Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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El Constitucional colombiano hunde la reforma tributaria de Duque

La Corte Constitucional de Colombia decidió este miércoles hundir la ley de financiamiento del Gobierno de Iván Duque, con la que contaba para atraer inversión extranjera por la vía de reformas tributarias y fiscales. La decisión, tal como admitió el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, es un golpe a la credibilidad de su política económica.

Después de diez horas de análisis y, en una decisión de seis votos contra tres, la Sala Plena del Constitucional resolvió enterrarla como respuesta a dos demandas que pedían tumbarla por completo y señalaban que era inconstitucional porque se aprobó con vicios de trámite, un término para referirse a los errores de procedimiento. Estas eran apenas dos de las 26 demandas que llegaron a la corte contra esta ley, pero fueron definitivas para la decisión.

Según la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, la ley fue presentada de manera incompleta y no tuvo la publicidad necesaria en el Legislativo. Es decir, que los miembros de la Cámara votaron la reforma tributaria sin conocer todas las modificaciones hechas en el Senado. La magistrada enumeró cuatro razones: “primero, se evidenció que el texto aprobado por el Senado fue publicado en la Gaceta con posterioridad a su aprobación en la Cámara de Representantes; segundo, no hay constancia de que se hubiera distribuido una copia impresa del texto; tercero, la explicación oral ofrecida por un senador de la república no fue específica, precisa ni suficiente bajo los parámetros jurisprudenciales para admitir este tipo de publicidad; y cuarto, tampoco se anunció que la información estaba publicada en la página web del Senado”. La decisión entrará en vigencia a partir del primero de enero de 2020 con el propósito de "modular sus efectos" sobre la economía colombiana.

La expectativa por la noticia tuvo en vilo a políticos y gremios durante todo el día por las posibles consecuencias que pueda tener para la economía. El Gobierno, a través de varios de sus funcionarios, encabezados por el ministro Carrasquilla, había advertido que de hundirse esto podría detener el crecimiento del Producto Interno Bruto.

“Es un golpe descomunal”, apunta Ricardo Ávila, analista del periódico El Tiempo, aunque matiza que hay tiempo para presentar una nueva ley en el Congreso. Aunque Colombia crecerá este año en cifras cercanas al 3%, de cara al 2020 se oscurecen un poco las perspectivas, señala. Si bien el esquema viejo daba más recaudos, “de alguna manera la estrategia económica de Duque, que consistía en mejorar la competitividad tributaria del país en el caso de las empresas y adicionalmente crear una serie de estímulos en una serie de sectores, incluidos los de la economía naranja, se le cae”, señala.

Para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana y analista de la cadena  RCN, “no es un escenario catastrófico, pero debe obligar a la reflexión política del presidente Duque”. La Corte apela a lo que se conoce como efectos diferidos, lo que permite que los artículos de la ley operen hasta el final del año fiscal, que en Colombia termina en diciembre, de manera que no habría ningún efecto inmediato en términos de recaudo tributario, ni de gasto, explica. “Lo que es preocupante es que en el mediano plazo sí puede tener un efecto sobre las condiciones de inversión”, advierte. “La reducción del conflicto y esa caída en los impuestos era algo que estaba explicando la extraordinariamente alta tasa de crecimiento de Colombia para el contexto de América Latina”.

Uno de los efectos más probables es que la necesidad de volver a presentar, antes del 31 de diciembre de este año, una nueva ley de financiamiento en el Congreso, donde Duque carece de mayorías, aplace otras iniciativas, como la reforma de pensiones que ya había anunciado el Gobierno. Carrasquilla, quien sobrevivió un intento de moción de censura a finales del año pasado, se asoma como el principal responsable político del nuevo escenario. Sin embargo, “si hay alguien que ha demostrado que tiene resiliencia política es Alberto Carrasquilla, es el único peso pesado del Gobierno”, valora Restrepo.

