Chile votó por enterrar la Constitución de Pinochet

La opción "Apruebo" arrasó en el histórico plebiscito

La ciudadanía chilena decidió poner fin a la Carta Magna de 1980, elaborada por la dictadura. El estallido social del año pasado fue decisivo para este proceso constitucional.  

 

Aunque todos los sondeos vaticinaron el triunfo de la opción “Apruebo”, ninguno previó una cifra tan espectacular: 78,20 por ciento frente al 21,80, con el 86 por ciento de las mesas computadas, con lo que se abre el tan ansiado proceso de cambiar la Constitución de 1980 elaborada por la dictadura de Pinochet y que aún rige a Chile, con modificaciones que apuntan más a quitar lo “militar” pero manteniendo un modelo económico que beneficia a las empresas en contra de la ciudadanía. También arrasó la opción Convención Constitucional (79,10 por ciento) frente a la Mixta (20,90), la que obligará a conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género frente la segunda opción que buscaba incluir un 50 por ciento de parlamentarios en ejercicio.

Desde las 20:00 de este domingo sectores como Plaza Baquedano/Italia —rebautizada como “Plaza de la Dignidad”— comenzaron a llenarse de personas, incluidas familias donde destacaban cánticos como “El pueblo unido jamás será vencido” y la bandera mapuche, símbolo del movimiento social que generó todo este movimiento, mientras las Fuerzas Especiales se mantuvieron a distancia en una celebración totalmente pacífica.

Quizá por primera vez desde la pandemia, se podía percibir cierta alegría en las personas. El sol primaveral, la sensación de estar haciendo historia en las nuevas generaciones y cierto recuerdo del plebiscito de 1988 donde el “No” derrotó a Pinochet generó un ambiente sin mayores perturbaciones. En los colegios de Santiago Centro donde se votaba, se veía mucho joven y adulto mayor y hasta los policías y militares que controlaban estos locales de votación saludaban a las personas, en una postal francamente sorprendente.

Piñera: “Ha triunfado la democracia"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros dio un discurso por TV a las 21:20 (misma hora que en Argentina). “Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo una Convención Constituyente, que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres, para acordar una Nueva Constitución para Chile”.

Mientras miles de personas llegaban a la zona de Plaza Baquedano/Italia/Dignidad y en el centro de Santiago se escuchaban aplausos, bocinazos y gritos, tal como si fuera la final de un mundial, Piñera continuó: “Hoy la voz de todos los ciudadanos se ha escuchado con la misma fuerza y cada voto ha tenido el mismo valor. Ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Es un triunfo de todos los chilenos (…) El comienzo de un camino, que juntos, todos, deberemos recorrer. Hasta ahora la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la Nueva Constitución sea el gran marco de unidad y se constituya en la casa de todos”.

Y finalizó: “Hoy es tiempo de sanar las heridas del pasado, unir voluntades y levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Agradezco a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece y a los millones de ciudadanos, en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico (…) Como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie. Todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás”.

Parecía el final, pero es solo el principio

Este plebiscito, acordado el 15 de noviembre en una maratónica sesión en el Congreso tras semanas de paros, movilizaciones y cabildos auto convocados, se conoce como “de entrada”. Lo que viene son las elecciones de los ciudadanos que integrarán la Convención Constituyente el 11 de abril de 2021. Luego vendrá la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente habrá un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. 

El profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), Manuel Gárate tiene muy claro lo que se viene: “Los mayores problemas y desafíos, a mi parecer, están en el exceso de expectativas sobre los cambios a venir. Nos espera un largo proceso deliberativo no exento de conflictos y tensiones. La cláusula de aprobación de dos tercios (por cada artículo de la Constitución) obligará a [email protected] constituyentes a llegar a acuerdos y a negociar largamente”.

El historiador cree que habrá un periodo importante donde la convención deberá ponerse de acuerdo sobre sus reglas de funcionamiento, y que suele ser un momento tenso, largo, pero necesario. “Entonces es importante que las autoridades democráticas, los partidos, y otras organizaciones de la sociedad civil hagan una amplia pedagogía para explicar qué se puede esperar y qué no de un proceso constituyente. La movilización y la protesta social seguramente continuarán, aunque quizás con menos fuerza que en 2019. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad importante en proteger el proceso y evitar los excesos de cualquiera de los extremos y no aprovechar la situación para imponer una agenda propia o un pre-proyecto constitucional. También deberá encuadrar y regular muy bien la acción de la policía y evitar los abusos que vimos durante los últimos meses”.

El cientista político e investigador de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes advierte que hay que tomar en cuenta el multipartidismo del sistema político chileno. “No hay mayoría absoluta de una sola tendencia. El gran desafío va a ser establecer mínimos constitucionales básicos para llegar a un acuerdo que, según la norma requiere dos tercios. Por lo tanto, necesitas acuerdos de distintas fuerzas políticas para un mínimo constitucional.

El segundo desafío para Fuentes es que, independiente del proceso, “hay una demanda ciudadana por participar, por ser protagonistas de esta transformación”. “Hay que ver como las élites, que estarán en la Convención Constituyente serán capaces de abrirse para incluir distintos actores y agentes sociales, mecanismos de participación no vinculantes, cabildos, etcétera. Esto requiere una convención abierta, si no será percibida como un acuerdo cupular”.

La calle fue decisiva

Hace exactamente un año, más de un millón de personas repletó las calles de Santiago pero también el resto de Chile popularizando frases como “Con todo ¿sino pa'qué?” o “No fueron 30 pesos, fueron 30 años”. Está última en relación al alza del precio del metro que generó una serie de manifestaciones lideradas por escolares que comenzaron a evadir el boleto del metro (subte) capitalino en lo que sería el comienzo del “Estallido Social” del 18 de octubre.

Esto generó una desproporcionada represión policial contra los chicos, pero también el apoyo de los adultos que terminó con bombas lacrimógenas, estaciones incendiadas y la declaración de Estado de Emergencia, dejando 31 muertos, 500 chicos mutilados en los ojos (la policía disparaba balines a la cara) junto a más de 5.558 personas denunciando violación de derechos humanos

 “La calle fue decisiva. Sin eso no hubiera pasado nada”, explica el profesor de derecho de la U. de Chile y presidente del movimiento Fuerzo Común, Fernando Atria. El proceso constituyente fue abierto por la movilización popular, eso está clarísimo. La clase política lo acepta a regañadientes, atribuyéndose un rol más importante del que tienen en realidad”.

“Los sectores políticos no están muy conscientes del rol que cumple la protesta y el movimiento social en el proceso” agrega Fuentes. “La Convención Constituyente busca abrirse a mecanismos de participación más inclusivos: paridad, escaños reservados para pueblos indígenas, participación de independientes. Pero ha costado mucho, porque es una idea que va a contrapelo de las elites, que no quieren ceder poder. Es una historia conocida en América Latina. Esta tensión requiere ser resuelta”.

Gárate recuerda que ya desde 2006 con la llamada “revolución pingüina” —término que alude popularmente al uniforme de colegios públicos— y el movimiento estudiantil de 2011, la protesta y el malestar se intensificaron fuertemente. “La protesta y el malestar siguieron por años con reventones sociales esporádicos en todo el país, pero la olla seguía juntando presión. El sistema político, en general, no fue capaz de resolver esas demandas o bien fueron bloqueadas o dilatadas por la oposición como le ocurrió al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, la protesta social, sobre todo desde el año pasado, obligó a la clase política a mirar de frente los problemas de Chile y terminar con el discurso complaciente de los últimos 20 años, que nos hablaba de los éxitos y el desarrollo del país, mientras se acumulaba un enorme malestar y frustración por el costo de la vida y el endeudamiento endémico que promueve y alienta nuestro modelo de desarrollo”.

