Miércoles, 23 Febrero 2011 06:28

Correa explica el contenido de la consulta

Tal y como lo había anunciado durante su último enlace ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, comenzó ayer  con la explicación de las preguntas de la consulta popular, como una forma de responder a lo que él asegura es una campaña desinformativa emprendida por los medios de comunicación privados y los grupos políticos de oposición.   

Durante una entrevista efectuada ayer en Radio Huancavilca, en Guayaquil, Correa afirmó que varios sectores “solo por su odio hacia el Gobierno están desinformando” sobre el contenido del referendo y criticó a los medios de comunicación por haber manejado “de manera irresponsable” la propuesta del Ejecutivo.   

El Jefe de Estado indicó que, por ejemplo, se ha criticado la pregunta uno del referendo (concerniente a la caducidad de la prisión preventiva) cuando una de las figuras que más solicitó ese tipo de medidas fue el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.        

Sobre esta pregunta,  el Mandatario explicó que la  Constitución  estableció que pueden haber medidas alternativas a la prisión preventiva, “lo cual es positivo”.      

El Gobernante aseguró que  cuando se detenía a un violador o asesino, que debía ir preso mientras duraba el juicio, salía libre a través de jueces corruptos, a pesar de que   la Constitución establece que solo excepcionalmente se dictarán las medidas de prisión preventiva.     

Por ello afirmó que  la nueva propuesta plantea que esta orden de prisión preventiva no sea excepcional. “Se puede dictar para casos graves y para asegurar la presencia del imputado en el juicio”, dijo el Jefe de Estado durante la entrevista que se extendió por cerca de una hora en el Edificio Gran Pasaje. 

Respuesta a críticas 

Correa manifestó que en el proceso  se ha mentido tanto en las preguntas de reforma constitucional como en las de la consulta popular.   

“Por ejemplo, se ha mentido sobre que se van a prohibir las corridas de toros. Eso es falso. Lo que se busca prohibir es matar al toro. Pueden haber corridas sin matar al toro, como hay en Portugal (...) Como la Corte Constitucional estructuró la pregunta, hasta las peleas de gallos quedarían exentas”, subrayó el gobernante.     

Además, el Primer Mandatario sostuvo que uno de los mayores “ataques infundados” tiene que ver con la supuesta intención del Ejecutivo de apoderarse de las cortes del país.

“Por favor, lean la pregunta. Si lo que se propone es la creación de una comisión tripartita que evalúe a los jueces. Se realizarán concursos públicos con todas las vedurías que sean necesarias. Pero así se miente”, dijo el Primer Mandatario.  
“Nebot me da la razón”

El Presidente aseguró que las denuncias presentadas en la Fiscalía del Guayas por  el alcalde Jaime Nebot en contra de dos jueces de la Corte Provincial de Justicia -por su accionar en una  demanda presentada por ex trabajadores de Ecapag en contra del Cabildo- son una forma de darle la razón al Ejecutivo en su propuesta de reformar el sistema nacional de justicia. 

Dos jueces suplentes están analizando amparos de protección a favor de los ex trabajadores por liquidaciones de $ 400 millones. Como consecuencia de esta acción, el burgomaestre presentó una demanda contra ambos magistrados por prevaricato. 

Correa dijo que actuaría de la misma forma que lo hace el burgomaestre al considerar “desproporcionadas”  las cifras que solicitan los ex empleados municipales.    

Además manifestó que ahora el Cabildo guayaquileño está padeciendo los serios problemas con los que cuenta el sistema de justicia por la presencia de “jueces corruptos” que, en ciertos casos, solo son designados para ciertos juicios millonarios. 

“Con su accionar, el alcalde Nebot me da la razón sobre el mal estado de la justicia en el país”, mencionó el gobernante.
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó ayer el decreto ejecutivo para la realización del referéndum que plantea reformas a la Constitución, según informó el Gobierno.

“En el transcurso de la jornada lo firmará, pero aún no sabemos ni hora ni nada", indicó un portavoz de la Presidencia a la prensa. 

En  la mañana de ayer, se conoció que el gobernante tenía previsto firmar el documento que restaba para convocar oficialmente al plebiscito. 

Una vez cumplido este paso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un período de siete días para pronunciarse sobre la fecha de la consulta y otros 60 días para convocarla, por lo que, presumiblemente, la consulta popular  será en mayo, detalló un portavoz, que no fue identificado por la agencia EFE.

Correa presentó el pasado 17 de enero un total de diez preguntas a la Corte Constitucional (CC), cinco de las cuales son enmiendas, pues reforman parte de la Carta Magna del país, mientras que las otras plantean cuestiones generales.

El 15 de febrero la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta, manteniendo la esencia de las preguntas, aunque con algunos cambios.

A más de la reforma judicial, la consulta también incluye la promulgación de una Ley de Comunicación,  que la  no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea un delito, la prohibición de los juegos de azar y los casinos.  Además, que se penalice el enriquecimiento privado no justificado.

También prohíbe a los directivos e inversionistas de medios de comunicación y de la banca invertir en negocios ajenos a su sector económico.

El sábado anterior, en su enlace ciudadano, el Presidente criticó a una parte de la prensa porque, según dijo, ya inició la campaña por el No.

Para Correa, los periodistas no son jueces y acusó a los comunicadores de presionar a los magistrados de la CC. 

La mañana de ayer, el presidente  Correa encabezó el cambio de guardia en  de Carondelet. El gobernante estuvo acompañado por el vicepresidente, Lenín Moreno.

Desde el balcón de la sede del Gobierno, el Mandatario saludó a los quiteños y turistas que se encontraban en ese momento en la Plaza de la Independencia.

Al mediodía, en el Salón Amarillo de Carondelet, Correa y su ministra de Educación, Gloria Vidal, ofrecieron un almuerzo a los profesores seleccionados como mentores.

Estos maestros son aquellos que obtuvieron excelentes calificaciones en las evaluaciones realizadas en 2010 por la cartera de Estado.

Estos docentes, además de recibir premios económicos, serán los encargados de transmitir sus conocimientos a sus compañeros.
Redacción Actualidad
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El presidente Hosni Mubarak firmó el decreto para la formación de los dos comités después de las conversaciones que el vicepresidente Omar Suleiman mantuvo el lunes con una amplia gama de grupos opositores. En ellas también se acordó poner fin al estado de emergencia, ampliar la libertad de información en Internet y celebrar nuevas elecciones para aquellos escaños que son objeto de disputa en el Parlamento.

La reforma de la Constitución busca sobre todo suavizar las condiciones para que un candidato pueda concurrir a las elecciones presidenciales. Suleiman también indicó que se está elaborando una "hoja de ruta" para un traspaso pacífico del poder con un calendario fijo.

En los próximos días también se creará un tercer comité para investigar los ataques lanzados el pasado miércoles por seguidores de Mubarak contra manifestantes antigubernamentales, que dejaron al menos 11 muertos.

Suleiman dijo en la televisión estatal egipcia que Mubarak también prometió no perseguir a los que protestan o restringir su libertad de movimiento ni negarles el derecho a la libertad de expresión.

Pero los organizadores de las manifestaciones trataban a su vez de mantener viva la movilización, y decenas de miles de personas estaban ya concentradas poco después del mediodía en la plaza Tahrir de El Cairo, centro neurálgico de la rebelión, para volver a pedir la renuncia Mubarak.Varios miles volvieron a dormir en la plaza, muchos de ellos al pie de los tanques desplegados en varios accesos.

Mubarak, de 82 años, en el poder desde 1981, se ha limitado hasta ahora a reestructurar su gabinete y ofrecer reformas, negándose a dejar el poder antes de la elección presidencial de septiembre próximo, a la cual prometió no presentarse.
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El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, no está dispuesto a dimitir ni a ceder a la presión de la calle. Tras la manifestación de cientos de miles de personas que ha durado todo este martes, el máximo mandatario ha anunciado en un discurso televisado que no se presentará a las próximas elecciones, en septiembre, aunque permanecerá en el poder con un nuevo Gobierno abierto al diálogo con todas la fuerzas y a las reformas democráticas. Además, asegurará las medidas para una "transición pacífica del poder dentro de la Constitución". La multitud reunida en la plaza de Tahrir -epicentro de la protesta contra el presidente-, concentrada desde primeras horas de la mañana, ha reaccionado indignada y con gritos de "fuera fuera" y con el lema de que si Mubarak no se va, ellos tampoco.

"Este es mi país. Aquí he vivido, he luchado por esta tierra y he defendido su soberanía y sus intereses. Moriré en la tierra de Egipto", aseguró el presidente en su discurso, el segundo desde que comenzó la crisis hace ocho días. El rais también anunció una serie de reformas, entre ellas del sistema judicial, y que uno de sus objetivos es combatir a fondo contra la corrupción.

A pesar del rechazo del diálogo por parte de la oposición, el presidente también ha anunciado que se dirige directamente a todos los egipcios para asumir sus responsabilidades, y ha avisado que no renunciará a "su deber". Tras las protestas de hoy en el centro de El Cairo, el presidente egipcio ha denunciado los "actos lamentables" que según él se han producido en todo el país. "La realidad obliga a ciudadanos y dirigentes a elegir entre el caos y la estabilidad", ha afirmado. Pero la oposición se mantiene firme, y asegura que no va a establecer ningún diálogio con el Gobierno hasta la marcha de Mubarak. El Baradei, que no ha querido especular sobre la posibilidad de que se presente a las elecciones, ha calificado de "truco" para permanecer en el poder el discurso televisado del presidente.

Mubarak se ha visto obligado a tomar esta decisión tras la masiva marcha convocada por el movimiento opositor en El Cairo y otras ciudades de Egipto para exigir su dimisión y el final de sus 30 años de régimen. La presión de los manifestantes no se ha diluido en todo el día, y seguían concentrados a pesar de que ya ha caído la noche en El Cairo, esperando la dimisión de Mubarak, algo que finalmente no ha llegado. La cadena de televisión Al Yazira, cuyas cámaras siguen en directo el desarrollo de la marcha y las reacciones que se están produciendo en la plaza de la Liberación, ha calculado que la protesta ha reunido a dos millones de personas mientras fuentes oficiales han cifrado la concentración en un millón. Tras varias horas entre la multitud, el corresponsal de la televisión ha asegurado que los protestantes no piensan moverse "hasta que Mubarak se vaya". Tras el anuncio del presidente, los manifestantes han continuado reunidos en la plaza, protestando por las palabras de Mubarak. Un joven se ha dirigido a las cámaras de Al Yazira con una única idea: "Si Mubarak se va, yo vivo".

Concentrados en la plaza de Tahrir (de la Liberación) desde las once de la mañana, los manifestantes han montado tiendas, repartido mantas y comida para pasar la noche y continuar su protesta. Su objetivo: exigir reformas democráticas en el país árabe bajo el lema "Abajo Mubarak, todos contra Mubarak". Sin embargo, el presidente ya ha anunciado que no tiene pensado renunciar a su cargo aunque sí que no va a presentarse a las próximas elecciones, algo que el presidente de EE UU, Barack Obama, le había pedido horas antes a través del enviado del Gobierno estadounidense, el ex embajador Frank Wisner, quien le ha pedido a Mubarak que escuche las demandas de su pueblo, según ha publicado The New York Times . El primer ministro egipcio, Ahmed Shafiq, ha insistido a través de un comunicado distribuido por fax por el Ministerio de Información, en la oferta de diálogo hecha a la oposición en los últimos días y ha anunciado un "conjunto de medidas", sin detallar, que se cumplirán "en un breve período".

La tensión se ha trasladado a los líderes diplomáticos. EE UU ya ha pedido a sus ciudadanos que salgan del país y la embajadora en Egipto, Margaret Scobey, se ha puesto este martes en contacto por teléfono con Mohamed ElBaradei, activista opositor que se ha unido a las manifestaciones masivas en contra del presidente egipcio. La jefa de la delegación estadounidense ha transmitido al ex director de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) el mensaje de que EE UU respalda una "transición ordenada" en Egipto, según ha informado el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, en un mensaje de Twitter .

Reino Unido tampoco ha tardado en posionarse. Siguiendo la misma idea expresada por Estados Unidos, Un portavoz del primer ministro, David Cameron, ha subrayado que es "importante" para las autoridades egipcias "escuchar las demandas de su pueblo". Para Londres, el "cambio real" significa una "transición" con una administración "de amplio espectro que incluya a personas de la oposición". "Está claro que (el cambio) aún no se está produciendo, y lo consideramos decepcionante", ha dicho el portavoz de Downing Street.

El líder opositor y premio Nobel de la Paz El Baradei ha instado al presidente egipcio a que abandone el poder y salga del país antes de este viernes para evitar "un baño de sangre". Toda la oposición, incluido los Hermanos Musulmanes, la gran fuerza islamista de Egipto, han llegado a un acuerdo basado en cuatro puntos: que Mubarak deje el poder, la disolución del Parlamento, una nueva Constitución, y, por último, la creación de un Gobierno de transición.

Para suceder a Mubarak se constituirá un grupo de sabios encargado de establecer los mecanismos de diálogo para ordenar la transición, en el que participarán ElBaradei, Amr Musa (secretario de la Liga Árabe) y Ahmed Zewail (premio Nobel de Química en el año 1999) -que reside actualmente en EE UU y ha sido llamado para participar en este cónclave-.

Un miembro de los Hermanos Musulmanes, Kamel El Hebawy, ya ha anunciado que su apuesta para suceder a Mubarak no es otro que el jefe de Estado Mayor de la Defensa de Egipto, el general Sami Enan. En una entrevista concedida a Reuters, el clérigo egipcio ha destacado que el general Enan tiene buenas relaciones con EE UU y es un liberal que podría ser visto con buenos ojos por la oposición. "Puede ser el hombre de futuro de Egipto", ha asegurado, para después resaltar que el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Egipto sería aceptado por la oposición porque tiene "buena reputación". "No está envuelto en la corrupción. El pueblo no le conoce como corrupto", ha señalado. De unos 60 años de edad, Enan es poco conocido en la escena internacional y ha dedicado la mayor parte de su carrera militar a la defensa aérea.

