Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

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El Gobierno de Ecuador busca la reelección indefinida

La Asamblea Nacional de Ecuador ha comenzado el proceso para cambiar en las próximas semanas, sin referéndum, la Constitución de 2008. El lunes se reactivó la comisión creada para tramitar las 16 enmiendas constitucionales planteadas en 2014 por el bloque legislativo de Alianza País, el movimiento político del presidente Rafael Correa, que tiene mayoría absoluta en el Legislativo. La medida más polémica es la que pretende permitir la reelección indefinida en el cargo de presidente.


La comisión presentará el informe para el segundo y definitivo debate a finales de noviembre, para que las enmiendas se aprueben antes de que termine 2015. Los asambleístas del oficialismo están cumpliendo con los plazos previstos para que la enmienda más polémica, la que permitirá la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, surta efecto en las elecciones de 2017 y desbloquee la posible postulación de Rafael Correa, que ya ha tenido dos periodos presidenciales —una situación similar a la que se vive en Bolivia con el mandato de Evo Morales—. El Código de la Democracia es claro en esto y señala que cualquier reforma que afecte a un proceso electoral debe hacerse como mínimo un año antes.


Correa, sin embargo, ha negado tener interés en buscar nuevamente la presidencia, pero también ha dicho que estará donde su movimiento político lo requiera. A esta ambigüedad se ha sumado la sugerencia que ha hecho el mandatario a sus asambleístas en la última semana: incluir una disposición transitoria que impida que los posibles beneficiarios de la reelección indefinida se postulen en las elecciones generales de 2017. Si su petición es tomada en cuenta, él y muchos asambleístas que ahora mismo tramitan la enmienda constitucional no podrían optar a la reelección en los siguientes comicios.


Para muchos analistas la declaración del presidente es una maniobra de distracción y no tiene lugar en esta etapa del proceso. El legislador de la oposición Luis Fernando Torres califica la iniciativa del presidente de "un globo de ensayo" y argumenta que no se puede incluir algo que no fue parte del primer debate legislativo. Para el jurista y académico Farith Simon, "es una buena manera de bajar la presión política en vísperas del segundo debate". Queda entonces por ver el tratamiento que dará el bloque oficialista a la petición del líder de su movimiento político.


Consulta popular


Las otras enmiendas polémicas tienen que ver con el cambio del rol de las Fuerzas Armadas, que pasarían a ocuparse de la seguridad interna; la disminución de las competencias de la Contraloría, que dejaría de ver cómo se gasta el dinero público; y la declaración de la comunicación como un servicio público, que es leído como una estrategia para aumentar el control del Estado sobre los medios de comunicación privados.


Una parte de la ciudadanía se ha manifestado en contra de los cambios constitucionales y hay un consenso entre la oposición, que exige una consulta popular. La semana pasada hubo una marcha de rechazo a las enmiendas y habrá otra el próximo 24 de noviembre. En las redes sociales, además, circulan vídeos de personalidades que piden el archivo de las enmiendas.


En su defensa, los asambleístas del oficialismo insisten en que han socializado las enmiendas en las 24 provincias, que han hecho casi 170 reuniones y diálogos con varios sectores sociales, y que el país ha aprobado que la Constitución cambie. El aparato de comunicación del Estado se ha aplicado a fondo para difundir esto a través de una página web (enmiendas.ec) que explica, entre otras cosas, por qué no se hace una consulta popular y cuáles son los beneficios de cada uno de los cambios.

 

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Martes, 28 Julio 2015 07:08

Modificar la "sala de máquinas"

Modificar la "sala de máquinas"

Son varios los países que incorporaron en sus constituciones diversos derechos sociales. Sin embargo, advierte Gargarella en este texto, si al mismo tiempo no se aborda en profundidad una reforma de la sección que define la organización del poder –la "sala de máquinas" de la Constitución–, la verdadera transformación seguirá pendiente.

 

Cuando pensamos en la última e importante oleada de reformas legales y constitucionales que tuviera lugar en la región latinoamericana –desde la Constitución de Colombia de 1991 hasta la de Ecuador en 2008, o la de Bolivia en 2009–, advertimos de inmediato lo importantes y a la vez limitados que han sido tales cambios. Nuestros convencionales constituyentes no han podido, no han sabido, o no han querido llegar tan lejos como era necesario para asegurarles a tales reformas la potencia transformadora que se pretendía que tuvieran.


Por supuesto, es sin dudas muy relevante lo ocurrido en la región en las últimas décadas en materia constitucional. Es claro que en muchos de los procesos constituyentes referidos se evidenció un esfuerzo especial por atender de modo prioritario las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, reformas como las citadas nos hablan, sobre todo, de las restricciones propias de los proyectos emprendidos. Uno de los problemas más significativos sufridos por tales reformas apareció, justamente, por haber concentrado las energías del cambio en la sección de los derechos de las nuevas o reformadas constituciones, sin reconocer la influencia que tiende a ejercer sobre ellos la otra gran parte de cualquier Constitución: la sección dedicada a la organización del poder. Al concentrar su esfuerzo en el área de los derechos, los reformistas sociales descuidaron –si no dejaron directamente de lado– un necesario trabajo sobre esa área. Como dijera Raúl Prada, uno de los más notables participantes en la Asamblea Constituyente de Bolivia, la Constituyente no pudo confrontar los "grandes problemas respecto de los planteamientos populares", pero en cambio sí creó mecanismos para una transición a un país diferente, "particularmente en lo que respecta a los derechos, estableciendo enunciaciones constitucionales como base para después construir instrumentos legales e institucionales nuevos".
Para decirlo de modo más gráfico, los constituyentes latinoamericanos tendieron a dejar intocada la "sala de máquinas" de la Constitución, esto es, el área en la que se define cómo va a ser el proceso democrático de toma de decisiones. Las puertas de la "sala de máquinas" quedaron cerradas bajo candado, como si el tratamiento de los aspectos relacionados con la organización del poder sólo pudiera quedar a cargo de los grupos más afines o más directamente vinculados al poder dominante. De ese modo los grupos más desaventajados de la sociedad –primero la clase trabajadora; luego las minorías sexuales; más recientemente los grupos indígenas– lograron ingresar en el "aparato constitucional", pero sólo a través de una puerta lateral: las declaraciones de derechos. Es decir, a tales grupos no se les aseguró o facilitó el ingreso al área donde residen las "palancas del poder" institucional: la sección constitucional que diseña la organización del poder.


Decir lo anterior no implica desconocer que ciertos cambios en materia de derechos pueden generar un enorme impacto en los modos en que se distribuye el poder. Típicamente, la extensión del derecho al voto –un cambio que no se acompaña habitualmente con modificaciones en la organización del poder– representa un cambio político extraordinario. Algo similar puede decirse del derecho al salario mínimo, o del derecho a una organización sindical. De todos modos, al respecto cabría señalar al menos dos cosas. Por una parte, convendría insistir en lo siguiente: muchos derechos tienen la potencia de expandir el poder popular (derecho a participar en sindicatos, derecho a un salario mínimo), pero en la práctica resultan subaplicados o no aplicados en absoluto, debido a las presiones realizadas desde la (inmodificada) estructura de gobierno. Y en otros casos, como el del derecho al sufragio (el caso más importante y también el más excepcional de todos), la ausencia de cambios correlativos en la organización del poder revela de modo notable la resistencia constitucional al cambio social, y pone la Constitución al borde de un estallido: la Constitución pretende asegurar que las palancas del poder sigan siendo movidas por unos pocos, a pesar de la radicalidad de los cambios sociales ocurridos. Omitiendo una reforma en la organización del poder, los constituyentes dejan a las nuevas sociedades democráticas bajo una forma de dirección todavía elitista, propia de los siglos XVIII o XIX.


Conviene contrastar esta llamativa omisión de los grupos que, más contemporáneamente, procuraron impulsar la reforma social a través de la reforma constitucional –grupos vinculados, muchas veces, con lo que podríamos llamar el "progresismo constitucional"– con la clarividencia que caracteriza a los viejos intelectuales del liberalismo conservador. Recordemos de qué modo los viejos liberales-conservadores reconocieron que, para dar seguridad a los derechos que les interesaban (el derecho de propiedad en particular, las libertades económicas en general), era indispensable operar, ante todo, sobre la "sala de máquinas" de la Constitución (en su caso, a través de la restricción de las libertades políticas): garantizar los derechos de propiedad –asumieron con razón– requería limitar las capacidades de las mayorías para actuar en política.
De ese modo los viejos líderes del constitucionalismo regional demostraron, por un lado, lucidez política para advertir la influencia cruzada de las reformas. Esto es, para reconocer que todo lo que hicieran o dejaran de hacer sobre una de las secciones de la Constitución (pongamos, la sección relacionada con la organización del poder) iba a tener impacto sobre la otra sección de la misma (en este caso, la organización de los derechos). Y lo que es más importante, ellos reconocieron bien la particular relevancia que tenía la "maquinaria del poder" en el marco general de la estructura de la Constitución. Por el lugar particular que ocupa la misma –justamente, la "sala de máquinas" de la estructura general– ella tiene una primacía decisiva sobre todo el resto del esquema jurídico. Más todavía, ellos parecieron entender muy bien que, dada la historia peculiar de la región, el Poder Ejecutivo iba a tener, dentro de esa "sala de máquinas", un peso especial, con el que había que saber lidiar. Cuando Juan Bautista Alberdi propuso atar por un buen tiempo las manos de las mayorías políticas con el fin de dar el máximo reaseguro a los derechos económicos, sabía lo que hacía. Él nunca pensó (como algunos de nuestros contemporáneos parecen haber llegado a pensar) que la preocupación por ciertos derechos debía traducirse –fundamental o exclusivamente– en el reaseguro de fuertes garantías constitucionales a tales derechos. Ello así, como si los derechos pudieran bastarse a sí solos para protegerse; como si la garantía de tales derechos no exigiera –exclusiva o fundamentalmente– determinados arreglos en materia de organización del poder.


