El presidente Sebastián Piñera, rodeado de sus nuevos ministros en su presentación, el martes (HANDOUT / AFP)

 

Piñera conforma un gabinete de defensores de la Constitución de la dictadura

 

La derecha más pinochetista no está dispuesta a rendirse fácilmente. La sociedad chilena cambió definitivamente a partir de las protestas que se iniciaron en octubre pasado contra el modelo neoliberal implantado por la dictadura del general Pinochet (1973-1990). Sin embargo, el presidente liberal Sebastián Piñera ha decidido derechizar más si cabe su Gobierno, no tanto para salvar su desprestigiada imagen, sino para evitar que la coalición oficialista conservadora, Chile Vamos, se descomponga y pueda hacer frente unida a las irreversibles reformas progresistas que se avecinan.

Piñera, que con un 12% ostenta uno de los índices de aprobación más bajos desde la reinstauración democrática, efectuó el martes un relevante cambio de gobierno para incluir como ministros a los halcones que controlan los dos principales partidos de la coalición, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). La crisis de Gobierno es consecuencia directa de la humillante derrota sufrida por el ejecutivo la semana pasada, cuando el parlamento aprobó una medida de la oposición de centroizquierda para que los chilenos puedan recuperar el 10% del fondo de su jubilación privada, uno de los estandartes del modelo económico impuesto por Pinochet a través de la Constitución de 1980, aún vigente.

En la decisiva sesión de la cámara baja, 35 diputados de Chile Vamos votaron a favor de la reforma constitucional de las pensiones y en contra de la postura del Gobierno, resquebrajando la coalición. Con el dinero rescatado se pretende que los ciudadanos puedan aliviar la crisis económica provocada por la pandemia, ante la insuficiencia de los cerca de los 5.000 millones de euros en ayudas sociales inyectados por La Moneda en los últimos cuatro meses.

Piñera renovó seis ministerios de peso, que forman parte del llamado gabinete político: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Gobierno, Presidencia y Desarrollo Social. Los nuevos titulares son abiertamente partidarios de rechazar la redacción de una nueva Constitución, lo que será consultado en el referéndum del 25 de octubre. No obstante, los cambios más relevantes son la inclusión de los senadores de RN Andrés Allamand, en Exteriores, y de la UDI, Víctor Pérez, en Interior, ministerio que equivale a la práctica a la vicepresidencia. Ambos son barones influyentes en sus partidos y rechazan la nueva carta magna, en contra de las tres cuartas partes de la ciudadanía, que en las encuestas se manifiestan a favor de finiquitar la Constitución ideada por Pinochet en 1980. Allamand y Pérez, como muchos otros halcones de Chile Vamos se desmarcaron de los crímenes cometidos durante la dictadura pero defienden a capa y espada el modelo neoliberal legado por Pinochet. Además, la esposa de Allamand, la exministra Marcela Cubillos, se ha convertido en principal portavoz de la campaña contra la nueva carta fundamental. Todos ellos personifican la casta política chilena de izquierda y derecha contra la que apuntaban las protestas callejeras, interrumpidas por la cuarentena.

“No son nombres dialogantes”, asegura desde Santiago el analista político Felipe Vergara. “Piñera tira la toalla y les dice a los partidos: ‘gobiernen ustedes’; los partidos le estaban dando la espalda al presidente, si no hacía un guiño, podía quedarse solo”, añade. “Este cambio no es una decisión popular, el Gobierno se transforma claramente en opositor a la nueva Constitución”, continúa.

Aunque el Ejecutivo tendrá poca influencia en la carta magna que con toda probabilidad se redactará tras el referéndum, una unidad de acción de la derecha desde La Moneda servirá para construir una candidatura fuerte que dé opciones a Chile Vamos para retener el poder en las presidenciales del año que viene. “La derecha está apostando al electorado duro, asumiendo que el tema constitucional está perdido”, agrega Vergara. La revuelta social de octubre ha propiciado la polarización política y la derecha evalúa la posibilidad de supervivencia en el poder con un candidato de estilo bolsonarista, no muy alejado del pinochetismo sociológico que aún defienden muchos de sus miembros, treinta años después de la dictadura.

Por otra parte, Piñera también es cuestionado por su mala la gestión de la pandemia. A pesar de que su sistema sanitario era teóricamente mejor que otros de la región, Chile alcanza los 9.300 muertos por la Covid-19 y es el tercero de Latinoamérica en número de fallecidos, por detrás de brasileños y peruanos; y el segundo en índice de decesos (485) por cada millón de habitantes, solo superado por Perú.

Por Robert Mur | Buenos Aires, Argentina. Corresponsal

30/07/2020 02:09 | Actualizado a 30/07/2020 10:40

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Vladimir Putin votando este miércoles en el referéndum constitucional. Presidencia de Rusia.

El referéndum constitucional que permite a Putin mantenerse en la presidencia hasta 2036 ha sido aprobado con una amplia mayoría

 

Rusia ha aprobado en referéndum una reforma constitucional que, además de permitir a Putin presentarse a dos elecciones más –legalmente podría mantenerse en el poder hasta 2036–, blinda constitucionalmente su proyecto de convertir Rusia en un país mucho más conservador. Entre sus más de 200 enmiendas está la inclusión de Dios en la Carta Magna, una visión tradicional y excluyente de la familia, el fortalecimiento del ruso como lengua del "pueblo fundador" y la prohibición de cuestionar la versión oficial de la historia. Según los resultados preliminares, la reforma ha recibido el apoyo de más del 70% de los votantes.

