Los desafíos de la región andina camino al superdomingo electoral  

Este domingo se llevarán a cabo elecciones en Ecuador y Perú, y la segunda vuelta en algunos departamentos de Bolivia. Chile, por su parte, decidió postergar los comicios que se iban a realizar este fin de semana, para el 15 y 16 de mayo próximo, debido a la situación sanitaria causada por la covid-19.

Los ecuatorianos y las ecuatorianas acuden nuevamente a las urnas en la segunda vuelta electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República para el período 2021-2025. El pasado 7 de febrero, la fórmula Andrés Arauz-Carlos Rabascall de Unión por la Esperanza obtuvo el 32,72 por ciento frente a la fórmula de Guillermo Lasso-Alfredo Borrero, Alianza Creo–PSC, con el 19,74, luego de un período de incertidumbre y denuncias de fraude frente a la corta diferencia entre el segundo y tercer lugar con el candidato Yaku Pérez.

Esta segunda vuelta cobra mayor relevancia en cuanto al respeto a la institucionalidad democrática, luego de todas las instancias de judicialización, como las resoluciones y pedidos de la Contraloría General del Estado o las resoluciones de la Fiscalía General de la Nación que obstaculizaban la labor del CNE, y las intervenciones externas, como la llegada del Fiscal General de Colombia para reunirse con su par de Ecuador a raíz de una acusación falsa sobre un financiamiento que habría recibido Arauz por parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia.

El principal desafío de quien resulte electo este próximo domingo se deriva de los resultados de las elecciones a asambleístas, debido a la cantidad de votos recibidos por fuerzas políticas como Pachakutik e Izquierda Democrática, que no pudieron pasar a la segunda vuelta, pero cuyo caudal electoral llevó a que ninguna fuerza política tenga mayoría propia en la Asamblea Nacional. Frente a este panorama, la búsqueda de acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas es primordial no sólo para lograr gobernabilidad, sino también para poder revertir la crisis sanitaria, social y económica en que se encuentra el país tras el gobierno de Lenin Moreno.

Perú se encuentra en el tramo final de campaña de las elecciones para elegir al Presidente de la República, sus dos Vicepresidentes, 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos para el periodo 2021-2026, en un contexto político de bastante convulsionado.

En el último período pasaron por la Presidencia de la República cuatro mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino –quien presentó su renuncia a menos de una semana de haber asumido el cargo– y el legislador Francisco Sagasti, quien finalmente fue elegido por el Congreso como mandatario interino hasta las elecciones de este año. Recordemos también hace poco más de un año, en enero de 2020, se realizaron elecciones extraordinarias congresales luego de la disolución del Congreso por parte del entonces Presidente, Vizcarra, que tuvo como resultado la consolidación de la dispersión del sistema de partidos.

Hoy, a solo días de las elecciones, y con 18 candidatos presidenciales, las encuestas muestran un escenario de fuerte fragmentación en el voto, que no sólo redundará en un Congreso altamente atomizado, sino también en la realización de una segunda vuelta que se desarrollaría el 6 de junio si, tal como refleja la intención de voto, ninguna de las candidaturas logra superar el cincuenta por ciento.

Una muestra de esto se observa en la mínima diferencia entre el candidato con mayor intención de voto, Yohny Lescano, del histórico partido Acción Popular, y quien está en el sexto puesto, hay menos de cinco por ciento de diferencia. Entre quienes se ubican en estos primeros lugares se encuentran también Keiko Fujimori, hija del ex presidente, quien fue candidata a la presidencia en 2011 y 2016, logrando llegar a la segunda vuelta en esas elecciones; Rafael López Aliaga, un empresario hotelero de extrema derecha, tildado por algunos como “El Bolsonaro de Perú”, millonario, extremista con discurso autoritario y antiderechos; Hernando de Soto, un economista de derecha de 79 años, responsable de la política de shock económico de Alberto Fujimori, que ha subido en la últimas encuestas diciendo que no dejará entrar “ni delincuentes ni pobres” de otros países.

Entre estos candidatos también se encuentra Verónika Mendoza, quien ha logrado aglutinar al electorado progresista y de izquierda en la coalición Juntos por Perú, e intentará pasar a la segunda vuelta para discutir qué proyecto político permitirá superar la grave crisis que vive el país.

Estas elecciones representan una oportunidad para Perú, de recuperar la institucionalidad democrática del país y lograr canalizar las demandas de políticas públicas que permitan reducir las desigualdades históricas existentes y afrontar la grave crisis sanitaria causada por la pandemia de la covid-19.

En este súperdomingo electoral, también se llevarán a cabo la segunda vuelta de las elecciones realizadas el 7 de marzo en algunos departamentos de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija; en todos ellos el MAS-IPSP accedió a la segunda vuelta. Sin dudas es una elección clave para la gobernabilidad, considerando que hasta ahora en tres departamentos ganó el MAS-IPSP y en dos ganaron fuerzas opositoras, y en un contexto donde varios referentes de la región, ex presidentes y cancilleres denunciaron las intromisiones del secretario general de la OEA Luis Almagro en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, preocupación que se refuerza por la memoria reciente del Golpe del Estado de noviembre de 2019.

A cuatro días de las elecciones previstas en Chile para el 10 y 11 de abril, donde se elegirían constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores, el Parlamento sancionó una ley para aplazarlas para el próximo 15 y 16 de mayo, producto del rebrote de contagios y muertes que vivió el país en las últimas semanas a causa del coronavirus.

A pesar de la decisión de Chile, este superdomingo tendremos las elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia, tres países cuya institucionalidad democrática ha sido vulnerada en los últimos años.

* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Profesora del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior (INCAP).

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Bolsonaro cedió a las presiones de un sector del Parlamento y cambió a seis ministros

El presidente de Brasil realizó un fuerte cambio en su gabinete, entre ellos los de sus ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y consolidar de paso su alianza con el llamado "Centrao".

 

El cambio en el gabinete del Gobierno brasileño comenzó con la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo. Luego de un ataque a la senadora Katia Abreu del Partido Progresista. El primer trago amargo para Bolsonaro, con el jefe del Itamaraty pidiendo su renuncia, resultado de la presión del parlamento que se movía para pedir su juicio político.

En total dejaron su cargos los ministros Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defensa), André Mendonça (Justicia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno), Walter Souza Braga Netto (Jefatura de Gabinete) y José Levi (Fiscalía General, o AGU).

La caída de Ernesto Araújo fue un duro golpe para el bolsonarismo. El ahora excanciller, había llegado a decir que "Trump había llegado para salvar a Occidente". Su partida debilita al presidente y allana el camino para una mayor domesticación de Bolsonaro cediendo al Centrão, un sector de la derecha y centro derecha del parlamento que comanda Diputados y el Senado, que permanece como base de apoyo para el presidente a costos cada vez mayores.

Luego llegó la salida del ministro de Defensa, el general Azevedo, que fue despedido del cargo por Bolsonaro. "Preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones de Estado", dijo el ministro de Defensa saliente en un comunicado difundido luego de reunirse con el presidente en el Palacio del Planalto.

Varios analistas brasileños indican que el ahora exministro se habría opuesto a un plan de Bolsonaro para declarar toque de queda en todo el país. Lo cierto es que una parte de la cúpula militar busca que el Ejército se involucre de forma menos visible en la política, en parte fruto de un realineamiento de los militares con la nueva administración en la Casa Blanca, del actual presidente Joe Biden.

Los militares fueron un sector clave en el régimen surgido del golpe institucional contra Dilma Roussef y las arbitrariedades posteriores, pero ahora, ante las presiones de Washington, no quieren parecer tan próximos a Bolsonaro. En ese sentido se entiende la posición del jefe del Ejército, general Edson Pujol, en favor de las cuarentenas declaradas en algunos Estados del país.