Por Catalina Oquendo  / Santiago Torrado

Bogotá 17 OCT 2019 - 03:16 COT

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Lunes, 07 Octubre 2019 06:29

Pitazos

Los pitazos de denunciantes o filtradores contra el abuso de poder han marcado la historia reciente de Estados Unidos. Un caso emblemático fue el escándalo de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon el 9 de agosto de 1974 (en la imagen, al abandonar la Casa Blanca luego de dimitir).Foto Ap

Los pitazos contra el abuso y empleo ilegal del poder han marcado la historia de Estados Unidos, sobre todo durante el último medio siglo. Trump ahora está bajo investigación para un juicio político gracias a un whistleblower (literal, alguien que sopla, o que da el pitazo), y vale recordar que los pitazos han ayudado a poner fin a una guerra, frenar algunos programas de espionaje masivo de ciudadanos y programas de tortura, revelar corrupción a varios niveles y hasta derrumbar a un presidente.

Hay una diferencia entre un denunciante y un filtrador, el primero emplea los canales internos oficiales establecidos por ley para alertar al Congreso sobre algo indebido en el ejercicio del gobierno, el segundo intenta entregar información sobre abusos y delitos oficiales al público generalmente vía los medios. Ambos dan el pitazo para revelar abusos de poder o actos ilegales.

Para algunos son héroes que rescatan la democracia; para otros son espías y traidores. Depende de los intereses de las cúpulas en dadas coyunturas y obviamente sobre qué se está divulgando y sobre quién.

Fue hace justo 50 años que el analista militar Daniel Ellsberg empezó a hacer copias de los llamados Papeles del Pentá gono que revelaban las mentiras oficiales sobre la guerra en Vietnam. Fue acusado por la Casa Blanca de Nixon de violar la Ley de Espionaje y el gobierno intentó prohibir la publicación de los documentos en el Washington Post y el New York Times en 1971, disputa que llegó hasta la Suprema Corte, la cual falló a favor de los medios.

Poco después, estalló el escándalo conocido como Watergate y fue otro tipo de denunciante, apodado Garganta Profunda ( Deep Throat), quien guió a los reporteros del Washington Post hasta llegar al fondo de las operaciones ilegales de Nixon, lo que detonó un proceso de impeachment y culminó con la renuncia del mandatario antes de que fuera destituido. La fuente fue revelada en 2005: Mark Felt había sido durante ese tiempo nada menos que el subdirector de la FBI.

El denunciante (y ahora son dos o tal vez más), un oficial de inteligencia, quien de-tonó el proceso de impeachment actual contra Trump es festejado como un patriota valiente que cumple con su deber por la cúpula política demócrata que exige que le sean brindadas todas las protecciones que otorga la ley.

Pero, a diferencia de los denunciantes en el caso Trump, la cúpula política estadu-nidense, de manera bipartidista, acusa de "criminales" a los filtradores/denunciantes y a los que los publican, incluidos tres de los más importantes de los últimos años, a quienes han acusado de violar la ley de espionaje, entre otras: Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra encarcelado en Londres con la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos por publicar documentos oficiales secretos que incluyen crímenes de guerra y manipulaciones diplomáticas. Chelsea Manning, de nuevo encarcelada por negarse a cooperar en el caso contra Assange después de que cumplió siete años de prisión por filtrar documentos militares a Wikileaks. Y Edward Snowden, asilado en Moscú después de tal vez la mayor filtración de documentos de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos que revelaron, entre otras cosas, programas de espionaje masivo a ciudadanos en Estados Unidos y otras partes del mundo.

En su libro recién publicado, Permanent Record, Snowden se identifica así: "Antes yo trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el público".

Y hay varios más que están o fueron encarcelados, perdieron sus empleos y más por atreverse a alertar sobre programas que son ocultados a la opinión pública y que van desde tortura hasta métodos de espionaje e incluso programas secretos de asesinato con drones y múltiples mentiras oficiales.

Las cúpulas políticas, y sobre todo el sector de seguridad nacional, en general detestan en principio toda revelación no autorizada por ellos sobre lo que desean ocultar del pueblo al que supuestamente sirven. Por ello, el debate sobre los pitazos es esencialmente una disputa sobre la democracia (y dentro de ello, la libertad de la prensa).

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Los evangelistas sionistas al rescate de Trump amenazan con una guerra civil en EU

Dos años después no variaron tanto los cuatro escenarios que postulé sobre el epílogo de Trump (https://bit.ly/2mD2MR4). Lo que sí varió es la fractura entre demócratas y republicanos que pasó de la “guerra civil soft” (https://bit.ly/2XBNWYZ) al borde de una “guerra civil casi hard”.

