Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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Las secuelas de la Operación Gedeón: El impacto en Colombia de una incursión fracasada

Aunque otros escándalos han generado estupor en la opinión pública colombiana sin mayores consecuencias, en esta oportunidad parece que el ámbito militar puede hacer peso para sentar varios precedentes.

 

El 26 de marzo se descubrió un plan de incursión militar sobre Venezuela desde Colombia, donde participaban militares venezolanos y asesores norteamericanos, y se supo de la existencia de un contrato firmado entre esas partes, el diputado opositor Juan Guaidó y funcionarios de su interinato, como Juan José Rendón y Sergio Vergara.

Toda esta información fue presentada por el mayor general retirado venezolano Clíver Alcalá desde su casa en Barranquilla, Colombia, como reacción a su incorporación en la lista de funcionarios buscados por el departamento de justicia de EE.UU. El diálogo con el periodista de W. Radio fue así:

C.A.: Yo estoy hablando con el gobierno colombiano, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y me hice responsable ante ellos de esas armas.

Periodista: ¿Eso quiere decir que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas?

C.A.: por supuesto.

 

Una operación huérfana

 

El militar retirado se refiere en la entrevista a un lote de armas incautadas dos días antes en el noreste colombiano, específicamente en la vía Ciénega-Barranquilla, entre los que se contaban 26 fusiles de asalto AR-15 y diversos accesorios militares, como visores nocturnos y silenciadores de fusiles.

También mencionó que las armas iban dirigidas a alias 'Pantera', un oficial que operaba bajo su mando.

Cuando en la madrugada del 3 de mayo se conoció la incursión marítima a Venezuela de un grupo armado por Macuto y Chuao, en el centro norte costero, por medio de dos lanchas rápidas, enseguida se interpretó que se trataba de aquella operación develada en marzo,  especialmente porque entre la lista de los ocho muertos figuraba 'Pantera'. Durante varios días siguieron las capturas de personas que participaban en la operación y entre los detenidos se sumó un sobrino de Clíver Alcalá.

Digamos que políticamente fue una operación huérfana. Ningún actor importante la asumió y desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, hasta Guaidó, pasando por el mandatario colombiano, Iván Duque, todos negaron alguna participación en la acción.

Sin embargo, todos fueron interpelados por el hecho y la mediática internacional tuvo una actitud de condena y de duda sobre si estos actores habían o no participado realmente. De hecho, Guaidó tuvo que aceptar la renuncia de dos funcionarios de su interinato, entre ellos su director de estrategia, J.J. Rendón, firmante del contrato al que hacía mención Clíver Alcalá, y que el día de la incursión sería publicado por el propio Jordan Goudreau, líder de la contratista militar Silvercorp, quien se responsabilizaba del hecho. Ahora se entendía quiénes eran los asesores norteamericanos de los que hablaba el mayor general retirado.

En Venezuela, Guaidó acusó el golpe aceptando las renuncias de los "funcionarios" de su entorno que firmaron el contrato con Goudreau. En EE.UU. tres senadores del comité de relaciones exteriores del senado pidieron explicaciones a su gobierno y Trump ha tenido que responder a cuestionamientos sobre su posible participación en el hecho. ¿Y en Colombia, dónde se preparó la acción, tendrá su fracaso algún impacto o será apenas un escándalo más?

 

¿Habrá reacciones en Colombia?

 

La operación Gedeón fue ejecutada desde Colombia, según las evidencias arriba expuestas, los testimonios de los estadounidenses capturados y las innumerables denuncias del gobierno venezolano. Su fracaso puede parecer para el gobierno de Duque lo que en lenguaje popular se resume como "una raya más pa'l tigre".

Duque ha ido de escándalo en escándalo desde el comienzo de su gobierno. El mismo Trump lo ha responsabilizado del aumento del narcotráfico. En marzo pasado reventó un escándalo sobre compra de votos por  parte de alias 'el Ñeñe', un narcotraficante con vinculación pública con el presidente colombiano, que le colaboró durante su campaña electoral.

Cuando todavía no terminan de aflorar las informaciones y consecuencias de la operación Gedeón, uno de los capturados delató que alias 'Doble Rueda', un jefe narcotraficante cuyo pedido de extradición por EE.UU. ocurrió en diciembre, opera desde su finca sin clandestinidad alguna.

El pasado martes, en rueda de prensa, el ministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, divulgó varios videos de las delaciones de los militares capturados, que hablan de la relación de la operación con narcotraficantes. También se hicieron públicas las supuestas coordenadas donde opera este jefe de la droga, con lo que se lanza una interpelación para su captura.

Todo ello en un momento en el que la prensa internacional se ha mostrado muy crítica con el tipo de operación y la participación de Guaidó.

Así como estos escándalos, otros casos han generado estupor en la opinión pública colombiana, pero rápidamente ha sido pasada la página sin que se establezca ningún tipo de responsabilidad legal o política. Por lo tanto, no parece que alguno de estos hechos, incluida la operación Gedeón, vaya a tener un impacto en la política formal.

Pero en el ámbito militar sí puede tener alguna consecuencia.

Las fuerzas armadas colombianas se han cuidado sobremanera de no relacionarse con los ataques hacia Venezuela. Desde el incidente del puente de Tienditas en febrero de 2019, cuando Guaidó intentó ingresar desde Colombia "ayuda humanitaria", quedó en evidencia que si bien el ejército no pondría freno a las actividades contra el gobierno de Maduro desde territorio colombiano, tampoco participaría directamente en los hechos.

Puede creerse que en medios militares se ha impuesto la idea de que una campaña violenta, que intente cambiar el gobierno venezolano usando ejércitos de otros países, puede generar un conflicto armado que se extienda geográficamente sin tiempos estipulados. La presencia de una confrontación armada con Venezuela va a afectar a Colombia que, a pesar de la alianza con EE.UU., no cuenta con superioridad militar como para incursionar en territorio venezolano sin que ello implique un alto costo en vidas y finanzas.

El fin del conflicto armado colombiano, a partir de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno, no ha desembocado de manera expresa en la estabilidad del territorio colombiano, que aún está plagado de narcotráfico, bandas criminales, paramiliatres, disidentes guerrilleros y otros grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa en la frontera venezolana.

Abrir un frente con Venezuela llevaría al descuido de ese vasto territorio de difícil control que es Colombia. Y en medio de la pandemia, una escalada parece más preocupante.

Ante el alto nivel de riesgo que implica para Colombia intentar desde su territorio un cambio de gobierno en Venezuela por la fuerza, el antimadurismo colombiano seguramente prefiere una operación quirúrgica donde participen venezolanos o el propio gobierno de EE.UU.

