Lunes, 05 Noviembre 2018 06:51

Bolsonaro y el progresismo

Bolsonaro y el progresismo

El “progresismo” gusta de su programa más o menos impreciso. Le alcanza la confianza de ir para adelante intuyendo que los obstáculos de la historia se diluyen rápido. ¿Cuánto dura una pesadilla? La medida del progresismo son tiempos cortos para un mal sueño y todas las garantías de la razón para ver cómo se apartan las rémoras del camino. ¿En Brasil el progresismo no supo ver los listados que hacen los encuestadores? Ellos en general nos dicen, que tanto allá como aquí, existe una preocupación popular por la seguridad, luego por la inflación, luego –y quizás en primer lugar–, por la necesidad de “evaluar docentes”. Continuando por la corrupción, quizás no antes de las penurias económicas. Y después, a preguntas inquietantes como “qué haría si... por ejemplo, debiera juzgar al policía Chocobar, a la Gendarmería y su represión en el sur”..., la respuesta del “pensamiento popular” podría ser más bien benévola que indignada. ¿Entonces?

En los años veinte, Walter Benjamín escribió su célebre Para una crítica de la violencia, texto de absoluta actualidad, donde se constatan tanto las direcciones fundamentales de la violencia del mito y lo sagrado. Habría allí sendas violencias que bifurcan el modo de fundar sociedades, y también la propensión de un sentir amplísimo de las clases populares, dispuestas a promover la pena de muerte. El problema es de vieja data. Benjamin, en ese trabajo, estaría anunciando el nazismo. Los héroes de las estadísticas son el policía implacable antes que la maestra comprensiva, el gendarme antes que profesor universitario y el vecino que actuó por mano propia en obvia legítima defensa antes que el abogado garantista que puso en duda si era necesaria esa serie de empeñosos disparos vecinales.


Así, el progresismo que le confirió al pueblo la potestad de sujeto de la historia, titular de derechos cívicos, de decisiones igualitaristas y formas de vida emancipadas, no estaría viendo el rostro oscuro de las creencias. No habría podido interpretar una nocturna marejada de deseos informulados, ansiedades vicarias, expectativas mustias, palabras quebradas, inciertas adhesiones que abrigan secretos canjes emocionales, militarización de la fe, mitologías vitalistas en torno a la religión, el deporte y el consumo. ¿No ven que así es imposible, se les dice a los progresistas, pensar a ese pueblo que ustedes consideran depositario de un papel diáfano en la historia? Son los que no comprenderían lo terriblemente opaco de la existencia, el anuncio de una nueva reflexión sobre cómo se han diversificado los bagajes culturales, anclados en secreciones del lenguaje diario. En esoterismos imprevisibles que corren como río subterráneo bajo las vidas urbanas más previsibles, aunque rotas por dentro.


Sin exigencias reflexivas mayores, el progresismo ignoraría ese mundo anterior a los predicados políticos, constitucionales o argumentales. Se trata de un ser amorfo e inconcluso que, si por un lado es la base de la más exigente filosofía, del psicoanálisis y literatura del siglo XX, por otro lado es la materia del trabajo de las maneras predominantes con que las corporaciones informáticas crean individuos, que suponen dominar por entero en su intimidad, en su ridícula inmediatez pérfidamente feliz.


¿Es por “comprender” mejor todo eso que ganó Bolsonaro? Es cierto que el candidato del PT fue un solvente profesor de la Universidad de San Pablo y que Bolsonaro supo simbolizarse con el trípode de una cámara convertida en una ametralladora, iconografía poderosa que definía sus pertrechos: mesianismo de las imágenes, evangelismo de las armas, y mitificación de su persona. Todo eso está en su gran logro publicitario, el gigante que emerge del mar para salvar a la Ciudad, ante el asombro de la población demudada. Hay que odiarlo o amarlo. Este exigente salvador parecía brutal, pero daba y reclamaba miedo o esperanza.


¿Qué debían pensar los progresistas frente a ello? ¿Dictaminar rápidamente que estábamos ante un retoño del neofascismo, del nazismo a secas? ¿Autoritarismos militaristas de masas? De resolver bien estas cuestiones depende nuestro futuro político, en tanto política en el interior de los pueblos. Afirmamos que no se puede solo cuestionar al progresismo, sino reconocer que también él es un movimiento de masas que quiere apartarse de los mitos, de los anacronismos culturales y recrear un pueblo con pedagogías ilustradas que convivan con el carnaval, el terreiro y los sincretismos religiosos. Aún limitado, siempre aceptó la cultura brasileña que navegaba a varias aguas, lo carnavalesco, lo espiritista, la nobleza ilustrada, el estado de transe corporal, el éxtasis religioso, las clases de Félix Guattari y la crítica al “hombre cordial”.


Ahora, con Bolsonaro todo ese debate se ha desplomado, porque este personaje funambulesco salido de esos momentos abismales de la sociedad, evangelizó las armas y arruinó todo mesianismo. Entonces los debates más riesgosos quedan paralizados por un letargo trágico, una aceptación de la violencia que los destruye, aunque algunos patanes de la furia la ven como salvadora, y los sorprendidos progresistas extraen una conjetura antifascista a las apuradas. ¿Está bien esta caracterización? No. Hay una mitologización construida como iconografía electoral de telenovela alrededor de Bolsonaro. Este lúgubre personaje tiene la importancia de marcar un fin de época, su mito no es la madeja intrincada de una conciencia contradictoria. Es un martillazo que obnubila el ser social, intimidatorio incluso de los antecedentes que pudieran importarle de las anteriores experiencias del “fascio brasilero”.


Por ejemplo, la del escritor modernista Plinio Salgado, que en los años treinta no fue ajeno al mussolinismo, creando formaciones políticas regimentadas a través del saludo de “anaué”, un concepto indigenista con revestimiento en la simbología fascista. No va por ahí la cosa que anima Bolsonaro, que descarría todo, pone la cultura brasileña ante un juicio final sumarísmo. A todo masacra. Tanto a lo popular, lo demonológico, lo milenarista, lo progresista, lo tecnocrático, lo sociológico, lo antropológico. Tanto a la vida ilustrada clásica como a la popular perteneciente al gran océano de creencias. El evangelismo no artillado, el candomblé, el umbanda, el cristianismo clásico. Ha removido y reutilizado aviesamente la idea de mito, que el progresismo denunció, pero sin interrogarlo adecuadamente.


El mito de Bolsonaro no es aquel que como sombra indescifrada acompaña toda la historia brasileña, esos pensamientos salvajes, festivos y artísticamente paradojales –que la figura de Antonio das Mortes representa muy bien–, y cuyo secreto gozante los gobiernos petistas no habrían sabido descifrar. Aceptemos que no les prestaron suficiente atención, y que siguen siendo lenguajes populares que una pedagogía nacional interpretativa no debe abandonar a priori. Los encuestadores, casandras de los abismos en que cae el movimiento popular, consideran facilongo renegar del ingenuo progresismo percibiendo que nada saben de narcotráfico, de policías, de bandas diversamente ilegales que atraviesan las vidas populares y sus creencias sedimentadas por el bazar ingenioso de todas las teologías universales.


Sin embargo, ¿con qué vacío nos quedaríamos cuando nos cansemos de alertar sobre la superficialidad de nuestros progresistas? El bolsonarismo es la apoteosis de la sociedad entendida como criminalidad latente. Lo actúa un apócrifo superdotado inventado por la publicística de los pastores de almas armados con ametralladoras Uzi. Varitas de acero con las que se descubre ahora un mítico frenesí popular con revólveres “Bullrich-Coltsonaro calibre 32” en las manos. Alerta máxima, entonces, para el progresismo con su idea lineal, permanente y solícita de la historia. Todo esto debe ser revisado, aunque no por eso abandonado. Debe incorporar, y producir una mutación, de todo aquello que corresponda a la reflexión sobre “el mundo oracular”. No para acatarlo y someterse a él, sino para desconstruir a Bolsonaro, que sin saberlo, estaba usando groseramente las piezas magistrales de la mitografía brasileña, para degradar la vida popular.

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La elección intermedia, referendo sobre Trump y la democracia en EU

En juego, 435 curules de la cámara baja; 35 escaños del Senado y 36 gubernaturas; se espera votación récord

Nueva York. Siempre dicen que "son las elecciones más importantes" de la década, del siglo, de toda la historia, pero en este caso, puede que tengan razón: las intermedias del 6 de noviembre son un referendo sobre Donald Trump y sus políticas, pero también sobre si aún funciona la luz de este país que se proclama el "faro de la democracia".

Más aún, definirán la configuración de la contraparte del gobierno entrante en México para los próximos dos años.

En estas elecciones intermedias está en juego el control del poder político en Washington, ahora bajo dominio republicano subordinado a Trump, donde están en juego las 435 curules que conforman la Cámara de Representantes, y 35 del Senado. El mismo día también culminan contiendas para gobernador en 36 de los 50 estados.

Las encuestas y analistas electorales coinciden en que los demócratas son favorecidos para reconquistar la cámara baja y que los republicanos mantendrán la mayoría en el Senado. Pero encuestas y analistas fracasaron monumentalmente en sus pronósticos de la elección presidencial de 2016, algo que tienen que reconocer una y otra vez en esta, su primera oportunidad para tratar de recuperar su confiabilidad.

Por lo tanto, aún es posible que el partido subordinado a Trump triunfe en ambas cámaras, con lo cual los próximos dos años se consolidaría no sólo el poder del presidente, sino que su agenda no enfrentaría ningún obstáculo. Igual, no se puede descartar la posibilidad de una derrota total de Trump y su partido, con los demócratas logrando la mayoría en ambas cámaras.

Casi todos afirman que esta elección es sobre todo el primer referendo sobre la presidencia de Trump. El propio presidente ha promovido eso, con su mensaje de que "voten como si yo estuviera en las boletas", y advirtiendo sobre consecuencias desastrosas para el país si gana esa "turba" demócrata que promoverá propuestas "socialistas" y abrirá las fronteras a los inmigrantes que llegarán no sólo a robarse empleos, sino que amenazarán al país si no por ser criminales, sí por votar.