El día del anuncio de la "investigación" con fines de defenestración ( impeachment) en la Cámara de mayoría demócrata, Trump había fustigado a los globalistas en la ONU.

Trump retwitteó las amenazas del pastor bautista Robert Jeffress (https://bit.ly/2mMa9pC), quien advirtió que su impeachment “causaría una guerra civil (sic) como fractura (…) de la que nuestro país nunca sanará” (https://bit.ly/2p4Y5R4). Robert Jeffress es pastor del bautismo sureño de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, que aglutina a 13 mil feligreses y es ferviente partidario de Trump a quien "aconseja" en materia religiosa.

La apertura de la embajada de EU en la parte palestina de Jerusalén ocupada por Israel fue avalada por los evangelistas sionistas texanos Robert Jeffress y John Hagee (https://bit.ly/2ocZbtF).

A juicio de Robert Jeffress, los demócratas saben que no podrán ganarle al presidente en 2020 por lo que el “ impeachment es el único instrumento que tienen para deshacerse de Trump”, ya que a los "demócratas no les importa si incendian y destruyen al país".

Comentó que "nunca había visto a los evangelistas más furiosos en un tema como este intento de defenestrar en forma ilegítima al presidente de su puesto, como anular la elección de 2016 y negar los votos de millones de evangelistas".

En búsqueda del influyente voto de los judíos, el mismo pastor imprecó que "serían maldecidos con sus hijos por Dios si votasen por los demócratas", en eco a la jeremiada de Trump quien espetó que los judíos que votasen por los candidatos demócratas eran "desleales" –no especificó si a EU y/o a Israel–.

Han resonado más las incriminaciones criminales del Partido Demócrata contra Trump que las brutales inculpaciones en contra de Hunter, el hijo pródigo del ex vicepresidente Joe Biden, sobre sus tratativas mafiosas en Ucrania, con la gasera Burisma, y en China donde descolgó mil 200 millones de dólares en forma clandestina.

El Partido Demócrata se ha ido con todo y ha citado al procurador William Barr y al secretario de Estado, Mike Pompeo.

Los Republicanos no están mancos y Rudolph Giuliani, implacable abogado privado de Trump, se ha ido a la yugular de Joe Biden quien solicitó a las televisoras que le impidan discutir sus escándalos en Ucrania (https://bit.ly/2mGhg2D).

El mismo Trump ha despotricado de "traición" contra el jefe de la Cámara de Espionaje, Adam Schiff, vinculado a George Soros (https://bit.ly/2nziLjH) y financiado por el contrabandista de armas ucraniano Igor Pasternak (https://bit.ly/2mTizeP).

Destaca que el israelí-estadunidense Stephen Miller, consejero político de Trump y connotado mexicanófobo, arremetió contra el anónimo delator ( whistleblower), aunque indicó que es un operador del Deep State (Estado Profundo) –¿la CIA?–y a quien Trump retó a salir de su clandestinidad.

El whistleblower anónimo explotó el ucraniagate contra Trump, quien presuntamente chantajeó al presidente de Kiev para ventilar los expedientes criminales de Hunter Biden a cambio de la ayuda militar de EU.

Se trata de una batalla épica de feroces ataques y contrataques donde la percepción de los ciudadanos y el flagrante favoritismo de los multimedia tendrán un enorme impacto, no se diga las traiciones en ambos partidos, al unísono de la métrica cuantitativa de los donativos.

Si los Demócratas no consiguen defenestrar a Trump después de haber abierto la Caja de Pandora de Ucrania, cuando ya les falló el russiagate, es probable que sufran un "efecto bumerán" (https://bit.ly/2nyDt3b).

Quien salga menos mancillado y menos herido de muerte del lodazal jurídico y de espionaje que se ha desatado será el vencedor de la batalla pírrica, donde Trump, gran aficionado al box y consejero financiero del campeón de peso pesado, Mike Tyson, combatirá hasta el último round (https://bit.ly/2nxvsLK).

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 Martín Vizcarra, presidente de Perú, durante el anuncio de la disolución del Congreso, el lunes pasado, desde el Palacio de Gobierno, en Lima.Foto Ap/Oficina de prensa de la presidencia peruana

Lima. El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó ayer en el poder tras disolver el Congreso, medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, de mayoría opositora, que en respuesta tomó protesta a la vicepresidenta Mercedes Araoz como gobernante interina.

