Venezuela. El golpe tuitero quedó en el ruido

El autoproclamado presidente provisional dice que va a derribar a Maduro el 23 de enero. El gobierno le contestó que le tienen preparada una celda si hace algo ilegal.

 

El autoproclamado presidente provisional de Venezuela y líder de la opositora Asamblea Nacional Juan Guaidó, sólo hizo un poco de ruido. A pesar de tener el respaldo de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA), y los gobiernos de Brasil y Colombia, el mandatario Nicolás Maduro consideró que lo de Guaidó sólo fue “un golpe tuitero” y la ministra de Servicios Penitenciarios, por su parte, le dijo al opositor que ya hay una celda con su nombre. “Guaidó, ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quienes te van a acompañar”, expresó en Twitter Iris Varela.


Sin embargo Guaidó insiste en su idea de derrocar a Maduro. Y el primer paso para lograrlo, dijo, será la movilización del próximo 23 de enero. “Hoy tenemos todas las piezas del rompecabezas: tenemos el respaldo social y el acompañamiento internacional, ahora toca armar ese rompecabezas y la protesta del 23 de enero es fundamental para eso”, aseguró.

Ayer, en su intervención en la asamblea de la coalición opositora Frente Amplio, Guaidó reiteró su pedido de ayuda para lograr una transición porque, como aseguró el viernes, el decreto firmado por la Ásamela Nacional no alcanza para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores. Sólo bastó esa declaración para que el grupo de países que consideran ilegítimo el nuevo gobierno de Maduro volvieran al ataque contra el líder bolivariano. Con algunos matices, pero todos subrayaron la misma palabra: dictadura. Estados Unidos, por su parte, dio un paso más de sus meras críticas y pidió la formación de un nuevo gobierno. Declaró abiertamente que llegó la hora de “comenzar la transición ordenada de un nuevo gobierno en Venezuela” a la vez que dio su explícito respaldo al Guaidó. “Elogiamos el coraje de los líderes de la Asamblea Nacional, particularmente de su presidente, Juan Guaidó, y su decisión de invocar a las autoridades de la Constitución venezolana”, sostuvo en declaración pública el Departamento de Estado de EE.UU. “El pueblo de Venezuela se merece vivir libremente en una sociedad democrática gobernada por un Estado de derecho”, indicó. Además, aseguró que el gobierno de Estados Unidos continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia en Venezuela. Una declaración similar hizo el nuevo presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que luego de saludar al autoproclamado presidente afirmó que está en coordinación con los demás países, entre ellos el Grupo de Lima al que pertenece, para terminar con el gobierno de Maduro. “Nicolás Maduro no atendió las exhortaciones del Grupo de Lima, formuladas en la Declaración del cuatro de enero e inició un nuevo mandato presidencial ilegítimo”, señaló la Cancillería brasileña.


En la misma el jefe de la diplomacia argentina Jorge Faurie anticipó que el presidente Mauricio Macri y su par brasileño emitirán un pronunciamiento en conjunto cuando ambos tengan su acuerdo bilateral el próximo miércoles en Brasilia. El presidente de Colombia, Iván Duque, celebró como un hecho histórico la declaración del Grupo de Lima y argumentó: “la declaración insta a que los pueblos que defendamos la democracia no reconozcamos el régimen opresor y dictatorial de Maduro”.


Mientras tanto, desde el Palacio de Miraflores Maduro desestimó las declaraciones de los países vecinos y fue más lejos. Los invitó a una cumbre para vencer “la intolerancia política” que aplican a Venezuela. “Insistimos en la propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro (de) una cumbre de presidentes (...) o un grupo de países de la región también, que faciliten el acercamiento ante la intolerancia ideológica que ha surgido en los últimos años”, afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Luego sugirió que el encuentro podría realizarse durante la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que realiza reuniones anuales desde 2013 y que este año la presidencia pro témpore está en manos del mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén. “Allí iría Nicolás Maduro con la verdad de Venezuela, allí iría Nicolás Maduro a responder lo que tenga que responder con la Constitución de Venezuela en la mano y con la legitimidad que le ha dado el pueblo”, finalizó el canciller

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Seis fases del modelo para provocar el cambio de Gobierno en Venezuela

En el 2012, el Instituto de Estudios Estratégicos del Ejército de los Estados Unidos, publicó un texto del profesor de estrategia militar Max Manwaring, titulado 'Venezuela como exportador de la Guerra de Cuarta Generación'.

En resumen, dicho documento trataba de argumentar que el para entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, a través de la conformación de las milicias y la doctrina de la guerra de todo el pueblo, buscaba hacer inviable los Estados latinoamericanos para "forzarlos a ser declarados como Estados fallidos" y permitir la insurgencia de un movimiento afín al proyecto Bolivariano.

Manwaring se lamentaba de que Estados Unidos no tuviese respecto a Venezuela "una estrategia unificada a largo plazo y una arquitectura organizacional interinstitucional multidimensional para enfrentar el socialismo del siglo XXI de Chávez y su guerra asimétrica asociada". Por tal motivo, hacía algunas recomendaciones al mando militar estadounidense.
Una de ellas, quizá a la que prestaron mayor atención fue la siguiente: "El Ejército podría desarrollar un diseño para usar las fuerzas armadas convencionales en roles no tradicionales encomendados por la nueva sociología del conflicto deliberado descrito anteriormente en el modelo de guerra asimétrica de Chávez y el modelo operativo paramilitar para el cambio radical obligatorio'.