Y agrega: “La clase política ha sido reactiva; logró un acuerdo importante el 15 de noviembre pasado, pero "in extremis". Creo que aún no dimensiona la magnitud del malestar social y tratan de sacar ventaja en una óptica de corto plazo. Es fundamental para evitar la reversión autoritaria que la llamada clase política se abra a una participación diversa de las y los chilenos que no son militantes de partido, y comprender que el Chile de hoy es mucho más complejo que hace 30 años y exige más participación y una renovación de sus representantes. Sin la movilización ciudadana probablemente no habría pasado nada de lo que estamos viendo en estos días. Nada nos asegura un éxito en el futuro proceso, pero se abrió un camino para superar la crisis social y política desatada el 18 de octubre pasado”.

Una Constitución al servicio del pinochetismo

La Constitución de 1980 mantiene una serie de bloqueos institucionales y políticos a cuestiones que la sociedad viene pidiendo hace años, explica Gárate. Una auténtica máquina legal al servicio de la elite pinochetista que incluye quórums supra mayoritarios en el Congreso que, incluso siendo aprobado cuenta con el Tribunal Constitucional que puede bloquear cualquier intento de cambio de temas como pensión, salud, educación, vivienda o el cuidado de la niñez. “Pero seguramente la necesidad del cambio constitucional tiene también un componente simbólico-político en el sentido de ponernos de acuerdo nuevamente sobre cómo diseñaremos el pacto social para los próximos 50 años y con la posibilidad histórica de hacerlo con paridad de género. Una constitución democrática probablemente no soluciona ningún problema en particular ni rápidamente (salvo el no menos importante de su legitimidad de origen), pero abre un camino más participativo para discutir, deliberar y hacer que la clase política esté en mayor sintonía con el electorado”, dice el académico.

Aunque tuvo modificaciones, siendo la más relevante la hecha por Ricardo Lagos en 2005, los cambios señala Atria, “estaban más vinculados con la relación del poder civil y el militar, como por ejemplo, la restitución al presidente de la posibilidad de destituir a los comandantes de jefes de las FF.AA. Lo que no hizo fue cambiar la forma en que la Constitución le daba a la derecha, los herederos del proyecto político de la dictadura en relación al veto político”. Para el abogado —que desde 2009 ha estado impulsando en televisión y prensa la necesidad de cambiar la Carra Magna, “era un sistema electoral distorsionado en beneficio de la derecha, leyes orgánicas constitucionales que exigían quórums muy exagerados y Tribunal Constitucional con muchas facultades. Desde 2005 quedó claro que las reformas que se le podían hacen al texto constitucional no iban a solucionar el problema”.

Un escenario que tal como la pandemia, nadie hubiera imaginado hace un año.

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Domingo, 25 Octubre 2020 05:51

Un plebiscito en modo covid-19

Un plebiscito en modo covid-19

Piñera despliega medidas sanitarias y miles de carabineros en Chile

 

Este domingo Chile decidirá cambiar o mantener la Constitución de 1980, elaborada entre cuatro paredes por la dictadura de Pinochet y que benefició al empresariado en desmedro de los derechos ciudadanos. Tanto, que eso fue el detonante de las grandes movilizaciones iniciadas en octubre del año pasado, lo que obligó al gobierno a acordar un plebiscito.

El votante se va a encontrar con dos papeletas, la primera con la opción “Apruebo” y “Rechazo” el cambio de constitución. La segunda es sobre la forma de redactar la eventual nueva Carta Magna: “Convención Constitucional” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) versus “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos).

Según la Encuesta Data Influye, ganaría el “Apruebo” con un 69 por ciento y la “Convención Constitucional” con un 6. Se estima que esta votación será la que tendrá la mayor participación desde el plebiscito del Si y el No de 1988, donde cayó Pinochet. El voto está marcado por el coronavirus que ya causó 18.313 decesos considerados casos sospechosos, pero sin confirmar. Otro dato relevante es que Chile acaba de superar este sábado los 500 mil contagios confirmados desde que comenzó la pandemia. Es decir, uno de cada 40 habitantes.

Sin embargo, desde las recientes Fiestas Patrias del 18 de septiembre, cuando el gobierno finalmente autorizó reuniones sociales, en teoría, restringidas, la ciudadanía ha comenzado a tomarse las calles. Se ve sobre todo los fines de semana, aprovechando la primavera y el progresivo desconfinamiento de la ciudad. Y no sólo para retomar las protestas en el sector de Plaza Baquedano/Plaza Italia, sino también en los parques, malls, locales comerciales con aforo reducido o los restaurantes que han dispuestos sus mesas en las calles aunque con discutibles medidas de distancia social sumados a la falta de mascarilla para comer y conversar.

El gobierno de Sebastián Piñera ha asegurado medidas para proteger a los votantes que según estimaciones recientes llegarían a un ochenta por ciento de los 14.796.244 habilitados para votar. El ministro del interior Víctor Pérez prometió fiscalizaciones en la calle. “Al interior de los recintos electorales no se puede fiscalizar, la fiscalización es externa (…) Esperamos que las personas que tengan covid 19 se queden en sus casas, para que se cuiden ellas mismas y cuiden a los demás”.

El gobierno también anunció que va a desplegar 23 mil carabineros para resguardar la seguridad, junto al establecimiento anillos perimetrales que buscarán evitar el contacto de los votantes luego que salgan de los lugares de votación. Los locales donde se votará, principalmente colegios, serán sanitizados varias veces al día con amonio cuaternario y nanoparticulas de cobre. 

Un detalle es que además del uso obligatorio de mascarillas y la distancia social, serán los propios votantes deberán llevar lápices tipo bic de color azul en reemplazo del clásico lápiz mina de procesos anteriores. Esto debido a que otro tipo de lápices impiden la legibilidad del voto y que colores pasta como el rojo permiten que el voto se vea desde el exterior. También están prohibidas las remeras o cualquier alusión visible a las opciones en disputa. 

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Plaza “Dignidad” se llena en Santiago de Chile celebrando un año del estallido 

A una semana del plebiscito constitucional

Hace un año comenzó un movimiento social sin precedentes en la historia reciente del país trasandino que, tras una sangrienta represión y la tozudez del gobierno de Piñera, terminó llevando a referéndum la Carta Magna de Pinochet. Al final de la tarde, encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera. 

 

Ni la pandemia, ni la represión policial que terminó hace dos semanas con un chico lanzado al río Mapocho ni los llamados del gobierno a “ser responsables” ante el plebiscito del 25 del octubre —donde se decidirá cambiar la Constitución establecida por Pinochet en 1980— impidieron que se llenara esta tarde el sector de Plaza Italia, histórico centro de protestas y manifestaciones en Santiago de Chile.

La zona, frontera simbólica entre las comunas acomodadas y los sectores más populares, fue rebautizado como “Plaza de la Dignidad” por los manifestantes que exactamente hace un año comenzaron el llamado “Estallido Social”. Una serie de protestas, paros nacionales, cabildos ciudadanos, memes en redes sociales o colectivos feministas como Las Tesis lograron alterar el programa de gobierno, los planes de la clase política y a la elite chilena muy cómoda con la herencia de la dictadura. Algo que también dejó decenas de muertos, violaciones a los derechos humanos y más de 500 jóvenes heridos por carabineros que, mostrando su rostro más salvaje, dispararon balines directo al rostro de los manifestantes.

Hasta las 19:00 la manifestación había sido pacífica, con cantos como “el pueblo unido jamás será vencido”, banderas mapuche (curiosamente la bandera chilena ha terminado siendo asociada a la derecha y su particular concepto de patriotismo), algunos en bicicleta y otros con parlantes entonando canciones-himno como “El baile de los que sobran” del grupo pop de los `80 Los Prisioneros. También había carteles que dicen “Renuncia Piñera”. La multitud incluso fue capaz de abrirse espacio para que pasara “el bus del pueblo”, una antigua micro (colectivo) amarillo que ha sido uno de los clásicos de las protestas. La policía se mantenía a distancia y el gobierno monitoreaba desde la Moneda el lugar que se comenzó a llenar desde las 10:00 de la mañana.

