La fiscal general de Venezuela contra la constituyente de Maduro

Luisa Ortega, presentó un recurso de nulidad contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y profundizó su enfrentamiento con el Ejecutivo. El mandatario reiteró que el 30 de julio se votarán los asambleistas.

"Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el país", declaró Ortega en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde presentó un pedido para que se anule la convocatoria a elegir asambleistas constituyentes el próximo 30 de julio.

La funcionaria sostuvo que el sistema propuesto por Maduro para elegir a los asambleístas es "inconstitucional". La última Constituyente en Venezuela, promovida en 1999 por el fallecido expresidente Hugo Chávez, fue convocada tras un referendo aprobatorio previo. La Constitución resultante también fue consultada en las urnas.

La convocatoria esta vez fue hecha directamente a la elección de los constituyentes, sin consulta popular previa. Además, se dispuso una elección sectorizada: los asambleistas serán 364 elegidos de forma territorial, ocho por los indígenas y 181 "sectoriales" (79 por los trabajadores; ocho por los campesinos y pescadores; cinco por los empresarios; 28 por los pensionados; cinco por las personas con discapacidad; 24 por los estudiantes, y 24 por los consejos comunales y comunas). La fiscal señaló que el proyecto de Maduro viola la "progresividad de los derechos humanos" porque el voto fue reducido a la "mínima expresión".

La nueva acción judicial profundiza aún más la fractura entre Ortega y el gobierno, que ya se había hecho manifiesta cuando la funcionaria denunció una "feroz represión" de las fuerzas de seguridad a las protestas opositoras, en las que murieron 66 personas en 70 días. Ortega llamó a la ciudadanía a sumarse a los recursos en el TSJ. "Pido a todos los habitantes de este país que rechacen la Constituyente y hacerse parte como terceros interesados", expresó.

Pese a las críticas a la iniciativa, el Poder Electoral abrió las postulaciones para la Constituyente y fijó las elecciones para el 30 de julio. Hoy Maduro reiteró que esa fecha es inamovible y lanzó una amenaza a quienes quieran entorpecer el proceso.

“Si algún día el pueblo de Venezuela amaneciera con alguna noticia de una conspiración, de un complot, para tratar de detener el proceso popular constituyente, que constitucionalmente está fijado para el 30 de julio, yo llamo a la unión cívico militar para derrotar en las calles la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional”, dijo el mandatario en un acto realizado en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas.

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Lunes, 03 Abril 2017 07:55

La metáfora del Congreso en llamas

La metáfora del Congreso en llamas

A inicios de la transición democrática paraguaya, tras 35 años de dictadura stronista, se sancionó una nueva Constitución (1992) a partir de una Asamblea Constituyente que representaba, aun con mayoría del partido colorado (122 de 198), un amplio y variado espectro ideológico. Dicha Carta Magna, en los albores de la primavera democrática, ha funcionado como un pacto social privilegiado y aun cuando ha sido violada -especialmente tras el golpe de estado de 2012- nunca ha podido reformarse. Y no por falta de intentos y proyectos.

Como todos los presidentes anteriores -con excepción de Raúl Cubas, quien presentó la renuncia ante su inminente destitución-, Horacio Cartes volvió al ruedo con intenciones reformistas, pero limitadas exclusivamente al punto más sensible para la historia política de ese país: la reelección presidencial. Para ello apeló, como antes había hecho su colega Duarte Frutos, a la figura de enmienda constitucional, que en este caso habilita un período más para el presidente y los gobernadores, elimina la prohibición para la candidatura de legisladores y debilita las atribuciones del Congreso.

Cartes, como su antecesor colorado, no contaba con mayoría en el Parlamento, pero fue un pasó allá e impulsó algo parecido a un “Senado paralelo” –compuesto por 25 senadores colorados, liberales y luguistas– que modificó los artículos necesarios para suprimir las atribuciones al presidente del Senado y disminuir la mayoría requerida para la aprobación de mociones. Así, el pasado viernes 31 de marzo, fue aprobada en la Cámara de senadores la controvertida enmienda

Lo insólito del proceso es el apoyo del Frente Guasú, un conglomerado de partidos de izquierda y centroizquierda liderado por el destituido presidente Fernando Lugo, quien desde hace varios meses vienen ensayando diversas formas políticas y jurídicas para participar nuevamente en la carrera presidencial de 2018. Alentado por recientes encuestas de intención de voto que lo colocan como “presidenciable”, ha trasgredido las mejoras tradiciones democráticas de la izquierda paraguaya que vendría a representar, al concretar un pacto con el cartismo y comprometer los votos de senadores del Frente Guasú para la aprobación de la enmienda constitucional a través de medios reñidos con la legalidad.

Inmediatamente después de aprobada la enmienda, en la tarde del viernes, se desencadenó una enérgica manifestación de protesta en las plazas contiguas al edificio del Congreso. La brutal represión de la policía dio lugar a una espiral de violencia que arrojó a numerosos heridos, entre ellos jóvenes y mujeres, legisladores y dirigentes políticos que acompañaban la protesta. Un centenar de manifestantes lograron irrumpir en el edificio del Congreso –en un momento en que se replegaron las fuerzas policiales–, y, algunos de ellos, quemaron muebles y con ello provocaron un incendio que fue propagándose rápidamente por todo el edificio.

La policía detuvo a más de 200 personas quienes denunciaron maltratos y golpes. En la madrugada del sábado, un grupo de policías ingresaron a la fuerza en el local partidario del PLRA –muy alejado del lugar donde se desarrolló la protesta– y disparando a las personas que estaban realizando una vigilia en el sitio, dieron muerte a un joven militante del partido liberal, Rodrigo Quintana de 25 años. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar no dejan lugar a dudas de que lo ocurrido fue un asesinato a sangre fría, una ejecución extrajudicial. El presidente Cartes se limitó a destituir al ministro del Interior y al jefe de Policía, eludiendo toda responsabilidad.

Lejos de apelar a la figura de “vándalos” –empleada por el gobierno y sus aliados luguistas en sus comunicados, con el fin de deslegitimar a los manifestantes–, es preciso poner en funcionamiento otras teorías. Las especulaciones son infinitas, pero el principio suele ser otro: la violencia de las clases dominantes ocurre mucho antes que la de las clases subalternas, quienes en general reaccionan frente a estas.

Las imágenes del Congreso en llamas son, quizás, las que mejor narran el sentido profundo de los sucesos. En rigor, son la metáfora más potente de una sociedad que reclama una nueva clase política y un nuevo pacto social. La “derecha” y cierta “izquierda” se han dado la mano para favorecer intereses absolutamente mezquinos. O mejor, tal vez la izquierda luguista tendió una alfombra roja para la reelección de Cartes y la consolidación de su neoliberalismo autoritario. En tanto, la ciudadanía mira entre desconcertada, apática y violenta.

Los escenarios futuros están en proceso. La enmienda puede aprobarse en la Cámara de Diputados –donde el cartismo cuanta con amplia mayoría– y el Tribunal Superior de Justicia Electoral llamar a referéndum. O quedar nuevamente en un cajón. Mientras se escriben estas líneas se instaló una carpa de resistencia ciudadana en la Plaza de Armas. La embajada de EE.UU. también se ha hecho oír. No quiere más incendios ni conflicto social y, poco a poco, tampoco a Horacio Cartes.

 

Por Lorena Soler y Charles Quevedo, coordinadores del Grupo de Trabajo de Clacso Intelectuales y Política.

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El Gobierno venezolano pide a la Corte Suprema que revise el fallo contra la Asamblea

El presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición. Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por cerrada la crisis.

La crisis venezolana tuvo un importante giro en la madrugada del sábado, cuando el presidente Nicolás Maduro aprovechó las diferencias planteadas por la fiscal general de la República sobre el fallo del Tribunal Supremo, que asumió las funciones legislativas “mientras la Asamblea Nacional se encuentre en desacato”, para convocar al Consejo de Defensa de la Nación. En una reunión realizada en el Palacio de Miraflores, el Consejo decidió exhortar a la Corte que revise sus decisiones 155 y 156 “de manera que se mantenga la estabilidad constitucional”.

