El ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo fue capturado ayer en una residencia particular de la provincia de Izabal, en el Caribe guatemalteco, según confirmó en la capital del país el jefe del Ministerio Público (fiscalía), Amílcar Velázquez Zárate, que no proporcionó mayores detalles sobre el operativo que concluyó con la detención. Velázquez, en breves declaraciones a la prensa local, se limitó a decir que la policía llamó a las puertas de la residencia, sin precisar su ubicación, y, "al comprobar que el señor Portillo estaba allí, procedió a su captura". Añadió que el ex mandatario será trasladado a la capital; al mismo tiempo, en las instalaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca se reforzaron ayer las medidas de seguridad.

Portillo estaba en libertad bajo fianza desde octubre de 2008, cuando fue extraditado de México -adonde había huido en febrero de 2004 para evadir a la justicia guatemalteca- a petición de Guatemala por un supuesto caso de corrupción. Ahora, el ex gobernante está acusado de conspirar para blanquear varios millones de dólares que supuestamente desfalcó al Gobierno de Guatemala mediante cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos y Europa, según informó el lunes la fiscalía de Nueva York.

En las primeras declaraciones efectuadas por Alfonso Portillo después de su detención, el ex mandatario dijo a la emisora local Radio Sonora que confía en que prevalecerá el Estado de derecho y, con ello, podrá demostrar su inocencia de los delitos que se le imputan. "Temo por mi vida", dijo Portillo, quien atribuye su situación actual a una conspiración.

El ex presidente se negó a identificar a sus supuestos detractores, pero dijo que, en su momento y ante el juez, dará a conocer "todos los nombres" de las personas que, según él, prepararon los elementos que llevaron a los juzgados estadounidenses a formular los cargos.

"Es un grupo de personas que se reúne en casas particulares y que, lejos denunciar las supuestas anomalías ante los tribunales, rinden cuentas frente a un poderoso", añadió, y reiteró que sus acusaciones serán debidamente documentadas ante el tribunal que debe decidir su casi segura extradición a Estados Unidos.

Sobre el ex mandatario pesan peticiones de extradición dictadas por tribunales de Nueva York y Miami (Estados Unidos)por el presunto lavado de dinero.Portillo disfrutaba en Guatemala de libertad bajo fianza por delitos similares. Durante el trámite burocrático, la información se filtró y permitió al ex gobernante burlar un vasto operativo que se prolongó a lo largo de todo el domingo, en residencias de la capital y de la provincia de Zacapa (este), de donde es originario

El fiscal general de Estados Unidos, Preet Bharara, explicó el lunes que "Alfonso [Portillo] abusó de la confianza de la gente de su nación" y convirtió las finanzas del Estado guatemalteco "en la caja chica de sus gastos particulares".

La justicia estadounidense precisa que parte del dinero malversado por Portillo terminó en cuentas particulares de su familia y de sus íntimos en bancos de Europa y en financieras de las islas Bahamas

Se estima que Alfonso Portillo y sus cómplices supuestamente utilizaron bancos estadounidenses para lavar aproximadamente 70 millones de dólares. Esto, en un país donde el 80% de sus habitantes vive en el límite de la pobreza: dos dólares diarios.

Alfonso Portillo es el segundo presidente de Guatemala que debe comparecer ante un tribunal. El único precedente se remonta a 1918, cuando fue encarcelado el dictador Manuel Estrada Cabrera, quien murió en cautiverio. Sin embargo, durante el Gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), las figuras de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito fueron eliminadas del Código Penal, para asombro de la comunidad internacional.

La captura del ex presidente Portillo ha levantado una ola de aprobación entre la ciudadanía, muy cansada de una clase política que en muchos casos ha convertido al Estado en un botín al que puede acceder impunemente cada cuatro años. Las emisoras de radio, con micrófonos abiertos al público, recogen las múltiples reacciones que se han multiplicado desde el momento en que se conoció la detención. "Esto está muy bien, pero ojalá no se limite a Portillo. La investigación debe hacerse a todos los presidentes, por lo menos de la era democrática", dijo a la radio un oyente que no se identificó.

Desde su regreso de México, Portillo ha intentado crear una coalición de partidos políticos, al parecer con el fin último de alcanzar un escaño en el Congreso, lo que le garantizaría la inmunidad parlamentaria. Pero la imputación de la justicia de Estados Unidos, cuyo peso político es enorme en esta parte del continente, puede significar el fin de la carrera política del ex mandatario, que podría ser condenado a una pena de cárcel de hasta 20 años.


JOSÉ ELÍAS - Guatemala - 26/01/2010
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Estados Unidos y las oligarquías locales se han embarcado en un proyecto de restauración derechista en América Latina con el uso de variados recursos, legales e ilegales, mediáticos, de inteligencia y guerra sicológica, militares y económicos, entre otros. Aunque iniciado en tiempos de Bush es en el primer año de la presidencia de Obama que ha tomado una gran dimensión al socaire de sus vacilaciones, concesiones y retrocesos frente a la feroz embestida de la extrema derecha estadunidense. No habían pasado seis meses de su investidura y cinco de su promesa en la cumbre de Puerto España de cambiar la política hacia sus vecinos del sur y se tragaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya del que en un principio llegó a decir que era el único presidente de Honduras que reconocía. Al esquema restaurador no escapa gobierno o fuerza popular cuyas políticas choquen, en mayor o menor grado, con las de Washington o los intereses de las oligarquías.

Por consiguiente, incluye a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pero también a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua. Son sus herramientas principales la reactivación de la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras y la instalación de las bases yanquis en Colombia, Panamá y las ya existentes en las Antillas Holandesas y América Central así como la maquinaria de terror mediático de los periódicos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa y las cadenas televisivas.

Se trata de revertir el ascenso de la ola popular alzada en el continente contra las políticas neoliberales y en torno a los gobiernos que decidieron desacatar frontalmente las directivas del Consenso de Washington e iniciar trasformaciones sociales profundas; intimidar, presionar y acabar también con los demás gobiernos progresistas por moderados que sean, así como con los movimientos populares a la vez que alebrestar a una derecha alicaída por las derrotas que venía sufriendo desde la elección de Hugo Chávez. Es lo que hemos visto desde el ataque yanqui-uribista a Ecuador, aumentado exponencialmente después del cuartelazo en Honduras y el convenio sobre las bases en Colombia. Viene a la mente una de las Reflexiones de Fidel Castro cuando afirmó que antes que Obama concluya su mandato ”habrá de seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio”.

El objetivo principal del proyecto restaurador es destruir a la revolución bolivariana puesto que ésta y su líder Hugo Chávez constituyen un baluarte decisivo de la lucha antimperialista, la solidaridad y la integración continentales, que las elites de Estados Unidos y la región sueñan con quitar del medio y provocar un efecto dominó desde Ecuador y Bolivia hasta Cuba. Las violaciones del espacio aéreo venezolano por naves de guerra estadunidenses procedentes de Curazao, reiniciadas a fines de 2009 y principios de 2010, forman parte de la escalada de provocaciones y globos de ensayo montados por Washington contra Caracas, al igual que los vaticinios de las últimas semanas sobre el inminente "fin del ciclo de Chávez", coincidentes con una intensificación del lenguaje golpista en los mayoritarios medios de difusión contrarrevolucionarios de Venezuela.

