Guaidó, la narcopolítica y la invisibilización mediática

Dirigentes políticos, directivos de medios, periodistas y blogueros opositores quedaron en medio de una inquietante crisis tras la difusión viral de las fotografías y el video del autoproclamado presidente Juan Guaidó con dos peligrosos cabecillas de la banda narcoparamilitar colombiana Los Rastrojos, que lo escoltó en su ingreso a Colombia el 22 de febrero último, presuntamente por pedido del gobierno colombiano.

Guaidó, quien había asegurado no saber quiénes eran las personas con las que se estaba fotografiando fue duramente cuestionado por partidarios de la oposición, quienes dudan de su ingenuidad, sobre todo porque en las imágenes uno de los identificados como líder de la agrupación paramilitar porta un armamento en la cintura.

El Presidente Nicolás Maduro hizo referencia a los hechos del pasado 23 de febrero, momento en que Guaidó apareció en Colombia, pese a medidas cautelares que le prohibían salir de Venezuela. “Tremendo bandido, tremendo criminal, que ha elegido el gobierno de los Estados Unidos para ser el líder de la oposición. Tengo la seguridad de que fue Álvaro Uribe Vélez quien dio la orden a Los Rastrojos de prestar ayuda y seguridad a Juan Guaidó. Más temprano que tarde te llegará la justicia”, acotó.

Mientras El País titulaba “Las polémicas fotos de Juan Guaidó con Los Rastrojos en la frontera, el líder opositor colombiano Gustavo Petro señalaba que “si un senador de la República de Colombia estuviera en una foto así, sería de inmediato procesado por la Corte Suprema de Justicia”.

En las redes venezolanas, el filósofo e influencer opositor Erick Del Bufalo tuiteó que una persona con la apariencia del líder de Los Rastrojos debe tener “mínimo 10 muertos encima”. Francesco Manetto, corresponsal de El País español en Colombia, destacó que las fotos “son suficientes para levantar sospechas muy graves” sobre los posibles vínculos de Guaidó con grupos paramilitares y narcotraficantes.

Por supuesto que la mayor responsabilidad de la explicación de las fotos la tenía en este caso el empresario mediático Alberto Federico Ravell, en su condición de “ministro de información” de Guaidó.

Tras no hallar justificativo, optó por la excusa de la popularidad extrema de Guaidó, un tipo tan carismático que miles de personas pugnan por hacerse fotos con él, inclusive algunos delincuentes de alta estofa, como John Jairo Durán Contreras, apodado “el Costeño” o “el Menor” y Albeiro Lobo Quintero, alias “el Brother”.

Si las fotos podrían servir para explicar una ingenuidad de Guaidó, al sacarse selfies con “cualquiera”, el video no dejó ninguna duda, pues muestra el cruce del puente hacia Colombia rodeado exclusivamente por narcos y algunos de sus ayudantes.

Quizá ese verso de la ingenuidad es lo que la audiencia opositora quiere oír, dispuesta a aceptar hasta las historias más inverosímiles, siempre que refuercen las creencias y los puntos de vista cristalizados es la base sociológica del fenómeno de la posverdad que funciona, en este caso, a favor del liderazgo de la derecha, señala Clodovaldo Hernández.

Desde Bogotá, el seudoembajador de Guaidó Humberto Calderón Berti fue el encargado de dar la explicación, con aire de diplomático conservador del siglo pasado, acerca de que los grandes líderes no pueden solicitar antecedentes penales a todo aquel que quiera tomarse una foto.

Varias horas después y por orden de los laboratorios de comunicación, el propio Guaidó quiso pasar a la ofensiva al señalar que la gente no debe preguntarse por qué él se fotografió con los paracos, sino mediante qué conexiones criminales llegaron esas fotos a manos del gobierno venezolano.

Al esfuerzo por sacar a Guaidó del pantano se sumaron el presidente colombiano, Iván Duque, el expresidente Andrés Pastrana y otras figuras de la misma laya. El primero -a quien el escándalo lo involucra directamente ante evidencias de que su gobierno realizó una operación con esta banda criminal para trasladar a Guidó al lado colombiano -lo llamó héroe y titán, al margen de con quién aparezca en fotos; el segundo lanzó la tesis de que Guaidó le tendieron una trampa.

El escándalo de las fotos con los narcoparacos trató de ser invisibilizado por las agencias trasnacionales de noticias y las televisoras cartelizadas. Los medios colombianos usaron epítetos asépticos, descafeinados como “incómodas” o “polémicas” y un arsenal de presuntos y supuestos, que quieren invisibilizar la realidad, lo evidente.

Deliberadamente se oculta que las fotos fueron difundidas por Wilfredo Cañizares, un activista colombiano de derechos humanos que ya ha denunciado las actividades criminales de los Rastrojos, entre las que se incluyen las terribles casas de pique, lugares donde la organización delictiva descuartiza personas.

Los laboratorios de faknews trabajan en un escándalo alternativo que minimice o haga olvidar el de Guaidó.

Estas revelaciones confirman que los líderes de la derecha venezolana no sólo no experimentan ningún escrúpulo en conspirar contra su país con gobiernos extranjeros e instancias multilaterales completamente desprestigiadas, sino que además basan sus operaciones en una red de complicidad con grupos criminales y sus cabecillas confesos sin que les represente algún inconveniente ético la gravedad de los ilícitos perpetrados por éstos, señaló un editorial del diario mexicano La Jornada.

Queda pues demostrada por enésima ocasión la bancarrota moral de la derecha venezolana o, cuando menos, del sector de la derecha elegido por Estados Unidos y sus gobiernos satélite en la región para desestabilizar al gobierno legítimo de Venezuela e impulsar una salida violenta a la crisis que atraviesa la nación caribeña, añadió

Por Victoria Korn, periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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Domingo, 15 Septiembre 2019 06:04

Un complot made in USA para voltear a Francisco

Los ricos ultraconservadores de EE.UU. se unieron para dañar al Papa. Imagen: AFP

Un círculo preciso que mueve los hilos y el dinero: los sectores ultraconservadores híper ricos de Estados Unidos. Y una víctima asediada: el Papa. 