El eje de la estrategia electoral promovida por Trump incluye la retórica y acciones antimigrantes, y Trump está apostando a que esto logrará mantener el control republicano del Senado por lo menos.

Trump no ha dejado de advertir que se aproxima una "invasión" de caravanas centroamericanas y que eso, combinado con "demócratas radicales", ponen al país en riesgo. Este domingo festejó cómo los soldados que está enviando están colocando un "bello alambre de púas" en la frontera.

Por su parte, Barack Obama, rompiendo con el protocolo de un ex presidente, ha reaparecido en actos de campaña para apoyar a su partido, afirmando que el "carácter mismo de nuestro país" está en juego y deploró que Trump y los suyos utilicen el temor a una caravana de pobres como "una amenaza existencial", como parte de su estrategia electoral.

Tanto los candidatos como un amplio espectro de ex políticos, figuras famosas de diversos sectores, desde las artes hasta los derechos civiles, argumentan que lo que está en juego en esta elección no es sólo el control del Congreso, sino la defensa de los fundamentos de la democracia en este país bajo asalto por Trump y sus aliados.

En gran medida en reacción a Trump, el elenco de contendientes tanto en las elecciones legislativas federales como en las estatales es el más diverso jamás visto: más mujeres candidatas que nunca, pero también más jóvenes, más musulmanes, más indígenas y más candidatos gay que nunca.

Ya se registra lo que se pronostica será un nivel récord de participación en una elección intermedia, algo que suele favorecer a los demócratas. Algunos datos preliminares indican que los jóvenes están votando en cantidades sin precedente en este tipo de comicios.

Pero tal vez lo más alarmante es que después de casi dos años de Trump, la oposición no sea aún más abrumadora.

Trump continúa con un bajo índice de aprobación; 41.9 por ciento en el promedio de las principales encuestas calculadas por FiveThirtyEight de ABC News. El campeón de la mentira y el engaño –según el conteo del Washington Post ha hecho 6 mil 420 declaraciones falsas en unos 650 días– Trump ha multiplicado su promedio de cinco mentiras por día a 30 durante las pasadas semanas, en la culminación el ciclo electoral.

Pero aun con las trampas, trucos, engaños, la apatía y sobre todo el dinero (ésta será la elección intermedia más cara de la historia), millones se movilizan en estos comicios para repudiar tal vez el asalto más brutal contra los derechos y las libertades civiles, las mujeres, las minorías, los migrantes y los medios en tiempos recientes en este país. La elección intermedia no sólo será un referendo sobre Trump; también medirá la fuerza de la resistencia a su régimen.

 

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Lunes, 29 Octubre 2018 05:52

Vademécum electoral en EU

Vademécum electoral en EU

En más de un sentido, las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de noviembre, en las que se renovará la Cámara de Representantes, parte de la de Senadores, las gubernaturas de 36 estados y miles de legislaturas locales en Estados Unidos, serán los comicios más importantes en muchos años. Es la opinión de millones de personas y diversos observadores políticos, lo mismo en los medios de comunicación que en la academia. Será un referendo sobre la política del actual presidente, quien ha profundizado la división en la sociedad, como ni el propio Nixon logró con todas sus perversidades. La pérdida de su popularidad es consecuencia de frecuentes traspiés, su apoyo al racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, el nativismo más rampante y su política antipopular. El electorado ve con temor y frustración la continuidad de esa política destructiva. En el Partido Republicano, al que el presidente simula pertenecer, hay gran preocupación frente a la posibilidad de perder la mayoría en la Casa de Representantes y posiblemente el Senado. La preocupación parece haber tocado también la puerta de la Casa Blanca, por lo que el mandatario se ha subido al avión presidencial para realizar una de sus actividades favoritas: pronunciar discursos a lo largo y ancho del país denostando a los medios de comunicación, las minorías afroestadunidenses, latinas, indígenas y, por supuesto, a los migrantes. Su ataque a la caravana de hondureños raya en lo patético.

La mayoría de los candidatos del Partido Republicano cifran sus esperanzas en el discurso del presidente y en la capacidad del aparato electoral para escatimar de una u otra manera el voto de cientos de miles de electores de varios estados que gobiernan los republicanos. Para ello han creado diferentes estratagemas con el fin de suprimir el voto, especialmente el de las minorías que mayoritariamente apoyan a los candidatos del Partido Demócrata. Existen diversos trabajos de investigación que han demostrado la forma en que las elecciones son decididas con base en dichas estrategias.

Uno de esos trabajos es de Ari Berman, colaborador de revistas como Mother Jones, New York Times Magazine, Rolling Stone, y también es investigador de The Nation Institute. En su libro La moderna lucha por el voto, describe la forma en que se han trazado los distritos electorales, conocida como Gerrymander, agrupando arbitrariamente a los votantes, con el fin de dar un número mayor de sufragios a una u otra de las fuerzas contendientes en los comicios.

El diseño se elabora cada 10 años en la mayoría de las legislaturas estatales, con información del censo de población. Hace varias décadas la mayoría legislativa en aproximadamente dos terceras partes de los estados ha sido controlada por los republicanos (The Atlantic/ 24/10/18). Por tanto, han sido los encargados de agrupar a los electores más convenientes a su causa.

Históricamente, la supresión del voto ha sido un estigma para Estados Unidos (The Guardian 13/10/18), pero este año pudiera superar cualquier antecedente. En una entrevista reciente en la cadena de radio pública, Berman dio cuenta de la forma en que se han "purgado" las listas de electores en Georgia, Kansas, Wisconsin, Texas, Carolina del Norte y Alabama, con el fin de coartar el voto de cientos de miles de ciudadanos. Los casos más escandalosos de corrupción electoral se han dado en Georgia y Alabama, donde los responsables de organizar los comicios y actuar como árbitros son también los candidatos del Partido Republicano. En estos estados, la supresión de electores ha sido masiva. Las posibilidades de que las argucias se multipliquen a lo largo de Estados Unidos son muy altas, según Berman.

Si los republicanos llegan a perder alguna de las dos cámaras, gubernaturas o legislaturas locales, será porque millones de votantes están hartos del gobierno de Trump, y habrán logrado sortear las triquiñuelas para suprimir su voto.

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Izquierdas y progresismos: la divergencia vista desde allá y desde aquí

Estos son tiempos de perplejidad para muchos. Pocos años atrás se festejaban los avances de gobiernos de una “nueva izquierda” en América Latina, pero ahora hay alarma ante sus derrumbes. En esa perplejidad están inmersos muchos analistas, académicos y militantes, tanto en nuestro continente como en el norte global, que en muchos casos resulta de lo que podrían describirse como miradas “externas” que no siempre logran entender las contradicciones y riesgos que existían “dentro” de nuestros países.

Es necesaria una pausa, retomar análisis que vayan más allá de la superficialidad, sean mas precisos en sus conceptos, entiendan y dialoguen con todo tipo de actores, asumiendo las tensiones, los avances y los retrocesos en los procesos políticos.


El reciente especial de Hemisferio Izquierdo sobre “Bienes Comunes” es una excusa apropiada para un aporte en ese sentido, y en especial la entrevista a Daniel Chávez (1). Este investigador, residente en Holanda y participante del Transnational Institute, reconoce su distancia con los que describe como “críticos al desarrollo” (entre los que incluye a Pablo Solón de Bolivia, Edgardo Lander de Venezuela, Arturo Escobar de EEUU / Colombia, Maristella Svampa de Argentina, y a mí mismo). El cuestionamiento de Chávez apunta a dos componentes de aquella corriente: “su crítica acérrima al rol de Estado y su incapacidad de formulación de propuestas alternativas o superadoras de lo que ellos criticaban”, aunque admite que con los años comprendió que no eran tan “ácidos” y que habían algunas “propuestas”.


Esa entrevista ejemplifica a la corriente de quienes fueron entusiastas defensores de los progresismos, se resistían a entender las contradicciones y en varios casos cuestionaban a quienes elevaban alertas. Ese tipo de posturas prevalecieron por años, y al menos desde mi experiencia, entiendo que en parte se originan desde esa postura de un “exterior” político casi siempre, epistemológico y afectivo muchas veces, y que no lograba reconocer las voces de alerta “internas”. De esa manera no se detectaron a tiempo los problemas, no se corrigieron muchas estrategias políticas, y lo que es peor, de alguna manera, no advirtieron que con eso germinó el regreso de un nuevo conservadurismo en algunos países. El énfasis en defender a toda costa a los progresismos, la disciplina partidaria o la adhesión política acrítica, y los problemas en dialogar con otros actores, seguramente jugó un papel importante en la actual debacle. Por esa razón, esta crisis política está inmersa en otra crisis más amplia, una de interpretación, y que no siempre es reconocida.
Advertencias tempranas


Sin duda los nuevos gobiernos que conquistaron el poder desde 1999, con Hugo Chávez en Venezuela, y que se difundieron en los siguientes años, como Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o el Frente Amplio en Uruguay, implicaron una ruptura con el conservadurismo y las posturas neoliberales. Ese cambio recibió amplios respaldos tanto desde zonas rurales como ámbitos urbanos.


En una etapa inicial, y en especial desde mediados de los años 2000, buena parte de los analistas, militantes e intelectuales del amplio campo de la izquierda celebraron cambios como la reducción de la pobreza o una mayor participación estatal en las estrategias de desarrollo, especialmente vinculada a la administración de recursos mineros o petroleros. Esto es entendible. De todos modos, algunos daban unos pasos más, y sostenían que era próximo el derrumbe de los capitalismos (como se afirmaba al tiempo de la crisis financiera de 2007/8) o que no existía nada a la izquierda de esos gobiernos.


Pero poco a poco comenzaron a elevarse alertas, inicialmente desde algunas minorías y desde localidades rurales (que en varios países correspondían a comunidades campesinas o indígenas). Muchas de ellas expresaban reclamos ante los efectos negativos de ciertos tipos de estrategias, como la explotación minera, petrolero o agrícola. Recuerdo que en año 2007, en el norte de Ecuador, líderes indígenas amazónicos me decían que la contaminación que ellos sufrían era la misma, y nada cambiaba si operaba una empresa estatal o una corporación transnacional. Esos casos mostraban que el desarrollo se organizaba de diferente manera bajo esos gobiernos pero se repetían problemática como los impactos sociales, ambientales y económicos.