Paralelamente, continúa el ataque de la prensa reaccionaria argentina contra la presidenta Cristina Fernández tomando como pretexto las decisiones sobre el Banco Central que legítimamente ha adoptado. A la vez, una feroz campaña mediática contra el proyecto de programa de derechos humanos del gobierno de Lula ha creado una crisis política cuyo propósito es desgastarlo y por carambola debilitar a su candidata a la presidencia, Dilma Rosseuf. Como se puede apreciar es disímil el grado de radicalidad de los gobiernos que disgustan a Washington pero de lo que no hay duda es que todos ellos en conjunto han coadyuvado a crear y sostener el cuadro político actual de independencia latinoamericana, incluyendo al de Uruguay y actitudes como la de Michelle Bachelet cuando como presidenta de la Unasur facilitó la condena del golpe "cívico" impulsado por Washington contra Evo Morales.

Por todo ello, es un deber de las fuerzas populares y antimperialistas, sin por ello renunciar a su independencia crítica, la denuncia y el combate vigoroso a los intentos desestabilizadores de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos que no se les pliegan y contribuyen a la unidad e integración continental.

Por Ángel Guerra Cabrera

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En un país adicto a las conspiraciones internacionales, el misterioso asesinato de un reputado científico resulta el suceso perfecto para señalar a los sospechosos habituales. Las autoridades iraníes no perdieron un minuto en acusar el martes a EEUU e Israel como principales responsables de la muerte de Massud Alí Mohammadi. El investigador de 50 años acababa de salir de su casa para ir a trabajar cuando una bomba oculta en una motocicleta acabó con su vida.

El Gobierno de Mahmud Ahmadineyad está convencido de que existe una campaña para acabar con sus mejores científicos, sobre todo aquellos destinados al programa nuclear. Los miedos iraníes están en parte justificados. La CIA lanzó en 2005 un programa secreto denominado Fuga de cerebros para perjudicar todo lo posible el desarrollo atómico iraní.

La agencia recopiló una lista con docenas de candidatos a desertar basada en un único criterio: "¿Quién sería el que más ralentizaría el proceso en caso de ser eliminado?". El plan fue desvelado por Los Angeles Times en diciembre de 2007. En esos dos años, el programa de deserciones sólo logró captar a media docena de iraníes con cargos relevantes.

El atentado contra Mohammadi supone un enigma múltiple. Poco después de su muerte, el Gobierno se apresuró a subrayar que se trataba un experto en materia nuclear. La oposición negó su vinculación con el programa atómico y dijo que se trataba de un especialista en teoría cuántica que había mostrado su apoyo al movimiento opositor en Irán.

"El atentado no es un método propio del Gobierno iraní. Si se tratara de un opositor problemático, sería llevado ante la Justicia", dice Luciano Zaccara, director del Observatorio Electoral TEIM-UAM.

Nueva política de Washington
La teoría de la conspiración apadrinada desde Washington tampoco encaja para Zacca-ra: "Tendría poca lógica que EEUU, con su nueva política de negociar con Teherán, decida asesinar a un científico iraní y dar la excusa a Irán para abandonar la negociación sobre su programa nuclear".

A Teherán le preocupan los antecedentes. Obsesionado con el compromiso de sus miembros, el Gobierno iraní no acepta que ninguna de las bajas que ha sufrido en los últimos años se haya tratado de una deserción. Pero tras cada desaparición de un científico o un cargo militar, se han conocido nuevos datos sobre el programa nuclear.

En octubre, las autoridades iraníes denunciaron el secuestro de Shahram Amiri unos meses antes en Arabia Saudí durante un peregrinaje a La Meca. Según The Daily Telegraph, Amiri vive oculto en un país europeo y fue la persona que informó a los servicios de inteligencia occidentales de la existencia de la planta secreta de enriquecimiento de uranio en Qom. El mismo tufo a traición dejó la desaparición en 2007 de Alí Reza Asgari, ex viceministro de Defensa, durante un viaje a Estambul

Por ÓSCAR ABOU-KASSEM - MADRID -
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Jueves, 17 Diciembre 2009 07:57

Los rumores de golpe acosan a Lugo

El fantasma de un golpe de Estado todavía acosa al presidente paraguayo Fernando Lugo. Esta semana lo volvió a invocar: desde que asumió, en agosto de 2008, ya intentaron derrocarlo no una, sino varias veces, aseguró. Según el ex obispo, los golpistas de su país lo rondan, están al acecho. “Ha habido numerosos intentos de golpes de Estado en mi contra desde que asumí el gobierno”, dijo el mandatario a los miembros del cuerpo diplomático paraguayo el martes de esta semana. “Después de décadas de dominio de un mismo grupo político, no sorprende que haya sectores que aún hoy sigan teniendo la tentación de interrumpir el proceso democrático”, agregó. Pero sus advertencias no parecen ser muy oídas entre los que se suponen sus aliados. “Luchamos día a día contra el fantasma de la inestabilidad y la caída”, volvió a insistir ayer el presidente. Es que el Partido Liberal, la formación que lo llevó al poder, ya se retiró, al menos en la práctica, de la coalición oficialista. Y su líder y vicepresidente de Lugo, Federico Franco, lo dejó en claro esta semana. “Estoy listo para asumir”, aseguró el número dos paraguayo. De por sí húmedo, el clima en Asunción, bajo el ejemplo de Honduras, pareciera estar tornándose cada vez más espeso.

Para alertar sobre esta situación, Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo (PCP), y Ernesto Benítez, dirigente campesino, estuvieron esta semana en Buenos Aires y, desde un hotel del centro, en diálogo con Página/12, lanzaron su advertencia. “En Paraguay se está tramando un golpe vía institucional desde diversas instancias del Estado, pero en particular desde el Parlamento, algo similar a lo que ocurrió en Honduras. El vicepresidente Franco es una de las cabezas visibles de la avanzada golpista, y la forma que podría adquirir el golpe es la de un juicio político”, explicaron Amado y Benítez.

–¿Bajo qué argumentos?

A.: –Básicamente tres. Primero está el secuestro del ganadero Fidel Zavala que, desaparecido desde hace sesenta días, tiene a toda la vieja oligarquía civil y militar clamando que la responsabilidad es de una supuesta guerrilla llamada Ejército del Pueblo Paraguayo. Luego, desde el Parlamento están tratando de montar un supuesto caso de corrupción contra Lugo por la compra de unas tierras para repartir entre familias campesinas. Y, por último, claro, los casos de paternidad.

–¿Con qué apoyos cuenta Lugo en el Poder Legislativo?

B.: –(se miran entre sí) En el Senado, le responden dos senadores sobre 45. Y en Diputados, en una buena sesión, dos diputados apoyan al presidente.

–La reforma agraria fue una de las principales banderas de la campaña del presidente. ¿Se avanzó en algo en el reparto de tierras?

B.: –En nada. Presentar un proyecto de expropiación en el Parlamento sería una causal de juicio político inmediato.

–Da la sensación de que el gobierno de Lugo está institucionalmente paralizado. Si no puede hacer nada, ¿cuál sería la necesidad de derrocarlo?

B.: –El crecimiento de los movimientos sociales se tornó muy grande para las viejas oligarquías.

A.: –En Paraguay se dio un cambio fundamental, y es el cambio del sujeto político. Si bien no se pudo avanzar con grandes reformas, las antiguas camarillas ligadas al Partido Colorado y al Partido Liberal no pueden soportar que los movimientos sociales estén accediendo al control de ciertos resortes del Estado.

–¿Cuál es la actitud de las fuerzas armadas?

B.: –A pesar de haber descabezado a la cúpula hace algunas semanas, el presidente lo dijo claro: sigue habiendo bolsones golpistas en las tres armas.