Mosaico social

En la protesta participa un amplio espectro de la sociedad egipcia: gente joven, estudiantes, profesionales, familias enteras con sus hijos, muchos de ellos bebés, y egipcios con mayor poder adquisitivo que están aportando dinero para sufragar la comida y el agua para la multitud. En el centro de la plaza, además de pancartas en las que se reclama la salida de Mubarak y el regreso de la democracia, se ha instalado una gran pantalla en la que han proyectado fotos de las protestas para romper así la censura de la prensa oficial egipcia, que no está informando de lo que ocurre en la calle. "Hemos hecho la parte más difícil tomando las calles. Ahora depende de los intelectuales y los políticos que lleguen a un acuerdo y nos ofrezcan alternativas", ha asegurado Walid Abdel-Muttaleb, un hombre de 38 años que ha secundado la marcha.

El bloqueo de Internet y el toque de queda dificultan cada día más el trabajo de las compañías egipcias hasta el punto de que los empresarios también han salido a la calle. "Esto es un desastre", ha afirmado a Efe por teléfono el empresario Yahia Farrad, gritando para hacerse oír entre el alboroto que reinaba este mediodía en la plaza en la que se han concentrado las protestas. Farrad dirige la Organización Internacional para la Promoción del Turismo en Internet y preside la agencia de viajes Menphis Tours, que desde 1999 opera únicamente en la red. "No hemos podido comunicarnos con nuestros clientes desde el viernes pasado y tampoco sabemos nada de nuestros proveedores", se ha quejado.

El Ejército, testigo de la protesta

Después de que el pasado lunes el Ejército considerara "legítimas las protestas" y anunciara que "no recurrirá al uso de la fuerza contra el pueblo", el despliegue de soldados que está alrededor de la plaza ha tenido como misión canalizar la entrada de los miles de manifestantes. La gente se ha agolpado en torno a las dos únicas vías para acceder al recinto, porque las otras cinco calles que culminan en la plaza han sido cerradas por los soldados como medida de seguridad. Los uniformados se han ceñido a identificar a los manifestantes y a revisar mochilas y bolsas, pero en ningún momento han utilizado la fuerza. Los cientos de periodistas internacionales que cubren la crisis en Egipto tampoco han tenido problemas para entrar e informar desde el interior de la plaza.

Aunque la concentración ha sido pacífica y no ha habido incidentes, la Policía egipcia ha decidido prevenir esta mañana y ha levantado alambradas de púas alrededor del Palacio Presidencial de Hosni Mubarak, en el barrio cairota de Heliópolis, a unos 17 kilómetros de la plaza Tahrir.

Marchas en Alejandría y Suez

El Cairo no es la única ciudad donde el movimento anti Mubarak ha exhibido este martes su fuerza. En Alejandría (al norte del país) se ha desarrollado otra marcha del millón, donde, según ha informado la cadena árabe Al Yazira, centenares de miles de personas siguen cantando, ya de noche, el himno nacional. En Suez también se han concentrado alrededor de 200.000 personas y han gritado lemas como "revolución por todas partes". Para amortiguar el impacto de estas movilizaciones, el Gobierno ha decretado el cierre del servicio ferroviario y de muchas carreteras.

A la cascada de peticiones de libertad se ha unido el primer ministro turco, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, que ha recomendado a Mubarak que "escuche las demandas" de sus ciudadanos. "Escucha las protestas y las demandas extremadamente humanistas de los ciudadanos", ha señalado Erdogan durante un discurso ante los miembros del partido gobernante AKP. "Atiende sin dudarlo las demandas de libertad de los ciudadanos", ha añadido.

ENRIC GONZÁLEZ / NURIA TESÓN | El Cairo 01/02/2011
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El proceso que condujo a la revolución ciudadana y a la constituyente del 2008 tuvo como telón de fondo del diagnóstico de una crisis terminal de la democracia ecuatoriana y de las instituciones del Estado, aquejadas por la ausencia del Estado de Derecho, la privatización de lo público y la corrupción.  Se hacía imprescindible una re fundamentación de Estado desde la propia Carta Magna y sentar las bases de una nueva institucionalidad que tendrían que construirse paulatinamente en los años subsiguientes, mediante las leyes secundarias y una dirección política decidida y constante en la dirección marcada por el espíritu y la letra de la nueva Constitución. El pueblo aprobó la Constitución a pesar de la feroz campaña de desinformación y mentiras de la oposición al cambio necesario. 

Ahora , cuatro años después del inicio del gobierno del Presidente Rafael Correa, asistimos con estupor, a un acontecimiento curioso. Los papeles parecen haberse trastocado, pues quienes impulsaron, hicieron y defendieron el proceso constitucional hoy parecen renegar de él. Cuatro años después, cierto que la Constitución muestra sus falencias, producto del apuro impuesto por el Presidente, otra vez, invocando la necesidad de una mayor prisa para transformar la justicia, se propone una consulta popular que afecta a la institucionalidad del Estado y que se adhiere  con sordina a la tesis opositora de que los males de la inseguridad que vive el Ecuador se deben a las doctrinas de avanzada en temas de derechos y garantía consagrados en la Constitución. En nombre de la prisa y del pragmatismo, nos aprestamos a dejar a un lado la Constitución y asumir, al menos en parte, la doctrina represiva defendida por la oposición. 

En su anuncio de la temática de la consulta popular expuesta por el presidente arremete con toda frontalidad contra la recién estrenada Constitución y contra la incipiente  institucionalidad del Estado post 2008 que ha comenzado a construirse sobre ella. Cuatro de los cinco pilares de esta institucionalidad van a ser puestos a prueba y mal heridos en la consulta propuesta: la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Función Judicial y la Función de Transparencia y Control Social. Si logran sobrevivir, quedarán violados y mancillados y desacreditados, con su propia complicidad, ante los ojos de la ciudadanía, que con su voto, estará cavando tumba la propia, (y la suya propia) de una democracia que apenas acabada de nacer va morir, antes siquiera de haber llegado a la adolescencia. En este contexto, no será de sorprenderse si grupos de la oposición votarán por varias de las tesis represivas y contra institucionales del gobierno que ante la pérdida de los votos de sus antiguos aliados, busca nuevos proveedores de apoyo en la derecha. 

Temas de competencia de la Asamblea Nacional se llevarán a consulta, desdibujando aún más una Asamblea a la que se le acusa de haberse convertido en el patio trasero de Carondelet. Hoy el Ejecutivo es el gran legislador y la Asamblea apenas pone el “co” (legislador) para aprobar disciplinadamente todo lo que baja desde arriba y allanarse a los vetos en temas largamente discutidos y consensuados dentro de la Asamblea. Situaciones como las especulaciones presidenciales sobre el uso del mecanismo de la “muerte cruzada”, y los intentos de purgas internas de “disidentes” del bloque PAIS, así como las producidas después del 30 de setiembre en torno a temas policiales, marcan los tira y afloja de una Asamblea que no ha logrado pararse sobre sus propios pies para cumplir su vocación de Poder Legislativo, fundamental para la democracia. Ahora lo que se propone no es la muerte “cruzada”, sino muerte de la Asamblea, a secas. 

La Corte Constitucional, va a recibir el tsunami de las preguntas para la consulta popular. Si resiste, ojalá sea así, las preguntas deberán enmarcarse en la Constitución y entonces algunas de ellas deberán ser rechazadas, como aquella  que afecta una garantía fundamental como la de la caducidad de la detención preventiva cuando no hay sentencia en un año. De ser así, no sería extraño que seamos testigos de una campaña del Gobierno para desprestigiar y descalificar a la Corte Constitucional y proponer su recomposición (hay argumentos para hacerlo, pero hasta ahora no ha sido necesario esgrimirlos). De no asumir una posición de dignidad, la mencionada Corte, sometida a la voluntad del Ejecutivo, se convertirá en cómplice y ejecutora de la muerte del Control Constitucional, asestándose a sí misma  un tajo suicida, dejando a la deriva de los caprichos de todos los ecuatorianos, la interpretación constitucional. 

Durante la Constituyente, de ello soy testigo por haber presidido la mesa de Justicia, y en coherencia con el diagnóstico y el discurso de la revolución ciudadana, los constituyentes y el propio gobierno estuvieron de acuerdo en la tesis de sentar las bases para la “independencia de la Justicia de los poderes facticos y políticos”. Se rechazó la tentación “meter manos en la Justicia” y  rehacer los viejos caminos que condujeron a las pichi cortes y cortes vitalicias funcionales a los gobiernos de turno y evitar el manoseo político que ha llevado a la Justicia al deshonroso sitial que todavía ocupa en la actualidad. La Constitución creó los mecanismos para la auto reforma y depuración de la Justicia sobre el pilar de un Consejo de Judicatura estructurado bajo el control y la vigilancia de poder de Transparencia y Participación Social. 

Al proponer el Presidente la sustitución del Consejo de la Judicatura, establecido por la Constitución, por un comité tripartito, bajo el argumento de que hay que las cosas van lentas,  (vale recordar el refrán “vísteme despacio que tengo prisa”), se ataca el corazón mismo de la propuesta constitucional sobre la reforma de la Justicia. En todos los países en los que la Justicia ha logrado superar sus viejos vicios, la existencia de un Consejo de la Judicatura y un Corte Constitucional, al estilo propuesto en la Constitución, han sido fundamentales. La propuesta presidencial hiere de muerte a la Constitución y al régimen de transición, y pone en manos del Ejecutivo, avalado por un presumible “sí” en la consulta, el proceso de reinstauración de la justicia. Por muy imparcial que fuera el proceso, se sabe que “cada perro es fiel a la mano que le da de comer” y aunque el presidente diga que no tiene “intereses”, no pocos en su
 entorno si lo tendrán. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie. 

Además, de aprobarse la consulta, el Ejecutivo da un manotazo a la Función de Transparencia y Control Social descalificándola y condenándola a la inutilidad. Ya ha habido interferencias como la presencia del  Secretario de la Presidencia a favor de una de las candidatas a determinada función y los manoseos denunciados para impedir su descalificación. Los delegados del gobierno ya no asisten a las sesiones, los procesos se paralizan. El propio Ejecutivo desacredita a la Función para luego darle el golpe mediante la consulta. Todo el capítulo quinto del Título IV sobre la participación y Organización del Poder en la Constitución del 2008 hay que tirarlo a la basura. Quien puede lo más puede lo menos: Si la más alta e importante tarea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  se sustrae de su competencia, cualquiera otra puede ser también sustraída en el futuro, a capricho del gobernante en funciones. A la basura el estado
 de Derecho. Una vez mancillada la virgen, todos pueden prostituirla a su antojo. 

Cierto que la consulta popular tiene fundamento constitucional, pero este argumento no puede ser usado en contra de la propia Constitución. No es coherente ni honesto acudir a la Constitución cuando conviene para desmontar la propia Constitución en lo que no conviene al Ejecutivo empeñado en imponer sus puntos de vista y sus urgencias. Solo para terminar esta reflexión y a modo de ejemplo de lo perverso que puede ser el recurso a implementarse: En este momento, si el presidente incluyera una pregunta sobre la implementación de la pena de muerte en el Ecuador, la pregunta ganaría ampliamente, pero ¿sería sabio y prudente hacerlo? No será, que la vuelta de la esquina el presidente tenga que rasgarse las vestiduras ante cárceles atestadas y sobrepobladas de detenidos –inocentes y culpables- sin sentencia por largos años, y constatar que la calentura de la violencia y la inseguridad no estaba en las sábanas. 

El gobierno y el movimiento PAIS, puestos a escoger entre la institución del Estado y  el carisma del Caudillo de la Revolución Ciudadana, le apuestan al indudable carisma que es el  mayor de sus activos. Se nos pide confiar y creer con fe casi religiosa en él líder a costa de la vida de las instituciones democráticas. Asamblea y Quinto Poder entran en receso ante la consulta. Los incondicionales acatan sin problema la llamada patriótica a la convocatoria del pueblo. La mayoría se apresta a perpetrar la ruptura de la constitución con la complicidad de todos los poderes. El temor reverencial y disciplinado de los militantes de PAIS, de los funcionarios del régimen, anticipan la sumisión de todos los poderes, en el nuevo orden propuesto, incluida la sumisión de los jueces a la nueva jusrisprudencia, que no será otra que el beneplácito o el disgusto del presidente. 

Es sorprendente cómo personajes, que uno consideraba de cierto criterio, olvidan tan pronto principios que hace pocos días defendían con tanto ardor y que ahora con el mismo ardor vituperan para echar leña al fuego el fuego de la hoguera que el presidente quiera atizar. Con qué desparpajo, superficialidad, prisa y obscenidad, el gobierno y el populacho se dispone a arrastrar por la calles e incinerar la Constitución del 2008, redactada en Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí. Quienes participamos en la Asamblea con sueños de largo aliento, no podemos menos que sentir que se quema la última oportunidad de esta generación de construir algo más que una banana republic, manejada como propiedad de los gobernantes de turno, una banana republic del siglo XXI,  pero a la postre mucho de banana y poco o nada de republic. 

Por Fernando Vega, ex-asambleísta de Alianza País por el Azuay, presidente de la Mesa de Justicia en la Asamblea Cosntituyente de Montecristi 

21/Enero 2011 

 
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Viernes, 23 Octubre 2009 10:06

¿Un capitalismo andino-amazónico?