Sin embargo, como en un guión que se viene dando desde la gran movilización estudiantil de 2011, grupos de encapuchados comenzaron a armar barricadas y generar desmanes sin que la policía interviniera y —lo más notable— en el horario en que comienzan los noticieros centrales de TV.

Una dinámica violenta que hace que los manifestantes vayan desocupando el recinto y provocando a otros tanto contra los encapuchados como la policía. Esta vez no fue la excepción: la parroquia de carabineros y la iglesia La Asunción fueron atacadas y parcialmente quemadas, al mismo tiempo que comenzaban saqueos (frustrados) en locales aledaños a la plaza. Hasta el cierre de esta edición Piñera y su equipo siguen reunidos.

¿El final de la herencia pinochetista?

Así, el próximo domingo los chilenos deberán elegir entre la opción “Apruebo” (para cambiar la constitución) o “Rechazo” (para mantenerla). Hasta hoy no hay ninguna encuesta que señale el triunfo de esta última. Según el sondeo Data Influye, un 69% votará la primera opción, mientras que sólo un 18% se inclinará por el rechazo, siendo además esta elección la que tendría la mayor participación ciudadana desde el plebiscito de 1988 donde ganó el “No” a Pinochet.

“Lo de Chile fue una revuelta social con rasgos revolucionarios”, dice el filósofo chileno Ricardo Espinoza autor de libros como NosOtros: manual para disolver el capitalismo (Morata, 2020). “Llamarlo solamente estallido encubre algo importante: el chileno era un pobre y desgraciado sujeto individual, egoísta y competitivo que hacía todo por competir y tener éxito en el mundo-mercado. Un zombie y mercancía al mismo tiempo. Un muerto viviente que ahora se conviertió en el único sujeto revolucionario posible para estos tiempos: lo que yo llamo el NosOtros: volverse uno dentro de un colectivo. Con ello la matriz misma del capitalismo quedó trizada y pudimos comenzar a destruir ese infierno capitalista del Chile pre-octubre y que ni la pandemia detuvo”.

La otra pregunta que contendrá esta votación es quien redactaría la Constitución y que pueden votar incluso quienes “rechazan”. Hasta hoy siempre ha ganado la “Convención Constituyente” (155 ciudadanos elegidos por la ciudadanía) frente a la “Convención Mixta” (86 parlamentarios y sólo 86 ciudadanos elegidos). Este plebiscito se conoce como “de entrada”. Luego vendría las elecciones de ciudadanos que integrarán la convención —ya sea mixta y constituyente— el 11 de abril de 2021, para luego dar paso a la redacción de la Constitución con un plazo de nueve meses, renovable por tres más. Finalmente hará un plebiscito ratificatorio “de salida” durante 2022. Si gana el "rechazo" se mantendría la Constitución de 1980.

Sin embargo, analistas políticos como Montserrat Nicolás plantean dudas frente al proceso que se decidió el 15 de noviembre, donde el PC se restó y se comenzó a hablar de una “cocina política” que bloqueó lograr el objetivo principal de las marchas: una convención constituyente. “Esto no nació de la clase política porque por décadas se esperó respuestas de ella y en vez de eso entregaron migajas. Fue al revés: no es que se haya aceptado a regañadientes la idea de un referendo, sino es un intento de secuestro del proceso constituyente. que esperan que funcione como píldora de dormir y que acabe con la agitación social. Ese famoso pacto se firmó de espaldas a la sociedad y sin metodologías. Ahí está la trampa”.

El alza del pasaje que despertó a Chile

Al principio del “Estallido” no se hablaba de cambiar la constitución. Los sectores de derecha o de oposición, incluso, hablaban de “nuevo pacto social”. Una semana antes, el gobierno de Sebastián Piñera anunció un alza de $30 pesos del pasaje del metro (subte) equivalente a unos 0,10 pesos argentinos en los horarios clave como el de 7:00 a 8:59 y 18:00 a 19:59. La cifra podría parecer menor, pero ante un panorama de alzas y sobre todo, el “consejo” del entonces ministro de economía Juan Andrés Fontaine de levantarse más temprano (“Quien madruga puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”) la rabia se tradujo en evasiones masivas del metro, liderada por escolares que decidieron no pagar el pasaje y saltar las barreras de seguridad del metro, siendo reprimidos por carabineros mientras el subsecretario del interior Rodrigo Ubilla amenazaba a la ciudadanía con protestar así “no es la forma”.

Todo explotó la tarde del también llamado “18-O”: Santiago estaba repleta de carabineros en las puertas del metro, carros lanza aguas apuntando a la Biblioteca Nacional —una de las salidas más concurridas— y los primeros enfrentamientos con manifestantes. Ya a las 20:00 el aire era irrespirable debido a los gases lacrimógenos lanzados por carabineros y por la TV se anunciaba el incendio de varias estaciones del metro, un hecho aún no resuelto y que mueve a sospechas considerando su moderno sistema de cámaras de vigilancia y lo oportuno del hecho para contener el malestar social.

Más confuso estaba el presidente que fue visto comiendo pizza en el sector alto de Santiago para luego más tarde volver a La Moneda y decretar Estado de Emergencia (que se extendería por nueve días) llamando a los militares a tomarse las calles. Aunque Piñera repitiera que Chile estaba “en guerra” ante “un enemigo poderoso”, la gente increpaba a los militares y seguía protestando en pleno toque de queda. El mejor resumen de la actitud del gobierno de esa noche la dio el diario italiano Il Corriere Di la Sera: “Chile se quema y él comiendo pizza”.

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Viernes, 25 Septiembre 2020 05:06

De nuevo en primavera

Manifestación contra el gobierno de Sebastián Piñera, en Santiago de Chile AFP, MARTIN BERNETTI

Chile, hacia una nueva Constitución

 

El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al plebiscito de esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la nueva carta magna supondrá apenas el inicio de una larga discusión sobre el proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la revuelta popular.

El día en que se cumplirá un año de la llamada «marcha más grande de Chile», que sólo en Santiago convocó a más de 1 millón de personas, asoma como otro hito en la historia del país. El próximo 25 de octubre –es decir, dentro de un mes– el pueblo chileno decidirá en un plebiscito si quiere una nueva Constitución política y qué tipo de órgano será el encargado de redactarla.

En la votación habrá dos papeletas con dos opciones a marcar en cada una: apruebo o rechazo (en referencia a la creación de una nueva Constitución), y convención mixta (un órgano constituyente compuesto a partes iguales con miembros del Congreso y miembros elegidos popularmente) o convención constitucional (con todos sus miembros elegidos popularmente). Todos los sondeos desde noviembre pasado adelantan un triunfo por abrumadora mayoría para la combinación apruebo-convención constitucional. La última encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, de la primera quincena de setiembre, estimó que el 75,1 por ciento del total del padrón electoral se inclinará por el apruebo y que el 57 por ciento lo hará por la convención constitucional.

El proceso constituyente tendrá una naturaleza inédita en la historia chilena si vence el apruebo, ya que permitiría abrir la deliberación del nuevo texto a través de canales de participación popular. Ni la Constitución vigente de 1980, fraguada entre cuatro paredes por la dictadura de Augusto Pinochet, ni los anteriores textos constitucionales –los más duraderos fueron los de 1833 y 1925– nacieron al calor de un diálogo democrático.