Con esta resolución, que fue comunicada por el vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aissami, Maduro dio por cerrada el episodio. "Queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo", indicó Maduro, quien presidió el Consejo de Defensa de la Nación
La fiscal Luisa Ortega Díaz había considerado en un acto público que en la sentencia de la Corte “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Planteada la diferencia en el seno del Estado, el Consejo de Defensa de la Nación que acordó insistir en la vía del diálogo. En el dictamen se ratificó al TSJ, en su Sala Constitucional, como "la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".

Además, se insistió en la disposición de desarrollar un “diálogo fecundo” con la oposición, a la cual invitaron para "unirse sin demora" a las conversaciones, que son respaldadas por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el Vaticano y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana), y Martín Torrijos (Panamá).

Otra de las decisiones adoptadas por el Consejo fue la de "repudiar cualquier intervención que atente contra la Independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación" de la República Bolivariana. En ese sentido, el presidente Maduro expresó su "rechazo en todas sus partes el intervencionismo extranjero" por parte de algunos Gobiernos "que pretenden dictar pautas cuando sus países están en llamas".

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Implementación de la paz, Constitución y Poder constituyente

 

Como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá el pasado 24 de noviembre del 2016, entre el Estado y las Farc/EP, hace tránsito en el Congreso de la Republica un Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la actual Constitución política.

El trámite legislativo se da en los términos del llamado mecanismo fast track (procedimiento especial) fijado por el Acto Legislativo 01 del 2016 para todos los proyectos de ley y de reforma constitucional necesarios en la implementación de los consensos para terminar el conflicto armado nacional.

El Proyecto a que hacemos referencia dispone lo siguiente:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así:

Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado el día 12 de noviembre de 2016 que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Artículo 2. El presente Acto legislativo deroga el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2016 y rige a partir de su promulgación hasta los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final”.

Como ocurre con los otros instrumentos que se tramitan en el ámbito legislativo relacionados con la paz, la norma a que hacemos referencia es objeto de una descalificación irracional por los sectores de la ultraderecha que se oponen a los cambios necesarios para terminar la violencia y el conflicto armado.

Pretenden que las viejas instituciones vinculadas con la exclusión política, el desconocimiento de la democracia, de la participación, la justicia y la equidad sigan intactas.

Tanto Medellín (http://bit.ly/2mvR71w) como Hernández (http://bit.ly/2mCVUxp ) quieren hacernos creer que el régimen constitucional originado en la Carta de 1991 es perfecto, omitiendo que a su amparo el paramilitarismo alcanzo niveles escalofriantes provocando los más terribles daños a la sociedad con masacres, desaparecidos y millones de desplazados.

Peor, la parapolítica y el autoritarismo violento uribista (2002-2010) no es ajeno a elementos institucionales derivados de tal cuerpo constitucional que poco hizo para extirpar el Estado contrainsurgente impuesto desde los años 60 por las doctrinas anticomunistas del enemigo interno.

Francamente es una ridiculez de Hernández decir que el Acuerdo de paz, por su extensión es inviable e incomprensible, olvidando el descomunal tamaño del texto de la Carta del 91 y las farragosas Sentencias que el redacto como Magistrado de la Corte Constitucional.

Lo que estos dos exponentes de la ultraderecha están reflejando es el pánico al poder constituyente de la resistencia agraira y popular encarnada en las Farc.

Por supuesto, los acuerdos de paz tienen un alto potencial constituyente que el proyecto de Acto legislativo en mención recoge y se despliega en las propias instituciones del Estado oligárquico.

El poder y la practica constituyente propia de la construcción de la paz suponen transformaciones de envergadura en toda la armazón institucional que se valió de la violencia para aplastar las luchas populares por la democracia y la justicia social.

Es lo que no quieren admitir los poderes de la oligarquía terrateniente, burocratica, militar y financiera.

El propio movimiento popular y democrático debe ser consciente de la práctica constituyente que se ha desatado con los diálogos y consensos de paz. Hay que actuar en consecuencia en tales términos.

Hay que potenciar esa práctica constituyente en todos los ámbitos.

Una manera de hacerlo es apoyarse en el trabajo teórico y militante de otras experiencias globales recientes.

En ese sentido resultan pertinentes para la acción política concreta los siguientes textos que pongo a consideración de los lectores y activistas comprometidos con la implementación de la paz. Esclarecen y permiten actuar en la dirección correcta.

Poder constituyente y crisis política.

 

 


Bruce Ackerman, We the People. Fundamentos del constitucionalismo estadounidense. En el siguiente enlace electrónico file:///C:/Users/inter/Downloads/WE-THE-PEOPLE-Vol-1-Bruce-Ackerman.pdf

Antonio Negri. El poder constituyente. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1Yw8Thv

Mario Tronti. Política, poder constituyente, clase, revolución. Ver pistas en los siguientes enlaces electrónicos file:///C:/Users/inter/Downloads/Mario%20Tronti,%20Nuestro%20operaismo,%20NLR%2073,%20January-February%202012.pdf

https://www.traficantes.net/libros/la-politica-contra-la-historia

Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra. Biocapitalismo, procesos de gobiernoy movimientos sociales. En el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/2lrd8hj

Nota. Como con las amnistías y los armisticios de los años 50 y 60 del siglo XX, la oligarquía nos repite su viejo esquema de ir acribillando los líderes sociales, populares y de la resistencia agraria. La historia nos aconseja no bajar la guardia ni renunciar a las formas de lucha popular que incluyen la autodefensa y la resistencia guerrillera. Así ocurrió en el sur del Tolima, en el Huila, en el Cauca, en Arauca y en el Carare. A los campesinos y a las masas agrarias no les quedó otra alternativa que acudir a la acción armada para defenderse de los planes de exterminio de los gobiernos oligárquicos (De Rojas pinilla, La Junta de generales, Alberto Lleras y Valencia), el ejército, y sus nacientes grupos paramilitares de “limpios” liberales.

 

 

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Viernes, 29 Julio 2016 07:23

Plebiscito, Corte y Derechos

Plebiscito, Corte y Derechos


(Para el análisis de algunos temas sobre el plebiscito y el reciente fallo de la Corte Constitucional, nos remitimos, a falta de la sentencia, al comunicado de prensa de la propia Corte)

 

 
Normas y fallos a la medida

 

En el afán de correr, sin saber siquiera para dónde, pero siempre con el fin de obtener un resultado favorable, así sea sin un norte jurídico, en vez de utilizar los mecanismos institucionales ya existentes, el gobierno de turno ha decidido buscar atajos creando normas “especiales” a su medida, y ha obtenido de la corte constitucional (CC), también sentencias “especiales” a su medida, desconociendo la CC su propia jurisprudencia anterior sobre leyes estatutarias, que tal como están diseñadas en nuestra constitución, tienen control previo y definitivo de constitucionalidad, por lo que no es posible volver sobre ellas, ni siquiera para enmendar los “errores”, pues, constituyen cosa juzgada constitucional.

 

Cosa es de volverse locos: por la vía de la norma especial y de la excepción a la regla general, la excepción se está convirtiendo en regla general, y la regla general se ha convertido en excepción.

 

Esto es lo que ha sucedido con el umbral “especial” del plebiscito. La regla general, ley 134 de 1994, en su artículo 80 (que no fue declarado inconstitucional en la sentencia C-180 de 1994), dice: “Efecto de votación. El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”. Esta norma, a mi juicio, lo que quiere decir es que, si el censo electoral es de 34’729.241, la mayoría debería ser de 17’364.621 a favor del SÍ; en cambio, con la norma especial hecha a la medida, sólo se necesitan 4’514.802 votos, cuatro veces menos de lo legal, es decir, 12’849.818 votos, que le regaló la Corte al gobierno.