Este es el segundo general que echa el ex capitán Bolsonaro: la semana pasada cayó el hasta entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

La modificación en el gabinete fortalece la presencia y ascendencia del "Centrao" en el Gobierno. Es posible que la elección del nuevo ministro de Relaciones Exteriores no esté solo en manos de Bolsonaro.

Detrás de la salida de Araújo se vio otra disputa. Su permanencia en el Gobierno era insostenible luego de que el ministro acusó a la senadora Kátia Abreu, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de presionar a favor de los chinos por la implementación del 5G en el país.

El discurso dirigido al sector más duro que apoya al Presidente fue evidente, movilizando a las tropas a través del elemento anti-China. En las redes sociales los bolsonaristas salieron en defensa del ministro, denunciando la intervención china. Sin embargo, la táctica del canciller solo logró inflar el parlamento en su contra de una vez por todas, especialmente el “centrao” del que Kátia Abreu es parte.

En su denuncia a la simpatía de la Senadora con China, sobre en el tema del 5G, Araújo buscó enfatizar el componente funcional de la política bolsonarista, de subordinación en primer lugar a Washington, incluso para la nueva diplomacia de Biden.

Sin embargo hay un elemento a tener en cuenta, desde la perspectiva del futuro nombramiento de un titular del Itamaraty. Kátia Abreu, en su respuesta a Araújo, no negó que defendió que "las licitaciones no pueden incluir vetos ni restricciones políticas", asumiendo una posición más pro China. La que fuera ministra de Agricultura de los gobiernos del PT expresa los compromisos de la agroindustria, de pensar pragmáticamente en primer lugar para sus clientes, el mayor de los cuales es China.

La modificación en el gabinete abrió lugares para el "Centrao". El titular de Diputados, Arthur Lira, hombre clave del sector de los parlamentarios que apoya al Gobierno, amenazó la semana pasada con "remedios amargos" frente a la criminal política de Bolsonaro ante la pandemia, de la cual el país es el centro mundial con más de 2.500 muertos diarios en promedio por semana y el 80% del país bajo colapso.

Lo que nuevamente resalta son las grietas y disputas por arriba y el colapso del gobierno de Bolsonaro. En este momento de debilidad del régimen, el surgimiento de la clase trabajadora como actor independiente de estas disputas sería fundamental. Sin embargo, Lula y las centrales sindicales actúan una vez más para garantizar la pasividad y la unidad de intereses, perdonando el golpe y abriendo el camino de la conciliación para el 2022.

Lo fundamental sería levantar una fuerza de trabajadores en cada lugar de trabajo y estudiar para sacar no solo Araújo, sino para oponerse a Bolsonaro, los militares y todos los golpistas en su conjunto. Una fuerza de trabajadores para garantizar una salida ante la crisis que vive el país.

Por Diego Sacchi@sac_diego

Lunes 29 de marzo | 21:54
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Trump muestra una portada de periódico sobre su impeachment.- EFE

El Senado de Estados Unidos absuelve al expresidente en su segundo juicio político por 57 votos a favor de la condena y 43 en contra, aunque se necesitaban 67 votos favorables.

 

El expresidente de EEUU Donald Trump ha sido absuelto este sábado por el Senado, bajo control demócrata, de cualquier culpa en el asalto al Capitolio del 6 de enero, una de las jornadas más convulsas de la historia del país y en la que murieron cinco personas.

Los votos republicanos del Senado, constituido como jurado en este juicio político  o impeachment, salvaron a Trump e impidieron que los demócratas se hicieran con suficientes votos para condenarle.

El propio Trump ha dado la bienvenida a su absolución y ha avisado de que su movimiento para "Hacer a EEUU grande de nuevo" ("Make America Great Again") solo "acaba de empezar".

"Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para 'Hacer a EEUU grande de nuevo' solo acaba de empezar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos para lograr la grandeza estadounidense para toda nuestra gente. ¡Nunca ha habido nada igual!", dijo en un comunicado

Los siete republicanos contra Trump

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por "incitar a la insurrección": Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

El marcador final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al examandatario, algo que desde el principio parecía altamente improbable debido a la influencia que Trump aún tiene en su base de votantes.

A favor de absolver al expresidente votó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, una figura muy influyente en el partido y que al principio se había mostrado abierto a una condena.

Sin embargo, esta mañana, el equipo de McConnell filtró a la prensa que pensaba absolver al exmandatario, lo que con toda seguridad influyó en el voto de algunos de sus correligionarios.

En las últimas horas del juicio político, la defensa de Trump se esforzó por defender el derecho a la libertad de expresión del expresidente y lo retrató como un garante de "la ley y el orden" en un retrato manipulado de los hechos, en el que culpó a los demócratas de incitar a la violencia, algo que es falso.

"Este juicio político ha sido una farsa completa de principio a fin. Todo este espectáculo no ha sido más que la búsqueda desquiciada de una vendeta política de larga data contra el señor Trump por parte del partido de la oposición", dijo uno de los letrados del exmandatario, Michael Van Der Veen.

Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de "fiscales" en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente asilado.

Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

En un último intento por ganar una batalla que ya se veía perdida, el legislador demócrata Jamie Raskin, que lidera la acusación contra Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y votaran su conciencia, poniendo a EEUU por encima de sus colores políticos.

"Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?", preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio.

"Senadores -rogó Raskin,- este no puede ser nuestra nueva normalidad. Esto tiene que acabar".

El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de "fiscales"; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.

Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible.

washington

13/02/2021 21:52 Actualizado: 13/02/2021 22:44

EFE

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Protestas en Lima contra el gobierno de Merino. (EFE)

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años y otro de 24 años heridos por arma de fuego

 

La zozobra política en Perú alcanzó este sábado un punto álgido con una nueva y masiva movilización contra el Gobierno de transición de Manuel Merino, cuya dura represión dejó al menos dos muertos que abonan tanto el sólido rechazo a su figura como su cada vez mayor debilidad. Decenas de miles de peruanos marcharon por calles y avenidas de todo el país en una movilización de rechazo espontánea, coordinada tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces, muy diversa, mayoritariamente joven y con una dominante presencia femenina.

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años con una herida por arma de fuego en la cabeza y otro de 24 años con cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego. Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que solo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.

Hasta ahora el presidente transitorio no se ha pronunciado por estas muertes, pero sí lo hizo su antecesor, Martín Vizcarra, quien lamentó los decesos y culpó directamente de ellas a "la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo".

Aún sin los jóvenes fallecidos, y más allá de los números, esta marcha marca un hito en la vida política del país y ya hubiera supuesto una presión extra sobre Merino, que ha visto como algunos ministros ya han dimitido tras haber asumido el cargo hace dos días y cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Mayor fuerza

La movilización fue, si cabe, mayor que la que el jueves último, y en Lima volvieron a verse las mismas imágenes de apoyo masivo a las protestas en la céntrica plaza San Martín, donde se congregaron más de 15.000 personas a las que añadir varios miles más que marcharon en otros lugares de la capital. Tal y como en ocasiones anteriores, hubo graves disturbios en el entorno de la sede del Congreso de la República, protegido por varios círculos de policías, con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas.

Uno de esos disparos fue el que causó la muerte del joven. Además, hubo varios heridos, algunos de gravedad, según pudo verse en las transmisiones de televisión y a través de las redes sociales. A falta de valorar aún el alcance de la represión, que la Defensoría del Pueblo calificó como "uso indebido de fuerza", todo parece indicar que las escenas vividas en el corazón de la capital peruana tendrán consecuencias para un Ejecutivo muy cuestionado por su manejo con mano dura e intransigente de esta situación.

El carácter descentralizado y acéfalo de la protesta dejó también marchas y concentraciones menores, pero también muy nutridas, en prácticamente todos los distritos de la capital, donde los incidentes brillaron por su ausencia.