–¿Qué rol están jugando los medios?

A.: –Son una parte esencial en el esfuerzo desestabilizador, con el diario ABC Color a la cabeza.

–¿Qué puede hacer Lugo para revertir esta situación?

A.: –Jugar más a fondo y decidirse por los movimientos sociales. Los partidos tradicionales ya le demostraron que, llegado el momento, lo abandonan.

B.: –Pero la fuerza del pueblo es tremenda.

Por Martín Suaya
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Nueva York, 16 de agosto. A principios de los años 70, los gobernantes de Estados Unidos y Brasil discutieron esfuerzos para coordinar la intervención clandestina contra regímenes de izquierda en Chile, Cuba, Perú, Uruguay y otros países para evitar el surgimiento de “nuevos Allendes y Castros” en la región, revelan documentos oficiales secretos recién desclasificados.

En una reunión en la Casa Blanca en diciembre de 1971, el presidente Richard Nixon y su contraparte brasileño Emilio Garrastazú Médici conversaron sobre cómo Brasil estaba apoyando los intentos de los militares chilenos para derrocar al régimen de Allende y cómo Estados Unidos podría apoyar esos esfuerzos siempre y cuando todo quedara muy “confidencial”. En ese contexto, según un memorando oficial de la conversación, Nixon dijo al mandatario brasileño que ambos gobiernos “deben intentar prevenir nuevos Allendes y Castros e intentar hasta donde sea posible revertir esas tendencias”.

Los documentos oficiales de esta conversación y comunicados de inteligencia en torno a la lucha contra las fuerzas de izquierda en la región, incluyendo el apoyo a fuerzas anticastristas, fueron desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive, organización independiente de investigaciones sobre documentación oficial y políticas de seguridad nacional en Washington.

Los documentos, sobre todo el que registra el intercambio entre Nixon y Médici, muestran por primera vez la colaboración a los más altos niveles de Brasil y Estados Unidos contra gobiernos progresistas en la región. Peter Kornbluh, director de los proyectos sobre Chile y Brasil del National Security Archive, comentó a La Jornada que “los documentos indican firmemente un capítulo de colaboración secreta en la intervención en la región”. Así, agregó, “Brasil le debe una explicación a los chilenos” y ello requiere “un rendimiento de cuentas de cuál fue el papel de Brasil con Estados Unidos en la interrupción de la democracia chilena”.

“No sabemos qué ocurrió” con esta colaboración, y el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil debe abrir sus archivos para poder obtener una historia completa de este periodo, dijo en entrevista. “Sin la desclasificación de sus documentos no contaremos con una historia completa de esa colaboración”, señaló Kornbluh.

Los documentos desclasificados y difundidos hoy por el National Security Archive incluyen un memorando de la CIA indicando que Médici había propuesto una mayor cooperación con Washington para contrarrestar “la tendencia de la expansión marxista-izquierdista” en América Latina. El documento cita preocupación entre algunos militares brasileños de que ellos tendrían que encargarse de la parte operativa de estas iniciativas; el general Vicente Dale Coutinho se queja de que “Estados Unidos obviamente desea que Brasil haga ‘el trabajo sucio’ en la región sudamericana”.

Un informe de inteligencia elaborado por la CIA en 1972 indica que Brasil tomaría un papel cada vez más grande en las relaciones hemisféricas pero que era poco probable que interviniera abiertamente en los asuntos internos de los países vecinos. Sin embargo, la CIA pronosticaba que “el régimen no descartará utilizar la amenaza de la intervención o las herramientas diplomáticas y la acción encubierta para oponerse a regímenes de izquierda, o mantener a gobiernos amistosos en el poder, o ayudar a ponerlos en lugares como Bolivia y Uruguay”.

El National Security Archive divulgó en 2002 otro documento secreto, fechado en diciembre de 1971, en donde Nixon comenta al primer ministro Edward Heath, de Gran Bretaña, que Brasil apoyaba la posición de Washington y agrega que “los brasileños ayudaron a manipular la elección uruguaya”.

En la conversación entre Nixon y Médici, en la que también participó el entonces general mayor Vernon A. Walters, según el primer documento fechado 9 de diciembre de 1971 elaborado por el entonces asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger, registra que Nixon le preguntó a su contraparte brasileña su evaluación de la situación en Chile, y Médici le respondió que “Allende sería derrocado por muchas de las mismas razones de que Goulart fue derrocado en Brasil”. Nixon preguntó si Médici consideraba que las fuerzas armadas de Chile eran capaces de derrocar a Allende, a lo cual el brasileño le respondió que sí, y agregó que Brasil estaba intercambiando muchos oficiales militares con Chile.

Nixon enfatizó que Washington y Brasilia tenían que trabajar muy de cerca en esto, pero que no podía aparecer la mano estadunidense en esa cooperación, aunque había disposición de aportar apoyo incluso financiero para esos fines. Por tanto, Nixon también le propuso al brasileño un canal de comunicación secreto entre ambos más allá de los diplomáticos normales, y que nombraría a Kissinger como se representante para este canal; Médici nombró a su canciller Gibson Barbosa.

Médici presentó el tema de Cuba, y preguntó si ambos presidentes deberían apoyar o no a los exiliados cubanos que afirmaban que contaban con suficientes fuerzas para derrocar al régimen de Fidel Castro. Nixon respondió cautelosamente, dijo que pensaba que sí, “siempre y cuando no se promovería que hicieran algo que no podríamos apoyar, y siempre que no apareciera nuestra mano”.

El brasileño abordó el tema sobre cómo responder a las iniciativas del gobierno de Perú de promover la readmisión de Cuba en la Organización de Estados Americanos (OEA), y que si Brasil y Estados Unidos deberían participar en la comisión de la OEA para evaluar el asunto y detenerlo, o si rehusar participar y hacerlo así desde afuera. Médici consideró que si Washington participaba, se vería como una concesión, pero propuso que Brasil sí debería participar y descarrilar el intento.

Una amante con opiniones “muy a la izquierda”

Médici indicó que el presidente Velasco Alvarado estaba encabezando las movidas pro castristas dentro de la OEA, y el general Walters comentó que podría haber un escándalo con efectos adversos para el mandatario peruano. Contó que Velasco había sido agregado militar en la sede diplomática de su país en París cuando Walters llegó allí para ocupar ese cargo. El peruano, continuó, tenía una amante ahí con la cual tuvo un hijo y ella, una ex miss Perú, con “opiniones y asociaciones políticas de muy a la izquierda”. Walters indicó que si esto salía a la luz pública podría causarle problemas considerables a Velasco.

En otro documento, un comunicado secreto del subdirector de la CIA a Kissinger, se resume inteligencia de la reacción de oficiales militares brasileños a versiones filtradas de la conversación entre Nixon y Médici, en donde según ellos, el presidente estadunidense solicitó apoyo del brasileño para “salvaguardar la seguridad interna” y de ciertos gobiernos, como los de Bolivia y Uruguay. De hecho, los oficiales entendieron que ambos presidentes acordaron un pacto para enfrentar el comunismo en América Latina.

Los documentos originales pueden ser revisados en el sitio de Internet del National Security Archive:

David Brooks
Corresponsalwww.nsarchive.org.
 