Este tipo de circunstancias también se registraba en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Brasil o Uruguay, contradicciones análogas se vivían con la liberalización desenfrenada de transgénicos, la avalancha de agroquímicos, y la proliferación de los monocultivos de exportación.


Cuando se ubica esa problemática en un marco conceptual, se puede argumentar que enfrentamos distintas variedades de desarrollo. En unos casos se organiza de modo conservador, con fuerte participación empresarial y extranjera, tal como ocurría en Chile o Colombia. En otros casos, como Uruguay, Argentina, Brasil o Venezuela, el desarrollo se instrumentaliza en clave progresista, con mayor presencia estatal y un abanico de instrumentos de compensación, sobre todo económicos. Pero en todos los casos se compartían ideas básicas sobre el desarrollo como progreso, crecimiento económico y subordinación exportadora del país como proveedor de recursos naturales.


La obsesión con ciertos parámetros económicos, incluyendo unas ideas simplistas sobre que el mero crecimiento podía generar excedentes que permitirían reducir la pobreza, hacía que incluso aquellos nuevos gobiernos insistieran en profundizar la exportación de recursos naturales para incrementar sus ingresos.


Eran los tiempos de bonanza de los altos precios de las materias primas, como soja, minerales o petróleo, lo que alimentó una notable expansión económica. Bajo esas condiciones se generaban muchos excedentes, y algunos de ellos eran captados por los Estados para, en parte, compensar a grupos afectados. Por ejemplo, si bien el gobierno Lula priorizó el apoyo a la agropecuaria exportadora, especialmente sojera, esa bonanza le permitió proveer de asistencia a pequeños agricultores y movimientos sociales rurales. No resolvió sus problemas estructurales ni avanzó en una reforma agraria, pero apaciguó la protesta en el campo. Algo similar ocurrió en Uruguay. Esas compensaciones disimulaban desarreglos productivos sustantivos, el desplazamiento de prácticas tradicionales de agricultura familiar, y una creciente lista de impactos sociales y ambientales de la agroindustria. Cuando los precios internacionales cayeron, esa compensación económica se resquebrajó, regresaron los cuestionamientos y ya no pudieron disimularse los problemas que permanecían sin resolución.


Los intentos de seguir una senda distinta que podría llamarse un desarrollo de izquierda, que buscara desmontar la dependencia exportadora de materias primas, no fructificaron. Las necesidades de dinero y las tentaciones de aquellos altos precios, reforzó el perfil comercial primarizado en todos los países. La intención de aumentar la captura de excedentes, como ocurrió en la Argentina kirchnerista cuando se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos, generó una ola de protestas sociales que forzó a un retroceso gubernamental.


Un caso todavía más extremo ocurrió en Perú, cuando asumió el gobierno Ollanta Humala en 2011 en asociación con varios partidos de izquierda. Su giro progresista chocó a los pocos meses con las exigencias de los sectores empresariales mineros y las necesidades de capital, y al no contar con capacidades para construir una alternativa, terminó recayendo en un extractivismo tan conservador, que se rompió su coalición.

Izquierda y progresismo: dos regímenes


Este breve repaso, sin duda incompleto y esquemático, tiene por finalidad mostrar que esos gobiernos expresaban distintos estilos que de todos modos correspondían a desarrollos capitalistas como proveedores de materias primas. Eso los alejaba de las intenciones defendidas por la izquierda que les dio origen. Las izquierdas latinoamericanas siempre cuestionaron el desarrollo basado en exportar materias primas, y lo concebían como un resabio colonial. El cambio propio de los progresismos es que pasaron a defender esa condición primero como un éxito, y luego como una necesidad. Allí nace en Uruguay, pongamos por caso, la apuesta sojera y luego la obsesión con buscar petróleo, el coqueteo con el fracking o el sueño megaminero del anterior gobierno.


Estas mismas condiciones se repiten en otros terrenos, y como consecuencia se vuelve necesario distinguir entre izquierdas y progresismos. Otra cuestión distinta es si una izquierda crítica del desarrollo hubiese podido ejercer una autonomía frente a ese tipo de desarrollo bajo las condiciones que padecía América Latina; sin duda esto es discutible. Pero mi punto es que esa aspiración dejó de estar en la agenda concreta y real de esos gobiernos, y por el contrario, organizaron justificaciones y explicaciones para seguir siendo proveedores de materias primas. Esa postura, abandonando ese horizonte de cambio, es uno de los elementos específicos del progresismo, y como se dijo arriba ocurre lo mismo en otras cuestiones. Todo ello expresa un regreso a la defensa del “progreso”, por momentos en visiones próximas a las de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.


El desvanecimiento de aquel impulso inicial de izquierda ocurrió de distinto modo y a diferentes ritmos en cada país. Pero en todos ellos la adhesión al desarrollo convencional jugó un papel importante, ya que si, por ejemplo, se persiste en el papel de proveedor subordinado de materias primas, se deben por un lado proteger emprendimientos como minería o petróleo, incluso ante la protesta ciudadana, y por el otro lado, aceptar las reglas de la globalización, el flujo de capital y mercancías, y normas como las de la Organización Mundial de Comercio (2). La viabilidad de ese tipo de exportaciones requiere asumir casi todas las condiciones del capitalismo global.


Ese tipo de factores terminaron conformando lo que hoy conocemos como gobiernos “progresistas”. Por lo tanto, “izquierda” y “progresismo” son regímenes políticos diferentes. Sin duda que el progresismo no es una nueva derecha ni un neoliberalismo, por más que a veces así se lo acusa. Pero tampoco es la izquierda original propia de cada país y del continente. Es también exagerado afirmar que estamos ante un “final” del progresismo (en realidad eso responde casi siempre a una mirada autocentrada de analistas argentinos o brasileños sobre sus propios países, prestándole poca atención a lo que ocurre en Uruguay, Bolivia o Ecuador).


La incapacidad de reconocer a los progresismos como un régimen político distintivo y los análisis incompletos sobre la situación en cada país, debe estar jugando papeles importantes en la perplejidad de muchos analistas, tal como se indicaba al inicio de este artículo. En ellos opera una mirada “externa” que no supo entender los síntomas “internos” que vienen acumulándose desde hace años.
Ese tipo de miradas, sean del sur como del norte, no reconocieran esa divergencia, y siguen insistiendo en que gobiernos como los de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la mejor y genuina expresión de una izquierda, y que además es latinoamericana y popular.


Afuera y adentro


La asimilación de los progresismos a una izquierda es esperable por quienes priorizan las adhesiones partidarias, están atemorizados por un retorno de la derecha o se aferran a un cargo en el Estado. Pero más allá de esos casos, se superponen otros análisis donde fallaron los vínculos y diálogos con las comunidades locales. Esto no quiere decir que exista mala intención, pero si es cierto que se desestiman las voces de alerta de ciertos actores.


Siguiendo recorridos como estos, se genera una narrativa sobre el devenir de la “nueva izquierda” latinoamericana que es sobre todo una construcción intelectual basada en artículos y libros, donde la conversación discurre entre las citas bibliográficas. Pero casi no se “escucha” o “entienden” las demandas que vienen desde la base ciudadana, especialmente los más desplazados en sitios marginales, como pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos, indígenas, etc. (y a pesar que buena parte de ellos fueron clave en que esos partidos ganaran las elecciones).


Posiblemente los ejemplos más conocidos de ese tipo de posiciones sean los escritos periodísticos de Atilio Borón o Emir Sader. Lo mismo ocurre con varios análisis producidos desde el hemisferio norte sobre lo que sucede en América Latina. Al leer esa literatura, casi toda escrita en inglés, se tiene la impresión que en nuestros países se vivía algo así como un paraíso de la liberación nacional, y que cualquier crítica era mera expresión de conservadores agazapados que intentaban socavar un experimento popular.


Sea en el norte o en el sur, hay analistas que presentan por ejemplo a José “Pepe” Mujica como el apóstol del ambientalismo por su discurso en las Naciones Unidas, pero nunca entendieron, ni escucharon, pongamos por caso, a las mujeres de la zona Valentines que alertaban sobre los impactos de sus planes de megaminería de hierro. Lo mismo ocurre en los demás países (3).


También se decía que los “críticos del desarrollo” se contentaban con los cuestionamientos pero no ofrecían alternativas. Esa afirmación es otro ejemplo de la escucha incompleta, ya que las alternativas iban de la mano casi desde un inicio con los cuestionamientos a los extractivismos progresistas. Es más, ese esfuerzo, conocido como transiciones post-extractivistas, está en marcha desde hace diez años en los países andinos y ya avanzó hacia otras naciones (4). A diferencia de otras exploraciones, estas alternativas otorgaban especial atención a propuestas concretas, sean en políticas como en instrumentos, desde reformas tributarias a las zonificaciones territoriales. Pero además, esa insistencia en opciones de cambio concreto eran en parte esfuerzos para recuperar una izquierda comprometida con la justicia social y ambiental.


Renovación y raíces


Tanto dentro de nuestros países como a nivel global, hay cuestionamientos al capitalismo global, como los de David Harvey, y defensas de los progresismos criollos, como las de Atilio Borón. Todas ellas pueden tener elementos valiosos. Pero esas miradas a su vez confunden capitalismo con desarrollo, y progresismo con izquierda, y por ello tienen dificultades para entender la crisis actual y para proponer alternativas. Están muchas veces restringidas a los manuales y decálogos políticos europeos o norteamericanos, y no son interculturales.


Constituyen ejemplos de ese “afuera” donde no aparecen los matices o voces interiores, como las de indígenas o campesinos, las de los jornaleros informales en los campos de soja bolivianos, o las de las negras colombianas que resisten la minería de oro. De ese modo, esa “exterioridad” pierde lo específicamente latinoamericano que se esperaría en una crítica desde nuestro continente. Los análisis de coyuntura se han debilitado, y se escapan las particularidades nacionales y locales.