En el quinto día consecutivo, que la movilización congregara a un número mayor de personas parece ir en contra de las previsiones del Gobierno, cuyos responsables estimaron que la gente "ya se cansaría" de protestar y que sin embargo acudió en masa pese a la amenaza de represión.

"Constitucionalidad"

Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro Ántero Flores-Aráoz salieron a defender la "constitucionalidad" de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso. En su primera, y muy breve, aparición ante un medio de comunicación peruano Merino insistió en la tesis del Ejecutivo de no dar credibilidad a la movilización y no asumir los reclamos de la población.

Así, llegó a indicar que él prestaba "respaldo a la juventud" que protestaba, si bien interpretó de forma un tanto forzada que el clamor popular era por la situación económica y social causada por el covid-19. Nada en la movilización de esta jornada permite sostener esa tesis, pues el principal reclamo ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del Gobierno de Merino.

"Merino, NO eres mi presidente", "Merino, el pueblo te repudia", "No me representas", "Merino usurpador" o, más crudamente, "Me orino en Merino" y "Fuera, mierda", han sido los lemas recurrentes de estos días que se repitieron en la jornada de hoy.

Renuncia y escisiones

La presión hacia Merino y su gobierno, formado por técnicos y políticos de marcado carácter conservador y derechista, comenzó a llegar también por parte del Congreso, que puso al presidente en el poder, pero que ahora parece responder a la exigencia ciudadana. A los anuncios ya conocidos de que varias fuerzas que apoyaron la destitución de Vizcarra ahora evalúan hacer lo mismo con Merino si atiende el pedido de dimisión que ya llega de miembros de su propio partido, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, que ejerce de manera interina las funciones de presidente del Congreso mientras Merino es presidente de la República, también exigió la renuncia del mandatario y anunció una reunión de la junta directiva de portavoces para evaluar la renuncia de la mesa directiva del hemiciclo. Si dimite la mesa directiva del Congreso, el parlamento deberá elegir una nueva de consenso entre las distintas fuerzas que asuma la Presidencia de Perú hasta las elecciones de abril de 2021.

Varios partidos ya retiraron este sábado su apoyo a una comisión parlamentaria que iba a seleccionar los candidatos para formar el Tribunal Constitucional, un órgano clave en esta crisis y que el gobierno de Merino quería llevar a cabo pese a su carácter de transición y pese a que las elecciones generales que renovarán el Congreso se harán en menos de cinco meses.

Dimitir, ¿por qué?

Poco antes de la marcha, Flores-Aráoz declaró ante la prensa que pese a las protestas, que había dicho no saber a qué se debían, el presidente no pensaba dimitir por que muchos peruanos lo respaldan. "Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir", dijo en declaraciones al Canal N.

Flores-Aráoz pidió "tranquilidad" y conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial, pues "la política es diálogo, no imposición". Las escenas tanto de unidad y objetivo común multitudinario para desbancar al gobierno de Merino como de violencia innecesaria e innegable, que fue transmitida en directo por medios de comunicación y redes sociales, hablan lamentablemente un intento de imposición, que los peruanos en las calles no parecen aceptar

EFE

15/11/2020 - 09:32 Actualizado: 15/11/2020 - 09:32

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Sábado, 14 Noviembre 2020 05:58

La insólita saga de los presidentes peruanos

La insólita saga de los presidentes peruanos

En un nuevo síntoma de la putrefacción crónica que padece la institucionalidad peruana, el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra en una maniobra muy floja de papeles que agudiza la crisis multidimensional que vive el país y consolida el altísimo descrédito hacia la clase política. La fragilidad democrática asombra ojeando el decadente ocaso de los últimos seis mandatarios: todos terminaron destituidos y/o presos, a excepción de Alan García que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido.

Faltando sólo cinco meses para las elecciones presidenciales, y en un segundo intento, se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo de 2018 luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era su vice. La acusación bajo la imprecisa figura de “incapacidad moral” se basó en presuntas coimas en la licitación de dos obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua (2011-2014), en una investigación que recién está en etapa preliminar. Quien impulsó la jugada fue el empresario ganadero Manuel Merino (foto), titular del Congreso ahora devenido en nuevo presidente, y fue ejecutada por un Parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. La turbia maniobra express instaló la idea de un golpe de Estado -al estilo de los derrocamientos parlamentarios que sufrieron Dilma en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay- y generó un masivo repudio en las calles con desenlace incierto.

El episodio no hizo más que acelerar la espiral autodestructiva de un sistema político cada vez más deteriorado, marcado por una corrupción endémica y un constante choque de poderes. Una profunda crisis política, moral, económica y encima sanitaria: Perú es el segundo país del mundo con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Una trama compleja cuya expresión más nítida es el desdichado destino de los presidentes en los últimos 20 años:

* Alberto Fujimori (1990-2000): Símbolo de una época, devenido en dictador con el autogolpe de 1992. En noviembre del año 2000 escapó a Japón desde donde renunció vía fax un día antes de que el Congreso aprobara su destitución. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

*Alejandro Toledo (2001-2006): Imputado en el caso Odebrecht por recibir unos 30 millones de dólares para favorecer a la constructora brasileña. Estuvo tres años prófugo de la Justicia en California, Estados Unidos, donde fue arrestado en julio de 2019 y cumple arresto domiciliario mientras se espera su extradición.

* Alan García (1985-1990 / 2006-2011): Afrontó diversas acusaciones de corrupción durante su último mandato. Procesado en la causa Odebrecht por presuntos sobornos en la construcción de un tren, se pegó un tiro en abril de 2019 cuando la policía lo estaba por detener.

*Ollanta Humala (2011-2016): En julio de 2017 fue condenado a 18 meses de prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para su campaña. Pese a estar en libertad condicional a la espera del juicio, anunció recientemente su candidatura presidencial para 2021.

*Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció un día antes de que el Congreso votara su destitución y se convirtió en el primer presidente latinoamericano en perder su cargo por la trama de corrupción de Odebrecht. Está bajo arresto domiciliario por presunto lavado de dinero y por recibir 782 mil dólares de la empresa brasileña.

Vencedores vencidos

El capítulo Vizcarra, sexto presidente seguido que cae en desgracia, es diferente al resto y su salida huele más a golpe parlamentario. Si bien su breve gestión no se corrió de la continuidad neoliberal y su política exterior se mantuvo alineada a Washington, intentó impulsar algunas reformas anti-corrupción y en 2019 disolvió el cuestionado Congreso convocando a nuevas elecciones. Sin partido ni legisladores propios, Vizcarra quedó en la mira de una mayoría parlamentaria (electa en enero de este año) que le terminó pasando factura, apeando a la difusa figura de "vacancia por incapacidad moral” que sirve como mecanismo destituyente sin necesidad de largos debates ni mucha solidez argumentativa.

Se cierran dos décadas en las que el Perú fue noticia por los recurrentes escándalos que sacudieron a sus presidentes; espasmos de la crisis orgánica de un régimen moldeado por la Constitución de Fujimori de 1993. Se abre, en el corto plazo, el desafío de que en las elecciones de abril el descontento popular finalmente pueda ser capitalizado por alguna fuerza progresista, como Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza. Se impone, como meta de largo aliento, el deseo de que el pueblo peruano, como en su vecino Chile, pueda tumbar esa pesada herencia fujimorista y empezar a escribir una nueva historia.

* Editor de NODAL. Autor del libro "América Latina. Huellas y retos del ciclo progresista". Conduce el programa radial “Al sur del Río Bravo”.