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Un alto clérigo iraní pidió ayer que los manifestantes fueran ejecutados como “enemigos de Alá”, mientras las autoridades daban un paso más al declarar a Mahmud Ahmadinejad ganador de la disputada elección. El pedido de que los manifestantes “no merecen piedad” llega justo cuando el principal líder de la oposición Mir Hussein Mussavi tomó una actitud más conciliatoria hacia las autoridades diciendo que buscará aprobación oficial para las futuras manifestaciones –una posición significativamente más suave que 24 horas antes, cuando se comprometió a “neutralizar en conspiración maldita” contra el público–. Además su sitio web, que fue atacado por un hacker, está ahora vacío.

Los últimos pasos pueden señalar el comienzo del fin de las protestas, que barrieron a Irán desde que el presidente Ahmadinejad afirmara una victoria aplastante. El número de personas que ahora asiste a las marchas ha disminuido después de que los manifestantes fueron atacados repetidamente por la policía y la milicia islamista basij y casi mil personas resultaron arrestadas. Ayer, el Consejo de los Guardianes de Irán parecía estar cerca de aclamar al presidente Ahmadinejad como victorioso, en lo que se mantenía era “una de las elecciones más limpias que hayamos tenido”.

El vocero Abbasali Kadkhodai dijo que las acusaciones de fraude por parte de la oposición no tenían fundamento. “Después de 10 días de exámenes no vimos irregularidades mayores”, dijo. “Puede decir con certeza que no hubo fraude en la elección.” Kadkhodai anunció a continuación que el Consejo decidió crear una comisión especial que incluirá a representantes de los candidatos derrotados, para que prepare un informe sobre las elecciones, según la agencia iraní ISNA.

“Se realizará el recuento del 10 por ciento de los votos en presencia de los miembros de esta comisión y se publicará un informe para el público”, añadió. Kadkhodai llamó a los candidatos a las elecciones Mir Hussein Mussavi y Mehdi Karubi “a presentar sus candidatos en las próximas 24 horas (para participar en esta comisión) para que no haya ambigüedades ni dudas sobre las elecciones”. “El recuento de los votos se hará en presencia de los medios de comunicación”, añadió. El Consejo se había dado como plazo hasta el lunes para confirmar definitivamente los resultados.

En su último mensaje, Mussavi instaba a los manifestantes a que no rompieran la ley, mientras mantenían que la lucha para anular las elecciones debía continuar. El líder de la oposición dijo que el Ministerio del Interior le había informado que debía solicitar personalmente la autorización para las manifestaciones y debía hacerlo con una semana de anticipación. Señaló que mientras se imponían restricciones a sus protestas, los partidarios del presidente Ahmadinejad podían hacer marchas “que eran muy publicitadas en la televisión estatal, aparentemente alentando la participación, con sus regularmente publicitadas marchas”.

La actitud de los de línea dura mientras tanto parece inflexible. En un sermón en la Universidad de Teherán, un lugar que se cree que fue elegido deliberadamente por el prominente rol que juegan los estudiantes en las protestas, un miembro de la Asamblea de Expertos, Ahmad Khatami, dijo: “Quiero que la Justicia castigue a los perturbadores del orden sin piedad, para enseñarles a todos una lección”. El discurso de Khatami, que fue emitido por cadena nacional, continuó: “Basados en la ley islámica, cualquiera que confronte al Estado islámico debiera ser condenado como un mohareb (aquel que guerrea contra Dios) y castigado despiadada y salvajemente. Bajo la ley islámica el castigo para aquellos condenados como mohareb es la ejecución”.

También afirmó que Neda Agha Soltan, el icono de la oposición muerta el sábado pasado, fue asesinada por los manifestantes. Pero Associated Press informó que un miliciano basij gritó “no quise matarla” después de que ella muriera. Los manifestantes le quitaron su tarjeta de identidad y le sacaron una fotografía antes de dejarlo ir. “Los medios estadounidenses, europeos y británicos han mostrado su perversidad en esta historia”, siguió Khatami. “Espero por parte del gobierno que los controlen”, agregó.

Estados Unidos, que ha tomado una línea más dura hacia el régimen en los últimos días, acusó al presidente Ahmadinejad de tratar de desviar la atención del descontento popular en el país culpando a los extranjeros. El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo: “El presidente Ahmadinejad está entre la gente de Irán que quiere que éste no sea un debate entre los iraníes en Irán, sino entre Occidente y Estados Unidos”.

Rusia, que junto con China mantuvo que se debería aceptar el resultado de la elección, dijo que estaba preocupado por la escala de la violencia de las autoridades. El canciller Sergei Lavrov dijo: “Contamos con que todos los problemas que han surgido en el contexto de las elecciones sean resueltos de acuerdo con procedimientos democráticos”.

 Por Kim Sengupta *
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
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La situación en Honduras se complicó este jueves por minutos. El presidente del Gobierno, Manuel Zelaya, quiere reformar la Constitución para seguir en el poder y, como primer paso, convocó para el próximo domingo una especie de referéndum para que los hondureños digan si están de acuerdo o no con que vaya iniciando los trámites. Pero ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ejército están de acuerdo con la iniciativa presidencial, a la que tachan de ilegal. Así que el presidente Zelaya optó el miércoles por cortar por lo sano: destituyó al jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez, y de paso aceptó la renuncia del ministro de Defensa, su otrora amigo Ángel Edmundo Orellana.
 
El caso es que Tegucigalpa amaneció este jueves con militares en las calles. La explicación oficial es que los centenares de soldados -desplegados alrededor del aeropuerto, el Parlamento, la Corte Suprema y la Casa Presidencial- tienen como objetivo evitar posibles disturbios protagonizados por grupos afines al presidente, lo que parece indicar que éste ya ha perdido el control de los uniformados.
 
Aunque el presidente, que anunció por radio y televisión la destitución del jefe del Ejército, dijo que en breve nombraría a un sustituto para así zanjar la crisis, la situación no parece tan sencilla. En primer lugar, el destituido general goza del respaldo de sus subordinados y del Parlamento. Y, en segunda instancia, sea quien sea el sustituto tendrá que hacer frente a una difícil encrucijada: ¿a quién hacer caso, al presidente del país o al Tribunal Supremo Electoral?
 
El presidente quiere que el Ejército se encargue de instalar la maquinaria para que los hondureños puedan votar, mientras que el tribunal electoral -el único capacitado legalmente para hacer ese tipo de consultas- ha ordenado a los mandos militares que no permitan la instalación de una sola urna. La situación es tan complicada que el presidente de Honduras ha pedido la reunión urgente del Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se sitúe a su lado.
 
En su comparecencia pública del miércoles, el presidente Zelaya justificó la destitución del jefe del Ejército en "la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden Constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido". Pero lo que parece más probable es que el general Romeo Vásquez fuese removido de su cargo al negarse a colaborar con la consulta. Los acontecimientos se precipitaron después de que, el pasado martes, el Parlamento de Honduras aprobase una ley que prohíbe expresamente la celebración de consultas populares 180 días antes o después de las elecciones generales. Si se tiene en cuenta que las elecciones presidenciales están previstas para el próximo mes de noviembre, queda claro que la oposición parlamentaria al presidente Zelaya logró bloquear su aspiración de perpetuarse en el poder.
 
La guinda del gran lío en el que por momentos se sumerge Honduras es la noticia de que la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general Romeo Vásquez casi al mismo tiempo que portavoces del presidente Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro general, Edgardo Mejía, como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Sin saber todavía a cuál de los dos generales tendrán que obedecer, centenares de soldados armados con pistolas, bastones de madera y gases lacrimógenos vigilaron los puentes de Tegucigalpa desde el amanecer.
 