Uno de los cambios más discutidos es el que limita la extensión del cargo a dos mandatos de seis años. Sin embargo, hace borrón y cuenta nueva, por lo que no cierra el camino al actual presidente, que en las próximas elecciones de 2024 cumple dos mandatos consecutivos. Putin lleva en lo más alto del poder político desde el año 2000.

"Es evidente que Putin se está abriendo camino hacia una presidencia vitalicia. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir, pero está abriendo el camino", sostiene Mila Milosevich, analista del Real Instituto Elcano para Rusia y Eurasia. "Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2000 ya ha hecho dos manipulaciones para mantenerse en el poder. Primero se cambió el papel con el entonces primer ministro, Dmitri Medvédev, y después, en 2012, cambió el mandato de cuatro a seis años", añade.

"Estas reformas constitucionales empezaron como una forma de cambiar el balance de poder en Rusia. No porque Putin quisiera apuntalar un sistema democrático, sino porque quería producir más opciones para darse a sí mismo y a su régimen más margen de maniobra", opina Sam Greene, director del Instituto Rusia en el King's College de Londres. "Finalmente calcularon que los riesgos de ese tipo de diversificación eran demasiado altos y acabaron en una mayor concentración de poder en manos del presidente", añade.

Conservadurismo y nacionalismo

Otra de las enmiendas más criticadas es el veto constitucional al matrimonio homosexual. "Mientras yo sea presidente, no habrá progenitor uno y progenitor dos, habrá mamá y papá", afirmó el presidente en febrero. Milosevich recuerda que el tema LGTBI ha sido uno de los temas principales en la campaña del presidente y que su posición cuenta con gran apoyo entre la población rusa.

También hay varias reformas en materia cultural y de memoria histórica que van en la dirección del conservadurismo y nacionalismo promovido por el presidente. A partir de ahora, la Constitución incluirá un artículo en defensa de la "verdad histórica" sobre su papel en la Segunda Guerra Mundial. "El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de la patria es inadmisible", sostiene la enmienda. Putin ha lanzado una campaña internacional para reivindicar el papel de Rusia como el gran liberador de la guerra. Por otro lado, se describe el ruso como la lengua del "pueblo fundador del Estado", lo que deja a un segundo nivel a las minorías étnicas.

El paquete de reformas incluye del mismo modo el concepto de Dios en la Carta Magna. "Si en el himno se puede decir 'patria querida y protegida por Dios', ¿por qué no se puede decir en la Constitución?", se preguntaba el patriarca Cirilo I de Moscú, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa y promotor de esta enmienda. Además, la Constitución rusa se establece a sí misma por encima del derecho internacional.

"Poner a Dios en la Constitución es una imitación a EEUU. Putin escribió una carta a Obama y al pueblo estadounidense en 2013 diciendo que es peligroso el excepcionalismo de Washington. En ese sentido, este cambio es como una respuesta: ustedes no son excepcionales y Dios no solo está con vosotros", afirma Milosevich. "Es extremadamente peligroso animar a la gente a verse a sí misma como excepcional", argumentaba Putin en la carta publicada en The New York Times.

La experta cree que el del derecho internacional es otro asunto inspirado en EEUU. "Es clarísimamente una imitación de EEUU y símbolo de gran potencia: no me puede juzgar nadie, excepto yo mismo. Esa actitud es arrogante", indica Milosevich.

"Desde la llegada de Putin, su proyecto ha sido conservador, nacionalista y con tintes de un patriotismo basado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que está haciendo con esta reforma es blindar ese proyecto por ley, pero el país no se va a volver más conservador de lo que lo es hasta ahora", sostiene. "En este sentido, creen que Europa va por el camino equivocado de decadencia y perversión y en cambio Rusia tiene la verdadera fe y la verdadera cultura. En Rusia existe esta tradición cultural muy arraigada en el siglo XIX", añade.

"El referéndum constitucional muestra el auge del papel del nacionalismo y la instrumentalización de la religión en Rusia", sostiene Kerim Has, doctor en Ciencia Política y analista de Rusia. "La inclusión de visiones patrióticas para los niños en la educación, la ilegalización de los matrimonios homosexuales, el concepto de Dios, entre otros, demuestran el creciente tono nacionalista del régimen político en Rusia. Es muy probable que en este nuevo periodo, el Kremlin use la Iglesia Ortodoxa rusa como una herramienta política", añade.

Putin, un presidente popular

Milosevich recuerda que Putin sigue manteniendo unos elevados niveles de popularidad para los estándares europeos. "Su popularidad no baja del 56%, durante la votación en Crimea superó el 80% y el año pasado bajó al 59-60%, según estudios independientes. Además, la oposición en Rusia no está organizada y Putin es un líder indiscutible. Se puede criticar, pero tiene el control de la política rusa", comenta.