Enfrentamientos izquierda-derecha en Venezuela y Bolivia [1]

Venezuela y Bolivia sufren verdaderas batallas entre la izquierda en el gobierno y la derecha que, a pesar de estar en la oposición, posee el poder económico y mediático, sin contar los poderosos apoyos que cuenta en el aparato del Estado —ministerios, justicia, una parte del ejército y en la jerarquía religiosa (sobre todo católica y protestante)—.

En Venezuela, las batallas más agresivas libradas por la derecha comenzaron después del tercer año del gobierno de Chávez, es decir a comienzos del 2002. Tomó la forma de grandes enfrentamientos, como en el golpe de Estado de abril de 2002, en el lock-out patronal de diciembre de 2002 - enero de 2002, en la ocupación de la plaza Altamira en Caracas por generales sediciosos y dirigentes de la oposición política. Y estos actos comenzaron a disminuir su intensidad después de agosto 2004, gracias a la victoria del No en el referéndum revocatorio del presidente Chávez [2]. Desde entonces, la derecha busca ocasiones para retomar la iniciativa, pero su capacidad de movilización se ha reducido mucho.

En Bolivia, la derecha entabló verdaderas batallas en 2007 y 2008, después de menos de dos años de gobierno de Morales. Utilizó muchas veces la violencia y eligió una estrategia de batallas frontales en 2008. La victoria de Evo Morales en el referéndum revocatorio de agosto de 2008, con el 67,43 % de los votos [3], no condujo a una reducción de la violencia de la derecha. Por el contrario, esta violencia fue in crescendo durante varias semanas después de su fracaso en el referéndum, especialmente porque se sentía capaz de reunir una mayoría en varios departamentos clave del este del país. La muy fuerte reacción del gobierno y la movilización popular frente al asesinato de partidarios de Evo Morales en el departamento de Pando (unido a la condena internacional, en particular por UNASUR, que se reunió de manera extraordinaria en septiembre de 2008 para aportar su apoyo al gobierno constitucional) acabaron en un armisticio (provisorio). Después de un año de boicot, la derecha se comprometió a aceptar la organización de un referéndum sobre la nueva Constitución, que desembocó en una nueva victoria de Morales a fines de enero de 2009, ya que fue aprobada por el 62 % de los votantes.

Retorno sobre los enfrentamientos en Bolivia en 2008


En el año 2008 el gobierno de Evo Morales tuvo que hacer frente a la violenta oposición de una derecha que representa los intereses de la clase capitalista local (industriales, grandes terratenientes y grupos financieros), vinculada a los intereses de transnacionales privadas que explotan los recursos naturales (petróleo gas, diversos minerales). El vicepresidente, Álvaro García Linera, presentó en una entrevista [4] una visión estratégica de este enfrentamiento. Parte del hecho comprobado de que la derecha, negándose a aceptar su posición de fuerza política minoritaria optó por la secesión de los ricos departamentos orientales [5]. Describe a continuación la política seguida por el gobierno, que rechazó repetidamente el enfrentamiento antes de recurrir a la fuerza. He aquí algunos párrafos destacables de la entrevista:

«La derecha no estaba dispuesta a ser incluida en el proyecto nacional-popular como fuerza minoritaria y dirigida, y optaba por la conflagración territorial La lucha por el poder se acercaba al momento de su resolución bélica o última, en la medida en que en última instancia, el poder del Estado es coerción. A esto es que denominamos “punto de bifurcación”, o momento en que la crisis de Estado, iniciada ocho años atrás, se resuelve ya sea mediante una restauración del viejo poder estatal o bien mediante la consolidación del nuevo bloque de poder popular. […]

"Tras los resultados del referéndum aprobatorio en agosto, el bloque cívico-prefectural [es decir la derecha, nota del autor] inició su escalada golpista: toman las instituciones, esperamos; atacan a la policía, esperamos; destruyen y saquean las instituciones públicas en cuatro departamentos, esperamos; desarman a soldados, esperamos; toman aeropuertos, esperamos; destruyen ductos, esperamos. Ellos mismos se lanzan desbocados a un callejón sin salida.[…]»

Y viene Pando…

«El prefecto desata la masacre de Pando [6] en un intento de dar una señal de escarmiento a los líderes populares… y este acto colma la tolerancia de la totalidad de la sociedad boliviana. La masacre de campesinos igualará a los prefectos con su mentor, Sánchez de Losada [el presidente derrocado en octubre de 2003 par la ira popular] o García Meza [7], y pondrá en manos del Estado la obligatoriedad de una intervención rápida, contundente, en defensa de la democracia y la sociedad. Y sin dudar un solo segundo, se lo hará en el eslabón más débil de la cadena golpista, Pando. Se tratará del primer estado de sitio en la historia boliviana dictado en defensa y protección de la sociedad, encontrando el pleno apoyo de la población, horrorizada por la acción de los golpistas. Esto, sumado al rechazo internacional de los golpistas, detendrá en seco la iniciativa cívico-prefectural, dando lugar a su repliegue desordenado. Es el momento de una contraofensiva popular, cuya primera línea de acción serán las organizaciones sociales y populares del propio departamento de Santa Cruz [8]. No sólo campesinos y colonizadores [9] se movilizaron, sino también pobladores de los barrios plebeyos de Santa Cruz y especialmente jóvenes urbanos, quienes, en memorables jornadas de resistencia a las bandas fascistas, defenderán sus distritos y quebrarán el dominio clientelar de las logias cruceñas.

"La contundencia y la firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumada a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, creó una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia. Esa era la dimensión y la extensión general del “ejército” y las “divisiones movilizadas” en contra del golpe. Esa era la fuerza de choque que el proyecto indígena-popular desplegaba para el momento definitorio de fuerza. La derecha evaluó sus fuerzas de choque aisladas y en desbandada, comprobó la voluntad política del mando indígena-popular que estaba dispuesto a todo y prefirió abdicar de sus propósitos y rendirse. De este modo, se cierra el ciclo de la crisis estatal, de la polarización política y se impondrá, en una medición bélica de fuerzas sociales, la estructura duradera del nuevo Estado.»

García Linera prosigue estableciendo un paralelo histórico:

«Una cosa parecida sucedió el año 1985[10], cuando los mineros, que eran el núcleo del Estado nacionalista, se rindieron ante las divisiones del ejército que resguardaban el proyecto neoliberal. Hoy le tocó al bloque empresarial-terrateniente asumir la derrota y dar paso a la nueva correlación de fuerzas políticas de la sociedad. A su modo, septiembre-octubre del 2008 tendrá el mismo efecto estatal que la derrota de la “marcha por la vida” de los mineros de 1986. Sólo que ahora será el bloque plebeyo el que festejará la victoria y las elites adineradas tendrán que asumir su derrota histórica. [...]».

Hasta aquí, García Linera desarrolla un punto de vista optimista sobre la derrota política de la derecha, pero más adelante en la entrevista, él mismo señala que a ésta no le faltan puntos de apoyo para reaccionar y tratar de recuperar la iniciativa para acabar con la experiencia de izquierda en curso:

«La burguesía rentista e intermediaria ya no tiene a las empresas petroleras como generosas financistas de sus ingresos. La red clientelar agraria que los rentistas de la tierra crearon en el ámbito agroindustrial se ha debilitado enormemente con la presencia de la empresa estatal de alimentos EMAPA, y la presencia pública en la cadena soyera, triguera, arrocera llega entre un 20 a un 30 % del total de la producción. Pero aún el bloque opositor irreductible conserva otros espacios importantes de poder agrario[11], comercial y financiero, y eso le da a la larga capacidad de agregación, presión y confrontación. Pero hoy, y eso puede durar unos años, lo que no tiene es un proyecto de Estado; cuánto tiempo no lo tendrá, quién sabe, pero tiene un proyecto de tratar de impedir que siga avanzando el proyecto popular. A diferencia de las clases populares, que en 1985 son derrotadas, y materialmente son desestructuradas para dar lugar a un ciclo lento de reorganización, la derecha no. La derecha ha sufrido un golpe político, ha perdido el mando del Estado, ha perdido la capacidad de seducir estatalmente a la sociedad, pero tiene mucho poder económico todavía. Es distinta la forma de consolidación del punto de bifurcación cuando es el sector popular el derrotado, política y materialmente, que cuando se trata del sector empresarial, porque puede perder en lo político pero conserva poder económico que le permite tener poder de veto permanente.»

Reivindicaciones de los pueblos indígenas originarios [12] y progresos en la Constitución de 2009

Para entender el proyecto político indigenista defendido por importantes organizaciones relacionadas con el MAS, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, hay que remitirse al Pacto de Unidad, hecho público en septiembre del 2006 para preparar la Asamblea Constituyente.

Autonomía:

«La autonomía indígena, originaria y campesina, en tanto que eje fundamental del proceso de descolonización y de autodeterminación, es la condición y la base de libertad de nuestros pueblos y naciones. Ella se basa en unos principios fundamentales, generadores de unidad y de articulación social, económica y política, no solamente entre nuestros pueblos y naciones, sino igualmente en la sociedad en su conjunto. Ella tiende a la construcción permanente de una vida plena entera, mediante formas propias de representación, administración y propiedad de nuestro territorio.»

Régimen de bienes raíces y territorial:

«El derecho original sobre los recursos no renovables pertenece a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos. La propiedad de los recursos no renovables, en cuanto a ella, en partes iguales a las naciones y los pueblos indígenas originarios y campesinos y al Estado unitario plurinacional.» Esta formulación está sujeta a diferentes interpretaciones. En efecto, lo que tiende a predominar en la política del gobierno de Evo Morales es la explotación de los recursos naturales por el Estado, como afirma con toda claridad el vicepresidente de la República en una reciente entrevista (véase más adelante «la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia»).

Latifundio:

«[El Estado] debe distribuir las tierras de manera equitativa, garantizar los derechos y necesidades actuales y futuras de las naciones y los pueblos originarios y campesinos y velar por el bienestar del conjunto de la población.»

Educación:

«La prioridad del Estado plurinacional es dar a la educación, pilar fundamental, un carácter intracultural, intercultural, pluricultural y plurilingüe, en todos los escalones y bajo diversas formas; conforme con la diversidad étnica y lingüística del país, la enseñanza y la administración utilizarán prioritariamente la lengua indígena, el español después como lengua de comunicación intercultural.»

El Pacto de Unidad reclama también la coexistencia de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental y la creación de un cuarto poder independiente del Estado: el poder social instituyente alternativo que encuentra su fuente en los movimientos sociales. El tema del poder social plurinacional fue ampliamente debatido, en tanto que «cuarto poder» de carácter civil y corporativo (sus miembros serían elegidos por los usos y costumbres y por sufragio universal).Tendría como atribución «velar y controlar» los poderes del Estado y la facultad de sancionar, manteniéndose independiente de los mismos —un idea que finalmente no fue recogida en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE)—.

La nueva Constitución, aprobada finalmente en enero del 2009 en referéndum constitucional por el 62 % de los votos, constituye un adelanto para los pueblos indígenas y originarios. Esta Constitución garantiza, entre otras cosas, el reconocimiento de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas al ejercicio de su propio sistema político, jurídico y económico, el establecimiento de territorios «indígenas originarios campesinos» dotados de competencias en términos de definición de la forma propia de desarrollo, de la administración de la justicia indígena, de la gestión de los recursos naturales renovables, etc. Estos derechos están garantizados en varias partes de la Constitución. A continuación la versión integral de la Parte I, Título II, Capítulo 4 de la nueva constitución boliviana:

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS

Artículo 30.

I. Es nación y pueblo indígena originario campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesino gozan de los siguientes derechos:

1. A existir libremente.

2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.

3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.

4. A la libre determinación y territorialidad.

5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.

6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.

7. A la protección de sus lugares sagrados.

8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.

9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.

11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.

12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan[13].

16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.

II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.

Artículo 32

El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Fin del Recuadro

La prueba del poder para el MAS

El partido del presidente Evo Morales, el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos) tiene la particularidad de haber sido creado, a finales del los años 90, por organizaciones sindicales campesinas [14]. En lo que respecta a la naturaleza social del MAS, Pablo Stefanoni [15] se pregunta actualmente si no sería más interesante estudiar este movimiento político en tanto que partido de pequeños propietarios rurales y urbanos (comerciantes, pequeños empresarios) de origen indígena. Desde este punto de vista se modifica la comprensión de esta organización política, vista hasta aquí como una emanación de los movimientos sociales de los más oprimidos. En efecto, se trata de pequeños propietarios, que sería un error marginar, pues encajan perfectamente en un proceso de construcción de una sociedad alternativa a la capitalista, una sociedad de transición hacia el socialismo. Stefanoni plantea otra pregunta que profundiza el interrogante: «La acumulación familiar —rebautizada “capitalismo andino”— ¿no se basa de todos modos en formas de explotación y autoexplotación de los menos iguales, generalmente peores, que las que prevalecen en el capitalismo formal, regulado por el derecho del trabajo?» [16]

Disponiendo desde el año 2006 de una mayoría en la Cámara de diputados, el MAS ha afrontado el ejercicio del poder político. Con el tiempo, como todo partido de izquierda que hace el ejercicio concreto de la participación en las instituciones parlamentarias y en el gobierno, se produce una evolución. El MAS no es una excepción. Como dice claramente Stefanoni, el razonamiento de cierto número de militantes cambia: «de la política debe servir para cambiar el país», se pasa a «¿por qué no tengo derecho a un cargo, cuando he hecho campaña y me he batido para que el MAS gane?». Es esto tan frecuente por que, según una regla de funcionamiento del MAS, los candidatos pagan ellos mismos los gastos de su campaña electoral, lo que significa que cierto número de ellos (¿la mayoría?) se endeuda para poder emprender una campaña que le permita tener posibilidades de ser elegido [17]. En ciertos casos, también se comprometen a fin de asegurar los apoyos. Esto propicia el clientelismo, que ya impregnaba la vida política del país.

