Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

Publicado enInternacional
Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.

La extorsión a Venezuela crece 

EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.

 

El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocaría  elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.

Paso a paso, los 13 puntos y las 2 garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen latinoamericano deje el poder. Dentro del programa existen señales inequívocas para gran parte de la actual administración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un Marco de Transición Democrática para Venezuela e instó al dictador Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones.

Luego de más de un año de esfuerzos liderados por el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, Pompeo dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus.

Cómo es el plan presentado por el Departamento de Estado norteamericano:

1 - El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); la Corte Suprema (TSJ) levanta la orden de rebeldía y restablece todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades para los diputados; la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se disuelve. Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros de ANC debido a su membresía a la ANC.

2 - Todos los presos políticos son liberados de inmediato.

3 - Todas las fuerzas de seguridad extranjeras parten de inmediato a menos que estén autorizadas por 3/4 de los votos de la AN.

4 - La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que son aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de AN. Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre el personal para cualquiera de estos puestos. Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su membresía en esos cuerpos.

5 - La AN aprueba la Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de AN selecciona dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador del estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado luego seleccionan a un quinto miembro, que será Secretario General, y que se desempeña como Presidente interino hasta las elecciones y no se les permite ser candidatos para presidente en las elecciones. Los miembros del consejo no pueden ser miembros de AN o TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.

6 - Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la UE levantarán las sanciones contra aquellos que reclamaron las autoridades presidenciales que se impusieron debido a que mantuvieron sus cargos anteriores una vez que el Consejo de Estado está funcionando y esas personas renuncian a cualquier reclamo adicional para ocupar cargos ejecutivos y reconocen al Consejo de Estado como el Poder ejecutivo exclusivo.

7 - Una vez que se establece el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad extranjeras se han marchado (a menos que se apruebe por 3/4 de voto en la AN), se suspenden las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.

8 - El Consejo de Estado nombra nuevo gabinete. Los Estados Unidos levanta las sanciones a los ex miembros del gabinete debido a sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.

9 - La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica, el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que ahora se complementarán con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.

10 - Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informa a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tiene cinco miembros, que son seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca crímenes de motivación política desde 1999, excepto crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran el apoyo a la remisión de la Corte Penal Internacional.

11 - El Consejo de Estado establece una fecha para elecciones presidenciales y AN simultáneas en 6-12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones.

12 - Se celebran elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres y justas, se levantan las sanciones estadounidenses restantes.

13 - La comisión bipartidista dentro de la AN se desarrolla para crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1 - El alto mando militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanece en el lugar durante el gobierno de transición.

2 - Las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el período de transición.

El futuro de Guaidó

El Secretario de Estado señaló que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado, y dijo que Guaido podrá presentarse en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. “Hemos dejado claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela”, dijo Pompeo a los periodistas. Además aclaró que el presidente del Consejo de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones.

Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: “Absolutamente sí”. “Es el político más popular en Venezuela, creo que si se celebraran elecciones hoy, le podría ir increíblemente bien”, apuntó, destacando que Estados Unidos sigue “apoyándolo”. “Cuando armamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él”, agregó.

Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus

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El general venezolano retirado Clíver Alcalá, durante una conferencia de prensa en Caracas en 2016.JUAN BARRETO / AFP

Clíver Alcalá, acusado de narcotráfico por EE UU, se entregó a Washington tras detallar un supuesto complot de la oposición contra Maduro, quien lo califica de “agente estadounidense”

 Un hombre con camisa azul claro y pantalón oscuro camina por la pista del aeropuerto de Barranquilla rodeado de funcionarios colombianos y estadounidenses. Ocurrió el pasado viernes. A media tarde, se formaliza la entrega y Clíver Alcalá Cordones sube a un avión enviado por Washington. Horas antes, el Departamento de Justicia lo había incluido en una lista de 12 dirigentes chavistas acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro y a la cúpula del régimen venezolano. La Administración de Donald Trump ofrecía 10 millones dólares por su cabeza, aunque según la Fiscalía colombiana todavía “no existía orden de captura ni solicitud con fines de extradición”. Con esta información todo encajaba en el esquema de confrontación entre Estados Unidos y Caracas. Pero las últimas declaraciones de Alcalá antes de pasar voluntariamente a disposición de las autoridades arrojan una historia más nebulosa, y llena de lagunas, en la que se mezclan un arsenal de armas y una supuesta conspiración para derrocar a Maduro. Este lo considera un hecho probado y este lunes, en una carta dirigida a la comunidad internacional, lo calificó abiertamente de “agente estadounidense”.

Clíver Alcalá es un mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB). Tiene 58 años y se mantuvo fiel al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, desde el intento de golpe de Estado de 1992. Rompió con el oficialismo hace al menos cuatro años y llevaba dos afincado en Barranquilla. El exmilitar se declara opositor, reconoce como presidente a Juan Guaidó y, sin embargo, acabó involucrándolo en un complot que, según su relato, se estaba urdiendo desde Colombia.

El pasado lunes agentes de la Policía colombiana de Tránsito dieron el alto a una furgoneta en un control vial en Pueblo Viejo, un municipio de la costa del Caribe ubicado entre Barranquilla y Santa Marta. En el vehículo, conducido por un hombre llamado Jorge Alberto Molinares Duque, hallaron “26 fusiles americanos, 14 cascos blindados con visores nocturnos y tres chalecos blindados”. El conductor fue detenido bajo los cargos de “fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares”. Tres días después, Washington emitió la acusación formal de tráfico internacional de drogas contra la plana mayor del chavismo. Entonces, Alcalá aseguró públicamente estar detrás del transporte de ese arsenal.

Las imágenes de su entrega, adelantadas por el diario colombiano El Tiempo, dejan atrás una serie de dudas sobre su versión de los hechos y su papel en la red de los disidentes del régimen. “Primero”, afirmó el general retirado en un vídeo difundido a través de su perfil de Twitter, “las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando en la conformación de una unidad libertad para Venezuela”. Alcalá no aporta pruebas, pero menciona al consultor Juan José Rendón, al dirigente del partido Voluntad Popular Sergio Vergara y va más allá. Asegura que también estaban al tanto del plan Iván Simonovis, colaborador de Guaidó y hasta 2019 uno de los presos políticos más antiguos de Venezuela, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en dependencias diplomáticas españolas en Caracas.

“Acordamos ahí, junto a militares venezolanos, de hacer una unidad militar, que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales del narcotráfico y del desastre que ha generado en nuestro país”, continúa Alcalá, quien dijo asumir su responsabilidad y que el Gobierno de Iván Duque “no está vinculado”. “Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición, aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el Gobierno de Maduro, aquella oposición que no quiere que nada cambie”, mantuvo el general.

La justicia colombiana se enteró de este relato, que Guaidó negó rotundamente, igual que los demás. Esto es, cuando Alcalá decidió hacerlo público. “La Fiscalía General de la Nación generó nuevas actividades investigativas dentro del caso para recolectar evidencia que determine su participación y, como consecuencia, se han llevado a cabo diligencias de allanamiento y registro en varias ciudades del país”, informó el ente acusador. Las autoridades activaron canales de cooperación judicial y, a partir de ahora, solicitarán información a Estados Unidos para avanzar en las indagaciones.

Pero más allá de las consecuencias judiciales en territorio colombiano, el Gobierno de Maduro se remitió a las declaraciones de Alcalá para estrechar el cerco contra Guaidó, que lleva más de un año de pulso para tratar de desalojar al sucesor de Chávez y acaba de proponer conformar un gabinete de emergencia nacional ante la crisis del coronavirus. El fiscal general, Tarek William Saab, informó el viernes de que el Ministerio Público ha iniciado “una investigación contra Guaidó, Clíver Alcalá y demás colaboradores: por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado contra el presidente”.

México - 30 mar 2020 - 13:23 COT

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Viernes, 27 Marzo 2020 06:42

Un precio para la cabeza de Maduro.

Un precio para la cabeza de Maduro.

 Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares para capturarlo

El nuevo paso dado por EE.UU. coincide con la acusación del gobierno venezolano de la activación de un nuevo plan golpista.

 

Desde Caracas.15 millones de dólares, es el precio ofrecido por la justicia norteamericana para quien brinde información “que puedan llevar a la detención y arresto” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 10 millones son ofrecidos en el caso de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y otros dirigentes actuales, como Tareck El Aissami, y ex funcionarios.

Han quedado así procesados por el Departamento de Justicia norteamericano, un anuncio que fue hecho por el Fiscal General, William Barr, junto a fiscales federales de tribunales de, entre otros, Nueva York y Florida. “Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está acabando”, dijo, por ejemplo, Ariana Fajardo, fiscal para el sur de Florida.

Dentro de los acusados se encuentran también Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

La acusación es por narcoterrorismo. Barr señaló que el gobierno venezolano busca “inundar a Estados Unidos (EEUU) con cocaína”, y que ha enviado entre 200 y 250 toneladas de cocaína, lo que equivale, explicó, a 30 millones de dosis. Esa operación de “inundación” estaría coordinada, según explicó, con el sector de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que retomaron las armas.

La acusación, sin embargo, no se sostiene según datos internos a EEUU, donde aparece que alrededor del 90% de la cocaína con destino a los EEUU se trafica a través de las rutas del caribe occidental y el pacífico oriental, y no a través de los mares del caribe oriental de Venezuela.

La razón esgrimida para ponerle precio a la cabeza del presidente venezolano y a Cabello, con un rol de liderazgo central dentro del chavismo, cumple el rol de argumento formal para justificar una declaración de nuevo punto de no retorno en el ataque contra el gobierno venezolano.

El nuevo paso dado por EEUU sucede en simultáneo con la acusación del gobierno venezolano del intento de activación de un nuevo plan golpista. El presidente denunció que el 23 de marzo había sido incautado un cargamento de armas en Santa Marta, Colombia, que iba con destino a Venezuela.

Esa denuncia tuvo un giro inesperado pocas horas después del anuncio del Departamento de Justicia norteamericano: Cliver Alcalá, un mayor general prófugo en Colombia señalado varias veces por su participación en tramas golpistas, reconoció públicamente estar detrás de las armas incautadas que iban a ser “para hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos”.

Las declaraciones de Alcalá revelaron no solamente su participación protagónica, sino la de Juan Guaidó que, según explicó Alcalá, “firmó un contrato en Colombia con asesores norteamericanos” para la compra de las armas. El prófugo afirmó que el gobierno colombiano estaba al tanto de la operación.

La particularidad de la declaración de Alcalá es que se trata de una de las personas a las cuales el gobierno norteamericano puso precio a su cabeza junto con la de Maduro y Cabello. Es decir, que luego de la denuncia del Departamento de Justicia en su contra, decidió revelar la existencia del plan y de varios de sus actores.

Al respecto, Jorge Rodríguez, ministro de comunicación, explicó que Alcalá habría sido incluido en la lista por no haber logrado acelerar los objetivos de las operaciones militares. En cuanto a su confesión, se debió, explicó Rodríguez, al temor de ser asesinado, como el mismo Alcalá denunció: “estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”, es decir un asesinato.

Esta serie de acontecimientos pusieron entonces sobre la mesa tres puntos. En primer lugar, que EEUU profundizó la apuesta en el intento de derrocamiento contra Maduro a través de acciones de fuerza. En segundo lugar, que esas operaciones están en marcha, tienen a Colombia como territorio principal de preparación y asesores norteamericanos en el mando. Y, por último, que una de esas operaciones centrales logró ser frenada.

Esa política norteamericana sucede a contracorriente de las voces internacionales que piden que, ante el escenario de pandemia, exista una descompresión contra Venezuela. Así, por ejemplo, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó: “en este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse”.

En ese mismo sentido, Josef Borrell, canciller de la Unión Europea, sostuvo: “Hemos acordado apoyar la solicitud de Irán y también de Venezuela al FMI para tener apoyo financiero (…) se encuentran en una situación muy difícil especialmente debido a las sanciones estadounidenses que les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”.

Sin embargo, en un cálculo de crisis de coronavirus, disputas geopolíticas, y campaña electoral, la política norteamericana encabezada por Donald Trump no solamente no descomprime el bloqueo, sino que acelera y pone precio público a la cabeza de la dirección del gobierno venezolano. 

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Erick Foronda. Foto: ABI.

Erick Foronda es un periodista que se desempeñó como encargado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz desde 1995, hasta 2008 cuando el gobierno de Evo Morales expulsó al embajador rompiendo relaciones diplomáticas con EE.UU.

En los 13 años de trabajo en la embajada de la plaza Avaroa, Foronda colaboró con cinco embajadores: Curtis Warren Kamman, Donna Jean Hrinak, Manuel Rocha, David N. Greenlee y Philip Goldberg. Después de la expulsión dispuesta por el gobierno de Morales, Foronda partió a Washington junto con el embajador Goldberg en septiembre de 2008. Radicó en la capital de Estados Unidos durante 12 años, adquirió nacionalidad norteamericana y se hizo votante del Partido Republicano.

Durante su permanencia en Washington, según un informe de El Deber, “trabajó para diversas organizaciones”. Fuentes en Estados Unidos aseguran a Sol de Pando que una de esas organizaciones es la Agencia Central de Inteligencia donde adquirió pericias de “negociador político”. Fue el ex embajador Philip Goldberg quien lo introdujo en la CIA.

Su retorno a Bolivia para asumir el cargo de secretario privado de Añez y “contribuir en la pacificación del país”, según dijo a Página Siete, fue inicialmente atribuida Carlos Sánchez Berzaín, con quien se le vio en el Estado de Florida en abril de 2018 haciendo una especie de cobertura al juicio que se ventiló en Fort Lauderdale contra Sánchez de Lozada y su Ministro de Defensa, por las muertes de El Alto en octubre de 2003.

El agente de la CIA se apresuró en deslindarse de Sánchez Berzaín negando ser su “enviado”. Declaró en una entrevista publicada por Página Siete: “No tengo ninguna vinculación o relación de ningún tipo con Sánchez Berzain. No me gustaría tenerla porque siento que nada me une a él”.

Una vez instalado en Bolivia, desplegó un intenso lobby para afianzar su situación de alto privilegio en el régimen provisional que emergió tras la salida de Evo Morales. Suele ofrecer “parrilladas de confraternidad” en los jardines de su mansión invitando a influyentes políticos y periodistas; y habitualmente Jeanine Añez almuerza en su casa.

Interfiere en diversas áreas del aparato estatal, desplegando un rol acaparador muy similar al de Juan Ramón Quintana. Impuso la designación de la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Miami alegando “razones humanitarias” y mantiene a raya a la canciller Karen Logaric decidiendo por sí mismo la política exterior del Gobierno transitorio. Mientras Longaric se hallaba fuera del país, Foronda obligó a Añez romper relaciones con Cuba.

En el área de seguridad, donde la prioridad norteamericana es reactivar la presencia de la DEA en el país, Foronda tiene en su bolsillo al verborreico ministro Murillo.

Agente de la CIA ordenó cambios en Canal 7

El ex asesor de prensa de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, Erick Foronda Prieto, actualmente emisario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), fue quien decidió la destitución del Gerente de BoliviaTv, el canal estatal.

Por decisión de Erick Foronda, el reconocido presentador y jefe de prensa de Unitel Jorge Tejerina asumiría este lunes la Gerencia de BoliviaTv, en reemplazo de Gonzalo Rivera, cuya abrupta destitución generó críticas en círculos de la prensa nacional. Tejerina hizo público, el sábado, su retiro de Unitel. No obstante también se menciona el nombre del periodista Andrés Rojas.

Foronda Prieto viene concentrando todo el poder del Gobierno transitorio en sus manos (lo mismo que Quintana en la época de Evo Morales), al ejercer como secretario privado de la presidente Añez. Tiene entre sus habituales funciones asesorar a la Jefa de Estado en su campaña electoral y redactar sus discursos de gestión. Oficia también como vocero presidencial.