El fracaso de la operación Gedeón viene a corroborar que las cosas no serán así de fáciles. Por el contrario, evidencia que el gobierno de Maduro tiene la capacidad militar para neutralizar este tipo de operaciones y que las fuerzas armadas venezolanas se solidifican en torno a su mandato cuando ocurren este tipo de hechos. En conclusión, que este tipo de aventuras puede provocar la desestabilización de la región y si algún país podría salir perdiendo, aparte de Venezuela, es Colombia.

 

La situación actual de Duque

 

Además, el gobierno colombiano se ha venido debilitando los últimos meses. Si los escándalos parecen no hacer mella en el gobierno, la conflictividad política y social sí ha removido sus cimientos.

Luego de perder en las elecciones regionales de octubre del año pasado, el gobierno de Duque sufrió las protestas más fuertes que recuerde el país las últimas décadas. Manifestaciones violentas de calle, paros generales y cacerolazos se convirtieron en parte de la cotidianidad colombiana durante las últimas semanas de 2019. La alta conflictividad social obligó al gobierno a ocuparse mucho más de su crisis interna y bajar la preponderancia que le otorgaba a su pelea con Maduro.

Para mayor presión, el sábado 9, las fuerzas armadas venezolanas denunciaron el hallazgo de tres lanchas militares con armamento y municiones, pertenecientes a las fuerzas armadas colombianas en aguas venezolanas, específicamente en las riberas del Orinoco, en la parte sur de la frontera colombo-venezolana.

El hecho fue reconocido por las fuerzas armadas colombianas, que explicaron que debido a "fuertes corrientes" las embarcaciones fueron arrastradas desde el río Meta, donde estaban amarradas. Y con un lenguaje entre oficioso y cordial, han intentado abrir un diálogo con la contraparte militar venezolana.

La justificación graciosa es solo el comienzo de un 'affaire' que, por lo peligroso, no deja de ser divertido. Maduro ha exigido que sea Duque quien le pida oficialmente las lanchas militares y que, de ser así, serán devueltas. Pero el gobierno de Duque no reconoce a Maduro, así que tendría que pedírselas a Guaidó, para seguir el orden discursivo.

Para todos es sabido que Guaidó no tiene poder para devolverlas, así que la tensión puede moverse hacia la relación entre las fuerzas armadas, que quieren de vuelta sus lanchas y han desplegado un discurso más bien conciliatorio, y Duque, que resulta muy orgulloso para pedirlas a Maduro. De hacerlo, lo reconocería como presidente real y se acabaría el simulacro del interinato del diputado opositor, que solo sobrevive en el relato presidencial colombiano y cada cierto tiempo en el de Trump.

Algo muy similar a lo de las lanchas ocurrió hace pocas semanas, cuando las fuerzas policiales venezolanas capturaron a la protagonista de otro escándalo colombiano, la diputada Aída Merlano, quien se había fugado de la cárcel de Bogotá donde pagaba condena por compra de votos, entre otros delitos. Lo insólito fue que el gobierno de Duque pidió a Guaidó la extradición de la legisladora, lo que acarreó cantidades de memes y chistes sobre el cómico pedimento a un actor que obviamente no tiene capacidad de hacerlo.

Merlano aún está presa en Venezuela y, con el evento de las lanchas, parece que se va a repetir el acto humorístico, a menos que las fuerzas armadas colombianas reclamen seriedad a su Cancillería y se produzca un pedimento oficial al gobierno de Maduro.

También puede tener impacto en los militares colombianos la manera en que el gobierno de EE.UU. se desentiende de la acción, lo que hace pensar que no hay una política clara y definitiva que indique que este último finalmente va a actuar contra Maduro. Y eso tiene efecto sobre todo en Colombia, principal aliado de los norteamericanos en la región, pero también los principales afectados de lo que ocurra en Venezuela.

Para escalar el conflicto con Venezuela, los factores locales tendrían que esperar una acción más decisiva y masiva de EE.UU., y esa opción, después de Gedeón, puede resultar más lejana. Es posible que en un tiempo plausible las fuerzas armadas colombianas estén obligadas a reconocer al gobierno venezolano, así sea para cuestiones vecinales, independientemente de lo que se dictamine desde el palacio de Nariño.

Nadie espera que Duque rectifique su posición intervencionista sobre Venezuela, pero sí puede pasar que algunos factores de poder, incluidos sectores militares,  vayan perdiendo la confianza en la política de confrontación del mandatario colombiano y en su apoyo a aventuras violentas que pueden generar desestabilización en la región.

Bajar los niveles de pugnacidad entre Colombia y Venezuela implicaría para el gobierno venezolano concentrar su diatriba con los EE.UU., pues tanto el grupo de Lima como el gobierno brasileño han preferido privilegiar su política interna y olvidarse un poco de Caracas. La situación colombiana puede obligar a Duque a hacer lo mismo.

Publicado: 14 may 2020 00:13 GMT

Por Ociel Alí López, es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América latina.

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 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un mensaje desde el Palacio de Miraflores el pasado fin de semana, en el cual anunció arrestos relacionados con un intento fallido de derrocarlo y acusó a Estados Unidos de estar involucrado.Foto Afp/Presidencia de Venezuela

Si no dirigió la operación, sí la aprobó

La detención de dos estadunidenses implicados da pretexto para una invasión militar a Venezuela, asegura el académico Fulton Armstrong

 

Nueva York. El gobierno de Donald Trump rechaza haber participado de manera "directa" en la fallida intervención armada contra Venezuela, pero no hay duda de que la mano de Wa-shington dejó sus huellas por todo el escenario del crimen.

Desde que surgieron los detalles de una operación anunciada por el ex sargento de fuerzas especiales estadunidenses Jordan Goudreau –veterano de las guerras en Afganistán e Irak y director de una empresa de seguridad privada en Florida llamada Silvercorp USA– el domingo 3 de mayo destinada al fracaso antes de lanzarse, el gobierno de Donald Trump negó su participación.

El martes 5 de mayo Trump afirmó que el operativo "no tiene nada que ver con nuestro gobierno". Un día después, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó: "no hubo ningún involucramiento directo del gobierno de Estados Unidos en esto".

Pero el vínculo de Goudreau con algunos personajes ligados a Trump y la revelación de que la operación fue elaborada por figuras en Miami que tienen extensos contactos con el gobierno estadunidense, y que fue aprobada inicialmente por el hombre de Washington en Caracas, Juan Guiadó, dejan sin duda a especialistas de que aunque aun si agencias gubernamentales no estaban a cargo, es casi imposible contemplar que no sabían de su existencia durante meses.

Fulton Armstrong, académico del Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University y ex oficial de Inteligencia Nacional para América Latina (analista de más alto rango de la comunidad de inteligencia) entre 2000-2004 y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, así como analista sobre América Latina del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comentó: “cuando Pompeo tuvo que decir que Estados Unidos no estaba ‘directamente involucrado’, dejó claro que estábamos indirectamente involucrados”.