“Para mi es un honor que los norteamericanos me ataquen”, dijo el Papa Francisco cuando el periodista francés Nicolas Senèze, corresponsal del diario católico La Croix en Roma, le entregó, en el avión que los llevaba a Mozambique, su investigación sobre el complot de los norteamericanos contra su papado: “Cómo América quiere cambiar de Papa” (Comment l’Amérique veut changer de pape, Bayard, 276 páginas). Los detalles de este complot, los nombres de los protagonistas y de los grupos a los que obedecen están ampliamente expuestos en estas páginas que detallan, desde el inicio, la mecánica de la hostilidad. El operativo tiene un nombre: The Red Hat Report: un lugar de origen: Estados Unidos. Un círculo preciso que mueve los hilos y el dinero: los sectores ultraconservadores híper ricos de Estados Unidos. Y una víctima asediada: el papa Francisco. Las piezas de este juego de calumnias y poder encajan en los intercisos del rompecabezas que los adversarios del sumo pontífice han ido armando en los últimos años. El golpe empezó a fomentarse en Washington, en el año 2018. El grupo de ultraconservadores se reunió en la capital norteamericana para fijar dos metas: dañar lo más posible la figura de Francisco y adelantarse a su sucesión eligiendo entre los posibles cardenales el más idóneo a sus intereses conservadores. The Red Hat Report es el nombre del informe que encargaron a ex policías y miembros del FBI, abogados, gabinetes especializados, periodistas y universitarios para estudiar la vida y las ideas de cada cardenal con el fin de destruir su carrera o, al contrario, beneficiarla para cuando llegue el momento oportuno. Y mientras llega ese momento, el grupo puso manos a la obra con la meta de llevar a cabo lo que Senèze llama “un golpe de Estado” contra el Papa Francisco.

Una mañana de 2017, Roma amaneció cubierta con afiches contra el Papa. Fue el primer acto de la ofensiva: el segundo y, sin dudas, el más espectacular, intervino en agosto de 2018 cuando, por primera vez en la historia del Vaticano, un cardenal hizo pública una carta exigiendo la renuncia del Papa. Se trata de Monseñor Carlo Maria Vigamo, ex nuncio del Vaticano en Estados Unidos. El corresponsal de La Croix en el Vaticano detalla la odisea maligna de este grupo de poder en su empeño por sacar del medio a un Papa cuyas posiciones contra el liberalismo, la pena de muerte, a favor de los inmigrados y su inédita defensa del medio ambiente a través de la encíclica Laudato engloba una corriente contraria a la de estos empresarios. Los complotistas poco tienen de santos: son adeptos a la teología de la prosperidad, poseen empresas ligadas a los seguros y hasta la explotación del Amazonas. Francisco es un clavo bajo sus pies y una cruz sobre sus ambiciones. Según Senèze, organizaciones caritativas como Los Caballeros de Colón (pesan 100 mil millones de dólares gracias a las compañías de seguro que administran), el banquero Frank Hanna, la red de medios Eternal World Television Network (EWTN), cuyo promotor y abogado, Timothy Busch, creó el Napa Institut con la intención de difundir “una visión conservadora y libre de la economía”, están entre los miembros más activos. Pero hay otros como Lagatus, o George Weigel y su ya fomoso think tank Ethics and Public Policy Center. En dialogo con Página/12,  Senèze desenvuelve la trama de un complot que, pese al poder de sus actores, no logró quebrar al Papa.

--Historia de novela, pero historia real: el Papa Francisco fue y es objeto de una de las campañas más densas que hayan existido contra un sumo pontífice.

---El Papa Francisco no sirve los intereses de este grupo de empresarios ultraconservadores y por ello decidieron, de alguna manera, licenciarlo. Actuaron igual que lo hubiese hecho el consejo de administración de una empresa cuando despide al director porque este no alcanzó los objetivos deseados. Esta gente cuenta con enormes recursos financieros pero, pese a ello, durante el mandato de Francisco no lograron influenciar su línea. Por ello se fueron acercando a las personas que, dentro de la Iglesia, estaban contra Francisco. Algunos, como Monseñor Vigamo, llegaron incluso hasta exigir públicamente su renuncia. Creo, de todas formas, que este grupo de ultraconservadores sobrevaluaron sus fuerzas. Monseñor Carlo Maria Vigamo, por ejemplo, sobrevaluó su influencia y no calculó la lealtad de las personas que, dentro del Vaticano, no estaban dispuestas a traicionar al Papa, incluso si muchas eran criticas con Francisco.

--El operativo The Red Hat Report tenía dos objetivos, uno ahora y otro más tarde.

--Efectivamente. Como no lograron derrocar al Papa, ahora preparan una nueva etapa. Francisco tiene 84 años y podemos pensar que estamos cerca del fin de su pontificado. Lo que están haciendo es preparar el próximo conclave. Para ello han invertido mucho dinero, han contratado a ex miembros del FBI para preparar dossiers sobre los cardenales que participarán en el cónclave para descartar aquellos que tienen la intención de continuar con las reformas que aplicó el Papa Francisco. El problema de esta geste es que, al menos por ahora, no cuenta con ningún candidato verosímil. No les será fácil. Sin embargo, lo que sí pueden hacer es dañar la credibilidad de los candidatos más reformistas y obtener de esa manera la elección de un candidato débil y manipulable para desmontar las reformas de Francisco. Cuentan para ello con un gran presupuesto. Creo profundamente que la mayoría de los católicos norteamericanos respaldan al Papa Francisco. Pero en Estados Unidos la cantidad no basta. A la cantidad hay que agregar el factor dólar.

--Estos grupos ya existían antes pero nunca habían actuado con tantas evidencias.

--Son empresarios con enormes medios a su disposición. Cada uno de ellos fue creando su grupo de reflexión dentro de la Iglesia, su escuela de teología, su universidad católica, su gabinete de abogados para defender la libertad religiosa. Es una nebulosa que funciona mediante una red de instituciones privadas y que ha llegado a dominar el catolicismo norteamericano. Son por ejemplo ellos quienes donaron mucho dinero a las diócesis norteamericanas que tuvieron que pagar enormes indemnizaciones luego de los casos de abuso sexual. Por eso pueden imponerles una dirección a las diócesis. Por ejemplo, Tim Busch está presente en todas las etapas de este montaje. Para proteger poderosos intereses económicos en el Amazonas, estos grupos pesan con toda su fuerza para desviar la atención y evitar así que se hable demasiado de ecología. Siempre tratan de distraer la atención en los debates fundamentales, por ejemplo, en los sínodos, e imponer sus puntos de vista, o sea, sus intereses.