Pueblo escolta a Zelaya. Militares alzados contra poder popular

TeleSUR, Jueves, Junio 25, 2009 - 16:51
 
Movimientos y organizaciones sociales de Honduras acompañan este jueves al presidente de esa nación, Manuel Zelaya, en el rescate de las urnas que se encuentran en la sede de la Fuerza Aérea y que fueran retiradas contraviniendo la orden del primer mandatario.
 
El presidente Zelaya, denunció que se ha desencadenado un "proceso de golpe de Estado" en su contra, hizo un llamado al pueblo para que no se preste al juego de las oligarquías y  para que defiendan a su lado el estado de derecho.
 
En declaraciones exclusivas a teleSUR señaló que ha "recurrido al pueblo para que me defienda, para que defiendan los derechos constitucionales del país, el estado de derecho".  Ratificó que la consulta del venidero domingo va.
 
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso en horas del mediodía de este jueves en el Ministerio Público una denuncia para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística referente a la celebración de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo planear realizar el próximo domingo.
 
Tras la denuncia, el fiscal general Jorge Alberto Rubí ordenó la integración de un equipo de fiscales encabezado por Henry Salgado, titular de la Fiscalía Contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material.
 
En el lugar de los hechos y en exclusiva para teleSUR el dirigente social, Luther Castillo relató que  "No se ha podido deterner la entrada del pueblo a las instalacio
 
Durante una entrevista que concedió el dirigente campesino, Rafael Alegría, a teleSUR informó que  "miles de compatriotas hondureños se trasladan para  rescatar las urnas, que estaba previsto que las Fuerzas Armadas llevaran a las comunidades y ante su negativa el pueblo está dispuesto a buscarlas y disponerlas para que se lleve a cabo la consulta popular el próximo domingo".
 
Por su parte, el Dirigente del Bloque Popular de Honduras, Juan Baraona, ratificó que los movimientos sociales respaldan la iniciativa de consulta popular propuesta por el primer mandatario de esta nación, Manuel Zelaya.
 
A través de un contacto telefónico que ofreció a teleSUR luego de que concluyera una concentración  frente al Palacio de Gobierno en Tegucigalpa para apoyar a Zelaya, el dirigente calificó como un abuso de poder la decisión de la Corte Suprema  que ordenó la restitución en su cargo del Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada,Romeo Vásquez, quien había sido destituido de sus funciones por primer mandatario.
 
"El poder judicial ha reintregrado al comandante de las Fuerzas Armadas lo que es un intromisión y abuso de poder", dijo.
 
Declaró, además, que la acción "es una manipulación de la justicia gestada a través de las élites de poder, por ello hemos salido a al calle con el presidente Zelaya y los ministros".
 
La propuesta de la cuarta urna, parecida a la consulta popular, que presentó el mandatario hondureño,  ha generado una serie de conflictos por parte de sectores de oposición que rechazan la iniciativa.
 
Con la realización de este proceso se pretende consultar al pueblo de esta nación si está de acuerdo en que se instale una asamblea constituyente para hacer reformas a la actual constitución de la República.
 
En ese sentido, numerosos  movimientos sociales hondureños han programado constituir un frente amplio y realizar acciones para apoyar al mandatario.
 
La resolución de la Corte Suprema de Honduras fue anunciada al país por la magistrada hondureña, Rosalinda Cruz quien expresó "que ha habido unanimidad en la sala consitucional y (la decisión) ha sido respaldada por el pleno entero de magistrados del tribunal".
 
Frente a esta decisión, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, envió  desde la casa de Gobierno un mensaje de alerta a los presidentes del mundo frente a lo que ha catalogado como "una revelación en contra del poder pueblo, del poder civil" y ratificó que "nadie detiene" la consulta del domingo.
 
El presidente Zelaya promueve la realización el próximo domingo de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.



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Miércoles, 17 Junio 2009 06:25

Guatemala: aflora estructura paramilitar

Guatemala, 16 de junio. Transcurrido un mes de la llamada “crisis de mayo”, desencadenada por un dramático video en el que el abogado Rodrigo Rosenberg dice impasible ante la cámara: “Si ustedes están viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”, los aires de conspiración han quedado en suspenso mientras se esperan los primeros resultados de la investigación que corre a cargo de una instancia de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Bajo la aparente normalidad, sin embargo, queda expuesto lo que el sociólogo Gustavo Porras califica de “irreparable daño a la democracia” de este país, que hace 12 años (diciembre de 1996) suscribió el fin de su conflicto armado.

En la medida en que se revelan detalles de la reciente convulsión política se advierten indicios de cómo, nuevamente, entraron en acción estructuras paramilitares, herede- ras de una rancia casta militar que durante 36 años manejó los hilos de la guerra y que hoy en día han traspasado su poder de acción al terreno del crimen organizado. “Fuerzas ocultas”, las llama la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés). Se relacionan con crímenes emblemáticos como los asesinatos de Mirna Mack (1990), monseñor Juan Gerardi (1998) y cuatro diputados salvadoreños del Parlacen (2007).

En un país en el que el propio Ejecutivo admite el colapso de su sistema de justicia, el video que dio la vuelta al mundo y los tres asesinatos relacionados –el empresario Khalil Musa, su hija Marjorie y el abogado Rodrigo Rosenberg– dejaron al descubierto la irreconciliable división entre las dos Guatemalas.

Por un lado, la Guatemala de los canches (los no indígenas, la clase dominante y los clasemedieros de la ciudad capital), que por unos días vivieron la ilusión de que podrían bajar del poder a Álvaro Colom. El presidente les incomoda por populista, porque ellos no lo eligieron, porque insiste en romper reglas de oro de la clase empresarial (querer cobrarles impuestos, por ejemplo) y porque deja que su mujer, Sandra Torres, construya su propio liderazgo montada en los proyectos sociales de su administración.

En la provincia del país, sin embargo, la lectura fue otra. La población más ligada a la raíz india, distante de la influencia de las poderosas cúpulas empresariales y beneficiada por los programas sociales de la señora Colom, simplemente entendió que “los de la capital” pretendían quebrar Banrural, el único banco en el que los sectores productivos ajenos a las cúpulas empresariales han logrado tener un asiento en la junta directiva.

“Salió a la superficie lo más profundo de nuestro racismo, las taras de nuestra sociedad”, asegura Claudia Samayoa, investigadora de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos.

El golpe de Estado no es opción

La posibilidad de un nuevo golpe de Estado en un país cuyo pasado está marcado por estas fracturas fue la principal defensa de Colom en los días más agitados de la crisis. Algunas opiniones consideran que sólo fue una pantalla discursiva.

“¿Otro golpe en Guatemala, hoy en día? No, ¿con qué? Sería inaceptable para la comunidad internacional”, se opina en medios políticos y diplomáticos.

Claudia Samayoa agrega: “Sí fue un golpe a la gobernabilidad. Pero no llegó a tener poder suficiente para poner en riesgo a las instituciones”.

Ésta es una cronología elemental. En su toma de posesión como presidente constitucional, el 14 de enero de 2008, Colom juró ante el anciano sacerdote maya Wakatel Utiw fungir como el gobernante de los pueblos y no ser “el mandadero de los empresarios”, como habían sido la mayoría de sus antecesores. Desde tiempos de Jacobo Arbenz, derrocado por un golpe militar alentado por la CIA en 1954, no había llegado al poder alguien que no representara a la derecha y a los ricos. Para académicos, sin embargo, comparar a Colom con Arbenz es un exceso.
Electo con el respaldo mayoritario en los departamentos del interior y perdedor en la capital, Colom ha intentado reformar el sistema fiscal, sin conseguir doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras. Guatemala es uno de los países donde los más adinerados pagan menos impuestos, con una recaudación fiscal equivalente a ocho por ciento del PIB. Como punto de comparación, México, que no es un paraíso de equidad fiscal, tiene una recaudación de 18 por ciento del PIB.