Fuentes confiables del Ministerio de Comunicación informaron a Sol de Pando que, por presiones suyas, la red Unitel estaría recibiendo una carga privilegiada de publicidad estatal incidiendo en un elevado nivel de cobertura por parte de dicho canal privado a las intensas actividades proselitistas de Añez desde la gestión transitoria.

Lizárraga y la sobrina de Foronda

Según versión de un funcionario del Ministerio de Comunicación, la renuncia de la anterior titular de esa cartera, Roxana Lizárraga, se habría precipitado por discrepar respecto a los negocios con Unitel. Lizárraga no aceptó la contratación eventual de periodistas de Unitel en el staff de BoliviaTV sin que dicho personal se desvincule totalmente del canal privado.

Nicole Bisbal Brito, una sobrina de Foronda que trabajó como presentadora del noticiario de Unitel junto con Jorge Tejerina, fue motivo de una disputa entre el secretario privado de la Presidente y la entonces Ministra de Comunicación; Lizárraga se negó a contratar a la sobrina. Sin embargo, la familiar de Foronda fue contratada por la actual ministra Isabel Fernández (también proveniente de Unitel), quien forma parte del entorno íntimo del ex funcionario de la Embajada norteamericana.

Jeanine Añez cercada por Foronda

Lizárraga acusó a Erick Foronda de sabotear su gestión ministerial. Comenzó bloqueando el acceso de la Ministra al despacho de Jeanine Añez. Dijo que en los días previos a su renuncia —presentada el 25 de enero— sólo se podía contactar con la Presidente “mediante mensajes de celular” debido al cerco de Foronda que le  impedía a la Ministra un contacto directo con la Presidente-candidata.

También denunció que Foronda ordenó la transmisión completa del lanzamiento de la candidatura de Añez para las elecciones del 3 de mayo, acto televisado por BoliviaTv que se efectuó el 24 de enero, endilgando ese uso indebido del medio estatal a Lizárraga. “Yo pregunté quién había ordenado la transmisión y me dijeron que fue el secretario privado de la Presidenta, Erick Foronda, mediante una llamada”, reveló Lizárraga en entrevista publicada por el portal Asuntos Centrales.

La destitución de Gonzalo Rivera, el pasado viernes, tendría los mismos móviles. Foronda vio que Rivera no era “funcional” a la estrategia de usar el canal estatal con fines electorales y de sistemática promoción de la imagen “glamorosa” de Jeanine Añez, descuidando y poniendo en segundo plano las tareas específicas del proceso de transición. La estrategia de Foronda se basa en una especie de alianza entre Unitel y BoliviaTv.

La ministra Isabel Fernández, que ejerce el cargo en estricta subordinación a Foronda —aseguran nuestras fuentes—, fue la encargada de separar a Rivera por instrucciones del mismo Foronda, arguyendo “falta de coordinación” entre el Ministerio y la Gerencia del canal para definir los contenidos de la programación.

“La señora Ministra tiene razón cuando afirma que es un tema de coordinación, lo que no dice es que ella no quiso coordinar una reunión para mirar el proyecto del canal de todos los bolivianos, lo que no dice es que impuso personal y quiso imponer programas muy parecidos a los del anterior gobierno”, aclaró Gonzalo Rivera en sus redes sociales

18 marzo 2020

(Tomado de Plurinacional)

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Cancillería de Colombia pide oficialmente a Juan Guaidó la extradición de la excongresista Aída Merlano

Según un comunicado oficial, "el compromiso" del diputado opositor venezolano, que no tiene potestad para efectuar ese procedimiento, es "un respaldo para el buen término de esta solicitud".

 

La Cancillería de Colombia le solicitó formalmente al diputado opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como "presidente interino" de Venezuela, la extradición de la excongresista Aida Merlano, tras recibir el oficio por parte de la Corte Suprema de Justicia.

"El propósito es que el Presidente Guaidó, adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta", señala el comunicado de la cancillería colombiana.

Según el documento, la solicitud de extradición "ya ha sido presentada ante la Embajada de Venezuela en Colombia, que representa al Gobierno legítimo del Presidente Juan Guaidó", y consideran que el compromiso del diputado opositor, que no tiene ninguna facultad para efectuar ese procedimiento, es un "respaldo para el buen término de esta solicitud".

Días atrás, Guaidó aseguró que estaba dispuesto a "brindar toda su colaboración y la de las instituciones legítimas de Venezuela, en la atención a este caso".

Al respecto, la canciller de Colombia, Claudia Blum, afirmó que la solicitud se hace ante Guaidó ya que los mecanismos de cooperación internacional judicial con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro fueron afectados en su funcionamiento normal, "al haber expulsado a todo el personal diplomático y consular de Colombia". 

Contradicciones

Blum condenó que después de 17 días de anunciada la captura por parte de las autoridades venezolanas, al mando del presidente Nicolás Maduro, este le haya dado la oportunidad a la excongresista para que "pueda públicamente evadir su responsabilidad y alegar persecuciones del Gobierno colombiano", que supuestamente "no existen". 

No obstante, antes de la comparecencia pública de Merlano en Caracas, el presidente Maduro instó al gobierno colombiano a activar las relaciones consulares para poder ejecutar el procedimiento de extradición, medida que fue rechazada de plano por la administración de Iván Duque, alegando que en Venezuela había "pocas garantías".

Paradójicamente, a pesar de que Bogotá le hizo la solicitud formal a Guaidó, la canciller también llamó a la comunidad internacional a que "exija" al gobierno del presidente Maduro que "permita su devolución al territorio colombiano, conforme a las órdenes judiciales vigentes en su contra". 

La excongresista —condenada a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones parlamentarias de 2018—, se fugó en octubre del año pasado durante una cita de ortodoncia en un centro médico de Bogotá y fue capturada en Venezuela el pasado 28 de enero.

Caracas rompió relaciones diplomaticas con Bogotá el pasado 23 de febrero del 2019, cuando Duque decidió apoyar la autoproclamación de Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

Publicado: 14 feb 2020 02:33 GMT

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Trump recibió a Guaidó en la Casa Blanca

Nuevas acciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro

El encuentro se produjo luego de que Trump lo invitara al Congreso, donde fue aplaudido tanto por demócratas como republicanos. El gobierno de Venezuela denunció un nuevo intento golpista del país del Norte.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió con el autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. El encuentro se produjo luego de que Trump lo invitara ayer al Congreso donde fue aplaudido tanto por demócratas como republicanos. Guaidó es un experimento de presidente virtual, sin existencia de peso en Venezuela, pero invitado y nombrado por el líder republicano en el discurso del Estado de la Unión. El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció un nuevo intento golpista de la administración Trump. 

A poco más de una año de la autoproclamación de Guaidó, Estados Unidos vuelve a la carga contra Venezuela jugando otra vez esa carta. Este miércoles el dirigente venezolano fue recibido por el vicepresidente Mike Pence. Luego Trump lo invitó a pasar al Salón Oval.

En un comunicado la Casa Blanca manifestó su interés por un cambio de gobierno en Venezuela. "La visita es una oportunidad de reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición democrática", dijo el gobierno estadounidense.

Durante la noche del martes, Guaidó asistió como invitado al discurso anual sobre el Estado de la Unión en el Congreso. Trump lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. "Es un hombre muy valiente que carga consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos". Luego prometió aplastar la tiranía del gobierno de Nicolás Maduro. 

La pelea que están teniendo demócratas y republicanos tuvo un insólito impasse cuando todo el Congreso se paró para aplaudirlo. “Llevá este mensaje del pueblo estadounidense a Venezuela”, le dijo Trump. Guaidó sólo atinó a levantar la mano y saludar, con el rostro duro, casi como si no pudiera creer lo que estaba viendo. "Vamos a seguir trabajando con nuestros socios en la región para confrontar a la dictadura ilegítima en Venezuela", dijo la Casa Blanca.