--¿ Y cómo un grupo tan poderoso pudo dejar que Francisco fuese electo Papa ?

--No se dieron cuenta porque la elección de Francisco se llevó a cabo según otras necesidades: este Papa fue electo debido a la crisis en el seno de la curia y gracias a la voluntad de los obispos del mundo entero de sacar a la iglesia del debilitamiento creado por las malas combinaciones de la curia italiana. Bergoglio se impuso así para reformar la Iglesia. Pero su ideología choca con la visión que los católicos ultraconservadores de Estados Unidos tienen de la Iglesia. Hay, además, otro ingrediente propio al catolicismo norteamericano: un desprecio innato de los católicos blancos norteamericanos por los latinos. El sector WASC (White, Anglo-Saxon Catholic) menosprecia a los hispanos porque estos son pobres, no tuvieron éxito. Los WASC están muy influenciados por la teología de la prosperidad difundida por los evangelistas.

--¿Donald Trump juega en este patio?

--No creo que Trump tenga muchas convicciones propias. Es seguro que los escucha, pero quien tiene una cercanía con ellos es el vicepresidente, Mike Pence. Las confrontaciones son numerosas entre Washington y el Vaticano. El tema de la pena de muerte, la impugnación del Papa Francisco de un liberalismo fuera de control, etc, etc. El Papa, finalmente, ataca los fundamentos del poder económico de Estados Unidos.

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Sábado, 14 Septiembre 2019 06:17

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

Guaidó estuvo reunido con paramilitares

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de DD.HH. y confirmada por la prensa y la justicia colombiana.

 

Las fotografías de Juan Guaidó junto a dos dirigentes del grupo paramilitar Los Rastrojos no pudieron ser negadas. Allí está el autoproclamado presidente abrazado y sonriente junto a dos hombres -uno de los cuales porta una pistola en la cintura- con la misma ropa con la cual cruzó de Venezuela a la ciudad de Cúcuta, Colombia, el 22 de febrero para asistir a lo que debía ser el gran concierto seguido del intento de ingreso por la fuerza a territorio venezolana el día 23.

La pertenencia de los individuos al grupo paramilitar fue aportada por una organización de derechos humanos, confirmada por recortes de periódicos, y por los informes de la justicia colombiana.

 “La banda Los Rastrojos es una de las organizaciones más peligrosas de Colombia dedicadas al narcotráfico, sicariato, secuestro, extorsión y reclutamiento de menores. En la frontera se concentran para el contrabando de extracción desde Venezuela hasta el país neogranadino, especialmente contrabando de combustible para el procesamiento de cocaína”, informó el ministro de interior, justicia y paz de Venezuela, Néstor Reverol.

Gustavo Petro, candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales de Colombia, aportó otros datos para caracterizar a Los Rastrojos: “Tienen una casa de pique para descuartizamiento de seres humanos, en Puerto Santander”.

Fue justamente por Puerto Santander que Guaidó ingresó el 22 a territorio colombiano: “los paramilitares le brindaron seguridad y custodia en el traslado, desde La Palmita en Táchira (Venezuela) hasta Puerto Santander, las comunidades fueron sometidas a toque de queda paramilitar para que no fuera visto”, informó Reverol.

El ministro aportó más fotografías de Guaidó junto a miembros de Los Rastrojos, una de las principales organizaciones paramilitares de Colombia contra la cual el gobierno venezolano ya había actuado en dos oportunidades en territorio propio.

La primera vez fue en el 2012 al detener a uno de sus líderes fundadores Diego Pérez Henao -alias Diego Rastrojo- en Barinas en el año 2012, quien fue luego deportado a Colombia. La segunda oportunidad ocurrió el 23 de marzo de este año, al detener en la ciudad de Valencia a Wilfredo De Jesús Torres Gómez -alias Neco- jefe de Los Rastrojos con alerta azul de Interpol por sicariato.

La detención de Neco había sido informada por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo asoció con las estructuras paramilitares y mercenarias introducidas por la derecha venezolana en el país para realizar acciones terroristas en el marco del intento de derrocamiento de Nicolás Maduro. Su detención se logró gracias a, había informado Rodríguez, la información encontrada en el celular de Roberto Marrero, mano de derecha de Guaidó, perteneciente a su partido, Voluntad Popular.

La aparición de las fotografías vino a poner en imágenes lo que muchas veces denunció el gobierno en el país, así como ámbitos internacionales como la Organización de Naciones Unidas: la existencia de una trama oculta ligada al paramilitarismo, grupos mercenarios, con la finalidad de realizar un proceso de guerra no declarada para lograr la salida por la fuerza del gobierno venezolano.

Guaidó respondió: “a mí me piden miles de fotos”, como único argumento para intentar demostrar que no sabía con quiénes se estaba fotografiando ese día.

La aparición de las fotografías también implicó al gobierno de Iván Duque, anfitrión del evento en Cúcuta y de las maniobras que fueron realizadas el 23 para intentar el ingreso por la fuerza a territorio venezolano bajo argumento de querer ingresar ayuda humanitaria. 

Duque, luego de guardar silencio, afirmó: “nosotros facilitamos su ingreso a territorio colombiano...más allá de si hay foto o si no hay foto, de si saludó o no saludó a muchas personas con afecto, porque muchas personas lo saludan con aprecio y con afecto, lo que quiero resaltar es quién es él, él es un titán, un héroe que está luchando por la democracia en su país”.

Las fotos no dejan lugar a dudas: Guaidó se abraza con cuatro dirigentes de Los Rastrojos. No da explicación al respecto. Aún así su discurso, así como el de varios dirigentes de oposición, fue el de continuar acusando al gobierno de Maduro de encubrir a grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares. Esa acusación será llevada por Duque a la Asamblea General de Naciones Unidas.

La noticia se produce en un momento de alta tensión entre el gobierno venezolano y el de Colombia Nicolás Maduro ha declarado la alerta naranja, desplegado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y denunciado de que desde el gobierno de Duque se prepara una acción de falsa bandera para aumentar la escalada que podría abrir a un escenario de guerra declarada. 

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Colombia, plataforma de la CIA para la agresión a Venezuela

El pasado 28 de agosto, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela (Venezuela Affairs Unit, VAU por sus siglas en inglés), que estará ubicada en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, lo que exhibe a ese país sudamericano como la principal plataforma para un golpe de Estado made in USA contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y el papel servil y cipayo del presidente colombiano Iván Duque.

