120 días, a partir de que sean convocadas por un nuevo órgano electoral que tiene que elegir el Parlamento boliviano.

Los próximos comicios se celebrarán con un nuevo padrón de electores, después de que el anterior generara denuncias de irregularidades, y con todos los partidos que deseen concurrir.

Uno de los artículos clave es el que recalca que los candidatos no pueden eludir el límite constitucional de dos mandatos seguidos en sus cargos. La oposición concurrió a las anteriores elecciones pese a considerar que Morales era un candidato ilegal por no respetar ese límite, aunque su candidatura estaba avalada por el entonces órgano electoral.

El tribunal electoral terminó procesado y con muchos de sus miembros en detención preventiva, mientras se investiga un supuesto fraude en los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, quien ante las protestas y la presión del Ejército dimitió y está asilado en México.

La ley suspende de forma transitoria otras normas con tal de acortar plazos, como la que establece las primarias para que los partidos elijan a sus candidatos, que no serán necesarias.

Consejo parlamentario 

La presidenta interina promulgó la ley acompañada por la dirigente del Senado boliviano, Eva Copa, del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el Parlamento.

Esta norma fue aprobada por unanimidad este pasado sábado entre el MAS y la oposición en las Cámaras de Senadores y de Diputados, incluida la formación de Áñez, Unidad Demócrata.

Los comicios, aún sin fecha, pero que se esperan para el comienzo de 2020, son para elegir al presidente, al vicepresidente, a los diputados y senadores.

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Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:29

Pitazos

Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap

Los pitazos contra el abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo investigación para un juicio político gracias a un whistleblower (literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura, revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.

Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar abusos de poder o actos ilegales.

Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.

Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.

Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido. La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo nada menos que el subdirector de la FBI.

El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean brindadas todas las protecciones que otorga la ley.

Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de "criminales" a los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así: "Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público".

Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras oficiales.

Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional, en general detestan en principio toda revelación no autorizada por ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la prensa).

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Los evangelistas sionistas al rescate de Trump amenazan con una guerra civil en EU

Dos años después no variaron tanto los cuatro escenarios que postulé sobre el epílogo de Trump (https://bit.ly/2mD2MR4). Lo que sí varió es la fractura entre demócratas y republicanos que pasó de la “guerra civil soft” (https://bit.ly/2XBNWYZ) al borde de una “guerra civil casi hard”.

El día del anuncio de la "investigación" con fines de defenestración ( impeachment) en la Cámara de mayoría demócrata, Trump había fustigado a los globalistas en la ONU.

Trump retwitteó las amenazas del pastor bautista Robert Jeffress (https://bit.ly/2mMa9pC), quien advirtió que su impeachment “causaría una guerra civil (sic) como fractura (…) de la que nuestro país nunca sanará” (https://bit.ly/2p4Y5R4). Robert Jeffress es pastor del bautismo sureño de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, que aglutina a 13 mil feligreses y es ferviente partidario de Trump a quien "aconseja" en materia religiosa.

La apertura de la embajada de EU en la parte palestina de Jerusalén ocupada por Israel fue avalada por los evangelistas sionistas texanos Robert Jeffress y John Hagee (https://bit.ly/2ocZbtF).

A juicio de Robert Jeffress, los demócratas saben que no podrán ganarle al presidente en 2020 por lo que el “ impeachment es el único instrumento que tienen para deshacerse de Trump”, ya que a los "demócratas no les importa si incendian y destruyen al país".

Comentó que "nunca había visto a los evangelistas más furiosos en un tema como este intento de defenestrar en forma ilegítima al presidente de su puesto, como anular la elección de 2016 y negar los votos de millones de evangelistas".

En búsqueda del influyente voto de los judíos, el mismo pastor imprecó que "serían maldecidos con sus hijos por Dios si votasen por los demócratas", en eco a la jeremiada de Trump quien espetó que los judíos que votasen por los candidatos demócratas eran "desleales" –no especificó si a EU y/o a Israel–.

Han resonado más las incriminaciones criminales del Partido Demócrata contra Trump que las brutales inculpaciones en contra de Hunter, el hijo pródigo del ex vicepresidente Joe Biden, sobre sus tratativas mafiosas en Ucrania, con la gasera Burisma, y en China donde descolgó mil 200 millones de dólares en forma clandestina.