En entrevista con La Jornada, Armstrong señaló que Washington había dado todas las indicaciones de que daría visto bueno a un intento de golpe, y por lo tanto "no se puede decir que no fuimos responsables; nosotros establecimos el marco para lo que ocurrió".

Armstrong indica que cuando el gobierno de Trump apoya explícitamente el cambio de un régimen, empapa a la oposición con dinero, califica de narcoterroristas a los altos mandos del gobierno venezolano y hasta pone una recompensa de 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y otra de 10 millones por otros líderes de ese gobierno, está invitando a operaciones como la que se realizó la semana pasada. "Estados Unidos ha puesto los incentivos para este tipo de operación", subrayó, y "aunque todo indica que esta operación no fue dirigida por Washington, todo también indica que sí fue aprobada ahí".

Señala que ahora, esta coyuntura posterior a la aventura fracasada, es tal vez la más peligrosa. “Ahora hay un pretexto para la acción militar directa de Estados Unidos, al calificar a los ex militares estadunidenses detenidos como ‘rehenes’ junto con los seis ejecutivos de Citgo con doble nacionalidad bajo arresto domiciliario en Venezuela”.

Pompeo afirmó hace una semana: "usaremos toda herramienta disponible para intentar" rescatar a los estadunidenses.

Armstrong recuerda que ya están desplegadas fuerzas navales estadunidenses en el Caribe para la supuesta operación "antinarcóticos" anunciada por Trump el primero de abril, después de presentar cargos por narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro.

Otros observadores coinciden en que partes del gobierno de Trump –sobre todo las agencias de inteligencia, la DEA, y otros– tendrán que haber estado enterados del complot. Un veterano observador comentó a La Jornada que si resulta que es verdad, "deberían ser despedidos" por no hacer su trabajo, sobre todo porque la operación fue revelada al público dos días antes de lanzarse por un reportaje de la agencia Ap.

A la vez, nadie en Washington oculta el objetivo bipartidista de un cambio de régimen en Venezuela. La administración de Trump declaró "ilegítimo" el gobierno de Maduro, seleccionó a Guaidó como representante de ese país, quien ha sido elogiado en repetidas ocasiones por el liderazgo de ambos partidos en Washington, y ha dejado sobre la mesa la "opción militar" desde 2017. "Maduro se tiene que ir", rei-teró Pompeo después de negar la mano de su gobierno en este operativo para secuestrar al presidente.

Pero por ahora no se sabe quién sabía qué ni cuándo dentro del gobierno de Trump. El diputado federal demócrata Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara baja, ha solicitado esa información del Departamento de Estado desde hace más de una semana sin recibir respuesta. "El Congreso necesita saber si las leyes estadunidenses fueron violadas por ciudadanos y empresas del país y si algún elemento del gobierno sabía lo que estaba ocurriendo", escribió Engel en su capacidad de presidente del comité.

Agregó que también se requiere información sobre si se exportaron armas estadunidenses, y “sobre las reuniones en Estados Unidos de cada uno de los contratistas de seguridad privados relacionadas a un asalto potencial en Venezuela, y… si el gobierno de Trump sabía de estas interacciones”.

 

Recuento de daños tras el fracaso del operativo

 

Tal vez fue en parte por estas investigaciones, junto con el daño político a Guaidó al ser vinculado al fracaso espectacular de este operativo, que motivó las renuncias de los asesores del venezolano en Miami, JJ Rendón y el legislador exiliado Sergio Vergara, el pasado lunes.

Rendón fue quien negoció con Goudreau y aprobó, con Guaidó en el teléfono desde Venezuela, un contrato ofreciendo más de 200 millones de dólares si lograba derrocar a Maduro, pero él contó hace unos días que poco después rompió la relación con en el estadunidense, en noviembre de 2019.

Ampliamente conocido por sus nexos latinoamericanos, Rendón renunció como jefe de estrategia de la campaña de relección del presidente colombiano Juan Manuel Santos al ser acusado de recibir sobornos de narcotraficantes, y antes fue señalado como parte de un operativo cibernético a favor de la campaña del PRI en 2012. Rendón ha dicho que ha trabajado a favor de candidatos priístas durante años (https://www.jornada.com.mx/2012/04/02/politica/010n1pol; https://www.jornada.com.mx/2018/01/14/politica/003n2pol).

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Acorralado, renunció J.J. Rendón, asesor de Juan Guaidó

La Operación Gedeón dejó en crisis al líder opositor y a quienes lo rodean

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro.

 

El efecto encadenado del fracaso de la Operación Gedeón continúa: Juan José Rendón, hombre clave en los últimos sucesos que desembocaron en la llegada de mercenarios a Venezuela, presentó su renuncia al “comité de estrategia” del “gobierno interino de Juan Guaidó”.

Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y proceder a una persecución de civiles y militares en el país durante más de un año.

A diferencia de Guaidó, Rendón reconoció haber firmado el contrato. Ante la crisis abierta por la situación, fue él quien salió a dar explicaciones ante los medios de comunicación para realizar un control de daños, e intentar ofrecer una versión ante la cantidad de contradicciones dichas por Guaidó.

La explicación de Rendón fue que firmó, pero el plan no se ejecutó, no porque no estuviera de acuerdo con lo que allí se acordada, sino por su desconfianza con el dueño de Silvercorp, Goudreau. El “estratega” nunca pudo explicar por qué en el contrato aparecía la firma de Guaidó, ni por qué existía un audio de la firma del contrato donde se escucha a Guaidó y a Goudreau.

Las mentiras y gravedad de la situación abrieron una nueva división dentro de la oposición venezolana. El partido Primero Justicia -del cual es miembro Henrique Capriles y Rendón asesoró en su campaña presidencial- pidió que sean removidos de sus cargos quienes se involucraron con la acción.

No solamente Primero Justicia se pronunció contra lo sucedido, sino también una parte significativa de la oposición, tanto de quienes se alejaron del plan que encarna Guaidó, como quienes se mantuvieron alineados.

La renuncia de Rendón, así como la del diputado Sergio Vergara, también firmante del contrato, indica un reconocimiento público del impacto provocado por la Operación, en la cual siguen siendo detenidos mercenarios día tras día, como el día domingo, donde catorce fueron apresados en el operativo policial y militar que se mantiene desplegado en estado de alarma.

La Operación Gedeón dejó en crisis a Guaidó y quienes lo rodean. Alguien debía pagar el costo y fueron Rendón y Vergara. En cuanto a los autores internacionales la estrategia ha sido la de negar y borrar pistas para afirmar que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano estuvieron involucrados en lo que en la prensa estadounidense fue nombrado como Bahía de Cochinos.

Sin embargo, como afirmó la carta de tres senadores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall: “o bien el gobierno de Estados Unidos no estaba al tanto de estas operaciones planificadas, o estaba al tanto y les permitió proceder, ambas posibilidades son problemáticas”.