Sin embargo algunos legisladores demócratas manifestaron su rechazo a la política de Trump con respecto a Venezuela. Varios congresistas pidieron que el apoyo al presidente interino se traduzca en beneficios migratorios para los venezolanos. "Una invitación es fácil. Garantizar una protección TPS para quienes huyen de Venezuela requiere que Trump desafíe a su base xenófoba", dijo en Twitter la congresista Debbie Wasserman Schultz. La legisladora hizo alusión al Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos concede a países cuyas circunstancias eximen de deportación a sus ciudadanos.

Trump impulsa una dura política migratoria, que fue la base de su campaña electoral. Por el contrario varios congresistas en la Cámara de Representantes y en el Senado buscan impulsar una legislación para proteger a los migrantes venezolanos. Al mismo tiempo, no disimulan su apoyo a un derrocamiento de Maduro. El jefe de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que la política de Trump sobre Venezuela fracasó. "Si la política estuviera funcionando, Juan Guaidó no estaría en la tribuna, estaría en Venezuela, estaría sentado en el palacio presidencial", dijo el líder demócrata. "El régimen de Maduro es más poderoso hoy que cuando el presidente comenzó su política en contra", agregó Schumer.

En paralelo llegó la respuesta del gobierno venezolano. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, desató toda su furia con el presidente de Estados Unidos. En un comunicado emitido por la cancillería se refirió a Trump como un charlatán soberbio con ínfulas de emperador. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente y cumple con denunciar ante la comunidad internacional, las expresiones injerencistas y las groseras intromisiones en sus asuntos internos realizadas por Donald Trump durante el discurso anual ante el Congreso estadounidense", informó el comunicado de la cancillería.

Arreaza consideró que tanto las palabras del presidente estadounidense como su invitación a Guaidó forman parte de un nuevo plan golpista contra Venezuela. "Haciendo uso de un discurso lleno de mentiras, 'chovinismo' y declaraciones supremacistas, Trump ofende e irrespeta al pueblo venezolano, al proferir violentas amenazas contra su integridad y contra el Gobierno constitucional, legítimo y democrático del presidente, Nicolás Maduro", sostuvo Arreaza.

Tampoco ahorró críticas hacia el autoproclamado presidente interino. “La vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la Patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo", afirmó el ministro. Arreaza afirmó la necesidad de defender la autoderminación de su país sin injerencias extranjeras. "Venezuela es y será irrevocablemente libre e independiente. Solo el pueblo venezolano determina y determinará su presente y su futuro victorioso, soberano y socialista", sostuvo el ministro.

Hace poco más de un año Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela con el apoyo inmediato del gobierno estadounidense. Sin embargo, fue muy poco lo que pudo lograr durante todo el 2019. Hace algunas semanas perdió la presidencia de la Asamblea Nacional. Este nuevo apoyo de Estados Unidos busca reflotar su figura y genera expectativa sobre los próximos pasos que realizará el gobierno de Trump.

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Un combate al terrorismo, hecho a medida de Estados Unidos

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, lideró una Conferencia Contra el Terrorismo, en Bogotá, que debería encendernos todas las alarmas. No es un error decir que fue el canciller norteamericano y no el presidente colombiano Iván Duque quien comandó esa reunión.

Pompeo, ex director de la CIA, halcón republicano y duro entre los duros, usó la cumbre del 20 al 23 de enero para enviar varios mensajes preocupantes. En pocas horas, confirmó el asesinato alevoso contra el general iraní Suleimaní; anunció “que está en marcha la estrategia para que Maduro se vaya” (o sea, un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente por los venezolanos); conversó con la canciller golpista de Bolivia, Karen Longaric, sobre la colaboración norteamericana en las próximas elecciones del 3 de mayo (¿¡!?) y se privó de hacer cualquier alusión a las ejecuciones de defensores de los Derechos Humanos que por aquellas horas se sucedían en Colombia.  Sólo en lo que va del 2020 hubo 21 homicidios contra de líderes y liderezas sociales colombianos, un promedio de uno por día, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

El 21 de enero, mientras se desarrollaba la cumbre antiterrorista, cientos de miles de colombianos se volcaron a las calles de todo el país –en multitudinarias marchas que ellos llaman “paros nacionales”- para denunciar las acciones paramilitares y los asesinatos políticos entre otros reclamos. En este marco, ¿puede ser Colombia sede de un encuentro en defensa de los derechos humanos y por la seguridad?

¿Puede combatir el terrorismo el autoproclamado Juan Guaidó luego de haberse sacado fotos con narcoparamilitares armados en la frontera entre Colombia y Venezuela?

¿Puede ser Estados Unidos el patrocinador de una Conferencia Hemisférica de lucha contra el Terrorismo cuando su canciller desconoce las leyes internacionales y los pactos de humanidad al confesar el ataque contra Suleimani y, acto seguido, desafía las reglas de la democracia promoviendo un golpe de Estado en Venezuela e interviniendo en las elecciones de Bolivia?

La respuesta es que, más allá de los títulos, la conferencia no se convocó para luchar contra el terrorismo ni a favor de los derechos humanos, sino para impulsar un plan de acción contra Venezuela e Irán y, lo más alarmante, comprometer a toda la región en una cruzada que no nos pertenece y que, muy probablemente, viole la ley.

No permitamos un relanzamiento de la Doctrina de Seguridad en su versión 2.0. Si en el siglo pasado fue el “el peligro comunista” el justificativo que usó Washington para unificar bajo su mando las fuerzas represivas de nuestros países y garantizarse así la sumisión y el control de la región, hoy es el “peligro del terrorismo” el que se busca activar con los mismos fines. Por eso, en Bogotá, Pompeo denunció –aunque no hay ningún evidencia disponible ni documento que pruebe sus dichos- la presencia de Hezbollah en la región y la supuesta ayuda de Maduro a esa organización, así como “al ELN y a la disidencia de las FARC”. Los intentos de persecución a quienes no se alinean con los EE.UU. –hoy son Cuba, Nicaragua y Venezuela, mañana pueden ser otros- quedan claros en los 24 puntos del comunicado conjunto que lamentablemente Argentina firmó en Bogotá ( México y Uruguay se mantuvieron sólo como observadores). 

Un par de ejemplos para reflexionar. En el punto 2 del comunicado los países se “comprometen a no dar refugio ni asilo a quienes financien el terrorismo o les presenten colaboración”. ¿En el mundo del “lawfare” podría Evo Morales llegar a ser acusado de colaborador del terrorismo? O en el punto 21, donde se promociona el equipamiento para control de fronteras, investigación e inteligencia. Casualidad o no, Israel, uno de los más conocidos fabricantes de esa tecnología, estaba en la cumbre.

Desde el inicio del 2020, EE.UU. ha puesto el pie en el acelerador. Sabemos por qué. La pérdida de liderazgo global en momentos en que nuevos actores tallan en la escena internacional activa su reflejo más atávico: mantener el control férreo de un continente que, como en el pasado, sea la plataforma para la pelea hegemónica.

Cuidado. Como ciudadanos debemos luchar para defender la región como zona de paz. Y quienes se sintieron suficientemente capaces y fuertes como ejercer puestos ejecutivos y legislativos, deben –sí o sí- lograr una inmediata integración regional soberana, la única que nos puede salvar. No podemos permitir que una vez más se nos priven de democracia y libertad.

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Un año de la ficción de gobierno de Juan Guaidó

El líder opositor se autoproclamó presidente de Venezuela el 23 de enero de 2019

El diputado opositor nunca tuvo territorio ni mando sobre un cuerpo armado del Estado. Su poder vino de afuera, es decir, del despliegue norteamericano.

 

Juan Guaidó cumplió un año de su autoproclamación como presidente encargado de Venezuela. Aquel 23 de enero del 2019 levantó la mano y juró desde una plaza alejada del Palacio de Miraflores, en una zona adinerada de Caracas. No fue una fecha casual: el 23 de enero de 1958 es el día en fue derrocada la dictadura de Marcos Pérez Giménez.