La Unidad de Asuntos de Venezuela estará dirigida por James Story, ex encargado de negocios en la Embajada estadunidense en Caracas, y quien fue uno de los últimos diplomáticos en retirarse de la misión en la capital venezolana en marzo, después de que el presidente Nicolás Maduro rompiera relaciones con Washington.

El nivel de la VAU no es tradicional en el servicio exterior de Estados Unidos, y según trascendidos de prensa no se equiparará a una “sección de intereses” como la que existió en La Habana, Cuba, durante décadas. De acuerdo con fuentes del Departamento de Estado, su carácter provisional la coloca fuera del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en cuanto a aprobar su personal, aunque seguirá supervisando el desarrollo de las relaciones bilaterales.

La creación de la oficina diplomática paralela de EU en Bogotá contó con el apoyo bipartidista (demócrata/republicano) del Congreso, y busca dar legitimidad regional al desdibujado presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, en un momento de extrema debilidad política de la oposición interna al gobierno de Maduro.

El presidente Maduro rompió relaciones con EU el 23 de enero pasado, luego de que Donald Trump desconociera su mandato y reconociera a Guaidó, su creación, como “presidente encargado”, en medio de una campaña de intoxicación mediática en el mundo occidental dirigida a presionar, desestabilizar y producir un “cambio de régimen” en Venezuela, con apoyo de varios presidentes de la ultraderecha latinoamericana agrupados en el llamado Grupo de Lima.

Desde entonces, oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzaron a realizar contactos con funcionarios diplomáticos venezolanos con fines de reclutamiento e incitación al abandono de sus cargos, en particular en Colombia, Panamá y Naciones Unidas.

Según reportes periodísticos, a cambio de convertirse en colaboracionistas de la agencia de espionaje estadunidense, oficiales de la CIA ofrecieron sumas de dinero de entre 120 y 150 mil dólares, con el encargo, a quienes defeccionaran, de que deberían ofrecer entrevistas a medios de prensa donde evidenciarían, entre otras exigencias, rechazo al presidente Maduro y al gobierno que habían defendido hasta ese momento.

Desde entonces, también, los agentes de la CIA incrementaron sus actividades en territorio colombiano. En 2018, la agencia estadunidense ya había logrado la defección del agregado de prensa venezolano en Bogotá, Luis Espinoza. Destaca, asimismo, el apoyo brindado a una red terrorista basificada en Perú, denominada operación “Jaque Mate Venezuela 2019”, dedicada a la ejecución de actos violentos en territorio venezolano con fines de desestabilización.

Antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, entre Iván Duque y Gustavo Petro, en junio de 2018, la CIA preparó una denuncia pública donde acusaba, falsamente, a Royland Belisario, miembro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de un supuesto atentado contra el hoy presidente Duque. La versión fue recuperada por el diario bogotano El Tiempo el 3 de marzo de 2019 y atribuida a “organismos de inteligencia colombianos”.

El 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que cuando “yo era director de la CIA, mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. La transcripción oficial del Departamento de Estado censuró esas aseveraciones, pero sí quedaron registradas en video. Y aunque es público y notorio que a lo largo de su historia la CIA ha hecho lo que Pompeo dijo, no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo de esa forma.

El 7 de febrero anterior, tras la detención del ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Oswaldo Valentín García Palomo, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, destacó ante los medios la publicación de mensajes intimidatorios y noticias falsas por parte de actores del antichavismo que delineaban el marco de una serie de acciones golpistas.

De tiempo atrás, García Palomo había contado con el apoyo de la CIA y de los gobiernos de Colombia, Chile y Brasil. En su confesión, el ex militar declaró que la Agencia Central de Inteligencia lo había contactado a través del general retirado Antonio Rivero, activista del Partido Voluntad Popular (el de Guaidó) y agente de la CIA, según Rodríguez. Detalló, también, que en territorio colombiano había contado con el apoyo de alias “Alejandro”, un general de la Policía Nacional de Colombia, quien era el enlace con el gobierno de Juan Manuel Santos.

El plan golpista había sido reactivado en mayo de 2018, previo a las elecciones colombianas, con la asesoría de alias “Indiana” y el “coronel Lee” por parte de la CIA y de “Alejandro”, por parte del gobierno de Colombia. Los oficiales instruyeron a García Palomo el plan de ataque contra Venezuela durante el primer trimestre de 2019, y su confesión, según Jorge Rodríguez, venía a desmontar la campaña de intoxicación desinformativa internacional sobre la “crisis humanitaria”, como coartada para una invasión diseñada por la CIA y el Pentágono con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima.

En el contexto de una prolongada guerra híbrida imperial de desgaste, el sábado 23 de febrero de 2019, calendarizado como el enésimo “Día D” de la asediada República Bolivariana de Venezuela, resultaría otro estrepitoso fracaso de la terrorista ultraderecha internacional que responde a los dictados de la Casa Blanca.

En esa coyuntura, uno de los miembros de la estación de la CIA en Bogotá acompaño al senador estadunidense de ascendencia cubana Marco Rubio y al representante por el estado de Florida, Mario Díaz-Balart, en su visita a la localidad colombiana de Cúcuta, limítrofe con Venezuela y uno de los principales focos de tensión entre ambos países. En esa ocasión, Rubio y Díaz-Balart –representantes de la mafia cubano estadunidense de Miami− estuvieron acompañados de Carlos Trujillo, embajador de EU ante la OEA.

Cúcuta, donde según el intelectual colombiano Renán Vega Cantor “reina el poder paramilitar” −hasta el punto que se le conoce como la “República Independiente de los Paracos”−, había sido el escenario, la víspera, del concierto “Venezuela Aid Live”, organizado por la gusanería cultural del clan Estefan (el matrimonio conformado por Gloria y Emilio Estefan ), que contó con la asistencia de unos 30 artistas Made in Miami , incluido Silveste Dangond, denominado “el paramilitar del vallenato”.

Ese concierto de odio y de guerra fue concebido como una acción de distracción en la frontera colombo-venezolana, dirigido a encubrir una operación de bandera falsa en el marco de la pretendida introducción de “ayuda humanitaria” a Venezuela de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que desde 1961 ha sido utilizada por la CIA como una de sus armas más poderosas para sus operaciones encubiertas.