La plebeya igualada

Además, nombró a su cónyuge Sandra Torres al frente de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). Desde ahí la mujer ha proyectado su liderazgo para lanzarse en las próximas elecciones, siguiendo el rastro de la ambición de otras esposas de mandatarios, algunas frustradas, otras exitosas y unas más en prospecto (Hillary Clinton, Marta Sahagún, Cristina Fernández, Rosario Murillo).

Gustavo Porras, que fue guerrillero en los años setenta y representante del gobierno durante los diálogos de paz en los noventa, admite que es difícil de explicar “el furor” que levanta doña Sandra, vista por la clase dominante como “la plebeya igualada, imagen viviente de lo que más odia una burguesía con pretensiones aristocráticas”, y caracterizada por su “imprudencia verbal” al divulgar sus obras sociales “como si se tratara de una especie de socialismo guatemalteco del siglo XXI”.

Con estos antecedentes, el secretario particular de Colom, Gustavo Alejos, invitó a principios de año a Khalil Musa, industrial textilero y dirigente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a ocupar un asiento en Banrural, el banco mixto que ha permitido el ingreso de cooperativistas a su directorio y ha desplazado a decenas de banqueros a posiciones de segundo nivel, y a Anacafé, la cúpula otrora exclusiva de los cafetaleros.

Después de una primera invitación y en medio de una trama de corrupción que hasta estos días no se ha aclarado, la oferta fue retirada. Musa y su hija fueron asesinados el 13 de abril.

Su abogado, Rosenberg, tenía una relación sentimental con la hija. Estaba casado con Alejandra de Angoitia, pariente de los Azcárraga de Televisa. Había prestado servicios a la embajada mexicana.

Después del doble homicidio, fue convencido por dos personajes clave en esta trama, Luis Mendizábal y el periodista Mario David García, de que también su vida corría peligro y que debía dejar testimonio de ello.

Estos dos últimos personajes son claves en la vinculación del triple crimen con los grupos militares. Las marchas y manifestaciones de protesta se iniciaron el mismo martes 12 de mayo y escalaron durante toda la semana.

La exigencia de renuncia de Colom tomó fuerza hasta que enroques y arreglos en las cúpulas cambiaron la demanda. El CACIF se puso al frente de la agitación social, pero ya no con la bandera de la renuncia presidencial sino con el reclamo de justicia.

Después entró en acción la diplomacia. El embajador estadunidense en Guatemala, Stephen McFarland, fue el primero en dar su espaldarazo a Colom. Le siguió la OEA.

El intento de derribar a Colom, si lo hubo, fue neutralizado.

por, Blanche Petrich/ I
 

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Documentos recientemente desclasificados y obtenidos por los investigadores Eva Golinger y Jeremy Bigwood revelan que la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) ha invertido más de 97 millones de dólares en la “descentralización”, la “autonomía” y los partidos políticos de la oposición desde el año 2002. Los documentos, solicitados por los investigadores bajo la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos (Freedom of Information Act “FOIA”), destacan que la USAID en Bolivia fue el “primer donante que apoyaba a los gobiernos departamentales” y “los programas de descentralización” en el país, lo cual prueba que la agencia estadounidense ha sido uno de los principales financistas y promotores de los proyectos separatistas promovidos por los gobiernos departamentales en el oriente boliviano.

Descentralización y separatismo


En total, los documentos afirman que la USAID ha manejado aproximadamente 85 millones de dólares anuales en Bolivia, repartidos entre sus programas de seguridad, democracia, crecimiento económico e inversión social. El programa de Democracia se ha dedicado durante los últimos años a una seria de “prioridades”, la primera denominada “Gobernabilidad democrática descentralizada: Gobiernos Departamentales y Municipales”. Según uno de los documentos, clasificado como “sensible”, este trabajo de la descentralización comenzó cuando la USAID estableció en Bolivia una Oficina para las Iniciativas hacia una Transición (OTI) durante el año 2004. Las OTI son oficinas de respuesta rápida a una crisis política en un país considerado “estratégicamente importante” para los intereses estadounidenses. Las OTI sólo se ocupan de asuntos políticos y en general manejan fondos muy importantes en metálico. Las OTI operan como agencias de inteligencia, dada su manera de contratar empresas estadounidenses que luego abren sedes locales en los países donde buscan direccionar altas cantidades de financiamiento a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil (ONG) que promueven la agenda de Washington. Tras el fracaso del golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002, la USAID abrió una OTI en Venezuela dos meses después, en junio de 2002, con un presupuesto de más de 10 millones de dólares, que desde entonces ha filtrado alrededor de 50 millones a través de cinco instituciones estadounidenses a más de 450 ONG, programas y grupos políticos de la oposición.

En el caso de Bolivia, la OTI contrató a la empresa estadounidense Casals & Associates para coordinar un programa de descentralización y autonomía en las zonas de la media luna boliviana, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, y para realizar talleres de capacitación con el fin de fortalecer los partidos políticos de oposición contra la entonces candidatura de Evo Morales. Luego de la elección de Evo Morales a la presidencia en 2005, la OTI direccionó todo su trabajo a los proyectos separatistas y los referendos autonómicos en la Bolivia oriental. A partir del año 2007, el trabajo de la OTI, que contaba con un presupuesto adicional de 13,3 millones, fue absorbido por el Programa de Democracia de la USAID/Bolivia,que ha venido reforzando este proyecto separatista desde entonces.

El trabajo de la USAID en Bolivia cubre casi todos los sectores de la vida política, se introduce en la sociedad boliviana y trata de promover un modelo político e ideológico estadounidense. La inversión en la “descentralización” incluye todo el apoyo y la asesoría necesarias para conformar regiones “autónomas”, desde la planificación departamental, la gestión financiera, la estrategia comunicacional, la estructura presupuestaria departamental, el desarrollo económico regional y la organización territorial - todo ello preparado y puesto a punto por los representantes de la USAID y sus contrapartes bolivianas. Como parte del programa denominado “Fortaleciendo las Instituciones Democráticas” (SDI), la USAID destaca su trabajo de “enriquecer el diálogo sobre la descentralización; mejorar el manejo de los recursos presupuestarios departamentales y promover el desarrollo económico regional”. Incluso han creado “laboratorios de organización territorial” para ayudar a los gobiernos departamentales a implementar su autonomía.

Según un documento confecha del 30 de noviembre de 2007, pocos meses antes de los procesos referendarios separatistas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, el programa de “Iniciativas Democráticas” de la OTI/USAID trabajó de manera muy estrecha con los prefectos en esas regiones para “desarrollar modelos de gobiernos ‘subnacionales, desconcentrados’”. En esas regiones han anunciado que su objetivo es lograr una división política y económica del gobierno nacional para que puedan manejar y beneficiarse de manera autonómica los recursos estratégicos que se encuentran en sus regiones. No es nada casual que tales iniciativas separatistas se concentren en las zonas más ricas en gas, agua y poder económico. Esta financiación multimillonaria de la USAID a los proyectos separatistas en la zona oriental de Bolivia ha alimentado su acciones desestabilizadoras durante los últimos años, a saber, la violencia contra las comunidades indígenas, actos de terrorismo y planes de magnicidio contra el presidente Morales.