Greene cree que "los rusos han votado por la Constitución porque se les ha animado a hacerlo y porque para la mayoría una alternativa a Putin no traerá una mejor gobernanza y mayores niveles de vida". "En el futuro más probable, Rusia seguirá prácticamente como está actualmente: estancado, dividido y sin un claro camino para superar sus problemas", añade.

Por Javier Biosca Azcoiti

01/07/2020 - 21:11h

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Sábado, 27 Junio 2020 06:23

Resultado más que obvio

Resultado más que obvio

La reforma constitucional –diseñada por y para el presidente Vladimir Putin– se aprobó en tiempo récord por todas las instancias que forman parte de la élite gobernante, pero para entrar en vigor requiere de la legitimidad de las urnas.

Para ello los operadores políticos del Kremlin se sacaron de la manga una votación popular que no contempla la propia Constitución, que no es vinculante, que no exige la mitad más uno del padrón para ser válida, que no admite observadores, que permite votar en el transcurso de una semana, que no evita que una misma persona ejerza su derecho al sufragio varias veces, que lleva las urnas a las casas de los jubilados y un largo etcétera de excepciones y facilidades que restan toda seriedad a una votación legitimadora que nada tiene en común con un referendo, el cual no se puede convocar para modificar la Carta Magna.

La votación concluirá el 1 de julio siguiente con un resultado más que obvio: la reforma será aprobada y entrará en vigor. Lo único que –en estos tiempos de coronavirus con muchos descontentos por la pérdida de empleo, desplome de su nivel de vida y el manejo de la emergencia sanitaria desde el Kremlin– podría empañar el triunfo anunciado, y la posibilidad que pretende Putin de perpetuarse en el poder, es una participación escasa.

Ello no va a suceder: la cifra de asistencia será la que decidió ya la Oficina de la Presidencia –se comenta, no menos de 55 por ciento de participación, con entre 60 y 65 por ciento de votos en favor– para satisfacer el anhelo de legitimidad del titular del Krem-lin. Dispone de recursos para inducir, si no el sentido del voto, sí la participación de los millones de personas cuyos ingresos dependen del presupuesto (pensionistas, empleados públicos, trabajadores de los grandes consorcios del Estado, maestros, médicos), aparte de quienes acudan con la idea de sacarse, como en Moscú, un vale de descuento (hay 2 millones) para tiendas, restaurantes y bares que se rifarán entre quienes vayan a votar, igual que otros premios.

Hace 12 años Putin pensaba muy diferente: “Desde el primer día en el cargo de presidente de la Federación Rusa decidí que no voy a violar la Constitución vigente (…) Creer que el sillón de jefe máximo es tuyo para siempre, hasta la muerte, lo considero absolutamente inadmisible”.

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Sábado, 13 Junio 2020 06:44

Mejor verlo por tv

Mejor verlo por tv

Quedarse en casa y ver por televisión los conciertos por el Día de Rusia, fiesta nacional que se celebró ayer viernes, y el pospuesto magno desfile militar para conmemorar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que tendrá lugar el 24 de este mes, recomendó a los moscovitas su alcalde, Serguei Sobianin.

Entonces, ¿para qué levantar, unos días antes y de forma repentina, el confinamiento, los pases electrónicos y otras restricciones para evitar la propagación del Covid-19? Es una pregunta que se hacen muchos moscovitas, más aún que el número de contagios diarios es muy superior al que había cuando Sobianin impuso las severas medidas de la cuarentena.

La respuesta la dio la misma alcaldía al anunciar, con bombo y platillo, que se rifarán 2 millones de bonos y certificados por un valor de 10 mil millones de rublos entre quienes acudan a las urnas el primero de julio siguiente, fecha que decretó el presidente Vladimir Putin para legitimar la nueva Constitución de Rusia, que en principio le permite relegirse hasta 2036, mediante una votación popular o consulta ciudadana o como quiera llamársele, pues no existe en el propio texto de la Carta Magna esa figura para expresar la voluntad del pueblo, a diferencia del referendo/plebiscito estrictamente reglamentados.

Con la presión encima de muchos allegados de Putin que quisieran ver fracasar a Sobianin en materia de emergencia sanitaria y ofrecerse para administrar la mina de oro que es Moscú, en términos de la magnitud de su presupuesto, las contradicciones de su alcalde –ir de un extremo a otro y viceversa– obedecen a su instinto de supervivencia política.

Y si Sobianin no pudo mantener su estrategia de desescalada pausada y gradual sin ser destituido es de suponer que dio marcha atrás al subordinarse a una orden que sólo pudo haberle dado quien ocupa la cima de la pirámide de poder en Rusia, a sugerencia de los integrantes de su entorno más cercano, quienes creen que no se puede aplazar la entrada en vigor de la reforma constitucional.

Las decisiones de Sobianin no contribuyen a la calma: permite, por ejemplo, pasear con cubrebocas y guantes en los parques, pero prohíbe sentarse en cualquier banca por peligroso. Ante incongruencias así, ciertamente mejor ver por televisión los festejos previos al día de la votación.