Su autoproclamación quedará como el punto de inicio de una de las operaciones más importantes montadas por el gobierno norteamericanos en América Latina. Se trató, y aún se trata, de crear una realidad ficcional, un gobierno paralelo que nunca existió y, sin embargo, ha sido, y es, real.

Ocurrió a una velocidad que debía ser imparable: el reconocimiento de Guaidó por parte del presidente de Estados Unidos (EEUU), la construcción de una diplomacia de asfixia con el Grupo de Lima y la Unión Europea, la presión a gran escala para lograr el quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) crucial en la estrategia golpista. El cálculo falló.

Siempre estuvo claro al interior del país que Guaidó no tenía capacidad de ejercer poder. Quien hasta principio de enero del 2019 era un diputado desconocido para la mayoría del país, nunca tuvo territorio ni mando sobre un cuerpo armado del Estado. Fue 2.0 desde su inicio y su poder vino de afuera, es decir del despliegue norteamericano.

La ficción del presidente encargado fue acompañada por una ingeniería comunicacional: tapa de redes de Reuters como líder épico, tapa de la revista GQ con pose de actor, análisis en La Nación hablando de dos presidentes en Venezuela, para citar tres casos entre centenares. Guaidó se hizo real sin gravitar nunca al interior del país, salvo en el plazo breve entre enero y el 30 de abril, cuando tomó las armas junto al jefe de su partido, Leopoldo López, y un grupo de militares.

Ese episodio armado fue rápidamente olvidado por los grandes medios. También borraron de su historia su aparición junto al grupo paramilitar Los Rastrojos que, de la mano con el gobierno de Colombia, le permitieron cruzar la frontera a Cúcuta desde donde intentó un ingreso por la fuerza a territorio venezolano el 23 de febrero.

De esa fecha quedan las imágenes de la maquinaria musical que puso sobre el escenario a cantantes como Maluma, Diego Torres, Carlos Vives, la presencia del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y los miles de dólares para ayuda humanitaria que fueron malversados y generaron un escándalo de corrupción.

Ese despliegue construido desde EEUU decayó en la segunda mitad del 2019. Quedó un Guaidó sin peso, sin capacidad de movilizar a la base social de oposición, sin noticias nuevas, triste, solitario y final.

Su reaparición, luego casi ocho meses sin impacto dentro del país, ocurrió el domingo pasado, cuando el gobierno norteamericano volvió a montarlo sobre los escenarios internacionales. Primero en Colombia, con el presidente Iván Duque, luego en Gran Bretaña, con Boris Johnson, luego en Bruselas con el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y en una serie de fotografías en el Foro de Davos junto a Angela Merkel, Ivanka Trump, Tony Blair, John Kerry, entre otros.

Guaidó recobró notoriedad internacional en una demostración de la capacidad diplomática, política y mediática de EEUU para crearle nuevamente una narrativa internacional sin correlato al interior de Venezuela. Guaidó es ficción, y, sin embargo, es real.

Tan real como que, a partir de su autoproclamación, el gobierno norteamericano profundizó los ataques sobre la economía venezolana y anunció congelamiento de fondos, el robo de la refinería Citgo, entre otras acciones unilaterales. Creó su justificación necesaria: un presidente 2.0 que le autoriza a bloquear y quedarse con activos del Estado venezolano.

Esa misma arquitectura es la que continúa su avance en un objetivo que el gobierno norteamericano presenta de manera suave: un gobierno de transición para lograr elecciones libres. La realidad, tras esas palabras, se asemeja al golpe de Estado ocurrido en Bolivia.

El regreso de Guaidó a los escenarios internacionales a un año de su autoproclamación es una oxigenación del gobierno paralelo 2.0. Se trata de una nueva operación de legitimación, el simulacro de realidad sustentada con la política de fotografiarse como la mayor cantidad de líderes europeos.

Esa nueva maniobra para instalarlo ocurre en simultáneo con la profundización de la demonización del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno norteamericano lo acusa nuevamente de albergar en Venezuela a fuerzas de Hezbollah, el ELN colombiano, y las FARC que retornaron a las armas. Sienta así las bases para legitimar acciones de fuerza.

Aún no se sabe cuándo ni cómo será el regreso de Guaidó a Venezuela. Buscarán hacer de eso un hecho político. Sin embargo, así como desde el 23 de enero del 2019, el asunto nunca fue Guaidó: seguir su actual gira por Europa es observar lo que la estrategia norteamericana quiere que sea observado. Guaidó es un distractivo, la cuestión está en otro lado. 

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Claver-Carone, el hombre (y la misión) detrás del conflicto de Trump con Venezuela

En un mitin al estilo electoral en Miami, hace casi un año, Donald Trump emitió una clara advertencia al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el mandatario estadounidense ha querido derrocar desde el día en que ingresó a la Casa Blanca, dos años antes. “Se avecina un nuevo día en América Latina”, proclamó Trump, apuntando no solo a Maduro, sino también a Cuba.

Para los observadores casuales, fue fácil detectar la influencia de John Bolton en el enfoque cada vez más agresivo del presidente hacia las Américas. Bolton, a quien Trump había nombrado su asesor de Seguridad Nacional la primavera anterior, había declarado a los Gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba como la “troika de la tiranía”. Solo unas semanas antes, Trump había reconocido al “autoproclamado” Juan Guaidó como presidente interino del país, declarando abiertamente la intención de los Estados Unidos de “poner fin al régimen de Maduro con la fuerza militar si fuese necesario”.

Pero las manos veteranas de la política exterior en Washington y el sur de Florida también vieron las huellas dactilares de otro asesor menos conocido, con un historial de línea dura y el tipo de lengua retórica afilada, que había definido el enfoque reciente de Trump –y de Bolton– hacia América Latina. El discurso de Trump, pensaron muchos de esos expertos, sonaba como si hubiera sido escrito por Mauricio Claver-Carone.

Claver-Carone, quien se desempeña como el principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, inglés), es poco conocido fuera de Washington, pero tiene mala fama dentro de los círculos relacionados con América Latina en esa ciudad como un “bulldog” para la comunidad de línea dura que favorece posturas aún más extremas hacia el Gobierno de Cuba y todavía ve a la región como el frente clave para las batallas al estilo de la Guerra Fría contra amenazas comunistas.

Capacitado como abogado, Claver-Carone ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas como un influyente cabildero y principal antagonista de cualquiera –incluido el expresidente Barack Obama– que buscara revertir el bloqueo de casi 60 años que aún no ha logrado su declarado propósito de terminar con el Gobierno de Cuba.

Pero en la era Trump se involucró en el Gobierno, y durante los últimos 16 meses ha disfrutado de una influencia sin igual en las políticas del presidente hacia Venezuela, a tal punto que los embajadores extranjeros se han quejado en privado sobre su ascendencia en esa área.

Desde que ingresó a la Casa Blanca, el presidente Trump ha mostrado una obsesión simplista con Maduro, la cual se ha hecho mayor en medio de la crisis económica que ha provocado.

Pero la presión de Trump por una agresión chocó incluso a aquellos dentro del aparato de política exterior que durante mucho tiempo han ansiado una oportunidad para adoptar un enfoque más enérgico. “Soy un halcón en las reuniones interdepartamentales, pero en la Oficina Oval soy la paloma”, así se lamentaba un alto funcionario ante sus colegas cuando salía de las reuniones en las que Trump pedía opciones militares o políticas hacia Maduro más hostiles de lo que recomendaban sus asesores.

La visión simplista e inconsistente de Trump del mundo ha dejado desconcertados, incluso, a los más cercanos a él, preguntándose por qué un presidente tan dispuesto a hacer trizas un acuerdo negociado con Irán favorece el diálogo con Corea del Norte, o cómo un líder que apoya la necesidad de reducir los compromisos militares en Medio Oriente ha estado tan ansioso por comenzar otro en América del Sur.