«Chile recién se está poniendo al día en un cambio político que se produjo hace décadas en América Latina. Casi todos los países de la región han incorporado mecanismos de democracia directa. Pero en Chile hay una extrema rigidez institucional que mantuvo intacta la estructura heredada de la dictadura de Pinochet, hasta que el estallido social del 18 de octubre remeció el sistema político, como culminación de un ciclo de protestas que venía desde el movimiento estudiantil de 2006», indica a Brecha Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El cronograma

La convocatoria al plebiscito de octubre quedó zanjada el 15 de noviembre de 2019 en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, suscrito por el grueso de los partidos políticos como respuesta a las demandas de la revuelta popular. El día elegido para la votación era originalmente el 26 de abril, pero el covid-19 obligó a aplazar la fecha.

De hecho, el proceso constituyente se inscribirá en un contexto de crisis sanitaria. Por eso, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un protocolo sanitario para proteger a los electores y a los vocales de mesa. «Votar en el plebiscito no será más peligroso que ir al supermercado», afirmó el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, el 14 de setiembre. Sin embargo, en los últimos días el organismo descartó que las personas contagiadas por coronavirus puedan votar. El 11 de este mes, en tanto, el presidente, Sebastián Piñera, había anunciado la extensión del estado de catástrofe por 90 días más, por lo que la jornada de votación será con toque de queda durante la noche.

Pese a las restricciones sanitarias, se prevé una alta concurrencia a las urnas: en la última encuesta Pulso Ciudadano el 75,1 por ciento se mostró seguro o muy seguro de ir a sufragar, aunque la participación no es obligatoria. La alta concurrencia está motivada por el clamor de sepultar la Constitución de Pinochet, que, aunque reformada 46 veces, «mantiene el statu quo, ya que es un proyecto de ingeniería social que levantó la dictadura para neutralizar al gobierno de la Unidad Popular y al ciclo histórico de crecimiento del Estado y los derechos sociales que va desde 1940 a 1970», dice a Brecha Jaime Bassa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y activo participante en las asambleas y los cabildos territoriales autoconvocados desde el 18 de octubre.

Cambiar la Constitución es determinante, agrega Bassa, ya que la de 1980 «entrega la provisión de derechos sociales como la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social a empresas privadas. Es un diseño que mercantiliza la vida, genera precariedad y bloquea los cambios. Promueve un Estado subsidiario y una economía neoliberal». Cita como ejemplo de esto que, en lugar de consagrar el derecho público a la salud, la actual carta magna establece que «cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado».

El acuerdo del 15 de noviembre estableció que el órgano constituyente deberá aprobar su reglamento y cada una de las normas constitucionales por un cuórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si triunfa la opción de formar una convención constitucional, sus integrantes serán votados bajo el mismo sistema electoral que rige para la votación de diputados. En Chile hay 155 diputados electos bajo un esquema proporcional de 28 distritos electorales, por lo que la convención tendrá el mismo número de miembros. El acuerdo también fijó un plebiscito ratificatorio (con voto obligatorio) para validar el nuevo texto. El 24 de diciembre se aprobó la ley 21.200, que modificó el capítulo V de la actual Constitución para regular todo el proceso venidero.

La pandemia alteró los planes iniciales y sólo el 27 de marzo de este año el Servel agendó las tres fases del ciclo completo. Tras el citado plebiscito de entrada, el 11 de abril de 2021 se elegirán los integrantes del órgano constituyente. Nueve meses después de instalada la convención (su período de trabajo se puede extender a 12 meses si se solicita prórroga, por única vez) se convocará al plebiscito ratificatorio o de salida. Si el proceso sigue la ruta trazada, Chile podría tener una nueva Constitución, a más tardar, en 2022 y con otro presidente de la república: la elección presidencial será el 21 de noviembre de 2021.

La legitimidad de la Constituyente

Fruto de la presión del movimiento social y de algunos partidos políticos, en los últimos meses se añadieron nuevas normas al acuerdo del 15 de noviembre. En marzo pasado se aprobó la paridad de género para una eventual convención constitucional. Además, las candidaturas independientes podrán presentar sus propias listas, siempre y cuando sean respaldadas por firmas ante notario del 0,4 por ciento de quienes votaron en cada distrito en la última elección de diputados. El trámite entraña una gran dificultad en el contexto de pandemia y, en virtud de ello, se le solicitó al Servel autorizar firmas electrónicas, sin tener respuesta aún.

Por otro lado, el pasado 7 de julio el Senado aprobó, en general, una reforma para reservar escaños de la Constituyente a pueblos originarios. Aún no se ha definido el número ni el mecanismo de asignación.

«La legitimidad se juega en varias dimensiones, no se agota en la dicotomía independientes/militantes partidarios. La clave para la reconfiguración de las relaciones de poder es que en la deliberación constituyente participen los grupos que estructuralmente han sido más postergados. El carácter paritario de la convención contribuye a enfrentar una de las exclusiones más fuertes de la sociedad chilena, que es el tema de género. Los escaños reservados para los pueblos originarios también son un factor de legitimidad importante», precisa Bassa.

Heiss concuerda en la trascendencia de la paridad de género: «El solo hecho de que la convención constitucional esté forzada a tener mujeres habla de un nivel de inclusión que no ha habido nunca en Chile y en ninguna asamblea constituyente en el mundo. Incorporar a la discusión política actores nuevos –actrices, en este caso– es algo totalmente novedoso».

Sin embargo, hay expertos que ven una «trampa» en la baja probabilidad de que participen de la convención actores del mundo independiente, por ejemplo, líderes vecinales. En esos términos y en varios medios se ha referido, desde el año pasado, el abogado penalista Mauricio Daza a la casi obligatoria necesidad de las candidaturas independientes a postularse dentro de la lista de algún partido político para tener alguna opción real de integrar la Constituyente.

«No estoy de acuerdo con esa lectura. Las puertas para la participación ahora están más abiertas que en el acuerdo del 15 de noviembre. Creo que es un buen camino canalizar las demandas de las bases en alianzas virtuosas con los partidos políticos. Estos podrían recuperar su rol. Los electores tenemos la última palabra en elegir bien a nuestros representantes y no permitir que viejos rostros de la política quieran reciclarse en la Constituyente. Lo que pasa es que los partidos han subvertido el sentido de las instituciones protegiendo el interés privado por sobre el interés general», plantea Bassa.

Sin ir más lejos, el Frente Amplio, una coalición de fuerzas de izquierda que germinó en 2017, pretende abrir la mitad de sus candidaturas a la Constituyente a ciudadanos que no militan en partidos. «El mundo social es el espacio natural del Frente Amplio. Tenemos militantes e independientes que han estado liderando las demandas de la ciudadanía. La Constituyente es para la confrontación de ideas y no una asamblea de técnicos o expertos», comenta a Brecha Jorge Ramírez, presidente del partido frenteamplista Comunes.

Según Valentina Moyano, integrante de la organización latinoamericana Red de Politólogas, es muy probable que «no todas las personas que ocupen un escaño en la convención provengan de sectores populares». Para la cientista política, la legitimidad de la asamblea no pasa por cuántos independientes la integren, sino más bien «por hacer vinculantes los cabildos, las asambleas y los espacios de organización fuera de la arena institucional partidaria».

En línea con la posición de Moyano, Heiss cree que la aprobación del reglamento de la futura convención «será la gran oportunidad para incorporar mecanismos de participación incidente y directa de la ciudadanía». Heiss proyecta que, si la Constituyente trabaja «a puertas cerradas, como una cocina», no tendrá legitimidad política.

Para Esteban González, coordinador de la mesa de Unidad Social en la comuna santiaguina de Pedro Aguirre Cerda, la legitimidad del proceso tampoco se juega exclusivamente en la incorporación de independientes a la convención. González, que trabaja con alrededor de 40 organizaciones sociales del territorio comunal, cree que «la calle es ancha y puede caber todo el mundo mientras busquemos el objetivo común. Vamos a apoyar a los candidatos que defiendan los principios constitucionales necesarios para el Chile que queremos».