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Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

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Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

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La Duma abre la vía a que Putin pueda seguir en el poder hasta 2036

La propuesta de reforma, que debe avalar el Constitucional y aprobarse en consulta popular, permitirá al líder ruso volver a presentarse a presidente

La comentada transición era en realidad poner a cero el contador presidencial de Vladímir Putin. En medio de una turbulencia política y económica mundial, el Parlamento ruso ha dado otra sacudida al avalar con una abrumadora mayoría una opción que permitiría al líder ruso volver a ser presidente. En una propuesta inesperada pero muy coreografiada, la diputada Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética y primera mujer en el espacio, abrió la vía al sugerir este martes eliminar las restricciones del líder ruso para volver a concurrir a unas elecciones tras el fin de su mandato en 2024. De hacerlo y ganarlas, podría seguir así en el poder hasta 2036. Durante una comparecencia urgente e imprevista en la Duma estatal y citando la necesidad de la estabilidad del país, el líder ruso mostró sus cartas y respaldó la idea. Una presidencia “fuerte" es "absolutamente necesaria para Rusia”, ha recalcado Putin. “La situación económica y de seguridad actual nos recuerda esto una vez más”, remachó.

Con el simbolismo teatral propio de las grandes ocasiones, la excosmonauta Tereshkova lanzó la propuesta que podría conducir a un quinto mandato (no consecutivo) de Vladímir Putin. “Hay que estipular todo de manera franca, abierta y pública: o eliminar el límite de mandatos presidenciales en la Constitución; o, si la situación lo requiere y, sobre todo, la gente lo quiere, introducir en la ley una posibilidad para que un presidente actual vuelva a ser reelegido para el puesto, ya conforme a la renovada Constitución”, declaró la diputada de Rusia Unida, el partido del Gobierno, durante una sesión rápida en la Cámara baja que debatía las enmiendas a la ley fundamental. "Dada su enorme autoridad, esto sería un factor estabilizador para nuestra sociedad”, dijo firmemente Tereshkova, que lucía en la solapa la medalla de heroína de la Unión Soviética. Con la ley actual, un presidente no puede permanecer en el cargo más de dos mandatos (seis más seis años) y Putin debería dejar su sillón del Kremlin en 2024.

La trascendental propuesta de Tereshkova ha causado un cortocircuito en la Duma, controlada por el Kremlin. Casi dos horas después, en una comparecencia histórica y sorpresiva, el líder ruso acudió a la Cámara baja para recoger el guante y dejó entrever por primera vez en semanas su libro de jugadas. Putin, de 67 años y que lleva dos décadas en el poder entre sus años de presidente y de primer ministro, no abrazó la idea de eliminar los límites presidenciales, pero sí de poner su propio contador a cero. “Sería posible si la población vota por ello, pero se requerirá la decisión del Tribunal Constitucional. Y si es aceptado por los rusos”, ha deslizado Putin, que recibió una gran ovación de los diputados.

Con una enorme mayoría, los legisladores han sacado adelante el paquete de enmiendas a la Constitución, que dibuja un país más conservador y nacionalista. Además, con 380 votos a favor y 44 en contra (de la facción del Partido Comunista) de los 445 escaños ocupados, los diputados de la Duma avalaron también la propuesta de último minuto que allanaría el camino para que Putin vuelva a concurrir a unas elecciones presidenciales en 2024 y se perpetué en el cargo hasta 2036. Tendría 83 años. Sería un presidente con nuevas capacidades, según la reformada Constitución propuesta por él mismo, y más posibilidad de intervenir en los mecanismos de funcionamiento de las instituciones del Estado, explica el experto en Derecho Constitucional Ilyá Shablinski, de la Escuela Superior de Economía.

La votación en segunda lectura, que este martes preveía ser un mero trámite para ordenar el caudal de enmiendas propuestas por el líder ruso, por el grupo de expertos que el mismo Putin designó y por algunos legisladores de la Duma, descubrió una nueva posibilidad para un escenario que los analistas llevaban meses apuntando y desmenuzando: que la gran reforma constitucional propuesta por Putin tiene como objetivo permitirle perpetuarse en el poder.

Las enmiendas deben pasar ahora una tercera lectura --previsiblemente mañana miércoles-- y recibir el aval del Tribunal Constitucional. Los ciudadanos votarán sí o no a todo el paquete --que incluye importantes ganchos, como que las pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza-- el próximo 22 de abril en una consulta popular cuyo mecanismo aún está poco claro.

“Todos entienden perfectamente que dentro del país, desafortunadamente, todavía tenemos mucha vulnerabilidad”, ha dicho Putin ante la Duma (Parlamento) en un discurso teóricamente imprevisto pero que parecía muy elaborado y sincronizado. “La estabilidad debe ser la prioridad”, ha insistido el líder ruso en un momento en el que la economía rusa pasa por un importante bache, con la caída del precio del petróleo y el rublo en sus niveles más bajos desde 2014. Un varapalo derivado de la guerra del crudo y de la zozobra en los mercados por el temor al coronavirus, que se ha sumado a la recesión derivada de las sanciones económicas impuestas a Rusia hace seis años por anexionarse la península ucrania de Crimea, que está causando estragos en los bolsillos de la ciudadanía.