Así se termina confundiendo al progresismo con la izquierda. Del mismo modo, se esquiva el espinoso análisis de cuáles son las responsabilidades de esos progresismos en generar el nuevo conservadurismo que ahora se observa, por ejemplo, en Argentina o Brasil (5). Entonces, no puede sorprender la perplejidad ante la actual crisis.


Una postura muy distinta es la crítica que se hace desde el “adentro”, y que podría describirse como “enraizada”, para tomar una imagen del colombiano Orlando Fals Borda (6). En lugar de excluirlos, se busca un diálogo con las alertas, las visiones o los reclamos locales, especialmente con quienes son directamente afectados por el desarrollo o usualmente marginados cultural y políticamente. Es un “adentro” que acepta la interculturalidad, respetando otros tipos de saberes y otras sensibilidades ante el mundo social y natural. Sin duda habrá posiciones distintas, acalorados debates, y otro tipo de contradicciones, pero será una construcción más cercana a nuestras circunstancias. Por todo esto, una renovación de lo que sería unas “izquierdas” que estén ajustadas a América Latina y al siglo XXI, deben estar social y políticamente situadas, dialogar con todos los actores y sus saberes, y entender los contextos históricos y ecológicos.

Por Eduardo Gudynas*
Hemisferio Izquierdo
*investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo.


Notas


1) "El Estado tiene un papel muy importante que asumir en América Latina, pero también ya es ahora de que la izquierda de la región abandone la añosa visión estado-céntrica y que se abra a perspectivas como las de los comunes". Entrevista a Daniel Chavez, Hemisferio Izquierdo, 26 Julio 2018, https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2018/07/26/El-Estado-tienen-un-papel-muy-importante-que-asumir-en-Am%C3%A9rica-Latina-pero-tambi%C3%A9n-ya-es-ahora-de-que-la-izquierda-de-la-regi%C3%B3n-abandone-la-a%C3%B1osa-visi%C3%B3n-estado-c%C3%A9ntrica-y-que-se-abra-a-perspectivas-como-las-de-los-comunes-entrevista-a-Daniel-Chavez
2) Tan solo a modo de ejemplo sobre los debates acerca de los progresismos, entre las primeras alertas se destaca: El sueño de Bolívar. El desafío de las izquierdas Sudamericanas, por M. Saint-Upéry, Paidós, Barcelona, 2008. Más recientemente, ver distintas opiniones en:
El correismo al desnudo, A. Acosta (ed), Montecristi Vive, Quito, 2013.
Mito y desarrollo en Bolivia: el giro colonial del gobierno del MAS, por Silvia Rivera Cusicanqui, Plural, La Paz, 2015.
Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo, por varios autores, Entre Pueblos, Barcelona, 2016.
As contradições do Lulismo. A que ponto chegamos?, por A. Singer e I. Loureiro (orgs), Boi Tempo, São Paulo, 2016.
3) En el caso de Uruguay se vaticinaba que la llegada del Frente Amplio lanzaría un nuevo “modelo de desarrollo”, y más allá de la ambigüedad sobre el significado del término “modelo”, es evidente que eso no ocurrió. Véase sobre esa predicción: Tercer Acto. La era progresista. Hacia un nuevo modelo de desarrollo, por A. Garcé y J. Yaffé, Fin de Siglo, Montevideo, 2055.
4) Distintos documentos sobre alternativas a los extractivismos y al desarrollo en el sitio www.transiciones.olrg
5) Una ilustración de esa problemática resulta de comparar dos libros del politólogo argentino José Natanson: en 2008 prevalecía un cierto triunfalismo con lo que denominó como “nueva izquierda”, y en 2018 se analizan algunas razones del colapso kirchnerista y el triunfo del macrismo.
La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Boolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador, Debate, Buenos Aires, 2008; ¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha, Siglo XXI, Buenos Aires, 2018.
6) Hacia el socialismo raizal y otros escritos, por Orlando Falsa Borda, CEPA y Desde Abajo, Bogotá, 2007.

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/

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Del cinismo correísta al entreguismo “morenista”. Matices de una vil continuidad

“Ejercer el poder corrompe, someterse al poder degrada” (Mijail Bakunin)

 

Decir que el Ecuador vive una crisis compleja ya no es novedad. Tampoco es novedad decir que esa crisis responde al desperdicio de una década cubierta por las sombras del correísmo . Todo eso ya lo sabemos, aunque ciertos correístas, cargados de cinismo y pocas luces, aún defienden lo indefendible . Tan indefendible es la posición de tales grupos que, hasta la caída del caudillo del siglo XXI -Rafael Correa- parece estar consumada, al menos en el corto plazo. Es más, todo indica que existiría un interés mediático dentro del país en poner la desgracia política-legal de Correa en el centro de la “opinión pública”, como si se buscara distraer a dicha “opinión” sobre cómo el “morenismo” [1] y los grupos vinculados a éste manejan la crisis. Por su parte, fuera del país, parecen existir otros poderes que buscan posicionar a Correa como “perseguido político” …

Ante semejante lucha de intereses y de (mal)interpretaciones de la realidad tanto de correístas como de “morenistas”, es hora de olvidar -al menos por ahora- a ese personaje que pudo hacer historia de la grande, pero que resultó un gran fraude y que ahora busca salvarse de los fantasmas que sembró en su gobierno . Debemos hacerlo pues hay problemas más urgentes que merecen atención, pues si al correísmo lo acusamos de empezar el retorno neoliberal y de volver, desde 2014, al redil del Fondo Monetario Internacional , luego de más de un año de gobierno -y algunos titubeos- ya es obvio hacia dónde va el Ecuador con Moreno : a una vil continuidad del retorno neoliberal, a un paso cada vez más acelerado y descarado.

Moreno y los suyos, entregados abiertamente a grandes grupos de poder , han aprovechado el desorden económico-político dejado por el correísmo para acelerar el retorno al WC (Consenso de Washington). Así, hemos pasado de un gobierno autoritario que se corrompió hasta las raíces buscando poder absoluto, a un gobierno sometido por una transición neoliberal. Dicho aún más claro: el correísmo fue un modelo de dominación burguesa que ayudó a consolidar a varios grupos de poder nuevos y viejos , a la vez que ayudó a destruir a la izquierda y a los movimientos sociales ; en cambio, el “morenismo” aprovecha el camino despejado por su antecesor para profundizar y ampliar los espacios necesarios para que los grupos de poder locales y transnacionales se recompongan; todo en “ un juego de conflictos, desplazamientos y alianzas entre viejas elites empresariales y nuevas elites advenedizas en trance de consolidarse y convertirse en viejas ” como señala Pablo Ospina [2] .

Evidencia clara de la condición entreguista del gobierno de Moreno frente a las pugnas de los grupos de poder es su proyecto de “ Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal ”. Una ley de gran amplitud -y no solo por su nombre- pues modifica explícitamente 16 cuerpos legales: sin duda una nueva “ley Trole” como aquellas aprobadas en repetidas ocasiones desde inicios de este milenio, e incluso similar a aquellas aprobadas en el gobierno de Correa (como veremos más adelante). Una ley que acelera la marcha ya enrumbada desde el correísmo: instaurar el dominio del capital por “toda una vida”, como versa uno de los eslóganes “morenistas”. Pero, mejor dejemos que los hechos muestren por quién doblan las campanas en tiempos cuánticos …

 

Del reacomodo político a las claudicaciones múltiples

 

Apenas apareció la “Ley de Fomento Productivo” surgieron análisis desde múltiples vertientes. A pesar de ser una ley con claro norte neoliberal, hubo reparos de economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes) reclamando mayor celeridad y profundidad en la marcha librecambista , así como de representantes de las cámaras de la producción y de comercio pidiendo a gritos más beneficios para el capital (y que tienen eco en el gobierno como, por ejemplo, la petición d e una mayor flexibilización laboral ). También aparecieron análisis críticos que evidencian los enormes beneficios que el gobierno de Moreno va a otorgar a los grupos empresariales [3] . Desde nuestra lectura, consideramos necesario ver más ampliamente la cuestión, entendiendo que el país está pasando por un proceso de transición vil en donde la “Ley de Fomento Productivo” recién es una carta de presentación del entreguismo extremo al que va a llegar el “morenismo” para sostenerse en el poder. Y tan es así, que parecería que el presidente Moreno se ha comprado la propuesta económica del candidato perdedor Guillermo Lasso, quien abiertamente planteó una salida neoliberal.

Empecemos anotando que la “Ley de Fomento Productivo” es la versión final de un paquete de medidas que Moreno presentó en abril de 2018 para “enfrentar” la crisis persistente de la economía ecuatoriana. Dicho paquete era un (rata)plan que ya denotaba intenciones neoliberales , pues dejó en el olvido -hasta de los grandes medios de comunicación- la propuesta semi-progresista que el mismo Moreno presentó en octubre de 2017 y enterró cualquier discusión de una política alternativa . Es decir, la ley no nació como una acción repentina, sino como resultado de un reacomodo buscando la supervivencia política. Tal es así la situación que, superado el primer año de gestión en el que Moreno buscó consolidarse políticamente distanciándose de su sucesor, ahora se enfoca en la economía prestando oídos -y hasta ministerios - a las aproximaciones neoliberales.

En cuanto al contenido mismo de la ley, no es necesario entrar en detalles para percibir que el entreguismo se desborda por todos los poros (de todas formas, quien desee una lectura rápida de los principales artículos de la ley, dejamos a disposición un resumen en línea [4] ). Más bien, desde una lectura amplia, podemos destacar dentro del proyecto “morenista” cuatro grandes claudicaciones ante el empresariado:

 

- “perdón y olvido” a las deudas del gran capital;

- recorte de impuestos cuando los recursos escasean;

- la potencial preconfiguración de una nueva carta de intención para el Fondo Monetario Internacional;

- y un dogmatismo monetario que lleva implícita una claudicación a la banca.