Cuando el MAS, accedió al gobierno, proclamó que rompía con una tradición que quería que el partido victorioso despidiera a un buen número de funcionarios para reemplazarlos por sus miembros o sus protegidos/clientes. Fijó el máximo de los reemplazos en un nivel muy bajo, el 5 % de funcionarios, a fin de garantizar la institucionalización no partidaria de la función pública. Esta decisión ha sido difícilmente aceptada por una parte de los militantes, que esperaban que su esfuerzo durante la campaña electoral o en la lucha fuera recompensado con puestos de trabajo. Finalmente, la dirección del MAS flexibilizó su posición y fue más allá del límite del cinco por ciento.

En enero del 2007, estalló un escándalo en La Paz: ciertos militantes del MAS se hicieron pagar su apoyo a unos candidatos funcionarios. Pero esto no adquirió proporciones masivas. A principios del 2009, un segundo escándalo causó mas daño: Santos Ramírez, dirigente histórico del MAS [18] que había estado al frente de la empresa petrolera pública YPFB, fue descubierto en flagrante delito de corrupción a gran escala. El MAS en el gobierno reaccionó con firmeza a fin de dar el ejemplo. Santos Ramírez fue arrestado a la espera de su proceso. El MAS demostró a la sociedad que aunque alguno de sus dirigentes no estén inmunizados contra la corrupción, el partido rompía con la tradición de impunidad de los mandatarios políticos y era favorable a su condena en caso de delito. Dicho esto, el escándalo Santos Ramírez provocó una verdadera conmoción, que dejará secuelas [19].

Morales, inmediatamente después de acceder a la presidencia, tomó una medida ejemplar a fin de demostrar que ponía fin a los privilegios: redujo su propio sueldo. Evidentemente, esto fue muy bien visto por la población, con toda razón. La medida implicaba así mismo la rebaja de los sueldos de los demás mandatarios, pues era inconcebible que éstos ganaran más que el presidente y no dieran el mismo ejemplo rechazando sus privilegios. Luego el gobierno creyó oportuno flexibilizar su posición para permitir que los directivos de las empresas públicas percibieran altas retribuciones. Están autorizados a ganar más que el presidente de la República. Álvaro García Linera, quien justifica esta decisión, la denomina la NEP boliviana, haciendo referencia a la NEP aplicada por recomendación de Lenin a principios de los años 20 en la Rusia soviética [20].

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, aboga por un «capitalismo andino-amazónico»

García Linera es partidario del desarrollo de un capitalismo andino-amazónico en el cual el Estado desempeña un papel clave. Sin deformar la propuesta, se puede considerar que el vicepresidente boliviano es partidario de una forma andino-amazónica de capitalismo de Estado. De modo metafórico, utilizando la imagen del tren, describe con claridad la jerarquía de actores de este modelo: «Es que el Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el que planifica el marco estratégico y el primer vagón de la locomotora. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la microempresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Éste es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país.»[21]. La perspectiva abierta por Álvaro García Linera es claramente diferente u opuesta a un auténtico socialismo del siglo XXI. Hay que reconocer que no lo oculta con rimbombantes frases socialistas. Su proyecto corresponde a uno de los posible guiones para el futuro.

Stefanoni atribuye a Evo Morales una perspectiva cercana o idéntica a la de su vicepresidente:

«Lejos de alentar la lucha de clases en su acepción marxista, Evo Morales reactualiza los clivajes ya mencionados —nación/antinación, pueblo/oligarquía— y promueve de hecho una nueva “alianza de clases” —sin utilizar para ello ese término, que recuerda los años 50. Una alianza que incluye los “empresarios patriotas” y los “militares nacionalistas” para construir un “país productivo y moderno”, gracias a los beneficios de los recursos naturales “recuperados por el Estado”. Lo esencial del programa económico gubernamental se basa así en la modernización/industrialización de una economía atrasada, bajo la dirección de un Estado fuerte que reemplace a una inexistente burguesía nacional.» [22]

Esto nos lleva a las antípodas de las numerosas posiciones adoptadas por Evo Morales en otros países y en los foros internacionales cuando denuncia el sistema capitalista y declara que hay que desembarazar de éste al planeta.

Por otra parte, García Linera cuestiona cierta visión «ongista» [23]:

«[Las] visiones de un mundo indígena con su propia cosmovisión, radicalmente opuesta a Occidente, es típica de indigenistas de último momento o fuertemente vinculados a ONG, lo cual no quita que existan lógicas organizativas, económicas y políticas diferenciadas. En el fondo, todos quieren ser modernos. Los sublevados de Felipe Quispe, en el año 2000, pedían tractores e Internet. Esto no implica el abandono de sus lógicas organizativas, y se ve en las prácticas económicas indígenas. El desarrollo empresarial indígena tiene una lógica muy flexible. Le apuesta a la acumulación pero nunca lo arriesga todo en la acumulación. Primero trabajo solo, con mi entorno familiar, núcleo básico último e irreductible, me va bien, contrato personas y sigo trabajando, me va muy bien, contrato más personas y dejo de trabajar, me va mal, vuelvo al segundo piso, me va muy mal, vuelvo al mundo familiar donde soporto todo. Nunca se acaba de romper con la lógica familiar… Quieren modernizarse pero lo hacen a su manera. Pueden exportar, globalizarse, pero el núcleo familiar sigue siendo la reserva última, que es capaz de sobrevivir a pan y agua. Cuando crece la actividad económica a 10, 15 trabajadores, en lugar de avanzar a 30 o 40, 50, paran, surge otra empresita, del hijo, del cuñado, hay una lógica de apostarle nunca a una sola cosa. Distinto a una acumulación más racional, weberiana, con economías de escala, más innovación tecnológica. En este caso, la familia nunca es el sustento último de la actividad productiva, es un sustento de los vínculos, de las redes, de mercados, lógicas matrimoniales… Hay una lógica propia del mundo indígena pero no es una lógica antagonizada, separada, con la lógica “occidental”. Quienes han participado de los últimos movimientos fácilmente se dan cuenta de eso.» [24]

La explotación de los recursos petroleros de la región amazónica de Bolivia

De un modo coherente, con respecto a la perspectiva de un «capitalismo “andino-amazónico”», García Linera se manifiesta, en la entrevista que sigue, a favor de la explotación de los recursos petroleros de la región amazónica. También aquí defiende una realpolitik apartada del frecuente discurso ecologista del presidente boliviano.

«En el caso de la exploración de gas y petróleo en el Norte paceño, lo que buscamos es producir hidrocarburos para equilibrar geográficamente las fuentes de riqueza colectiva de la sociedad, generar excedente estatal y simultáneamente preservar el entorno espacial en coordinación con las comunidades indígenas. Hoy no estamos abriendo paso en el norte amazónico para que entre Repsol o Petrobras. Estamos abriendo paso en la Amazonía para que entre el Estado. […] ¿Es obligatorio sacar gas y petróleo del norte amazónico de La Paz? Sí. ¿Por qué?, porque necesitamos equilibrar las estructuras económicas de la sociedad boliviana, porque el rápido desarrollo de Tarija [25] con el 90 % del gas va a generar desequilibrios a largo plazo. […] ¿Si las comunidades dicen que no igual el Estado va a entrar? Aquí viene el debate, ¿qué ha pasado? Cuando hemos consultado a la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), nos ha pedido que vayamos a negociar a Bruselas con su buffet de abogados y que respetemos unos enunciados medioambientalistas publicados por USAID. ¿Cómo es eso? ¿Quién está impidiendo que el Estado explore petróleo en el norte de La Paz: las comunidades indígenas Tacanas, una ONG, [26] o países extranjeros? Por ello, hemos ido a negociar comunidad por comunidad y allí hemos encontrado el apoyo de las comunidades indígenas para llevar adelante la exploración y explotación petrolera. El gobierno indígena-popular ha consolidado la larga lucha de los pueblos por tierra y territorio. En el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, el Estado ha consolidado millones de hectáreas como territorialidad histórica de muchos pueblos de pequeña densidad demográfica; pero junto al derecho a la tierra de un pueblo está el derecho del Estado, del Estado conducido por el movimiento indígena-popular y campesino, de sobreponer el interés colectivo mayor de todos los pueblos. Y así vamos a proceder hacia delante.» [27]

Esta posición adoptada no deja de recordar las diferencias políticas que se manifiestan en Ecuador entre Rafael Correa, por una parte, afín a las posiciones de García Linera, y, por la otra, la CONAIE (Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador) y la ONG Acción Ecológica. Correa criticó en repetidas ocasiones las posiciones de los «izquierdistas» y de los «ecologistas radicales» que se oponen a la explotación de los recursos naturales del país. De todos modos, a pesar de estas críticas, la posición oficial del gobierno y del presidente ecuatoriano consiste hasta ahora en proponer a la comunidad internacional no emprender la explotación del petróleo que se encuentra en el territorio Yasuni, situado en la Amazonia ecuatoriana [28]. Alberto Acosta (ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y miembro del mismo partido que Rafael Correa, pero defensor de posiciones sensiblemente distintas en varios temas) es uno de los grandes promotores y defensores de la propuesta ecuatoriana [29].

Es lógico plantearse las siguientes preguntas: al tratar de convencer, en nombre del «bloque indígena-popular» (según la expresión de García Linera), a los pueblos amazónicos de que acepten la explotación de los recursos no renovables del subsuelo de los territorios ancestrales que ocupan, ¿no se inscribe el gobierno de Evo Morales en la prosecución de un modelo extractivo productivista? Un gobierno de derecha ¿no habría tenido que afrontar una resistencia popular muy fuerte de los pueblos indígenas si hubiese querido explotar en su territorio el petróleo de la Amazonia boliviana? Si dentro de algunos años la derecha volviera al poder, ¿no reduciría radicalmente las concesiones que el poder central ha otorgado a los pueblos originarios cuando quiso obtener el derecho de explotar los recursos de sus territorios? En ese caso, ¿no habría sido mejor para los pueblos originarios indígenas rechazar la explotación industrial de los recursos naturales no renovables?

Notas:

[1] Sobre la elección de Evo Morales a la presidencia de la república y sus dos primeros anos de mandato presidencial, ver Eric Toussaint, “Bolivia: avances sobre los bienes comunes y la reforma constitucional”. http://www.cadtm.org/Bolivia-avances-sobre-los-bienes

[2] El referéndum revocatorio constituyó una verdadera derrota para la derecha, ya que Chávez fue plebiscitado con un 59,10 % de sufragios a favor (5.800.629 votos), o sea una diferencia de 1.810.000 votos con los que decían sí a la revocación. http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_presidencial_de_Venezuela_de_2004

[3] http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008 y http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Externos/ResultadosRefRevBolivia.pdf

[4] La entrevista fue realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo. Se tituló «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano económico». El texto completo se publicó en el excelente número de Alternatives Sud, CETRI, dedicado a Bolivia, «La Bolivia d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?, Vol. XVI, 2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr

[5] Los departamentos orientales, que forman la Media luna, son Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En conjunto, representan el 36 % de la población del país y el 45 % del PIB.

[6] Unos quince campesinos fueron asesinados y otras decenas resultaron heridos el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir, provincia de Pando. Su prefecto, Leopoldo Fernández, uno de los mascarones de proa de la oposición de derecha, directamente implicado en la masacre, está en prisión por disposición del poder central.

[7] Dictador que tomó el poder por un sangriento golpe de Estado el 17 de julio de 1980 a la cabeza de un grupo de militares relacionados con el narcotráfico y con el apoyo de la junta militar argentina. El año que se mantuvo en el poder estuvo marcado por un auténtico terror, con cerca de 500 asesinatos y 4.000 encarcelados. Uno los asesinados en el putsch fue el diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien había participado en la iniciativa del proceso contra el ex-dictador Hugo Banzer. El 15 de enero de 1981 tuvo lugar el asesinato de ocho dirigentes de la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

[8] El departamento de Santa Cruz constituye el epicentro de la reacción de la derecha.

[9] Los colonizadores son campesinos que ocuparon de nuevos terrenos, ya sea en el marco de la política de colonización promovida par el Estado en los años 30, o bien en el marco de movimientos de población autoorganizadas. Es el caso de las familias que emigraron a la provincia del Chapare, en el departamento de Cochabamba, para cultivar coca. En una primera etapa provenían del altiplano pero luego, a partir del plan de ajuste estructural aplicado en 1985, de las regiones mineras de Oruro y Potosí a causa del cierre de las minas y la consiguiente pérdida de empleo. La familia de Evo Morales era una de estas familias campesinas que dejaron las altas mesetas, áridas y frías, para asentase en las tierras cálidas y húmedas de baja altitud del Chapare. De todos modos, como se ha dicho antes, si bien los cocaleros son efectivamente parte de los colonizadores, éstos no se reducen a los cultivadores de coca. Así, aunque en la movilización contra Santa Cruz participaron los cocaleros del Chapare, fueron sobre todo colonos campesinos de la zona de San Julián los que estuvieron en primera línea.

[10] Muy afectada por la crisis de la deuda que estalló en 1982, Bolivia fue sometida a un plan neoliberal de choque a partir de 1985: privatización de las minas y del petróleo, reducción masiva de salarios y de empleos, apertura económica forzada, reducción del gasto público. El autor intelectual de este plan de ajuste estructural fue el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien a continuación concibió el plan de choque aplicado en Rusia y luego se convirtió en un partidario de la anulación de la deuda de los países pobres, en particular de los países del África subsahariana..

[11] Según Charles André Udry, en los departamentos de Beni y Santa Cruz, 14 familias poseen 312.966 hectáreas. Una parte de estas tierras no se explotan. Estas familias son, desde hace largo tiempo, pilares de los partidos de la derecha más dura. Actualmente, estas familias —que se apropiaron del suelo entre 1953 y 1992, en particular durante los regímenes dictatoriales militares— se suman a las barricadas contra la aplicación de la reforma agraria.. ("Réforme agraire et réappropriation territoriale indigène", http://risal.collectifs.net/spip.php?article2017)

[12] Los pueblos autóctonos bolivianos son generalmente designados como «originarios» en los Andes e «indígenas» en la Amazonia. La nueva Constitución boliviana erige como sujeto de derecho las poblaciones «indígenas originarias campesinas» cuando se trata de dotar a las comunidades rurales de derechos colectivos.