Desde que el mandatario propuso enmendar la Constitución el pasado enero --el mayor cambio político y legislativo desde los años noventa-- se había especulado sobre cómo se desarrollaría la maniobra para permitir a Putin conservar influencia. Los analistas y gran parte de la oposición apostaban por que permanecería al frente de un Consejo de Estado renovado y mucho más poderoso. Ahora, vistas sus cartas, parece que su apuesta era algo más simple: volver a presentarse a unas elecciones presidenciales y quedarse en el Kremlin.

Sin sucesión ni transición

Con la maniobra “estratégica” de hoy, apunta la politóloga Tatyana Stanovaya, Putin no solo elimina todo el rumor y el debate sobre su sucesión; además, deja muchas expectativas. “Si piensa en la historia, como ha mencionado, le gustaría limitar los mandatos de cualquier presidente. Pero cuando se trata de él, quiere tener más espacio y más opciones para elegir cualquier escenario que desee”, señala Stanovaya, directora de la firma de análisis R.Politik. Aunque el líder ruso no destapó si volverá a concurrir dentro de cuatro años. “Estoy seguro de que juntos haremos muchas cosas más, al menos hasta 2024. Luego, ya veremos”, dijo.

La oposición, sin representación en el Parlamento, que lleva semanas hablando de “golpe de Estado”, ha cargado este martes contra el nuevo escenario que dibujan estos cambios y prepara una movilización para protestar contra la propuesta. “Para qué retorcer las cosas o seguir dándole vueltas si podemos nombrar zar a Putin”, ha ironizado el bloguero opositor Alexéi Navalni en las redes sociales. Al caer la noche, cerca de la Duma estatal y de espaldas al Kremlin, decenas de ciudadanos se reunieron para protestar contra una iniciativa que consideran contraria a la ley fundamental en forma de los “piquetes solitarios”, una fórmula para sortear la limitación impuesta en Rusia a las protestas no autorizadas que ya se ha convertido en tradicional. Las protestas numerosas lo tendrán aún más difícil que habitualmente en una ciudad con restricciones debido a la epidemia de coronavirus. Este martes, pese a que hay una veintena de casos declarados oficialmente, la alcaldía de Moscú prohibió eventos con más de 5.000 participantes hasta el 10 de abril. Mientras, la votación popular sobre la reforma de la Constitución sigue adelante.

Putin llevaba meses descartando públicamente una vía que le permitiese permanecer en el Kremlin. Incluso el pasado enero, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial le pidió que se quedara en la presidencia, el mandatario lo descartó aludiendo que no deseaba una “regresión a los tiempos de la Unión Soviética”. “Debo admitir que [esa observación] no fue correcta, porque durante los tiempos de la URSS no hubo elecciones; todo se decidió en secreto o como resultado de algunos procedimientos o intrigas internas del partido”, ha dicho Putin este martes en la Duma. “Ahora la situación es completamente diferente, necesitamos ir a las urnas”, ha rematado. Si los cambios esbozados este martes se consolidan y Putin fuera reelegido en 2024, permanecería 18 años seguidos en el poder y, como mínimo 24 en total. Cumpliendo el espíritu que, como apuntó hace unos días, percibe para el cargo: “No solo un trabajo sino un destino”.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 10 Mar 2020 - 14:37COT

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Putin reformará la Constitución; quiere perpetuarse en el Kremlin

Moscú. La maquinaria de aprobación de la reforma constitucional –que el 15 de enero anterior se sacó de la manga el presidente Vladimir Putin para seguir al frente de Rusia más allá de lo que debería ser, de no cambiar la legislación vigente, su último mandato como titular del Kremlin– continúa a paso acelerado y la meta es que a más tardar dentro de dos meses este país tenga ya otra Carta Magna, hecha por y para el actual gobernante.

Al reunirse este miércoles con los integrantes del grupo de trabajo que creó el propio Putin para “analizar y enriquecer” su paquete de enmiendas –después de ser adoptado en lo general por los diputados de la Duma, quienes el 10 de marzo tienen previsto votarlo en segunda instancia–, el presidente ruso estuvo de acuerdo en que el texto definitivo, cuando haya sido aprobado por las dos Cámaras del Parlamento, se someta a “votación popular” el 22 de abril siguiente.

Aunque los resultados de esa votación no tendrán carácter vinculante, por no ser un referendo sujeto a un estricto reglamento, Putin se comprometió a promulgar la ley sobre la inmediata –sí se mostró inflexible respecto a esta urgencia– entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución sólo después de obtener el respaldo mayoritario de la población.

Por ahora, nadie sabe cómo se va a medir la magnitud del necesario apoyo que quiere obtener el Kremlin, si tiene en cuenta –como si se tratara de un referendo– que la reforma se apruebe con un mínimo de asistencia de 50 por ciento del padrón o bastará –para evitar el riesgo de no conseguir la participación idónea– con sólo la mayoría de los votos depositados.

Con esa “votación popular”, Putin pretende legitimar cambios que, a juicio de sus adversarios, requerirían convocar una Asamblea Constituyente y no reducir a un “sí” o un “no” la totalidad de modificaciones que, de hecho, configuran una nueva Carta Magna, sin ofrecer el debido tiempo para conocer y asimilar las novedades.