El choque de trenes ocurrió luego de que tras disolver el Congreso, controlado por la oposición fujimorista del partido Fuerza Popular, Vizcarra, de la formación Peruanos por el Kambio, indicó que convocaría a elecciones el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

Diputados de la oposición acusaron al gobernante de dar un autogolpe de Estado y la noche del lunes el Congreso declaró la vacancia temporal del Ejecutivo nombrando como presidenta interina a la vicemandataria Araoz, quien renunció anoche.

Fuerza Popular es el partido de Keiko Fujimori, hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori y quien actualmente está en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

Vizcarra, quien asumió el 23 de marzo de 2018, fue vicepresidente del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió tras 20 meses en el poder por su involucramiento en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El clima de tensión se centró la jornada de ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que ayer estaban fuertemente custodiados por la policía.

La moneda peruana cerró ayer en su menor nivel en un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses como consecuencia de la inestabilidad que reina en el país que, al parecer, tiene dos jefes de Estado.

La organización de empresarios privados, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresó su enérgico rechazo a la violación de la Constitución y al sistema democrático perpetrado por el presidente, que ha sumergido al país en una grave incertidumbre.

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.

El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya postura es rechazada por casi 90 por ciento de la ciudadanía, según sondeos.

Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que el proceso estuviera dominado por la oposición.

El Congreso hizo caso omiso de la petición del mandatario y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, por motivo de incapacidad temporal como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Araoz, quien se distanció del mandatario.

Fue la tercera vez en menos de un año que el Congreso negó al Ejecutivo ejercer un voto de confianza. Vizcarra argumentó que el proceso de elección de jueces era poco transparente. La Constitución peruana prevé que el presidente está facultado para disolver el Congreso si se le niega en tres ocasiones ejercer un voto de confianza.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales, así como de la Asociación de Alcaldes.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht.

Estos mandatarios, acusados de recibir sobornos y apoyos de campaña ilícitos de dicha empresa son, además de Kuczynski: Ollanta Humala, quien gobernó de 2011 a 2016, Alejandro Toledo, mandatario de 2001 a 2006, y Alan García, quien tuvo dos mandatos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Este último se suicidó el 17 de abril de un disparo en la cabeza cuando estaba a punto de ser arrestado en su domicilio y dejó una carta en la que proclamaba su inocencia.

En un mensaje a la nación Vizcarra sustentó su decisión diciendo que el cierre del Congreso busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando desde hace más de tres años.

Sostuvo que su iniciativa busca dar paso a una nueva elección parlamentaria, y que sea finalmente el pueblo el que decida a quién da la razón, si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto, o si le da la razón al Ejecutivo, eligiendo una nueva mayoría.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori encabezó lo que fue calificado de autogolpe y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Vizcarra, en cambio, invocó la Constitución para dar este paso.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, apremió al Tribunal Constitucional de Perú a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, y aconsejó que la polarización política sea resuelta por el pueblo en las urnas.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la relección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios. El congresista Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos en el aeropuerto de Lima cuando presentó su pasaporte oficial, pues ahora debe tramitar uno ordinario.

Araoz, economista y ex ministra del difunto Alan García rindió protesta la noche del lunes por el jefe del Congreso, Pedro Olaechea, pero anoche se informó de su dimisión.

Ayer, la política dijo que ha tenido conversaciones informales con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio detalles.

Indicó que le encantaría poder hablar con Vizcarra, pero que no ha podido pues el mandatario dio la instrucción de que no se le permita el ingreso al Palacio de Gobierno.

De realizarse las elecciones en enero, el mandato de los nuevos legisladores culminará en julio de 2021, igual que el de Vizcarra.

La crisis política en Perú se gestó hace tres años, cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori en las elecciones.

Aunque perdió la presidencia, el partido de Keiko Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018 por acusaciones de corrupción.

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Miles de peruanos reclaman el cierre del Congreso  Guerra declarada al fujimorismo

La rabia detrás del “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en símbolo de corrupción.