El Partido Demócrata se ha ido con todo y ha citado al procurador William Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los Republicanos no están mancos y Rudolph Giuliani, implacable abogado privado de Trump, se ha ido a la yugular de Joe Biden quien solicitó a las televisoras que le impidan discutir sus escándalos en Ucrania (https://bit.ly/2mGhg2D).

El mismo Trump ha despotricado de "traición" contra el jefe de la Cámara de Espionaje, Adam Schiff, vinculado a George Soros (https://bit.ly/2nziLjH) y financiado por el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (https://bit.ly/2mTizeP).

Destaca que el israelí-estadunidense Stephen Miller, consejero político de Trump y connotado mexicanófobo, arremetió contra el anónimo delator ( whistleblower), aunque indicó que es un operador del Deep State (Estado Profundo) –¿la CIA?–y a quien Trump retó a salir de su clandestinidad.

El whistleblower anónimo explotó el ucraniagate contra Trump, quien presuntamente chantajeó al presidente de Kiev para ventilar los expedientes criminales de Hunter Biden a cambio de la ayuda militar de EU.

Se trata de una batalla épica de feroces ataques y contrataques donde la percepción de los ciudadanos y el flagrante favoritismo de los multimedia tendrán un enorme impacto, no se diga las traiciones en ambos partidos, al unísono de la métrica cuantitativa de los donativos.

Si los Demócratas no consiguen defenestrar a Trump después de haber abierto la Caja de Pandora de Ucrania, cuando ya les falló el russiagate, es probable que sufran un "efecto bumerán" (https://bit.ly/2nyDt3b).

Quien salga menos mancillado y menos herido de muerte del lodazal jurídico y de espionaje que se ha desatado será el vencedor de la batalla pírrica, donde Trump, gran aficionado al box y consejero financiero del campeón de peso pesado, Mike Tyson, combatirá hasta el último round (https://bit.ly/2nxvsLK).

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 Martín Vizcarra, presidente de Perú, durante el anuncio de la disolución del Congreso, el lunes pasado, desde el Palacio de Gobierno, en Lima.Foto Ap/Oficina de prensa de la presidencia peruana

Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, de mayoría opositora, que en respuesta tomó protesta a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante interina.

El choque de trenes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un autogolpe de Estado y la noche del lunes el Congreso declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien renunció anoche.

Fuerza Popular es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y quien actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El clima de tensión se centró la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que ayer estaban fuertemente custodiados por la policía.

La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel en un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses como consecuencia de la inestabilidad que reina en el país que, al parecer, tiene dos jefes de Estado.

La organización de empresarios privados, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso de la petición del mandatario y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, por motivo de incapacidad temporal como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz, quien se distanció del mandatario.

Fue la tercera vez en menos de un año que el Congreso negó al Ejecutivo ejercer un voto de confianza. Vizcarra argumentó que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.

Estos mandatarios, acusados de recibir sobornos y apoyos de campaña ilícitos de dicha empresa son, además de Kuczynski: Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, Alejandro Toledo, mandatario de 2001 a 2006, y Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Este último se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio y dejó una carta en la que proclamaba su inocencia.

En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años.

Sostuvo que su iniciativa busca dar paso a una nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida a quién da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto, o si le da la razón al Ejecutivo, eligiendo una nueva mayoría.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, apremió al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, y aconsejó que la polarización política sea resuelta por el pueblo en las urnas.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios. El congresista Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos en el aeropuerto de Lima cuando presentó su pasaporte oficial, pues ahora debe tramitar uno ordinario.

Araoz, economista y ex ministra del difunto Alan García rindió protesta la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero anoche se informó de su dimisión.

Ayer, la política dijo que ha tenido conversaciones informales con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio detalles.

Indicó que le encantaría poder hablar con Vizcarra, pero que no ha podido pues el mandatario dio la instrucción de que no se le permita el ingreso al Palacio de Gobierno.

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.

La crisis política en Perú se gestó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones.

Aunque perdió la presidencia, el partido de Keiko Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción.

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Miles de peruanos reclaman el cierre del Congreso  Guerra declarada al fujimorismo

La rabia detrás del “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en símbolo de corrupción.