En todo caso, una sugerencia que puede inferirse del análisis realizado hasta aquí es que los reformistas sociales de la actualidad debieran tomar como prioritario el trabajo sobre el área que hoy más tienden a descuidar. La preocupación especial por los aspectos más sociales de la vida constitucional debiera llevarlos a examinar, ante todo, los modos en que se organiza el poder, en lugar de dejarlos detenidos en la ingeniería de los derechos. Me aventuraría a sugerir que no es consistente la redacción de largas listas de derechos sociales –o cualquier otro intento de "democratizar el poder" a través de la sección de los derechos– manteniendo, al mismo tiempo, las formas de poder verticalista y concentrado que caracterizan todavía a todas nuestras constituciones, en lo relativo a la organización del poder. La reforma social debiera ser, de forma prioritaria, la reforma de los mecanismos del poder, ya que sin una vasta apoyatura política, capaz de incluir una amplia movilización social, la vida de los derechos queda bajo una directa, mortal amenaza. La democratización de la vida social requiere, prioritariamente, la democratización de los modos en que organizamos el poder.

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Obama viola la Carta de Derechos del pueblo estadounidense

El Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el "Día de la Carta de Derechos", y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son "la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley", afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de "casi orwellianas" en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.


Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: "He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle 'un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica'. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente".


El ex subdirector de la CIA, Michael Morrell, preside el panel, que depende de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, dirigida por James Clapper. Es de público conocimiento que Clapper mintió en una audiencia del Senado sobre este tema. Cuando el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, le preguntó si la NSA recopiló los registros telefónicos de millones o de cientos de millones de estadounidenses, Clapper respondió: "No espiamos a nadie, salvo para fines legítimos de inteligencia extranjera y siempre trabajamos dentro del marco legal. Ahora, es verdad que en ocasiones hemos cometido errores, algunos graves, pero ellos se deben generalmente a errores humanos o problemas técnicos. Y cuando detectamos errores, los hemos informado y corregido". Tras las filtraciones de Snowden, Clapper reconoció a NBC News que su respuesta fue la forma "menos mentirosa" de decir "no".


El fallo del juez Leon está relacionado con tan solo uno de varios casos presentados después de las filtraciones realizadas por el ex contratista de la NSA Edward Snowden en el mes de junio, acerca del amplio sistema de vigilancia mundial que recopila los datos personales de millones de personas. Otra demanda iniciada en Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra Clapper, pretende terminar en forma definitiva con la vigilancia masiva y que se eliminen todos los datos recopilados hasta el momento.


Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que Edward Snowden es un "patriota", y destacó: "Al haber denunciado la actividad ilegal del Gobierno, que fue aprobada y mantenida en secreto durante años por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Snowden asumió un enorme riesgo personal en favor del bien público. Él solo reabrió el debate mundial acerca del alcance y la naturaleza de la vigilancia del Gobierno en relación con nuestros derechos fundamentales como individuos".


El secretario de prensa de Obama, Jay Carney, reiteró esta semana la postura inflexible de la Casa Blanca con respecto a la acusación contra Snowden: "No ha habido un cambio de postura. Ha sido acusado de filtrar información clasificada. Afronta cargos de haber cometido delitos aquí. Debería ser enviado de regreso a Estados Unidos, donde será sometido al debido proceso, con las protecciones correspondientes en virtud de nuestro sistema de justicia, de las que esperamos que haga uso. Y obviamente estamos presionando a Rusia y a otros países con respecto a este tema".


Tras medio año de vivir en Rusia, donde se le otorgó asilo temporal por un año, Edward Snowden escribió una carta pública esta semana a la población de Brasil, con la esperanza de obtener asilo permanente allí. En la carta, Snowden escribió: "Hace seis meses salí de las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para pararme delante de la cámara de un periodista...con los ojos abiertos, sabiendo que la decisión me costaría mi familia, mi hogar y pondría mi vida en peligro. Me motivó la creencia de que los ciudadanos del mundo merecen entender el sistema en el que viven". Y añade: "Mi mayor temor era que nadie escuchara mi advertencia. Nunca estuve tan contento de haberme equivocado tanto", afirmó.


El mundo sigue escuchando a Edward Snowden. Como también dice en la carta abierta: "La cultura de la vigilancia mundial indiscriminada, expuesta a debates públicos y a investigaciones reales en cada continente, se está desmoronando". Una encuesta reciente sugiere que al menos un 55% de las personas consultadas considera que Snowden es una persona que reveló informaciones importantes. A pesar de las encuestas, la presentadora de noticias de CNN Brooke Baldwin preguntó acerca de la posibilidad de otorgarle amnistía a Snowden: "La última pregunta: si Edward Snowden regresara aquí, y mucha gente está en desacuerdo con eso, pero si regresara aquí y se le otorgara amnistía, ¿qué vendría a hacer aquí? Porque realmente mucha gente lo odia".


Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la Carta de Derechos incluye las primeras diez enmiendas a la Constitución. Al elogiarla y referirse a "nuestros derechos fundamentales", el Presidente Obama no mencionó la Cuarta Enmienda, que dice:


"El derecho de los habitantes de que ellos, sus domicilios, documentos o efectos no se sometan a inspecciones e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales a menos que se basen en una causa probable o juramento y, en particular, que describan el lugar que deba ser inspeccionado y las personas o cosas objeto de detención o incautación".


Quizá el Presidente Obama, que fue profesor de derecho constitucional, debería volver a leer esa enmienda.

 

Por  Amy Goodman
Deni Moynihan colaboró en la producción periodística de esta colu


Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
“El soberano solo puede estar representado por sí mismo”. Con esta frase de “El Contrato Social” de Rousseau se inició el llamamiento de las Asambleas Ciudadanas Constituyentes. Este movimiento apuesta por poner en marcha un proceso constituyente popular que termine con la promulgación de una nueva Carta Magna redactada por la ciudadanía.

Cerca de 4.000 personas han firmado hasta ahora el llamamiento, donde se recuerda que ya se han cumplido más de dos siglos desde los primeros procesos constituyentes que inspiraron grandes revoluciones democráticas, “entre ellas, la que engendró la Constitución de Cádiz de 1812″.

En estos momentos, “las condiciones nos obligan a una nueva revolución democrática”, según el texto, debido a que actualmente, “los golpes de Estado se suceden uno tras otro, y si en otros tiempos los llevaban a cabo sólo militares y oligarquías, ahora llegan también de la mano de los mercados financieros”. Ante esta situación, “es necesario ejercer la soberanía popular, y poner en marcha un proceso constituyente para construir pacífica y participativamente, desde abajo y con los de abajo, una nueva Constitución, fruto de una revolución democrática”.

Proceso que decidió emprender este movimiento constituyente en su primer encuentro, que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre en Sevilla, donde se reunieron unas 150 personas procedentes de diferentes puntos del país. “De Sevilla surgió la idea de ir a Cádiz, aprovechando el doscientos aniversario de las Cortes Constituyentes de la Constitución de 1812. No lo hacemos porque seamos liberales, sino porque se trata de la conmemoración del primer proceso constituyente que se dio en España”, explicó a Noticias Positivas José Luis Martínez, miembro de las Asambleas Ciudadanas Constituyentes de Cataluña.

Martínez añadió que la intención de las asambleas constituyentes es “elaborar por primera vez una constitución dictada por el pueblo, ya que ni la de Cádiz fue así. Hay que recordar que la redactó un grupo de notables”.

En Cádiz fueron llamadas a acudir todas las asambleas constituyentes surgidas desde el inicio del movimiento. “Contamos con grupos en Huelva, Sevilla, Cádiz, Valencia, Granada, Madrid, La Coruña, Barcelona y Lleida”, destaca a Noticias Positivas Manel Monsonís, que milita en la asamblea barcelonesa y es además miembro del grupo de coordinación a nivel estatal del movimiento.

Leyes ilegítimas


“También estuvo previsto que acudieran varias personas procedentes de París, donde se inició un proceso similar. Además, estuvieron en contacto con la gente de Chile, para que fuese el compañero que inició en ese país, en el año 2006, un movimiento para la reforma de la constitución. Empezó él solo con una pancarta, y ahora hay millones de personas detrás”, destacó Monsonís, que añadió que también en países como Nepal, Islandia o Perú se está empezando abordar la idea de una asamblea popular constituyente.

“Es como si de repente, en distintos lugares se estuvieran dando cuenta de todo lo que está provocando esta situación que han llamado crisis, y que yo más bien la llamaría estafa. Países regidos por normas que pueden ser completamente correctas desde el punto de vista ser legal, pero que son ilegítimas”.

El miembro del grupo de coordinación estatal de las asambleas pone como ejemplo la última reforma de la Constitución Española aprobada en 2011. “El pasado verano vimos cómo rápidamente se reformó un punto importantísimo que primaba la devolución de la deuda por encima de cualquier gasto social. Este tipo de medidas son las que terminan de deslegitimar la Constitución, ya que a las personas no se las consulta ni siquiera para algo que puede marcar sus vidas”.

Martínez también criticó esta última reforma de la vigente Carta Magna: “dio el poder a las entidades financieras como sujetos de la recepción de los fondos públicos, de forma previa a cualquier otro gasto, social o no”.


DATOS DE CONTACTO:
http://constituyentes.org/
Publicado enAlternativas
El choque de los poderes públicos... la acción legislativa a la carta
Hace décadas que se la define en Colombia como a la cenicienta, denominación connotativa para algunos aunque nítidamente denotativa por cuanto debió habituarse a un trabajo sisífico que se manifestó en un despertar, logrando un prestigio aún más allá de las fronteras. Esta época abunda en eventos en los cuales los poderes públicos, del Estado, son protagonistas de variadas conductas surgidas de los hábitos tradicionales denominados democráticos o atingentes al estado de derecho.