“Perdón y olvido” a las deudas del gran capital

 

La primera gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” es todo un paquete de “perdón y olvido” (remisión de 100%) de intereses, multas y obligaciones en favor de deudores con múltiples instituciones estatales (que van desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), aduanas, agencias de tránsito y hasta la agencia de control de aguas). Los deudores acceden a la remisión si pagan el monto original -capital- de sus obligaciones en plazos que van desde los 90 días hasta los dos años para quienes puedan acceder a facilidades de pago. Con dicho paquete el gobierno esperaría recuperar impuestos adeudados por 774 millones de dólares en tres años (602 millones en 2018, 115 millones en 2019 y 57 millones en 2020) .

Como bien destaca Katiuska King , este tipo de remisiones no es nuevo. Tanto en 2008 (con varias reformas a la “Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” y a la “Ley de Equidad Tributaria”) como en 2015 (con la “Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos”) ya se aplicaron varias remisiones de multas, recargos e intereses [5] . En 2008 se recuperaron 153,8 millones de dólares , mientras que en 2015 la recuperación fue de 970 millones . Vemos, entonces, que el “morenismo” recurre exactamente a las mismas lógicas del correísmo: perdonar multas e intereses a deudores del Estado con la esperanza de rescatar fondos que permitan sobrevivir a corto plazo; tal como aconteció en gobiernos anteriores.

Pero la continuidad de lógicas es aún más clara si se la observa en términos de los principales beneficiarios de las remisiones. A pesar de que la información pública disponible es -en extremo- fragmentada, sí permite identificar algunos patrones. Así, en la remisión correísta de 2015 alrededor del 70% del total recaudado provino de grandes empresas , mientras que en la remisión “morenista” de 2018 según el propio gobierno, “ en monto de remisión, los principales beneficiarios serían los grandes contribuyentes ” [6] . En efecto, si se compara los montos de deuda que mantenían algunos de los grandes deudores del SRI en 2015 con los montos de 2018 (ver cuadro 1) se nota que ambas remisiones iban direccionadas a perdonar deudas del gran capital (sobre todo petroleras, telefónicas, bancos): siempre a los mismos...

 

Cuadro 1. Algunos ejemplos de beneficiarios de la remisión de 2015 y/o de 2018* (millones de dólares)

 

 Beneficiarios

 xxx

2015 

Deuda total

x

 

Intereses, multas, recargos

xxx

2018

Deuda total

x

 

Intereses, multas, recargos

 ANDES PETROLEUM  328,4 168,7 399,5 231,6
 OCP  NE NE 388,8 214,1
 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17  NE NE 142,7 79,9
 AGIP OIL ECUADOR B.V.  NE NE 96,7 62,1
REPSOL ECUADOR NE NE 98,6 55,6
EXPORTADORA BANANERA NOBOA 68,9 32,1 75,9 44,1
OTECEL (Movistar) 40,8 20,4 91,1 43,9
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 NE NE 67 37,6
BANCO PICHINCHA 190,2 94,9 35,3 17,5
PRODUBANCO 5,7 2,8 31,6 15,8
BANCO GUAYAQUIL 34,4 15,9 6,1 3,5
CONECEL (Claro) 194,7 97,3 6,6 2,7
SCHLUMBERGER 58,1 29,0 - -
DINERS CLUB 35,9 17,9 - -
PRONACA 18,7 10,3 - -

* Información únicamente referencial pues no proviene de una misma fuente. NE: No encontrado.

Fuente: SRI (consultado el 01 de agosto de 2018); El Telégrafo: “ 106.726 empresas deben más de $ 5.70 millones al Estado ”, 06 de mayo de 2015; e información circulada en la Quinta Convención Nacional del Colectivo Unitario Nacional de Organizaciones Sindicales, Indígenas y Sociales (mayo 2015).

 

De hecho, en 2015 se sabía que apenas 8 empresas adeudaban al SRI 443 millones de dólares entre multas e intereses , mientras que en 2018 se sabe que de la deuda tributaria total con el SRI de 4.379 millones de dólares más de la mitad (2.228 millones) corresponde a deudas de los 170 grupos económicos más importantes del país . Para completar la idea, indiquemos también que, en la remisión de 2018, los 50 mayores deudores podrán acogerse al perdón de 1.344,7 millones de dólares , implicando una reducción de ingresos para el Estado de alrededor de 1,3% del PIB.

Otro paquete de “cuasi-perdón” (reducción cínica de 99%) de intereses, multas y obligaciones planteado en la “Ley de Fomento Productivo” del “morenismo” es ofrecido a los patronos en mora con la Seguridad Social. Según fuentes oficiales, esta remisión permitiría recaudar al IESS alrededor de 910 millones de dólares de una deuda total de 1.300 millones (se perdonarían 390 millones) aunque tal estimación parece “optimista” considerando que en la remisión de 2015 solo se recaudaron 145 millones (aunque la propuesta “morenista” prácticamente duplica el plazo de remisión patronal respecto a la propuesta correísta). Por si esto no bastara, la ley elimina la posibilidad de que el IESS -y el Estado- cobre a patronos por vía coactiva en los primeros 30 días en que incurran en morosidad en sus obligaciones con la seguridad social; es más, el IESS en ningún caso podrá cobrar al patrono las prestaciones por enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y el fondo mortuorio que los afiliados lleguen a requerir en esos primeros 30 días.

Esta combinación de perdón de intereses y multas por deudas patronales y de dejar a los trabajadores afiliados en una situación precaria en el primer mes de incumplimiento de pagos a la seguridad social de sus patronos (sin posibilidad de que el IESS haga cobros por vía coactiva), es infame. Decimos esto pues, con tales reformas sobre la Seguridad Social, el gobierno de Moreno se atribuye el derecho a perdonar obligaciones que los patronos mantienen no con el Estado, sino con los trabajadores; es decir, el gobierno da facilidades patronales como si los trabajadores no tuvieran ni voz ni voto. Pero, reiteremos, esa tendencia ya se la vivía con el correísmo (el cual implementó la remisión patronal en 2015 dentro de la “Ley de Alianzas Público-Privadas”) de modo que aquí también vemos una vil continuidad.

Con semejantes “perdones y olvidos” (a más de varias facilidades de pago [7] ) concedidos por el “morenismo” -y que ya se venían practicando en el correísmo- definitivamente se exacerba la costumbre empresarial -sobre todo de grandes capitales- de esperar con calma a algún gobierno urgido por recursos para que adopte nuevas remisiones. Solo notemos que entre las remisiones de 2015 y 2018 no han pasado ni tres años. Si bien se podría mencionar que la propuesta “morenista” incluye la disposición de que los beneficiarios de la remisión no podrán beneficiarse de remisiones futuras luego de -al menos- 10 años, en nuestro país se está volviendo habitual que la ley se vuelva letra muerta cuando los recursos escasean…
Recortando impuestos… cuando los recursos escasean

Al mismo tiempo que el gobierno de Moreno apuesta desesperadamente a obtener recursos perdonando intereses y multas a deudores tributarios y patronales, busca configurar un escenario donde los capitales se sientan libres… pero de cargas tributarias y hasta de los respectivos controles tributarios [8] . Así, la segunda gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” es un paquete que incluye varias exoneraciones tributarias en favor de “nuevas inversiones productivas” tanto de empresas nuevas como de empresas ya existentes [9] .

Aquí destaca la exoneración del 100% del impuesto a la renta y su anticipo para “nuevas inversiones” hechas en “sectores priorizados” [10] , por 8 años si se dan en Quito y Guayaquil y por 12 años si se dan en el resto del país (20 años para cantones fronterizos). El plazo aumenta a 15 años para inversiones en industrias priorizadas, industrias básicas, agroindustria y sectores agroasociativos. Incluso la exoneración se amplía a las alianzas público-privadas enfocadas a inversiones productivas en agua potable, saneamiento, alcantarillado pluvial (ya introducidas en el correísmo). Hasta se reforma la ley de empresas públicas, eliminando la mención de que las asociaciones público-privadas hagan caso al artículo 318 de la Constitución sobre no-privatización del agua: una disposición del “morenismo” a todas luces inconstitucional, es decir que va en contra del espíritu de Montecristi que Lenín Moreno ofreció recuperar .

Asimismo, la ley otorga exoneraciones si las “nuevas inversiones” generan “empleo neto” pero no define qué implica tal concepto, lo cual puede crear espacios favorables para una mayor flexibilización laboral, aspiración eterna de las cámaras de la producción y de los economistas OCP.

Algo rescatable en este punto de la “Ley de Fomento Productivo” es la exoneración por 20 años para micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo, así como empresas dedicadas al turismo comunitario. Sin embargo, a más de la duda de cómo se definirá a este tipo de empresas, está la cuestión de que el turismo en general -pequeño y grande- ya ha recibido importantes exoneraciones [11] . Además, la propia ley crea un “Fondo Nacional para la Gestión Turística” de carácter público, encaminado a financiar actividades turísticas en general (pequeñas y grandes); fondo con duración de cuatro años y financiado -parcialmente- con asignaciones presupuestarias. Aquí la duda evidente es por qué no se asignó dicho fondo solo para micro, pequeñas y medianas empresas turísticas…

Todas estas exoneraciones “morenistas” del impuesto a la renta son extremas, pero no implican rupturas drásticas con lo que ya se hacía antes. Recordemos que ya se dieron “renuncias fiscales” en el correísmo, por ejemplo, en 2010 con el Código Orgánico de la Producción y luego en 2015 con la Ley Orgánica de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas. Recordemos que en 2010 el gobierno de Correa dispuso reducir progresivamente la tasa del impuesto a la renta para sociedades de 25% al 22% ( la cual se alcanzó en 2013 ); dicha tasa volvió al 25% para empresas medianas y grandes recién en 2018, resultado de una de las poquísimas medidas semi-progresistas que el “morenismo” ha implementado . Como bien señala -nuevamente- Katiuska King, tal reducción de 3 puntos del impuesto a la renta habría implicado un “sacrificio tributario” de 300 millones de dólares . Volvemos, pues, a encontrar una vil continuidad entre correísmo y “morenismo”.