 

“Que se vayan todos”, fue el grito de indignación que se escuchó en las calles durante las movilizaciones en Lima y las principales ciudades del país exigiendo el adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias. La rabia detrás de ese “que se vayan todos” apunta principalmente contra el Congreso controlado por el fujimorismo, convertido en el símbolo más notorio de una clase política embarrada por la corrupción. El nivel de rechazo al Congreso bordea el 90 por ciento. Ha sido el presidente Martín Vizcarra quien puso en el centro del debate, y de las demandas ciudadanas, el adelanto de elecciones generales, al proponer una ley en ese sentido, medida que tiene 70 por ciento de respaldo. Esa propuesta, la lucha contra la corrupción y su enfrentamiento contra el desacreditado Congreso fujimorista suman a la popularidad de Vizcarra, ajeno a la clase política tradicional, pero deficiencias de gestión, problemas relacionados con la política económica neoliberal y conflictos sociales juegan en su contra. Los sondeos le dan 47 por ciento de apoyo.

En medio de una grave crisis política por los constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso, Vizcarra presentó al Parlamento un proyecto de ley para adelantar un año las elecciones generales, de abril de 2021 al mismo mes de 2020. Argumenta que esa es “la única salida posible” a la crisis política. Esto implica que el presidente, que no irá a la reelección, recorta en un año su mandato presidencial, pero que también debe hacerlo el Congreso dominado por el fujimorismo y sus aliados, entre ellos en primera fila el Partido Aprista del fallecido ex presidente Alan García, que se suicidó en abril pasado acorralado por cargos de corrupción. La mayoría parlamentaria ha reaccionado furiosa en contra de esa posibilidad. La izquierda y sectores de una derecha liberal respaldan el adelanto de elecciones.

Para que las elecciones puedan darse en abril de 2020 la reforma constitucional que lo haga posible debe ser primero aprobada por el Congreso y luego ratificada en un referéndum que debe darse a más tardar en diciembre. Lo segundo se da por descontentado, pero lo primero parece improbable. Y ahí se traba todo. En un escenario poco favorable para aprobar el adelanto de elecciones en el Congreso, el gobierno tiene la carta de pedir al Legislativo un voto de confianza amarrado a la aprobación de esa propuesta, y si el adelanto de elecciones es rechazado y por lo tanto el voto de confianza en esas condiciones negado, el Ejecutivo quedaría constitucionalmente habilitado para cerrar el Parlamento y llamar a elecciones. Ese mecanismo para presionar al Congreso ya le ha dado resultados al gobierno en otros temas. Esta vez, la mayoría parlamentaria, jugada para impedir elecciones adelantadas, amenaza desconocer su eventual cierre y responder con la destitución de Vizcarra.

El fujimorismo y sus aliados están acosados por procesos judiciales -la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori, está bajo prisión preventiva acusada de lavado de activos por el financiamiento ilegal de su campaña electoral con dinero sucio de Odebrecht, y varios dirigentes de su partido están comprometidos en ese caso- y buscan desesperadamente tumbarse los procesos anticorrupción. Para ese objetivo necesitan controlar el mayor tiempo posible el Congreso, desde el cual vienen presionando en defensa de Keiko y otros acusados, blindando a varios denunciados por corrupción, incluyendo jueces y fiscales que juegan a su favor, y atacando a los fiscales anticorrupción, a los que buscan destituir. Un adelanto de elecciones -las que, según revelan las encuestas, perderían abrumadoramente- afectaría sus planes de impunidad al tener que dejar el control del Congreso un año antes de lo esperado.

Mientras en el Congreso dilatan el debate sobre el adelanto de elecciones, los legisladores fujimoristas y sus aliados maniobran para armar un golpe parlamentario si no logran hacer retroceder al presidente. Vizcarra ha asegurado que de ninguna manera dará marcha atrás. Sacando al presidente no solamente esperan bloquear las elecciones adelantadas que no quieren, sino también reemplazar a alguien incómodo para sus intereses por una persona amiga que les facilite sus planes para acabar con los procesos anticorrupción. Parecen haber encontrado en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien ha roto con el presidente, a esa persona amiga que necesitan en la presidencia. La vicepresidenta, quien hace una década fue ministra del segundo gobierno de Alan García, ahora juega para el fujimorismo, despachándose en declaraciones contra el adelanto de elecciones impulsado por el presidente y lanzando críticas contra el equipo fiscal anticorrupción.