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El Congreso peruano habilitó el juicio político contra Martín Vizcarra 

Tras la difusión de audios que incriminarían al Presidente en un caso de corrupción

Desde Lima. Un cantante de poca monta, convertido en funcionario de tercer nivel, ha puesto al presidente Martín Vizcarra al borde del abismo.  Vizcarra debe enfrentar un juicio político que puede acabar en su destitución por supuesta “incapacidad moral permanente”, una figura que forzándola deja un amplio margen de acción. La acusación se origina en la revelación de audios de conversaciones privadas del presidente, grabadas en secreto, en las que coordina con asesores y dos funcionarias de su círculo cercano cómo deben responder en las investigaciones en el caso del cantante devenido en funcionario Richard Cisneros, contratado irregularmente por el Ministerio de Cultura, cuestión que salpica al propio presidente. Vizcarra ha negado un posible contenido delictivo en lo que se dice en esos audios y ha denunciado un complot desde el Legislativo para desestabilizar su gobierno y la democracia.

Sin una investigación previa de los hechos, solo horas después de divulgados extractos de los audios, se presentó en el Congreso la moción para abrirle juicio político al presidente. Es inocultable el apuro y entusiasmo por tumbarse a Vizcarra de diversos sectores de un Parlamento enfrentado al Ejecutivo. Con 65 votos de los 130 miembros del Parlamento unicameral, superando la cifra de 52 que se necesitaban, se dio luz verde al juicio político. Pero sus promotores esperaban un mayor apoyo. Para destituir al presidente se necesitan 87 votos, cifra que luego de la votación de ayer parece difícil de alcanzar. Las abstenciones fueron 24, grupo del cual los impulsores de la vacancia presidencial esperan sacar los 22 votos que les faltan. Hubo 36 votos contra el impeachment.

Vizcarra, o sus abogados, irían la próxima semana al Congreso para responder los cargos en su contra. El juicio político es un proceso rápido, que puede resolverse en alrededor de una semana. El oficialismo no tiene una bancada parlamentaria propia.

En un breve mensaje al país dado la noche del jueves, horas después de difundidos los audios en el Congreso, Vizcarra denunció “un vil intento” para desestabilizar su gobierno y la democracia, y acusó a sectores del Parlamento de buscar “tomar el control del gobierno”. Denunció la ilegalidad de las grabaciones de sus conversaciones.

“Si quieren sacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado (los audios), de manera ilegal, constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo el presidente.

En mayo pasado se denunció que el cantante Richard Cisneros, que se hace llamar Richard Swing, había sido contratado por el Ministerio de Cultura para dar charlas motivacionales a sus trabajadores y que por ello recibiría un pago equivalente a unos 50 mil dólares. Escuchar esas charlas es sumergirse en lo más profundo de lo absurdo: abundan los autoelogios y se repiten consejos como decirles a las trabajadoras que deben ir a laborar “bien bonitas, arregladitas, maquilladitas, como debe ser el liderazgo”.

Luego se sabría que anteriormente Cisneros había firmado otros contratos con el mismo ministerio para dar otras charlas de este tipo. Y se reveló que en 2016 “Swing” había apoyado la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski cantando en algunos mítines, campaña de la que Vizcarra fue jefe, adeás de compañro de fórmula de Kuczynski. A partir de ese hecho, y de visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, se vinculó a Vizcarra con las irregulares contrataciones del cantante. El presidente no ha negado conocerlo, pero ha asegurado que no ha intervenido en su inexplicable contratación.

“En esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia debe ser para salir todos en conjunto”, se le escucha decir al presidente en uno de los tres audios revelados. Es el diálogo de una conversación en Palacio de Gobierno, en la que coordina con la secretaria de Palacio, Mirian Morales, y con su secretaria administrativa, Karem Roca, sobre qué declarar acerca de las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno, que se señala son cinco, pero el gobierno solo admite dos. Acuerdan decir que no se concretó una reunión con el presidente. En ese mismo diálogo, Vizcarra dice haberlo recibido dos veces, reuniones que ha negado en público. Es el audio más comprometedor.

En otro audio, Vizcarra discute agriamente con su secretaria administrativa, que se queja de que le quieren cargar toda la responsabilidad. El tercer audio es una conversación entre Cisneros y la secretaria de Vizcarra, Roca, en la que ambos hablan con amargura del mandatario. “Si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente”, amenaza “Swing”, y asegura tener grabaciones y pruebas que comprometen a Vizcarra. Ayer Cisneros salió a decir que todo lo que afirmaba en esa conversación era falso. Este diálogo, marcado por la incontenible fanfarronería y delirios de grandeza del cantante, que dice haber sido un poderoso asesor al que Vizcarra obedecía en los temas más trascendentes, cae en lo absurdo y no aporta evidencias creíbles al caso, pero igual ha sido tomado en cuenta por los promotores de la vacancia presidencial.

Todo apunta a que la secretaria administrativa del presidente, Karem Roca, que era del círculo de mayor confianza de Vizcarra, la única persona presente en las tres conversaciones, fue quien grabó en secreto las conversaciones que han jaqueado al gobierno. Los audios fueron revelados por el congresista Edgar Alarcón, quien está acusado de corrupción por su anterior labor como Contralor.

El protagonismo de este cuestionado congresista, y los oscuros antecedentes de los más entusiastas con la vacancia presidencial, abona a favor de quienes dicen que detrás de las apresuradas acciones para destituir al presidente hay una agenda que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción y sí con otros intereses y afanes de venganza de sectores políticos afectados en su poder e impunidad por este gobierno.

Pero esos intereses subalternos no liberan a Vizcarra de sus posibles responsabilidades. Los audios lo ponen en la complicada posición de una probable obstrucción a la justicia, y el caso “Swing” podría involucrarlo en un tráfico de influencias si se demostrara que influyó para contratarlo. 

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 cuando Pedro Pablo Kuczynski, de quien era el vice, renunció por cargos de corrupción, mantiene una alta aprobación, que supera el 50 por ciento. Ayer en la noche hubo cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Lima en rechazo a este intento de destituir al presidente.

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De izquierda a derecha: Erika Salamanca, moderadora. Alberto Castilla, Wilson Arias, Jorge Enrique Robledo y Alexander López, congresistas del Polo Democrático

En rueda de prensa virtual, el pasado 28 de julio, la bancada del partido político Polo Democrático Alternativo informó sobre la radicación de 12 proyectos de ley para derogar o modificar algunos de los decretos legislativos emitidos por el gobierno nacional desde el 14 de marzo del año en curso, una vez declarada la emergencia sanitaria, económica y social acelerada, en unos casos, producida en otros, por la pandemia del covid-19.

 

Oposición vs Decretos oficiales emitidos durante la pandemia


Los 12 proyectos de ley tienen como objeto, por ejemplo, modificar los alivios a endeudados del Icetex, lo que derogaría al Decreto 467 de 2020. Apoyar efectivamente a las micro, medianas y pequeñas empresas derogaría el Decreto 468 de 2020. Detener la conformación del Holding Financiero Grupo Bicentenario, la cual profundiza el paquetazo neoliberal contra el que se movilizó Colombia en el Paro Nacional de 2019, derogaría al Decreto 492 de 2020. Reducir los aranceles al maíz, soya y sorgo derogaría al Decreto 523 de 2020. Detener la prórroga del servicio militar por 3 meses porque no existe relación directa y específica con la emergencia de la pandemia derogaría al Decreto 541 de 2020.


Se suma el proyecto de ley que derogaría al Decreto 546 de 2020, que sustituiría la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria. Otro proyecto de ley derogaría al Decreto 558 de 2020, porque no es posible predicar que exista relación directa entre la declaratoria de Emergencia y la pérdida de valor en el mercado de los activos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Otro de los proyectos de ley derogaría al Decreto 563 de 2020, dado que excomulga de culpabilidad y responsabilidad aquellos funcionarios de los programas que entreguen los beneficios en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica. También, la bancada del partido Polo Democrático Alternativo, derogaría el decreto 811 de 2020 que abre la puerta a la privatización de empresas públicas del país como Ecopetrol y CENIT.