[13] Hay que señalar que si bien la consulta de las poblaciones afectadas por la explotación de los recursos naturales no renovables es obligatorio (lo cual es positivo), ¡su resultado no es vinculante!

[14] Las organizaciones sindicales participantes del MAS son la CSUTCB (Confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia), la CSCB (Confederación sindical de colonizadores de Bolivia) y la CNMCIOB-«BS» (Confederación nacional de mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia - «Bartolina Sisa». A partir de 1988, la CSUTCB, principal confederación sindical campesina boliviana (que agrupa en su seno a una parte de los «cocaleros») se pronunció a favor de la construcción de un instrumento político propio de los sindicatos. Los sindicalistas, después de haber comprobado que no llegaban a obtener un cambio político en el nivel gubernamental, dijeron que tenían que dotarse de un brazo político a fin de estar presentes en el Parlamento y en todos los niveles del poder, pasando por la participación en las elecciones. A finales de los años 90, Evo Morales y sus partidarios lanzaron el MAS-IPSP en la línea de la orientación adoptada en 1988, concerniente a la creación de un instrumento político del movimiento social. Con el correr del tiempo, el MAS llegó a ser la fuerza política de izquierda más importante, aunque también otras experiencias políticas se desarrollaron en la misma orientación de la CSUTCB, en particular el MIP (Movimiento indígena Pachakuti), de Felipe Quispe, sin hablar de numerosos partidos de izquierda que tienen un origen más antiguo. Felipe Quispe participó junto con Álvaro García Linera, actual vicepresidente de la República, en la guerrilla katarista EGTK y fue secretario ejecutivo de la CSUTCB.

[15] Pablo Stefanoni es coautor con Hervé Do Alto del libro Evo Morales, de la coca al Palacio (Malatesta, La Paz, 2006).

[16] Pablo Stefanoni, «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?», Alternatives Sud Vol. XVI, CETRI, Lovaina-la-Nueva, 2009/3. http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr . Escribe: «El gobierno actual replanteó la flexibilización del trabajo aprobada en los años 90 —en particular el “despido libre”—, pero estas reglas no rigen las economías familiares e informales, que son las que predominan en ciudades enteras, como El Alto, vecina a La Paz, con cerca de un millón de habitantes. […] La superioridad de la cosmovisión indígena [una pantalla que oculta a menudo prácticas corporativistas o de unas identidades culturales profundamente arraigadas] sobre la cosmovisión liberal es apenas debatida y la voluntad de destacar la dimensión étnica de la opresión casi ha hecho desaparecer su dimensión de clase. No es una casualidad que los avances en materia de derechos del movimiento obrero sean escasos o nulos.»

[17] De hecho, esta regla cierra el acceso a los más pobres a la candidatura a un cargo de diputado, de senador o de miembro de la Asamblea Constituyente. En realidad, no es raro ver que, en el momento de confeccionar las listas electorales, dirigentes sindicales bien preparados en cuanto a su formación política, tengan que ceder su lugar a unos intelectuales de clase media o pequeños empresarios, con un mayor capital económico.

[18] Según García Linera, Santos Ramírez podía pretender ser el sucesor de Evo Morales como candidato del MAS a la presidencia de la República.

[19] Véase Hervé Do Alto, «“¿Más de lo mismo” o ruptura con los “tradicionales?” Bolivia y el MAS: un caso de democratización paradójico», Le Monde diplomatique, (Edición boliviana), nº 11, febrero de 2009.

[20] «De ahí que hayamos tenido que aprobar una ley que habilite salarios más elevados que el del presidente para cuadros técnicos de empresas estratégicas. Es nuestra forma local de la NEP leninista (Nueva Política Económica, en la Rusia posrevolucionaria). El objetivo de la NEP, además de la alianza con los campesinos, era fundamentalmente reclutar técnicos para administrar los niveles subalternos del Estado, habida cuenta de que si bien el Estado es una estructura política, tiene niveles burocrático-administrativos y técnico-científicos que requieren conocimientos y saberes que no pueden ser adquiridos ni transformados rápidamente. Lenin, para terminar la catástrofe económica que se dio inmediatamente después de la revolución, tuvo que recontratar a los técnicos del antiguo Estado, hasta crear gradualmente una administración más simple. E instruyó: debajo de cada técnico pongan un joven que aprenda, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ya lo iniciamos en el 2006: se cambia la organización y las personas de los niveles decisionales de la administración publica (ministros, viceministros y algunos directores), pero no se toca la estructura secundaria de la administración estatal del Estado, hasta formar cuadros estatales, jóvenes, que sustituyan a los antiguos cuadros.» in Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo, entrevista a Álvaro García Linera, «La derecha aún no fue derrotada económicamente».

[21] In Ortiz P. (2007), «Fue un error no liderar el pedido autonómico» (entrevista a Álvaro García Linera), El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 21 de enero de 2007. http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-01-21/vernotaaldia.php?id=512

[22] Pablo Stefanoni in «L’Indianisation du nationalisme ou la refondation permanente de la Bolivie», in Alternatives Sud, «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste?» Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva, http://www.cetri.be/spip.php?rubrique119〈=fr

[23] Neologismo para designar lo relacionado con el mundo de las ONG.

[24] In Svampa M., Stefanoni P. (2007), «Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas», (entrevista a Álvaro García Linera), in Monasterios K., Stefanoni P. y Do Alto H. (dir.), Reinventando la nación en Bolivia, CLACSO-Plural, La Paz,

[25] El prefecto de la provincia de Tarija es parte de la oposición de derecha en compañía de los prefectos de las provincias de Santa Cruz, Beni y Pando.

[26] En el caso de Bolivia, sin embargo, tal discurso de franca oposición a las ONG es tanto más chocante cuando se muestra en total contradicción con la propia composición del gobierno, donde los ministros han salido en su mayoría de los cuadros de este tipo de instituciones. Entre ellas, el CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos y de Investigaciones Sociales), reconocido por los movimientos indígenas de Oriente como un apoyo indefectible en la reconquista por los pueblos autóctonos de sus prerrogativas sobre sus territorios ancestrales. Algunos pesos pesados del equipo de Morales han hecho en ellas su formación, como Carlos Romero, actualmente ministro de las Autonomías.

[27] Entrevista realizada por Maristella Svampa, Pablo Stefanoni y Ricardo Bajo titulada: «La derecha no ha sido aún derrotada en el plano economico». Traducción Denise Comanne y Eric Toussaint. Alternatives Sud, «La Bolivie d’Evo. Démocratique, indianiste et socialiste»?, Vol XVI -2009/3, Lovaina-la-Nueva.

[28] Rafael Correa ha defendido varias veces esta posición en las reuniones de las Naciones Unidas así como en otras instancias internacionales. Esta propuesta, conocida como el proyecto ITT (siglas del nombre de sendas perforaciones de exploración en la zona: Ishpingo-Tambococha-Tiputini), es una de las iniciativas del gobierno ecuatoriano con el fin de luchar contra el cambio climático. Se trata de la no explotación de unos 850 millones de barriles de petróleo en la zona del parque Yasuní, reserva natural cuya biodiversidad es una de las más importantes del mundo. La explotación de un petróleo pesado podría reportar al Estado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (al precio de unos 70 dólares el barril).

[29] Véase una entrevista sumamente importante a Alberto Acosta realizada por Matthieu Le Quang titulada «Le projet ITT: laisser le pétrole en terre ou le chemin vers un autre modèle de développement», www.cadtm.org/Le-projet-ITT-laisser-le-petrole. En castellano, «La moratoria petrolífera en la Amazonia ecuatoriana, una propuesta inspiradora para la Cumbre de Copenhague», www.cadtm.org/La-moratoria-petrolifera-en-la. Alberto Acosta da su versión sobre el origen del proyecto y presenta un gran número de factores contradictorios que intervienen en su concreción.

Eric Toussaint
CADTM/Rebelión
Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

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Domingo, 11 Octubre 2009 13:58

El agua es centro de un debate fundamental

El pasado lunes finalizó un levantamiento  convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que duró siete días. Esa noche, en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Rafael Correa, y la dirigencia de la agrupación firmaron un acuerdo con seis puntos.

Uno de ellos  es analizar, desde mañana y en mesas de trabajo, eventuales reformas al proyecto de Ley de Recursos Hídricos enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.  El proyecto del Ejecutivo, que provocó que el movimiento indígena realizara   movilizaciones y bloqueos de vías en seis provincias de la Sierra y región Amazónica, consta en total de 197 artículos, 12 disposiciones transitorias y 11 derogatorias.

El sector indígena basa su protesta en que la normativa “es privatizadora del recurso”, y en que si bien el orden de prelación ubica en primer lugar el consumo humano, en otros artículos, dicen, se privilegia su uso para actividades estratégicas y económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (como la minería).

Los cuestionamientos se produjeron a pesar de que el artículo 3 -uno de los veinte que ya aprobó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional- señala que el agua “no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera”; por lo tanto, prohíbe toda privatización.

Además, en el artículo 53 se establece el orden de prioridad para el uso del agua, y ubica, en primer lugar, al consumo humano, luego para riego, abrevadero de animales y acuacultura, para caudal ecológico y, en cuarto lugar, en ese orden, para actividades productivas.

Sobre estas observaciones, el secretario nacional del Agua, Jorge Jurado, de manera reiterada, ha señalado que el proyecto de ley es claro al mencionar el orden de prelación que prioriza el consumo humano, como lo señala la  Constitución.

“Solo, una vez satisfechas las principales necesidades de los tres tipos de prelación, se procede a otorgar autorizaciones para actividades productivas (riego agroindustrial, generación de hidroelectricidad, industriales, petroleras y mineras) y, finalmente, actividades recreacionales y culturales”, sostiene Jurado, tras advertir que por ningún motivo se podrá modificar el orden establecido.

El proyecto, agrega,  garantiza que el agua llegue a todos los ecuatorianos de manera equitativa y corresponde a las necesidades de la población.

Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta 2006 se determinó que la mayor parte del consumo de agua en Ecuador (80%) es destinada al riego, y que de la utilizada para uso doméstico únicamente el 5% recibe tratamiento.

Además, del total de la población, el 61.39%  de la zona urbana cuenta con conexiones para sistemas de agua potable, el  38.61% restante carece de este servicio. El problema se agrava en la zona rural, donde apenas el 10.42% cuenta con conexiones, quedando un elevado porcentaje del 89.58% sin conexión.

Aunque la Conaie reconoce que la norma establece la prohibición de que se privatice el uso del agua, insiste, en cambio, en que hay otros artículos que contradicen incluso el texto constitucional.

“El proyecto de ley es la continuidad del mismo modelo privatizador”, asegura Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, filial de la Sierra de la Conaie.
 
Señala que si bien el artículo 3 prohíbe la privatización, eso no garantiza su cumplimiento porque en los artículos 67, 70, 73, entre otros, se está entregando el recurso para uso industrial.

También cuestiona la primera disposición  transitoria, la cual señala que las concesiones existentes se canjearán por autorizaciones de uso o de aprovechamiento, antes de que la ley entre en vigencia. “Allí está implícito el mismo modelo”, asegura Cholango.

Otro artículo que cuestiona es el 67. Para el dirigente indígena, allí se pretende que la autoridad única del agua podrá modificar la prioridad del uso del agua, de acuerdo al valor económico y del mercado, “por eso decimos que existen contradicciones”.

De allí que espera que las comisiones que se formen acojan la propuesta del sector indígena que, entre otros puntos, propugna la desprivatización total y que para las zonas rurales se entregue la administración de los sistemas a las comunas y cabildos.

Pero quienes manejan las juntas de agua tienen reparos a esa propuesta y más bien respaldan el proyecto del Ejecutivo. Luis Bejarano, presidente de la junta de agua de la parroquia Ayora, del cantón Cayambe, sostiene que el movimiento indígena no ha contribuido a enriquecer el proyecto y más bien han insistido en que la propuesta que presentaron sea la que entre a la Asamblea y que se apruebe.

“Nunca estuvimos de acuerdo con ese proyecto porque no considera la existencia de las juntas comunitarias y quieren manejar el recurso a través de sus organizaciones como comunas, cabildos y esto sería la muerte para las casi diez mil juntas de agua que existen en el país”, asevera Bejarano.

Contrario a lo que opina Cholango, Bejarano enfatiza que el proyecto del Ejecutivo es claro en prohibir la privatización y el orden de prelación está claramente definido. También es favorable de que exista una autoridad única, ya que al momento cada cual quiere controlar las fuentes de agua  y aquello ha generado desigualdad  en la distribución del líquido de parte de los hacendados.

En el norte del país, dice, hay campesinos que tienen una  hectárea y, muchas veces, tienen su turno de riego cada 15 días, pero los dueños de hacienda se abastecen todo el día, “por eso estamos respaldando la posibilidad de que se realice una redistribución equitativa”, concluye.

Las juntas de agua fueron creadas a través de una ley especial, en 1979, con la finalidad de dotar de agua potable a los sectores rurales, además de alcantarillado sanitario. Estas juntas se autofinancian  para mantener los sistemas a través del cobro de servicio a los usuarios.

En cambio, para Cecilia Chérrez, miembro de Acción Ecológica, la preocupación de la Conaie es justa, ya que si bien el proyecto recoge lo que establece la Constitucion en cuanto a la prelación y a la prohibición de privatización, artículos como el 70 autorizan el uso del recurso para actividades industriales, así como para los contemplados en el Plan de Desarrollo, que incluye la minería a gran escala y la Petroquímica.