Aún con la Constitución de 1991 se vislumbraba imposible destrabar la inabordable acumulación de procesos, lo cual abriría la posibilidad de pasar por sobre ella sin que se reaccionara con la ejecución del proyecto de golpe re-fundacional esgrimido por una dirigencia político-terrateniente en alianza con sus respectivos grupos ilegales que patrocinaban y habían alcanzado una relevancia cuasi institucional. Para el Poder Judicial la insuficiencia de recursos fiscales no constituyó un escollo insalvable al iniciarse los procesos contra una corrupción de amplio espectro. Sorprendió la imparcialidad de la toga y su muestra de autonomía, una independencia de toda influencia o frente a cualquier presión ajena a la justicia. Dentro de una majestuosa modestia este poder judicial mostró su altura y su valerosa coherencia institucional, esencial actitud que contribuyó a la dignificación de los tres poderes como un hermano mayor irreductible.

Esta mirada es sostenible desde la reciente historia que casi es una esplendente mitología cuando el poder judicial colombiano revive desde sus cenizas en el todavía prolongado holocausto que busca también justicia, es decir, verdad. Es una historia, que no obstante luctuosa, dignifica a Colombia.

Poco se daba por la justicia después de su cremación. Inclusive los corruptos se tomaron confianza pensándola terminada o por lo menos debilitada y de fácil manipulación frente a cualquier voz tonante o amenaza demagógica. Menos mal que nos equivocamos hasta en la academia, cuando nos impresionaba contar sus valerosos mártires en extinción.

Recientemente, a pesar de conocer las necesidades presupuestales que se requieren para adelantar su pausado funcionamiento nos acostumbramos a su impertérrito paso en el marco descalzo. Así la propuesta de una reforma que superara las falencias logísticas de la justicia no despertó preocupación alguna sino hasta que se observó un abanico de actitudes en pro de una reforma con intereses espúrios cuando no revanchistas. Muchas proposiciones inestables y con aspectos al parecer positivas primero fueron advertidas y luego rechazadas de plano por magistrados y académicos cuando todo hacía pensar en un tránsito de consenso, como cuando el gobierno desayuna con sus bancadas.

Debe entenderse que no todo es obligatorio de legislar, menos cuando marcha bien... Es lo que sobresale en este ambiente posmoderno donde se respira neoliberalismo. Así las entidades se desregulan para su privatización. Sin omitir que la propia Constitución es un lejano remedo para muchos de su estado original... los programas de gobierno no se ejecutan de acuerdo a la Constitución sino ésta se adecúa a los programas que se juraron ejecutar de acuerdo a la Constitución y a las leyes. La carta magna surge como un estorbo y cada gobierno en alianza con sus bancadas recurre a los actos legislativos o leyes orgánicas, sin medir sus alcances para la Nación.

En el quehacer legislativo aparece una definida relación política entre dos poderes públicos que asumen la iniciativa, dentro de lo cual uno de ellos plantea que legisla con independencia, sin injerencias por cuanto dicha función les compete a ellos y la harán porque la harán. De esto resultaría conveniente evaluar si no existen propuestas de leyes reiterativas y hasta innecesarias, por cuanto con simples reglamentaciones se completarían, es el caso de leyes para la hoja de vida del congresista que no aporta sino propaganda al autor.

Hay excepciones, como en la Ley 100 que cada vez se aplaza mientras más colombianos caen en esa guerra también costosa para el erario, que principalmente depende del bolsillo ciudadano. Lo importante no deja ver lo evidente.

El Acto Legislativo es el procedimiento por el cual se modifica (y se continuará modificando) la Constitución de 1991... el Constituyente Primario definió una herramienta para una redacción diferente, debiendo entenderse como una modificación aunque no de la idea. Se le supone para precisar la voluntad del soberano. Pero vale recalcar que no se estableció para generar una constitución distinta mediante sucesivos Actos Legislativos. Las interpretaciones diversas a la del Soberano o Constituyente Primario debieran ser sometidas a consulta popular o referendum.

La vigilancia y control de la Corte Constitucional no es percibida por el ciudadano del común y ahora es imperiosa su actuación cuando es la esencia de un Poder Público lo que se proponen cambiar. Modificar su estructura ante el mundo significa un pésimo mensaje respecto al Estado del cual se llegó a comentar con temor que caería en fallido por opinadores internacionales y del interior. Lo que se investiga y/o procesa guarda relación con delitos de lesa humanidad. La atención internacional se mantiene no obstante los logros comerciales recientes que se tardaron por temas ad hoc con DDHH.

En la historia la clase política ha mantenido de manera recurrente   el hábito de destronar las respectivas Cortes Constitucionales como en el pasado y dejarlas sin influencia o simplemente anularlas. Eso fortalece al poder ejecutivo en alianza con el poder legislativo, afirmando el modelo presidencialista.

Se entiende que el Constituyente Primario en su mandato soberano ordena una Constitución para que prevalezca, que trascienda, y es la Corte Constitucional el noble cancerbero específico de esa obra magna de la voluntad popular total, por lo tanto no parece lógico ni procedente que otros mandatos pasajeros adopten funciones que no delegó el soberano absoluto, léase el Constituyente Primario a través de su Asamblea Constituyente en 1991.

Donde manda capitán no manda marinero dice el refrán popular y ello proviene mas allá del sentido común, en igualdad con el buen sentido. Además reafirma la sabiduría común y del común, manifestada en un acto nacional de constitución.

La Constitución de 1991 está en armonía con la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región, más allá e inclusive podía competir con las de las ex repúblicas soviéticas planteadas alrededor de la felicidad.

Actualmente la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con que en Argentina se juzga a los ex-gobernantes militares se funda en una constitución que trataron de manipular con el olvido y el perdón también por sobre la voluntad del soberano. Poco favorable a las víctimas pero que con esfuerzo se está llegando a condenar el despojo hasta de sus bienes.

En Chile prevalece la constitución de Pinochet protectora de los victimarios, excepto por algunos magistrados que honran la majestad de la justicia en medio de una ciudadanía dispersa en el alegato de sus derechos, aunque se agita inconforme.

La Constitución de 1991 impresionó como una maravilla del derecho. Es probable que exista una concepción más  técnica en el derecho para formular estas aseveraciones en torno a preservar la estructura de lo mandado desde el Constituyente Primario como fuente absoluta, indiscutible y que estipula la salvaguarda de evitar alteraciones a su mandato por interpretar lo mandado.

Los Actos Legislativos tramitados y aprobados por el Congreso Nacional desde los primeros quiebran la mano del Constituyente Primario y al adoptar una función de sucedáneo del Constituyente Primario, se levantan intereses por encima de la voluntad del soberano como si aquel no existiera permanentemente ante dichos propósitos de alterarla. Es insólito que alguien distinto enmiende una Carta Magna, génesis de un Constituyente Primario. Especialmente cuando hay recursos para requerir concepto, opinión o acuerdo a través de referendos o plebiscitos.  Además existiendo la Corte Constitucional definitiva. Y en ningún caso interina, ficticia, virtual, simbólica o sucedánea.

En cuanto al Poder Judicial y la llamada reforma a la justicia se ha develado su inconformidad acompañada de un clamor algo indiferente y distraído por declaraciones emboscadas que desestabilizarían la institucionalización de la justicia con la consiguiente debilitamiento de ese Poder tan prestigiado a la mirada mundial. La problemática a corregir por la reforma debiera corresponder a la administración que conlleva principalmente afinar lo presupuestal que es como unas pretendidas riendas sobre el Poder Judicial. El problema del funcionamiento de la justicia es un asunto de administración que reside en normas presupuestales potestativas del Poder Ejecutivo que en correspondencia con sus atribuciones no las ha flexibilizado ni las ha hecho funcionales para la rama judicial lo cual aparenta más una intervención, como se apuntó respecto a ponerle riendas, y no tanto ejercer correctamente el ejercicio de administrar para que el Estado, todo, funcione normalmente con independencias de poderes en armonía.

Curiosamente aquí no se traen indicadores como los de organismos internacionales sobre su jibarización en relación con una demografía con pletórico índice de delitos también comunes. Así las cosas, habrían falencias que descontrolan la rama judicial que no son inherentes a sus responsabilidades sino a poder(es) vecino(s). Susceptibles de normalizarse por vías menos espectaculares que las reformas constitucionales. Decretos especiales que aseguren sostenidamente el financiamiento presupuestal es un asunto de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo. Con el fin de que el Estado funcione debidamente y por lo tanto la Justicia como viene haciéndolo, afirme el Estado Social de Derecho.

La Educación y la Salud también vieron reformado el crecimiento de sus presupuestos porcentualmente en pesos contantes que retornó a la discreción del ejecutivo ante el vértigo de una quiebra fiscal. Una angustia infundada toda vez que la propia corrupción demostró un volumen de fondos suficientes como los que estaban a punto de embolsillarse. 

La Justicia y un sector social que demanda bienestar no deben continuar en el papel de cenicienta por mucha nostalgia que se despierte en franjas dirigentes por retroceder al lapso 1986-1990.

Para regular el gasto de la rama judicial hay decretos, decretos especiales si los anteriores no cotizan, leyes orgánicas si se le quiere dar mayor realce. Hay organismos contralores, control interno, etc. que pueden fiscalizar técnicamente el presupuesto... como se hace con el Congreso. Pero, reformar se interpreta como desarmar, desactivar o anular la justicia en su esencia al pretender privatizarla, tercerizarla y hasta cobrar por sus servicios, ya no derecho a ella. Con lo que será inalcanzable para el pobre y abre un portón a la impunidad mediante la favorabilidad de la ley cuando se legisla cambiar los procesos de investigar y juzgar a los congresistas. O sea, la reforma incluye una suerte de auto legislación a la carta y sin votos impedidos, ni voces que se declaren impedidas por opinar indebidamente, o sea, éticamente e inoportuno.

La histórica disolución de las cortes constitucionales parece continuarse todavía por cuanto no se ha percibido una majestuosa defensa de la actual constitución en los casos esperados. Son reiterados sus cambios por medio de recurrentes actos legislativos que la han desfigurado. Así las cosas son esos proyectos de ley los cuales están determinando otra carta magna a través de los Actos Legislativos y la constitución por la que se jura no enmarca las leyes.