Fortalecer los partidos políticos de oposición

Otra prioridad principal del trabajo de la USAID en Bolivia, puesta en evidencia en los documentos desclasificados, ha sido su amplia financiación y capacitación de los partidos políticos de oposición. A través de las instituciones estadounidenses Instituto Republicano Internacional (IRI) y Instituto Demócrata Nacional (NDI), dos entidades consideradas brazos internacionales de los partidos políticos de USA que reciben su financiación del Departamento de Estado y del congreso estadounidense a través de la National Endowment for Democracy (NED), la USAID ha venido alimentando grupos políticos y dirigentes sociales de oposición en Bolivia. Durante el año 2007, dedicaron 1.250.000.00 dólares a la “formación para los miembros de partidos políticos sobre los procesos políticos actuales, incluyendo la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico”. Los principales beneficiarios han sido de los partidos Podemos, MNR, MIR y más de 100 ONG bolivianas.

Intervención en procesos electorales

También gran parte del trabajo de la USAID en Bolivia ha consistido en intervenir en los procesos electorales durante los últimos años. Esto ha incluido la formación de una red de 3 mil “observadores” capacitados por la organización Partners of the Americas, entidad estadounidense financiada por la USAID. La creación de “redes” en la sociedad civil para supervisar los procesos electorales ha sido una estrategia utilizada por las agencias de Washington en países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, para luego intentar desacreditar los procesos electorales y denunciar fraude cuando los resultados no favorecen la agenda estadounidense. En el caso de Venezuela, el grupo que ha liderado este trabajo es Súmate, una ONG venezolana, creada con financiación de la NED y la USAID, que ha intentado presentarse como un actor “apolítico”, pero que en realidad ha sido promotora del referéndum revocatorio contra el presidente Chávez y ha denunciado fraude en todos los procesos electorales durante los últimos años, a pesar de que instituciones internacionales, como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter los certificaron como legítimos. Estas “redes” funcionan como núcleos de la oposición durante los procesos electorales para reforzar su posicionamiento y tener una presencia y opinión en los medios.
 

Penetración en las comunidades indígenas

El trabajo de la USAID en Bolivia no está únicamente orientado al fortalecimiento de la oposición tradicional al gobierno de Evo Morales, sino también a penetrar e infiltrarse en las comunidades indígenas, a la búsqueda de nuevos actores que promuevan la agenda de Washington pero con un rostro más representativo del pueblo boliviano. En un documento desclasificado, los representantes de la USAID hablan de la necesidad de dar “más apoyo a los pasantes indígenas que trabajan en la USAID y la Embajada [de Estados Unidos en La Paz] para construir y consolidar una red de graduados que abogan por el gobierno estadounidense en áreas claves”. También destacan su trabajo de “fortalecer la ciudadanía democrática y el desarrollo económico local para los grupos más vulnerables de los indígenas en Bolivia”. Según la USAID, “este programa muestra que ningún país o gobierno tiene un monopolio sobre la ayuda a los indígenas […] este programa demuestra que Estados Unidos es amigo de Bolivia y de los indígenas…”

Los documentos desclasificados en su formato original y con traducción al español están disponibles en: www.jeremybigwood.net/BO/2008-USAID

PRINCIPALES EMPRESAS CONTRATADOS POR EL PROGRAMA DE DEMOCRACIA DE LA USAID EN BOLIVIA

Nombre del Contratado: Chemonics International, Inc

Valor del Contrato: 9.266.911,00 dólares

Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Fortaleciendo las Instituciones Democráticas

Principales Actividades: A. Apoyando la consolidación de la descentralización en Bolivia B. Fortaleciendo la sociedad civil: i. educación cívica ii. fortaleciendo la capacidad del lobby iii. fortaleciendo los medios profesionales C. Apoyando la legislatura i. Estableciendo una unidad de servicios legislativos dentro del Congreso ii. Codificación legal

Nombre del Contratado: Vanderbilt University

Valor del Contrato: 678.497,00 dólares

Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Encuesta de valores democráticos Principales Actividades: encuestas bi-anuales sobre la cultura democrática

Nombre del Contratado: Consortium para Procesos Electorales y Políticos (CEPPS), implementado por el Instituto Demócrata Nacional (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI)

Valor del Contrato: 1.250.000,00 dólares

Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Apoyo Electoral

Principales Actividades: A. Educación ciudadana sobre la Asamblea Constitucional y el proceso del referéndum autonómico. B. Formación para los miembros de partidos políticos sobre los procesos políticos actuales (asamblea constituyente y referéndum autonómico)

Nombre del Contratado: Checchi & Compañía Consultores, Inc

Valor del Contrato: 14.484.220,00 dólares (incluye un año opcional)

Nombre del Proyecto: Actividad Bilateral titulada: Administración de Justicia en Bolivia

Principales Actividades: A. Dar asistencia técnica para adelantar y consolidar reformas legales e institucionales para lograr un mejoramiento en el sistema penal en el país. B. Dar asistencia técnica para facilitar acceso a la justicia a través de Centros Integrales de Justicia (IJC) en zonas de conflicto en el país. C. Proveer asistencia técnica para adelantar reformas institucionales y legales dirigidas a fortalecer la seguridad legal en Bolivia, y atraer inversiones y promover el desarrollo.

Nombre del Contratado: Partners of the Americas (POA)

Valor del Contrato: 7.386.697,00 dólares

Nombre del Proyecto: Actividad unilateral titulada: Administración de Justicia en Bolivia – Sociedad Civil

Principales Actividades: A. Suministrar asistencia técnica a organizaciones de la sociedad civil para comprender, promover y abogar con los ciudadanos las reformas en el sistema judicial que están tomando lugar en el país. B. Promover en las organizaciones de la sociedad civil una capacidad doméstica para lograr observaciones electorales en el país.

Nombre del Contratado: Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia – FAM

Valor del Contrato: 215.000,00 dólares

Nombre del Proyecto: Apoyando y promoviendo municipios y la descentralización

Principales Actividades: A. Optimar la postura de la FAM sobre temas relacionadas con la descentralización, el municipalismo, la autonomía y sujetos relacionados como discutidos en la asamblea constituyente y otros lugares públicos y democráticos

Eva Golinger
www.aporrea.org

http://www.aporrea.org/tiburon/a77671.html

 

 

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“Estaría presente en la zona del Beni (norte de Bolivia) una célula argentina de once ex carapintadas que se sumarían a otras dos células (brasileña y uruguaya), integradas por ex militares que habrían estado en misión en los Balcanes. La mencionada ‘célula argentina’ habría mantenido contactos con sectores de ‘ultraderecha’, opositores al actual gobierno nacional boliviano, en Santa Cruz y en Cobija, departamento de Pando.” La información, fechada el 4 de mayo, que recibió la Cancillería argentina de la Embajada en Bolivia y a la que accedió Página/12, señala que “empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían requerido la presencia de los ex militares con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales”. Las piezas del rompecabezas se empiezan a colocar en posición a partir de la investigación sobre el grupo de supuestos terroristas, liderado por Eduardo Rózsa Flores, “Héroe de la Guerra de los Balcanes”, que fue desbaratado por la Policía Nacional de Bolivia el pasado 16 de abril. El presidente Evo Morales denunció que la banda planeaba un magnicidio.

El pasado 21 de abril este diario informó que el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, se había comunicado con el embajador argentino en La Paz, Horacio Macedo, para pedirle colaboración en el control de los pasos fronterizos “por la eventual presencia de activistas argentinos en distintas regiones de Bolivia”. En ese momento se mencionaban los viajes a Bolivia del mayor retirado Jorge Mones Ruiz, uno de los reincidentes carapintadas que entre el ’87 y el ’91 se alzó en armas para exigir la impunidad de los represores.