En el argot militar, las operaciones de bandera falsa son las que realiza una potencia agresora de forma clandestina, en aras de parecer agredida y culpar al enemigo. El 23 de febrero, dos camiones de la USAID con supuesta ayudada humanitaria para Venezuela fueron incendiados con cocteles molotov en el puente internacional Francisco de Paula Santander, del lado colombiano y por grupos violentos de la oposición venezolana, y el vicepresidente de EU, Mike Pence y el secretario de Estado, Pompeo, culparon al “tirano” Maduro.

La operación, que contó con la asistencia in situ del presidente colombiano Iván Duque y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, así como del lacayo del Ministerio de Colonias de EU, el uruguayo Luis Almagro, exhibió los nexos de la mafia cubano-americana de Miami auspiciada por la CIA con los “paracos” de Cúcuta y la ultraderecha continental, pero también la impunidad con la que la agencia estadunidense desarrolla sus actividades injerencistas contra Venezuela desde el territorio de Colombia.

Desde inicios de 2019 y hasta la fecha, la Embajada de EU en Bogotá ha venido incrementando el número de funcionarios en su consulado en Cúcuta con dos objetivos fundamentales: apoyar las visitas de congresistas, políticos y militares estadunidenses así como de jefes y oficiales de la comunidad de inteligencia que viajan a esa región fronteriza, y para el monitoreo de la situación en Venezuela, sobre lo cual remiten partes diarios que son remitidos al Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono.

El consulado de EU en Cúcuta cuenta con un alto número de funcionarios que estaban adscritos a la misión diplomática norteamericana en Caracas, la cual debieron desalojar tras la ruptura de relaciones decretada por Nicolás Maduro. Según versiones periodísticas, entre ellos habría algunos expertos en operaciones encubiertas y al trabajo de campo con la ultraderecha venezolana, grupos paramilitares y bandas criminales, pero también con hacendados opositores, que como parte de la guerra económica contra el gobierno constitucional de Maduro, realizan operaciones clandestinas para sacar al exterior minerales (oro, bauxita, hierro), petróleo y gasolina.

En ese contexto, la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela anunciada por Pompeo la semana pasada, vendría a reforzar el papel del dúo Álvaro Uribe-Iván Duque como cipayos de Washington y el de Colombia como plataforma para la agresión del Pentágono y la CIA contra Venezuela.

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Guaidó busca un nuevo impulso a su proyecto de Gobierno con Leopoldo López al frente

El líder de la oposición comienza a formar Gabinete, lo que supone una agudización del conflicto institucional que se vive en la Venezuela de dos presidentes

El forcejeo institucional que vive Venezuela inicia un nuevo round. Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado por más de 50 países, ha designado nuevos funcionarios que dan forma una especie de Gabinete. “Esto viene orientado en dos elementos centrales, atender la emergencia humanitaria compleja que vive en Venezuela y las consecuencias de esto como es el flujo migratorio y aumentar la presión para lograr el cese de la usurpación y por supuesto para prepararnos para la transición y una elección libre. Con esto buscamos ejercer con mayor efectividad las competencias y capacidades que ya hemos conquistado y aumentar la presión de cara a la nueva etapa que estamos por iniciar”, ha dicho este miércoles en una rueda de prensa.

Los nombramientos corresponden a la denominación de comisionados presidenciales, pero ejercerán roles similares a los de ministros de distintas carteras. Al frente del equipo está Leopoldo López como Comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno. De acuerdo a lo dicho por Guaidó, su función “será articular la gestión administrativa y de Gobierno de los comisionados presidenciales en las áreas de relaciones exteriores, economía, gestión de activos, ayuda humanitaria, derechos humanos y Plan País”. López, quien ha sido el preso político más notorio de Nicolás Maduro, está en resguardo en la Embajada de España en Caracas luego de que el 30 de abril fue sacado de su arresto domiciliario durante una operación militar fallida para defenestrar al régimen chavista. Se desconoce si esta designación cambia su estatus como huésped en la legación.

Como Comisionado para Relaciones Exteriores fue nombrado Julio Borges, diputado en el exilio, que ejercerá funciones similares a la de un canciller. “Julio Borges tiene la misión de aumentar la presión diplomática y financiera a la dictadura, hacer crecer una coalición sin precedentes a favor de la causa de Venezuela, coordinar embajadores y servicio diplomático y atender el flujo migratorio”. También se nombraron funcionarios en las áreas de Desarrollo Económico (Alejandro Plaz), Gestión de Activos (Javier Troconis) y Defensa de los Derechos Humanos (Humberto Prado). Fueron ratificados anteriores designaciones en el área de Ayuda Humanitaria y Estrategia, esta última a cargo de Sergio Vergara, uno de sus colaboradores más cercanos, y el polémico asesor político JJ Rendón. Ha dicho que todos los cargos tienen adjunto y que próximamente avanzará con la designación de agregados militares en las embajadas en países vecinos.

Guaidó ya había hecho designaciones de embajadores, ratificados por Estados Unidos y otros países como los del Grupo de Lima que lo respaldan, procurador especial y juntas directivas de empresas claves como Pdvsa y Citgo. Todos ellos se corresponden con opositores que están fuera de Venezuela y ejercer una especie de gobierno remoto, como manera de evitar la persecución del régimen de Maduro que ya ha encarcelado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, a la mano derecha de Guaidó, Roberto Marrero. Estas serían los primeros nombramientos de funcionarios que, en teoría, ejercerían funciones desde el país.

Los nombramientos suponen un paso adelante en la lucha que inició hace siete meses por sacar a Maduro del poder, luego de este se juramentara para un nuevo período en base a unos comicios fraudulentos. Junto con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno chavista se convierten en los golpes más fuertes que ha dado la oposición y son un paso adelante en un proceso que lucía estancado luego de la suspensión de las negociaciones impulsadas por Noruega en Barbados y de la falta de resultados de otras mediciones internacionales como la que integra la Unión Europea.

Un sector más radical de los detractores de Maduro ha reclamado la falta de arrojo de Guaidó en la lucha y le exigía conformar Gobierno y mover más fichas en el tablero de ajedrez que se juega en Venezuela desde enero. El impulso que recuperó con las manifestaciones de calle se ha ido debilitando luego de meses de resultados poco evidentes, en los que Maduro parece aferrarse más a Miraflores, el choque institucional aumenta y la situación económica y social se hace cada día más insostenible. Para este fin de semana ha convocado a nuevas actividades de calle.