La carta, en sus primeros años de existencia, tuvo un órgano escrito, explicativo de la Corte Constitucional, respecto a la Constitución de 1991 que no ha podido ser reemplazado por los sitios web de hoy que obligan manejarse en el laberinto de una red todavía sin inventar. Indescifrable por cuanto se debe contar con un hilo de Ariadna al revés, para entrar no para salir, en la forma de poderosos motores con costosa arquitectura y software.
La desfiguración de la Constitución de 1991 por representantes en su mayoría pasajeros está en contradicción con el permanente Constituyente Primario, sino perpetuo en lo relativo al bienestar ciudadano. Un irreconocible frankenstein sin amor por el soberano legítimo.

Las sucesivas reformas a la carta de la Constitución de 1991 no se pueden justificar achacándole inflexibilidad por cuanto ha permitido la ley 100, la ley 30 y también la de "ais", incubadoras de corrupción y/o despilfarro, con pésimo manejo por la corruptela privada y pública, además de inequidades contra el soberano. Lo racional y justo que debe acaecer es un referendum  que vuelva a sus orígenes la carta, o sea un regreso a su cauce original.
Que la propia Constitución del 91 elimine este frankenstein de Actos Legislativos con su comparsa de leyes y decretos desreguladores, privatizadores, exageradas concesiones de territorios a la explotación descontrolada e incontrolada por transnacionales, costosas rebajas de impuestos y de regalías mal negociadas, sufridas flexibilizaciones laborales, pérdidas pensionales y en salud y educación. 

Un país de leyes debe entender cómo tener conciencia de ellas y nunca como una abrumadora biblioteca inmanejable en contra del espíritu del estado social de derecho que debe derivar hacia un trabajo con salarios justos y suficientes para una existencia digna de la familia. Que el capital y la tierra tengan una función social. Que se retome al ciudadano como un fin y nunca como un medio que es el único significado de digno.

Se desperdicia tanto esfuerzo en modificar la justicia normada por la Constitución de 1991 cuando no se previene la necesidad de una trascendente reforma económica responsable, seria y sabia que está en mora desde pasados gobiernos. Tal estructura lubricaría convenientemente las piezas de las locomotoras como es debido haciendo inútil modificaciones innecesarias o que deben hacerse después de esa reforma económica para mantener los recursos fiscales con finalidad social y no como una abstracta herramienta técnica con rubros hacia contrataciones matéricas antes que sociales y con fronteras pisos y cielos técnicos.

De paso que se desmonte esa desconfianza en la Colombia pujante que se evidencia en el pesimismo de legislar una sostenibilidad de los recursos fiscales, que es como un mal mensaje, toda vez que las recientes crónicas sobre las corrupciones y despilfarros muestran innecesaria dicha sostenibilidad limitante cuando solo es necesario recuperar lo que quieren robar y además los salvamentos del sistema financiero por los colombianos hacer resaltar el vigor competitivo.

Se anularía el desmedido afán de congresistas ansiosos y codiciosos por pasar a la historia con leyes a su haber que irremediablemente pasan por un acto legislativo sin medir sus aspiraciones. No es exagerada esta afirmación cuando se escucha que el Congreso debe ejecutar una ley respecto a la justicia porque para eso es el Congreso... hacer leyes. En sus intervenciones los magistrados de las altas cortes dieron cátedra sobre lo que debe tratarse y no tanto sobre lo modificable por intereses. El resumen del tema radica en la falta de recursos para destrabar ciertas funciones en la rama judicial como se recuerda acorde con la majestad que ella demanda. El problema se resuelve con más presupuesto como sucede en otros tópicos como la Educación, la Salud... (no se solicitan recursos fiscales fuera de lo normal). Al fin y al cabo dentro del modesto tercer mundo Colombia tiene riquezas suficientes como se ha insistido ante los ojos de todos si se suman las cantidades a rescatar en AIS, DNE, DIAN (20 billones de pesos en evasiones), y EPSs por la Superintendencia de Salud y otros billones sueltos sobre los cuales está la lupa de los organismos de control y la magistratura actual está en una actitud muy ágil en fortalecer el Estado. Resultaría desmotivador alterar el actual funcionamiento de ese poder que en lo reciente si no ha evitado un posible naufragio del Estado ha funcionado y lo ha prestigiado ante la comunidad internacional con sus sabias decisiones donde todo el mundo es consciente de la valentía requerida para ello.

Magistraturas internacionales tienen en estima a nuestros magistrados así como el reconocimiento por renombradas personalidades de relevancia en el derecho internacional humanitario, por indicar lo menos. No se debe agregar más, ya que hay mucho de modestia en las altas cortes en no cepillarse por sus buenas y dignas relaciones, alcanzadas y merecidas.

Lo importante es que ese prestigio tan esquivo para muchas instituciones de la Nación sea de dominio de la ciudadanía que en mucho lo aprecia, como que hasta algunos medios a regañadientes lo han tenido que aceptar. En la actualidad han sido entrevistados los magistrados para conocer de asuntos de interés nacional, pero suman más los minutos de declaraciones de los otros poderes. No hay equidad en el uso de los medios. El comensalismo no es inherente al ambiente del magistrado. El síndrome de la cenicienta persigue a la justicia. Sobra comentar que los magistrados son algo más que populares, pero es de afirmar que se reconocen sus existencias y la labor que han desempeñado y continúan en esta difícil actualidad.

A punto de ser arrollado por una alianza de poderes está quedando el Poder Judicial, una avalancha anunciada como todas y cuya atención y prevención, como todo desastre, impacta al Estado. Es decir a todos.
A la ciudadanía en su despertar ante el fragor de este choque de poderes públicos, que no de locomotoras o trenes con maquinistas que han desayunado juntos, que en este instante es de dos contra uno, le conviene ser consultada.
Podrá ser plausible recurrir a la intervención internacional, pero no debe olvidarse la existencia de la Corte Constitucional, cuya función no se trascribe por respeto. Pero, está en deuda en su misión de cautelar la Constitución, bombardeada reiteradamente por actos legislativos. El reciente arrodilla la descentralización con el retorno de una forma de centralización al reglar el régimen de regalías. Hasta hoy nos hemos acostumbrado a devoluciones de leyes, declaraciones de inexequibilidad por formas o procedimientos, y se esperan también pronunciamientos de fondo ante la pretensión de reforma indebidas a la carta... aunque desde luego existan sectores convencidos e interesados por reformar lo que no se debe.

*Carlos Gacía Bustos, Profesor Asociado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Publicado enColombia
Viernes, 22 Junio 2012 15:42

Amargos tiempos de contrarreforma

Amargos tiempos de contrarreforma
La columnista Cecilia Orozco Tascón llamó “una contrarreforma a la Constitución” (1) la anunciada reforma a la Justicia que terminó tránsito en el congreso, de la cual, entre otros, sacarán tajada grande los actuales magistrados de las cortes. 
Un evento del cual se benefician quienes aprueban la ley, toda vez que proceden en bien de quienes tienen el encargo de juzgarlos (y absolverlos) a ellos mismos (por parapolítica y corrupción, más que nada). Y es que el dictamen de los legisladores a su vez sirve de provecho a los magistrados, que ven extender de ocho a doce años los períodos e incrementar las prebendas. Una natural ley del mutuo beneficio, esta vez, escandalosamente antidemocrática.
 
Las contrarreformas suelen hacer ir las aguas de vuelta, río arriba, contra toda lógica o sentido. Los avances de la democracia, las conquistas sociales, los logros de los pueblos, para atrás.
 
La contrarreforma salida del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, fue el modo que encontró la iglesia católica para echar por tierra las transformaciones a la institución que propugnaba Lutero. La marcha que dio fue hacia el absolutismo y hacia la atroz herencia confesional que todavía padecemos en esta parte del mundo. 
 
Muchos años más acá, desde otra orilla, una contrarreforma fue lo que le hizo Leonid Brézhnev a la era de Nikita Jrushchov en los tiempos de la Unión Soviética, diluyendo en ácido sulfúrico la timorata apertura iniciada. Y en burocracia lo poco que podía haber valido la pena. 
 
En Colombia, toda idea vaga de reforma ha tenido una desmesurada contrarreforma, que no sólo vuelve los cambios al punto inicial, sino que los lleva con eficiencia mucho más atrás. 
 
En lo agrario, en las inequidades, en los despojos, en la violencia, la historia de Colombia pareciera que no camina hacia delante, sino hacia las más lúgubres etapas del pasado, tantas y tan heterogéneas que se dificulta establecer hacia cuál momento pretérito nos dirigimos.
 
Tal cual pasó con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumajero, un líder revolucionario que, de paso, encarnaba en sustancia y como ninguno otro el continuismo político, que en la constante de dejar todo a medias condujo a la debacle de sí mismo en su segundo período presidencial y a la del país por consiguiente, que entró de lleno en La Violencia, esa etapa de contrarreforma frente a lo que nunca llegó a reformarse, como la propiedad de la tierra, en el centro del conflicto, o la transformación política, que en cambio dio paso a la instauración en el poder de las vertientes más sectarias de liberales y conservadores.
 
Y es lo que pasó con las incipientes reformas agrarias de los años sesenta, que desataron una reacción tal que intensificó los despojos, aumentó las masacres, elevó los desplazamientos, y que, algo más acá, en comunión con el narcotráfico y el conflicto armado interno, concentró aun más la tierra. Y nos trajo al pedrusco adonde ahora estamos.
 
A cualquier momento de tranquilidad, los colombianos buscamos la manera de enfrentarle años y décadas de muerte. La paz se mira como una concesión inaceptable. El desarme del enemigo o el propio como una afectación grave del negocio, en unos casos, y como pérdida de identidad en la mayor parte de los restantes. 
 
Pero guerra y violencia no sólo nos preocupa mantenerlas en el terreno militar, en el contorno geográfico del asunto, urbano y rural. Para perpetuarlas se hacen esfuerzos desde todos los espacios de la vida nacional. En medio de otros, la actual reforma a la justicia es uno de los frentes.
 