 

Pero éste no es el único regalo que le ha hecho la CC al Presidente: cuando éste buscaba el atajo por el camino del referendo, el Congreso expidió la ley “especial” estatutaria 1745 del 2014, recurriendo a la argucia de pegar la votación del referendo a las elecciones parlamentarias de ese año, es decir, a las votaciones de la clase política, cosa también prohibida por la ley 134, en su artículo 39, parte final donde dice: (...) “la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral”.

 

La argumentación de la CC para hacer estos fallos a la medida del gobierno, se ha construido básicamente sobre dos premisas falsas: a) el “supremo valor de la paz” y b) que la constitución no tiene normas expresas sobre esos temas.

 

La primera premisa es una falacia, ya que nuestra constitución no tiene ningún “valor supremo”, ni un único valor; y como toda sociedad pluralista, tiene también pluralidad de valores: libertad, justicia, igualdad, seguridad, dignidad, paz, etcétera.

 

Si bien es cierto que la paz es un derecho fundamental, y no un gracioso regalo del gobierno y las Farc, existen otros derechos fundamentales (artículos 11 a 40 de la constitución), como el derecho al buen nombre, a la honra, a la libertad de conciencia, de pensamiento y de opinión, entre muchos otros, todos tan igualmente derechos humanos fundamentales como el de la paz, que tampoco pueden ser desconocidos, so pretexto de la paz.

 

Y eso de que la constitución no tiene normas expresas, como dice la propia CC, aparte de las normas que ya hemos señalado, repasemos estas otras:

 

- El preámbulo, que en ejercicio del poder soberano establece que el marco jurídico será democrático y participativo;

- El artículo 1º, que establece que Colombia es un Estado social de derecho democrático, participativo y pluralista;

- El artículo 2º, que es un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en lavida económica, política, administrativa y cultural de la nación;

- El artículo 3, (el principal entre todos estos), que establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público);

- El artículo 40, que le da a todo ciudadano el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y en ejercicio de él, y para hacerlo efectivo, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos... Y otras formas de participación democrática.

 

 

La Corte viola principio democrático

 

Debemos mirar si se puede considerar “decisión del pueblo”, la decisión de una minoría, o es necesaria la participación de la mayoría, como se establece en la ley 134, atrás citada, para que sea verdaderamente democrática.

 

Desde Aristóteles (La Política), se sabe que una de sus cualidades fundamentales es que todos los ciudadanos decidan todos los asuntos del Estado: “En la democracia, es propio que todos los ciudadanos decidan de todos esos asuntos”; “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo (lo que beneficie a la mayoría)”...

 

El ideal democrático sería que todos decidieran lo mismo (unanimidad), pero como en toda sociedad existe pluralidad de valores, es muy difícil lograr la unanimidad, y en consecuencia, la democracia se expresa por medio de la participación de las mayorías y de las minorías de todos los que conforman el cuerpo electoral estimado en 34’729.241 ciudadanos aptos para votar. La mayoría de ese cuerpo electoral es la mitad +1; esto es, 17’364.622 votos. Para que una decisión fuera verdaderamente democrática debería tener, por lo menos, ese número de votos a su favor.

 

Se podría discutir si es válida en una verdadera democracia que la decisión la adopte un número menor de la mitad +1 del cuerpo electoral. Y se podría aceptar, en gracia de discusión, pero con una condición sine qua non: que la participación alcance por lo menos la mitad +1 del cuerpo electoral.


Cualquier otra fórmula quedaría basada en una minoría, resultando por ende, antidemocrática, como sería el caso del plebiscito regido por un umbral especial del 13 por ciento.

 

Por eso es que en muchos países, para garantizar el principio democrático, se exige que participe por lo menos la mitad + 1 de integrantes del censo electoral (umbral). En Colombia, con una ley especial, y mediante un fallo especial de la corte constitucional, se ha bajado extremadamente el umbral, corriendo el riesgo de que sea una minoría la que apruebe o rechace el acuerdo de La Habana que daría paso a la construcción de una paz estable y duradera.

 

No hay duda de que ese umbral del 13% (37 por ciento más bajo de lo que exige una verdadera democracia), quedó muy lejos de la norma general. Ese es otro regalo que le ha hecho la Corte al gobierno de turno, olvidando que si la constitución en varios artículos define el Estado como democrático, la verdadera democracia exige que toda decisión sea tomada con la participación de por lo menos la mitad +1 de los miembros del cuerpo electoral.

 

Hace cerca de un año, la CC había aceptado esta tesis en la sentencia C-150 DE 2015, al encontrar constitucional la ley estatutaria 1757 de 2015, que en su artículo 41, establece: ... “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando... “haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del censo electoral vigente”. Como se ve, hace apenas un año la corte dijo cosa distinta a la que dice hoy: La regla establecida en el literal a) demanda la participación de la mayoría del censo electoral. Esta disposición, que regula el mínimo de participación, debe complementarse con el actual artículo 79 de la Ley 134 de 1994, encontrado exequible en la sentencia C-180 de 1994 y en el que se estableció que la decisión se adoptará por la mayoría del censo electoral. Se trata entonces de dos reglas complementarias.

 

 
Orden público

 

La Corte vuelve a repetir la tesis falaz del exfiscal Montealegre, de que siendo el Presidente el responsable del orden público, puede él decidir nuestro futuro a nuestras espaldas. Se le olvida a la Corte que hace más de 2.500 años los griegos atenienses crearon la democracia, el poder y la soberanía del pueblo, como dijera Aristóteles : “La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está por encima de las Leyes”; y que hace más de 230 años las revoluciones burguesas (americana y francesa), trasladaron la soberanía del gobernante al gobernado, de modo que el gobernante no es más que un empleado a sueldo de los gobernados, y que los hombres dejaron de ser súbditos, para convertirse en ciudadanos con derechos.

 

Se olvida también que al haberse establecido en la constitución del '91 la soberanía popular, en reemplazo de la soberanía nacional, trajo profundas consecuencias jurídico y políticas, pues, ahora somos ciudadanos soberanos con derechos: cada uno de nosotros es titular de una fracción de la soberanía, y también la tenemos cuando nos reunimos en el cuerpo electoral, a diferencia de la soberanía nacional, donde los individuos no son titulares de la soberanía y solo la tiene la reunión de estos con fines políticos: el denominado cuerpo electoral.

 

Tampoco es cierto, como afirma la Corte, que como el Presidente es responsable del orden público, es el dueño de la paz y puede imponernos el modelo de paz que él quiera. El Presidente de la República y la CC (que le hace la corte en este tema), no permiten que se presente otra visión de la paz; una visión alterna con justicia social y con derechos humanos, sino que dentro de ese contubernio pretenden mantener un sistema con violencia social, política y económica sobre el pueblo colombiano; sin desarrollo y sin ampliación de los derechos civiles, económicos y sociales de los más pobres que en realidad es una guerra: la guerra sistemática y cotidiana de Santos contra los derechos del pueblo; su guerra social y económica contra el pueblo.

 

Mi derecho fundamental a la paz no está constitucionalmente condicionado por el orden público. Al contrario, yo puedo ejercerlo en cualquier momento contra cualquier gobierno como éste que tradicionalmente ha sido su más grande violador; o contra cualquier otro sujeto público o privado que pretenda violarnos el derecho a la paz. Constitucionalmente, como derecho fundamental, es un derecho irrenunciable y no podemos desprendernos de él, aunque quisiéramos; es de aplicación inmediata, y ni siquiera el legislador puede restringir su núcleo esencial, mucho menos el gobierno.