La mayoría fujimorista puede no tener argumentos válidos para destituir a Vizcarra, pero ya ha demostrado la prepotencia con la que se manejan. Y ahora se mueven con la desesperación de quienes ven cerca la cárcel. Para consumar el golpe parlamentario necesitan 87 votos, dos tercios del total. No los tienen, pero sumando aliados seguros, como el Partido Aprista, y otros eventuales, podrían llegar a esa cifra. Hace menos de dos meses ganaron la mesa directiva del Congreso con 76 votos. De ahí parten para buscar seguir sumando.

La guerra ha sido declarada. La batalla se da en el terreno político, pero también en las calles. Están en juego el futuro de los procesos judiciales contra la extendida corrupción política y empresarial, que ha gatillado la ira ciudadana, y de la democracia misma. Este mes de septiembre puede ser decisivo.   

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Las grandes petroleras de EEUU, detrás de la lucha contra la corrupción en Brasil

La llamada "lucha contra la corrupción" fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. En el caso de Brasil, la sombra de las grandes petroleras estadounidenses está detrás de las denuncias contra Petrobras, contra el Partido de los Trabajadores y contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva.

 

Estas grandes empresas, decanas en la práctica de sobornar funcionarios y políticos en todo el mundo, "acostumbran a utilizar la sorprendente acusación de 'corrupción' contra todo tipo de competidores y adversarios que se interpongan en su camino", escriben los analistas geopolíticos José Luis Fiori y William Nozaki, en una pieza titulada Petróleo, guerra y corrupción: entender Curitiba.

Nozaki es profesor de sociología en Sao Paulo y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP), creado en 2018 por la Federación de Trabajadores Petroleros, para promover la investigación académica sobre asuntos relacionados con la agenda del sector del petróleo en Brasil y el mundo.

Fiori es economista y coordinador del programa Poder global y geopolítica del capitalismo en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también pertenece al INEEP. Publicó varios libros sobre geopolítica y es una de las voces más autorizadas sobre el tema en Brasil y en América Latina.

Curitiba es la ciudad del sur de Brasil donde residen los jueces y juzgados que promovieron la investigación conocida como Lava Jato (lavado rápido), que procesó y encarceló un centenar largo de políticos y empresarios, entre ellos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

En el trabajo mencionado comienzan a desvelar, con datos históricos y algunas proyecciones, las razones por las cuales fue posible descabalgar al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno, en base a acusaciones de corrupción que, más allá de algunos desvaríos, tienen visos de ser reales. Aunque realizan algunas conjeturas siempre discutibles, no caen en teorías conspirativas sino que se atienen a los hechos.

Su trabajo arranca con la formación de las Siete Hermanas, como se conoció a las grandes petroleras lideradas por Standard Oil (de John Rockefeller), que controlaban el mercado global de petróleo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que el petróleo jugó un papel muy destacado en las guerras del siglo XX, lo que les permite asegurar la estrecha asociación entre la industria del petróleo y la industria de la guerra.

​En efecto, el petróleo tuvo un papel decisivo en la Guerra del Pacífico desencadenada con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941 y en el ataque alemán a la Unión Soviética el mismo año, hasta la guerra del Golfo (1991), la guerra de Irak (2003), la invasión a Libia (2011) y la actual guerra en Siria. El petróleo puede ser considerado una commodity geopolítica.

Luego detallan quince casos en los cuales las grandes petroleras estuvieron involucradas en corrupción comprobada, ya sean empresas privadas o estatales. Citan la investigación del cientista político Paasha Mahdavi, quien constató en base a datos del Departamento de Justicia de EEUU, que un tercio de los 141 procesos de corrupción investigados entre 1977 y 2013 estaban relacionados con el sector petróleo y gas.

Luego se focalizan en Brasil. El caso del ingeniero Pedro Barusco, gerente de Servicios de Petrobras entre 1995 y 2010, es elocuente. En sus declaraciones ante la justicia, asegura que comenzó a recibir sobornos en 1997, como otros altos cargos de la petrolera, cuando gobernaba Fernando Henrique Cardoso, y estima que el PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares entre 2003 y 2013.