El académico llegaba a la conclusión de que el mejor método para destruir el proyecto bolivariano era usar los preceptos de la guerra de cuarta generación —que arropa una cantidad enorme de doctrinas como la guerra no convencional, irrestricta, híbrida, molecular— en su contra. Manwaring apuntaba que "este tipo de conflicto es principalmente psicológico-político y está dirigido al terreno humano más que al territorio geográfico". A su parecer, el "centro de gravedad primario" no es militar, sino fundamentalmente de "opinión pública y liderazgo".
Las seis fases del modelo operativo paramilitar para el cambio radical obligatorio


Recientemente el senador ruso, Ígor Morózov, alertaba que Estados Unidos preparaba en Venezuela un cambio de Gobierno a través de la puesta en marcha de un nuevo plan de desestabilización. Expresaba la necesidad de que "todos los aspectos tecnológicos de la preparación de una nueva revolución de colores por Washington en Venezuela deben ser descubiertos y documentados. Hay que discutir obligatoriamente en el Consejo de Seguridad de la ONU los pasos ilegales que EEUU está preparando en este país".
Hacer visible y documentar la estrategia de desestabilización contra Venezuela, pasa por releer el texto de Manwaring. En este, quedan de manera bastante explícitas las fases que pretende transitar Estados Unidos para provocar un cambio de Gobierno en el país suramericano.


Primera fase (activada): se busca la inestabilidad y el caos en el país a través de la combinación de una guerra institucional (Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia), una guerra económica (sanciones financieras y comerciales) y de los medios de comunicación (desinformación y propaganda).

Segunda fase (activada): emergencia de "un frente popular (político) de las clases medias" y personas u organizaciones afines para competir y debilitar al Gobierno. Se pretende "apoyar política y psicológicamente las guerras señaladas en la fase uno". En Venezuela, la creación de la coalición denominada Frente Amplio Venezuela Libre y Plan País son pruebas de esto.


Tercera fase (activada): la irrupción de embarcaciones de la transnacional Exxon Mobil en aguas venezolanas, son parte de esta etapa. Según Manwaring se intenta "fomentar los conflictos regionales" a través de iniciativas políticas, como las declaraciones del denominado Grupo de Lima, pero también con acciones militares "encubiertas, graduales y preparatorias para desarrollar y fomentar el apoyo popular a la guerra". Un aspecto a tener en cuenta en esta etapa sería el establecimiento y la defensa de "zonas liberadas (cuasiestados) dentro del Estado".


Cuarta fase (por reactivar): para lograr el desgaste y deslegitimación del Gobierno, se ponen en marcha "manifestaciones, huelgas, violencia cívica, violencia personal, mutilaciones y asesinatos". El objetivo es presentar al Estado como incapaz de llevar las riendas del país.


Quinta fase (por activar): un elemento ineludible sería "desarrollar milicias" en una escala local y regional para luchar en regiones geográficas de interés. En el caso venezolano, la frontera con Colombia luce como el área más viable para este tipo de conflicto. Bandas paramilitares colombianas como los Rastrojos —de donde proviene uno de los elementos que supuestamente tenía previsto atentar contra la vida del presidente de Colombia, Iván Duque— y los Urabeños, brindarían el soporte inicial para estas acciones. Sin embargo, con la llegada al poder de Jair Bolsonaro, no puede descartarse una práctica de desestabilización contra Venezuela desde la región sur, especialmente en las zonas mineras.


Sexta fase (por activar): para Manwaring esta sería la última de las acciones a emprender, luego de lograr "la desmoralización" del Ejército que sirve de bastión defensivo. En este caso, los brazos paramilitares —fase 5— serían apoyados con una fuerza militar de intervención multinacional, tal y como lo ha planteado el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao.

Atacar la esperanza


En el Pentágono reconocieron, hace tiempo, que era imposible derrotar al proyecto bolivariano si no se lograba menguar el nivel de bienestar social y económico alcanzado durante el segundo periodo del Gobierno de Hugo Chávez. Es decir, lograron un "análisis correcto" de la motivaciones y expectativas del venezolano promedio. También reconocieron, al igual que lo hace Manwaring, que "Chávez y sus partidarios comprenden la importancia de los sueños sobre la supervivencia y una vida mejor para una gran parte de la población. Esas son las bases del poder, todo lo demás es ilusión".


En la guerra planteada contra Venezuela, lo vital no es tanto golpear directamente al Gobierno —a sus fuerzas policiales o militares—, como socavar su base de respaldo popular y legitimidad. El desgaste que sufre la población a través de las distintas estrategias de sabotaje y ataque a su seguridad y bienestar personal son "medios probados para el debilitamiento de los Estados", asegura Manwaring.

Y más adelante argumenta con abrumadora certeza: "A menos que una sociedad perciba que su Gobierno trata los asuntos de seguridad personal, bienestar y desarrollo socioeconómico de manera justa y efectiva, el potencial de las fuerzas internas o externas para desestabilizar y subvertir un régimen es considerable. Los regímenes que ignoran esta lección a menudo se encuentran en una crisis de gobierno".


Por tanto, en esta fase de acciones la guerra está dirigida a explotar las vulnerabilidades de sus adversarios y a sus preceptos psicológicos. El caso reciente del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Christian Zerpa, que se ha marchado a Miami, es una prueba del escenario de corto plazo que se viene. No es una casualidad que algo así ocurriese, tal y como Manwaring lo explica: resulta sumamente efectivo utilizar "la complicidad, la intimidación, la corrupción y la indiferencia" para "cooptar discretamente a políticos, burócratas y personas de seguridad" del Gobierno a ser derrocado.

Por otro lado, existen tácticas que han sido probadas como ineficaces. Las protestas masivas son una de ellas. Aunque no vayan a ser descartadas, el enfoque ahora será la derrota sistémica del modo de vida de la población venezolana. El dólar paralelo rebasó la barrera de los 1.000 bolívares y el aumento de precios no da señales de ceder. En los centros de pensamiento del Ejército estadounidense, se dice con frecuencia que los cambios de Gobierno no son eventos, sino parte de un proceso.