 

De todo lo dicho sobre este tema, podemos inferir que, teniendo cada uno de nosotros su derecho a la paz, es constitucionalmente legítimo que cada uno pueda tener una visión de la paz distinta a la de Uribe y a la de Santos, una paz con justicia social y con derechos humanos plenos, que no se respetan, ni ahora en este gobierno de Santos ni antes en el de Uribe

 

 
El derecho al voto


Como cada uno de nosotros, a la luz de la soberanía popular consagrada en el artículo tercero de nuestra constitución, tenemos una fracción de la soberanía, en consecuencia, también el voto es un derecho que podemos ejercerlo o abstenernos de ejercerlo (abstención); y si decidimos ejercerlo, podemos ejercerlo legítimamente por una u otra visión de paz en un plebiscito, un referendo o una constituyente votando SÍ o NO, en Blanco o abstenernos, porque nadie puede impedirme que yo ejerza mi soberanía como quiera.

 

Como consecuencia de la fracción de soberanía que tenemos cada uno de los ciudadanos, el voto es un derecho, y por lo mismo, no se nos puede privar del derecho de elegir y ser elegidos, o de participar en las decisiones sobre nuestro destino; podemos darle órdenes a nuestros representantes e imponerle obligaciones; el gobernante tiene el deber de rendirnos cuentas periódicas de su gestión y, en el evento en que no estemos de acuerdo con lo que hace, o haya incumplido sus promesas electorales, podemos revocarle el mandato, llámense Presidente o congresista, o cualquier otro nombre que se le dé al elegido.

 

Por esta razón, es absurda la decisión de la Corte que sólo le permite a los titulares de la soberanía ejercerla de tres maneras: votar SÍ o NO o abstenerse. Un órgano constituido como la CC, no le puede impedir al pueblo soberano que ejerza su soberanía como él quiera. La Corte, en su afán de abrirle el atajo a Santos, al permitirle un umbral del 13%, le regaló el 37% de la abstención al gobierno, y quiso también, en una jugada a tres bandas, regalarle los votos de los demócratas que queremos la paz, pero que tenemos una visión de la paz distinta a la de santos, menos imperfecta, con más derechos, con justicia social, al no permitirnos una casilla para votar por la paz con derechos; por la constituyente que permitiera consagrarlos, y crear las instituciones para realizarlos. Nos toca decirle a la Corte, que vamos a ejercer nuestro derecho soberano, votando por esas opciones de derechos, o por otras; sabemos que al votar por los derechos, nos anularan el voto, pero que tendrán que contarlo; y que si gana el voto nulo, vamos a ejercer nuestro derecho soberano para reclamar una paz distinta, una paz con justicia social plena de derechos.

 

 

Zarpazos constitucionales


la Corte Constitucional, en su fallo excepcional y a la medida sobre la norma excepcional y a la medida de Santos, no sólo cambia su jurisprudencia, le regala el 37% del umbral, nos quita nuestro derecho fundamental a la paz; nos expropia nuestra fracción de soberanía al quitarnos el derecho de votar por la paz con derechos y por la constituyente o en blanco; permite que las minorías decidan por las mayorías, con lo que viola todas las normas sobre democracia que están en la constitución; sino que además, “blinda” al presidente ante una eventual derrota, al manifestar que si pierde su visión de la paz, nada le pasa, queda vivito y coleando, como si no hubiera perdido, y lo que es más grave, que no tiene que cambiar su política o visión de la paz, con lo que lo exime de toda responsabilidad jurídica y política; lo deja más inmune que a Pinochet, quien a pesar de ser un dictador declarado, tuvo que dejar el poder cuando perdió su plebiscito.

 

Como si fuera poco, la Corte le permite a la cohorte del Presidente, esto es a todos sus funcionarios públicos, que hagan política bajo el disfraz de la opinión, con lo que coloca en posición de privilegio la visión del gobierno y, como todo privilegio, rompe la igualdad en la competencia de las otras visiones sobre la paz. Privilegio perverso por cuanto la visión del gobierno, tiene lo que no tenemos quienes tenemos una visión de la paz con justicia social: esto es, contratos para repartir, puestos para dar, becas para entregar, obra pública para inaugurar; presupuesto del Estado para gastar, medios de comunicación oficiales y privados, fuerza pública para intimidar y organismos de seguridad para vigilar a quienes piensan distinto sobre la paz. Todo esto se le permite, sin que tenga que aplicarse la inocua e inicua ley de garantías.

 

Es tan contradictoria la decisión de la CC que no existe ninguna correspondencia lógica entre las premisas del fallo y la conclusión a la que se llega en este tema. La premisa fundamental por la cual la propia Corte se sustrae ella misma (y de paso al Congreso) de la decisión del plebiscito, es porque se trata de un acto exclusivamente político: “La Corte consideró que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político, dice en el comunicado. Pues, bien: si es un acto exclusivamente político, toda opinión que se emita sobre él, a favor o en contra, es también política y los funcionarios públicos que participen, estarían participando en una actividad política y haciendo política. En qué quedamos: ¿es un acto de opinión o es un acto político?

 

 
Transparencia democrática


Si en la democracia, la soberanía es del pueblo, y el soberano es el titular del poder constituyente, que crea los órganos constituidos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el pueblo debe saber siempre qué hacen esos órganos constituidos; debe poder mirarlos permanentemente; observarlos en su actuar; vigilarlos... Con razón, Norberto Bobbio define la democracia, como el gobierno del poder público en público; y como consecuencia, uno de los principios fundamentales del Estado constitucional es que la publicidad sea la regla, y el secreto, la excepción.

 

Se infiere de la definición de Bobbio, la necesidad de que el poder público de la justicia, actúe en público, de frente al pueblo y vigilado por éste, con mayor razón en cuanto que en cada proceso que se tramita ante la justicia, están de por medio los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

Por esta razón, los jueces deben ser capaces, honestos y, lo que es más relevante, imparciales e independientes. Sobre todo, esta última característica debe estar presente en todos, sin excepción, puesto que es la garantía de los derechos de los ciudadanos. Si los jueces no tienen independencia y autonomía, los ciudadanos no cuentan con las garantías de que alguien defenderá sus derechos cuando se los violen los poderosos. Cuando el Estado de derecho hace a los jueces independientes e imparciales, no es con el fin de otorgarles un gracioso privilegio a ellos sino una rigurosa garantía a los ciudadanos: la garantía de que si uno de sus derechos le ha sido violado por un poderoso, no importa que su poder sea económico, militar o político, ese poderoso puede ser llevado ante un juez independiente e imparcial que, mirando los hechos y las pruebas de la violación, condena al violador poderoso y restablece el derecho del humilde.

 

 

Reforma a la Corte Constitucional


En realidad, la imparcialidad o la independencia de los jueces se puede quebrar de distintas maneras: a veces por corrupción o politiquería; por amistad o enemistad, y a veces por temor.

 

Como a veces esa imparcialidad trata de ser doblegada por la descarada intervención de poderes constituidos externos a la propia Corte, como fue el caso de la intervención presidencial con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Corte Constitucional pidiendo que se le aprobara el plebiscito, precisamente, con el fin de hacer más independiente a la CC es que proponemos algunos temas de reforma de ella:


Primero.- Que se le quite al Presidente de la República la facultad de ternar tres magistrados de la CC, para evitar su injerencia externa e interna.

Segundo.- Como la democracia es el gobierno del poder público en público; de frente al público, y por otro lado, todo poder constituido debe dar cuenta de su gestión al poder constituyente del pueblo soberano, proponemos que las deliberaciones y las decisiones de la Corte Constitucional se tomen en público, como se hace en otros países, como México, donde la Corte Suprema sesiona de cara al público.


Tercero.- Que se abra un libro, como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los magistrados deben anotar los nombres de todas las personas que les hablen sobre algún tema sometido a su competencia, y establecer como causal de destitución, el no registrar inmediatamente el hecho.