Durante el Gobierno del PT, las propinas pasaron a ser pagadas por empresas "nacionales" como Odebrecht y OAS, dos de las mayores constructoras que se beneficiaron con licitaciones para obras de infraestructura. En ese período hubo un recambio de empresas nacionales por las extranjeras como abastecedoras de Petrobras, que ocupaba el segundo lugar entre sus pares del mundo.

Fiori y Nozaki establecen que "el descubrimiento de las reservas de petróleo en el presal en 2006 fue el momento decisivo en el que Brasil cambió la agenda geopolítica de los Estados Unidos". Brasil pasa a ocupar "una posición destacada en tres de las siete prioridades estratégicas de la política energética de EEUU: como fuente de experiencia para la producción de biocombustibles; como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; como territorio estratégico para la exploración del Atlántico Sur".

Tres datos adicionales. El mercado del petróleo nunca se guió por la libre competencia, como aseguran los liberales, sino como "campo de guerra entre las grandes corporaciones y las grandes potencias". La llamada "corrupción" fue desde siempre una práctica normal de la competencia por nuevos recursos y mercados. Y, por último, acusan de corrupción a los "adversarios que se interponen en su camino".

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El presidente de Perú plantea un referéndum para adelantar un año las elecciones

Para Vizcarra, el Parlamento desvirtuó las leyes de la reforma política y denegó la cuestión de confianza

 

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, usó el mensaje anual de Fiestas Patrias para encarar al Legislativo, que lidera la oposición fujimorista, luego de que la noche del jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente. El mandatario ha planteado como salida a la "crisis institucional" un referendum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio. Los comicios en Perú se realizan cada cinco años y estaban previstos para marzo o abril de 2021.

De acuerdo a una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de ciudadanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño.

La sociedad civil peruana ve, en particular desde julio de 2018, con mayor desconfianza el sistema de justicia y el Legislativo luego de las revelaciones de corrupción de una red llamada los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por jueces, fiscales, empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos del partido fujimorista Fuerza Popular, que posee la mayoría en el Legislativo.

La primera semana de junio, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar a que ponga en debate proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

El jefe de Estado reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y durante el período de PPK, el Congreso había rechazado la confianza en una ocasión. De acuerdo a la Constitución, si por segunda vez el Parlamento la denegaba a este Gobierno, el presidente podría cerrarlo y convocar unas nuevas elecciones legislativas.

El fujimorismo bloqueó en particular una ley que planteaba que un órgano autónomo decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Un congresista sentenciado a prisión este año por delitos cometidos cuando era comandante general del Ejército está prófugo por la demora del Parlamento en el levantamiento del fuero.

Asimismo, Fuerza Popular rechazó que en las elecciones de 2021 se aplicaran los criterios de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, y solo aprobó un 40% de candidatas mujeres en las listas para 2021, y 50% dentro de diez años.

"El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", cuestionó el presidente peruano en el hemiciclo al final de un mensaje de más de hora y media de duración.

"No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'presidente, cierre el Congreso'", expresó, mientras los congresistas protestaban y sonaba la chicharra para intentar poner orden.

"Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado", reclamó el mandatario.

"El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", manifestó.

Por Jacqueline Fowks

Lima 29 JUL 2019 - 01:56 CO

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Alexandria Ocasio-Cortez y la política del baile

Se cuenta que Emma Goldman, gran pensadora anarquista, escritora y activista por la justicia social de principios del siglo XX, manifestó alguna vez: “Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución”. Si bien es posible que no haya pronunciado exactamente estas mismas palabras, el sentido de la frase tuvo su actualización en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada cuando empezó a circular en las redes sociales un video de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez bailando con amigos cuando era estudiante de la Universidad de Boston, hace 10 años. El video salió a la luz en un intento fallido de desacreditar a la nueva integrante del Congreso mientras asumía como la mujer más joven electa para integrar la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos.

La respuesta de Ocasio-Cortez a las críticas en internet fue concisa y brillante: un tuit con un video de ella bailando mientras se dirigía a su nueva oficina del Congreso. El video captó una atención tremenda. Lo que se pasó por alto fue el son al que bailaba: el clásico himno contra la guerra de 1970, “War”, cantado por Edwin Starr. Este tema se convirtió rápidamente en el número uno en el verano de 1970 y ha sido un importante himno contra la guerra desde entonces. “Guerra / Para qué sirve / Para absolutamente nada”, dice el estribillo. Ocasio-Cortez va pronunciando las palabras mientras baila hacia la puerta de su oficina en el Congreso.