Manwaring lo resume de la siguiente forma: "el proceso de fracaso estatal tiende a pasar de la violencia personal a un aumento de la violencia colectiva y el desorden social a los secuestros, los asesinatos la corrupción personal e institucional, la anarquía criminal y los desplazamientos internos y externos de la población. (…) El impulso de este proceso de violencia tiende a evolucionar hacia una violencia social más generalizada, una grave degradación de la economía y una capacidad gubernamental disminuida para brindar seguridad personal y colectiva y garantizar el Estado de derecho a todos los ciudadanos".


Si de algo debe cuidarse el Gobierno bolivariano es de caer en la trampa que la propia guerra no convencional produce: la crisis. Esto tiene dos lecturas, por un lado, el Gobierno no puede parecer irresponsable y mucho menos insensible ante el deterioro del bienestar de sus ciudadanos, pues tal como lo enseñó el filósofo Thomas Hobbes, una de las razones por la que los individuos ceden su libertad individual a un Estado, es para obtener a cambio garantías de protección. Devolvernos a la lógica del "hombre como lobo del hombre" es el arma para que los ciudadanos pierdan la fe en sus instituciones.


En un segundo aspecto y visto que el componente esencial de esta guerra va del plano de las condiciones materiales a las espirituales, y viceversa, resulta supremamente necesario que la comunicación política de un Gobierno sometido a una guerra multidimensional, no convencional, irrestricta, como la que se ve en Venezuela, no debe mantener a su base de apoyo en las tensas neblinas que la crisis promueve en los ánimos colectivos. Si no se habla con la verdad y de manera oportuna, las redes sociales digitales tomarán el asiento vacío que se les deje. Entonces, las falsas banderas y operaciones de información, estarán a la orden del día y la mente colectiva será guiada no por una política comunicacional que responda a la defensa de la soberanía territorial, sino por un laboratorio cuya agenda será la guerra civil.
Ganar o ganar, en el 'ajedrez del mago'


En los próximos días, la Asamblea Nacional de oposición y en franca alineación con el Departamento de Estado, ha dispuesto el tablero en el que aspiran se juegue la política venezolana de los próximos meses. Si queremos saber su naturaleza y alcance, veamos lo que tiene Max Manwaring que decir acerca de la guerra de cuarta generación.
Usando como metáfora el 'ajedrez del mago' que aparece en el libro 'Harry Potter y la piedra filosofal', Manwaring expone una cruda dinámica a la que no hace falta agregarle más palabras.


"En ese juego, los protagonistas mueven las piezas en silencio y sutilmente por todo el tablero de juego. Bajo la dirección estudiada de los jugadores, cada pieza representa un tipo diferente de poder directo e indirecto y podría realizar simultáneamente sus ataques letales y no letales desde diferentes direcciones. Cada pieza no muestra piedad contra su enemigo y está preparada para sacrificarse, para permitir que otra pieza tenga la oportunidad de destruir o controlar a un oponente, o de darle jaque mate al rey. Sin embargo, a largo plazo, este juego no es una prueba de pericia para crear inestabilidad, conducir la violencia o lograr algún tipo de satisfacción moral. En definitiva, es un ejercicio de supervivencia. La falla de un jugador en el ajedrez del mago es la muerte, y no es una opción", escribe Manwaring.

05:50 08.01.2019(actualizada a las 07:17 08.01.2019)

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Pompeo elogia el compromiso de Iván Duque para restablecer la democracia en Venezuela

El secretario de Estado norteamericano incrementa la presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro en su visita a Colombia



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, elogió este miércoles al Gobierno de Iván Duque por su compromiso para restablecer la democracia en Venezuela. “La larga tradición democrática de Colombia la convierte en un líder natural en los esfuerzos regionales para apoyar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, ha asegurado tras reunirse con el presidente en la Casa de Huéspedes de Cartagena de Indias. “Todos los países que defendemos la democracia debemos unirnos para rechazar la dictadura de Venezuela”, ha contestado el líder colombiano.

 

Duque, que asumió el 7 de agosto con la promesa de aislar diplomáticamente al régimen venezolano, ha buscado encabezar la oposición regional a Caracas. Hace pocos días ya había pedido a los países "defensores de la democracia" desconocer al nuevo Gobierno de Nicolás Maduro, que tomará posesión el 10 de enero. Los comicios en los que el heredero de Hugo Chávez obtuvo su reelección fueron boicoteados por la oposición, y buena parte de la comunidad internacional –incluyendo a Bogotá y Washington– decidió no reconocerlos.


En diciembre, Maduro vinculó a Duque y al presidente brasileño Jair Bolsonaro con un supuesto plan organizado por Estados Unidos para derrocarlo y asesinarlo. La reciente expulsión de funcionarios de ambos países y la llegada a Venezuela de bombarderos rusos elevó la tensión entre dos vecinos que comparten más de 2.200 kilómetros de una porosa frontera. Colombia es además el principal país de acogida de la diáspora que huye de la severa crisis política y económica de la República Bolivariana, con más de 1,1 millones de venezolanos asentados en su territorio, según las cifras más recientes de las autoridades migratorias.

“Felicitamos tanto al Gobierno de Colombia como a su pueblo por ayudar a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro”, declaró Pompeo. El jefe de la diplomacia estadounidense recordó que su país ha destinado casi 92 millones de dólares –55 millones en ayuda humanitaria y 37 en asistencia económica– para ayudar a Bogotá en su respuesta a la crisis venezolana. "La ayuda humanitaria es necesaria con tantos cientos de miles de hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura buscando esperanza", señaló Duque.