Cuarto.- Que en la página web de la Corte, y en algún lugar de la Secretaría General, se registre la familia nuclear (esposo-a o compañero-a permanente; hijos del magistrado o magistrada, con sus yernos o nuera si los tuvieren), con la información sobre su actividad laboral y especialmente, si es funcionario público, dónde trabaja y cómo se vinculó a la administración pública.


Quinto.- Que se asigne un porcentaje del presupuesto nacional, por derecho propio, para la Corte Constitucional, y para toda la rama judicial, similar a lo que se hizo en el plebiscito de 1957 en materia de educación, de manera que la rama judicial deje de mendigar ante el gobierno central cada año los recursos para su normal funcionamiento.

 

Con estas y con otras propuestas que habrá que debatir, podremos fortalecer la independencia de la Corte Constitucional y, por esa vía, garantizar mejor los derechos de todos los colombianos.

 

Publicado enColombia
Un monstruo llamado Fiscal General de la Nación

 

Sin darse cuenta los constituyentes de 1991 crearon un monstruo llamado Fiscal General de la Nación. La figura no era nueva en el derecho público, pues su primera noticia la tuvimos los colombianos en 1979, mediante el acto legislativo número uno, promovido por el presidente Turbay Ayala. Pero ese aparato no tuvo operatividad porque la enmienda constitucional fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, muchas de las normas del 79 fueron rescatadas por la Constitución de 1991, bajo la figura del sistema acusatorio del derecho penal. Se trata de un régimen mixto o sui generis, pues no depende del Ejecutivo, como en el sistema anglosajón, sino que dentro de la estructura del Estado hace parte de la Rama Judicial. Hacer parte de la Rama Judicial es un decir, toda vez que se trata de un ente autónomo e independiente, desde el punto de vista administrativo y presupuestal. Sin ninguna dificultad se observa que dos ramas del poder público –ejecutiva y judicial– intervienen para darle vida humana, en cabeza de un hombre o una mujer, a un monstruo que ya está institucionalizado en la Constitución.

 

Ese funcionario llamado Fiscal General de la Nación, no solo es un monstruo porque nace de dos ramas del poder público, pero que no depende de ninguna de las dos, debido a que es autónomo en su estructura, presupuesto y planta administrativa, sino por el cúmulo de funciones que la propia Constitución Política le otorga. En efecto, la Fiscalía como aparato, tiene unas atribuciones relacionadas con la libertad de los ciudadanos: debe perseguir a los presuntos delincuentes, proteger a las víctimas y los testigos, y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Pero además de esas funciones del aparato estatal en sí, el Fiscal General, como funcionario individual, puede investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado, nombrar y remover los 25.000 empleados que la integran, participar en el diseño de la política criminal y atribuir funciones de policía judicial a los organismos que considere necesarios. En suma: tiene más poder burocrático que el propio presidente de la República, además de la espada de Damocles, llamada libertad, de la que no dispone el jefe de Estado.

 

Con tantos y tan desorbitados poderes, se supondría que los colombianos deberíamos escoger al más pulcro, al más honesto, al más sabio, al mejor formado académica, intelectual y moralmente de todos los hombres y mujeres de la nación para ocupar el cargo de Fiscal General. Sin embargo, los colombianos del común nada tenemos que hacer frente a los compromisos políticos, afectivos, económicos o judiciales de docena y media de poderosos que intervienen en su elección: el presidente de la República y de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No siempre coinciden los intereses del que hace la terna –el Presidente– con los de los electores –los magistrados–, pero siempre-siempre será “cosecha de lo que la tierra da”: demasiado políticamente correcto, vocero de alguna religión, defensor de los grandes bandidos, aspirante a la presidencia de la República o metido en el entramado de los más poderosos intereses económicos nacionales o globales. Hoy la suerte y la más fina sutileza de intrigas favoreció al abogado Néstor Humberto Martínez Neira. Todos los designios de los intervinientes en su nombramiento estaban tan enfocados sobre él, que ni siquiera le produjo el más leve rasguño la profunda metida de pata del elegido, el día de su presentación ante la Corte: el desprecio por la violencia intrafamiliar, víctima de la cual, en la mayoría de los casos, son las mujeres. ¡Qué paradoja! Quien salió a bajarle el tono a esa ofensa femenina en la que incurrió Martínez, fue precisamente una mujer: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Cabello Blanco.

 

Otra gabela más tiene el Fiscal General de la Nación: al igual que la más alta burocracia del Estado (presidente de la República y magistrados de las altas cortes) no tiene juez que lo investigue y lo sancione. Teóricamente lo debería hacer el Congreso de la República, en un complicadísimo juicio político que señala la propia Constitución. El sistema está hecho de manera tan perfecta para que no tenga efectividad, que en sus 25 años de vida jurídica no ha producido el primer fallo, aunque en sus anaqueles haya cientos de procesos, como ocurre en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El gobierno Santos promovió una reforma constitucional para crear un “tribunal de aforados”, que reemplazara el kafkiano proceso político del Congreso, pero el fiscal Montealegre maniobró con tal audacia, tanto en el curso de los debates del proyecto de acto legislativo, como después de haber sido expedido, ante la Corte Constitucional. Justo, al cierre de esta edición de desde abajo –julio 14 de 2016–, el más alto juez de la jurisdicción constitucional declaró esa reforma inexequible. Por ello solo debemos esperar otros veinticinco o cien años de impunidad de los grandes bandidos de Colombia.

 

¿Qué hacer ante tal cúmulo de impedimentos que se le presentarán a Martínez para perseguir a los grandes bandidos? Banqueros, azucareros y petroleros están entre sus clientes. Verse ante la perspectiva de tener que perseguir a sus cliente, debió causarle tanto rubor al elegido Fiscal General, que de inmediato se apresuró a proponer unas “profundas reformas”, en el organismo que va a ocupar: nombramiento de fiscal ad hoc por parte de la Corte Suprema de Justicia, siempre que tenga que declararse impedido para perseguir el delito; una auditoría interna que le reporte directamente a la Corte el comportamiento del organismo y de su titular, y el nombramiento de un fiscal encargado una vez que el titular termine su período o renuncie a su cargo. En realidad, en cualquiera de las tres reformas, no son más que simples distractores. En el caso de NHMN, ¿qué dificultad tendrá en postular subrepticiamente ante el alto tribunal el nombre o los nombres de los candidatos a fiscal ad hoc, así como su sucesor temporal y el propio auditor interno? Supongamos que no intrigara, ¿qué sucede mientras se tramita la reforma? Sencillamente, que cada vez que tenga que declararse impedido, lo reemplazará aquel funcionario que él ha nombrado: el Vicefiscal.

 

En la actual coyuntura los colombianos solo podemos hacer votos porque el poderoso funcionario Martínez Neira, aunque sea para guardar las apariencias, obre de la manera más equilibrada posible, y que haga justicia en lo que a la Fiscalía corresponde. El momento es muy delicado, y el Fiscal General tiene que jugar un papel determinante. En efecto, se sabe que en la actualidad cursan más de 110.000 procesos que tienen su origen en el conflicto social armado, que esperamos que pronto sea cerrado, tanto con las Farc como con el Eln. De acuerdo con el Tribunal Especial de Paz, acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el Fiscal General no solo debe enviar esos 110.000 procesos al nuevo tribunal, sino que debe colaborar con las nuevas investigaciones que surjan, en relación con la guerra. En el futuro Colombia debe pensar en una reforma estructural de la justicia, en la que se contemple la Fiscalía General de la Nación, en un régimen acusatorio pleno, pero en que su elección no dependa del ejecutivo y de la rama judicial, sino de los propios ciudadanos. Por otra parte, nuestro país está en mora de pensar seriamente en una reforma de la estructura del Estado, redefiniendo funciones en las distintas ramas y órganos del poder público, para que efectivamente haya una verdadera separación y equilibrio de poderes.