También dentro de la “Ley de Fomento Productivo” se plantea exonerar el impuesto a la salida de divisas, el cual se deberá devolver a sectores que requieran de importaciones para generar exportaciones; asimismo, se exonera a las importaciones de materias primas y bienes de capital importados para “nuevas inversiones productivas” (en ambos casos, se exonera incluso a productos importados que estén disponibles en el mercado local). Igualmente se exonera a los pagos al exterior por concepto de dividendos si el 50% de las utilidades se reinvierten en el país. Además, el presidente de la República podrá reducir el impuesto según la evolución de las finanzas públicas y de la balanza de pagos. Tales exoneraciones serían aceptables si se hubieran dirigido a las importaciones de empresas pequeñas y medianas, pero dicha distinción simplemente no existe en la ley.

Y aún hay más exoneraciones y perdones “morenistas”, encaminados incluso a continuar con la senda extractivista trazada por Rafael Correa, que abrió, por ejemplo, la puerta al festín minero del siglo XXI :

En la minería: se deroga el impuesto a los ingresos extraordinarios y se lo elimina de la ley de minería (justamente ese impuesto se intentó perdonar en el correismo a las mineras usando la fenecida ley de plusvalía y ahora se lo elimina de un plumazo); se cambia el monto de regalías mineras para el Estado de una tasa fija de 5% a una tasa variable de 3% a 8%; se quita la mención de las tasas específicas que las mineras deben pagar por impuesto a la renta, impuesto sobre utilidades e impuesto al valor agregado; se retira cobro de 4% de regalías a la mediana minería; se deja la definición de los montos de regalías a una fórmula a plantearse posteriormente en el reglamento de la ley [12] …

En los hidrocarburos: se elimina la mención de que el Estado reciba, al menos, 50% de ingresos extraordinarios por diferenciales de precios de exportación de petróleo y se la reemplaza por una mera indicación de que la participación estatal se ajustará según el precio de referencia y el volumen de producción.

Toda esta claudicación de ingresos fiscales -durante los próximos 10 a 20 años- hace saltar la siguiente interrogante: ¿de dónde saldrán los recursos que compensen la menor recaudación tributaria y que le permitan sobrevivir al gobierno de Moreno sus próximos años de mandato?, ¿será suficiente lo que se recaude por remisiones de intereses y multas?

Es evidente que no por la limitada capacidad de recaudación de éstas (recordemos, apenas 774 millones de dólares en tres años). Aunque la acción del gobierno parece en extremo contradictoria (buscar ingresos por remisión al mismo tiempo que se perdonan impuestos), la paradoja tiene una clara solución desde el lúgubre discurso neoliberal: es hora del ajuste… de más extractivismo, y hasta de revisar los subsidios de los combustibles (tema que analizaremos por separado).


Prefigurando una nueva carta de intención para el FMI

 

La situación fiscal ecuatoriana es compleja pues al final del correísmo y al inicio del “morenismo” se han combinado dos tendencias asfixiantes:

a) una caída-estancamiento de los ingresos tributarios y petroleros (aunque cabe anotar la recuperación de la cotización del crudo ecuatoriano, la cual entre junio de 2017 y mayo de 2018 pasó de 40 a 64 dólares el barril);

b) un incremento permanente de los salarios públicos y de los intereses de la deuda externa pública.

El resultado de estas dos tendencias es un déficit fiscal persistente (primario [13] y global) que tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han intentado contener usando la deuda externa como respirador artificial y reduciendo drásticamente la inversión pública (ver cuadro 2).

 

Cuadro 2. Tendencias asfixiantes de las finanzas públicas (millones de dólares)

 Transacción \ Año  2014x2015 x2016x2017
 Ingresos por exportaciones petroleras  11.433  10.906 6.487 5.402
 Impuesto al valor agregado  6.376  6.352 5.400 5.979
 Impuesto a la renta  4.161  4.734 3.640 3.764
 Sueldos y salarios  9.478  9.904 10.014 10.365
Intereses deuda pública externa829 1.143 1.335 1.850
Inversión púbica total (a) 13.980 10.178 10.293 8.648
Déficit fiscal primario (b) -4.291 -4.519 -5.753 -2.444
Déficit fiscal global -5.314 -5.940 -7.314 -4.653

a): Formación bruta de capital fijo del gobierno central, gobiernos autónomos y empresas públicas.

(b): Saldo fiscal descontando el pago de intereses de deuda pública externa e interna.

Fuente: BCE, información estadística mensual. Elaboración propia.

 

Considerando esta información, es infame que el correísmo haya recurrido, y que el “morenismo” siga recurriendo, a remisiones tributarias y, especialmente, a reducciones -o exoneraciones- del impuesto a la renta cuando era urgente que ese impuesto se recupere. Sobre todo, es indignante que en los años de crisis el peso del impuesto a la renta sobre los ingresos de los grandes grupos económicos del país, según datos del SRI, se haya mantenido estancado en menos de 2,4% en todo el período 2014-2016. Ese peso debía subir. Pero más bien, tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han preferido sostener los gastos salariales y contraer la inversión pública, es decir, contraer quizá el elemento más dinamizador del gasto gubernamental, generándose incluso una potencial tendencia procíclica (acentuando la crisis)…

Así, la asfixia fiscal combinada con la decisión del gobierno de Moreno de no hacer pagar a los grandes grupos económicos los costos de la crisis, y los múltiples paquetes de “perdones y olvidos” que previamente hemos analizado, hacen ver que el problema fiscal será enfrentado de la forma más ortodoxa posible: la consolidación de un ajuste fiscal al típico estilo neoliberal, con la salvedad de que ese ajuste se viene realizando ya desde el correísmo con la reducción de la inversión pública.

Y, en efecto, la tercera gran claudicación de “Ley de Fomento Productivo” “morenista” prefigura, en términos fiscales, una potencial carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Afirmamos esto pues la ley -a más de plantear algunas decisiones que ojalá transparenten el manejo de la deuda pública- dispone reglas fiscales en donde el Presupuesto General del Estado no puede tener déficit en su resultado primario ni mostrar un gasto del gobierno central mayor a la “tasa de crecimiento de largo plazo de la economía”. Esta disposición se complementa con otra en donde se indica que los ingresos de explotación de recursos naturales no renovables que superen lo presupuestado -reiteremos, con un gasto público limitado ex ante- se destinarán a un “fondo de estabilización fiscal” que brinde sostenibilidad a las cuentas públicas y/o permita ejecutar gastos de educación y salud.

Aunque la ley no aclara qué es la “tasa de largo plazo” ni cuál es su cuantía o su estimación, la disposición de incluir simultáneamente la limitación del gasto público y la canalización de recursos excedentarios a un fondo que estabilice las cuentas públicas muestra similitudes aberrantes con la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal expedida en 2003 y que creó el “Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público” (FEIREP) . Recordemos que, entre otras cosas, dicha “Ley de Responsabilidad…” estableció que el gasto fiscal real no puede crecer sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB, a la vez que cualquier excedente fiscal fluía automáticamente al FEIREP. Así, sin importar el tipo de ingresos extras del Estado -p.ej., una donación externa-, no se podía aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto frenaba automáticamente a la inversión pública y social. De haber seguido indefinidamente tal “esquema exitoso”, recién en 47 años el Ecuador -según un estudio de UNICEF- habría alcanzado la inversión social per cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares de la época del coronel Lucio Gutiérrez.

La “prudencia” del coronel apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo contrario [14] .

Aquí cabe aclarar lo siguiente: una cosa es crear mecanismos que fortalezcan las reservas internacionales y ayuden a administrar adecuadamente la liquidez doméstica (lo cual es clave para la economía ecuatoriana dolarizada y se pudo lograr en la década correísta usando solo una fracción -no la totalidad- de los excedentes petroleros estatales [15] ); otra cosa muy diferente es crear fondos automáticos del total de excedentes petroleros y usarlos para sostener las cuentas públicas. No es lo mismo administrar liquidez (lo cual puede implicar, entre otras cosas, la ejecución adecuada de políticas contra-cíclicas) que usar los fondos guardados para garantizar, entre otras cosas, el pago de intereses de la deuda externa (recordando que ese es uno de los gastos públicos corrientes de mayor crecimiento dentro de las cuentas fiscales). Justamente el FEIREP se usó como garantía de pago del servicio de la deuda externa y sería aberrante que suceda lo mismo con la “Ley de Fomento Productivo”. Penosamente las puertas a esa posibilidad han quedado abiertas de par en par…

A más de que la ley “morenista” plantea reglas fiscales sobre el gasto, también plantea reglas sobre el manejo del endeudamiento público. Así, mientras que por un lado se ratifica que el techo legal de la ratio deuda/PIB es de 40%, por otro lado, se dispone que el período 2018-2021 es de “estabilización” y que durante el mismo no rige el techo legal de la deuda. Más bien, durante la “estabilización” se aplicará un plan de sostenibilidad fiscal que “optimice” el gasto público y reduzca el déficit primario cada año hasta alcanzar el equilibrio en 2021 (pudiendo extenderse el plazo si surgen gastos no programados de obligatorio cumplimiento); alcanzado el equilibrio primario se aplicaría un “plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal” para llegar a una ratio deuda/PIB de 40% a largo plazo (sin saber a ciencia cierta cuándo realmente se cumplirá dicho plazo).

Más allá de los planteamientos dogmáticos hay un exceso de discrecionalidad pues en la ley se establece que, en caso de existir riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales, se aplicarán mecanismos de “corrección automáticos” y planes de “sostenibilidad fiscal” [16] . ¿Qué quiere decir “corrección automática”? Al menos la ley no lo aclara, y con eso queda abierta una puerta -hasta discursiva- en favor de los supuestos mecanismos de ajuste automático del libre mercado.

A criterio de Wilma Salgado , las metas de ajuste propuestas en la ley, tanto a nivel de deuda como de déficit primario, muestran condiciones que pueden ser tan o hasta más drásticas que aquellas que el Fondo Monetario Internacional ha solicitado, por ejemplo, a Argentina en el acuerdo Stand By alcanzado en junio de 2018. Aquí cabría anotar la salvedad de que a Argentina el FMI la condicionó para concederle un crédito de 50 mil millones de dólares, mientras que Ecuador está auto-condicionándose. Por cierto, dicho auto-condicionamiento no es gratuito, pues el FMI cada vez se acerca más al país,

Aunque es necesario un análisis muy profundo para comprender la real magnitud que tomará el ajuste -pues al momento lo único claro es la existencia de un mega-abanico de posibilidades neoliberales-, algunos indicios empiezan a palparse. Así, la ley “morenista” dispone suspender dentro del sector público la creación de puestos de trabajo vía contratos ocasionales y concursos de méritos y oposición hasta analizar la “real necesidad de permanencia y creación de puestos”.