El llamado marco legal para la paz, otra ley que en estos momentos hace curso en el Congreso, terminó convertido en un armazón vacío, quizás un avance en el lenguaje, pero una frustración en lo demás: un muestrario de gangas penales, para una guerrilla que, sincera o no, habla de cambios estructurales y no de unos años de más o de menos en unas cárceles en las que no pretende alojarse. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por otro lado, es un arma de doble filo para quienes se atrevan a ir más allá de solicitudes, firmas y protocolos, y a creer que de verdad pueden volver a pisar la tierra que les fue despojada a sangre y fuego.
 
Dos leyes que hablan de paz, plantean objetivos de paz, hacen parte del manojo de llaves de la paz del presidente Santos, pero que no llevan hacia la paz. Patas de pato, plumas de pato, pico de pato, pero no es un pato.
 
La reforma a la Justicia complementa la tríada, que tendrá cuatro patas cuando se abra paso la otra cara de la impunidad que es el proyecto de ley que amplía el fuero militar. Un esperpento que burlonamente se precia de democrático por crear dos salas de garantías, una de ellas con mayoría de militares retirados, estamento más reaccionario y peligroso que los propios militares en ejercicio, hace poco envuelto en un oscuro juego de cartas cruzadas con tufo golpista.
 
Y, claro, la reforma a la justicia, que atenta contra las mayorías. Por regla general, las leyes se han encargado de poner en cintura los modestos vuelos de la Constitución del 91. Ahora, la situación es tan complicada que las esperanzas vanas se han puesto en que las leyes estatutarias enmienden los desatinos. Otra mentira que sus defensores echan a rodar.
 
Si el marco jurídico para la paz y la política de restitución de tierras van contra la paz por su carga de frustración y desesperanza, y por la reacción que generan en las extremas, la reforma a la justicia ataca la paz en su médula, trabando aún más el acceso a la justicia de quienes carecen de recursos para ponerla a su favor, es decir, a casi todo el pueblo colombiano. Justicia congestionada, lejana, ahora arancelaria; nueva segregación y más privatización que se suman a las inequidades que afronta el país y que están en la razón del conflicto social que vivimos.
 
Puede que la Constitución de 1991 tenga aspecto de colcha de retazos, con remiendos de afán, visibles contradicciones y difíciles conciliaciones con la realidad de un país, amén de atrasado, mezquino.
 
Además, porque se está volviendo una tradición que las constituciones en Colombia procuren poner el país a tono con el siglo que está a punto de morir y no con el que viene, o sea, con el porvenir.
 
Así pasó con la Constitución de 1886, que integró en sus títulos y artículos la visión de caridad hipócrita que distinguió el siglo a las puertas de la muerte, el XIX, y que por añadidura los regeneradores, con Rafael Núñez a la cabeza, cedieron a la iglesia.
 
La Constitución de 1991 involucra una asistencia y un apoyo sociales que eran un cuento viejo venido desde la década del treinta, y, aunque de manera inconstante y a flechazos, todavía de más atrás. Aun si no fuera enteramente asunto de la índole constitucional, así lo han venido entendiendo los gobiernos, desde su promulgación hasta, por lo que se ve, los finales del siglo XXI.
 
Algo es algo, dirán algunos. Y hasta razón tendrán. A un país al que todo le llega tarde, mucho cuento que la Constitución llegue sólo con setenta u ochenta años de atraso. (2) Cien y más hay de soledad. 
 
Adoleciendo de todas las torpezas del mundo, sin embargo, y apuntando de para atrás, no puede negarse que aquella última Constitución fue un intento por establecer un nuevo marco legal en diferentes aspectos de la vida colombiana. Si no una visión prospectiva, por lo menos la cruzaba un vago aire de modernidad más digerible. Que en buena medida mantiene a pesar de los ocho años de Álvaro Uribe Vélez poniéndole jáquimas desde el “El Ubérrimo”.
 
En ese sentido, los actuales intentos de arreglo de sus desidias, errores y erratas pueden ser válidos en la intención, como lo fue en lo mismo la propia Carta Magna (la antecesora Libertatum inglesa del siglo XIII o el facsímile que nos convoca), y una frustración en los resultados, como lo fue también la misma. O lo fueron.
 
Con todo, el problema no es de intenciones, que podríamos llegar a creer que son piadosas. Lo grave es en manos de quiénes quedó la ingente tarea, en medio de un mar vasto de deudas y conveniencias de los implicados: los legisladores, varias decenas de ellos presos, ya guardando el traje a rayas, como Mario Uribe, el primo del ex presidente.
 
En la promulgación de la Constitución de 1991 participaron grupos divergentes, líderes contrarios, con asesores en todas las áreas imaginables. Si no quedó mejor no fue por sustracción de materia, sino quizás porque los mejores negociantes casi nunca coinciden con ser los mejores hombres ni los bienintencionados. 
 
Los actuales aportes, en cambio, se efectúan en manguala entre congresistas y magistrados, dejando en el camino los puntos que podrían representar algún beneficio para la sociedad y catapultando los ítems que sí lo tienen (y grande) para unos y otros de los justipreciados. Sintetizando: una contrarreforma que beneficia a diez por cada millón de habitantes. Como el espíritu de la Constitución de 1886, ¿justicia representativa?
 
Es cierto que la Constitución del 91 creó el adefesio superlativo llamado Consejo Superior de la Judicatura. Pero ni siquiera ese organismo desaparece, sólo cambia de nombre. Y se afirma que desaparece la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual tampoco es cierto. También es un cambio nominal, y ahora sus integrantes cobran.
 
No solamente no desaparecen los lastres, sino que son más costosos. Pero eso tampoco es lo más grave. Congresistas blindados, intocables; magistrados vendidos, un tanto vitalicios; herramientas truncadas de la justicias; instancias de investigación y juzgamiento abolidas, como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; una justicia de marras, callejera, privatizada e hincada a los bancos… Apenas gajes del oficio de la nueva contrarreforma.
 
Lo preocupante en verdad es que después de esta trasquilada la Justicia en Colombia seguirá siendo igual o más lenta y ciega para los de ruana, y más presta apenas cuando involucra grandes intereses, para actuar, desde luego, a su favor. 
 
Nada nuevo, pensará cualquiera. Pero no. Hay mucho deshonor en lo que acaba de acontecer en el país. El espectáculo de la mal llamada reforma a la Justicia es un concierto pleno para delinquir, que hace ver a buena parte de los congresistas y a muchos de los magistrados de todas las cortes colombianas como verdaderos hampones, delincuentes vendidos por unos años más en el cargo a costa de ocasionarle un daño increíble y sin precedentes a la rama a la que dicen deberse. O deberían deberse.
 
Del choque del ejecutivo con las cortes, tan violento y dañino para la institucionalidad colombiana, que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pasamos a los órganos legislativo y judicial confabulados, junto a un Procurador que perdona en relación con su propia absolución y elección. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado lo absuelven y re absuelven, para no resolverlo.
 
Uribe armó un complot para tumbar la Corte Suprema de Justicia y nombrar una de bolsillo, como lo atestigua el propio paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos (3). Echó mano de recursos criminales en su intención de llevarse por delante cualquier institución o persona que le ofreciera resistencia a sus maquinaciones. No lo logró en esos ocho años de pequeño emperador, y sí en cambio lo consigue ahora, con sus trinos intrascendentes y sus pataletas de ahogado. Una ironía de la vida, pensaría uno, que en realidad es el resultado de la inserción de sus prácticas en las mentes de quienes fueron una vez sus contradictores. Y una transición en esta patria, que avanza de las invasiones bárbaras al oscurantismo medieval.
 
Un buen trabajo de divulgación de quiénes son los magistrados directamente beneficiados lo hizo el periodista Juan David Laverde Palma, del diario El Espectador, contando cuáles integrantes de las altas cortes que estaban por cumplir su período se van a quedar otros cuatro años. Este es el vínculo: http://bit.ly/LjAJfo 
 
No quisiera estar en el pellejo de cualquier juez de pueblo. Si el sumun de la Justicia negocia tan rebajadas las togas, ¿por cuánto pensarán los parroquianos que puede comprarse la corte de Caparrapí? 
 
“…entre política y políticos, entre influencias y enemistades y en condiciones tan extremadamente complicadas, comprendía, que mi iba a ser muy difícil cumplir con mis buenos propósitos. / La justicia –pensaba yo- ha sido siempre una aspiración nacional… Pero que no a todos conviene…” (4) 
 
Camino a hacerse juez en un distrito feroz y remoto, esto piensa el personaje de las “Memorias de un juez de pueblo”, de Rafael Pérez Palma, un libro pequeño en extensión que nuestros magistrados deberían saberse de memoria, aunque las estampas corresponden a los años treinta y cuarenta del siglo XX y aunque se ubica geográficamente en el Estado de Hidalgo, en México. 
 
Qué difícil para nuestros jueces de pueblo, pero también para los presidentes de las altas cortes y para aquellos magistrados que aun en contravía de sus intereses particulares se han venido oponiendo al hecho legislativo, ver el desmadre que esto significa para la justicia: Acto inconstitucional, cuya constitucionalidad revisa la favorecida Corte Constitucional. 
 
Una reforma que, en todo caso, no buscaba el país, así el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirme lo contrario. La pretenden los congresistas urgidos de impunidad, sí. La aceptaron a cambio de abalorios muchos magistrados de las Cortes, sí. Le gusta harto a notarios y leguleyos de toda calaña, también. Pero sostener que “incorpora muchas cosas muy importantes para la justicia del ciudadano de a pie” (5), cuando menos, es una desvergüenza.
 