El sitio web de la campaña de Ocasio-Cortez detalla una serie de políticas progresistas, entre las que se incluye la propuesta de una “economía de paz”. “Desde 2018 participamos en acciones militares en Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia. Cientos de miles de civiles en estos países han muerto como daño colateral de los ataques estadounidenses o por la inestabilidad causada por las intervenciones de Estados Unidos. Millones más han huido de sus fracturados países, lo que contribuye a la crisis mundial de refugiados (…) Debemos poner fin a la “guerra eterna” implementando la retirada de nuestras tropas y poniendo fin a los ataques aéreos que perpetúan el ciclo del terrorismo en todo el mundo”.

Ocasio-Cortez corrigió recientemente a Sean Hannity, presentador de Fox News y asesor no oficial del presidente Donald Trump, quien la acusó de la herejía de exigir el “fin de los ataques aéreos militares”. La representante respondió con un tuit en el que afirma estar a favor de “acabar con las guerras injustas” por completo.

Desde su victoria en las elecciones primarias demócratas para representar al 14° Distrito de Nueva York, en las que derrotó al poderoso demócrata Joe Crowley, en aquel momento congresista en funciones, Ocasio-Cortez ha sido atacada regularmente por la derecha. En julio del año pasado declaró en una entrevista para Democracy Now!: “Los temas en los que basé mi campaña eran muy claros y creo que fueron una parte importante de nuestra victoria: mejorar Medicare y ampliarlo a toda la población, educación superior pública gratuita, un New Deal ecológico, justicia para Puerto Rico, una plataforma sin concesiones en torno a la reforma de la justicia penal y el fin de la guerra contra las drogas, y también afrontar al poder con la verdad y hablar sobre el dinero en la política”.

El New Deal ecológico —en referencia a las políticas implementadas en Estados Unidos por el presidente Franklin D. Roosevelt para luchar contra los efectos de la Gran Depresión de 1929— exige una descarbonización rápida y radical de toda la economía, con una transición de los combustibles fósiles hacia fuentes de energía renovable, con la esperanza de evitar los peores efectos del cambio climático mientras aún quede tiempo. El New Deal ecológico también exige una “transición justa”, que asegure que los trabajadores desplazados de las industrias a cerrar, como la minería del carbón, obtengan el apoyo que necesitan para pasar a otro trabajo productivo.

Ocasio-Cortez se unió a una protesta del movimiento Sunrise, liderado por jóvenes, que tuvo lugar en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ocasio-Cortez estaba reclamando que la nueva mayoría demócrata de esta cámara promoviera un “Comité Selecto para un New Deal ecológico”, que tendría amplia autoridad, incluido un poder de citación, para impulsar el proyecto. Claramente, la campaña de presión tuvo efecto, pero no alcanzó las demandas de los activistas. Pelosi reactivó el Comité Selecto de la Cámara de Representantes para la Crisis Climática pero con carácter exclusivamente asesor. La nueva presidenta de ese comité será la demócrata Kathy Castor, de Florida, quien, según críticos, ha recibido decenas de miles de dólares de intereses de los combustibles fósiles (aunque un portavoz de la congresista manifestó que iba a renunciar a tales contribuciones en el futuro). Ocasio-Cortez tuiteó en respuesta: “No tenemos tiempo para quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro planeta arde. Para las personas jóvenes, el cambio climático es más importante que la elección o la reelección. Es un asunto de vida o muerte”.

En la ceremonia de jura en el Congreso el 3 de enero, la representante Alexandria Ocasio-Cortez vistió de blanco, según indicó, “para homenajear a las mujeres que pavimentaron el camino antes que yo, y para todas las mujeres que están por venir. Desde las sufragistas hasta Shirley Chisholm, no estaría aquí si no fuera por las madres del movimiento”.

Alexandria Ocasio-Cortez respeta a sus mayores. La vieja guardia del Congreso, tanto republicana como demócrata, no debería temer que esta mujer, la más joven en ser electa para el Congreso, se ponga a bailar en círculos a su alrededor. En su lugar, deberían imitar sus pasos.

Columna 11 de enero 2019

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta

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