En tanto, la Coordinadora 8M, organización que vela por las reivindicaciones feministas, dice que, si bien tiene una posición crítica sobre el acuerdo del 15 de noviembre, llamará a votar apruebo y convención constitucional con los mismos recaudos. «No es sólo porque los sectores políticos impugnados sentaron las reglas del juego del plebiscito. Hay un contexto político de impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos y la prisión política ocurridas durante la revuelta. Hay un escenario de polarización política, en que fuerzas reaccionarias de ultraderecha, incluso neofascistas, han desplegado acciones de masa muy violentas. Llamamos a desbordar el acuerdo del 15 de noviembre», dijo a este semanario Karina Nohales, una de las voceras de la coordinadora. Remite a las marchas del rechazo, que se han dirigido desde los sectores acomodados de Santiago hacia el centro cívico y cuyos adherentes han agredido a los del apruebo bajo una actitud complaciente de Carabineros.

La Constitución: el principio de todo

La importancia de la Constitución radica, según Bassa, en que «determina los márgenes entre los que se mueve el legislador». Ciertamente, agrega el abogado, la nueva carta fundamental «no será la solución a todos los problemas sociales, ni el país cambiará al día siguiente de su aprobación». Bassa acepta que las demandas de la ciudadanía están reguladas por las leyes y no por la Constitución. Sin embargo, «si la carta magna establece que las cotizaciones previsionales son propiedad privada, la ley no puede avanzar hacia un sistema solidario».

Una interpretación similar ofrece Heiss, para quien es relevante entender que «la Constitución no es una política pública: no va a contener la política de vivienda, salud, educación o pensiones». Sin perjuicio de ello, la académica de la Universidad de Chile sostiene que incluir los derechos sociales en el nuevo texto constitucional le daría una «orientación normativa» al sistema político para que «haga carne» esas necesidades ampliamente compartidas por la sociedad chilena. «La Constitución, más que cerrar una conversación de cambio político, la inicia», aclara la politóloga.

Hay un punto que provoca cierto ruido en el movimiento social: el funcionamiento paralelo del Congreso durante los nueve meses (o 12 si se accede a la prórroga) de ejercicio de la Constituyente. Temen que el Poder Legislativo tramite leyes que vayan a contrapelo del espíritu transformador que regirá la asamblea encargada de redactar la nueva carta magna. Bassa no detecta un problema aquí, por cuanto «muchas leyes que están jurídicamente por debajo de la Constitución van a quedar fuera de juego. Es decir, muchas leyes vigentes podrían ser inconstitucionales cuando se apruebe la nueva Constitución, ya que esta es una norma de mayor jerarquía».

Para Heiss, en tanto, la sorpresiva reaparición, el 30 de agosto, del exsenador derechista Pablo Longueira –formalizado por delitos tributarios y luego sobreseído de esos cargos– para anunciar su voto por el apruebo y su candidatura a la Constituyente responde a «manotazos de ahogado» de su sector político, cuya finalidad es capturar el tercio de la convención y torpedear los cambios estructurales: «El 89 por ciento de las donaciones para la campaña del plebiscito son del rechazo, pero saben que van a perder. Ellos han acuñado el término rechazar para reformar, pero no han transformado nada en 30 años. Es un argumento que tiene poco asidero y es bastante antidemocrático, es de una profunda desconfianza en la voluntad popular».

Por Cristian González Farfándesde Santiago 
24 septiembre, 2020

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El presidente Sebastián Piñera, rodeado de sus nuevos ministros en su presentación, el martes (HANDOUT / AFP)

 

Piñera conforma un gabinete de defensores de la Constitución de la dictadura

 

La derecha más pinochetista no está dispuesta a rendirse fácilmente. La sociedad chilena cambió definitivamente a partir de las protestas que se iniciaron en octubre pasado contra el modelo neoliberal implantado por la dictadura del general Pinochet (1973-1990). Sin embargo, el presidente liberal Sebastián Piñera ha decidido derechizar más si cabe su Gobierno, no tanto para salvar su desprestigiada imagen, sino para evitar que la coalición oficialista conservadora, Chile Vamos, se descomponga y pueda hacer frente unida a las irreversibles reformas progresistas que se avecinan.

Piñera, que con un 12% ostenta uno de los índices de aprobación más bajos desde la reinstauración democrática, efectuó el martes un relevante cambio de gobierno para incluir como ministros a los halcones que controlan los dos principales partidos de la coalición, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). La crisis de Gobierno es consecuencia directa de la humillante derrota sufrida por el ejecutivo la semana pasada, cuando el parlamento aprobó una medida de la oposición de centroizquierda para que los chilenos puedan recuperar el 10% del fondo de su jubilación privada, uno de los estandartes del modelo económico impuesto por Pinochet a través de la Constitución de 1980, aún vigente.

En la decisiva sesión de la cámara baja, 35 diputados de Chile Vamos votaron a favor de la reforma constitucional de las pensiones y en contra de la postura del Gobierno, resquebrajando la coalición. Con el dinero rescatado se pretende que los ciudadanos puedan aliviar la crisis económica provocada por la pandemia, ante la insuficiencia de los cerca de los 5.000 millones de euros en ayudas sociales inyectados por La Moneda en los últimos cuatro meses.

Piñera renovó seis ministerios de peso, que forman parte del llamado gabinete político: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Gobierno, Presidencia y Desarrollo Social. Los nuevos titulares son abiertamente partidarios de rechazar la redacción de una nueva Constitución, lo que será consultado en el referéndum del 25 de octubre. No obstante, los cambios más relevantes son la inclusión de los senadores de RN Andrés Allamand, en Exteriores, y de la UDI, Víctor Pérez, en Interior, ministerio que equivale a la práctica a la vicepresidencia. Ambos son barones influyentes en sus partidos y rechazan la nueva carta magna, en contra de las tres cuartas partes de la ciudadanía, que en las encuestas se manifiestan a favor de finiquitar la Constitución ideada por Pinochet en 1980. Allamand y Pérez, como muchos otros halcones de Chile Vamos se desmarcaron de los crímenes cometidos durante la dictadura pero defienden a capa y espada el modelo neoliberal legado por Pinochet. Además, la esposa de Allamand, la exministra Marcela Cubillos, se ha convertido en principal portavoz de la campaña contra la nueva carta fundamental. Todos ellos personifican la casta política chilena de izquierda y derecha contra la que apuntaban las protestas callejeras, interrumpidas por la cuarentena.

“No son nombres dialogantes”, asegura desde Santiago el analista político Felipe Vergara. “Piñera tira la toalla y les dice a los partidos: ‘gobiernen ustedes’; los partidos le estaban dando la espalda al presidente, si no hacía un guiño, podía quedarse solo”, añade. “Este cambio no es una decisión popular, el Gobierno se transforma claramente en opositor a la nueva Constitución”, continúa.

Aunque el Ejecutivo tendrá poca influencia en la carta magna que con toda probabilidad se redactará tras el referéndum, una unidad de acción de la derecha desde La Moneda servirá para construir una candidatura fuerte que dé opciones a Chile Vamos para retener el poder en las presidenciales del año que viene. “La derecha está apostando al electorado duro, asumiendo que el tema constitucional está perdido”, agrega Vergara. La revuelta social de octubre ha propiciado la polarización política y la derecha evalúa la posibilidad de supervivencia en el poder con un candidato de estilo bolsonarista, no muy alejado del pinochetismo sociológico que aún defienden muchos de sus miembros, treinta años después de la dictadura.