Tal disposición se conjuga con la declaración oficialista de que se revisaría la situación laboral de 160.000 funcionarios públicos que estarían empleados de forma “irregular” (entre nombramientos provisionales y contratos ocasionales extendidos más allá del límite legal) [17] , y que se abrirían concursos para regularizar a 70.000 empleados entre 2018 y 2019 [18] . Todo esto con el claro propósito de reducir la masa salarial pública, tomando en cuenta que solo para pagar contratos ocasionales el Estado requiere anualmente de 1.300 millones de dólares .

Si bien es crucial revisar la masa salarial pública (recordemos que ésta ha crecido en todo el período 2014-2017 aún en medio de la crisis, ver cuadro 2), dicha redimensión no debería empezar con los trabajadores más vulnerables. Lo primero que debería hacerse, a nuestro criterio, es un ajuste serio sobre los megasueldos de la burocracia dorada: apenas 38.700 funcionarios perciben un ingreso promedio de 58.100 dólares al año [19] , representando una masa salarial de más 2.200 millones de dólares anuales (es decir, un monto mayor al que representa el gasto en contratos ocasionales). Luego de redimensionar a esa burocracia dorada, se debería estudiar cada caso particular de empleo público.

En definitiva, podemos empezar a intuir que el ajuste neoliberal “morenista” va a ser grande y, como siempre, ni los grandes grupos económicos y quizá ni la burocracia dorada serán quienes paguen los costos de la crisis. Y mientras esto sucede, hay algunos personajes muy particulares que se frotan las manos por las potenciales ventajas -explícitas e implícitas- que la “Ley de Fomento Productivo” les ofrece. Nos referimos a la gran banca privada.
Dogmatismo monetario y claudicación a la banca

En una sociedad, quienes tengan la capacidad de influenciar sobre la dinámica monetaria son, al mismo tiempo, quienes detentan un gran poder (hasta podríamos decir que detentan un “ suprapoder monetario ”). Más aún en una economía dolarizada como la ecuatoriana, donde la capacidad de influenciar en la dinámica monetaria se encuentra restringida por la incapacidad de emitir moneda propia. Es muy importante tener presente este detalle, pues la cuarta gran claudicación de la “Ley de Fomento Productivo” “morenista” se encuentra en varias disposiciones que, a primera vista, se muestran como claro ejemplo de dogmatismo monetario, pero al reflexionarlas con detenimiento, evidencian el entreguismo total del gobierno de Moreno a la gran banca oligopólica del país.

Respecto al dogmatismo monetario, la ley dispone que el Banco Central del Ecuador (BCE) no puede invertir ni en Certificados de Tesorería (CETES) ni en ningún otro título valor emitido por el Estado o por sus instituciones (especialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas); tal prohibición se extiende a todas las instituciones financieras públicas, siempre que éstas usen recursos de inversión doméstica provenientes del Banco Central del Ecuador.

Si bien en el correísmo se llegó al extremo de usar al Banco Central casi como “caja chica” por medio del pésimo manejo que éste hizo de las reservas internacionales, tanto al prestarlas de forma irresponsable al gobierno central como al inyectarlas a la banca pública para que ésta financie la fallida “transformación productiva” [20] , ahora con el “morenismo” pasamos al otro extremo: el Banco Central pierde cualquier posibilidad de inyectar liquidez a las instituciones públicas vía compra de títulos u otras obligaciones.

¿No se podía poner reglas más claras, y límites estrictos, en vez de quitarle completamente un instrumento de política monetaria al Banco Central? Por ejemplo, se pudo disponer que las compras del Banco Central en títulos valores de las instituciones públicas no exceda un determinado porcentaje de las reservas internacionales [21] y, sobre todo, que los fondos obtenidos de dicha compra se usen estrictamente en proyectos de inversión pública y jamás en gasto corriente [22] . Sin embargo, este tipo de planteamientos es obvio que está fuera del horizonte neoliberal, el cual parecería que prefiere que el Estado obtenga financiamiento caro mientras se tiene recursos internos remunerados a tasas de interés bajísimas en bancos internacionales (un negocio redondo hasta para los especuladores).

Si el Banco Central pierde de forma drástica la capacidad de influencia monetaria, ¿quién gana? Pues los otros agentes económicos que pueden influenciar en la dinámica monetaria de nuestro país dolarizado, es decir, la gran banca privada (recordemos que ésta influye por medio de la concesión de créditos, la generación secundaria de dinero y hasta con el potencial de repatriación de dólares).

Es decir, al quitarle funciones al Banco Central implícitamente se le otorga mayor poder monetario a la banca privada, lectura que concuerda completamente con otras disposiciones de la “Ley de Fomento Productivo” donde el entreguismo “morenista” es explícito: se deja de identificar a personas con mayor influencia dentro del sistema financiero según su propiedad patrimonial; se encarga el manejo de datos crediticios individualizados a la Superintendencia de Bancos y Seguros, información que podrá comercializarse a bancos y demás agentes económicos que deseen valuar el riesgo crediticio; y hasta se propone que, desde la vigencia de la ley, hay 120 días para armar un “programa de diversificación de inversiones” en donde la banca pública deberá ampliar su portafolio invirtiendo en títulos valores del sector privado [23] .

Queda claro, entonces, que la “Ley de Fomento Productivo” continúa con la claudicación del gobierno de Moreno frente a la gran banca; claudicación que, de hecho, ya se evidenció cuando el “morenismo” entregó a esa banca hasta el manejo del dinero electrónico. Pero, una vez más, no olvidemos que la banca no solo está ganando con Moreno, sino que ya ganó -y demasiado- con el propio correísmo . Así que, aun cuando el entreguismo “morenista” es extremo, no es más que la evidencia de un proceso que ya se venía dando desde antes, un proceso en donde la banca gana… ¡siempre!

 

Correísmo-“morenismo”: matices de una vil continuidad neoliberal

 

Las cuatro grandes claudicaciones que posee la “Ley de Fomento Productivo” propuesta por el gobierno de Moreno definitivamente no marcan una ruptura con los últimos años del gobierno de Correa. Al contrario, y que no quepa ninguna duda: correísmo y “morenismo” apenas son matices de una vil continuidad neoliberal. Si a dicha continuidad sumamos todo lo que está por venir, incluyendo una potencial eliminación abrupta de subsidios hasta la total apertura del país a tratados comerciales , que incluye la aproximación a la Alianza del Pacífico antes combatidos hasta la saciedad ; no olvidemos que Correa, como se anticipó oportunamente , ya dejó abierta esta puerta con la firma del tratado comercial con la Unión Europea en 2016.

Además, la supuesta esperanza de que con “perdones y olvidos”, con remisiones y reducciones, se generarán incentivos para atraer inversión y crear empleo ya es demasiado trillada y carente de sustento. Una y otra vez se han dado medidas de esta naturaleza. Y una y otra vez no se han cristalizado en las prometidas nuevas inversiones, así como tampoco en las ansiadas reactivaciones económicas. Para muestra basta recordar -una vez más- la remisión de 2015 hecha durante el correísmo y que fue incapaz incluso de evitar la caída de la recaudación tributaria en 2016 y 2017, ni fue capaz de evitar que la economía ecuatoriana se estanque ya por tres años: entre 2014 y 2017 el PIB per cápita ha caído de 6.347 a 6.143 dólares anuales por persona.

Desde el punto de vista de los sectores populares -quienes ya están pagando la crisis y la seguirán pagando por varios años más-, definitivamente las opciones son cada vez más evidentes: o se acepta ser partícipe del entreguismo “morenista” y se deja que el neoliberalismo llegue a dónde nunca llegó -ni siquiera en la década perdida de los años ochenta, por ejemplo, con la imposición de la megaminería y la suscripción del TLC con la Unión Europea-, o se reactiva la lucha popular. Penosamente, la década correísta ha dejado destrozada a la izquierda y duramente golpeados a los movimientos sociales, los cuales -admitámoslo- también se han hundido por sus propios graves errores. Resultado de ello, muchos movimientos sociales -y hasta sindicales- están perdiendo el norte al empantanarse en el “carga montón” que se hace sobre Correa [24] . ¡Ahí no está la lucha! La lucha es contra el capital… en especial en contra de sus versiones neoliberales de política económica y de forzado extractivismo que ahonda nuestra característica de economía primario-exportadora.

 

Sí, hemos salido del cinismo correísta, pero para entrar en una mutación aún peor. Las claudicaciones “morenistas” son clarísimas. Así que ya no hay tiempo para ambigüedades. Las alternativas históricas de los sectores populares y sus dirigencias son dos: sumisión… o resistencia.-

 

Notas:

[1] Usamos el término “morenismo” entre comillas pues, en realidad, el gobierno de Moreno no centra su poder en la imagen de su presidente. Cosa diferente sucedía con el correísmo, el cual sí centraba su poder en la imagen de Correa bajo la forma de caudillo.

[2] Ver el artículo de Pablo Ospina: “La orden de prisión a Rafael Correa y las denuncias de corrupción” ( Rebelion.org , julio 07 de 2018).

[3] Recomendamos, en particular, los artículos de Wilma Salgado: “Paquetazo para “toda una vida” en el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (Ecuador Debate No.104 y Ecuador Today ) y de Katiuska King: “Ley de Fomento Productivo: Nueva amnistía, fomento a evadir impuestos” ( blog personal ).

[4] Dicho resumen se elaboró a partir del veto presidencial del 18 de julio de 2018 .

[5] Antes del correísmo únicamente se han hecho remisiones en 1971 y en 1997.