Los críticos de esta reforma constitucional afirman que se quiere convocar a las urnas para ratificar cambios diseñados por la Oficina de la Presidencia y que para entonces ya habrá aprobado el Parlamento, en ámbitos tan disímbolos como –por poner unos ejemplos– las iniciativas de carácter social, las facultades de los distintos órganos del poder, el sistema de gobierno o la preeminencia de los intereses de Rusia frente a compromisos adquiridos conforme a las normas del derecho internacional.

Quedó claro este miércoles que la reforma promovida por Putin busca sobre todo reforzar las prerrogativas del Presidente y que, una vez aprobadas, se propone empezar a ejercer de inmediato, sin tener que agotar los cuatro años de mandato que le faltan.

Con esta maniobra, Putin alcanza un doble objetivo. Por un lado, seguir concentrando en sus manos el poder al margen de lo que pudiera suceder al renovarse la composición de la Duma, en principio el otoño de 2021, aunque tampoco debe descartarse un eventual adelanto de las legislativas.

Y por el otro, dejar abierta la puerta para aprobar leyes que redistribuyan el poder antes de concluir su actual periodo presidencial en 2024, en caso de que Putin no tenga en mente presentar la reforma constitucional como una suerte de borrón y cuenta nueva que, desde su personal óptica, le permita verse otros doce años como mandamás del Kremlin.

Por Juan Pablo Duch, corresponsal | miércoles, 26 feb 2020 14:14

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Sábado, 11 Enero 2020 06:47

"El modelo es de abuso y de desigualdad"

La explosión popular en Chile originó una violenta represión y una apertura posible.  Imagen: AFP

Entrevista a Víctor Osorio Reyes académico y periodista chileno

El debate por la nueva constitución, la primera escrita y votada en democracia, es también por el modelo de Chile, más igualdad y más derechos.

 

Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

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Lunes, 30 Diciembre 2019 06:04

La izquierda chilena frente a sí misma

La izquierda chilena frente a sí misma

El Frente Amplio se encuentra en pleno proceso de implosión solo unos meses antes de la decisiva votación sobre la asamblea constituyente que debe poner fin al experimento del neoliberalismo que perdura desde el golpe de Pinochet.

El terremoto político y social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre ha sacudido a una clase política más desprestigiada y desacreditada que nunca. A dos meses del comienzo de las protestas, los efectos de estas se han hecho sentir a lo largo de todo el arco parlamentario, y la izquierda chilena no ha sido inmune a ello.

El Frente Amplio (FA), una coalición formada en 2017 que abarca a distintas fuerzas políticas ubicadas a la izquierda de la Nueva Mayoría (el centroizquierda), se encuentra en el momento político más tenso desde su nacimiento. Fuertemente criticado por sus bases y cuestionado por algunas de sus últimas decisiones políticas, el que parecía estar llamado a capitalizar el descontento social, se halla al borde de la implosión.

Las fricciones generadas a raíz de la firma del Acuerdo por la Nueva Constitución por algunos sectores del FA, han provocado la salida de la coalición de partidos y dirigentes de la talla de Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. El edil, que puso fin a su militancia en Convergencia Social el pasado 15 de noviembre, señalaba en la carta de renuncia que firmó junto a otros 72 militantes de la formación, que Convergencia “ya no constituía el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual” y que a partir de ahora “aportaría de manera independiente y autónoma a la construcción de un proyecto de izquierda del siglo XXI desde los distintos lugares donde correspondiera actuar”.

La de Sharp no es la única fuga que ha sufrido el FA en las últimas semanas, y a la salida del Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Partido Ecologista Verde, se unió el pasado 12 de diciembre la del Partido Humanista, formación que cuenta con tres de los veinte escaños de la coalición en el Parlamento. Una estampida provocada, por la firma de un acuerdo, “contrario en esencia a las demandas de los manifestantes” para unos, y necesario, aunque insuficiente para otros.

El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado la madrugada del 15 de noviembre abrió un cisma importante dentro de la coalición entre firmantes y no firmantes. De un lado, Revolución Democrática (RD), Comunes y el Partido Liberal se sumaron a la propuesta, sin coincidir en todos los puntos que recogía el Acuerdo, pero argumentando que suscribirlo suponía un avance y permitía seguir remando en la dirección correcta. Del otro, Convergencia Social, con la excepción de Gabriel Boric que lo suscribió a título individual, el Partido Humanista y el Partido Ecologista Verde, se bajaron de las negociaciones de un acuerdo que consideran, hecho a espaldas de la población y que deja todo bien amarrado para el oficialismo, al mantener algunos de los cerrojos de la constitución de 1980 como el quórum de dos tercios, que permitiría a la derecha bloquear cualquier mínima posibilidad de cambio.

Al margen de la cuestión de los quórum, o la ausencia en el Acuerdo presentado en noviembre de cuotas que garanticen la paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos originarios, una parte importante de este descontento provino de la puesta en escena del acuerdo. En un momento de impugnación a la clase política en su conjunto, la foto junto al oficialismo y la antigua Concertación, no gustó ni entre los manifestantes ni dentro de la coalición, ya que colocó al FA como uno más dentro del cártel político chileno.