 

“Que se vayan todos”, fue el grito de indignación que se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales ciudades del país exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La rabia detrás de ese “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada por la corrupción. El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90 por ciento. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien puso en el centro del debate, y de las demandas ciudadanas, el adelanto de elecciones generales, al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70 por ciento de respaldo. Esa propuesta, la lucha contra la corrupción y su enfrentamiento contra el desacreditado Congreso fujimorista suman a la popularidad de Vizcarra, ajeno a la clase política tradicional, pero deficiencias de gestión, problemas relacionados con la política económica neoliberal y conflictos sociales juegan en su contra. Los sondeos le dan 47 por ciento de apoyo.

En medio de una grave crisis política por los constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso, Vizcarra presentó al Parlamento un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, de abril de 2021 al mismo mes de 2020. Argumenta que esa es “la única salida posible” a la crisis política. Esto implica que el presidente, que no irá a la reelección, recorta en un año su mandato presidencial, pero que también debe hacerlo el Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, entre ellos en primera fila el Partido Aprista del fallecido ex presidente Alan García, que se suicidó en abril pasado acorralado por cargos de corrupción. La mayoría parlamentaria ha reaccionado furiosa en contra de esa posibilidad. La izquierda y sectores de una derecha liberal respaldan el adelanto de elecciones.

Para que las elecciones puedan darse en abril de 2020 la reforma constitucional que lo haga posible debe ser primero aprobada por el Congreso y luego ratificada en un referéndum que debe darse a más tardar en diciembre. Lo segundo se da por descontentado, pero lo primero parece improbable. Y ahí se traba todo. En un escenario poco favorable para aprobar el adelanto de elecciones en el Congreso, el gobierno tiene la carta de pedir al Legislativo un voto de confianza amarrado a la aprobación de esa propuesta, y si el adelanto de elecciones es rechazado y por lo tanto el voto de confianza en esas condiciones negado, el Ejecutivo quedaría constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones. Ese mecanismo para presionar al Congreso ya le ha dado resultados al gobierno en otros temas. Esta vez, la mayoría parlamentaria, jugada para impedir elecciones adelantadas, amenaza desconocer su eventual cierre y responder con la destitución de Vizcarra.

El fujimorismo y sus aliados están acosados por procesos judiciales -la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori, está bajo prisión preventiva acusada de lavado de activos por el financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero sucio de Odebrecht, y varios dirigentes de su partido están comprometidos en ese caso- y buscan desesperadamente tumbarse los procesos anticorrupción. Para ese objetivo necesitan controlar el mayor tiempo posible el Congreso, desde el cual vienen presionando en defensa de Keiko y otros acusados, blindando a varios denunciados por corrupción, incluyendo jueces y fiscales que juegan a su favor, y atacando a los fiscales anticorrupción, a los que buscan destituir. Un adelanto de elecciones -las que, según revelan las encuestas, perderían abrumadoramente- afectaría sus planes de impunidad al tener que dejar el control del Congreso un año antes de lo esperado.

Mientras en el Congreso dilatan el debate sobre el adelanto de elecciones, los legisladores fujimoristas y sus aliados maniobran para armar un golpe parlamentario si no logran hacer retroceder al presidente. Vizcarra ha asegurado que de ninguna manera dará marcha atrás. Sacando al presidente no solamente esperan bloquear las elecciones adelantadas que no quieren, sino también reemplazar a alguien incómodo para sus intereses por una persona amiga que les facilite sus planes para acabar con los procesos anticorrupción. Parecen haber encontrado en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien ha roto con el presidente, a esa persona amiga que necesitan en la presidencia. La vicepresidenta, quien hace una década fue ministra del segundo gobierno de Alan García, ahora juega para el fujimorismo, despachándose en declaraciones contra el adelanto de elecciones impulsado por el presidente y lanzando críticas contra el equipo fiscal anticorrupción.

La mayoría fujimorista puede no tener argumentos válidos para destituir a Vizcarra, pero ya ha demostrado la prepotencia con la que se manejan. Y ahora se mueven con la desesperación de quienes ven cerca la cárcel. Para consumar el golpe parlamentario necesitan 87 votos, dos tercios del total. No los tienen, pero sumando aliados seguros, como el Partido Aprista, y otros eventuales, podrían llegar a esa cifra. Hace menos de dos meses ganaron la mesa directiva del Congreso con 76 votos. De ahí parten para buscar seguir sumando.

La guerra ha sido declarada. La batalla se da en el terreno político, pero también en las calles. Están en juego el futuro de los procesos judiciales contra la extendida corrupción política y empresarial, que ha gatillado la ira ciudadana, y de la democracia misma. Este mes de septiembre puede ser decisivo.   

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