El viaje del secretario de Estado es el primero de un alto funcionario estadounidense desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, y se produce luego de dos visitas anunciadas y posteriormente canceladas del presidente Donald Trump. El encuentro tuvo lugar dos días antes de una nueva reunión del Grupo de Lima, conformado por 14 países que incluyen a Argentina, Brasil, Canadá y Colombia, entre otros, pero no Estados Unidos. Algunos observadores esperan que el bloque fije una posición conjunta sobre la inminente toma de posesión de Maduro.


Pompeo aterrizó en Cartagena después de asistir a la investidura del ultraderechista Bolsonaro como presidente de Brasil, a la que Duque envió a su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La manera en que el mandatario colombiano –de corte conservador pese a que ha cultivado un perfil moderado– se inserte en la naciente alianza que han insinuado Trump y Bolsonaro surge como un nuevo interrogante en el escenario regional. Bogotá ha sido desde hace décadas un aliado estratégico de Washington, y Duque –como lo hizo su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)– ha planteado una política exterior cuyo eje principal está en Estados Unidos.

 

Una relación narcotizada


Además de la respuesta ante la crisis venezolana, Pompeo también le trajo a Duque otro mensaje del presidente Trump. Washington sigue “profundamente preocupado” por el crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, manifestó. Según los últimos datos disponibles, los narcocultivos en el país andino crecieron en 2017 de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila su extensión. Duque ha reconocido que, frente a esos niveles récord, la relación está “narcotizada”.

En paralelo a esa alza, que ratifica a Colombia como el principal productor mundial de esta droga y a Estados Unidos como el mayor consumidor, ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Sin embargo, los dos países seguirán trabajando de la mano para lograr el objetivo conjunto de reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en un 50 % para finales de 2023, dijo Pompeo. “Estados Unidos sabe que debe seguir haciendo su parte en casa para reducir el lado de la demanda de la ecuación”, agregó.

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Miércoles, 28 Noviembre 2018 05:54

Bolsonaro quiere sancionar a Venezuela

Bolsonaro quiere sancionar a Venezuela


Enviado por su padre, el diputado del Partido Social Liberal se reunió en Washington con el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, y descartó una posible intervención del gobierno de Bolsonaro en la vecina Venezuela.


El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo Jair Bolsonaro, aseguró ayer a funcionarios de segunda y tercera línea de Estados Unidos que busca implementar un acuerdo bilateral para congelar bienes y fondos de Cuba y Venezuela. Lo hizo durante una gira que realiza por Washington como enviado de su padre ante el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según reportó el diario O Globo.


El hijo de Bolsonaro dijo que busca un tratado internacional contra Cuba y Venezuela para congelar bienes de esos países y que está trabajando en ello el futuro canciller del gobierno que se inicia el 1º de enero, Eduardo Araújo, quien considera a Trump como una “salvación para Occidente frente al marxismo cultural del globalismo”. El diario O Globo apuntó que tradicionalmente Brasil aplica sanciones decididas en organismos multilaterales como la ONU o la Organización de Estados Américanos (OEA).


El diputado del Partido Social Liberal se reunió en Washington en el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA y descartó una posible intervención del gobierno de Bolsonaro en la vecina Venezuela ante el American Enterprise Institute. “Escuché muchas críticas a nuestra cancillería y proponemos un nuevo Itamaraty para reducir la burocracia y tener nuevamente un comercio pujante con Estados Unidos”, dijo el diputado Bolsonaro.


En la agenda que fue divulgada, el diputado participó de una reunión con Kim Breier, secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, quien respaldó al gobierno electo en sus críticas a la participación de profesionales cubanos en el programa brasileño de salud Más Médicos. El jueves está prevista una reunión en Río de Janeiro entre el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el presidente electo Bolsonaro. Bolton hará un escala en Río en su viaje a Buenos Aires para la cumbre del G-20.


Jair Bolsonaro, el ultraderechista presidente electo de Brasil, ha expresado su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la campaña electoral, y ha prometido alineamiento con Washington frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. “Estudiamos alianzas con Estados Unidos para investigar delitos financieros de las dictaduras venezolana y cubana, usando los instrumentos de la Convención de Palermo”, dijo Bolsonaro, quien subrayó que el ex juez Sérgio Moro, futuro ministro de Justicia, “es un especialista en lavado de dinero y lucha contra el crimen organizado”.


El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, arribó hoy a Brasilia para participar en reuniones con sus asesores y concluir la formación del gabinete que entrará en funciones el próximo primero de enero.


Bolsonaro analizaba ayer en el Centro Cultural del Banco do Brasil, si el próximo gabinete contará con 17 o 19 ministros, contra los 29 que forman el actual equipo del presidente Michel Temer, según reportó el portal del diario O Globo. El próximo presidente arribó a Brasilia procedente de Río de Janeiro junto a sus hijos Flavio, recientemente electo senador por el Partido Social Liberal, y el joven Renán. Está previsto que Bolsonaro anticipe su retorno a Río de Janeiro donde hoy tiene un compromiso el Instituto Militar de Ingeniería, señaló el diario Valor Económico. El próximo gobernante permanecerá en su residencia particular de Río de Janeiro, donde el jueves recibirá a Bolton.


 Almagro instó a derrocar a Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó ayer que para resolver toda la crisis de Venezuela es absolutamente imprescindible derrocar a su gobierno, al que calificó de dictadura. “Para resolver toda la crisis venezolana, definitivamente el derrocamiento de la dictadura es absolutamente imprescindible”, dijo Almagro, entrevistado por la emisora colombiana W Radio. El ex canciller uruguayo sostuvo que el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro es esencial para poner fin a la crisis humanitaria y acabar con “los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, en otro tramo de la entrevista, Almagro rechazó cualquier variable que no esté apoyada en el derecho internacional, según reprodujo la propia emisora en su sitio web.