Por otra parte, Piñera también es cuestionado por su mala la gestión de la pandemia. A pesar de que su sistema sanitario era teóricamente mejor que otros de la región, Chile alcanza los 9.300 muertos por la Covid-19 y es el tercero de Latinoamérica en número de fallecidos, por detrás de brasileños y peruanos; y el segundo en índice de decesos (485) por cada millón de habitantes, solo superado por Perú.

Por Robert Mur | Buenos Aires, Argentina. Corresponsal

30/07/2020 02:09 | Actualizado a 30/07/2020 10:40

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Vladimir Putin votando este miércoles en el referéndum constitucional. Presidencia de Rusia.

El referéndum constitucional que permite a Putin mantenerse en la presidencia hasta 2036 ha sido aprobado con una amplia mayoría

 

Rusia ha aprobado en referéndum una reforma constitucional que, además de permitir a Putin presentarse a dos elecciones más –legalmente podría mantenerse en el poder hasta 2036–, blinda constitucionalmente su proyecto de convertir Rusia en un país mucho más conservador. Entre sus más de 200 enmiendas está la inclusión de Dios en la Carta Magna, una visión tradicional y excluyente de la familia, el fortalecimiento del ruso como lengua del "pueblo fundador" y la prohibición de cuestionar la versión oficial de la historia. Según los resultados preliminares, la reforma ha recibido el apoyo de más del 70% de los votantes.

Uno de los cambios más discutidos es el que limita la extensión del cargo a dos mandatos de seis años. Sin embargo, hace borrón y cuenta nueva, por lo que no cierra el camino al actual presidente, que en las próximas elecciones de 2024 cumple dos mandatos consecutivos. Putin lleva en lo más alto del poder político desde el año 2000.

"Es evidente que Putin se está abriendo camino hacia una presidencia vitalicia. Eso no quiere decir que vaya a ocurrir, pero está abriendo el camino", sostiene Mila Milosevich, analista del Real Instituto Elcano para Rusia y Eurasia. "Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2000 ya ha hecho dos manipulaciones para mantenerse en el poder. Primero se cambió el papel con el entonces primer ministro, Dmitri Medvédev, y después, en 2012, cambió el mandato de cuatro a seis años", añade.

"Estas reformas constitucionales empezaron como una forma de cambiar el balance de poder en Rusia. No porque Putin quisiera apuntalar un sistema democrático, sino porque quería producir más opciones para darse a sí mismo y a su régimen más margen de maniobra", opina Sam Greene, director del Instituto Rusia en el King's College de Londres. "Finalmente calcularon que los riesgos de ese tipo de diversificación eran demasiado altos y acabaron en una mayor concentración de poder en manos del presidente", añade.

Conservadurismo y nacionalismo

Otra de las enmiendas más criticadas es el veto constitucional al matrimonio homosexual. "Mientras yo sea presidente, no habrá progenitor uno y progenitor dos, habrá mamá y papá", afirmó el presidente en febrero. Milosevich recuerda que el tema LGTBI ha sido uno de los temas principales en la campaña del presidente y que su posición cuenta con gran apoyo entre la población rusa.

También hay varias reformas en materia cultural y de memoria histórica que van en la dirección del conservadurismo y nacionalismo promovido por el presidente. A partir de ahora, la Constitución incluirá un artículo en defensa de la "verdad histórica" sobre su papel en la Segunda Guerra Mundial. "El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de la patria es inadmisible", sostiene la enmienda. Putin ha lanzado una campaña internacional para reivindicar el papel de Rusia como el gran liberador de la guerra. Por otro lado, se describe el ruso como la lengua del "pueblo fundador del Estado", lo que deja a un segundo nivel a las minorías étnicas.

El paquete de reformas incluye del mismo modo el concepto de Dios en la Carta Magna. "Si en el himno se puede decir 'patria querida y protegida por Dios', ¿por qué no se puede decir en la Constitución?", se preguntaba el patriarca Cirilo I de Moscú, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa y promotor de esta enmienda. Además, la Constitución rusa se establece a sí misma por encima del derecho internacional.

"Poner a Dios en la Constitución es una imitación a EEUU. Putin escribió una carta a Obama y al pueblo estadounidense en 2013 diciendo que es peligroso el excepcionalismo de Washington. En ese sentido, este cambio es como una respuesta: ustedes no son excepcionales y Dios no solo está con vosotros", afirma Milosevich. "Es extremadamente peligroso animar a la gente a verse a sí misma como excepcional", argumentaba Putin en la carta publicada en The New York Times.

La experta cree que el del derecho internacional es otro asunto inspirado en EEUU. "Es clarísimamente una imitación de EEUU y símbolo de gran potencia: no me puede juzgar nadie, excepto yo mismo. Esa actitud es arrogante", indica Milosevich.

"Desde la llegada de Putin, su proyecto ha sido conservador, nacionalista y con tintes de un patriotismo basado en la Segunda Guerra Mundial. Lo que está haciendo con esta reforma es blindar ese proyecto por ley, pero el país no se va a volver más conservador de lo que lo es hasta ahora", sostiene. "En este sentido, creen que Europa va por el camino equivocado de decadencia y perversión y en cambio Rusia tiene la verdadera fe y la verdadera cultura. En Rusia existe esta tradición cultural muy arraigada en el siglo XIX", añade.

"El referéndum constitucional muestra el auge del papel del nacionalismo y la instrumentalización de la religión en Rusia", sostiene Kerim Has, doctor en Ciencia Política y analista de Rusia. "La inclusión de visiones patrióticas para los niños en la educación, la ilegalización de los matrimonios homosexuales, el concepto de Dios, entre otros, demuestran el creciente tono nacionalista del régimen político en Rusia. Es muy probable que en este nuevo periodo, el Kremlin use la Iglesia Ortodoxa rusa como una herramienta política", añade.

Putin, un presidente popular

Milosevich recuerda que Putin sigue manteniendo unos elevados niveles de popularidad para los estándares europeos. "Su popularidad no baja del 56%, durante la votación en Crimea superó el 80% y el año pasado bajó al 59-60%, según estudios independientes. Además, la oposición en Rusia no está organizada y Putin es un líder indiscutible. Se puede criticar, pero tiene el control de la política rusa", comenta.

Greene cree que "los rusos han votado por la Constitución porque se les ha animado a hacerlo y porque para la mayoría una alternativa a Putin no traerá una mejor gobernanza y mayores niveles de vida". "En el futuro más probable, Rusia seguirá prácticamente como está actualmente: estancado, dividido y sin un claro camino para superar sus problemas", añade.

Por Javier Biosca Azcoiti

01/07/2020 - 21:11h

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Sábado, 27 Junio 2020 06:23

Resultado más que obvio

Resultado más que obvio

La reforma constitucional –diseñada por y para el presidente Vladimir Putin– se aprobó en tiempo récord por todas las instancias que forman parte de la élite gobernante, pero para entrar en vigor requiere de la legitimidad de las urnas.

Para ello los operadores políticos del Kremlin se sacaron de la manga una votación popular que no contempla la propia Constitución, que no es vinculante, que no exige la mitad más uno del padrón para ser válida, que no admite observadores, que permite votar en el transcurso de una semana, que no evita que una misma persona ejerza su derecho al sufragio varias veces, que lleva las urnas a las casas de los jubilados y un largo etcétera de excepciones y facilidades que restan toda seriedad a una votación legitimadora que nada tiene en común con un referendo, el cual no se puede convocar para modificar la Carta Magna.

La votación concluirá el 1 de julio siguiente con un resultado más que obvio: la reforma será aprobada y entrará en vigor. Lo único que –en estos tiempos de coronavirus con muchos descontentos por la pérdida de empleo, desplome de su nivel de vida y el manejo de la emergencia sanitaria desde el Kremlin– podría empañar el triunfo anunciado, y la posibilidad que pretende Putin de perpetuarse en el poder, es una participación escasa.