Buscar coherencia en la política exterior de Trump es una misión por descubrir “algo que simplemente no está allí”, dijo Fernando Cutz, quien sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional bajo los Gobiernos de Obama y Trump. “Va a ser país por país, artículo por artículo. E incluso así, puede que no sea consistente”.

La política exterior del presidente está, en esencia, guiada por el mismo narcisismo que impulsa su toma de decisiones sobre cualquier otro tema: Trump quiere ganar. Y en Venezuela, la coerción es su única estrategia.

Mientras otros –incluido Bolton, a quien Trump despidió en septiembre del año pasado, en parte por “contenerlo” en el tema de Venezuela– tuvieron que hacer concesiones para trabajar en ese entorno, Claver-Carone está viviendo su sueño. Tiene la oportunidad de implementar la estrategia de “máxima presión” que él y otros exponentes de la línea dura han creído por mucho tiempo que se necesita en Venezuela, el respaldo de un presidente que comparte esa visión y el mandato para garantizar que el resto del Gobierno ayude a Trump a aumentar la presión a su máximo real.

Aparentemente, aún no lo han alcanzado, incluso un año después de que la estrategia comenzara abiertamente con el reconocimiento de Guaidó.

“Si me hubieras preguntado en enero de 2017 quién es la peor persona que podría estar en ese puesto de director, habría dicho: ‘Él’, dijo Ben Rhodes a HuffPost el año pasado sobre Claver-Carone. (Rhodes había encabezado los esfuerzos de Obama para normalizar las relaciones de Estados Unidos con Cuba).

No es una visión poco común: Claver-Carone no es el tipo de entendido regional o diplomático experimentado que típicamente ha ocupado su posición en el Consejo de Seguridad Nacional, y tiene poca experiencia en cuanto a los países más grandes de América, una preocupación que casi una docena de expertos en políticas sobre América Latina o exfuncionarios del Gobierno expresaron en entrevistas con HuffPost.

Claver-Carone ha pasado su carrera centrado casi por completo en Cuba, con incursiones ocasionales en las relaciones de Estados Unidos con los Gobiernos de Venezuela y Nicaragua, a los que él y muchos otros de línea dura ven como “regímenes títeres del Gobierno cubano”.

“Es alucinante que tengamos una política determinada por estos tres países, mientras pasamos por alto a Brasil, Chile, Argentina, México”, dijo Christopher Sabatini, profesor de Asuntos Globales en la Universidad de Columbia y fundador de Global Americans, una organización sin fines de lucro centrada en los estudios sobre la región.

“Imagine tener un director de Consejo de Seguridad Nacional para Asia que no supiera nada más que de Laos. De eso estamos hablando. Tienes a Japón y las Coreas, China y Vietnam, y este tipo solo conoce a Laos. Imagine eso”.

Claver-Carone es un anticastrista de pura cepa, criado en el sur de Florida por una madre cubanoamericana. Él “se volvía loco” ante la mención de Fidel Castro, contó a USA Todayun amigo de los tiempos del bachillerato. Como estudiante en el Rollins College de Orlando, Claver-Carone se quedaba después de clase para discutir con su mentor “lo ingenua que es la gente” cuando se trataba de Cuba, informó el periódico.

Si el interés de Trump en Venezuela y Cuba es en su mayoría, y tal vez por completo, una búsqueda cínica de victoria –sobre Maduro y en la Florida (y más allá) en las elecciones de 2020–, Claver-Carone es todo lo contrario. Para él Cuba debería ocupar un lugar prominente en la agenda de cualquier presidente de los Estados Unidos. Ha dedicado su carrera a esa causa.

Después de un breve período como abogado del Departamento del Tesoro durante la Administración de George W. Bush, Claver-Carone inició una carrera como cabildero de la política hacia Cuba. Fue un momento tenso para los intereses a favor del bloqueo. La opinión pública en los Estados Unidos había comenzado a cambiar, el Congreso había dado pequeños pasos para aflojar las restricciones, y la mayor institución probloqueo en Washington se había fragmentado, dejando un vacío en el lado de línea dura.

El primer acto de Claver-Carone como director ejecutivo de Cuba Democracy Advocates –un nuevo grupo sin fines de lucro lanzado por dos ricos empresarios cubanoamericanos que querían llenar ese vacío de línea dura–, fue encargar una encuesta que midiera el apoyo de los votantes cubanoamericanos al esfuerzo de aliviar las restricciones sobre Cuba. La encuesta encontró que la mayoría de los encuestados se oponía a cualquier cambio en el enfoque de los Estados Unidos hacia la Isla.

El sondeo llamó la atención de los medios en Miami, aunque no toda esa atención fue positiva. Al notar que las preguntas de la encuesta eran excesivamente dirigidas o sesgadas, un experto en encuestas lo ridiculizó en las páginas del periódico más grande de Miami como “inútil para determinar las actitudes hacia la política cubana”.

Claver-Carone también dirigió el PAC US-Cuba Democracy (Comité de Acción Política Democracia Estados Unidos-Cuba), que durante los 2000 ha ayudado a atenuar cada impulso para aflojar el bloqueo. Entre 2004 y 2015, ese PAC recaudó más de cuatro millones de dólares e hizo contribuciones a más de 600 comités de campaña.

La primera vez que el nuevo Congreso demócrata votó sobre Cuba, en 2007, un total de 66 demócratas, incluidos varios miembros del liderazgo del partido, votaron contra un esfuerzo por debilitar el bloqueo. De ellos, 52 habían recibido donaciones del grupo de Claver-Carone.

Para 2009, 18 miembros del Congreso habían cambiado su posición sobre el embargo después de recibir dinero del PAC Democracia Estados Unidos–Cuba, según Public Campaign, una organización sin fines de lucro que abogaba por la reforma del financiamiento de campañas. Entre 2003 y 2009, los partidarios del PAC, individualmente y a través del PAC, gastó casi 11 millones de dólares en candidatos al Congreso, dijo Public Campaign.

Una tercera organización liderada por Claver-Carone, Cuba Democracy Public Advocacy Corp., recibió más de 250 000 dólares para hacer lobby en el Congreso acerca de varias iniciativas legislativas relacionadas con Cuba entre 2006 y 2016.

Los esfuerzos de Claver-Carone generaron quejas legales y éticas de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW), un grupo de vigilancia liberal sin fines de lucro, que alegó en cuatro quejas de financiamiento de campañas separadas que los grupos que Claver-Carone supervisó habían violado varias leyes.

La queja más explosiva fue que las tres organizaciones que dirigió estaban inapropiadamente interconectadas. Pero incluso cuando la Comisión Federal de Elecciones expresó su preocupación por las prácticas en múltiples casos, nunca encontró a Claver-Carone o los grupos culpables de violaciones graves, y lo absolvió en el caso más grande que CREW presentó. Entonces, siguió adelante.

Barack Obama ganó Florida en 2008, a pesar de la promesa de reunirse con Raúl Castro, y mantuvo el estado cuando ganó la reelección cuatro años después. Pero Claver-Carone –que había sido anfitrión de una recaudación de fondos en 2012 en la que el nominado republicano Mitt Romney prometió que, si ganaba, “Fidel Castro finalmente será sacado de este planeta”– fue siempre una molestia para Obama cuando el presidente actuó para normalizar las relaciones con Cuba.

Junto con su cabildeo y otras actividades políticas, Claver-Carone dirigía a los cubanos de Capitol Hill, un blog ahora cerrado que durante años fue una lectura obligada para cualquiera que siguiera la política estadounidense sobre Cuba. Actualizó el blog todos los días y también operaba un servidor de listas de correo electrónico para enviar noticias a cualquiera que se inscribiera. El sitio se desconectó cuando Claver-Carone se unió a la Administración Trump. También escribió en su blog para HuffPost: en 2015 escribió que la política de Obama de “hablar por hablar” solo había “servido como una distracción útil para el mundo” mientras el Gobierno cubano fortaleció “su control político y económico sobre el pueblo y su futuro”.