“Ojalá podamos encontrar un camino por la democracia para la democracia de Venezuela, caminos de paz para la paz de Venezuela”, agregó el jefe de la OEA. En cambio, uno de los principales dirigentes de la oposición venezolana, Henrique Capriles, rechazó cualquier escenario de fuerza y se pronunció a favor de una negociación para facilitar la salida del chavismo del gobierno. “No es verdad que una transición política tenga que ser obligatoriamente por un escenario de fuerza; ningún venezolano quiere eso”, dijo el ex candidato presidencial ayer en conferencia de prensa. “Tenemos que permitir que exista una puerta para que quienes son responsables de esto salgan, para una negociación con otras condiciones, con otros actores, con una comunidad internacional que eso es lo que clama”, agregó Capriles, según consignó el diario digital Efecto Cocuyo.

28 de noviembre de 2018

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La muerte fulminante de un testigo clave del ‘caso Odebrecht’ y el envenenamiento de su hijo sacuden a Colombia

Medicina Legal asegura que Alejandro Pizano murió por intoxicación de cianuro tras beber de una botella que estaba en el escritorio de su padre, fallecido tres días antes

 

La investigación del caso Odebrecht en Colombia se asoma desde este martes al abismo de una red criminal que va más allá de los sobornos pagados por la constructora brasileña a cambio de concesiones. La muerte fulminante de un testigo clave y, al cabo de tres días, la de su hijo, envenenado, ensombrecen las indagaciones de un escándalo que se remonta a la financiación de las campañas presidenciales de 2010 y 2014.


Este nuevo capítulo comenzó el pasado jueves, cuando el ingeniero Jorge Enrique Pizano, interventor de la Concesionaria Ruta del Sol, un proyecto en el que participó la compañía, falleció en su finca de Subachoque, a unos 40 kilómetros de Bogotá. Pizano, cuya muerte se atribuyó desde el principio a un infarto, era una de las piezas más importantes para recomponer el caso. Detectó varias irregularidades relacionadas con la obra, en la que trabajó desde 2010, y en 2015 informó al actual fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aunque este asegura que no tenía la certeza, según el propio relato del testigo, de que se tratara de sobornos. Martínez era entonces abogado del Grupo Aval, conglomerado bancario que controlaba la mayoría de las acciones de Corficolombiana, una empresa de soluciones financieras.


El hijo de Pizano, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, se enteró el viernes por la mañana del fallecimiento de su padre y de inmediato viajó a Bogotá desde Barcelona, donde se encontraba. El pasado domingo, según ha adelantado este martes Caracol Radio, fue hasta la finca familiar y, en presencia de su hermana Juanita, se desmayó repentinamente. ¿Qué sucedió? Según ha confirmado el Instituto de Medicina Legal, "la causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro".


"Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo", señala el informe. "Según personas cercanas a la familia, después de la ingesta del agua, la víctima advirtió un mal sabor e intentó expulsar el líquido; pocos minutos después presentó fuertes molestias estomacales y falleció de camino al hospital". Así lo determinan las pesquisas. La hermana relató que "dijo que sabía inmundo y se desmayó".


"Los investigadores", continúan las conclusiones de Medicina Legal, "recibieron por parte del personal médico la botella de agua saborizada a la cual se le realizan los análisis correspondientes". La Fiscalía General de la Nación ha informado de que también ha abierto una investigación penal para determinar las causas por las cuales se encontraba esa sustancia en la casa del padre de la víctima. De momento, la evolución de este caso, que siembra dudas también sobre las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano, ha conmocionado al país y amenaza con provocar un terremoto político.


Los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia garantizaron, por ejemplo, que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol. Esa cantidad asciende a 84.000 millones de pesos, más de 28,5 millones de dólares. El escándalo, que estalló a principios de 2017, salpicó a las campañas de los principales candidatos en dos elecciones presidenciales y hasta la Administración de Álvaro Uribe. Cuando se empezaba a conocer la magnitud de lo sucedido, el exmandatario Juan Manuel Santos solicitó a la Fiscalía una investigación de los contratos correspondientes a esos comicios. Meses después se produjo la primera detención. Las autoridades capturaron a Gabriel García Morales, antiguo viceministro de Transporte de Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió, según la investigación, 6,5 millones de dólares de Odebrecht por la concesión de esa obra.


Más tarde llegó la captura del excongresista Otto Bula debido a su presunta participación en el millonario caso de corrupción. Es acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. La Fiscalía estableció también que la constructora contribuyó a la financiación de las campañas del propio Santos y de su principal rival en las urnas, el uribista Óscar Iván Zuluaga.


A pesar de las ramificaciones del caso, Odebrecht lleva meses intentando llegar a un acuerdo económico con el Estado colombiano para volver a operar con normalidad como ha ocurrido en otros países. El 6 de noviembre, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, los organismos representados en el juicio, rechazaron una oferta que superaba los 33 millones de dólares y que la constructora consideraba suficiente para dejar atrás el perjuicio causado al país.

POr Francesco Manetto
Bogotá 14 NOV 2018 - 03:45 COT

 

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Denuncia Venezuela "agresión financiera" orquestada por EU en Bali

Caracas. Venezuela denunció que Estados Unidos impulsó un encuentro de varios países al margen de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial en Bali para aumentar la "agresión financiera" contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Venezuela condena la realización de una insólita reunión, en la cual participaron los ministros de Finanzas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay y Reino Unido, convocados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de aumentar la agresión financiera en contra del pueblo venezolano", se señala un comunicado del Ministerio de Comunicación.

Según el gobierno bolivariano, ese encuentro demuestra la "obsesión desmedida e inhumana" de Washington contra Venezuela, “sin reparar en el daño que le ocasiona a la mayoría de la población venezolana a través del criminal bloqueo financiero.