Por último, el proyecto de ley relacionado al Decreto 444 de 2020 por el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME–, derogaría los artículos 12, 13 y 14 del Decreto mencionado porque representan una contradicción específica con los mandatos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política, puesto que en su inciso 5 dispone la imposibilidad de destinar ni utilizar los recursos de las Instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

 

Vivimos una pantomima de democracia

 

En medio de la rueda de prensa virtual, citada para explicar estos proyectos de ley, el equipo de desde abajo le preguntó a los senadores: Wilson Arias, Alexander López, Alberto Castilla y Jorge Enrique Robledo, sobre algunos de estos tópicos:

da: Son conocidos los beneficios que gobernar por decreto le genera al Gobierno. Una pregunta para todos los congresistas. Las propuestas que ustedes presentan son importantes, es conocida la oposición del Gobierno a las mismas, ¿Cómo harán ustedes para que la discusión y trámite de estas iniciativas no queden limitadas al Congreso?


Jorge Enrique Robledo: “Es supremamente difícil. Sabemos que ellos siempre han tenido las mayorías en el Congreso. El Frente Nacional es una realidad, Duque logró resucitarlo. Y el acceso a los medios es supremamente limitado y ahora con el Congreso virtual mucho menos. Eso es una pantomima de democracia lo que se está viviendo allí. Pero esa manera de sesionar no es una manera democrática entonces nuestra posibilidad de convertir esto en un debate nacional está absolutamente restringida.

En Colombia solo se discute lo que los grandes poderes permiten discutir, en todos los demás temas ponen la inyección y se acabó el asunto, en especial en asuntos económicos. Nos imponen las recetas que ni si quiera son cocina criolla sino cocina transnacional y extranjera. Y ahora con la pandemia inclusive la movilización social se hace más recortada. Es bien difícil, pero hacemos lo que nos corresponde y no somos ineficaces del todo en esas luchas. Por ejemplo, no se han atrevido a meter ni reforma laboral ni reforma pensional como leyes”.

Alexander López: “Unos 7 senadores/as de la Comisión Primera estamos exigiendo la presencialidad en las sesiones del Congreso. Inclusive bajo la orientación que exige la Corte Constitucional en el comunicado donde tumba el artículo 12 de uno de los Decretos del presidente Iván Duque, que obliga a que el Congreso de manera autónoma tenga su propio reglamento. Es más, el señor Char, presidente del Senado, pidió la resolución de virtualidad del Congreso.

Es decir, el Congreso sigue de manera virtual, lo cual es un mecanismo y herramienta que está utilizando el presidente Iván Duque y las mayorías del Congreso para que éste tipo de propuestas que estamos haciendo no pasen. Pero sí pasen las propuestas y los proyectos o del Centro Democrático o de los amigos del Gobierno. De hecho, la lectura que nosotros hemos hecho, estas sesiones virtuales son absolutamente ilegales e inconstitucionales. Estamos entrando en un limbo muy peligroso en el país, al no existir la certeza constitucional ni legal de que estas sesiones virtuales carecen de esas formalidades establecidas en la Ley Quinta.

Podríamos estar entrando en un escenario muy agudo, de una profunda discusión. Es por eso que los/as senadores/as de la Comisión Primera del Senado estamos radicando una proposición exigiendo la presencialidad y las condiciones para sesionar, porque el día de ayer no pudimos tenerlas. Justamente nos tocó adelantar un foro de manera virtual, y lo cierto es que nuestro Congreso esté cerrado en medio de semejante pandemia y emergencia, es muy grave no solo para la democracia sino para los ciudadanos que no tienen a sus voceros actuando de manera personal y directa”.

 

Falta la calle

 

La respuesta de los senadores Robledo y López dejó la sensación en el equipo desdeabajo que hay temor en la izquierda con asiento en el Congreso para llamar a la movilización social. Un temor soportado en la presencia de un virus real, que puede infectar cada vez a más gente, pero el que nos puede llevarnos a inmovilizarnos. Así como se toman precauciones para cualquier diligencia, así mismo hay que tomarlas para copar la calle. La necesidad de ello es evidente: sin presión callejera la pandemia se constituye en la mejor excusa para ahondar el presidencialismo en nuestro país. El virus va para muchos más meses y tenemos que aprender a convivir con él.

Como continuación de la rueda de prensa, preguntamos sobre la Renta Básica. El pasado 20 de julio 54 senadores y 70 representantes a la Cámara (muchos de ellos de la bancada del Polo Democrático Alternativo) firmaron un proyecto de Renta Básica para que 9 millones de familias reciban un salario mínimo durante tres meses y con prorroga a otros 3 más. Esto convierte la Renta Násica en una alternativa de subsistencia y dignidad para millones de personas que viven en inaceptables condiciones.

da: ¿Cómo sustentan ustedes la financiación de la Renta Básica para que la sociedad vea que si es realizable?

Wilson Arias: “Una respuesta breve para una pregunta tan importante. Lo que está ocurriendo es que el gobierno sí ha dado liquidez pero a los bancos. A tomado varias medidas de expansión monetaria o de búsqueda de recursos, la reducción del encaje bancario dio 9.8 billones de pesos a los bancos y para asegurar su rentabilidad se los entregan en títulos al Estado. Y el Estado, se los vuelve a prestar, supuestamente a través del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) al empresariado pero a través de los bancos.

Los recursos no llegaron al sector empresarial y esto está absolutamente documentado. Dejar de hacer eso y darle liquidez a la Matrícula Cero que exigen los estudiantes o a la Renta Básica y, en general a formas de activación de la demanda, es el mejor negocio. Eso está dicho en boca de John Maynard Keynes hace mucho tiempo. Es un camino expedito y fácil. Y esto mencionando sola una forma de financiación.

Es necesario que el Banco de la República produzca hechos, como lo hizo a favor de los bancos, para la Renta Básica y Matrícula Cero. Hemos presentado un portafolio de posibilidades: utilización de las reversas internacionales que además tiene un efecto muy positivo, traer esos recursos al mercado interno abarata el precio del dólar, entre otras posibilidades. Además, está una reforma tributaria y un impuesto al patrimonio que tienen que ver con la Renta Básica y con la reactivación inmediata de la economía en este momento. Soy algo optimista porque creo que la gente ha empezado a entender, en medio de esta crisis, este alegato”.

Alexander López: “Hay una reforma tributaria del año pasado que le entrega 12 billones en beneficios al sector financiero y a los bancos. En Colombia, los ricos de los ricos, no están pagando impuestos. Un nuevo impuesto al patrimonio es algo que nosotros estamos proponiendo, para patrimonios superiores a los 7 mil millones de pesos. Se está planteando unificar todos estos subsidios que están por ahí regados: Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, estaríamos hablando que los recursos sí los tiene Colombia y el país.

Por ejemplo, Ingreso Solidario no ha llegado ni a 2 millones de personas, y sin decir de la corrupción que hay ahí: este ingreso le está llegando a pensionados o personas con contratos laborales, mientras hay personas aguantando física hambre. Recursos para la Renta Básica sí hay, y esos recursos son los que debe disponer el gobierno de Iván Duque.

El Presidente le ha mentido al país de una forma muy grave, al decir que ha invertido 117 billones de pesos en medio de esta pandemia, y lo que ha demostrado la Universidad Javeriana en su Centro de Estudios Económicos es que solo han invertido 2.9 % del PIB que no superan los 30 billones de pesos. También lo dijo Fedesarrollo, que no es de izquierda, que en Colombia no ha pasado de los 2.7% del PIB, lo cual significa que hay recursos en el país, desafortunadamente esos recursos reposan en el sector financiero.