Ello no va a suceder: la cifra de asistencia será la que decidió ya la Oficina de la Presidencia –se comenta, no menos de 55 por ciento de participación, con entre 60 y 65 por ciento de votos en favor– para satisfacer el anhelo de legitimidad del titular del Krem-lin. Dispone de recursos para inducir, si no el sentido del voto, sí la participación de los millones de personas cuyos ingresos dependen del presupuesto (pensionistas, empleados públicos, trabajadores de los grandes consorcios del Estado, maestros, médicos), aparte de quienes acudan con la idea de sacarse, como en Moscú, un vale de descuento (hay 2 millones) para tiendas, restaurantes y bares que se rifarán entre quienes vayan a votar, igual que otros premios.

Hace 12 años Putin pensaba muy diferente: “Desde el primer día en el cargo de presidente de la Federación Rusa decidí que no voy a violar la Constitución vigente (…) Creer que el sillón de jefe máximo es tuyo para siempre, hasta la muerte, lo considero absolutamente inadmisible”.

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Sábado, 13 Junio 2020 06:44

Mejor verlo por tv

Mejor verlo por tv

Quedarse en casa y ver por televisión los conciertos por el Día de Rusia, fiesta nacional que se celebró ayer viernes, y el pospuesto magno desfile militar para conmemorar el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, que tendrá lugar el 24 de este mes, recomendó a los moscovitas su alcalde, Serguei Sobianin.

Entonces, ¿para qué levantar, unos días antes y de forma repentina, el confinamiento, los pases electrónicos y otras restricciones para evitar la propagación del Covid-19? Es una pregunta que se hacen muchos moscovitas, más aún que el número de contagios diarios es muy superior al que había cuando Sobianin impuso las severas medidas de la cuarentena.

La respuesta la dio la misma alcaldía al anunciar, con bombo y platillo, que se rifarán 2 millones de bonos y certificados por un valor de 10 mil millones de rublos entre quienes acudan a las urnas el primero de julio siguiente, fecha que decretó el presidente Vladimir Putin para legitimar la nueva Constitución de Rusia, que en principio le permite relegirse hasta 2036, mediante una votación popular o consulta ciudadana o como quiera llamársele, pues no existe en el propio texto de la Carta Magna esa figura para expresar la voluntad del pueblo, a diferencia del referendo/plebiscito estrictamente reglamentados.

Con la presión encima de muchos allegados de Putin que quisieran ver fracasar a Sobianin en materia de emergencia sanitaria y ofrecerse para administrar la mina de oro que es Moscú, en términos de la magnitud de su presupuesto, las contradicciones de su alcalde –ir de un extremo a otro y viceversa– obedecen a su instinto de supervivencia política.

Y si Sobianin no pudo mantener su estrategia de desescalada pausada y gradual sin ser destituido es de suponer que dio marcha atrás al subordinarse a una orden que sólo pudo haberle dado quien ocupa la cima de la pirámide de poder en Rusia, a sugerencia de los integrantes de su entorno más cercano, quienes creen que no se puede aplazar la entrada en vigor de la reforma constitucional.

Las decisiones de Sobianin no contribuyen a la calma: permite, por ejemplo, pasear con cubrebocas y guantes en los parques, pero prohíbe sentarse en cualquier banca por peligroso. Ante incongruencias así, ciertamente mejor ver por televisión los festejos previos al día de la votación.

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Foto de un patio de prisión en Colombia. El hacinamiento viola todos los derechos humanos

La ley lo permite, la Constitución y los Tratados Internacionales lo reivindican, además la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. 

La detención de los preventivos en la cárcel y en estaciones de policía, no puede olvidarse, es absolutamente excepcional y solo procede cuando de superen unos estrictos requisitos, que ante la amenaza que significa el Covid-19, no se logran satisfacer. 

La detención domiciliaria, para quien es capturado, es una realidad hoy aceptada en muchos casos por los jueces de garantía. competentes para definir si ordenan su reclusión en la cárcel. Además, la instrucción de la Fiscalía General de la Nación a sus funcionarios, en los casos nuevos, es no solicitar detención en cárcel, sino en domicilio. Y en la práctica, se suspendieron las órdenes de captura que estaban vigentes, y que aún no se habían materializado. 

Así las cosas, es legal, pertinente y absolutamente acorde con la situación de salud que amenaza a toda la población, modificar las medidas de aseguramiento intra murales por la domiciliaria, para los detenidos preventivamente. Esto además logra  des hacinar las cárceles porque el 38 por ciento del total de los detenidos pasarían a cumplir la detención en su domicilio. Son detenidos sin condena y el Estado de Inocencia que los protege obliga a actuar de esta manera. 

Una realidad en legalidad, además de procedente ante la precariedad que caracteriza al presidio colombiano, cárceles y centros de detención transitoria que son un polvorín que pone en peligro no solo a las personas que allí se encuentran privadas de la libertad, sino también a toda la población colombiana.

Una realidad que no da espera. Las medidas para descongestionar estos centros de detención se deben tomar a tiempo y deben ser drásticas. El presidente aún no expide el anunciado decreto en esta materia, pero además el proyecto en revisión del alto gobierno no resuelve el problema.

Un polvorín que no es casual. Las cárceles superan un hacinamiento del 53 por ciento y las estaciones de policía se encuentran sobre-abarrotadas, superiores al 200 por ciento, y sin ninguna posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Por ello, es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía, en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123 mil personas, de las cuales el 38 por ciento aún no ha sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia (ver recuadro).

Hoy, más que ayer, está es una prioridad. El Coronavirus recorre por el territorio colombiano sin nexo epidemiológico, es decir circula ampliamente entre la comunidad y la amenaza de salud pública es más latente.

Y para lograr la descongestión de las cárceles no es necesario un decreto de emergencia, basta aplicar la Ley y la Constitución.

La detención preventiva en los centros carcelarios, que es un medida cautelar por medio de la cual a una persona imputada de un delito, pero no condenada, se le priva provisionalmente de la libertad mientras se tramita el proceso, es una medida que hoy no tiene soporte legal ni constitucional, y mucho menos convencional. Por esta razón es perentorio que la Corte Constitucional, y en concreto la sala de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales carcelarias, así lo disponga, dando vía libre para que todos los detenidos preventivos sean trasladados a su residencia donde continuarán privados de la libertad.

Se trata de un cambio de lugar para cumplir la medida de aseguramiento, no se trata de concederles libertad. Las personas que hoy están detenidas, así se mantendrán pero en el domicilio.

Una medida por tomar para la totalidad de las personas sindicadas. Así hay que demandarlo ya que el Gobierno en el decreto que pretende expedir para darle curso a esta situación solo considera una parte de tal población, medida que no permitiría la desocupación ni siquiera del 10 por ciento de los centros carcelarios, es decir, es una medida que no logra disminuir los riesgos de multiplicación por contagio del virus.

No se puede olvidar que en Colombia tenemos un 99 por ciento de impunidad, así lo reconoció y sustentó el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, cuando asumió su cargo en el año 2016. ¿Qué ha cambiado desde aquel momento? Nada. Poco pasará entonces, en materia de seguridad, si se aplica esta medida. Pero si no se aplica y el virus llega a las cárceles, será imposible contenerlo, permitiremos como sociedad que cobre la vida de numerosos connacionales, desconociendo sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, perderemos el esfuerzo de la cuarentena y el aislamiento preventivo, y todos estaremos en riesgo.

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Martes, 31 Marzo 2020 16:34

“Un vuelo de rescate”.

“Un vuelo de rescate”.

Acerca del cierre de fronteras para los colombianos. 