“Independientemente de que se diga que no se privatizará el recurso y que se respetará la prelación, el artículo, que es la columna vertebral de la agenda de desarrollo, establece la entrega del agua a actividades con alta demanda”, manifiesta.

Víctor Haz Chavarría
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Reportero - Guayaquil
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ALAI AMLATINA, 02/07/2009.- En la Constitución de Honduras de 1982, como en cualquier otra, es posible encontrar líneas que lleven a alguna contradicción en la práctica. Al igual que los escritos sagrados, no es un texto perfecto. Ha sido escrito por la mano del hombre y de algunas mujeres. No obstante es la constitución vigente en ese país y a ella hay que comenzar a referirse para el más breve análisis sobre el reciente conflicto de poderes.

Quienes secuestraron al presidente Manuel Zelaya y pusieron en su lugar al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, afirman que todo el proceso fue hecho de forma legal y en respaldo a la constitución. Supongo que, como suelen hacerlo las sectas religiosas, han pasado tijera por un par de párrafos y lo han invocado para justificar toda la violencia y arbitrariedad de la que hicieron gala.

Los artículos que parecerían darles la razón a los golpistas son el 239 y el 374. En resumen, ambos dicen que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos”. Más adelante: “No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República”

Pero la realidad está compuesta de varios niveles de integración. Notemos en principio que los partidarios del golpe de Estado entienden que “cesar de sus respectivos cargos” incluye (1) el allanamiento de domicilio; (2) el secuestro por la fuerza de las armas de un presidente; (3) el exilio forzado de todo un grupo, ahora disidente; (4) la desaparición de sus colaboradores; (5) la suspensión de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos (disidentes) de ese país; (6) la intervención de los medios de prensa que no les son favorables, como si no fuera suficiente tener de lado a la prensa más influyente; (7) la promoción de marchas a favor del nuevo régimen y (8) la represión violenta de los manifestantes en contra.

La discusión central debería radicar en estas y otras violaciones a los derechos humanos que comete un “proceso democrático con el apoyo unánime de la población”, definida por el presidente de facto como un ejército de “siete millones de soldados”. Por no ir más lejos con una discusión sobre las tensiones sociales, económicas e ideológicas que históricamente han sido estigmatizadas como demonios comunistas.

Pero como la disputa se ha centrado en la legalidad del golpe de estado para evitar definirlo como tal, volvamos a este punto.

La misma constitución, en el artículo 45, dice que “Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. El artículo 2 dice que “la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria”. Y el artículo 3 complementa: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas”.

No obstante la acción del presidente Zelaya que se alega ilegal consistió en convocar al pueblo para una encuesta no vinculante que podría proponer, o no, un referéndum sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones de noviembre donde él no sería ni podría ser candidato reelegible.

Esta práctica está amparada en el artículo 5 de la Ley de Participación ciudadana de 2006, según el cual es posible realizar consultas populares no vinculantes sobre una gestión o una propuesta política. El decreto 3-2006 aprobado por el mismo Congreso Nacional de Honduras, invocando “la Constitución de la República establece que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan los Poderes del Estado” y considerando que “la evolución y la dinámica del comportamiento social […] debe ser modernizada para no limitar el ejercicio de los derechos constitucionales”, establece en su artículo 5 que “la iniciativa ciudadana es un mecanismo de participación mediante el cual el ciudadano podrá presentar las solicitudes e iniciativas siguientes: Solicitar que los titulares de órganos o dependencias públicas de cualquiera de los poderes del Estado, que convoque a la ciudadanía en general […] para que emitan opiniones y formulen propuestas de solución a problemas colectivos que les afecten. Los resultados no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”.

Es decir, en ningún momento se intentó realizar un referéndum para reformar la constitución. Ni siquiera se propuso una consulta vinculante para promover dicho referéndum. Si las encuestas populares “no serán vinculantes pero sí elementos de juicio para el ejercicio de las funciones del convocante”, entonces no hay directa ni indirectamente un proceso de “reforma de la constitución”.

Ahora, ¿para qué sirve una Asamblea Nacional constituyente? Para redactar una nueva constitución, ya que la actual si bien reconoce que el soberano es el pueblo (no sus representantes), al mismo tiempo no reconoce que este pueblo pueda cambiar su propia constitución en lo que refiere a la forma o el período de sus gobiernos usando medios pacíficos y democráticos.

No es mi interés defender lo que siempre he criticado de los caudillos, como es su costumbre de permanecer de por vida en el poder o en sus sombras. Pero estos caudillos, esta cultura, tradicionalmente han tenido una función social específica, como lo es el mantenimiento de un statu quo que favorece a las clases dominantes. En Honduras, dueñas de los principales medios de comunicación y fabricantes de opiniones y de pasiones a su medida y conveniencia. Lo nuevo no son los caudillos. Lo nuevo son los caudillos que no responden claramente a los deseos de estas clases dominantes.

Recientemente he recibido una avalancha de correos electrónicos a favor y en contra del Golpe de Estado. Tal vez la mayoría no los leeré nunca. Algunos justifican el golpe invocando la pobreza, la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Razón por las cuales habría que dar un golpe de Estado en cada país de este mundo. Uno de estos mensajes defendía, digamos que con honestidad, su defensa a la democracia y al golpe de Estado con el siguiente argumento en mayúsculas: “No es coincidencia que el que apoya al asno de Mel [Zelaya] sean pobres, sin educación, sin criterio propio. Eso es un abuso”.

Con frecuencia una frase vale por mil palabras.

- Jorge Majfud, PhD, Lincoln University, School of Humanities, Department of Foreign Languages and Literatures. www.majfud.50megs.com - http://escritos.us
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“Y volverá a preguntársenos: ¿qué ha dejado a la Kultura Don Quijote? Y diré: ¡el quijotismo, y no es poco! Todo un método, toda una epistemología, toda una estética, toda una lógica, toda una religión sobre todo, es decir, una economía a lo eterno y lo divino, toda una esperanza en lo absurdo racional”.

 Miguel de Unamuno , Del sentimiento trágico de la vida,   1912

 Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario

En la Asamblea Constituyente, el Buen Vivir o Sumak Kawsay (en kichwa) fue motivo de diversas interpretaciones. En un debate, que en realidad recién empieza, primó el desconocimiento y el temor en algunos sectores. Para unos el Buen Vivir, al que lo entendían ingenuamente como una despreocupada y hasta pasiva dolce vita , les resultaba inaceptable. Otros, quizás temerosos de perder sus privilegios, no dudaron en anticipar que con el Buen Vivir se proponía el retorno a la época de las cavernas.

Algunos asambleístas, contando con el eco perturbador de gran parte de una prensa mediocre e interesada en el fracaso de la Constituyente, acostumbrados a verdades indiscutibles, clamaban por concreciones definitivas. Mientras que otros, incluso algunos que inclusive alentaron este principio fundacional de la Constitución de Montecristi, al perecer no tenían clara la trascendencia de esta decisión…

Para entender lo que implica el Buen Vivir, que no puede ser simplistamente asociado al “bienestar occidental”, hay que empezar por recuperar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas; planteamiento que también se cristaliza en la discusión constitucional en Bolivia. Eso, de plano, no significa negar la posibilidad para propiciar la modernización de la sociedad, particularmente con la incorporación en la vida de muchos y valiosos avances tecnológicos de la humanidad.

En la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas, en las sociedades indígenas de nuestro país no existe el concepto de desarrollo, nos recuerda Carlos Viteri Gualinga. Es decir, no hay la concepción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior. No hay aquella visión de un estado de subdesarrollo a ser superado. Y tampoco un estado de desarrollo a ser alcanzado. No existe, como en la visión occidental, está dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Para los pueblos indígenas tampoco hay la concepción tradicional de pobreza asociada a la carencia de bienes materiales o de riqueza vinculada a su abundancia.

Desde la cosmovisión indígena el mejoramiento social -¿el desarrollo?- es una categoría en permanente construcción y reproducción. En ella está en juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holístico, por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir constituye una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. Y su aporte nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas.

Pero eso no es la única fuente de inspiración para impulsar el Buen Vivir. Incluso desde círculos de la cultura occidental se levantan cada vez más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión indígena. En el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad global del estilo de desarrollo dominante.

Frente a los devastadores efectos del calentamiento global, se plantean cambios para que la humanidad pueda escapar con vida de los graves riesgos ecológicos y sociales en ciernes. El crecimiento material sin fin podría culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar el mencionado recalentamiento de la atmósfera o el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de fuentes de agua dulce, la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, la degradación de suelos o la propia desaparición de espacios de vida de las comunidades locales...

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada, concepto que está íntimamente vinculado al de desarrollo, al menos en su acepción occidental. Valga traer nuevamente a colación la visión crítica del crecimiento económico que tiene Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1997. Para reforzar la necesidad de una visión más amplia, superadora de los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, él insiste “que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo no provinieron de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino de un reconocimiento insuficiente de que ese proceso no es más que un medio para lograr otros fines. Esto no equivale a decir que el crecimiento carece de importancia. Al contrario, la puede tener, y muy grande, pero si la tiene se debe a que en el proceso de crecimiento se obtienen otros beneficios asociados a él. (…) No sólo ocurre que el crecimiento económico es más un medio que un fin; también sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente". Y por lo tanto, no es la única vía a la que debería darse necesariamente prioridad.

Incluso a escala global la concepción del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de absorber todo lo producido, muestra que más que producir el desarrollo lo que se observa, como señala José María Tortosa, es un “mal desarrollo”. Tortosa va más allá. El afirma que “el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador” (…) La razón es fácil de entender: es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. Ésa es la regla de juego que para nada es atemperada por la “mano invisible” de los sentimientos morales de que hablaba Adam Smith, es decir, por el sentido de la responsabilidad. Si “todo vale”, el problema no es de quién ha jugado qué cuándo, sino que el problema son las mismas reglas del juego. En otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es a esa lógica a donde hay que dirigir la atención.”

Eso no es todo, a más de no obtener el bienestar material, se están afectando la seguridad, la libertad, la identidad de los seres humanos. Ese mal desarrollo, generado desde arriba, sea desde los gobiernos centrales y sus empresas transnacionales, o desde las élites dominantes a nivel nacional, implica entonces una situación de complejidades múltiples que no pueden ser explicadas a partir de versiones monocausales. Por ello está también en cuestión aquella clasificación de países desarrollados y subdesarrollados, tanto como el mismo concepto de desarrollo tradicional. Y, por cierto, aquella lógica del progreso entendida como la acumulación permanente de bienes materiales.

En esta línea de reflexión, desde la vertiente ambiental, podríamos mencionar los reclamos de cambio en la lógica del desarrollo, cada vez más urgentes, de varios pensadores de gran valía, como Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich, Herman Daly, José Manuel Naredo, Joan Martínez Allier, Roberto Guimaraes, Eduardo Gudynas, entre otros. Sus cuestionamientos a las estrategias convencionales se nutren de una amplia gama de visiones, experiencias y propuestas propias de la misma civilización occidental. Sus argumentos prioritarios son una invitación a no caer en la trampa de un concepto de “desarrollo sustentable” que no afecte la revalorización del capital, hoy vendido como “capitalismo verde”. También alertan sobre los riesgos de una confianza desmedida en la ciencia su técnica. En definitiva, estos pensadores cuestionan la idea tradicional del progreso material y proponen nuevas formas de organización de la vida misma.

La búsqueda de nuevas formas de desarrollo implica revitalizar la discusión política, ofuscada por la visión economicista sobre los fines y los medios. Al endiosar la actividad económica, particularmente al mercado, se han abandonado muchos instrumentos no económicos, indispensables para el desarrollo. La resolución de los problemas exige una aproximación multidisciplinaria.

La acumulación material -mecanicista e interminable de bienes-, apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza” (Eduardo Gudynas), no tiene futuro. Los límites de estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables. El ambiente, es decir los recursos naturales no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo. Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto una construcción social y en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente, sobre todo si la humanidad no está fuera de la Naturaleza. La visión dominante, que pretende ver a la humanidad por fuera de la Nasturaleza,   incluso al definirla como Naturaleza sin considerar al ser humano como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos naturales e incluso en “capital natural” a ser explotados. Cuando, en realidad, la Naturaleza hasta podría existir sin seres humanos…

En este punto hay que rescatar las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. Esto exige, desde la perspectiva de Roberto Guimaraes, tener “como norte una nueva ética del desarrollo, una ética en la cual los objetivos económicos de progreso estén subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoría de la calidad de vida de las personas”. Para él, “el crecimiento, definido como incremento monetario del producto y tal como lo hemos experimentado, constituye un componente intrínseco de la insustentabilidad actual”. Esto, siguiendo al mismo autor, nos conduce al “desplazamiento del crecimiento como un fin último hacia el desarrollo como un proceso de cambio cualitativo”. Y eso -pensando desde ya en lo que podría ser una economía postcrecimiento, como lo entiende Enrique Leff- se logrará, para volver a Guimaraes, “en la medida que se logre preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera y, a la vez, se preserve la biodiversidad del planeta”. Para lo que habrá de “transitar del actual antropocentrismo al biopluralismo, otorgando a las especies el mismo derecho ‘ontológico’ a la vida”.

Estos planteamientos de Guimaraes ubican con claridad por donde debería marchar el desarrollo sustentable, si realmente pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la Naturaleza y permite un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. La Naturaleza, en definitiva, debe tener la necesaria capacidad de carga y recomposición para no deteriorarse irreversiblemente por efecto de la acción del ser humano. He aquí una aproximación ética explicativa de los derechos que se otorgaron a la Naturaleza en Montecristi.