El gobierno venezolano afirmó desde el inicio que esta Operación tuvo participación de Estados Unidos vía la DEA -con la cual el “gobierno de Guaidó” publicitó haberse reunido en agosto del año pasado- y de Colombia que facilitó el territorio de principio a fin, aún con las denuncias del gobierno y de uno de los implicados, Cliver Alcalá, que afirmó que la administración de Iván Duque estaba al tanto de los campos de entrenamiento militares.

Estas renuncias suman así un nuevo capítulo de una acción -conectada con otras operaciones armadas pasadas y en preparación- que dejó escrito blanco sobre negro hasta dónde está dispuesta a llegar la estrategia golpista en Venezuela, no solamente para derrocar a Maduro, sino para “estabilizar” el país, como quedó detallado en el contrato. 

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J.J. Rendón, el oscuro personaje detrás de la trama para derrocar a Maduro

La trastienda de la Operación Gedeón en Venezuela

Juan José Rendón, quien se presenta como “responsable del comité de estrategia de Guaidó”, reconoce haber firmado un contrato en octubre del 2019 con la contratista militar estadounidense Silvercorp. 

 

La Operación Gedeón provocó numerosas interpretaciones y dejó preguntas sin responder. Al igual que sucedió el 30 de abril del 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López simularon la toma de una base militar en Caracas para activar un golpe, la confusión fue parte central de la escenografía.

Sin embargo, algo quedó claro en este caso: Juan José Rendón, quien se presenta como “responsable del comité de estrategia de Guaidó”, reconoce haber firmado un contrato en octubre del 2019 con la contratista militar estadounidense Silvercorp por un monto de 212 millones de dólares.

Ese contrato, publicado por el Washington Post , planteaba tres fases. En primer lugar, la preparación de quienes debían llevar adelante las acciones. Luego, la realización del “objetivo primario” que era “capturar/detener/remover a Nicolás Maduro, eliminar el régimen actual e instalar al presidente venezolano reconocido, Juan Guaidó”. Finalmente, la participación de Silvercorp en un período de 450 días -prolongable- de “restablecimiento de la estabilidad en el país”.

La “estabilización del país” significaba que la contratista militar sería parte del ataque y persecución de militares, “elementos no militares del mando y control del régimen anterior”, represiones, detenciones, el cumplimiento de toques de queda, controles de frontera, con autorización para “usar la fuerza, hasta e incluyendo la fuerza mortal, para eliminar la amenaza”.

Todo está escrito en un anexo de 41 páginas con precisiones sobre, por ejemplo, cuándo y cómo utilizar minas antipersonales M18A1 claymore, las cadenas de mando, las formas de pago, donde, en caso de “insolvencia en efectivo”, Silvercorp cobraría “en barriles de petróleo”.

Rendón reconoce haber armado y firmado ese contrato como parte del “gobierno de Guaidó”, y sostiene que era y es parte de sus tareas como “estratega” para lograr el “cese de la usurpación”, es decir el derrocamiento. Afirma que no hizo efectivo el contrato, pero el escenario planificado es una de las posibilidades sobre las que siguen trabajando -para lo cual consultaron con otras contratistas más.

Así, entre tantas hipótesis, mentiras e interpretaciones sobre la Operación Gedeón, queda claro un punto: existe un intento de capturar/asesinar a Maduro, los principales dirigentes del gobierno y perseguir al chavismo en sus diferentes niveles en un escenario que abre puertas a un enfrentamiento armado interno. Ese intento no se detendrá.

No es nuevo, pero, ahora tomó -nuevamente- forma pública, innegable, y llegó al punto en que un grupo de cerca de sesenta personas, ex integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, civiles y ex miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos que estuvieron en Irak y Afganistán, arribaron armas en mano a las costas del país.

No se trata de un hecho desconectado. La Operación se enmarca dentro del precio puesto por el Departamento de Justicia estadounidense a la cabeza de Maduro y Diosdado Cabello -otro objetivo militar marcado en el contrato- el bloqueo económico abiertamente reconocido, el anuncio de la pronta caída de Maduro realizada por la administración de Donald Trump, y una trama sostenida de este tipo de acciones encubiertas, relacionadas unas con las otras.

¿Cómo se gobierna en ese contexto? ¿Qué ingenierías de defensa son necesarias para evitar la ejecución de planes de esa naturaleza? ¿Cómo afecta al gobierno, la forma de gobernar y al conjunto de la política?

Es un escenario bélico, una excepcionalidad permanente que ha envuelto la dinámica política en lo últimos años. Se trata de una dialéctica de trincheras, un asalto continuado y un gobierno en permanente desmontaje de operaciones, sorteo de bloqueo, y aplicación de claves de la excepcionalidad a gran parte de la política.

La Operación Gedeón buscó quebrar este escenario, es decir lograr el derrocamiento con mercenarios a través de una acción que abriría las puertas a un posterior enfrentamiento armado. La figura de Gedeón, además de la religiosidad, remite a una táctica de guerra: un ataque nocturno en inferioridad numérica para sembrar confusión en las filas del enemigo.

La Operación fue derrotada, parcialmente. Quienes desembarcaron eran parte de un conjunto mayor: según los detenidos estadounidenses, Luke Denman y Airan Seth, el plan era tomar aeropuertos, para que, una vez capturado Maduro -en caso de secuestro y no de asesinato- aterrizara un avión para extraerlo. ¿De dónde vendrían los aviones? ¿Colombia, Estados Unidos?

Los hombres que llegaron eran parte de un plan mayor que no terminó. ¿Cómo seguirá? Es necesario leer con precisión las reacciones en Estados Unidos y dentro de la administración de Donald Trump que, como era predecible, negó toda participación y contestó con arrogancia y amenaza: “Si quisiera ir a Venezuela no lo haría en secreto, lo haría y no podrían hacer nada, no mandaría un grupo pequeño (…) sería un ejército, se llamaría una invasión”.

En cuanto a la dinámica nacional la ecuación es clara: la oposición enfrenta otro efecto derrota con sus consecuentes enfrentamientos, pérdidas de credibilidad y fuerza, y el gobierno envía un mensaje de fortaleza tanto a los sectores golpistas opositores como a potenciales traidores internos, y sostiene su unidad y mando.

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En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro anunció la captura de otros tres terroristas implicados en la Operación Gedeón.Foto Ap

La Operación Gedeón incluía uso de "bombas de precisión"

 

Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodriguez, aseguró ayer que el contrato de la Operación Gedeón, el intento de invasión golpista contra Caracas frustrado el pasado fin de semana, incluía un "bono de éxito" de 10 millones de dólares.