Este miércoles el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la creación de la Unidad de Asuntos de Venezuela para “apoyar el retorno de la democracia en Venezuela y a los venezolanos vulnerables que están en toda la región”. Según Guaidó, los nombramientos están engranados con esta medida de su principal aliado.

Aliado con Corea del Norte

Nicolás Maduro también ha movido sus apoyos en el escenario internacional. Recientemente abrió embajada en Pyongyang como una manera de estrechar sus vínculos con los pocos aliados que tiene: Rusía, Cuba, China, Turquía y la República Popular y Democrática de Corea del Norte con su incendiaria política belicista. En 2015, el Gobierno de Kim Jong Un había abierto embajada en Caracas y nombrado representante. Venezuela se convertía en el quinto país de la región donde tenía representación el hermético y hostil país asiático.

Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea Popular y líder ceremonial de Corea del Norte, viajó en noviembre a Venezuela, en la primera visita de un dirigente norcoreano de ese nivel. En la oportunidad el emisario de Kim Jong Un se reunió con Maduro para “fortalecer las relaciones diplomáticas y políticas entre ambos Estados”. Semanas atrás, el hijo del líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, sancionado por Washington, estuvo en un festival de las juventudes comunistas en apoyo al dictador norcoreano

Por Florantonia Singer

Caracas 29 AGO 2019 - 02:07 COT

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 John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, este martes en Lima (Perú). En vídeo, declaraciones de Bolton. Paolo Aguilar (efe) | atlas

El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advierte a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo

Donald Trump ha asestado el golpe más duro al régimen de Venezuela desde que llegó a la Casa Blanca. El mandatario ordenó el lunes por la noche bloquear todos los activos del Gobierno de Nicolás Maduro en EE UU, prohibir a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas e impedir la entrada de la cúpula del régimen a su territorio. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advirtió este martes a las firmas extranjeras que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el chavismo. Es la primera vez en 30 años que Washington aplicaba este tipo de sanciones a un país occidental.

La última ofensiva estadounidense contra el régimen de Maduro sitúa a Venezuela en el mismo nivel que Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba, los otros países a los que Washington ha congelado sus activos. “Ahora Venezuela es parte del muy exclusivo club de Estados canallas”, afirmó el martes Bolton. “Estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema cautela. No hay necesidad de arriesgar sus intereses económicos en EE UU por apoyar a un régimen corrupto y moribundo”, advirtió en Lima (Perú), donde se celebró la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela con la participación de 59 países y tres organismos internacionales, entre ellos, la Unión Europea.

El asesor de la Casa Blanca envió así un mensaje directo a los líderes de Rusia y China —quienes no participaron del encuentro—, calificando su apoyo a Maduro de “intolerable”. Además, amenazó a las dos potencias con que el próximo Gobierno elegido democráticamente en Venezuela podría verlos como enemigos por haber apoyado al “régimen criminal” y que no se fiaran de que después de la caída de Maduro, quien se encuentra “entre las cuerdas”, vayan a recibir el pago de la deuda.
Las sanciones aprobadas el lunes van más allá de las impuestas hasta ahora por Washington, como la congelación de los activos de la estatal Petróleos de Venezuela y las sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas. En los últimos siete meses también se ha penalizado al Banco de Desarrollo de Venezuela y el Banco Central.

“El momento para el diálogo ha terminado. Ahora es el momento de la acción”, aseveró Bolton en Lima, donde despejó las dudas sobre si las sanciones podrían afectar también a quienes hicieran negocios con el régimen. “Deseo dejar claro que esta amplia orden ejecutiva autoriza al Gobierno de EE UU a identificar e imponer sanciones a cualquier persona que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro”, aclaró en una advertencia muy directa: o haces negocios con EE UU o con Venezuela.

Trump ya había adelantado la semana pasada que contemplaba imponer nuevas sanciones al régimen. El objetivo es desbloquear una crisis política que lleva estancada desde hace meses, con un Nicolás Maduro cuya legitimidad cuestiona una oposición que ha nombrado a su propio presidente interino, Juan Guaidó, y que pide unas nuevas elecciones. Guaidó ha sido reconocido por más de 50 países, incluidos EE UU y España. Desde hace semanas, representantes de ambos líderes venezolanos buscan bajo la tutela de Noruega una solución a la crisis sin resultados hasta ahora.

“Todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera”, reza el texto de la medida adoptada. La orden ejecutiva congela los activos, pero permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa “destinados a ser utilizados para aliviar el sufrimiento humano”.

Es difícil cuantificar los activos del Gobierno venezolano en EE UU, pero las nuevas sanciones tendrán consecuencias. Aunque las transacciones comerciales entre privados no se verán afectadas por la orden ejecutiva, Diego Moya-Ocampos, analista de la consultora IHS Markit, considera que las empresas occidentales serán las que abandonarán los planes de negocio en Caracas. “Las compañías van a sopesar los riesgos regulatorios de hacer negocios en Venezuela y el impacto en su reputación”, sostiene el experto, y agrega: “Es casi imposible operar sin tener que realizar algún tipo de transacción en dólares estadounidenses si se trata de una multinacional”.

Está por ver qué empresas se verán afectadas por las medidas, porque se contemplan excepciones que podrían permitir a grandes empresas como la petrolera Chevron seguir operando en Venezuela. Uno de los sectores que podrían verse afectados es el de la minería. Para compensar la caída de los ingresos por el petróleo, el régimen chavista ha estado exportando oro y otras materias primeras para lograr efectivo.

Mensaje a Rusia y China

Aunque las amenazas de Bolton están dirigidas a los países que aún apoyan al régimen venezolano, como Rusia y China, Moya-Ocampos cree que estos no alterarán su comportamiento. En el caso de Cuba, realmente “no tienen elección” sobre su respaldo al régimen. Rusia, según el analista, está buscando desafiar el papel de Estados Unidos en el tablero global, utilizando a Venezuela para lograrlo. Por eso prevé que tendrá un rol dual, con algunas compañías que van a seguir operando, y otras no, como varios bancos, exportadores de granos o fabricantes de armas que ya han suspendido sus actividades comerciales en Caracas.

Konstantin Kosachev, presidente de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado ruso, criticó el martes la orden ejecutiva de Trump, a la que calificó de “bandolerismo internacional”, según la agencia de noticias estatal RIA Novosti. Kosachev agregó que la medida de Washington representa una “intromisión abierta en los asuntos domésticos de Venezuela”.