Aprobada en Cámara y Senado por abrumadora mayoría, la reforma acabó con la muerte política de los aforados y con ello se lapidó a sí misma como opción de equidad para el país, el cual, con sus dos millones seiscientos mil procesos judiciales pendientes a diciembre de 2011, proseguirá con el amargo honor de contar con la séptima justicia más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe. (6)
 
Buscamos los modos que sean para echarle leña al fuego perpetuo que se volvió la violencia en Colombia. Esta contrarreforma, frente a la cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos patalea quieto, protesta callado y dice “no” sonriendo, es un modo esquizoide de dispararle a la paz sin gastar balas y de atravesársele a cualquier posibilidad de diálogo social sin necesidad de negarse.
 
No puede ser otra cosa esta enmienda ya vigente, que en unas horas empezará a desocupar pabellones carcelarios y a liberar parapolíticos, auspiciadores y cómplices de brutales asesinos, y corruptos ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, de alto vuelo y cercano afecto al ex presidente, como Andrés Felipe Arias o Diego Palacio, sus dilectos ministros, o Bernardo Moreno, su secretario de Presidencia, o Edmundo del Castillo, su secretario jurídico. Desvergüenza libertaria. ¿Y quién, después de esto, se atreve a apelar a alguna de las altas instancias?
 
 
Por Juan Alberto Sánchez Marín, periodista y director de cine y televisión colombiano.
 
http://juanalbertosm.com
 
 
NOTAS: 
 
(1) El Espectador: “Enfermos graves de reeleccionismo”. 12 de junio de 2012. http://bit.ly/LvOOET
 
(2) Julio Flórez, poema “Todo nos llega tarde” del libro “Manojo de zarzas” (1906). Referencia al célebre verso: “Todo nos llega tarde... ¡hasta la muerte!”.
 
(3) Portal de La FM: “Mancuso entregó pruebas sobre complot de Uribe contra la Corte.” http://bit.ly/Ah9AUj
 
(4) PÉREZ PALMA, Rafael. “Memorias de un juez de pueblo”. Librería de Manuel Porrúa, S.A. México, 1960. Pág. 12. 
 
(5) El Liberal: “La reforma a la justicia ya es una realidad”. 15 de junio de 2012. http://bit.ly/LRgN1Y 
 
(6) Portal de la Presidencia de Colombia. “El ciudadano de a pie se enfrenta a un sistema de justicia caracterizado por la congestión y la ineficiencia”. 21 de marzo de 2012. http://bit.ly/GEKsoB
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Miércoles, 07 Diciembre 2011 17:17

Una constitución de los bienes comunes

Una constitución de los bienes comunes



¿Cómo proteger la propiedad colectiva en un momento en que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y dilapidan los recursos naturales que heredaron, por ejemplo, para ‘equilibrar’ su presupuesto? Forjada en el mundo anglosajón, y desarrollada en países con Estados poco centralizados como Italia, la noción de “bienes comunes” propone superar la antinomia entre propiedad pública y propiedad privada.
C
uando el Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o un hospital; cuando cede la distribución de agua potable o vende universidades, expropia a la comunidad de una parte de sus bienes. Es una expropiación simétrica que realiza sobre la propiedad privada cuando desea construir un camino o alguna otra obra pública. En un proceso de privatización, el gobierno vende algo que no le pertenece sino que pertenece proporcionalmente a cada uno de los miembros de la comunidad, de la misma manera que, cuando se apropia de un campo para construir una autopista, adquiere mediante la coerción una propiedad que no es suya.
Por tanto, toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota del bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia importante: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado constructor, instituyendo la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece protección alguna del Estado neoliberal cuando éste traslada al sector privado los bienes de la colectividad.
Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político. La misma irresponsabilidad constitucional autoriza a los gobiernos a vender libremente el bien de todos para financiar su política económica. Nos hace olvidar que los poderes políticos debieran ponerse al servicio del pueblo soberano, y no a la inversa. En efecto, el sirviente (el gobierno) debe poder disponer de bienes de sus mandatarios (los ciudadanos) para cumplir correctamente su servicio; pero su papel es el de un administrador de confianza, no el de un propietario libre de abusar de su patrimonio.
Una vez enajenados, maltratados o destruidos, los bienes comunes dejan de existir para la colectividad. No son reproducibles y difícilmente serán recuperables para la generación presente –en el caso de que se dé cuenta de que ha escogido mayoritariamente a un sirviente malvado– y para las que vienen, a las cuales ni siquiera se les puede reprochar una elección que no hizo. El tema de los bienes comunes pasa primero por una forma constitucional, ya que es en las constituciones donde los sistemas políticos fijan las decisiones de largo plazo que quieren sustraer de la arbitrariedad de los gobiernos sucesivos (1).
Así, pues, es importante desarrollar una elaboración teórica, acompañada por una defensa militante que trate los “bienes comunes” como categoría con autonomía jurídica que constituya una solución de recambio para la propiedad privada y para la propiedad pública (2). Esta tarea se revela más necesaria en la medida en que el sirviente hoy padece el vicio mortal del juego (el crédito, más que el impuesto, financia sus actividades), lo cual lo hizo caer en manos de usureros claramente más fuertes que él. En la aplastante mayoría de los Estados, en efecto, el gobierno, sometido por muchos canales a los intereses financieros globales, liquida los bienes comunes por fuera de todo control, y ofrece como explicación la necesidad de pagar sus deudas de juego. Esta lógica enmascara como natural y obligatorio un estado de cosas que en realidad resulta de elecciones políticas constantes y deliberadas.

Conciencia del bien común

La conciencia de los bienes comunes, es decir, el hecho de ver en ellos instrumentos para satisfacción de las necesidades y derechos fundamentales de la colectividad, no es algo que se decida en los papeles (3). Se forma en el marco de las luchas –a menudo derrotas pero siempre emancipaciones– para defenderlos en el mundo entero. En muchos casos, los verdaderos enemigos son justamente esos Estados que debieran ser sus fieles guardianes. Así, la expropiación de los bienes comunes a favor de intereses privados –multinacionales, otros– a menudo es obra de gobiernos ubicados en una posición de creciente dependencia (y por tanto de debilidad) respecto a las empresas que les dictan políticas de privatización, de consumo del territorio y de explotación. Desde este punto de vista, la situación de Grecia e Irlanda es particularmente emblemática.
La tradición occidental moderna se desarrolló en el marco de la dialéctica Estado-propiedad privada, en un momento histórico en que sólo esta última parecía necesitar protección frente a gobiernos autoritarios y omnipotentes. De ahí provienen las garantías constitucionales que son la utilidad pública, el ámbito reservado a la ley (que le garantiza al legislador el monopolio de ciertas cuestiones si se excluyen las intervenciones de otros poderes del Estado en forma de decretos o regulaciones) y la indemnización. Pero ahora que la relación de fuerza entre Estado y sector privado evolucionó, la propiedad pública también requiere protecciones y garantías a largo plazo. Mas, he aquí que estas son difíciles de concebir en el marco tradicional, que restringe la cosa pública al Estado. Es por eso que la protección liberal clásica de la intimidad con relación al Estado ya no alcanza.
La conciencia política de la expropiación o del saqueo de los bienes comunes en el marco de las luchas actuales (por el agua, la universidad pública, la alimentación, contra las grandes obras que degradan los territorios) emerge a menudo de manera difusa, sin por ello desembocar en la elaboración de nuevas herramientas teóricas capaces de representar esa conciencia y de indicar una dirección común para esas movilizaciones. La categoría de los bienes comunes es llamada a cumplir esta nueva función constitucional de protección del público frente al Estado neoliberal y el poder privado.

La ciencia en escena

Esta noción hizo un salto cualitativo cuando, en 2009, la economista norteamericana Elinor Ostrom recibió el Premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre los commons, y en particular por su libro La gobernanza de los bienes comunes (4). La especialista se convirtió incluso en palabra clave del paisaje internacional. No obstante, esta consagración borró ampliamente su potencial crítico. En la comunidad científica, la obra de Ostrom no se tradujo en un reconocimiento pleno y entero de las consecuencias revolucionarias de la ubicación en posición central de los bienes comunes entre las categorías de lo jurídico y lo político.
La “tragedia de los bienes comunes” (5) –idea según la cual el libre acceso de los individuos a los recursos comunes provoca su sobreexplotación y amenaza su existencia– también llevó a la corriente universitaria dominante a considerar lo común como el lugar del no derecho por excelencia. Desde esta óptica, un gran número de economistas y especialistas de las ciencias sociales acabó fundando sus teorías sobre la imagen de una persona que, invitada a un almuerzo donde hay disponible gran cantidad de comida, se abalanza sobre ella, procurando así maximizar la suma de calorías que puede almacenar a costa de los demás. El Homo economicus glotón consumiría el máximo de alimento en un mínimo del tiempo. Ostrom mostró hasta qué punto este modelo de comportamiento falla al intentar describir la relación entre el hombre de carne y hueso y el mundo real.
No obstante, no extrajo consecuencias políticas del hecho de que el modelo describe muy bien las conductas de las dos instituciones más importantes que rigen nuestro mundo. En efecto, tanto la empresa como el Estado neoliberal tienden a actuar, frente a los bienes comunes, exactamente como el glotón invitado al almuerzo: procuran adquirir el máximo de recursos a costa de los demás. Impulsados por el interés de los gerentes y los accionistas en un caso, y de la nación y los dirigentes políticos en el otro, adoptan comportamientos miopes y egoístas que la mayoría de las veces esconden detrás de una espesa niebla ideológica.
Una vez dentro de la corriente académica y científica dominante, el discurso sobre el bien común corre el riesgo de convertirse en uno de los registros de moda de la poscrisis, como la “sustentabilidad” o la “economía verde”. En efecto, las generaciones que sucedieron a la “revolución científica” encontraron el modo de abrir una caja fuerte donde había guardadas inmensas fortunas que las generaciones anteriores no sabían que tenían y no sabían cómo explotar (6). La primera modernidad (siglos XVI-XVIII), a través de la alianza entre el Derecho, la técnica y la economía, forjó un imaginario que presenta como “ciencia” el hecho de sacar provecho –derrochándolas– de las riquezas contenidas en esa caja fuerte (carbón, petróleo, gas, agua dulce profunda), recursos naturales que no podemos producir y no se reproducen naturalmente, salvo a lo largo de millones de años. Sobre este imaginario se funda esta ciencia de la explotación rápida y eficaz del tesoro que, desde hace 300 años, llamamos economía.
En la mentalidad moderna, explotar bienes comunes –mediante un consumo que inevitablemente desemboca en su privatización a favor de los que consiguen explotarlos y aprovecharlos más eficazmente– se considera natural. El proceso de acumulación llama a la mercantilización, cuyos supuestos son la moneda, la propiedad privada del suelo y el trabajo asalariado, invenciones humanas que desvían hacia fines comerciales ciertos valores cualitativos únicos y no reproducibles, como la tierra, el tiempo de vida y el intercambio cualitativo.
Carlos Marx describió el proceso de acumulación primitiva –en particular la expoliación de las tierras comunes en Inglaterra, en el siglo XVI– como la etapa inicial del desarrollo capitalista, que permitió el avance de un capital suficiente para impulsar la revolución industrial. No obstante, podemos extender la definición y considerar que la acumulación primitiva, mediante la conquista de los bienes, también engloba la privatización de lo que ha sido edificado en común gracias al sistema de contribuciones, fruto del trabajo de todos: transportes y servicios públicos, telecomunicaciones, mantenimiento urbano, bienes culturales y paisajísticos, escuelas (y más ampliamente todo lo que tiene que ver con la cultura y el conocimiento), hospitales; en resumen, todas las estructuras que rigen la vida social, hasta la defensa y las cárceles (7).
Un cambio general de sensibilidad, que pudiera convertir el bien común en la perspectiva central, sentaría las bases para un profundo cambio que se desarrolle en el plano técnico-jurídico. Se trata, entonces, de develar, denunciar y superar la paradoja heredada de la tradición constitucional liberal: la de una propiedad privada más protegida que la propiedad común.