"Los Asesores de Proveedores de Servicios asesorarán y asistirán al Grupo Asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar/detener/eliminar a Nicolás Maduro, eliminar el actual régimen e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó", señala el texto del documento, en referencia al líder opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Para ello, según el contrato, Silvercorp proporcionaría un grupo de reacción inmediata destinado a la realización de operaciones en varios lugares del país a las órdenes de Guaidó. Si la eliminación del presidente Maduro se concretaba, el gobierno entrante se comprometía a pagar un "bono de éxito" de 10 millones de dólares, aunque no se especifica si es a cada participante o en total.

De las 47 páginas del contrato, cuya autenticidad niega Guaidó, solo se han publicado siete.

Según lo revelado por Rodríguez, en sus primeros artículos el documento define tres grupos: Asociado (ex militares venezolanos), Asesores (personal del proveedor de servicios, es decir, Silvercorp) y el de Tareas (socios). La cadena de mando para la operación estaba encabezada por Juan Guaidó (comandante en jefe), Sergio Vergara (supervisor general del proyecto), Juan José Rendón (estratega jefe) y un comandante en el sitio "por determinar".

La información procede de los anexos del contrato firmado por Juan José Rendón, Sergio Vergara y Guaidó –representantes de la oposición venezolana– con la empresa estadunidense Silvercorp.

Las primeras siete páginas fueron exhibidas por el dueño de Silvercorp, el ex boina verde estadunidense Jordan Goudreao, el pasado 3 de mayo, día en que fue desarticulada una primera avanzada que intentó entrar en Venezuela por las playas de Macuto, cerca de la frontera con Colombia.

La fuerza de choque de Silvercorp igualmente estaba autorizada a detener cualquier persona (civil o militar) "que interfiera" con la misión y a emplear "fuerza mortal" en el control de disturbios y el taser (paralizador eléctrico a distancia) en centros de detención.

Además se autorizó al personal de Silvercorp "a aprobar ataques contra los siguientes objetivos en áreas de alto daño colateral: liderazgo militar del antiguo régimen, elementos no militares del mando y control del régimen anterior (...). El uso de todos los tipos de armas convencionales está permitido". En ese punto incluyen las bombas guiadas de precisión y minas M18A1, entre otras.

El contrato identifica como "fuerzas hostiles ilegítimas" a las "fuerzas de seguridad del antiguo régimen, fuerzas aéreas, terrestres y navales convencionales y/o no convencionales".

Se prometió que los contratistas recibirían atención médica si resultaban heridos durante el ataque y una compensación de 450 mil dólares a sus familias de miembros del Grupo de Tarea, en caso de muerte, así como indemnización por 250 mil dólares por pérdida de algún miembro o de la vista durante la misión.

Todos los artículos "recuperados" durante la operación –oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dinero en cuentas bancarias– serían inventariados por Silvercorp, que conservaría por comisión un 14 por ciento del valor real o de tasación de estos artículos.

Hasta ocho ex militares venezolanos y mercenarios murieron en el intento de invasión; todos fueron entrenados en Colombia con el apoyo de Estados Unidos.

Además de los 21 detenidos, incluidos dos estadunienses imputados por los cargos de “terrorismo, conspiración y tráfico de armas, ayer se informó del arresto de un supuesto integrante del grupo en La Guaira, Rafael Enrique Castro Sandoval, alias El Miche.

Goudreau ha confirmado que firmó un contrato con Guaidó por 212 millones de dólares para la Operación Gedeón el pasado 16 de octubre, pero sólo recibió 50 mil dólares a través del consultor político Juan José Rendón, quien también ha reconocido su firma.

La oposición habría prometido pagar el resto más adelante, aunque no lo ha hecho, de acuerdo con Goudreau, quien aseguró que "tienen dinero en Estados Unidos en una cuenta de Citgo", la filial estadunidense de la petrolera venezolana, PDVSA, que la Casa Blanca ha puesto bajo control de Guaidó. "Tenían el dinero para pagarme pero no me pagaron”, se quejó.

Anuncian la captura de otros tres implicados

El presidente Nicolás Maduro anunció ayer la captura de otros tres terroristas implicados en la incursión marítima del pasado domingo en el estado La Guaira.

"Tengo que informar que hemos capturado tres mercenarios más el día de hoy, fueron atrapados por el grupo de comando de mar número 82", informó el jefe de Estado en cadena de radio y televisión.

Por otra parte, las autoridades militares de Venezuela hallaron ayer tres lanchas con material de guerra y emblemas de la Armada de Colombia en un río al sur del país que, según confirmaron las autoridades de ambos países, llegaron al país arrastradas por la corriente.

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, muestra los pasaportes de dos ciudadanos estadounidenses, acusados por el gobierno venezolano de participar en un supuesto intento de incursión durante una rueda de prensa sobre un presunto golpe de estado. Marcelo Garcia /Prensa Miraflores / DPA / Europa Press

Un asesor de Guaidó acordó el plan con el mercenario Jordan Goudreau, pero más tarde rompieron la relación y Goudreau siguió adelante con la operación buscando los 15 millones de dólares que ofrecía EEUU por Nicolás Maduro

 

Pocas veces el dinero fácil se ofrece a cambio de una operación tan complicada. Cualquiera habría desconfiado. No era tan simple como parecía. Les pedían invadir un país del que lo desconocía casi todo. Secuestrar a su presidente para llevarlo a Estados Unidos. Cobrar la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos y luego esperar que la suma aumentara en función de la generosidad de quienes asumieran el poder.

No obstante, el plan para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro y llevárselo a Florida para que enfrentara allí un juicio por narcotráfico parecía solvente para un antiguo sargento del ejército estadounidense, Jordan Goudreau. Al menos mientras lo diseñaba en un lujoso apartamento en Miami a finales de 2019. El antiguo boina verde de 43 años, que también tiene nacionalidad canadiense, estaba seguro de que su experiencia en Irak y Afganistán le había preparado para una misión como esa.

A sus interlocutores de la oposición venezolana también debía sonarles sensato, incluso tras el fracaso del último de los intentos previos de golpe de Estado ese mismo 2019. Por eso los representantes de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados reconocen como presidente legítimo de Venezuela, firmaron un contrato con Goudreau con ese objeto: Derrocar a Maduro.

Pero en entrevistas concedidas a The Guardian, uno de los líderes más importantes de la oposición ha explicado que comenzaron a dudar de Goudreau y llegaron a cortar relación con él meses antes de que lanzara una incursión que terminó en desastre y cuyo eco recuerda al fracaso de la invasión de Cuba a través de la Bahía de Cochinos en 1961. La debilidad de su plan fue puesta de manifiesto cuando dos antiguos miembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos acabaron expuestos ante el público en harapos. Airan Berry y Luke Denman fueron detenidos en el mar, antes de poner pie en Venezuela.

Se cree que en la operación murieron ocho personas y más de 100 acabaron detenidas. Berry y Denman aparecieron en la televisión pública venezolana dando algunos detalles sobre el plan para tomar la casa presidencial y enviar a maduro a Estados Unidos.