Rhodes, el exasesor adjunto de Seguridad Nacional que se enfocó en los esfuerzos de la Administración de Obama en el tema Cuba, siempre estuvo atento a los boletines diarios y publicaciones en blogs de Claver-Carone. También lo hizo el resto de la Administración.

“Leía su blog y sus correos electrónicos en ráfagas porque descubrí que eran el mejor barómetro de cuál era la reacción más extrema de la línea dura a lo que estábamos haciendo”, recordó Rhodes. “Estábamos muy al tanto de él”.

“Pensé en él como una especie de troll”, dijo Rhodes.

Otros en la comunidad política cubana fueron incluso más duros en su evaluación.

“Es un lanzallamas que hace que todo sea personal y político”, dijo James Williams, director ejecutivo de Engage Cuba, una organización sin fines de lucro opuesta al bloqueo. “Si usted ve el bloqueo de los Estados Unidos como una política ineficaz, será agresivamente etiquetado por él como un cabildero del régimen”.

Para 2015, las bases locales de la política cubana habían cambiado. En la Florida, incluso, la comunidad cubanoamericana se había enfriado en torno a un enfoque duro hacia la Isla, según mostraron las encuestas . Pero la firma de cabildeo de Claver-Carone intensificó sus esfuerzos, su PAC elevó sus contribuciones a los candidatos entre 2014 y 2016, y la legislación del Congreso para levantar completamente el bloqueo nunca progresó.

Para Claver-Carone y sus aliados, las elecciones de 2016 presentaron la oportunidad de elegir a un republicano que quitara fuerza al acercamiento limitado de Obama con Cuba y aumentara la presión sobre los esfuerzos del Gobierno cubano para ejercer más influencia en todo el hemisferio, especialmente en Venezuela.

Al igual que muchos de los más altos funcionarios de la actual Administración, Claver-Carone no tenía la intención de trabajar para Trump. Al comienzo de las primarias republicanas de 2016, apoyó al senador de Florida Marco Rubio, un antiguo aliado de Capitol Hill, y a Jeb Bush, el exgobernador del estado.

Cualquiera de los candidatos, creía Claver-Carone, revertiría de inmediato los acuerdos históricos de Obama con Cuba e impulsaría el objetivo de acabar finalmente con el Gobierno de la Isla.

No era solo que Claver-Carone prefería a sus dos compañeros floridanos. Rechazaba a Trump. En su blog, denunció al favorito del Partido Republicano como alguien que “pondría en riesgo el liderazgo moral e internacional de los Estados Unidos” y lo atacó en publicaciones en Twitter. Temía que Trump, que alguna vez había explorado oportunidades de negocios potenciales en La Habana y nunca había mostrado públicamente una postura particularmente agresiva hacia Cuba, fuera un aliado poco confiable.

Sin embargo, una vez que quedó claro que Trump sería el nominado republicano, Claver-Carone se las arregló para tener el favor del candidato. Se unió a la campaña de Trump como asesor y comenzó a influir en el futuro presidente. En septiembre de 2016, Trump le dijo a una ruidosa multitud en Miami que revocaría las “concesiones” de Obama a Cuba “a menos que el régimen de Castro cumpla con nuestras demandas”.

El lenguaje de Trump “podría haber venido directamente del blog de cubanos Capitoll Hill de Claver-Carone”, observó USAToday más tarde .

Después de que Trump se convirtió en presidente, el secretario de Estado, Rex Tillerson, bloqueó a Claver-Carone, quien había trabajado en el equipo de transición, en el intento por conseguir un trabajo en el Departamento de Estado, dijeron múltiples fuentes. Claver-Carone se conformó con un puesto en el Departamento del Tesoro. Más tarde, se trasladó a la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional.

Mientras tanto, algunos de los asesores iniciales de política exterior de Trump favorecieron un enfoque hacia Venezuela y Cuba de mayor confrontación que el de la Administración Obama. Pero también vacilaban en aceptar los caprichos más duros del presidente, incluidas sus sugerencias de que Estados Unidos simplemente invadiera Venezuela para eliminar a Maduro o su solicitud de que le presentaran opciones militares para hacerlo.

En cambio, Estados Unidos se centró en elaborar un enfoque diplomático que puso a una coalición de Gobiernos latinoamericanos, conocidos ahora como el Grupo de Lima, en el frente para atacar a Maduro. Y Trump, a pesar de sus promesas de campaña, solo revirtió parcialmente los esfuerzos de Obama para normalizar las relaciones con Cuba.

Sin embargo, para agosto de 2017 la Administración había comenzado a intensificar su propia campaña de presión contra Maduro con una nueva ronda de sanciones contra los principales funcionarios venezolanos, que se basó en las que Obama había impuesto. Si bien las sanciones no tuvieron el éxito inmediato que Trump había deseado, le dieron buena prensa. Muchas de las primeras movidas políticas del presidente (represión de la inmigración, una prohibición a los viajeros de varias naciones de mayoría musulmana) le habían valido reprimendas judiciales y provocaron protestas masivas. Entonces, Trump, que está obsesionado con la forma en que los medios lo siguen, disfrutó la respuesta a sus medidas contra Venezuela.

“Casi todo lo que hizo el presidente recibió críticas terribles en la prensa, excepto Venezuela”, dijo un exfuncionario de la Administración Trump. “Por la prohibición musulmana, fueron criticados. Y luego, cuando comenzaron a sancionar a los venezolanos, recibieron una prensa entusiasta. Hasta cierto punto, vieron las sanciones como el regalo que sigue llegando más allá de los esperado”.

En marzo de 2018, de repente, Trump despidió a Tillerson y al asesor de Seguridad Nacional H. R. McMaster. Su decisión de contratar a Bolton para reemplazar a McMaster provocó que varias voces más moderadas sobre Venezuela, incluidos algunos restos del Gobierno de Obama, abandonaran la Casa Blanca. Del mismo modo, asesores que habían favorecido los enfoques diplomáticos a la crisis abandonaron el Departamento de Estado justo antes o inmediatamente después de la expulsión de Tillerson. Varios meses después, Trump y Bolton instalaron a Claver-Carone como el principal asesor del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental.

Fue una victoria para los de la línea dura en Washington y la Florida, que se habían decepcionado por la lenta marcha inicial de Trump en la política hacia Cuba y su falta de acción contundente hacia Venezuela. Rubio, un ardiente crítico de Cuba, había reparado su relación con Trump y se había convertido en una especie de secretario de Estado en la sombra para la Casa Blanca. Luego, en mayo de 2018, Maduro ganó la reelección. Estados Unidos calificó la elección como “un insulto a la democracia” y los intransigentes creyeron que presentaba una oportunidad para una acción más agresiva contra el líder venezolano.

Trump había “sido muy lento para actuar” en sus esfuerzos por “corregir algunos (pero no todos) los errores de la Administración Obama” en Cuba y Venezuela, dijo Everett Briggs, un embajador de la era Reagan en Panamá y Honduras y una destacada figura en la comunidad de línea dura hacia Cuba. Los primeros días de la presidencia de Trump estuvieron marcados por una “lasitud general”, dijo Briggs, al asegurarse de que las posiciones claves fueran ocupadas por “personas que compartan la perspectiva del presidente”.

Claver-Carone ayudaría a solucionar esos problemas, y más. Para la multitud de línea dura, su carrera hiperenfocada en Washington fue una prueba, no de que no tenía experiencia, sino de que era justo lo que Trump necesitaba.

El 23 de enero de 2019, Guaidó se autoproclamó presidente del país, también alegando fraude en las elecciones de mayo de 2018. Estados Unidos respaldó de inmediato y oficialmente el reclamo de legitimidad de Guaidó, una medida que Bolton y Claver-Carone habían instado a Trump a tomar.