Para Moya-Ocampos, China “es un apoyo más teórico que práctico-financiero”. El gigante asiático cesó abruptamente la concesión de préstamos a Venezuela en 2016, después de haberse convertido en el principal acreedor del régimen de Maduro. La decisión de Pekín coincidió con el deterioro acelerado de la económica y la política del país latinoamericano. En la última década, China le ha prestado a Venezuela cerca de 62.000 millones de dólares (unos 54.000 millones de euros). La mayor parte del montante está formada por créditos pagaderos en petróleo. 

Por Antonia Laborde

Washington 6 AGO 2019 - 14:48 COT

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Trump congela todos los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos

El presidente firma una orden ejecutiva para extender al completo las sanciones al régimen de Maduro

Los esfuerzos de Estados Unidos por asfixiar al Gobierno venezolano van un paso más allá. El presidente Donald Trump ha firmado este lunes por la noche una orden ejecutiva que congela todos los activos que tiene el régimen de Nicolás Maduro en el país norteamericano. "Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera", reza la radical medida. Con esta acción, Venezuela entra al listado de países supeditados a estas restricciones por Washington: Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.

La orden ejecutiva de la Casa Blanca justifica la acción contra Caracas por “la continua usurpación del poder por parte de Maduro” y los miembros de su régimen, así como “los abusos contra los derechos humanos, incluido el arresto arbitrario o ilegal” y detención de ciudadanos venezolanos, interferencia con la libertad de expresión e intentos continuos “de socavar al presidente interino Juan Guaidó” y el ejercicio de autoridad legítima de la Asamblea Nacional venezolana. EE UU fue el primero de la cincuentena de países que reconocieron al jefe del Parlamento como presidente interino de Venezuela en enero y abogaron por una transición democrática y que se convoquen nuevas y transparentes elecciones presidenciales.

Esta es la primera vez en 30 años que EE UU congela los activos a un país occidental. Este año Washington ha impuesto sanciones a más de 100 individuos y entidades venezolanas, incluida la compañía petrolera estatal Pdvsa, el Banco de Desarrollo de Venezuela y el banco central de Venezuela. Trump ya había adelantado la semana pasada que estaban contemplando imponer esta estricta sanción al régimen, en vista de los apoyos que estaba recibiendo Maduro por parte de China e Irán.

La escalada en la presión es la antesala a las sanciones que anunciará este martes Washington contra Caracas en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, organizada por el Grupo de Lima en Perú para abordar la grave crisis en el país caribeño. El asesor de seguridad nacional de EE UU, John Bolton, adelantó este lunes que detallará “amplias” medidas que tendrán "muchas consecuencias potenciales". El encuentro contará con la participación de 59 países y tres organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Unión Europea. Bolton también advirtió a China y Rusia que el apoyo continuo al régimen venezolano "podría afectar el pago de su deuda después de la caída de Maduro".

Las sanciones más duras

Desde 2017 Trump viene apretando el alicate de las sanciones contra Caracas, pero este año ha aplicado las más duras, que vislumbran un panorama oscuro en una economía ya de por sí en situación de colapso. Las restricciones a la venta de petróleo impuestas en marzo —que comenzaron a hacerse efectivas en mayo— significaron una disminución sustanciosa del flujo de efectivo del régimen de Maduro y desataron una crisis por la escasez de combustible en el país, que se ha sorteado parcialmente con el uso del oro de la nación y con la impresión de dinero inorgánico que ha echado más leña al fuego de la inflación, de por sí la más elevada del planeta.

Hace unas semanas el congelamiento de las empresas y los señalamientos a involucrados en el Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) -el programa asistencial con el que ha paliado desde hace tres años la escasez con alimentos importados vendidos a precios subsidiados, tras un complejo esquema de corrupción- suponía un golpe duro al instrumento que ha usado el chavismo para el control político y del que, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país, dependen al menos 16,3 millones de venezolanos, un número que ha ido en aumento, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del venezolano de 2018. Este mismo estudio reveló que a 90% de los venezolanos no le alcanzan los ingresos para cubrir los alimentos y que 51% de los hogares están en pobreza.

Un posible embargo económico total encontraría al país en su peor momento con una hiperinflación que cumplirá dos años en noviembre, siendo de las más prolongadas registradas. Además, el sector productivo está totalmente postrado, especialmente el sector agrícola, y la reconversión de la moneda realizada apenas de un año ya ha sido devorada por el dólar que es la moneda de facto. En Caracas, desde una carrera de taxi hasta un perro caliente callejero, una consulta médica, ropa y zapatos en centros comerciales, se pagan en dólares.

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos para el país descartando la cifra del 10.000.000% de inflación al cierre de este año, ubicándola ahora en 1.000.000%. Sin embargo, el organismo estimaba que la economía se contraerá al cierre de 2019 en 35%, especialmente por la caída de la producción petrolera, que ya está por debajo del millón de barriles diarios.

Por Antonia Laborde

Florantonia Singer

Washington / Caracas 6 AGO 2019 - 01:37 COT

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¿Qué hay detrás de los apagones en Venezuela?

Un nuevo corte de luz de escala nacional dejó este lunes a 15 estados del país caribeño sin energía eléctrica, incluida Caracas. La situación, que provoca grandes pérdidas económicas en un país ya castigado por la crisis, se asemejó a lo acontecido a partir del pasado 7 marzo y hasta el 9 de abril, con cortes masivos que se prolongaron hasta una semana en algunas regiones. Tanto entonces como ahora el gobierno venezolano adujo ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. El artículo que reproducimos a continuación fue publicado originalmente en abril de este año.

 

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el Pbi, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y 2018 se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del Pbi en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 por ciento, según pronósticos moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25 por ciento, lo que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5 por ciento de caída de la producción para el período 2013-2019.

De forma extremadamente sintética, puede decirse que:

 

—  por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada, según la Asamblea Nacional (AN), en 1.698.488,2 por ciento para 2018. De este modo, el país detenta el decimosexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019);

—  aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación de 2018 fue de alrededor de 90 mil por ciento, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio;

—  el valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo;

—  el salario real para el período 2013-2018 descendió 95 por ciento.

 

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios públicos “gratuitos”. La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su contracción.

¿POR QUÉ VENEZUELA SUFRE BLACKOUTS?