Goudreau había anunciado una "audaz incursión anfibia". Su nombre en código, de inspiración bíblica: Operación Gideon, símbolo de la victoria del débil frente a un rival de mayor envergadura. "Hemos activado unidades en el sur, el oeste y el este de Venezuela", dijo vestido con una camisa verde y junto a quien fuera capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, Javier Nieto Quintero.  

Pero en el momento de hacer público tan importante anuncio, el operativo ya había fracasado. La agencia Associated Press había publicado una larga investigación dos días antes exponiendo el plan. Si AP lo sabía, es probable que el Gobierno venezolano estuviera al corriente.

Goudreau formó parte del Ejército de Canadá en la década de los 90 y estudió en la Universidad de Calgary antes de unirse a los boinas verdes estadounidenses. Fue sargento médico durante 15 años y estuvo destacado en Irak y Afganistán varias veces. En 2018, después de abandonar el Ejército, Goudreau creó una empresa de seguridad, Silvercorp USA.  Su plan era ofrecer guardias a las escuelas de Estados Unidos para protegerlas de los ataques armados que sufren.

En su página web, Silvercorp se ufana de que Goudreau lideró "equipos de seguridad multinacionales para el Presidente de Estados Unidos". Ha provisto de seguridad privada en mítines políticos de Donald Trump.

Juan José Rendón, un viejo conocido en Latinoamérica

A principios de 2019, Goudreau prestó sus servicios en un concierto en apoyo a los refugiados venezolanos en la frontera colombiana organizado por Richard Branson, el multimillonario dueño del imperio Virgin. Allí conoció a Cliver Alcalá, un exgeneral venezolano que desertó para sumarse a las filas de la oposición. El dúo comenzó a hablar de la posibilidad de derrocar a Maduro.

En septiembre, el complot avanzaba. Se reunió en Miami con Juan José Rendón, un exiliado venezolano al que Guaidó ha encargado el diseño de estrategias para tomar el poder.

Juan José Rendón es un viejo conocido de la política latinoamericana. Dimitió como asesor del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos debido a las acusaciones de que había recibido dinero de narcotraficantes. También lo acusaron de manipular las elecciones de 2012 en México. Él niega categóricamente ambas informaciones.

Guaidó creó un grupo asesor al que encargó el diseño de planes para terminar con el régimen de Maduro. La función de Rendón era asesorar a ese grupo sobre el mejor modo de poner esos planes en marcha. 

El asesor cuenta que habían explorado todas las posibilidades –legales– de derrocar al presidente. Incluso las leyes referentes a la piratería. Entrevistaron a expertos en seguridad, la mayor parte exmilitares que ofrecen sus servicios especializados a cambio de cifras multimillonarias. "No había límites, 1000 millones, 1500 millones de dólares", señala Rendón a The Guardian.

La empresa de Goudreau era mucho más barata. Un fijo de millón y medio de dólares y algo más de 200 millones a pagar a partir de los beneficios futuros de la explotación del petróleo venezolano. Rendón afirma que [Goudreau] "estaba preparando algo en Venezuela que pasaría por la frontera colombiana". Goudreau dijo que tenía 800 hombres listos para la invasión.

Tras una serie de encuentros, en octubre llegaron a un acuerdo que consistía en "una operación para capturar, detener, derrocar a Nicolás Maduro… derrocar el régimen en vigor e instalar al presidente reconocido de Venezuela, Juan Guaidó", señala Rendón.

Goudreau ha publicado varias de las páginas del acuerdo, una de ellas firmada aparentemente por Guaidó. Quien iba a convertirse en presidente del país dice que la firma no es suya y ha negado vínculo alguno con el plan.

Rendón se tomó la relación con Goudreau tan en serio como para pagarle 50.000 dólares de su propio dinero para cubrir gastos. "Se quejó de que yo era rico y él estaba gastando dinero sin serlo", cuenta.

El acuerdo entre ambos recogía que Silvercorp tenía 45 días para entrenar y equipar una fuerza de invasión antes de que varios equipos se infiltraran en Venezuela para tomar posiciones y edificios desde los que alentar a la población a un levantamiento.

Goudreau empieza a perder credibilidad

Pero Rendón no tardó mucho en comenzar a dudar de la disponibilidad de los recursos y la experiencia de los que Goudreau se jactaba y comenzó a preocuparse por un comportamiento errático que incluía peticiones de dinero constantes.

Rendón ha mostrado a The Guardian mensajes de texto que, afirma, son de Goudreau y en los que muestra su enfado y pide un avance de millón y medio de dólares. "Recibiré el millón y medio por la vía legal. Qué vergüenza", dice uno de los mensajes. "Te lo pusimos en bandeja de plata y lo jodiste todo", dice otro.

"Después de esto, tu credibilidad en Washington equivale a cero", se lee en otro. "Eres multimillonario, debería darte vergüenza no arreglar tu país. No te mereces vivir en Estados Unidos". Ni Goudreau ni su abogado han contestado a The Guardian.

Mientras preparaba la incursión que acabaría abortada, Goudreau declaró a Factores de Poder, un canal de Youtube que emite desde Miami: "Siguieron prometiéndome que pagarían semana tras semana. Eso duró un mes hasta que más o menos nos dimos cuenta de que no iba a pasar nada".

Rendón sostiene que había perdido la confianza en Goudreau por su "carácter y su comportamiento", así como por "falta de respeto". Asegura que Guaidó había comenzado a sospechar que Goudreau hablaba demasiado.  "En Colombia se reunía antes que con nosotros con gente relacionada con ciertos grupos que no aprobamos porque están relacionados con el régimen", añade el asesor.

La disputa sobre la cantidad fija de millón y medio de dólares llegó a su momento crítico en noviembre, durante una reunión en el apartamento de Rendón en Miami en la que Goudreau, Nieto y otros exiliados se enfrentaron con el asesor político. "La conversación se calentó más y más y al final Nieto tuvo que proponer que saliéramos al balcón para relajarnos", recuerda Rendón. Goudreau se fue sin su dinero. Rendón dijo que no supo más de él hasta abril, cuando recibió una carta de un abogado que le reclamaba el pago del millón y medio de dólares.

Rendón no había sido el primero en desmarcarse del acuerdo con Goudreau. Drew White, que sirvió en el Ejército con Goudreau, Denman y Berry y había ayudado a crear Silvercorp se separó de él en 2019, al empezar a prepararse el plan para secuestrar a Maduro. Le parecía que iba más allá de lo que debía. "Por mucho que quieras apoyarle como amigo, no tenía los pies sobre el suelo", dijo White a Associated press. "Nada de lo que decía tenía sentido".

Ephraim Mattos, que fue miembro de la Marina de Estados Unidos y formó en medicina táctica a algunos de los hombres que participaron en la invasión declaró a The Wall Street Journal que había tratado de detener la operación, pero Goudreau decidió seguir adelante.