"La élite gobernante de Estados Unidos y su pequeño grupo de países satélites quedarán aislados en su empeño por destruir la economía venezolana", se agrega en el comunicado.

El sábado culminó en Bali la reunión anual del FMI y del Banco Mundial, donde el organismo financiero advirtió que la "ventana de oportunidad" para mantener el crecimiento global se está cerrando, debido a disputas comerciales y a la crisis en los países emergentes.

El FMI redujo esta semana su previsión de crecimiento del PIB mundial a 3.7 por ciento para 2018 y 2019 (-0,2 puntos), al mismo nivel que en 2017.

Venezuela, sin embargo, atraviesa una aguda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que, según el FMI, podría cerrar este año en un millón 350 mil por ciento y el próximo en 10 millones por ciento.

La economía del país petrolero se contrajo 14 por ciento el año pasado y se espera que se retraiga 18 por ciento este año.

El gobierno de Maduro asegura que la crisis se debe a una "guerra económica" impulsada por Estados Unidos y la oposición venezolana para intentar derrocarlo.

En otro orden, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el suicidio de Fernando Albán, del partido opositor Primero Justicia, es manipulado y utilizado por la oposición y reiteró que se trató de un suicidio.

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Un detenido por el ataque a Maduro involucra a México, Chile y Colombia

Venezuela pidió este domingo a México, Chile y Colombia aclarar si funcionarios de sus embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los presuntos responsables del estallido de drones en agosto pasado, durante un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro.

"No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas", advirtió el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, sin identificar a los diplomáticos.

En rueda de prensa, el ministro señaló que el presidente ordenará al canciller, Jorge Arreaza, que pida directamente a esos funcionarios aclarar si tuvieron participación.

Según Rodríguez, la madrugada del sábado fueron capturados Henryberth Rivas Vivas, alias Morfeo, y otras dos personas por la explosión de dos drones el 4 de agosto en las proximidades de la tarima desde la cual el mandatario socialista presidía un desfile militar.

En confesiones en video difundidas por el ministro, Rivas relató que personal diplomático estaría relacionado con sus frustrados planes de huir de Venezuela.

El hombre dijo haber recibido instrucciones para contactar con un funcionario de la embajada chilena, quien lo ayudaría a trasladarse a Colombia con la mediación de personal de las sedes diplomáticas de México y Colombia.

El gobierno de Chile "tiene que explicar por qué un asesino, un terrorista, recibe la instrucción (...) de que se dirija a su embajada", expresó Rodríguez.

En esa sede diplomática está refugiado el parlamentario opositor Freddy Guevara, después de ser acusado de incitar a la violencia durante la protestas contra Maduro que provocaron unos 125 muertos en 2017.

Junto con Rivas fueron arrestados Ángela Expósito, de doble nacionalidad española-venezolana, señalada por esconderlo en su residencia, y el coronel en retiro Ramón Velasco.

Hasta el momento 28 personas están detenidas, precisó Rodríguez, quien pidió a Estados Unidos y Colombia aprobar la extradición de quienes el gobierno venezolano señala como autores intelectuales.

Entre ellos está el ex presidente del Parlamento Julio Borges, exiliado en Bogotá, quien califica el atentado de "farsa".

Rodríguez, sin embargo, calificó de "sandeces" los cuestionamientos que se han hecho a la veracidad del fallido magnicidio.

Reiteró de igual manera acusaciones contra el ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien está detrás de lo sucedido, según Maduro.

"El presidente de Colombia, Iván Duque, tiene que deslindarse de los hechos planificados en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿O no? ¿O está de acuerdo con el intento de asesinato?", preguntó.

Un funcionario de migración en Colombia, que el gobierno venezolano identifica como Mauricio Jiménez, es acusado de haber permitido el paso por la frontera de responsables del ataque para recibir entrenamiento en la localidad colombiana de Chinácota.

Colombia ha negado cualquier relación con los hechos, al igual que dirigentes opositores señalados en el caso y que aseguran que el suceso fue usado para reprimir a críticos del gobierno.

Por otro lado, la cancillería venezolana pidió este domingo a Colombia mayores esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico ante un "aumento alarmante" de cultivos ilícitos, en especial en la zona fronteriza común.

"Venezuela apremia a las autoridades colombianas realizar esfuerzos sinceros y efectivos y asumir las responsabilidades internacionales por los daños que ha causado la industria del narcotráfico a países vecinos y al mundo", señaló la cancillería en un comunicado.

Al citar un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cancillería de Venezuela destacó que Colombia concentra 68.5 por ciento de los cultivos de coca en el mundo. "Al cierre de 2017 Colombia contaba con 171 mil hectáreas de coca sembradas, 25 mil más respecto de la medición de 2016", subraya el comunicado.

Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Colombia han sido habituales desde la llegada al poder del fallecido ex presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), y se mantuvieron con Maduro, con constantes incidentes en la frontera de 2 mil 200 kilómetros.

Maduro incluso acusó al ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos, quien en agosto estaba aún en el poder, de estar detrás del estallido de los drones.

Bogotá salió al paso de las acusaciones y en un comunicado expresó: "En la coyuntura que vive Venezuela, la embajada de Colombia y los 15 consulados acreditados en el hermano país no tienen interés distinto al de trabajar coordinadamente por la asistencia y protección de nuestros connacionales, razón por la cual carecen de todo fundamento las afirmaciones del ministro Rodríguez".

A su vez, Chile citó al embajador venezolano este lunes en la cancillería y llamó al gobierno de Maduro a "a retirar sus calumniosas insinuaciones contra nuestro país".