En suma, el desarrollo debe ser sustentable ambientalmente en tanto compromiso con las generaciones futuras. En esa línea de pensamiento, si aceptamos que es necesaria una nueva ética del desarrollo, hay que incorporar elementos consustanciales a un verdadero proceso de transformaciones radicales, como son la igualdad, las diversas equidades [2] y la justicia social (productiva y distributiva), así como elementos morales, estéticos y espirituales. Y esto dentro de un esfuerzo de democratización permanente de la sociedad, a partir de la construcción de ciudadanías sólidas.

Entonces, de ninguna manera es aceptable un estilo de vida fácil para un grupo reducido de la población, mientras el resto, la mayoría, tiene que trabajar para sostener los privilegios de aquel segmento privilegiado y opresor. Esta es la realidad del régimen de desarrollo actual, una realidad propia del sistema capitalista. Ya lo apuntó -en su obra clásica, Investigación sobre Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones (1776)- Adam Smith, profeta del liberalismo: “Allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”. El capitalismo ha demostrado una gran capacidad productiva. Ha podido dar lugar a progresos tecnológicos sustanciales y sin precedentes. Ha conseguido incluso reducir la pobreza en varios países. Sin embargo, produce también procesos sociales desiguales entre los países y dentro de ellos. Sí, se crea riqueza, pero son demasiadas las personas que no participan de esos beneficios.

Aquí cobra renovado vigor las propuestas de Amartya Sen, para quien el “poder de crear riqueza” equivaldría a la posibilidad de “ampliación de las capacidades” del ser humano. No cuentan tanto las riquezas o sea las cosas que las personas puedan producir durante sus vidas, sino lo que las cosas hacen por la vida de las personas: “El desarrollo debe preocuparse de lo que la gente puede o no hacer, es decir si pueden vivir más, escapar de la morbilidad evitable, estar bien alimentados, ser capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en tareas literarias y científicas, etc. En palabras de Marx, se trata de 'sustituir el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las circunstancias'” (Sen). Una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo de cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. Esta es, a no dudarlo, una visión equiparable con el Buen Vivir, deseable y posible en un país con tantas posibilidades como el Ecuador.

Por este motivo resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el paradigma desarrollo tal y como es concebido en el mundo occidental. No sólo que no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que está poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad. El Buen Vivir, entonces, tiene una trascendencia mayor a la sola satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes. En este contexto, desde la filosofía del Buen Vivir se precisa cuestionar el tradicional concepto de desarrollo. La acumulación material permanente de bienes materiales no tiene futuro.

El desarrollo, mejor digámoslo un renovado concepto de desarrollo, visto desde esta perspectiva -planteada también por connotados tratadistas latinoamericanos [3] - implica la expansión de las potencialidades individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay que desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo, como condición fundamental, cualquier persona ha de tener las mismas posibilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. El Estado corregirá las deficiencias del mercado y actuará como promotor del desarrollo, en los campos que sea necesario. Y si el desarrollo exige la equidad y la igualdad, éstas sólo serán posibles con democracia -no un simple ritual electoral- y con libertad de expresión, verdaderas garantías para la eficiencia económica y el logro del Buen Vivir, en tanto camino y en tanto objetivo.

El Buen Vivir, más que una declaración constitucional, se presenta, entonces, como una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo. Su contenido no se refleja simplemente en   una sumatoria de artículos constitucionales en donde se mencionan estas palabras: Buen Vivir. Es mucho más que la posibilidad de introducir cambios estructurales a partir del cumplimiento de los diferentes artículos constitucionales en donde se aborda expresamente o no el Buen Vivir. Esta propuesta, siempre que sea asumida activamente por la sociedad, en tanto recepta las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como de amplios segmentos de la población, puede proyectarse con fuerza en los debates de transformación que se desarrollan en el mundo.

El Buen Vivir, en definitiva, tiene que   ver con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasmado en los principios orientadores del régimen económico, que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos individual y colectivamente, así como con la Naturaleza. En esencia busca construir una economía solidaria, al tiempo que se recuperan varias soberanías como concepto central de la vida política del país.

Hacia la construcción de una economía solidaria

Desde esa perspectiva, el Buen Vivir, en tanto régimen de desarrollo en construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, tal como se aprobó en Montecristi, busca una vida armónica. Es decir equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza. No se puede olvidar que lo humano se realiza (o debe realizarse) en comunidad; con y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar a la Naturaleza.

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria. 

El mercado por si solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se busca construir una sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

El mercado, tanto como el Estado, requieren una reconceptualización política, que conduzca a regulaciones adecuadas. El mercado es una relación social sujeta a las necesidades de los individuos y las colectividades, entendida como un espacio de intercambio de bienes y servicios en función de la sociedad y no sólo del capital. “Los mercados pueden ser totalmente inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social”, nos recuerda Luis de Sebastián. Por lo tanto, siguiendo el pensamiento de Karl Polnayi -“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”-, al mercado hay que organizarlo y controlarlo como a un sirviente, pero no asumirlo como un amo. El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado, mientras que el mercado habrá de ser civilizado, lo que, en ambos casos, implica una creciente participación de la sociedad.

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía ecuatoriana hay que desarmar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. El éxito o el fracaso no es solo una cuestión de recursos físicos sino que depende decisivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de los habitantes del país. Existen sobradas razones para afirmar que el principal estrangulamiento para asegurar una vida mejor, en un mundo mejor, para todos y todas, es la ausencia de políticas e instituciones [4] que permitan fortalecer e impulsar las capacidades humanas de cada una de las culturas existentes.

Está claro que en la nueva Constitución, no está en juego simplemente un proceso de acumulación material. Se precisan respuestas políticas que hagan posible un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos fundamentales (derechos humanos en términos amplios y derechos de la Naturaleza), como base para una sociedad solidaria, en el marco de instituciones que aseguren la vida. Las instituciones actualmente vigentes, apegadas a los dogmas ortodoxos, apenas han contribuido a paliar circunstancialmente los elementos más explosivos del subdesarrollo.

Se persigue una economía que garantice el derecho de propiedad bien habida. Pero sobre todo el derecho a la propiedad de quienes nada o muy poco tienen. Esta nueva economía consolida el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regulación y control en la prestación de los servicios públicos. Igualmente considera diversas formas de hacer economía: estatal, pública, privada, mixta, comunitaria, asociativa, cooperativa… Busca, con esto, ampliar la base de productores y propietarios en el Ecuador en un esquema de economía solidaria que articule a activa y equitativamente a todos los segmentos productivos.

La redistribución de la riqueza (de la tierra, por ejemplo) y la distribución del ingreso, con criterios de equidad, así como la democratización en el acceso a los recursos económicos, como son los créditos, están en la mira de esta economía solidaria. Así, las finanzas deben cumplir un papel de apoyo al aparato productivo y no ser más simples instrumentos de acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos; realidad que alienta la especulación financiera. Los bancos, por lo tanto, en un plazo perentorio, tendrán que vender todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera, incluyendo sus medios de comunicación.

La Constitución propone también la construcción de una nueva arquitectura financiera, en donde los servicios financieros son de orden público. Allí se reconoce a las finanzas populares como promotoras del desarrollo y se incentiva la creación de una banca pública de fomento, como aglutinadora del ahorro interno e impulsador de economías productivas de características más solidarias. Un tratamiento preferente a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a las diversas formas de ahorro popular, también está reconocido constitucionalmente.

El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización; incluso el incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado.   Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

En lo social, se priorizaron las inversiones en educación y salud. [5] En tanto derechos humanos, la educación y la salud serán servicios gratuitos; se incluyó específicamente la gratuidad de la educación en el nivel universitario. La gratuidad en el acceso a la justicia es otro de los derechos consagrados en la Constitución. Se aprobó la universalidad de la seguridad social, de ninguna manera su privatización. Todo este esfuerzo en lo social se complementa con una serie de disposiciones para superar tanto el machismo como el racismo, así como toda forma de exclusión social.

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios Todos estos derechos, para su cumplimiento, exigirán ajustes en la distribución de la riqueza y del ingreso, puesto que su vigencia no sólo puede estar garantizada por posibles ingresos petroleros u otros similares. Los derechos deben ser garantizados por la sociedad para todos sus miembros, en cualquier tiempo o circunstancia, no sólo cuando hay excedentes financieros.

En el nuevo texto constitucional existe una sección completa sobre derechos y garantías para personas con discapacidades, que constituyen, además, una temática transversal a toda la Constitución.

En esta carta magna se consolidan los derechos de los y las emigrantes. No sólo que podrán votar en las elecciones ecuatorianas y que tendrán representantes a la Asamblea Nacional, elegidos por ellos, sino que podrán impulsar varias iniciativas políticas, inclusive de ley. El Estado generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, para que dichos recursos se orienten hacia la inversión productiva de calidad decidida por los propios emigrantes. También se estimulará su afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; para lograrlo se contará con el aporte de las personas domiciliadas en el exterior. En un gesto de coherencia con la defensa de los derechos de los compatriotas en el exterior, esta Constitución asegura similares derechos a los extranjeros y a los ecuatorianos: los extranjeros que tengan residencia de cinco años en el Ecuador -por ejemplo- podrán ejercer el derecho al voto, sin necesidad de acuerdos bilaterales con sus países de origen; no podrán ser devueltos o expulsados a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. En esa línea de compromiso se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser singularizados.

No se espera a que cambie el mundo para recién entonces avanzar en el campo de la migración, se actúa para provocar el cambio del mundo…

En sintonía con estas propuestas en el ámbito de la movilidad humana se impulsa el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. Para lograrlo se promueve la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en dicha región; la instrumentación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y, la protección común de los latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio.

Con esta Constitución, a diferencia del pensamiento neoliberal todavía dominante, se quiere recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de una sociedad que busca sistemáticamente la libertad, la igualdad y la equidad, así como la solidaridad en tanto elementos rectores del Buen Vivir. En su articulado, más allá de las simples interpretaciones que hacen los constitucionalistas frustrados, encontramos borradores de una utopía por construir. Una utopía que implica la crítica de la realidad desde los principios plasmados en la Constitución de Montecristi. Una utopía que, al ser un proyecto de vida en común, nos dice lo que debe ser.... alternativa imaginaria, políticamente conquistada, a ser ejecutada por la acción de la ciudadanía.

Por eso, en forma pionera a nivel mundial, en la nueva Constitución se ha establecido que la Naturaleza es sujeto de derechos. Esta definición enfrenta la actual crisis civilizatoria, cuando ya se ve la imposibilidad de continuar con el modelo industrialista y depredador basado en la lucha de los humanos contra la Naturaleza. No va más la identificación del bienestar y la riqueza como acumulación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimiento y consumo ilimitados. En este sentido es necesario reconocer que los instrumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no sirven. Son instrumentos que naturalizan y convierten en inevitable lo existente. Son conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, que pretenden convencer de que este patrón civilizatorio es natural e inevitable (Edgardo Lander).

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se estaría superando la clásica versión por la que la conservación del medioambiente es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar de un medioambiente sano y no contaminado”. Los derechos de la Naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las siguientes generaciones de gozar un ambiente sano. Pero estos derechos acogen otros criterios de justicia que superan la visión tradicional de justicia, lo que provoca varios conflictos conceptuales entre los constitucionalistas y juristas tradicionales.

De esta nueva concepción jurídica -todavía en construcción- se derivan decisiones trascendentales. El agua es asumida como un derecho humano fundamental, que cierra la puerta a su privatización; en concreto se afirma que reconoce que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la Naturaleza y para la existencia de los seres humanos; la Constitución plantea prelaciones en el uso del agua: consumo humano, riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden. La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del agua, se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se plasma aquí la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía aleimentaria o el equilibrio ecológico.

Esta Constitución, la más ecuatoriana de toda la historia, que ofrece una categórica propuesta de descentralización y autonomías, sobre bases de solidaridad y equidad, abre la puerta también a la integración regional. Sin la integración de los pueblos de Nuestra América Latina no hay desarrollo. Ese es un paso fundamental para que dichos pueblos puedan insertarse con dignidad e inteligencia en el contexto mundial. Y para hacerlo, la Constitución declara al Ecuador como un territorio de paz, en donde no podrán asentarse fuerzas militares extranjeras con fines bélicos, ni ceder bases militares nacionales a soldados foráneos.

Finalmente, el Buen Vivir, una filosofía de vida, abre la puerta para construir un proyecto liberador y tolerante, sin perjuicios ni dogmas. Un proyecto que, al haber sumado muchas historias de luchas de resistencia y de propuestas de cambio, se posiciona como punto de partida para construir una sociedad sustentable en todos los ámbitos.

La nueva Constitución, medio y fin para cambios estructurales

Como punto básico de la nueva Constitución tenemos que resaltar la declaración de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Con esta definición se abre la posibilidad de un nuevo pacto de convivencia amplia, de múltiples entradas. Sin pretender agotar los alcances de esta definición, cabría resaltar que lo constitucional se posiciona prioritariamente para intentar desterrar la permanente violación de las cartas magnas y lo plurinacional conduce a una suerte de refundación del Estado en tanto toma en cuenta definitivamente la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas, lo que significa un salto cualitativo de la mirada monocultural eurocéntrica imperante hasta ahora.

Por ello es preciso reformular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía. La crisis de representación política que ha afectado y aún afecta a las instancias parlamentarias, implica una crisis del Derecho Constitucional en tanto que la “soberanía popular” está sometida a los apetitos privados en contradicción con las exigencias ciudadanas, lo cual crea un conflicto en el sistema de legitimación. El Derecho Constitucional fue un derecho de papel. La tarea planteada por la nueva Constitución es superar aquel conjunto de normas acordadas explícita o implícitamente por los grandes agentes económicos, que actúan con independencia de los poderes públicos en la regulación de las relaciones de estos entes privados, entre ellos mismos y con el Estado. Finalmente, han sido estas regulaciones desde los intereses privados, incluso transnacionales, las que han determinado las relaciones políticas con el Estado. Esto ha implicado una desvalorización del Derecho constitucional y de las constituciones, con una pérdida de soberanía por parte del pueblo.