1        Esta protección, que es necesaria, no por ello es menos frágil. En Francia, la constitucionalización de los monopolios de los servicios públicos, en 1946, no impidió formas posteriores de desmantelamiento.
2        Michael Hardt y Antonio Negri, Commonwealth, Harvard University Press, 2009.
3        Ugo Mattei y Laura Nader, Plunder. When the rule of law is illegal, Blackwell, Oxford, 2008.
4        Governing the commons, Cambridge University Press, 1990.
5        Garrett Hardin, “The tragedy of the commons”, Science, vol. 162, número 3859, Washington, diciembre de 1968.
6        Carlo M. Cipolla, The economic history of world population, Penguin, Londres, 1962.
7        Elisabetta Grande, Il terzo strike, Sellerio, Palermo, 2007. Cf. también las reflexiones de David Harvey sobre la “acumulación por desposesión”, en El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.

* Profesor de Derecho Internacional Comparado en el Hastings College of the a Law de la Universidad de California, autor de Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Bari-Roma, 2011.
Traducción: Mariana Saúl.
Jikanotikai uzungoniaimo
bie monifue kirígai túiyena**

bie monifue kirígai túiyena jm
bie monifue kirígai túiyena jm

ji bie monifue kirígai túiyena jm
Jikanotikai ji Jikanotikai ji

Sveta Aluna/Jitómaña Jitómagaro, 2011

Bastaría mencionar un libro editado por la Universidad del Cauca en 1954 para demostrar que Colombia no es una nación plural. El libro se titula Disposiciones sobre indígenas, adjudicación de baldíos y represión de estados antisociales (vagos, maleantes y rateros). Su autor, Marino Balcázar Pardo, no representa apenas a una minoría ignorante que promueve una mentalidad tardíamente colonizadora, sino más bien a un imaginario colectivo que nos toca y nos contiene a todos por igual. El desprecio hacia nuestros hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes no ha desaparecido con la Constitución del 91; todo lo contrario, cuando ellos protestan para defender sus derechos culturales y territoriales, simplemente se les califica de terroristas. Para evitar el listado de nuestras complicidades históricas en este proceso de exterminio de las culturas ancestrales, prefiero contarles una historia de hoy que puede ilustrar hasta qué punto la educación colombiana está visiblemente impedida para ser pluricultural.

Un Jitómagaro ha muerto. Uno de los últimos cuatro portadores de la sabiduría ancestral del clan de los hijos del sol. Murió en Leticia, hace apenas dos semanas, luego de una intervención equivocada. Los médicos que lo atendieron en La Chorrera, el pueblo más cercano a su chagra en las orillas del río Kótue, le diagnosticaron tuberculosis y consideraron que debía ser trasladado en avión a un hospital de la capital del Departamento del Amazonas.

Vivo se lo llevaron en un avión de Satena, incluso por un costo muy bajo. Al morir en la ciudad, la misma aerolínea se negó a repatriarlo. Así que el abuelo no pudo regresar a sus territorios sagrados. Su hijo mayor luchó inútilmente por el retorno del padre a casa. Luchó sin los recursos económicos, sin el dominio pleno del idioma oficial, sin el convencimiento necesario de que debía oponerse a las costumbres impuestas por los citadinos cristianizados, sin el acompañamiento de sus plantas sagradas, coca y tabaco. Luchó solo ante un sistema y ante una sociedad que lo apabullaron con una andanada de incomprensiones. El cadáver de este uzuma (abuelo-sabedor) no sólo pasó a manos de la iglesia católica, sino que además fue cremado y, de paso, convertido en una cosa desprovista de todo valor para una cultura que ha habitado la selva por miles de años.

La genealogía de los Jitómagaro, una estirpe más antigua que los primeros conquistadores europeos, quedará perdida para siempre por las buenas voluntades de colombianos incapaces de entender que cuando un uzuma se enferma gravemente no se le puede alejar de su familia, sino que más bien se le debe rodear de sus sucesores para que antes del momento de la despedida se preparen a recibir los últimos secretos que sostienen al mundo en equilibrio. Me refiero a los jagagi, ruaki, yetárafue, bakaki, jira, para sólo mencionar cinco de las numerosas formas de pensamiento que la cultura minika ha creado y con las cuales ha sabido administrar y regular su experiencia en el mundo. Si un uzuma muere lejos de sus sucesores, si su cuerpo no es enterrado en su anáneko (casa), para que sea recordado por sus árboles y sus plantas, por sus pieles, plumas y colmillos, tales secretos del bienestar y del bienvivir desaparecen irremediablemente. Esta pérdida, insignificante para los colombianos, tiene consecuencias demoledoras para los Jitómagaro. Con el uzuma murió también el archivo general de una nación. Y, además, murieron las ilusiones de sus dos herederos que, animados por las promesas de algunos artículos de la Constitución del 91, pretendían ir a la ciudad para defender la dignidad de las culturas indígenas.

Uno de los herederos vino a Medellín, esperando ingresar a la universidad pública Quería ser filólogo y fundar una escuela en la que pudiera enseñar y preservar los saberes de sus mayores. Soñaba con una escuela minika en medio de la selva que fuera reconocida legalmente y que sirviera de contrapeso a la educación religiosa de La Chorrera. Y, aunque este joven sabedor es un bachiller políglota –aparte del minika habla el nipóde, el múrui, el mika y el español–, no pudo aprobar el examen de admisión a la universidad pública. Sus conocimientos sólidos en el cultivo de plantas y el cuidado de animales, en el tratamiento de varias enfermedades con plantas sagradas, sus habilidades artesanales en la fabricación de canastos e instrumentos musicales, sus talentos como narrador y cantor y su inusitada capacidad filológica, con la que logra admirablemente explicar el origen, el significado y el uso de los conceptos propios de su cultura, no le sirvieron para afrontar un examen de selección múltiple en donde prima más la trampa retórica que la pertinencia de los saberes. Y lo más triste de todo: se le evaluó con el idioma impuesto por los conquistadores, por los asesinos de sus ancestros.

¿No hay pluriculturalidad?

Colombia no puede ser una nación pluricultural. La expresión es de por sí abiertamente sospechosa. ¿Cómo puede ser incluyente una nación sin dejar de ser solo y nada más que una nación europeizante? Para ser pluricultural esta nación debería ser, en primer lugar, varias naciones independientes. Y esto significa 65 naciones indígenas, dos naciones afrodescendientes, una nación de tradición hispánica y una nación de origen romaní o gitano. 69 naciones, todas diferentes y cada una con su territorio, su lengua y sus tradiciones ancestrales; cada una con su gobierno, educación y economía propios. La nación soñada por la Constitución del 91 es un producto de buenas intenciones ancladas en graves errores históricos. Es una obra de la imaginación colonizada por taras e impedimentos culturales. Es una obra de los sueños civilizatorios europeístas. Es cierto que esta nación es mucho más imaginativa y generosa que la nación inventada por Núñez, Caro y sus amigos en 1886. Pero no es menos cierto que quienes diseñaron esta nueva nación son los seguidores de un “oscuro hombre de genio”, como llamara en un cuento Jorge Luis Borges a los inventores de Tlön, un planeta inexistente pero todopoderoso.

Cabría llamar a estos oscuros hombres y mujeres de genio que participaron en la elaboración de la Constitución del 91 no con nombres propios, sino con un concepto de la ciencia cognitiva y de la psicología. Digamos que se trata de un Denkfehler, como se dice en alemán. Por tal se entendería en términos amables un error de lógica. En términos más fuertes, una falacia. Y en términos muy preocupantes se hablaría de un “error del pensar”. Se piensa equivocadamente creyendo que se piensa acertadamente. Se piensa generosa y bienintencionadamente, sin darse cuenta de que se agrede y violenta a otros, a muchos, en especial a todos aquellos que no conceptualizan ni sienten de la misma forma porque están inmersos en otros sistemas del pensar, en otros códigos culturales.