“Algunos en el Frente Amplio quieren ser la nueva Concertación” declaraba el diputado y presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González al explicar las causas que llevaban al partido a abandonar la coalición. Una frase que si bien puede sonar exagerada, muestra a la perfección el descontento de algunos sectores que ven en la política seguida por el Frente en el parlamento los últimos meses una traición a los intereses de los manifestantes.

De fuerza impugnadora a impugnada, lo que ha ocurrido en palabras del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile Ernesto Águila, es que “la ciudadanía no diferencia de manera muy significativa en su rechazo a los partidos políticos tradicionales y al Frente Amplio”.

LA LEY “ANTISAQUEOS”

La sucesión de acontecimientos no le ha puesto fáciles las cosas al Frente Amplio, cuyas contradicciones internas se han agudizado hasta hacerse insostenibles desde que estallara la contingencia. Tras las críticas recibidas por la firma del acuerdo, la distancia entre la coalición y una parte importante de los manifestantes ha aumentado aún más tras su voto favorable en el Congreso a la Ley Antisaqueos hace unas semanas. Un proyecto de Ley impulsado por el Ejecutivo que endurece las penas para los hechos constitutivos de desórdenes públicos y tipifica seis nuevas conductas sancionables con penas de hasta cinco años de cárcel.

La paralización de servicios públicos de primera necesidad, el lanzamiento de objetos contundentes, los daños a establecimientos comerciales o industriales, dificultar la actuación del Cuerpo de Bomberos o impedir la libre circulación de personas y vehículos, son algunas de estas conductas recogidas bajo el nuevo proyecto de ley. La redacción del texto no ha estado exenta de polémicas, y algunos diputados y agentes de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mostraron su rechazo aduciendo que su único fin era criminalizar la protesta social.

La mesa de Unidad Social, que abarca a más de cien organizaciones de la sociedad civil, calificó la ley como parte de una “agenda represiva” impulsada por el gobierno con el objetivo de aplacar las protestas. El comunicado emitido por la plataforma señalaba que bajo el amparo de la nueva ley, algunas formas de protesta legítimas, como los paros laborales en ciertas actividades, los cortes en la vía pública o las tomas pacíficas de terrenos o edificios, podrían entenderse a partir de ahora como constitutivas de delito, acarreando sanciones de hasta cinco años de prisión. Una manera de dar soporte legal a la criminalización de la protesta en un contexto con más de mil detenidos, una veintena de muertos y doscientas personas con lesiones de globo ocular a causa de los balines disparados por las fuerzas del orden.

Algunos diputados criticaron la excesiva penalización de determinadas conductas como lanzar piedras o montar barricadas y llamaron al Senado a remediar lo aprobado por el Congreso. Por su parte, la Cámara Alta someterá a modificaciones el proyecto aprobado por el Congreso, y como declaró el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad Francisco Huenchumilla, “se partirá con una hoja en blanco para rearmarlo completamente”.

No obstante de lo que finalmente delibere el Senado, una de las sorpresas fue que entre los 127 diputados que votaron a favor del proyecto en el Congreso estuvieran los diputados del Frente Amplio con contadas excepciones como las diputadas Alarcón y Jiles del Partido Humanista, que en aquel momento aún no había materializado su salida de la coalición. En un inicio, diputados como Gabriel Boric justificaron su apoyo alegando que “aprobaron la ley en general porque rechazan los saqueos, pero que rechazaron los artículos que criminalizaban la protesta social”. Esta aparente seguridad inicial se vino abajo con el aluvión de críticas que recibió la coalición y sus máximos representantes tanto en la calle como en las redes sociales.

Las justificaciones iniciales de los diputados de Convergencia, Revolución Democrática y el Partido Liberal no fueron suficientes ni para algunos de sus compañeros como la diputada Jiles (Partido Humanista), que les recriminó duramente por redes sociales, ni para sus bases, que emitieron sendos comunicados calificando la votación de error político. Ante esta avalancha, los líderes de Revolución Democrática y Convergencia, Giorgio Jackson y Boric, acabaron retractándose y asumiendo que se habían equivocado votando a favor de la ley.

No obstante, el arrepentimiento no solo no les eximió de culpa ante la gente, sino que les hizo recibir aún más críticas por parte del resto de miembros de la cámara. Jiles tachó a Boric de mentiroso y de mala persona, mientras que otros diputados como Matías Walker (Democracia Cristiana) o el vicepresidente de la cámara Pepe Auth, acusaron a los frenteamplistas de “no tener carácter y de no estar dispuestos a recibir críticas de los suyos”.

El asunto dejó muy tocada a la coalición. Por un lado, aunque ya estuviera anunciada, selló su ruptura definitiva con los humanistas tras las virulentas críticas de Jiles, y por otro, mostró al grupo más endeble, inseguro y desubicado que nunca. La desconexión entre el Frente Amplio y los manifestantes ha aumentado conforme han ido avanzando las semanas; una situación que empeoró aún más con el apoyo a una ley, que según amplios sectores convierte a la coalición en cómplice de la represión del gobierno hacia los manifestantes.