De ahí que la Renta Básica sí tiene fuentes de financiación definidas y ciertas que podrían beneficiar a 9 millones de familias, es decir casi a 30 millones de colombianos. Naciones Unidas está recomendando Renta Básica a los países que tienen estos problemas, como Colombia. La Renta Básica la ha implementado Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, España e Italia, pero desafortunadamente en Colombia tenemos un gobierno de espaldas a la gente y a su tragedia”.

 

Hay camino por recorrer

 

En medio de la emergencia social, sanitaria y económica agudizada por la pandemia del covid-19, se abren caminos de esperanza y reivindicaciones que todavía se ven atascadas en el camino, como la Renta Básica, iniciativa que se justifica plenamente en el artículo 1 de la Constitución Política, en donde se establece que la gestión pública debe garantizar condiciones de vida digna a la población, de manera prioritaria a la más desfavorecida. Una reivindicación que no puede permitirse se confunda con un subsidio. Una reivindicación ventilar en debate público, en todo su transfondo: redistribución de lo generado por el trabajo de todos y todas, por qué y para qué trabajar, el goce del tiempo libre, el derecho a vida digna, etcétera, de manera que la pandemia abra de verdad las puertas para una sociedad poscapitalista.

Debate abierto también a derechos fundamentales como la educación, que los universitarios ahora van arañando con su reivindicación, y conquista parcial, de Matricula Cero, reivindicación que también debe abrirse en debate ante todo el país sobre la Universidad que requiere el país, sobre la ciencia que demanda un país en procura de justicia de un sitial activo en su región y en el mundo, sobre la necesidad de avanzar hacia una Universidad orientada por el sentido original de la misma: abierta al mundo y relacionada como parte de una Universidad global, de la cual pueda ser parte todo aquel que busca el conocimiento.

Son luchas y demandas, lo están mostrando quienes levantan tales banderas en los centros de estudio, con presión callejera, la cual está cargada de simbología, otra manera de comunicar y de impactar a la opinión pública.

Es tiempo de pandemia, pero también de actuar. Aprendamos a vivir con quien vino para quedarse.

 

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El presidente colombiano Iván Duque, durante una conferencia de prensa.Raúl Arboleda / AF

El Congreso pospone sus sesiones y las protestas contra el Gobierno quedan en suspenso

Bogotá - 19 mar 2020 - 19:04COT

l presidente de Colombia, Iván Duque, acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su baja aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para un Gobierno sediento de gobernabilidad, que ha remodelado su Gabinete en busca de aplacar el descontento popular y alcanzar las mayorías que le han sido esquivas en el Congreso. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes, trastocado la agenda política y eclipsado el más reciente escándalo de supuesta corrupción electoral.

Todas las fechas juiciosamente marcadas por los analistas políticos en el calendario se han ido cayendo. O más bien, las ha ido tumbando el avance de la pandemia, con 108 casos confirmados de Covid-19 en Colombia hasta este jueves. Esta semana, por ejemplo, estaba programado el regreso del Congreso. Las expectativas sobre el reinicio de la legislatura, con una agenda que debería incluir reformas de calado, eran considerables. Sin embargo, el presidente del Senado, Lidio García, anunció el aplazamiento de las sesiones legislativas hasta el próximo 13 de abril, “con posibles prórrogas supeditadas a las medidas que se sigan tomando frente a la emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país”.

La decisión no dejó a todos satisfechos. “Trabajar de forma virtual si es posible”, reclamaba sin negar la crisis sanitaria el senador Juan Luis Castro, un médico cirujano de la opositora Alianza Verde. Le pedía a los presidentes de ambas cámaras “que se implementen de la forma más rápida posible los debates online o las sesiones virtuales. Más que nunca Colombia necesita un Congreso trabajando”. El Legislativo, con su ejercicio de control político, quedó en suspenso.

Las implicaciones son notorias en ambas orillas. La respuesta de Duque a la inédita oleada de protestas desatadas desde las marchas del 21 de noviembre fue lanzar lo que llamó una gran “conversación nacional”, que concluyó el domingo. Para el Gobierno se trataba de construir políticas de largo plazo, aunque diversos sectores lo veían como una estrategia para diluir el malestar social que no atendía la amalgama de reclamos de los manifestantes –que incluían implementar el acuerdo de paz o mayores recursos para la educación pública, entre muchos otros–. En cualquier caso, la crisis del coronavirus opacó el interés en las conclusiones de ese diálogo que el Gobierno se proponía traducir en proyectos legislativos sobre empleo, medio ambiente o lucha contra la corrupción. Sin sesiones legislativas, cualquiera de esas iniciativas se vería ahora mismo represada.

La estrategia de la Presidencia, con una aprobación que según la última medición de Gallup apenas alcanza el 23%, no aplacó el descontento. El llamado Comité Nacional del Paro había convocado una gran jornada de manifestaciones para hacerse sentir el 25 de marzo en todo el país. Sin embargo, los esfuerzos por evitar la propagación, que incluyen medidas como prohibir congregaciones de más de 50 personas, obligaron a replantear esa convocatoria. Ya no habrá marchas ni movilizaciones sino un cacerolazo desde los hogares acompañado de múltiples mensajes en redes sociales, según anunció el comité que agrupa a centrales obreras y organizaciones estudiantiles.

Duque ha aprovechado que las movilizaciones amainaron este año para concretar, a cuentagotas, la largamente esperada remodelación de su Gabinete. Mantuvo los principales ministerios en la órbita del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, pero remató los cambios con un gesto de apertura a otros partidos. Al Gabinete llegaron los conservadores, el Partido de la U y especialmente Cambio Radical, que se quedó con la cartera de Salud, en cabeza del médico Fernando Ruiz Gómez, quien ha debido afrontar la crisis.

En esa naciente coalición, Cambio Radical –el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora férreo crítico de Duque– se antojaba como el fiel de la balanza para garantizarle al Gobierno las mayorías necesarias en el Congreso para echar andar las reformas política, a la salud y la justicia que ha prometido. Además de las sensibles reformas sobre asuntos laborales y pensionales, que en alguna medida fueron detonantes de las manifestaciones. A Duque, que ya cumplió año y medio en el poder, se le agota el tiempo para dejar la impronta de su Gobierno. El pulso legislativo con la oposición, en cualquier caso, quedó postergado.

Como en otros países de la región, el Ejecutivo ha ordenado en estas semanas de vértigo el cierre de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas; restringido el ingreso de extranjeros al país; cancelado los eventos y reuniones de más de 50 personas; suspendido clases en colegios y universidades; ordenado el aislamiento de los mayores de 70 años. Por momentos, la oposición pareció conceder a Duque una tregua para lidiar con la emergencia sanitaria. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, llegó a mostrarse solidaria con el mandatario en tiempos de crisis.

Pero la presión para cerrar también la frontera aérea, y el aeropuerto El Dorado de Bogotá en particular, volvió a elevar la tensión. A los llamados de la alcaldesa por redoblar controles en la terminal se sumó una carta de 71 congresistas que pedían restringir los vuelos. “¿Si tenemos unos colombianos que están tirados en un aeropuerto los dejamos allá?”, se preguntó Duque el martes en una entrevista con la emisora Blu Radio al reiterar que no pensaba cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, este jueves anunció que suspendía durante 30 días la llegada de vuelos internacionales de pasajeros.

El presidente terminó además agriamente enfrentado con los alcaldes por un confuso decreto que cuestionaba los toques de queda que habían decretado algunos y el simulacro de aislamiento previsto para el fin de semana en Bogotá, que al final sigue en pie. “Permitan que las autoridades en cada región tomen sus propias medidas”, opinó el exvicepresidente Vargas Lleras, en teoría nuevo aliado del Gobierno. El tono del debate ilustra el cambio de prioridades de la agenda política.