 

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Domingo, 16 Septiembre 2018 07:50

Espadas sobre la cabeza de Maduro

Nicolás Maduro junto al general en jefe, Vladimir Padrino, quien ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza / Foto: Afp, Juan Barreto

El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas extranjeras. Un artículo en “The New York Times” reveló reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de Estados Unidos.

 

Después de que en agosto de 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, en una de sus declaraciones críticas sobre Caracas, dijese: “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una opción militar si fuese necesario”, militares venezolanos dispuestos a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro contactaron a responsables de Estados Unidos para solicitar ayuda concreta para sus propósitos.
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.


Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.


El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como evidencia de las acciones de Washington en su contra: “A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times”, declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.


Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.


El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones –oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado– de los más leales. Para la oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.


GOLPES FRUSTRADOS.


El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.


Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.


Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.


También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.


El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.


La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron “detenidos secretamente” varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.


El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


ATENTADO CON DRON.


El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero Justicia.


En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.


DESCONTENTO Y LEALTAD.

En las fuerzas armadas “se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas”, ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. “La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo”, según Alcalá.


El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero, un teniente y un general…


El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.


Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del “alto mando político-militar de la revolución”, una instancia a veces referida por el presidente Maduro.


UNA RADIO, POR FAVOR.


El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino “equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura”. La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien “creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos”.


El “detalle” nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos “no debería estar en el negocio del golpe”, escribió el rotativo: “Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención”.


Sube el tono

Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como “número 2” en la estructura de poder en Venezuela y referente del “ala militar del chavismo”, fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a Cabello de “ladrón” y “narcotraficante”, y afirmó que“Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia”.
El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que “el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia”; en julio expuso que “siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro”, y más recientemente aseveró que “el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos”. La “amenaza a la seguridad estadounidense” ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.


Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es “una dictadura deleznable”, en su criterio “Estados Unidos es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino” para encarar el tema venezolano.


Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…

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Alto funcionario dice ser parte de la resistenciaque protege a EU de Trump

Publica el NYT artículo anónimo de un servidor público que labora en la Casa Blanca

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, en un artículo de opinión firmado de manera anónima, publicado por el New York Times, reveló que es parte de una “resistencia” interna de este régimen motivada para proteger a la nación de un mandatario “amoral y errático”.


El presidente Trump respondió calificando el artículo de “cobarde” y reprobó al Times por atreverse a publicar algo escrito por una fuente anónima. La Casa Blanca apremió al funcionario anónimo a renunciar, pero el efecto fue alimentar la percepción de un presidente cada vez menos en control de su propia casa.


El artículo, publicado esta tarde de manera prominente en el portal del Times, titulado “Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump”, afirma que “muchos de los altos funcionarios de esta administración están trabajando de manera diligente desde adentro para frustrar parte de su agenda (la del presidente) y sus peores inclinaciones”. Agrega: “Yo lo sé. Soy uno de ellos”.


Afirma que aunque los miembros de esta “resistencia” interna apoyan las políticas de este gobierno, “creemos que nuestro primer deber es para con el país, pues el presidente continúa actuando de manera perjudicial para la salud de nuestra república”. Por ello, escribe, muchos de los altos funcionarios del gobierno de Trump “hemos prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas y frenar los impulsos más equivocados de Trump hasta que deje el puesto.


“La raíz del problema es la amoralidad del presidente”, dice, señalando que quien trabaja con él sabe que no tiene principios como referente, ni los de su propio partido, y acusa que sus impulsos son “anticomercio y antidemocráticos”.


Critica que Trump se maneja de manera “errática” y “mezquina”, y que muchos dentro del gobierno han hecho lo posible para reducir los daños. Ofrece consuelo: los estadunidenses “deben saber que sí hay adultos en el cuarto. Reconocemos plenamente lo que está ocurriendo (…) estamos intentando hacer lo correcto, aun cuando Donald Trump no quiera”.


Revela que “al inicio (del gobierno) se escucharon susurros dentro del gabinete sobre invocar la 25 enmienda, lo cual iniciaría un complejo proceso para remover al presidente, Pero nadie deseaba una crisis constitucional. Entonces, haremos lo que podamos para guiar al gobierno en la dirección correcta hasta que, de una u otra manera, concluya.


“La preocupación mayor no es lo que le ha hecho Trump a la presidencia, sino más bien qué hemos permitido que nos haga a nosotros como nación”, concluye.


Trump, en un acto en la Casa Blanca esta tarde, atacó al mensajero y el mensaje, afirmando que se trata de “una fuente anónima dentro del gobierno, probablemente (alguien que está) fracasando, y que está aquí por todas las razones equivocadas… Y el New York Times está fracasando. Entonces, si el New York Times, que está fracasando tiene un editorial (sic) anónimo, ¿se le puedes creer? Es un editorial cobarde”. Poco más tarde, tuiteó: “¿Traición?”


La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitió una declaración acusando que el autor del artículo “ha optado por engañar, en lugar de apoyar, al presidente debidamente electo de Estados Unidos”, y concluyó: “este cobarde debería hacer lo correcto y renunciar”. Más aún, reprobó la decisión del Times de publicarlo, al afirmar: “estamos decepcionados, pero no sorprendidos de que el periódico haya optado por publicar este artículo de opinión patético (...) esto es sólo otro ejemplo del esfuerzo concertado de los medios liberales para desacreditar al presidente”.


El Times explicó que tomaron la decisión no común de publicar el artículo de manera anónima, a solicitud del autor, ya que su puesto estaría en riesgo, y tras asegurar que conocen su identidad, justificaron hacerlo así porque “era la única manera de presentar una perspectiva importante a nuestros lectores”.


Mientras tanto, por ahora el juego mayor en Washington es tratar de adivinar la identidad del autor; ya hay una competencia para ver quién puede desenmascararlo primero. Por ahora no se sabe si es hombre o mujer, si trabaja en la Casa Blanca o en otra parte de la rama ejecutiva.