UN FUTURO INCIERTO

Tras el meritorio e inesperado 20,2% obtenido por Beatriz Sánchez en las presidenciales 2017 y la creciente popularidad de algunos representantes de la coalición como Gabriel Boric o Giorgio Jackson, el estallido social parecía una oportunidad única para el Frente Amplio de convertirse en el canalizador del descontento y ganar terreno a sus adversarios. Sin embargo, la joven coalición se ha encontrado con un camino repleto de trabas y ha acusado el desgaste de las protestas tanto o más que sus oponentes.

Una reedición de la coalición tal y como se presentó en 2017 para futuros comicios parece improbable en estos momentos, y la principal duda reside en cómo encararán las distintas fuerzas políticas las próximas citas a las urnas. Respecto al plebiscito de finales de abril, que decidirá si el órgano constituyente se integra plenamente por independientes o si la mitad de sus miembros serán parlamentarios en ejercicio, parece que no habrá dudas y que las fuerzas progresistas en su conjunto apostarán por la Convención Constitucional (integrada únicamente por miembros electos para el efecto). Sin embargo, la posición que adoptarán cuando llegue el momento de presentar las listas de candidatos para integrar el futuro órgano constituyente, es una incógnita a día de hoy.

Parece que muy probablemente habrá ciertos cambios en la composición de los dos bloques a la izquierda de la Nueva Mayoría. La integración de las formaciones que abandonaron el FA por las discrepancias generadas por las protestas, en el bloque de Unidad para el Cambio es una de las opciones más plausibles en estos momentos. La coalición creada en junio de este año, compuesta por el Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación Regionalista Verde Social, podría integrar por estrategia y por principios a las formaciones salientes como el Partido Ecologista Verde o el Humanismo. De hecho, los acercamientos con los humanistas ya son una realidad, y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras más reconocidas de los comunistas ya mencionó en una entrevista en la CNN que no descartaba concurrir junto a los humanistas en una alianza política y social que debería ser lo más amplia posible.

Otro de los interrogantes es si habrá listas de candidatos independientes impulsadas por los agentes sociales. Plataformas como Unidad Social o la Coordinadora de Asambleas Territoriales han adquirido gran relevancia con las protestas, recomponiendo un tejido social que llevaba muerto desde la dictadura; pero cuentan con menos recursos y capacidad de organización que los partidos a la hora de armar una lista. A pesar de haber demostrado un extraordinario poder de convocatoria durante las movilizaciones, configurar una candidatura requiere de una estructura y unos medios con los que no cuentan, lo que, unido a la falta de experiencia en el terreno electoral, les pone en desventaja respecto a unos partidos que tampoco han estado interesados en allanarles el camino simplificando los requisitos para la presentación de candidaturas de independientes.

Aún quedan muchas semanas por delante, pero a día de hoy la opción de una única candidatura que abarque a todas las fuerzas a la izquierda de la Nueva Mayoría parece inviable. Voces de ambos bloques abogan por una alianza lo más amplia posible, pero tras las acusaciones y descalificaciones esgrimidas contra el Frente Amplio estas semanas, cuesta imaginarse a todas las fuerzas de la izquierda conviviendo en una misma candidatura.

La fragmentación del voto será por tanto, uno de los principales escollos para la izquierda en los comicios que elijan a los miembros del futuro órgano constituyente. Tanto si vence la Convención Mixta, como si lo hace la Convención Constitucional, los asambleístas serán elegidos por el mismo sistema que rige para las elecciones al Congreso, en el que los escaños se asignan a través del método D’Hondt. El nuevo sistema, más representativo que el binominal que regía hasta 2017, a pesar de abrir la posibilidad de que nuevas fuerzas ingresen en el parlamento sigue penalizando mucho a las candidaturas que no se integran en una coalición amplia. Además, el conocido “arrastre” genera asimetrías que ya fueron criticadas en la última elección al Congreso, al resultar electos candidatos con menos de un 5% de votos, que eran “arrastrados” por otro candidato de su misma lista que contaba con un porcentaje alto de votos.

Estas peculiaridades del sistema chileno deberán ser tenidas en cuenta por las fuerzas políticas a la hora de armar las candidaturas que competirán por obtener un asiento en el órgano constituyente en octubre de 2020. Partidos y agentes sociales deben ser conscientes de los riesgos que implicaría una competición entre dos o tres listas distintas de la izquierda, sin contar la de centro izquierda que presumiblemente presentarán las fuerzas que integran la Nueva Mayoría.

El fuego amigo es otra de las amenazas que las fuerzas progresistas deberán sortear si quieren jugar un papel relevante en el proceso constituyente. Guste o no el acuerdo, la izquierda chilena se encuentra ante una oportunidad histórica de enterrar una Constitución diseñada por la dictadura y empezar a construir un nuevo modelo de país. El primer paso será el plebiscito de entrada, pero ocurra lo que ocurra a finales de abril, una mayoría del oficialismo en las elecciones a la Asamblea en octubre, agotaría cualquier mínima posibilidad de cambio. No será sencillo, pero para lograr una sociedad más justa, las fuerzas del cambio deberán dar batalla en todos los ámbitos, y uno de ellos es el electoral.

Por JAIME BORDEL GIL

SANTIAGO DE CHILE

2019-12-30 06:09

Publicado enPolítica
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