 

 

Publicado enEdición Nº226
Nuevo referéndum es viable, pero también es una apuesta arriesgada

La Constitución no lo prohíbe expresamente. Expertos consideran que podría poner en riesgo la confianza ciudadana en el sistema democrático, una politóloga cree que el tema debe debatirse antes de tomar una decisión. La propuesta aún no es de todo el MAS.



Llamar a un nuevo referéndum para consultar si el presidente puede volver a ser candidato es posible. En la Constitución Política del Estado no hay un solo artículo que prohíba volver a consultar a la ciudadanía sobre el tema. Sin embargo, hay una ley orgánica, la de Régimen Electoral, que plantea una salvedad en su artículo 15: “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son responsables de su oportuna y eficaz aplicación”. Y es ahí donde se encienden dos debates políticos fundamentales.

El primero tiene que ver con la legalidad de la consulta. El segundo con la pertinencia de realizar un segundo referéndum en un contexto de crisis económica y cuando la ciudadanía acaba de votar en contra de la repostulación del presidente y del vicepresidente.

La vía jurídica

Para modificar la Constitución hay dos caminos señalados por la misma Carta Magna: la reforma parcial (de uno o de varios artículos) y la reforma total. Para la primera, también hay un par de vías: que la iniciativa sea legislativa, que se formule una pregunta, que va a consulta de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que después se somete a referéndum. Esa ya pasó el 21 de febrero. Por esa ruta ya hubo un fracaso del MAS y de sus dos principales líderes.

La otra vía es la iniciativa popular. Que se colecten las firmas equivalentes al 20% del padrón electoral (1.299.587), que se plantee una pregunta que también va a consulta de constitucionalidad y que después se la someta a referéndum. Esa es la ruta que ahora intenta trazar el MAS a partir de la propuesta de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y de los interculturales. Héctor Arce, el procurador que también es uno de los abogados de mayor confianza del presidente Evo Morales, ya dijo en conferencia de prensa: "Una reforma constitucional parcial puede ser planteada las veces que sea necesaria, las veces que se quiera hacerlo, por los dos mecanismos: por las firmas, por la Asamblea (Legislativa). La Constitución no limita la cantidad de reformas que se puedan hacer en uno, dos, tres o cuatro periodos constitucionales", aunque después aclaró que esa era su opinión y no el camino que estaba siendo trazado por el Gobierno.

El constitucionalista José Antonio Rivera dice con contundencia que no es así. Que el resultado del referéndum del 21F es vinculante y obligatorio si se respeta la Ley de Régimen Electoral, aunque el tema no esté precisado en la Carta Magna. No obstante, reconoce que si se cambia el sentido de la pregunta, la situación puede ser diferente y acomodarse a los planes ya manifestados por el oficialismo.

El abogado constitucionalista José Antonio de Chazal, tras explicar el procedimiento de reforma constitucional, concluye que la Carta Magna no prevé nada sobre si se puede hacer uno o varios referéndums sobre el mismo tema. Explica que en el Derecho Constitucional comparado, se entiende que cuando se hace una consulta directa al pueblo, la misma ya no puede hacerse nuevamente cuando se ha obtenido un resultado. “Pero la Constitución boliviana no lo prohíbe. Por eso, aunque iría contra la razón de la doctrina constitucional, alguien podría intentar esa vía”.

Otras miradas


La propuesta ya fue lanzada y el tema está instalado en la opinión pública. A pesar de ello, no todos los sectores se alinean detrás de ella. Por ejemplo, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, prefiere no opinar sobre “iniciativas de algunos sectores”. Deja claro que no es una propuesta del Conalcam, que aglutina a todos los movimientos sociales y que el tema será analizado con calma.

El análisis de la politóloga Elena Argirakis va en la misma línea. Ella cree que el debate sobre la pertinencia o no de la reelección debe instalarse y agotarse, ya que en la anterior campaña esta discusión no se cerró, porque la agenda política del país fue copada por las denuncias de tráfico de influencias y del supuesto hijo del presidente Evo Morales, las que –en su criterio- ya están agotadas y resueltas. En tal sentido, opina que primero debe debatirse el tema en la sociedad civil y no ve prudente que se tomen decisiones sin que exista la discusión precisa sobre los argumentos a favor y en contra de la repostulación.

El poder


Pasaron tres meses de la derrota en las urnas del 21-F. El presidente se ha referido varias veces al tema. Cuando dijo que ese fue el primer tiempo y que faltaba el segundo; luego fue complementando su idea al señalar que “en el segundo tiempo se sabrá quién es quién”. Para el Gobierno, los culpables del resultado adverso para el MAS están en la oposición, en los medios de comunicación que dieron a conocer el caso Zapata y en las redes sociales.

En criterio de los politólogos Carlos Toranzo y Roberto Laserna, la decisión de llevar la repostulación a una nueva consulta puede provocar una derrota mayor a Evo Morales. “Habría más gente que vote contra Evo y, a la par, creo que el fraude sería mayor, que los controles políticos serían mayores. Puede ganar pero no de manera transparente sino manipulando datos. La desesperación es tal que todos los poderes están más controlados que en el pasado”, concluye Toranzo.

El hecho de que este mismo año se hubiera realizado la consulta sobre la repostulación lleva a Laserna a opinar que la ciudadanía vería un nuevo referéndum sobre el mismo tema como una deslealtad con la democracia y un gasto en tiempo de crisis. La suma gastada en febrero fue de alrededor de 140 millones de bolivianos.

Tensión

Los politólogos ven que en las últimas semanas se ha evidenciado nerviosismo en el Gobierno y que se nota una fase de mayor represión, de poner en tela de juicio a los que piensan diferente. Toranzo ve un escenario complicado que puede derivar en violencia y en una mayor disminución de las libertades democráticas. Para Laserna, hay una mezcla de mayor autoritarismo, debilidad de las instituciones y desconocimiento de las normas, lo que puede derivar en una falta de confianza en el futuro.

El debate está en el aire y hay varios ejes, desde la pertinencia o no de la repostulación, los protagonistas y hasta cómo lograr la legalidad.

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Lunes, 30 Mayo 2016 07:19

Al pueblo venezolano

Al pueblo venezolano

mayo 27, 2016 

 


AL PUEBLO VENEZOLANO

 

 

A LOS PODERES PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

Transcurridos tres meses desde que expusimos a través de los medios alternativos al país y al mundo la gravísima situación que padecemos todos los venezolanos, la misma se ha agravado peligrosamente convirtiéndose en un completo caos, expresado en la crisis económica brutal que sufrimos, la delincuencia que a diario asesina impunemente, el colapso de los servicios públicos y la violación descarada de principios constitucionales. Voces de alerta de venezolanos angustiados por evitar más deterioro, de la comunidad internacional y de funcionarios de países amigos, caen en saco roto sin ningún tipo de intención de enmienda para lograr la gobernabilidad, la paz y el bienestar tan anhelados por los ciudadanos.

 

El Proceso Constituyente, para nuestro pueblo fue, es y será, la oportunidad para que como iguales, con mucha fe, optimismo y entusiasmo en el porvenir decidamos el modelo de república que pueda materializar progreso, seguridad y bienestar para todos los venezolanos. Ni más ni menos como decimos en criollo, llegamos al llegadero, y en nuestra democracia la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente y que además los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, mucho más cuando nuestra Constitución lo establece clara y expresamente en su articulado.

 

El Referendo Revocatorio, novel y extraordinario derecho político expresado en nuestra Carta Magna para afianzar la voluntad de las mayorías y con ella la soberanía popular, hoy luce pateado y burlado por algunos que hace más de tres lustros, manifestaban fervientemente a favor de su aprobación. El Referendo Revocatorio no es propiedad de ningún grupo político, ni de la oposición y sus intereses; ni del gobierno y su poder abusivo, y mucho menos de los intereses extranjeros que están expoliando nuestras riquezas. Es un derecho constitucional consagrado en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de manera clara e inequívoca. Por ello es indignante que funcionarios del gobierno y del propio CNE expresen con burla que no habrá referendo este año.