El nuevo informe da cuenta de que “Mones Ruiz habría estado en contacto con el presunto terrorista/mercenario ultimado Rózsa Flores y con (Luis Enrique) Baraldini”, otro compañero de armas prófugo de la Justicia argentina por su actuación durante la represión ilegal en La Pampa y radicado en Santa Cruz de la Sierra con nombre falso. Mones Ruiz estuvo destinado como oficial de inteligencia del Ejército argentino en Bolivia durante un tramo de la última dictadura y suele jactarse del conocimiento de sus camaradas bolivianos.

Al ex carapintada lo seducen sus vínculos con la ultraderecha latinoamericana. En el ’87, el Círculo Militar le publicó un libro en el que desarrollaba su expertise sobre la formación de grupos comandos contra los procesos revolucionarios en Centroamérica (ver aparte). Este año, encontró un anclaje institucional en la llamada UnAmérica, una ONG que pretende ser la contracara de la Unasur, la organización que integran los presidentes de América latina. Justamente, los gobiernos “izquierdistas”, especialmente los de Bolivia y Venezuela, provocan los desvelos del comité liderado por el venezolano antichavista Alejandro Peña Esclusa.

Mones Ruiz despunta el vicio de difundir su pensamiento en distintos formatos pero con la misma obsesión. Con otro de sus camaradas carapintada, Breide Obeid, formó el “Conjunto Patria” y sale a cantar sus propias letras en encuentros católicos. Más académico, publicó varios libros, entre ellos Argentina ¿sin destino? Estudio sobre las nuevas amenazas, y se explaya en páginas web sobre “el desgobierno y las falencias institucionales (aprietes a empresarios, control de precios, crisis energética, caso ‘Papeleras’, inseguridad ciudadana, corrupción, justicia ‘tuerta’, agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, legisladores ‘borocotizados’, violencia social, comandantes militares desmemoriados, fuerzas policiales con menos garantías que los delincuentes, etc.), están generando las condiciones para el cambio estructural que la sociedad reclama”. Hiperactivo, el año pasado empezó a hacerse tiempo para recorrer las asambleas rurales y azuzar el conflicto.

Esclavo de las palabras

La violenta irrupción de la policía en el cuarto piso del hotel Las Américas que terminó con la muerte de Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata), Arpád Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michael Dwyer (irlandés) y la detención de Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elöd Tóásó (rumano-húngaro) potenció la virulencia opositora en Bolivia. El presidente Evo Morales aspira a ser reelecto el próximo 6 de diciembre y leyó la actuación de esos comandos trasnacionales como una prueba cabal de un plan para asesinarlo. En el entramado de relaciones en ese campo minado aparecen indicios de la participación de los personajes de siempre.

Cinco días después del operativo en el hotel, la Red de Televisión Húngara emitió una entrevista realizada por el periodista Andras Kepes el 8 de septiembre de 2008 en la que Rózsa confirma que viajó a Santa Cruz de la Sierra a pedido de personas que le solicitaron formar un grupo de autodefensa de la región y que, si no se lograba la coexistencia pacífica con el resto del país, se buscaría su independencia. El diario El Deber, de Santa Cruz, detalló que “el hombre, de 49 años, aseguró que su misión ‘tenía respaldo legal’, ya que la decisión de organizar la milicia se basaba en la autorización del Consejo de Santa Cruz. Consultado el presidente de la Asamblea Departamental, Juan Carlos Parada, aseguró que no conocía nada al respecto y que no sabía a cuáles de los consejos o asambleas que funcionan en Santa Cruz pidió permiso. Según Rózsa, un grupo de opositores políticos lo contactó hace más o menos año y medio desde Santa Cruz. Su misión principal era defender la región de los grupos y milicias de indígenas. ‘Estamos dispuestos, dentro de unos meses, en el caso de que la coexistencia no funcione y en virtud de la autonomía, a proclamar la independencia (de Santa Cruz) y crear un nuevo país’, dijo Rózsa.”

Rózsa grabó la entrevista como un testamento: sólo podía ser difundido en caso de muerte. El extraño personaje que supo militar en el Opus Dei, convertirse al islamismo y ser consagrado “Héroe de la Guerra de los Balcanes” terminó reclutando mercenarios para defender a la ultraderecha boliviana. La participación en el frente croata le abrió lazos con militares latinoamericanos que encontraron en esas milicias el nicho buscado para desarrollar sus competencias de comandos.

Mano de obra

El detallado informe que se está analizando en la Cancillería argentina cuenta que empresarios y terratenientes de Santa Cruz de la Sierra habrían apelado a los ex militares “con el objetivo de ser instruidos en materia de autodefensa ante eventuales intentos de apresamiento por parte de organismos oficiales y avasallamientos de distintos tipos, incluyendo la toma de tierras privadas por parte de entidades sociales como el MAS”, en alusión al Movimiento Al Socialismo, el partido que lidera Evo Morales.

El modelo de los terratenientes brasileños que instauraron virtuales escuadrones de la muerte para contrarrestar la acción de los Sin Tierra ilumina el imaginario de las fuerzas reaccionarias de los secesionistas de la región már rica de Bolivia. La organización Human Wright Foundation Bolivia, que responde a Victor Hugo Achá, sería el alma matter de la estrategia encuadrada en los objetivos de UnAmérica, evalúa el texto que recaló en el Palacio San Martín.

El 30 de abril, el fiscal Marcelo Sosa quien instruye la investigación por la actuación del grupo de Rósza convocó a declarar a Achá para corroborar las declaraciones de algunos de los deternidos en la causa. El presidente de HWF había viajado una semana antes a los Estados Unidos y anunció que no regresará hasta que no le den garantías legales para defenderse de las acusaciones. Sin embargo en una comunicación telefónica con un canal local reconoció que conversó en más de tres ocasiones con Rózsa pero, obviamente, negó cualquier vínculo con la milicia que organizaba el boliviano-húngaro-croata.

Según consignó el diario La Prensa, de La Paz, Juan Carlos Gueder, el detenido declaró: “Sé que había otra persona vinculada dentro del campo político (para ser asesinado en Bolivia), pero tampoco sé su nombre, porque hay otra gente que debería estar dando la cara aquí, debería estar aquí el señor Hugo Achá dando la cara”. Gueder aseguró que el dirigente de HWF había estado en las reuniones con la presunta banda terrorista. A Gueder le otorgaron la prisión domiciliaria por haber colaborado con la Justicia.

El 1° de mayo, el presidente boliviano dijo que si la organización no aclara sus vínculos con “los terroristas” podría ser expulsada del país como ya ocurrió en Venezuela. El comité Pro Santa Cruz, centro de la flor y nata de la oposición que reiteradamente intentó desestabilizar a Morales, convocará a una asamblea para evaluar qué hacer ante el avance de la investigación por los vínculos de empresarios con los presuntos terroristas abatidos en el hotel America.

En ese marco actúan los sectores representados en UnAmérica, organización en la que el carapintada argentino Mones Ruiz se desempeña como secretario, y proyectan presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de Morales acusándolo de ser el responsable de la Masacre de Pando. El objetivo es contrarrestar el informe aprobado por la Unasur que derivó en la prisión, entre otros, del prefecto de Pando por la persecución y los asesinatos racistas fogoneados desde la ultraderecha.

Por Nora Veiras

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