El fracaso de nuestra democracia no radica apenas en la falta de concordancia entre las ilusiones constitucionales y las realidades políticas. Unas y otras distan mucho de haber entendido la urgencia de una reparación cultural, de una corrección histórica para con aquellas culturas que, a pesar de haber sido legítimas dueñas de estos territorios, nunca recibieron de vuelta ni el poder ni la dignidad que se merecían después de la llamada independencia frente a España. Los principios de nuestra Constitución se basan todavía en la falacia de que la cultura hispánica es superior a todas las culturas indígenas y afrodescendientes. En su “Preámbulo”, por ejemplo, aún se habla “invocando la protección de Dios”, aunque más adelante se reconozca la libertad de culto. Aunque lo más adecuado sería invocar también a los cientos de dioses que manejan las 68 otras culturas que habitan estos territorios. En la Constitución todavía se afirma, y sin dolor alguno en la consciencia colectiva, que el “castellano es el idioma oficial de Colombia” (Art. 10°). ¿A quién le conviene que el idioma de los invasores se perpetúe sobre las 68 lenguas nativas, sobre las 65 culturas efectivamente originarias de estos territorios? ¿A quién le conviene el monolingüismo de la mayoría de la población frente al poliglotismo de un grupo reducido? El Denkfehler que se esconde detrás de este ideal es muy simple. Se cree que el “castellano” es un idioma superior por ser europeo, por provenir del griego y del latín. Es una vergüenza que la nación colombiana busque aún sus raíces en el mundo clásico e hispánico y que se niegue la posibilidad de aceptar cualquier presencia del mundo indígena y del mundo africano en nuestro aparato cognitivo.

Una reparación histórica real como la que necesitan las otras naciones de Colombia no se logra simplemente diciendo que las lenguas de las culturas indígenas son “también oficiales en sus territorios” (Art. 10°). O escribiendo, como la Ley 1381 de 2010, que los nativos tendrán “derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas” (Art. 5°). Estas propuestas, aunque progresistas, son formas del exotismo contemporáneo que sirven para promover el turismo y la investigación académica. La tara mental, no obstante, pervive, pues consiste en creer que las lenguas creoles y raizales son para los afrodescendientes; no para los colombianos. Los colombianos no están obligados, ni quieren estar interesados, en aprender lenguas nativas. A ellos les basta aprender el español y una segunda lengua europea para comprender lo que sucede y ha sucedido en el mundo y, por deducción, en los territorios ancestrales de Colombia que desde hace miles de años han sido protegidos, cultivados y preservados por las culturas indígenas. A ellos les parece que lo más apropiado para nuestro sistema educativo es que los indígenas y afrodescendientes se tengan que amoldar, a las buenas o a las malas, a la cultura europeizante impuesta a la nación colombiana por oscuros hombres y mujeres de genio. A nadie le cabría en la cabeza que los colombianos, herederos de una tradición foránea, se tienen que integrar también a las culturas nativas.

Sería una aberración pedirle a la nación colombiana que nuestros hijos aprendieran obligatoriamente lenguas nativas en la escuela, en el colegio, en la universidad. Que nuestras hijas fueran políglotas y que cantaran en casa con nosotros los ruaki ancestrales de estos territorios. Pedir que en cada escuela y universidad públicas haya una o varias profesoras de lenguas nativas sería un retroceso cultural para los soñadores de esta nación hispánica europeísta de 1991. Cuesta trabajo aceptar que después de 201 años de independencia política no hayamos logrado lo fundamental, la independencia en el pensar y en el sentir. Y gracias a nuestra obsesiva dependencia cultural hemos permitido que nuestros hermanos y hermanas indígenas y afrodescendientes sobrevivan de la manera más vil, más indigna. Nos parece que ellos no son aptos para ser nuestros profesores universitarios o nuestros gobernantes. Ellos no están preparados para dirigir sus propias universidades en sus territorios de origen con sus propios programas de estudio y con títulos legalmente reconocidos. No están preparados porque impartirían una educación que no les sirve a los colombianos, que exigiría de los colombianos un cambio radical en su forma de vivir y de relacionarse con el planeta.

Un cambio que tal vez podría ser peligroso para la industria, el comercio, la politiquería, la ciencia, las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y los militares. ¿Qué sería de los colombianos si se educarán para ser sabedores de la selva? ¿Qué sería de ellos si en vez de aprender a contar billetes, propiedades, balas y muertos, aprendieran a sembrar, a cultivar y a hablar con los animales? ¿Qué sería de nuestro sistema educativo si a parte de insistir en los saberes globales se incorporaran también en nuestra formación profesional los saberes nativos en el campo de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, del derecho, de las artes? ¿Qué pasaría, por último, si nos explicaran que la verdad, la ciencia y la justicia no necesariamente provienen de textos, de libros, y que es posible pensar con lucidez y ahondar en el conocimiento accediendo a otras formas del ser en el mundo? Pero lamentablemente no estamos dispuestos ni a cantar un ruaki ni a danzar en un rafue ni a pintar nuestros cuerpos con tintes naturales como parte del proceso de aprendizaje.

Nivel de nuestros intelectuales
 
Cada uno de nosotros sabe que Colombia vive un momento histórico irrepetible. Como pocas naciones del mundo, Colombia ha sabido imitar la cultura europea y ha logrado ponerse a la altura de sus maestros. Nuestros intelectuales están a la par de los intelectuales más importantes del mundo occidental. Pero esta carrera desaforada por alcanzar el ritmo europeo, no sólo nos ha llevado a saltar etapas velozmente y a improvisar, sino también a olvidar y a despreciar hasta la muerte al hermano nativo. Como sociedad democrática, aún estamos muy lejos de aceptar que existe un pensamiento aborigen y que él, al igual que el occidental, representa una plataforma sólida para el conocimiento de nuestro mundo y para la preservación de nuestra vida.

El entendimiento entre los seres humanos que habitan este y otros países no deviene de la imposición de una cultura sobre otras, sino de la capacidad que tengamos para interactuar unos con otros empleando diferentes sistemas de pensamiento. Cada cultura imagina, con la ayuda de sus lenguajes verbales y no verbales, una “constitución política”, una en la que se conjugan valores, sensibilidades y saberes hasta crear un orden para el mundo. Mientras no comprendamos y gocemos esas otras formas de inventar a Colombia, es decir, mientras no las dignifiquemos haciéndolas parte de nuestra formación intelectual, difícilmente podremos hablar de pluralidad en un país de pensamiento colonizado. Con los conocimientos y las filosofías de las culturas indígenas y afrodescendientes Colombia podría ser la primera nación verdaderamente ecológica y plural, una en la que sea posible equilibrar el saber europeo con el ancestral. Podríamos ser un modelo para el resto del mundo, si estuviéramos dispuestos a aprender y habitar las otras constituciones políticas que existen en este país.

¿No ha llegado el momento, entonces, de ajustar los sueños de la civilización occidental? ¿No es tiempo de que dignifiquemos nuestras culturas nativas, empleándolas a diario en nuestra vida personal y laboral? Yo siento que solo así podríamos pensar en plural y, de paso, tal vez, aumentar la creatividad humana y, por qué no, devolverle lo humano a la humanidad.

No se trata ahora sólo de la justicia para nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, sino también de la necesidad de un replanteamiento fundamental del pensar. Creo que lo podemos lograr, pero antes es indispensable que reconozcamos que nuestras buenas intenciones y nuestros mejores sueños democráticos ponen en peligro la vida de más de 68 culturas nativas. El abuelo Jitómagaro que murió en un hospital de caridad en Leticia jamás tendrá un homenaje como el que recibirá Gabriel García Márquez cuando muera. El joven minika que no aprobó el examen de admisión jamás llegará a ser estudiante de filología, filosofía o medicina o ciencia política, como sí lo podrá llegar a ser uno de nuestros hijos, aunque ignore el saber ancestral, aunque no sepa la importancia de cantar un ruaki: “Jibina uai, diona uia, farekatofe uai”. Palabra sabia de la planta de coca, palabra sabia de la planta de tabaco, palabra sabia de la planta de yuca.
El 7 de mayo se realizarán el referendo y la consulta popular, según la resolución adoptada la tarde de ayer por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

La convocatoria para los comicios  se hará el 8 de marzo a través de los medios de comunicación.

El anuncio lo efectuó Omar Simon, presidente del CNE, tras considerar que durante tres días se debatió la fecha adecuada, tomando por resolución de la mayoría del pleno que el proceso electoral se lleve a cabo el sábado 7 de  mayo, una fecha  antes del Día de la Madre.

Pese a la decisión adoptada por el pleno, Simon expresó que su  postura fue que el proceso electoral se realice el 1 de mayo, aunque coincidía con el Día Internacional del Trabajo.

Simon dijo que el 7 de mayo, es sábado y la víspera del  Día de la Madre, lo que trastoca totalmente las actividades tradicionales y programadas por los ciudadanos.

Entre los puntos aprobados por el Consejo se estableció que las Juntas Receptoras del Voto estarán conformadas  por 400 mil electores; y no por 300 mil como se había establecido en comicios anteriores.

Presupuesto

Sobre los montos que se destinarán para los comicios, el pleno resolvió  que serán 22 millones de dólares los que se solicitarán al Ministerio de  Finanzas. 

Parte de estos recursos servirán para la elaboración de las papeletas, cuyo diseño ya fue aprobado.

La papeleta será multicolor,  dividida en dos filas. La primera corresponderá a las cinco preguntas de la consulta; y la segunda a las  del referendo, en el reverso se colocarán los anexos.

Trascendió que del presupuesto se tomarán  4 millones de dólares para  la difusión del contenido del cuestionario.

Temas pendientes

Pese a conocer el monto que se utilizará para el proceso electoral, aún no está claro cómo se destinarán los recursos para la campaña. 

El Consejo analizó la posibilidad de que la campaña sea de  40 a 45 días. Sin embargo, consideró que los  medios de comunicación deberán estar inscritos en el organismo electoral para garantizar la trasmisión de la información a la ciudadanía.

Como parte del trabajo se elaborará un reglamento que permitiría sancionar a quienes realicen campañas fuera de las fechas y utilicen espacios inadecuadamente.

Por Julia Chávez
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