 

¿Es miedo y cobardía a medirse ante la voluntad popular?¿O es apoyarse en unos cada día más cuestionados CNE y TSJ para intentar ganar tiempo y seguir abusando, atropellando y disfrutando de las mieles del poder? Aquí ningún venezolano debería temerle al Referendo Revocatorio, a menos que esté seguro que perderá prebendas y se abrirá paso a la anhelada justicia. Ningún civil o militar, con o sin autoridad, debería entonces negar la posibilidad de que sea el propio pueblo venezolano, en quien reside la soberanía, que active los mecanismos constitucionales que le permitan superar esta espantosa situación actual, en paz, en democracia. La revocatoria del mandato fue una de las banderas fundamentales de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Quienes dicen defender el legado de Hugo Chávez deberían aprender de su actitud cuando en 2004 aceptó gallardamente ir a un referendo revocatorio y reiteró ser un apasionado defensor de esa idea.

 

El Estado venezolano, y particularmente, el gobierno, debería ser el más interesado en garantizar la paz. Tristemente, vemos a diario cómo por el contrario, el gobierno es el que se empeña en obstaculizar los caminos democráticos y constitucionales, y en permanente demostración de abuso, autoritarismo y falta de escrúpulos, en sintonía con una incapacidad extrema para resolver los ingentes problemas que padecemos, abona el camino para la violencia, algo que lamentablemente, algunos actores de la oposición parecieran empeñados también en materializar.

 

El Decreto de Estado de Excepción y Emergencia económica, está basado en una serie de presupuestos expresados en sus considerandos, que no son más que una nueva muestra de falsedad y manipulación, con lo que el gobierno demuestra una vez más su carácter mentiroso, abusivo, autocrático y de irrespeto al pueblo venezolano, insistiendo en crear y hablar de guerras y enemigos externos e internos para tapar su ineptitud y las corruptelas de funcionarios y allegados en la más grande estafa política de la historia venezolana.

 

Quedó demostrada la total incapacidad de lograr algún efecto positivo a través de los tan promocionados 14 motores y el anterior decreto de emergencia económica durante los 60 días que tuvo vigencia. Ahora el gobierno más allá de prorrogar ese adefesio le añade el carácter de estado de excepción, con lo que aspira justificar los atropellos, violaciones a los Derechos Humanos y acentuar la criminalización de la protesta, demostrando de hecho el desprecio profundo que sienten por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la democracia y por la sociedad venezolana. Pretende este gobierno ilegítimo erigirse sobre las bombas lacrimógenas y bayonetas de sus órganos represivos, afianzado con espurias actuaciones de lo que debería ser el más alto tribunal de la República y ha devenido en verdugo de la institucionalidad venezolana, además del pranato delictual que campea impunemente en el país, intentando acallar el disenso creciente, el reclamo popular y peor aún, el hambre generalizada, el caos de los servicios públicos y la criminal situación de la salud en nuestro país. En otras palabras, caretas afuera, el gobierno pretende y actúa anulando de hecho la vigencia de nuestra Carta Fundamental.

 

Es tal la hipersensibilidad del venezolano común, que ante la sentencia del TSJ publicada en Gaceta Oficial 40.909, al establecer “con carácter vinculante” que si una persona posee “múltiples nacionalidades” y una de ellas es la venezolana “será ésta la que tenga prevalencia en todo lo concerniente al régimen jurídico aplicable a la misma”, surge suspicazmente la pregunta de si pretenderán agarrarse de esta sentencia para allanar el camino para la violación de los artículos 41 y 227 de la Carta Magna, específicamente ante la incertidumbre (¡el colmo!) de la nacionalidad del ciudadano Nicolás Maduro Moros.

 

Usted y su gobierno, Presidente Maduro, deberían de una vez por todas hablarle claro al país y dejar sus burlas y su cinismo, expresando lo que muchos sabemos: esto no es revolución, ni es socialismo y muchísimo menos tiene que ver con ideas bolivarianas. Díganle al país que no le da la menor gana acatar la Constitución y que Usted, su TSJ y su CNE, su partido y la fracción militar y policial en las que se apoya, están por encima de la Constitución y de la voluntad de las mayorías populares, que no va a renunciar, ni va a mostrar su partida de nacimiento, que no le importa el hambre que está pasando el pueblo y que van a seguir impulsando el enfrentamiento de pobres contra pobres para saciar su resentimiento, su mezquindad y garantizar aferrarse al poder y disfrutar con soberbia, arrogancia y descaro, las fortunas que algunos han amasado groseramente, derivadas del saqueo al tesoro nacional y del narcotráfico, entre muchas otras actividades delincuenciales. Vergüenza debería darles, pero definitivamente no saben ni les interesa el significado de esa palabra. Sigan hablando de lealtad, hablen de legado, hablen de patria, mientras con descaro siguen burlándose grotescamente de los venezolanos haciendo todo lo posible por acabar con Venezuela.

 

Venezolanos, venezolanas: llegó el momento de que cada quien asuma su responsabilidad en esta hora crítica que padecemos. Es imprescindible la unión de todos para enfrentar tanta burla, humillación, mentira y el grotesco intento de algunos de perpetuarse en el poder a como dé lugar. Hacemos un llamado sincero a deponer sectarismos e intereses particulares y grupales, a entender el compromiso que tenemos con nuestro futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, para materializar la salvación nacional y evitar un desenlace fratricida que termine de arrasar con nuestra amada Venezuela. No son extranjeros los que van a resolver esta situación, tenemos que ser nosotros los venezolanos, que erigiendo como bandera la Constitución, reclamando su defensa, respeto y vigencia, superemos esta pesadilla y podamos reconocernos y reconciliarnos para reconstruir, ladrillo a ladrillo, entre todos, la Venezuela que nos merecemos. Que sea el pueblo venezolano, el soberano, quien diga si quiere salir de esta pesadilla o no.

 

“Con la verdad ni ofendo ni temo”. José Gervasio Artigas

 

Cap.(R), MSc., 4F, Ex–Const.
Florencio Antonio Porras Echezuría
6151584
Cap.(R), 4F
Luis Eduardo Chacón Roa
6049648
Cap.(R), Ing., 4F
Ismael Pérez Sira
4812682
May.(R), 4F
Carlos Guyón Celis
4309389
Gral.Brgda.(R), 4F
Rafael Virgilio Delgado 3629811
Cap.(R), Ing., 4 F Jesús Alberto García Rojas 8005829
TCnel.(R)
Emiro Brito Valerio
4523166
Cnel.(R), MSc.
Miguel Enrique Schmilinsky París
7606805
Phd., Prof. ULA
Wladimir Pérez Parra
7362580
Ing., Ex-Dip. AN
José Oscar Ramírez Rosales
8073655
Dra., Prof. ULA
Yajaira Romero 5778436
Abog.
Dolis Marina Sánchez Ramírez
14581843
Ex Constituyente Ernesto Alvarenga 5138985
Med.Vet., Ex – Dip. AN
Obdulio José Camacho
4666270
Abog. Javier Trejo 8029868
SM3era.(R)
Renny Ramiro Pedreañez Rincón
11393810
TCnel.(R), Ing. , MSc.
Luis Castellanos Hurtado 6851781
Prod. Agrop.
Manuel Moreno 11222725
Comerciante
Jean Josué Parra 14053793
Abog. Susana Kasrine Chidiak 8033364
Abog. Ubal Prado Santana 10832860
Ing. Germán A. Sánchez Ramírez 12039241
Tec. Julio César Rojas 8043341
MSc., Abog. Jim Morantes Monzón 12779215
Ing. Miguel Ángel Blanco 9693517
Polit., Prof. ULA José Domingo Sánchez 12347845
Lic. Eleida Katiuska Pérez Parra 9554393
Sr. José Luis Maldonado 1553170
Sr. Kais Bahsas 8088382
Lic. Yrak Nadechka Apolinar Zambrano 10749261
Prof. Rosa Pérez Sira 4362990
Lic. Jairo Debia 8089446
Lic Flor Porras Echezuría 6052250
Sra. Beatriz Debia 8070292
Abog. Marleny Devia 8076552
TSU Fátima Devia 8080376
Sra. Rita Devia 3296861
Abog. Alba Mayita Zambrano Álvarez 8085236
Abog. Carol Zambrano 12800727
Sra. Leidy Toscano 16020909
Polit. María Mercedes Flores Argote 21226128
Polit. Fabio Uzcátegui 15032972
TSU Deibi Mercado 19503709
Topog. Jesús Manuel Ramírez 4472489
Sgto.(R) Ramón Méndez 4702971
Transp. Orlando Puentes 9397832
Maestro Eglar Peña 19503709
Maestro José Araque 5768886
Sra. Dianora Devia 8074542
Sr. Alejandro Rodríguez 19146851
Sr. Miguel Devia 21330715
Estudiante universitaria Irochka Coromoto Porras Apolinar 19593710
Ing., Empresario Wilfredo Adrey Rojas Meléndez 7361405