Otro efecto inesperado del coronavirus ha sido eclipsar escándalos que en otras condiciones concentrarían la atención pública, como ocurre con la investigación por presunta compra de votos para favorecer la campaña presidencial de Duque. El caso implica al narcotraficante José Guillermo Ñene Hernández, asesinado en un atraco en Brasil y vínculado al uribismo. La Corte Suprema incluso abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe. “Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña”, ha dicho Duque. Al final de la entrevista de este martes con Blu Radio, el mandatario declinó amablemente referirse de nuevo al escándalo: “Yo no dejo de contestar preguntas, [pero] dejemos por hoy en el coronavirus que es el tema inmediato”.

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Domingo, 08 Marzo 2020 05:17

Jeanine Añez en su laberinto  

Jeanine Añez en su laberinto  

La presidenta de facto no puede dormir tranquila. La semana pasado fue de espanto para ella. Fue expulsada de El Alto por una multitud, ciudad donde se perpetró una de las dos masacres que acontecieron poco después de que asumiera el poder. El jueves 5 de marzo tuvo que salir con chaleco antibalas y a la carrera mientras la muchedumbre incluso destrozó los vidrios del vehículo del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con la explosión de un cachorro de dinamita.

La periodista boliviano argentina Verónica Zapata escribió: “Como todo delincuente que vuelve a la escena del crimen, se presentó custodiada de cientos de policías y militares para participar de una sesión de honor en el Consejo Municipal por el 35° aniversario de la fundación de El Alto que se cumple el día 6 de marzo.” Y doña Jeanine acaba de descubrir que el crimen no paga, que la gente recuerda, que los alteños piensan que sus muertos no se negocian. En resumen: que Senkata no se olvida.

Por supuesto, el viernes ya no asistió a nuevos desfiles. Hubiera sido una provocación. Los alteños no la quieren y se lo hicieron saber. Lo propio al excandidato por su partido Óscar Ortiz que en Senkata durante la sesión de la cámara de senadores también salió a las corridas y resguardado por la policía. “Asesina, asesina, asesina” gritaban miles de alteños a la presidenta y “motines, motines, motines” a los policías.

Pero además el viernes tenía que asistir a un tercer llamado del congreso a dar su informe el ministro de Defensa Fernando López, quien fuera el operador de Luis Fernando Camacho con los militares para que estos dieran el golpe de estado, según las propias declaraciones del ex líder cívico. López nuevamente no asistió y a los senadores y diputados se les acabó la paciencia. Lo censuraron por más de dos tercios y según la Constitución Política del Estado eso significa su destitución inmediata.

Y el próximo en la lista es el nada menos que Arturo Murillo, el hombre de la represión y muy íntimo allegado a Añez que debe elegir entre presentarse y que le hagan preguntas incómodas o dejar de ir y que lo censuren. Si se presenta también puede recibir la sanción del congreso y si son dos tercios deberá dejar el puesto.

Añez debe escoger entre hacer caso a la Constitución y deshacerse de uno (quizá dos) de sus hombres fuertes en el manejo del miedo o ella misma poder ir a juicio de responsabilidades. Mientras, en el Movimiento al Socialismo se han soldado las fisuras. Y aún los más concertadores de los diputados y senadores que algún momento pactaron con el poder golpista, saben que su futuro político depende de con que fuerza condenen al régimen. Y cada vez que leen las encuestas la idea se afirma.

No, no son buenos momentos para la presidenta golpista más si sumamos que los campesinos le han dado 72 horas para que deposite el dinero para que continúen funcionando 400 proyectos que han quedado detenidos en su gestión y los maestros preparan sendos paros (el viernes hubo uno masivo en Sacaba, donde se cometió otra masacre) exigiendo mayores ítems para compensar el crecimiento vegetativo de los alumnos, algo que el ministro de hacienda, José Luis Parada, ha rechazado.

El nieto de Mahadma Gandhi, Aroun, decía que: “Hemos encontrado que la forma más fácil de controlar a la gente es a través del miedo y entre más miedo puedas infundir en la gente, más control puedes tener.” Pero eso ya no funciona en la Bolivia preelectoral que le ha perdido el miedo a la represión y con la llegada de 100 observadores de la Unión Europea y la arremetida de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en contra de las matanzas ordenadas por Añez, esta no puede darse el lujo de un muerto más por la represión.

En resumen, lo que la llevó al poder ahora no sirve de receta. Sin ser médicos ya sabemos que pronto Jeanine deberá tomar pastillas para dormir si no lo está haciendo ya.


Áñez ratifica al ministro de Defensa pese a destitución aprobada por la Asamblea Legislativa

 

7 marzo 2020

Cubadebate

 

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, ha ratificado este sábado su confianza en el ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, pese a la censura y destitución aprobada por dos tercios Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

"El MAS intenta frenar mi gestión utilizando el parlamento. Mi respuesta firme es: seguiré trabajando por la reconciliación y la prosperidad de Bolivia. El Ministro de Defensa tiene mi confianza. Ha hecho un gran trabajo ante desastres naturales y por la pacificación de la patria", ha afirmado Áñez a través de su cuenta en Twitter.

Previamente el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, había denunciado que la censura a López en la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba orquestada desde Argentina, país de refugio del expresidente Evo Morales.

Por ello están estudiando presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la censura al Ministro de Defensa es ilegal, por ser en ausencia del propio ministro.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia censuró este viernes al ministro López Julio, lo que supone su destitución inmediata como cargo del Gobierno.

López Julio no se presentó al acto de interpelación pese a estar convocado para dar explicaciones por dos cuestiones: la petición de renuncia de las Fuerzas Armadas al presidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la represión de las protestas contra la salida de Morales del poder en enero de 2020.

El ministro presentó excusa para su ausencia, pero el pleno de la Asamblea decidió declarar injustificada la misma. Es la tercera vez que López no se presenta a una convocatoria. La Asamblea aprobó por dos tercios la censura de López y los legisladores del MAS aplaudieron la decisión.

La presidenta del Legislativo, Eva Copa, ha subrayado que la censura implica la destitución del Ministro, según manda la Constitución Política del Estado. Concretamente así se recoge en el Artículo 158 Párrafo 18. "Esta resolución será enviada a la presidenta de transición (Jeanine Añez), para que dé cumplimiento inmediatamente", ha explicado Copa.

"Este justificativo es un chiste a la Asamblea, pues las interpelaciones son por temas importantes, por lo que ocurrieron en octubre y noviembre y (se trata de) esclarecer lo que ocurrió en Sacaba y Senkata", ha argumentado Copa.

Copa ha adelantado además que para los próximos días están previstas interpelaciones de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo;  de Comunicación, Isabel Fernández, y de Obras Públicas, Iván Arias.

Además, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado una resolución para la constitución de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.

La Comisión Mixta está conformada por las senadoras Sonia Chiri y Lineth Guzmán del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rosario Rodríguez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), además de los y las diputadas Mireya Montaño, Patricia Gutiérrez, Víctor Borda y Juan Cala (MAS) y Amilcar Barral y Eida Middag de Unidad Demócrata.

Copa ha indicado que la tarea de la comisión es investigar los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre de 2019: en medio de las protestas por el supuesto fraude electora l en las elecciones presidenciales del 20 de octubre que depararon la reelección de Evo Morales, el presidente tuvo que huir del país después de que Policía y Ejército le retiraran su apoyo. En las protestas posteriores hubo simpatizantes de Morales muertos en Senkata y Sacaba.

(Con informaciòn de Europa Press)

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Domingo, 16 Febrero 2020 05:56

En la silla equivocada

Miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas entran a la Asamblea Legislativa en compañía del presidente Bukele / Foto: Afp, Str

La encrucijada de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Como el parlamento, a su criterio, estaba demorando más de la cuenta la aprobación del presupuesto para seguridad, el presidente salvadoreño declaró el asunto “emergencia nacional”. Luego convocó una asamblea extraordinaria, entró a la sede legislativa flanqueado por soldados y policías, y pretendió dirigir la sesión. Como no lo logró, rezó. Aunque el hecho, evidentemente, no pasó desapercibido, tampoco resultó extraño si se tienen en cuenta las características tradicionales del sistema político salvadoreño.