Los preparativos sobre el terreno comenzaron a caer en marzo. La policía colombiana detuvo entonces a Jorge Alberto Molinares conduciendo un Renault Duster lleno de fusiles de asalto, chalecos antibalas y cascos rumbo a una casa en Riohacha, una localidad costera a menos de 100 kilómetros de la frontera venezolana.

Las autoridades vigilaban la casa desde que el propietario se había quejado de que los conspiradores no pagaban el alquiler. Molinares dijo a los investigadores que llevaba el cargamento a un hombre apodado "Pantera" que las autoridades venezolanas identificaron como Robert Levin Colina Ibarra, fallecido durante el fracaso de la invasión.

Los planes de Goudreau se complicaron aún más cuando Alcalá, el exgeneral venezolano con cuyo apoyo creía contar, fue acusado de los mismos delitos de narcotráfico lanzados contra Maduro. Antes de entregarse, Alcalá dijo a The Guardian que hizo lo que hizo con conocimiento de "contratistas estadounidenses y el Gobierno colombiano", pero no dio más detalles.

En Marzo, al anunciar las acusaciones, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por pistas que permitieran la captura de Maduro y aportaran pruebas a la investigación abierta por narcotráfico.

Una vez que Goudreau tuvo claro que no iba a recibir dinero de Rendón, ganó fuerza la supuesta recompensa que podría recibir de su propio Gobierno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arqueó las cejas esta semana al tiempo que negaba implicación "directa" en el complot.

Berry, uno de los mercenarios estadounidenses capturados, dijo en la televisión venezolana que el plan consistía en llevarse al presidente de la casa presidencial, un edificio del siglo XIX situado en pleno centro de Caracas. Pero no dio detalles sobre la logística del operativo más allá de que iban a tomar un aeropuerto militar cercano y aviones para llevarse a Maduro.

Una vez los pretendidos liberadores de Venezuela fueron conducidos a la costa el pasado domingo, tras su detención, Maduro afirmó que tenía agentes infiltrados en la operación hace tiempo y que estaban listos para desmontarla. "Lo sabemos todo", dijo. "Qué comen, qué no comen, lo que bebieron. Quién pagó". 

Guaidó dijo que si el presidente venezolano había dejado que la operación avanzara pese a toda esa información, tenía las manos manchadas de sangre. "Nicolás Maduro eres responsable. Sabían de la operación, se infiltraron y esperaron para masacrarlos", afirmó.

Goudreau ha sido más gráfico al referirse a la 'Operación Gideon' una vez que todo se hundía a su alrededor: "He perdido mucho dinero. Mucho. Fuimos muchos los que nos unimos para preparar esto. He luchado toda mi vida por la libertad. Es todo lo que sé".

 Por Julian Borger / Joe Parkin Daniels / Chris McGreal - Washington / Bogotá

08/05/2020 - 22:28h

 Traducido por Alberto Arce

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Sábado, 09 Mayo 2020 05:54

Una invasión de utilería

Policías de las fuerzas oficiales de Venezuela vigilan la zona donde ocurrió el enfrentamiento con un grupo armado que incursionó con lanchas en la costa de la localidad de Macuto / Foto: Xinhua, Marcos Salgado

La Operación Gedeón contra Venezuela.

 

La reciente invasión a la costa próxima a Caracas por pequeños comandos fue reducida por las fuerzas leales a Nicolás Maduro con sorprendente facilidad. Lo difícil, en cambio, se presenta con el cierre de las vías para los acuerdos políticos, bajo el peso de una grave crisis social y económica.

 

Rebeldes venezolanos, con el apoyo de mercenarios estadounidenses, intentaron un golpe de mano, el 3 de mayo, para atacar y quizá capturar al presidente Nicolás Maduro: a bordo de pequeñas lanchas buscaron infiltrarse por las playas cercanas a la capital, pero fueron descubiertos. Ocho resultaron abatidos y 18 fueron detenidos, según la información oficial.

El primer episodio se registró en Macuto, una población a orillas del mar Caribe y 32 quilómetros al noreste de Caracas, donde diez individuos, que arribaron de madrugada en una pequeña lancha de turismo, alcanzaron una casa en la que, se supone, tenían vehículos con armas. Los descubrió un comando policial, que los enfrentó con apoyo militar. Allí se dieron las ocho muertes y dos de los arrestos. Del lado oficial no hubo bajas.

Sólo se informó la identidad de uno de los fallecidos, el capitán de la Guardia Nacional Robert Colina (36), alias Pantera, autoexiliado en Colombia desde el año pasado. Horas después, en Chuao, pequeño pueblo costanero al noroeste de Caracas, ocho individuos a bordo de un bote fueron interceptados por pescadores, que los capturaron con ayuda de policías, sin disparar un tiro. Otros individuos fueron aprehendidos en otros puntos de la costa y en Maracaibo, la capital petrolera del Occidente, hasta completar 18 detenidos. Las autoridades aún buscan más.

Entre los cautivos de Chuao están dos capitanes retirados de la Guardia Nacional, el hijo de un excomandante general del Ejército y dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, que sirvieron en fuerzas especiales de su país y al parecer ayudaron durante semanas a entrenar a los atacantes en una casa en el norte de Colombia. Desde allí habrían partido las lanchas para la incursión en el centro-norte de Venezuela, un recorrido de cientos de millas por aguas del Caribe.

BOINAS, MENTIRAS Y VIDEO.

En un video del interrogatorio a Denman, mostrado por Maduro en una conferencia de prensa virtual el 6 de mayo, el estadounidense declaró que actuaba contratado por la firma de seguridad Silvercorp, registrada en el estado de Florida y propiedad de Jordan Goudreau, un ex boina verde que actuó como médico militar en Afganistán e Irak.

Denman dijo que su misión era asegurar y controlar un aeropuerto para cuando llegase un avión a trasladar a Maduro. Es decir, el comando contemplaba la captura del presidente y su posterior traslado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al sucesor de Hugo Chávez de narcotráfico y otros delitos, y ha ofrecido 15 millones de dólares de recompensa por su captura, así como cantidades algo menores por una docena de sus colaboradores civiles y militares.

La madeja de la invasión, destejida parcialmente mediante revelaciones de prensa desde antes de los hechos, muestra que Goudreau pactó, con asesores de la oposición radicados en el exterior, entrenar a los expedicionarios e infiltrarlos en Venezuela para atacar instalaciones militares, propiciar levantamientos y desmembrar el gobierno. Se discute si Juan Guaidó, titular del Parlamento y reconocido como “presidente legítimo” por Washington y otro medio centenar de gobiernos, firmó o no un contrato millonario con Goudreau para financiar la fallida Operación Gedeón.