El artículo aparece un día después de divulgarse algunas partes explosivas del libro del reconocido periodista de la cúpula política Bob Woodward antes de su publicación la semana próxima, y que cita a una multitud de integrantes del gabinete y altos funcionarios expresando alarma y desesperación por el comportamiento y capacidad mental del presidente –incluso algunos llamándolo “idiota” y otros quejándose de que estaba en “locolandia”– y la necesidad de proteger al país de sus decisiones e impulsos peligrosos.


Desde ayer, Trump declaró que ese libro está lleno de “fabricaciones”, señaló que varios de los secretarios de su gabinete citados han refutado las versiones que se les atribuye, y este miércoles continuó con su ataque afirmando que el libro “es una obra de ficción”. Ya había enviado una amenaza en la mañana al tuitear que era vergonzoso que alguien pueda “fabricar historias….sin retribución o costo. No sé por qué los políticos de Washington no cambian las leyes de difamación”.


Este será el tercer libro en lo que va del año que dice revelar las interacciones íntimas y desastres dentro del régimen de Trump, alimentando la narrativa de una Casa Blanca dentro de la cual impera el caos, el engaño, los complots, las deserciones, el temor y las amenazas de amotinamiento.

 

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Nicolás Maduro pide al FBI que investigue el atentado

El mandatario solicita la colaboración de la Casa Blanca para “desmembrar” grupos “terroristas” en Florida


El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que aceptará la colaboración del FBI en las investigaciones del atentado con drones cometido hace una semana en un desfile de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. El mandatario ha pedido al fiscal general, Tarek William Saab lade, que “ratifique” la propuesta de “cooperación” con la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. “Yo estaría de acuerdo con que venga el FBI […] y ayude a desmembrar las células terroristas que están en Florida”, ha dicho en un acto militar celebrado el sábado.

Maduro acusa a Osman Delgado Tabosky, que según el mandatario reside en Florida, de financiar el atentado con drones y un asalto al fuerte militar Paramacay, en el Estado de Carabobo, en 2017. “Es desde la Florida donde se activa la explosión del dron que explota al frente de la tribuna presidencial”, ha afirmado. Con insistencia ha pedido al Gobierno de Donald Trump que extradite al presunto conspirador.

También ha cargado contra el periodista peruano Jaime Bayly por afirmar que conocía el plan del ataque. “Imagínense ustedes a un periodista en la televisión venezolana hablando, por ejemplo, del asesinato, qué Dios lo cuide, del presidente Donald Trump. ¿Qué haríamos aquí? Lo primero es capturarlo, iría a la cárcel y si es extranjero lo extraditaríamos”, agregó.


La persecución contra opositores se ha acentuado tras el ataque con drones del pasado sábado. El Gobierno ha exigido a la Interpol la captura de Julio Borges, expresidente del Parlamento, radicado en Colombia. Maduro ha vuelto a acusar al opositor de haber recibido “la orden, los recursos logísticos y el apoyo” para asesinarlo.


También ha arrestado al diputado Juan Requesens por presuntamente participar en el complot. Antes, la chavista Asamblea Nacional Constituyente ha acabado con la inmunidad parlamentaria que le otorga la Constitución por ser parlamentario, un acto rechazado por el Legislativo, elegido en 2015 y de mayoría opositora. Según Bayly, el diputado detenido no sabía nada de la conspiración. “Diré lo que me han contado mis fuentes, y estoy bien informado, créanme. ¿Entrenaron en Colombia los conspiradores? Sí, ¿tuvieron dificultades para meter los drones a Venezuela? Sí. La primera tentativa falló, por eso Requesens los ayudó sin saber que estaban tratando de meter unos drones con explosivos”, indicó el periodista en su programa de televisión.


Los agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) han filtrado un vídeo en el que el diputado declara que ha ayudado a uno de los presuntos culpables del atentado, el exmilitar Juan Carlos Monasterios Venegas, a ingresar con explosivos en Venezuela. La policía política también ha hecho circular otra grabación en la que se muestra al opositor semidesnudo y notoriamente perturbado.


En EE UU, el secretario de Estado Adjunto Interino para América, Francisco Palmieri, ha condenado la detención del parlamentario. “Maduro y su policía secreta siguen haciendo caso omiso del estado de derecho con el arresto y retención ilegal del miembro de la Asamblea Nacional, constitucionalmente elegido, Juan Requesens. El último ejemplo en una larga letanía de abusos (a los) Derechos Humanos”, ha escrito Palmieri en un mensaje en Twitter.


Por el momento, no ha habido reacciones de la Administración de Donald Trump sobre la propuesta del sucesor de Hugo Chávez. El canciller, Jorge Arreaza, se reunió el pasado miércoles con el encargado de negocios de Estados Unidos en la capital venezolana, James Story. Según el Gobierno de Venezuela, Story se había mostrado preocupado y asomó la posibilidad de “cooperar con Caracas”. Pero esta información no ha sido confirmada por el diplomático estadounidense.


Los lazos entre ambos países no son tan estrechos. Hace una semana, John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, tuvo que aclarar que el Gobierno estadounidense no ha participado en el ataque con drones. “Podría haber muchas cosas (detrás de lo sucedido), desde un pretexto establecido por el propio régimen de Maduro a otra cosa”, dijo en una entrevista con la cadena Fox News.
El chavismo ha considerado a Estados Unidos uno de sus legendarios rivales políticos. Las relaciones bilaterales han atravesado momentos de tensión durante casi dos décadas, pero con el Gobierno de Maduro se han fracturado hasta el límite. De ahí que una alianza entre ambos países pareciera ser lejana.

Por Caracas 12 AGO 2018 - 12:30 COT

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