Durante el siglo XX, muchos países latinoamericanos han sufrido serias dificultades para mantener un equilibrio entre los órganos del Estado, se han hecho grandes esfuerzos para que el presidente no acumule demasiado poder, y es ahí donde vienen a la mente nombres como el de Fulgencio Batista, Perón, Stroessner, Porfirio Díaz, Pinochet o, en el caso de El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez. Son personajes que, de una u otra forma, manejaron o manipularon a los otros poderes del Estado para mantenerse en la presidencia. De ninguna forma se está asegurando que Nayib Bukele sea un dictador, más bien se trata de no dejar pasar un evento significativo de nuestras tradiciones políticas.

DONDE NO LO LLAMAN.

El Salvador es un país con serios problemas de seguridad pública, aunque también padece de falta de fortalecimiento institucional, extrema pobreza y sistemas de salud y educación deficientes. Sin embargo, las primeras décadas del siglo XXI dan señales de mejoras sustanciales. La guerra civil (1972-1992) dejó un sistema democrático bipartidista, en el que la derecha neoliberal quedó representada por Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la ex guerrilla formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). El primero gobernó por 20 años con cuatro presidentes distintos, y el Fmln logró la alternabilidad en 2009 y gobernó por ocho años.

En 2019 un joven empresario de ascendencia palestina apareció –luego de militar en el Fmln– como una opción fresca y nueva que ofrecía soluciones a los problemas del país. Este personaje aseguraba ser distinto a “los mismos de siempre”, como llamaba a los partidos tradicionales. El 1 de junio de 2019 Nayib Bukele llegó a la presidencia, aprovechando su política fresca y su simpatía construida en redes sociales, sin mayor oposición. No tuvo problema en ganarle al Fmln y Arena gracias a su campaña, pero también en gran medida gracias al desgaste de los partidos antes mencionados.

Aun con una victoria muy celebrada nacional e internacionalmente, la expectativa continúa a ocho meses de gobierno. La evaluación a 100 días de gobierno expuso las promesas incumplidas. Los medios de comunicación más críticos acusaron a Bukele de no lograr la extradición del expresidente Mauricio Funes de la vecina Nicaragua, quien es buscado por la justicia salvadoreña por enriquecimiento ilícito durante su mandato (2009-2014). Funes se nacionalizó nicaragüense para evitar ser extraditado.

Por otra parte, prometió perseguir la corrupción a través de una comisión, pero no la ha llevado a cabo. En ese sentido, sus antecesores dispusieron de una cantidad no especificada de dinero, para usarla a su criterio. Esa “partida secreta”, como se la denominó, fue muy criticada, y Bukele prometió desmantelar la estructura que promovía el clientelismo político. Pero hasta el momento no hay novedades. Su gestión, sin embargo, ha tenido una buena evaluación a nivel regional e internacional, porque se ha enfocado en la seguridad pública a través del combate a los homicidios en el país más peligroso y violento de América Latina, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Bukele lo ha logrado, al menos eso sostienen su gobierno y simpatizantes. En su primer mes lanzó un plan de seguridad de tres fases y logró bajar los asesinatos de 231 en junio a 87 en julio de 2019, según los estimados más altos. La primera fase del plan consistió en enfocar los esfuerzos de la policía en 12 localidades con altos niveles de violencia, así como atacar, en cierta medida, las redes de financiamiento de las pandillas. Además, se trasladó reos que dirigían operaciones ilícitas desde las cárceles y se interrumpió los servicios telefónicos en los centros penales. Con esto logró disminuirse la incidencia de los miembros de las pandillas, presos por sus crímenes. La segunda fase consistió en expandir el área de despliegue de la policía y el ejército a espacios concretos, como urbanizaciones y colonias que se veían afectadas por el accionar de las pandillas. Esta fase tuvo, al parecer, resultados favorables, aunque su alcance es aún materia de debate.

La tercera fase se ha complicado. Presentada en agosto de 2019, buscó modernizar y tecnificar a la policía y el ejército con equipo de última generación para que sus acciones fueran más eficientes. Pero Bukele no ha dado detalles, y los diputados exigen información; hasta ahora se sabe que se busca adquirir helicópteros, un barco, armas, chalecos antibalas, cascos de visión nocturna y cámaras de videovigilancia. Todo lo anterior con un presupuesto de 109 millones de dólares, por lo que el presidente urge la aprobación de la autorización para gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los parlamentarios le han dado largas a las discusiones, aprobando y retractándose de su decisión, y Bukele se desesperó. El domingo 9 de febrero utilizó el poder del Ejecutivo para que su Consejo de Ministros convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con la justificación de una emergencia nacional ante el prolongado período de discusión del presupuesto para seguridad. Las acciones del domingo por la tarde no favorecieron al presidente: los diputados de Arena y del Fmln –los políticos peor calificados por la población salvadoreña– se rehusaron a asistir a la Asamblea y sólo se presentaron 29 de los 84 legisladores.

El presidente, que realizó un evento político afuera del parlamento, terminó entrando al salón de la Asamblea, flanqueado por medio centenar de soldados y policías armados que se tomaron la sede legislativa, y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea. Desde allí llamó a sesión parlamentaria y, al darse cuenta de que no había suficientes diputados, se dispuso a orar: aseguró que Dios le había dicho que tuviera paciencia. En El Salvador, donde la enorme mayoría de la población es católica y evangélica, las acciones de Bukele fueron una burla a la religión. Al abandonar la sede parlamentaria, Bukele siguió señalando a los diputados como corruptos e irresponsables por no aprobar el presupuesto para seguridad pública.

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero, los formadores de opinión –desde los diarios y noticieros– acusaron a Bukele de irrespetar la Constitución, la institucionalidad democrática y de dar muestras de autoritarismo. Pero vale recordar que estos males son, lamentablemente, características tradicionales del sistema político salvadoreño. Si bien después de la guerra civil se realizaron reformas importantes para evitarlos, nuestra sociedad tiende a su tradicional caudillismo, que fácilmente degenera en autoritarismo o incluso en dictaduras.

LÍMITES.

Las consecuencias no paran ahí. La sala de lo constitucional del órgano judicial emitió cuatro medidas cautelares contra el presidente y sus ministros: le prohibieron hacer convocatorias a la Asamblea emitidas por el Consejo de Ministros, suspender cualquier acuerdo tomado en la sesión del 9 de febrero de 2020, que el presidente se abstenga de hacer uso del ejército y la policía, y al ejército y la policía no acatar órdenes fuera de sus labores constitucionales. Así los equilibrios de poder republicanos parecen restablecerse, pero el sistema aún falla y necesita fortalecerse. La democracia no es un destino, sino una construcción constante que debe ser vigilada.

Las lecciones para aprender de este episodio de la vida republicana salvadoreña son importantes. Siguiendo la tradición caudillista, Bukele aprovechó su carisma y capital político para llegar a la presidencia. Tanto la Asamblea Legislativa, que tiene una mala aceptación a nivel nacional, como el Ejecutivo, que goza de una relativa aceptación por parte de la población, se vieron muy mal al insultarse públicamente y dañar la frágil institucionalidad del país. Por último, conviene decir que la sociedad civil es la llamada a mediar y exigir una discusión real y consensuada de los planes de gobierno y de la aprobación de préstamos a organismos internacionales, y a evitar la injerencia de un órgano de Estado en otro. Además, quedó demostrado que la Asamblea y los partidos de oposición ahí representados tienen fuerza y apoyo de sus bases para asumir, junto con la sociedad civil, el debido control de los gobiernos democráticamente elegidos.

Por Alfredo Ramirez

14 febrero, 2020

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