Mientras la operación fracasaba en las costas de Venezuela –obviamente el gobierno la había infiltrado y la esperaba–, Goudreau declaraba en Miami, junto con otro militar desertor de Venezuela, que Guaidó había incumplido con los pagos previstos en el contrato, los que, según el ex boina verde, sumarían 200 millones de dólares. A su vez, Guaidó negó que hubiese firmado un contrato, rechazó cualquier imbricación con el contratista estadounidense y la fallida invasión, reclamó respeto a los derechos humanos de los capturados y reiteró su demanda de que Maduro se aparte del poder para conformar un gobierno de transición que atienda la crisis y organice nuevas elecciones.

Por su parte, Maduro acusó de complicidad a Guaidó y a la oposición radical, recordó que está en marcha un proceso para renovar el poder electoral –pero no para elegir un nuevo presidente, sino un nuevo Parlamento– e insistió en la tesis oficial de que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia son cómplices de la Operación Gedeón. Bogotá rechazó la acusación, y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que su administración nada tiene que ver con lo ocurrido. “Si hubiéramos participado, el resultado habría sido distinto”, comentó a la prensa su secretario de Estado, Mike Pompeo.

 

MIENTRAS, SIGUE LA CRISIS.

 

La Operación Gedeón sorprende a los venezolanos en su tercer año de hiperinflación (130.160 por ciento en 2018 y 9.589 por ciento en 2019, según cifras oficiales), con más del 80 por ciento de la población en la pobreza (el salario mínimo equivale a 3 dólares mensuales) y nueve de sus 28 millones de habitantes en inseguridad alimentaria, según agencias de las Naciones Unidas. Y con los servicios esenciales –agua, luz, gas, transporte y acceso a la salud– desplomados, al punto de causar decenas de protestas diarias en todo el país aun con la cuarentena implantada por la covid-19 en marcha, y de provocar, en algunos pueblos deprimidos de provincia, saqueos a tiendas de alimentos (véase “Maduro camina en un campo minado”, Brecha, 30-IV-20). El deterioro de la calidad de vida empujó a emigrar, desde 2015, a casi cinco millones de venezolanos.

Capítulo aparte merece la escasez de gasolina, en un país que durante un siglo fue un importante exportador de petróleo crudo y derivados. Las refinerías no funcionan y las sanciones impuestas por Estados Unidos dificultan la importación de combustible y, sobre todo, la obtención de divisas para poder comprarlo. Por añadidura, el desplome del mercado petrolero al caer la economía global con el avance de la covid-19 puede dejar a Venezuela con ingresos por exportaciones de crudo de apenas unos 3.000 millones de dólares, cuando hace una década rozaba los 100.000 millones anuales.

En las pocas estaciones de servicio que despachan combustible, todas de la estatal Petróleos de Venezuela, se forman durante horas o días colas de cientos de vehículos para adquirir unos pocos litros de gasolina si el propietario demuestra que trabaja en un servicio esencial en medio de la cuarentena. Venezuela tiene oficialmente la gasolina más barata del mundo, unos diezmilésimos de dólar por litro, pero en el omnipresente mercado negro tiene la más cara, hasta cuatro dólares por un litro de carburante.

Sobre esta crisis social y económica está la política, con los herederos de Hugo Chávez –fallecido en 2013– abroquelados en el poder y una oposición que no acierta a reunir fuerza y estrategia para desalojarlos. No hay acuerdos para dirimir electoralmente esas diferencias y convenir una mínima convivencia. Y ahora, al asomar la nariz mediante la Operación Gedeón la lucha política armada –aun si se trata de un grupo marginal que no expresa a la mayoría opositora–, se cierran más los caminos del diálogo, del entendimiento y los acuerdos propios de la lucha política pacífica y democrática. No es un buen presagio.

Por Humberto Márquez

8 mayo, 2020

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Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

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Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.

La extorsión a Venezuela crece 

EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.

 

El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocaría  elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.

Paso a paso, los 13 puntos y las 2 garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen latinoamericano deje el poder. Dentro del programa existen señales inequívocas para gran parte de la actual administración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un Marco de Transición Democrática para Venezuela e instó al dictador Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones.

Luego de más de un año de esfuerzos liderados por el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, Pompeo dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus.

Cómo es el plan presentado por el Departamento de Estado norteamericano:

1 - El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); la Corte Suprema (TSJ) levanta la orden de rebeldía y restablece todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades para los diputados; la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se disuelve. Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros de ANC debido a su membresía a la ANC.

2 - Todos los presos políticos son liberados de inmediato.

3 - Todas las fuerzas de seguridad extranjeras parten de inmediato a menos que estén autorizadas por 3/4 de los votos de la AN.

4 - La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que son aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de AN. Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre el personal para cualquiera de estos puestos. Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su membresía en esos cuerpos.

5 - La AN aprueba la Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de AN selecciona dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador del estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado luego seleccionan a un quinto miembro, que será Secretario General, y que se desempeña como Presidente interino hasta las elecciones y no se les permite ser candidatos para presidente en las elecciones. Los miembros del consejo no pueden ser miembros de AN o TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.

6 - Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la UE levantarán las sanciones contra aquellos que reclamaron las autoridades presidenciales que se impusieron debido a que mantuvieron sus cargos anteriores una vez que el Consejo de Estado está funcionando y esas personas renuncian a cualquier reclamo adicional para ocupar cargos ejecutivos y reconocen al Consejo de Estado como el Poder ejecutivo exclusivo.

7 - Una vez que se establece el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad extranjeras se han marchado (a menos que se apruebe por 3/4 de voto en la AN), se suspenden las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.

8 - El Consejo de Estado nombra nuevo gabinete. Los Estados Unidos levanta las sanciones a los ex miembros del gabinete debido a sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.

9 - La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica, el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que ahora se complementarán con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.

10 - Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informa a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tiene cinco miembros, que son seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca crímenes de motivación política desde 1999, excepto crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran el apoyo a la remisión de la Corte Penal Internacional.

11 - El Consejo de Estado establece una fecha para elecciones presidenciales y AN simultáneas en 6-12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones.

12 - Se celebran elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres y justas, se levantan las sanciones estadounidenses restantes.

13 - La comisión bipartidista dentro de la AN se desarrolla para crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1 - El alto mando militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanece en el lugar durante el gobierno de transición.

2 - Las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el período de transición.

El futuro de Guaidó

El Secretario de Estado señaló que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado, y dijo que Guaido podrá presentarse en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. “Hemos dejado claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela”, dijo Pompeo a los periodistas. Además aclaró que el presidente del Consejo de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones.

Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: “Absolutamente sí”. “Es el político más popular en Venezuela, creo que si se celebraran elecciones hoy, le podría ir increíblemente bien”, apuntó, destacando que Estados Unidos sigue “apoyándolo”. “Cuando armamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él”, agregó.

Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus

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