“La gran tarea -en palabras de Rómulo Salazar Ochoa- consiste en que comencemos a trabajar para arrancar el derecho constitucional del “ pedestal academicista” en el que la derecha mantuvo la Constitución y convirtamos a ésta en inspiración y expresión del pensamiento social en función del cambio y la transformación política, garantizando el respeto a los derechos de las personas y de las colectividades. Esta preocupación, desde luego, comienza a despejarse en la medida en logramos entender que los principios constitucionales rigen a pesar de los vacíos, limitaciones y tergiversaciones que respecto de ellos contiene la ley, y que por lo mismo, a diferencia del viejo positivismo, no es y no puede ser ella sino el propio texto constitucional la fuente de nuestros derechos y garantía a la vez de su eficacia en armonía con la más alta significación de la naturaleza humana.”

La propia Constitución establece, por tanto, que para la consecución del Buen Vivir, a las personas y a las colectividades, y a sus diversas formas organizativas, les corresponde participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. El Buen Vivir no será nunca una dádiva de los actuales grupos de poder. La construcción de una sociedad equitativa, igualitaria y libre, sólo será posible con el concurso de todos y de todas.

Por todo lo expuesto anteriormente, recién ha empezado el verdadero proceso constituyente. Un proceso que exige una mayor y más profunda pedagogía constituyente, así como una sociedad movilizada que impulse la consecución de los logros constitucionales. Un proceso de constitución de ciudadanía.

La consolidación de las nuevas normas constitucionales en leyes y en renovadas políticas coherentes con el cambio propuesto, es una tarea que convoca a los habitantes del campo y de la ciudad a seguir caminando por la senda de las movilizaciones. Hay que impedir que, por ejemplo a través de las nuevas leyes, se trate de vaciar de su contenido histórico a la nueva Constitución, que recibió en las urnas el masivo respaldo de la sociedad.

Esta Constitución, éste es quizás uno de sus mayores méritos, abre la puerta para disputar el sentido histórico del desarrollo. Estamos concientes que estas nuevas corrientes del pensamiento jurídico no están exentas de conflictos. Al abandonar el tradicional concepto de la ley como fuente del derecho, se consolida a la Constitución como punto de partida jurídico independientemente de las visiones tradicionales. No debe sorprendernos, entonces, que esta nueva carta magna genere conflictos con los jurisconsultos tradicionalistas, así como con aquellos personajes acostumbrados a tener la razón en función de su pensamiento (y sobre todo de sus intereses).

Los Derechos de la Naturaleza, por ejemplo, han sido vistos como un “galimatías conceptual”. Les resulta difícil entender que el mundo cambia y harán lo imposible para intentar detener los cambios. Este conflicto será positivo para la sociedad, servirá para fortalecer el proceso democrático. “La tarea, desde luego, no es fácil y no tiene porque serlo; al contrario, como las grandes causas, es ardua y prolongada, pero ha comenzado con la vigencia de la Constitución de Montecristi. La óptica constitucional del derecho implica, además de una actitud profundamente ética, una elevada formación intelectual…” (Rómulo Salazar Ochoa).

No se trata simplemente de hacer mejor lo realizado hasta ahora. Como parte de la construcción colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y ambiental es necesario construir nuevos espacios de libertad y romper todos los cercos que impiden su vigencia.

Para empezar reconozcamos que, en la actualidad, todavía están presentes tesis y prácticas desarrollistas propias de una economía extractivista, que no han permitido el desarrollo y que están minando las bases de la Naturaleza. Los actuales gobiernos progresistas en América Latina han tenido avances en algunas áreas, especialmente la social, pero muestran enormes dificultades para generar nuevos estilos de desarrollo, en particular en lograr otra apropiación efectiva de los recursos naturales para la sociedad en su conjunto y reducir el grado de deterioro ambiental.

En Ecuador, el propio gobierno que impulsó activamente la aprobación de la nueva Constitución en el referéndum, sigue atado a visiones y prácticas neodesarrollistas, que no garantizan un verdadero desarrollo y que, además, estarán en permanente contradicción con el espíritu del Buen Vivir. Por tanto, no sólo es indispensable superar las prácticas neoliberales, sino que es cada vez más imperioso garantizar la relación armónica entre sociedad y Naturaleza. Hoy más que nunca, en medio de la debacle financiera internacional, que es apenas una faceta de la crisis civilizatoria que se cierne sobre la humanidad, es imprescindible construir una concepción estratégica nacional -otro mandato de la nueva Constitución-, sobre bases de creciente soberanía, para insertarse inteligentemente y no en forma dependiente en la economía mundial. Hay que terminar con aquellas relaciones financieras especulativas que han colapsado y, sobre todo, hay que cambiar aquella visión que condena a nuestros países a ser productores y exportadores de materias primas.

Se necesita dar vuelta la página definitivamente. De todo lo anterior se desprende que hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar aquellos efectos positivos que se puedan obtener de la extracción de recursos naturales, sin perder de vista que esta actividad, sobre todo cuando se realiza a gran escala, afecta a la Naturaleza y a las comunidades. Por lo tanto, es ingenuo creer que ampliando dichas actividades extractivistas se obtendrán recursos para financiar otro tipo de actividades que puedan sustituir a la extracción masiva de recursos naturales… El “desarrollismo senil” (Joan Martínez Allier), por lo demás, no es el camino para el desarrollo. La consecución de una mayor disponibilidad de crecientes ingresos financieros no ha asegurado el desarrollo de ningún país. No podemos vivir prioritariamente de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres humanos, viviendo y conviviendo con la Naturaleza. Es preciso generar capacidades sociales.

Hay que dejar atrás, también, lo que el actual vicepresidente boliviano Álvaro García Linera define como “patrimonialismo popular”, en el que se recrean las prácticas rentísticas y clientelares con otras formas e incluso con otras preferencias. “Hoy el patrimonialismo -al decir de García Linera- es más ‘democrático’, comienza a socializarse, ya no es un privilegio de casta reducido al color de piel, el apellido, o la herencia familiar, sino que es asumido como un derecho de todos, pero no deja de ser patrimonialismo popular. (Y) esto es complicado porque, con quiebres, habla de una continuidad que no ha podido ser superada”. Desarrollo si, patrimonialismo no. Esa es la gran tarea.

Para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles. Es urgente apropiarse democráticamente del contenido de la nueva Constitución. Los futuros acuerdos políticos, indispensables para enraizar la nueva Constitución, tienen como condición innegociable sustentarse en el sentido de país, aportar al Buen Vivir y no sacrificar los intereses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones; los privilegios de unos pocos son insostenibles. A diferencia de las prácticas de los grupos oligárquicos (causantes de la crisis nacional) que han controlado el Estado durante décadas, no se quiere ganar posiciones simplemente con la fuerza del número, sino con la de los argumentos. La Constitución debe ser realmente de todos y de todas, no de un gobierno en particular.

La responsabilidad es grande y compleja. Estamos ante el imperativo de construir democráticamente una sociedad realmente democrática, fortificada en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practicante de sus obligaciones, incluyente, equitativa, justa y respetuosa de la vida. Una sociedad “que incorpore el anticapitalismo sin planificación burocrática y con pluralismo político”, para ponerlo en palabras de Claudio Katz. Una sociedad en la que sea posible que todos y todas tengamos iguales posibilidades y oportunidades, donde lo individual y lo colectivo coexistan, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.-

Alberto Acosta
Ecuador Debate

[1] Economista. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.
[2] Económica, social, intergeneracional, de género, étnica, cultural especialmente.
[3] Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Jürgen Schuldt, José Luís Coraggio.
[4] Conjunto de normas y reglas emanadas de la propia sociedad, que configuran el marco referencial de las relaciones humanas.
[5] Cumpliendo el mandato popular de fines del 2006, se destinará anualmente al menos 6% y 4% del PIB, por lo menos, para educación y salud, respectivamente.
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El Sahara Occidental –antes Sahara Español–, también conocida como República Saharaui, único país árabe africano hispano-parlante, el 26 de febrero celebra 35 años de haber salido España de su territorio, y 26 del establecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia.

La efeméride es de gran significado en la lucha reciente de los pueblos por exterminar los últimos vestigios de colonialismo, y darles bases firmes a derechos como soberanía y autodeterminación.

Espina que atormenta


Aunque la causa Saharaui dio cuenta de la metrópoli española, desde 1975 brega contra la invasión que Marruecos hizo de su territorio, inundándolo con infinidad de violaciones a los derechos humanos: bombardeos, detenciones en masa, desapariciones, torturas, asesinatos. El drama de los Saharauis es tal, que hoy en día, no existe ninguna familia que no haya sido víctima directa de dicha represión. Miles de personas fueron detenidas, entre las cuales cientos murieron en las cárceles marroquíes. En la actualidad 526 saharauis aún siguen en paradero desconocido (ver El Sahara Occidental y los desafíos democráticos, desde abajo Nº 164, diciembre de 2010, pág. 20).

El invasor, en su afán por controlar y dividir, ha construido además el que hoy se conoce como Muro de la Infamia: más de 2.700 kilómetros, millones de minas, alambradas, sistemas sofisticados de radar y 150.000 soldados, que aísla las zonas ocupadas del Sahara Occidental bajo férreo bloqueo y aislamiento del resto del mundo, sin comparación alguna en la historia de la humanidad.

Para conmemorar la lucha de este pueblo, el 24 de febrero, a partir de las 6:30 p.m., se llevará a efecto un conversatorio en el auditorio de la Universidad Distrital, carrera 8 Nº 40-42, en el cual intervendrán Don Mujtar Leboihi, Embajador de la RASD en Misión, y Héctor-León Moncayo, integrante del consejo de redacción del periódico desde abajo.

De igual manera, se realizan otras actividades conmemorativas del trigésimo-quinto aniversario de la constitución del Estado Saharaui y el aniversario número 26 del establecimiento de relaciones entre la RASD y Colombia, como videos, charlas, conferencias y exposiciones fotográficas en varias universidades, así como una semana cultural en la Librería Luvina, ubicada en Carrera 5 Nº 26A-06, entre el 23 y el 1º de marzo.


Datos generales sobre el Sahara Occidental


Superficie terrestre: 266.000 kilómetros cuadrados.
Capital: El Aaiún (actualmente ocupado por el gobierno de Marruecos). Bir Lehlu es la capital eventual.
Moneda: Peseta saharaui.
Idioma: Árabe clásico, hassanía y español.

País semidesértico, dividido en dos regiones: Saguia al-Hamra y Río de Oro. Posee una de las mayores reservas pesqueras del mundo, el banco pesquero canario-sahariano. Su principal riqueza es la minería y la fauna marina.
Hay grandes yacimientos de fosfato en la región de Bu Craa, además de otros minerales. Cuenta también con mantos acuíferos aún por determinar, y zonas con petróleo, hierro y gas, entre otros recursos.

Gobierno: República semipresidencial. La primera Constitución se elaboró en 1976.
Presidente: Mohamed Abdelaziz.
Gobierno: Un primer ministro y su gabinete.
Parlamento: Constituido por dos Cámaras: el Consejo Nacional Saharaui y el Consejo Consultivo. Con un presidente y comisiones que tienen que ver con toda la vida social, política y económica del Estado.
Consejo Constitucional: Vela por la constitucionalidad de la leyes antes de su promulgación y verifica la regularidad de las elecciones parlamentarias, entre muchas otras funciones.

Principales organizaciones sociales:
 Unión General de Trabajadores de Saguia al-Hamra y Río de Oro (UGTSARIO), Unión General de Mujeres, Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, Unión de Juristas.


Una sociedad nueva


La guerra ha cambiado en 35 años los modos de vida y de producción de los saharauis. La República Saharaui ya ha fijado las bases de las instituciones que regirán el Estado Saharaui una vez restablecida totalmente su soberanía en el conjunto de su territorio. Ya se trate de la educación o la salud, sectores esenciales para la promoción de la sociedad, se puede apreciar un progreso significativo a pesar de la coyuntura. Los saharauis están muy orgullosos hoy de tener la tasa de escolarización más elevada en el Maghreb, incluso del continente africano, y de encontrarse a salvo de las epidemias que siembran estragos en otros países.

La mujer está a la cabeza de esta nueva sociedad. Los saharauis son conscientes de que el esfuerzo nacional de liberación y de edificación del país exige la participación de todos y de todas. Hay sitio para todos, especialmente para la mujer, a quien los valores y las tradiciones de la sociedad saharaui le otorgan un sitio privilegiado en comparación con otras sociedades árabes y musulmanas.


Reconocimiento internacional


La República Saharaui (RASD) es reconocida hoy por más de 80 Estados en el mundo, dentro de los que está Colombia desde 1985, y desde julio de 2000 es miembro fundador de la Unión Africana (UA). La RASD suscribió las cartas y principios de la UA y de la ONU sobre el respeto a las normas de la legalidad internacional, la cooperación y la buena vecindad. Además, trabaja intensamente por establecer relaciones multilaterales basadas en el respeto mutuo. Es firmante de la Carta Africana para los Derechos del Hombre y de los Pueblos, así como de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Riquezas abundantes

La RASD es para el Maghreb lo que es Kuwait para el Golfo. Es un país muy rico en minerales, hidrocarburos, fosfato, energía solar, agua. Su costa alcanza más de mil kilómetros, donde están unos de los bancos de pesca más importantes del mundo, recursos que el pueblo saharaui no ha podido disfrutar debido a la ocupación ilegal y que Marruecos explota en flagrante violación del Derecho Internacional. Tanto el Secretario General de la ONU como el señor Hans Corell, su asesor jurídico, han dictaminado la ilegalidad de la exploración y la explotación de los recursos naturales del pueblo saharaui.
Publicado enEdición 166