El surgimiento de simpatizantes Gobiernos de extrema derecha en Brasil y otras partes de la región también fortaleció los esfuerzos de la Administración Trump e impulsó la estrategia de máxima presión. Estados Unidos acumuló más sanciones contra funcionarios específicos de Maduro, el Gobierno venezolano en general y los pilares de la economía venezolana, incluida la compañía petrolera estatal PDVSA. La idea era simple: las sanciones obligarían a los oficiales militares leales a Maduro a romper con su Gobierno. O fomentarían un levantamiento popular contra él entre los venezolanos enojados.

Mientras tanto, un viejo enemigo de los Estados Unidos fue señalado como un culpable clave de los problemas de Venezuela: los cubanos. En su discurso en Miami en febrero de 2019, una diatriba ostensiblemente dirigida a Venezuela que pintó la lucha para derrocar a Maduro como una lucha hemisférica contra el socialismo, Trump mencionó a Cuba 18 veces.

Desde que Claver-Carone se unió al NSC, la Administración Trump no ha perdido una oportunidad para dirigir la política de Cuba hacia la derecha. Revirtió los planes de normalización de Obama el verano pasado, restableciendo la prohibición de viajar para los ciudadanos estadounidenses e imponiendo sanciones a la Isla. Incluso, bloqueó el acuerdo de la Major League Baseball con Cuba para garantizar la transferencia segura de jugadores cubanos a los Estados Unidos, e intentó sumar a la MLB a las acciones de presión a Cuba para que deje de apoyar a Maduro.

Claver-Carone no es el único responsable de elaborar la estrategia de la Administración, ni tampoco es el único funcionario de línea dura a cargo. Pocos días después de reconocer a Guaidó, Trump nombró a Elliott Abrams, el veterano diplomático neoconservador, como enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela.

Pero muchos en la multitud de línea dura, incluidos los cercanos a la Casa Blanca, han dado crédito a Claver-Carone por la elaboración del enfoque más agresivo de la Administración. Con gran parte del equipo de política exterior de Trump, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, centrado prinmariamente en otras amenazas, reales o percibidas, desde Corea del Norte e Irán, había “un vacío” en el tema América Latina que Claver-Carone ayudó a llenar, según Otto Reich, contrarrevolucionario y terrorista de origen cubano, asociado históricamente a los grupos de la extrema derecha del Partido Republicano de Estados Unidos, que sirvió como embajador en Venezuela a fines de los ochenta.

Rubio, el senador de Florida al que se le atribuye haber movido los hilos de la política latinoamericana de Trump y que ayudó a instalar a Claver-Carone en el NSC, estuvo de acuerdo con ese sentimiento en enero pasado. “Una vez que Mauricio entró, la política pasó a hiperimpulsor”, dijo a The New York Times.

Y lo que ha hecho la influencia de Claver-Carone es solo crecer en los meses posteriores al despido de Bolton. Esa influencia también es evidente para los diplomáticos extranjeros. En noviembre, el embajador de Colombia en los EE.UU. fue grabado en una cinta quejándose de que el Departamento de Estado había perdido gran parte de su capacidad para dar forma a la política latinoamericana y que “las decisiones referentes a políticas las toma ahora principalmente Claver-Carone”.

Claver-Carone “ha facilitado todos los procesos dentro de la Casa Blanca para aumentar el nivel de presión” sobre Maduro, dijo Carlos Vecchio, embajador de Guaidó en Washington. “Es uno de los aliados más importantes dentro de la Administración”.

No cabe duda de que Claver-Carone ha tenido éxito en implementar el enfoque más agresivo que tanto él como el presidente favorecen. En febrero pasado, Estados Unidos lanzó una misión humanitaria propagandística a través de la frontera colombiana con Venezuela, con el objetivo de entregar una supuesta ayuda humanitaria cuando lo que buscaban era enfrentamientos entre la oposición y el ejército, para crear el pretexto de la intervención.

El 30 de abril de 2019, Estados Unidos respaldó el fallido levantamiento militar de Guaidó contra Maduro. En agosto, la Administración Trump impuso otra ronda de sanciones a Venezuela, estableciendo casi un bloqueo total sobre el país. Un mes después, a instancias de EE.UU., varios Gobiernos de América invocaron el Tratado de Río, un pacto de defensa de la era de la Guerra Fría, para cooperar en las sanciones contra el Gobierno de Caracas. A principios de diciembre, buscaron hacer que esas sanciones fueran aún más agresivas, y Estados Unidos también ha pedido a Europa que endurezca sus sanciones. “Necesitamos aumentar el nivel de presión de la comunidad internacional”, dijo Vecchio.

Hasta ahora, la presión no ha funcionado. Guaidó puede generar algunas manifestaciones contra Maduro con un solo tuit, pero no ha sido capaz de fomentar un movimiento sostenido, gran parte de la energía detrás de sus esfuerzos para desalojar a Maduro parecen haberse esfumado.

Mientras tanto, Estados Unidos parece haber sobreestimado la disposición de funcionarios de Maduro a cambiar de bando y subestimado las complejidades de la crisis. Está claro que el control de Guaidó sobre la Asamblea en desacato se ha debilitado un año después de que su declaración de legitimidad sugiriera por primera vez que el “nuevo día de Venezuela era inminente”.

La Casa Blanca ha rechazado continuamente las afirmaciones de que Trump y otros altos funcionarios estadounidenses creían que la lucha para derrocar a Maduro sería fácil. En sus palabras, el problema es que su olla a presión aún no ha alcanzado su máximo.

Pero muchos observadores externos ven una Administración que se está quedando sin opciones, con una estrategia que no es tan estratégica. “Es la presión máxima por la presión máxima”, dijo Mark Feierstein, quien ocupó el puesto de Claver-Carone en el NSC bajo Obama, haciéndose eco de las preocupaciones que otros han tenido desde el principio. “No hay una estrategia detrás de esto”.

Los observadores de la política exterior han advertido durante mucho tiempo que la excesiva dependencia de las sanciones por parte de Estados Unidos puede haberlos dejado sin efectividad, especialmente porque su efecto primario es que lastiman a la gente común en lugar de a los líderes que buscan castigar o derrocar.

“Las sanciones de Estados Unidos son una forma muy efectiva de mostrar oprobio moral, pero históricamente no han sido una forma efectiva de lograr un cambio de régimen en otros estados”, dijo Daniel Erikson, un exfuncionario del Departamento de Estado y autor de The Cuba Wars, una mirada detallada a la política estadounidense hacia el país caribeño. “Si quieren demostrar su extremo disgusto y desconfianza hacia Venezuela y Cuba, las sanciones pueden hacerlo. Lo que no pueden hacer es producir el resultado político que desean”.

El efecto principal de las sanciones venezolanas ha sido exacerbar la crisis para los ciudadanos comunes, provocar continua escasez de alimentos y medicamentos.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han rechazado recientemente la idea de que las sanciones están perjudicando a la población venezolana. La Administración que una vez enfatizó la acción rápida también comenzó a cambiar su enfoque hacia el largo plazo. Hablando de Venezuela en diciembre, Pompeo señaló que la Unión Soviética tardó más de 40 años en colapsar y que los esfuerzos de Estados Unidos no funcionaron “hasta que lo hicieron”.

“Para mí, si intentas una política y después de 60 años no funciona, no debes intentar repetir esa política”, dijo Cutz, el exfuncionario de NSC. “Podríamos fácilmente habernos metido en una caja donde, dentro de 60 años, tenemos las mismas políticas, todos preguntan por qué no nos gusta Venezuela, y nadie puede recordarlo”.

Claver-Carone y el presidente al que sirve perseveran. A principios de enero, la Administración impuso aún más restricciones a los viajes a Cuba. Pompeo dijo que Estados Unidos tomó la medida, en parte, debido al “apoyo desmedido” de Cuba a Maduro y Venezuela.

Fue una señal más de que la Administración sigue comprometida con su enfoque. El único problema que Trump y su equipo parecen ver con su estrategia de máxima presión es que el “máximo” que realmente hará el trabajo siempre está en el horizonte.

24 enero 2020

(Publicado en HuffPost/ Traducción Cubadebate)

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