Sometidos al destierro por la negativa del gobierno de Iván Duque de permitir el ingreso de vuelos internacionales, miles de colombianos demandan que pese a las circunstancias en que está sumido el mundo, el Estado colombiano facilite los medios para regresar al país. La polémica está abierta: ¿dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias?

La declaración de confinamiento y cierre de fronteras decretada por diversidad de países los sorprendió allende de su tierra de origen. Son 4.500 colombianos que ahora pasan sus días angustiados, al filo del agotamiento de los recursos que logran apretar día tras días, viviendo al límite en piezas de hoteles o similares.

En su afán por evidenciar las circunstancias que viven y presionar para que el gobierno nacional concrete vuelos de emergencia, se han contactado entre ellos; es así como saben que en Australia suman 200, en la India 70, en Perú 200. En particular el grupo residente en Australia lidera una campaña para lograr su propósito, donde especifican: “[…] somos un grupo de aproximadamente 200 colombianos que nos encontramos "varados" en varias ciudades de Australia debido a la situación mundial que se presenta actualmente” (1). El Gobierno ha dispuesto una página (Migración Colombia) para que todas las personas interesadas en el retorno inmediato se registren y es así como tiene conocimiento detallado del lugar donde pernota cada uno.  

Una exigencia que enfrenta y se golpea contra el decreto 439 de 2020, ratificado por la Cancillería que en comunicado del jueves 27 de marzo expresó: “[…] todos los vuelos de llegada al país están prohibidos”. (2)

Una decisión amparada, según tal instancia gubernamental, “[…] en la Constitución (que) les permite restringir la circulación o ingreso al territorio para ‘garantizar el interés público’”. (3).

Una resolución forzada, y para muchos no solo polémica sino contraria a los derechos humanos, además de inconstitucional.

Derecho pisoteado

Prohibir el ingreso de nacionales al territorio nacional, una medida bárbara. Un destierro. ¿Qué debe primar, el derecho (límite) o la política (necesidad)? ¿Los colombianos tenemos patria? 

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”; destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12 numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La misma norma, consagra: 1) Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia; y 2) Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

Estos derechos tienen una excepción, la cual se encuentra en el numeral 3, que informa: Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la Ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. Luego, la disposición del numeral 4, no tiene excepción alguna, de suyo, un nacional tiene derecho a ingresar a su país sin restricción ni excepción alguna; cosa diferente respecto de extranjeros. 

Lo anterior no sólo hace parte del Bloque de constitucionalidad, sino que fue, bajo la misma idea, ratificado por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, "por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en donde dispuso en su artículo 22 numeral 5 que: 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

De igual manera y según lo enseña la Corte Interamericana de derechos humanos,  la libertad de circulación: “Es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona y consiste, inter alia en el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia” y se manifiesta en tres dimensiones: 1. Derechos a salir de cualquier país. 2. Derecho a salir del propio país. 3. Derecho a regresar al país de origen*.

Si se considera que es posible excepcionar tal derecho, debe tenerse en cuenta que la restricción aparte de estar contemplada en la ley, debe ser clara y no genere ambigüedades, dudas que permitan interpretaciones para actuar con arbitrariedad; es decir, que satisfaga los principios de legalidad y necesidad, los que a todas luces se violan con la decisión tomada en el decreto 439/20, y las declaraciones posteriores del gobierno nacional, en tanto atentan contra los derechos humanos, de suyo, fundamentales en nuestro bloque de constitucionalidad.  

De acuerdo con estos antecedentes legales, no puede pretender el estado colombiano que sus ciudadanos no puedan regresar al país, independientemente de la razón que se alegue, pues incluso, se vería afectado no sólo su derecho a la circulación y de ingreso a su propio país, sino que con ello se desconoce el vínculo jurídico político que los une, de suyo, la nacionalidad y la ciudadanía.** 

Lo anterior se agrava cuando se ve en el contexto de derechos fundamentales que se pueden violar con tal determinación, pues no sólo se trata de derechos como los mencionados -libre circulación, ingreso al país de donde se es nacional o la ciudadanía– también se ven amenazados los de la vida y la salud, pues un connacional en el exterior no puede acceder al sistema de seguridad social en salud, aunado a las premuras que supone la demanda de una pandemia como la que actualmente se vive. Es decir, un ciudadano colombiano en el exterior no cuenta con las garantías y prerrogativas del sistema de seguridad social en salud, viéndose afectado en su derecho a la vida por tal razón. 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene, además, la obligación respecto de sus ciudadano de asistirlos, brindar acompañamiento y repatriarlos de ser necesario al territorio colombiano cuando las condiciones así lo ameriten, luego, el decreto  439 de 2020, que cierra fronteras a los nacionales es, sin duda, contradictorio de tal obligación constitucional. 

EL Estado colombiano, para proteger el interés general y la salud de los connacionales, no puede sacrificar, negando los derechos antes mencionados, en cambio, debe proporcionar no sólo la asistencia, sino abrir las fronteras para permitir el ingreso de sus ciudadanos al país, por supuesto, siguiendo las medidas sanitarias que sean necesarias para satisfacer no sólo el derecho humano de las personas de regresar a su país, sino, el de los demás conciudadanos de mantener niveles básicos de salubridad. 

Además, no debemos olvidar que en lo  relativo a la prohibición de destierro, nuestro país ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual dispone, en el artículo 12, que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país" y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra en el artículo 5º que "nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo". Por tanto, es claro que el concepto de destierro está delimitado a la expulsión o prohibición de entrada al territorio nacional.

El trompo en la uña

En este punto del debate, la resolución del pulso entre el gobierno nacional y estos miles de connacionales, ahora depende: 1. De la (in)voluntad política en el seno del Gobierno, 2. De la interpretación de las normas –en lo cual todo puede ser posible de acuerdo a los intereses en juego–, 3. De la presión que ejerzan familiares y amistades de quienes ahora están confinados o dejados a su suerte en otros países, 4. De la sociedad en su conjunto, que debe levantar la exigencia de retorno de todos aquellos que están por fuera –cualquiera sea la circunstancia que los llevó a quedar atrapados en otras tierras–, guardando, claro está, las normas de salubridad requeridas y sometidos a cuarentena una vez ingresados al país.

“¡Queremos regresar!”, claman los colombianos en Australia, y como este grupo de connacionales seguramente así lo imploran los otros más de 4 mil paisanos que sufren en la lejanía los efectos del Covid-19. Qué la sociedad haga sentir su voz y peso, para que el gobierno cumpla con una de sus funciones constitucionales.

No podemos cerrar las puertas del territorio. Es hora de la solidaridad.

Notas

  1. “Presidencia de la República de Colombia: COLOMBIANOS VARADOS EN AUSTRAILIA !QUEREMOS REGRESAR¡”, http://chng.it/wRWcDp4k7D
  2. Oquendo, Catalina, “El drama de los 4.500 colombianos varados en el mundo”, https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html
  3. Id

Referencias

*David Guerra Restrepo. Los requisitos de entrada, permanencia y salida del territorio nacional, aplicables a los inmigrantes y emigrantes en Colombia y su marco normativo.

**Sentencia T-421-17: En Colombia, la nacionalidad se constituye como derecho fundamental reconocido en el artículo 96 de la Constitución Política, precitado. Sobre este asunto, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones. En las sentencias C-893 de 2009, C-622 de 2013 y C-451 de 2015, se recordó que la nacionalidad es el vínculo legal, o político-jurídico, que une al Estado con un individuo y se erige como un verdadero derecho fundamental, en tres dimensiones: i) el derecho a adquirir una nacionalidad; ii) el derecho a no ser privado de ella; y iii) el derecho a cambiarla. En tal sentido la SU-696 de 2015, concluyó que “el hecho de ser reconocido como nacional permite, además, que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política”.

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39247-el-drama-de-los-4-500-colombianos-varados-en-el-mundo.html

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