 

 

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Viernes, 20 Mayo 2016 16:16

El Artículo de la paz.

El Artículo de la paz.

Se aprueba en el Congreso de la Republica el Articulo de la paz pactado en la Mesa de conversaciones de La Habana.

Presidente Juan Manuel Santos y coalicion de gobierno hacen honor a la palabra empeñada.


No prospero el filibusterismo parlamentario de la ultraderecha ganadera y verde.


Avanzó al penúltimo paso el Acto legislativo de la paz, incluyendo el Artículo de la paz pactado en la Mesa de La Habana en ejercicio de la bilateralidad.


No es un articulito como aquel de marras.


Es tremendo texto para consolidar y profundizar el fin del conflicto.


Cito su contenido y destaco temas:


Artículo 4°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio, el cual quedará así:


Artículo Transitorio: En desarrollo del derecho a la paz, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. Con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del Acuerdo Final, una vez éste haya sido firmado y entrado en vigor, el anterior ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo del Acuerdo Final.


En desarrollo del Derecho a la paz, el procedimiento legislativo especial para la aprobación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, incluirá un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” con los siguientes criterios procedimentales especiales: envío al Congreso para su incorporación al derecho interno por medio de una ley; tramitación como ley ordinaria: radicación del proyecto ante la secretaria del Senado y publicación, debate en comisiones constitucionales conjuntas del Senado y Cámara, votación, debate en plenario del senado; y debate en plenario de la Cámara. El tránsito del proyecto entre comisión y plenaria será de 8 días, las votaciones serán únicamente de aprobación o improbación de todo el texto; control de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Acuerdo Especial; sanción presidencial y publicación en diario oficial; el Gobierno se obligará a presentar esta ley aprobatoria inmediatamente sea firmado y aprobado el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y entrado en vigor el presente Acto Legislativo.


El procedimiento legislativo de aprobación de leyes o actos legislativos para la implementación o desarrollo del Acuerdo Final, será el Procedimiento legislativo especial para la paz establecido en el artículo primero de este Acto Legislativo, y estará en vigencia para la aprobación de normas de implementación y desarrollo del Acuerdo Final durante el tiempo establecido en el mismo artículo.

 

El control constitucional relacionado con la aprobación de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, será único y automático.


¡Perfecto!


No prospero el filibusterismo parlamentario, tanto del terrateniente conservador de Montería, Barguil, ni el de la verde Lozano, capturada, esta última, por el odio de la ultraderecha contra la paz.


Desconocen la concomitancia del proceso del fin del conflicto, caracterizado por las partes como integral y simultáneo, que implica dejación de las armas, erradicación de paramilitarismo, movilización política de las Farc y erradicación de cultivos de uso ilícito.
La ignorancia los hace necios y saboteadores.


Triunfo la política de la paz. Triunfo la alianza de la paz.


El Presidente y su coalición política han sido fieles a la palabra empeñada creando confianza.


¡Felicitaciones!.


Esperemos que la plenaria de la Cámara cierre el trámite legislativo y venga el control posterior de la Corte Constitucional.


La actividad de control constitucional de la Corte puede influir de modo sustancial en la nueva práctica política que se abre paso a través de la definición y control de cumplimiento de los requisitos constitucionales que deben influir en la génesis de las normas de la paz, pero ello no excluye la necesidad de apoyar la interpretación de la Constitución en esta materia en una comprensión de la política que se adecue plenamente y sin contradicciones a la racionalidad del proceso de paz y de la construcción de la democracia ampliada y pluralista pactada en el acuerdo sobre participación política.


Entre tanto, que avance de manera simultánea la pedagogía y socialización de la paz en la sociedad civil.


Más firmas. Más talleres. Más conferencias. Más Medios de comunicación para la paz. Más educación para la paz.

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El Gobierno y las FARC blindarán jurídicamente el acuerdo de paz en Colombia

Los negociadores acuerdan incluir todo lo pactado en la Constitución a través de un artículo transitorio


El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC llegaron este jueves a un acuerdo para blindar jurídicamente el texto definitivo que prevén firmar en los próximos meses. Las delegaciones pactaron que todo lo acordado en La Habana durante el proceso de paz que se desarrolla desde hace tres años y medio se elevará a la condición de Acuerdo Especial Humanitario y entrará a formar parte de la Constitución.


El anuncio, aunque determinante para el desarrollo de los acuerdos, llega casi cuatro meses después del último gran avance –el compromiso de la ONU de verificar el alto el fuego y la dejación de armas de las FARC- y en un momento en el que todas las miras están puestas en la posibilidad de alcanzar un cese bilateral y definitivo del conflicto, es decir, de poner punto final a la guerra en Colombia. “Seguimos trabajando intensamente, confiamos en que pronto tengamos nuevas noticias positivas para la sociedad colombiana”, aseguró el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, consciente del escepticismo creciente que cubre el proceso de paz. En la última encuesta de Gallup, el 66% de los colombianos consideraba que las negociaciones van por mal camino, mientras el 27% cree que se desarrollan de forma adecuada.


El blindaje constitucional de los acuerdos es un viejo reclamo de las FARC, para evitar que, en un futuro, hubiese cambios imprevistos más allá de lo acordado en La Habana. Para que eso ocurra, ambas partes han acordado incluir en la Constitución de Colombia un nuevo artículo transitorio para que el acuerdo de paz final sea considerado un acuerdo especial. La base de ello está en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949.


“Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir con los objetivos”, resume el comunicado acordado por el Gobierno y las FARC. “Toda negociación entre un Gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema: un acuerdo de paz es un acuerdo político. Requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo”, ha ahondado De la Calle.


El jefe negociador del Gobierno aprovechó para incidir que el Ejecutivo sigue con su intención de celebrar un plebiscito para consultar a los colombianos sobre el acuerdo final, una “refrendación popular” que, recordó, “aún no ha sido pactada en La Habana”. De la Calle celebró las recientes declaraciones del jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, quien abrió la puerta a una consulta popular, algo a lo que los guerrilleros habían sido reacios hasta ahora.


El acuerdo ha sido duramente criticado por el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe, que ha calificado el anuncio de "golpe de Estado a la democracia colombiana". Esta subida de tono ante el proceso de paz, del que el uribismo es un férreo opositor, llega unos días después de que el expresidente llamase a la "resistencia civil" ante lo acordado en La Habana.


El Gobierno y las FARC, según coinciden varias fuentes próximas a las conversaciones, confían en anunciar de forma inminente un cese al fuego bilateral y definitivo, así como las zonas y la forma en la que los guerrilleros quedarán concentrados después de la firma final. Una aspiración que se antojaba cercana hace ya meses y que, en la recta final de un proceso de paz que todo el mundo da por irreversible, se ha vuelto también un obstáculo. A punto de ser superado.

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