En el país, apenas 1 por ciento de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y sólo 11 por ciento se explica por la energía hidroeléctrica; 54 por ciento proviene del petróleo y 34 por ciento, del gas natural (2015), pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado. Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20 por ciento y la utilización de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación, que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir, como ejemplo, que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200 mil tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo a un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en gasolina, diésel, energía eléctrica y gas.

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares anuales, lo que representó 98,4 por ciento del costo real del combustible; ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aun más barata en términos reales. Por el obsequio del diésel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar de que la gran compañía estatal Cadafe pierde 40 por ciento de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de diez veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca de 20 por ciento del Pbi promedio de esa tríada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 por ciento del Pbi, muy por debajo del subsidio general otorgado.

ALGUNAS RAZONES ESTRUCTURALES.

Para la mayoría de las grandes ciudades (excepto las ubicadas en el estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial servicio. Esa “administración de carga”, como ahora llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto voce. Entre los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional.

Aunque la vigente ley eléctrica, que data del 14 de diciembre de 2010, dice que el acceso a la electricidad es un derecho humano, este se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En setiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el pediátrico Menca de Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró cuatro horas: la planta eléctrica del pediátrico no funcionó y por lo tanto fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de seis recién nacidos muertos.

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según Víctor Poleo (ex viceministro de Energía y Minas), hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones que sólo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de Electricidad de Caracas (Edc), por una venta írrita realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense Aes. La Edc estuvo en manos de Aes hasta 2007, cuando fue recomprada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que Aes vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia.

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de Aes, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno como ese. Infaustamente, las “nacionalizaciones” del gobierno bolivariano fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una elite y que de ningún modo fueron parte de una “revolución socialista” o de algo remotamente similar.

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, tienen, desde 2012, sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de diez salarios mínimos ahora sólo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (al tipo de cambio oficial).

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar. Se estima que de 50 mil empleados ahora quedan 30 mil, y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la jubilación. En el Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas, uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de “apátrida” y “traidor” o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios, sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por la difusión de “información falsa (…) destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía”.

RAYOS ELECTROMAGNÉTICOS O SIMPLE INCENDIO.

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 quilómetros de la represa en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores, y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 16.30, desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacó de servicio las turbinas del Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad y, como no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico Nacional (Sen) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los sistemas de control del Sen no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable a través de Internet. En la misma cadena, Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético, que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump y Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes del Sen requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión. De haber sido así, serían visibles los rastros de algún estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela.

*    Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) en Venezuela.

(Tomado de Nueva Sociedad, con autorización del medio. Brecha reproduce fragmentos.)

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Por qué dudamos que ocurra una intervención armada en Venezuela

En contra de la opinión de algunos editorialistas y declaraciones “asusta incautos…” formuladas y repetidas hasta el cansancio por algunos altos funcionarios de la administración estadunidense, como el afirmar que "todas las opciones siguen sobre la mesa" que para algunos incluye una posible intervención armada de Estados Unidos en Venezuela como las que ocurrieron en el pasado en República Dominicana, Granada y Panamá, estimamos que no habrá intervención armada extranjera en ese país hermano, sea invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que afortunadamente México y otros países latinoamericanos denunciaron en diferentes épocas o invocando algún otro criterio.

 

Estamos convencidos que el país latinoamericano o caribeño, cualquiera que este sea, que avale o participe en una intervención militar en Venezuela a pesar de la situación que vive ese pueblo, sufrirá reacciones en contra, de gran parte de su población por el precedente que establece esa invasión; aspecto que Washington seguramente tiene muy presente, ya que problemas con los miles de refugiados centroamericanos que piden asilo sin respuesta expedita y protestas en capitales de nuestro subcontinente contra su intervencionismo en una época prelectoral, podría configurar una reacción masiva de América Latina hacia Washington, lo cual tendría sin duda un fuerte impacto en el ambiente político de ese gran país; nuestra misión debe ser en consecuencia, buscar una rápida conciliación no violenta que quizás requiera la elección por los venezolanos de nuevos líderes de los órganos regentes de su vida política.

 

Lo que en este momento parece ocurrir en Venezuela causando víctimas, desabastos y dificultades para sobrevivir la vida diaria, es parte de una nueva estrategia que se está utilizando con cada vez mayor frecuencia a escala mundial y que en los sectores militares se conoce como anti-access/area denial o A2/AD ó "geopolítica de guerrillas" como le llama Galeotti del Instituto de Relaciones Internacionales de Praga o "contra-intervención" como lo llaman los estrategas militares chinos.

 

La finalidad de esa estrategia consiste en lograr un fin político ilegal por lo general, sin provocar un conflicto armado o llegar a una intervención agresiva directa, pero sí hostigando al país víctima, con medidas que lo afecten en su economía o su situación política a corto o largo plazo, tema que ya han incluido en sus planes bélicos-estratégicos, las grandes potencias como Rusia, China y el propio Estados Unidos además de algunos otros países con conflictos en su "vecindario", en lo que llaman la "zona gris" es decir, acciones entre la guerra y la paz.

 

Las llamadas operaciones de la "zona gris" tienen por objeto hostigar a otros países, sin caer en un directo conflicto armado e incluyen acciones económicas, diplomáticas, de inteligencia e inclusive ilegales en el país en cuestión, para lograr un objetivo político y estimase que dentro de esa actividad caen las intervenciones de Rusia en las pasadas campañas electorales de Estados Unidos y Francia, claramente probadas (lo que no pudo probar el fiscal especial en Estados Unidos, Robert Mueller, fue el vínculo Rusia-Trump en las campañas electorales) además de acciones similares en Cataluña y que ahora parece se utilizan en Venezuela.

 

Por otra parte, las diversas opciones que abre hoy la quiebra del mundo de la posguerra en el plano internacional tiene de hecho, implicaciones muy diversas para nosotros. Esto es cierto aun en el caso de desarrollos a los que damos la bienvenida. Es cierto por ejemplo que en la nueva agenda global los derechos de los individuos ocupan un lugar crecientemente importante al lado de los derechos de los Estados. Esto sin embargo, no debe transformarse en una excusa para injerencias indebidas de Estados que no asumen compromisos en esa importante materia, en los asuntos de otros. No es posible que el advenimiento del mundo anárquico y multipolar que vivimos se reduzca al surgimiento sin oposición, de una capacidad de imposición respecto a los valores compartidos por todos nosotros o, aún peor, de otros objetivos confundidos con estos valores.

 

Por Sergio González Gálvez, embajador Emérito de México

Escribe a título personal

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