[6] Ver las declaraciones de la directora del SRI recogidas por Ecuador TV: “ Menos del 1% de beneficiarios de la remisión tributaria son grandes contribuyentes ”, junio 27 de 2018. Es llamativo que el discurso oficial trate de “dorar la píldora” argumentando que, si bien en monto los grandes contribuyentes son los principales beneficiarios de la remisión, en número de contribuyentes se beneficia más a los pequeños. Si los grandes contribuyentes en el país son minoría, eso se debe a una excesiva concentración de los mercados.

[7] Por ejemplo, la ley propone que los deudores usen los intereses y multas ya pagados -incluso por vía coactiva- como si fueran adelantos de capital, de modo que pueden reducir el saldo de deuda que deben pagar para acceder a la remisión. Para más detalles, revisar el resumen de la ley disponible en línea .

[8] Tales son los “vientos de libertad” que da la ley “morenista” al capital que hasta dispone la caducidad en 6 años -como cualquier forma de no declaración tributaria- a las causas originadas por tributos declarados con gastos inexistentes o con facturas de empresas fantasmas. Asimismo, otorga a los inversionistas extranjeros una “residencia temporal de excepción” con un visado renovable cuantas veces desee el peticionario, sin límite de estadía y extensible a cualquier agente que desee hacer negocios en el país.

[9] En el caso de empresas ya existentes, la exoneración aplica de manera proporcional a las “nuevas inversiones productivas” que éstas hagan (excepto transferencias de activos entre sociedades). Es decir, todas las empresas ya existentes pueden acogerse a las exoneraciones del impuesto a la renta y del impuesto a la salida de capitales incluidas en la “Ley de Fomento productivo” simplemente replanificando sus inversiones.

[10] Los sectores priorizados, según la normativa acorde a la “Ley de Fomento Productivo” son: a) sector agrícola; producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; b) cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; c) metalmecánica; d) petroquímica y oleoquímica; e) farmacéutica; f) turismo, cinematografía y audiovisuales y eventos internacionales; g) energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; h) servicios logísticos de comercio exterior; i) biotecnología y software aplicados; j) exportación de servicios; k) desarrollo y servicio de software, producción y desarrollo de hardware tecnológico, infraestructura digital, seguridad informática, productos y contenido digital, servicios en línea; l) empresas de servicios de eficiencia energética; m) industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentables; n) sector industrial, agroindustrial y agroasociativo; ñ) los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, que mediante Decreto Ejecutivo determine el Presidente de la República, con base en las recomendaciones que para el efecto emita el Consejo Sectorial de la Producción.”

[11] Ejemplos de la reducción del impuesto a la renta en el turismo son: la ya mencionada exoneración de 12 años cuando se generen ingresos por nueva inversión; exoneración de 10 años para inversiones que actúen como ZEDES (zonas francas y de desarrollo) turísticas, y para los siguientes 10 años una rebaja de 10 puntos en el impuesto a la renta.

[12] Aquí aparece, una vez más, el poder de los reglamentos, en los que a la postre se definirán -léase, se ampliarán- los beneficios para los inversionistas.

[13] El resultado primario equivale al saldo global del sector público descontando el servicio de deuda pública correspondiente a intereses (ver metodología de la información estadística mensual del Banco Central, p.71 ).

[14] Ver el libro de Alberto Acosta (2012): Breve Historia Económica del Ecuador. Quito: Corporación Editora Nacional (tercera edición), p.270.

[15] Para una simulación muy simple que evidencia cuán posible era fortalecer reservas internacionales con una fracción de excedentes petroleros manteniendo incluso el financiamiento de las importaciones de derivados deficitarios, puede verse el libro de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): Una década desperdiciada. Las sombras del correísmo. Quito: CAAP, pp.232-233 .

[16] Por cierto, todas estas reglas macrofiscales pueden modificarse en casos excepcionales con la aprobación de la Asamblea Nacional o por petición del Presidente de la República vía decreto de Estado de Excepción.

[17] Ver la declaración de uno de los consejeros del Presidente de la República recogida en el artículo de El Comercio: “ 160 000 servidores públicos, en situación irregular ”, 2 de julio de 2018.

[18] Ver la declaración del Ministro de Trabajo recogida en el artículo de Agencia Andes: “ Ministro de Trabajo anuncia regularización de contratos en el sector público ”, 4 de julio de 2018.

[19] Al respecto ver el artículo de Pablo Dávalos en Plan V: “ Una élite de 38.700 funcionarios gana más de USD 3000 al mes ”, 27 de abril de 2016.

[20] Sobre el tema puede revisarse el libro ya citado de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018), pp.86-90 .

[21] Porcentaje que podría definirse estudiando cuál es el nivel óptimo de reservas que debería mantener una economía en dolarización.

[22] Asimismo, se pudo disponer que dentro de las cuentas fiscales siempre exista una clara distinción entre los fondos que por ley únicamente deberían usarse en inversión pública, de los fondos que deberían cubrir gasto corriente. Es decir, se pudo proponer la descomponer de la llamada “cuenta única del tesoro” en subcuentas con fondos que, por ley, sean intransferibles entre sí. Con eso hasta se podría evitar el ocultamiento del financiamiento de gasto corriente con deuda externa pública .

[23] En medio de tal maraña de concesiones, apenas como una mera genuflexión se propone generar un fondo para el fomento productivo de la Economía Popular y Solidaria con el 50% de las utilidades de la banca pública. De hecho, esa es uno de los poquísimos apoyos incluidos en la ley “morenista” a la Economía Popular y Solidaria, a pesar de que ésta cumple un papel crucial en hasta en la subsistencia del país.

[24] Esto no implica, de manera alguna, que estemos abogando por abandonar la lucha contra la corrupción y los masivos abusos de poder del correismo.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-Candidato a la Presidencia de la República.

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Estudiante de doctorado en economía en FLACSO-Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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De la revolución ciudadana al progresismo moderno

Detrás de la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, matizada por insultos y calificativos como traidor y corrupto –que no dejan de ser cierto en los dos casos–, se esconden muchos aspectos que evidencian que su semejanza y cercanía política es mayor que sus desavenencias.


Correa, agazapado en Bélgica, intenta articular un discurso de oposición al gobierno desde supuestas posiciones de izquierda, aprovechando que Moreno en el plano económico adopta medidas que favorecen a los grandes empresarios y a los capitales internacionales, como se establece en la Ley de Fomento Productivo, y afectan a los hogares ecuatorianos, como con la anunciada elevación de los combustibles que, a más del golpe que esa sola medida provoca, trae consigo un gran efecto inflacionario.


Eso y los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, los esfuerzos por avanzar en negociaciones de tratados de libre comercio (iniciadas por su antecesor, Rafael Correa), la desesperada búsqueda de préstamos e inversiones extranjeras, los anuncios de privatizaciones de empresas estatales, la presencia en su gabinete ministerial de personajes directamente vinculados con poderosos grupos económicos ha motivado –y con sobra de razones– las críticas de distintos sectores que identifican en su gestión el reverdecimiento del neoliberalismo.


A Moreno le incomoda esa etiqueta y en su reciente visita a España optó por autocalificarse como “progresista moderno”. Busca ubicarse en una tercera posición, distanciado de los gobiernos tipo Macri, Temer o Piñera, pero también de los llamados “progresistas” Maduro o Morales.


Hace algunos meses, para que no quede duda de la naturaleza de su pensamiento económico y político, en una reunión –también con empresarios– habló de la “cuadratura del socialismo del siglo pasado”, uniéndose así a la campaña que en todo momento y en todo lado las fuerzas del capital lanzan en contra del socialismo marxista. Exactamente, Moreno llamó a “abandonar la cuadratura del socialismo del siglo pasado y emprender un nuevo socialismo, moderno, incluyente”. El “progresismo moderno” que lo acaba de inaugurar, según su definición, contiene como ejes fundamentales la política a favor de los más necesitados, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la apertura económica. En la reciente convención de Alianza PAIS también se establecieron esos parámetros para su definición ideológico-política.


No es posible encontrar diferencia de fondo entre esos ejes planteados por Moreno con el contenido de las propuestas levantadas por cualquier gobierno liberal, neoliberal, de derecha. Rafael Correa y Alianza PAIS hablaban el mismo lenguaje respecto de lo que era la denominada “revolución ciudadana”, claro que Moreno va más atrás porque se atreve a plantear el objetivo de la “apertura económica”, que si bien no formó parte fundamental del discurso de Correa, sin embargo la ejecutó muy bien, particularmente en relación a las inversiones chinas y en los ámbitos minero, petrolero, eléctrico, servicios.


La desfiguración conceptual que Moreno y Correa realizan del socialismo es absoluta, y tiene como propósito desnaturalizar la esencia de lo que éste es en realidad; pero más graves son los daños que la ejecución de su política provoca, porque sus resultados están sirviendo como insumo en el discurso de la derecha para demostrar un supuesto “fracaso del socialismo” y, más aún, han provocado también confusión en los sectores populares y hasta un rechazo a lo que consideran ha sido una experiencia socialista que ha dejado como secuela una época de escandalosa corrupción, restricción de las libertades democráticas, centenares de luchadores y activistas sociales enjuiciados y encarcelados, una burguesía más fortalecida, un país en crisis y con niveles más altos de dependencia externa.


Una revolución para el capital


Lo estratégico –por las proyecciones económicas, políticas y sociales- que cumplió la “revolución ciudadana” del ex presidente Correa fue: el fortalecimiento de la institucionalidad burguesa, que implica también el fortalecimiento de los mecanismos e instrumentos coercitivos del Estado capitalista; la implementación de políticas que permitieron, en cierto sentido, la modernización capitalista del país y, sobre todo, garantizar niveles más altos de extracción de plusvalía y de utilidades a los grandes empresarios y banqueros.


La contraparte del discurso de la “revolución ciudadana” respecto de los “avances en equidad social” está en la realidad del país. Hace poco más de un año, se publicó una investigación que lleva por título “Los grupos monopólicos en el Ecuador”, realizada porCarlos Pástor Pazmiño. Allí se sostiene que el período 2007–2014 coincide con el mayor crecimiento económico registrado desde los años setenta de las empresas más grandes del país, mismas que son parte de grupos económicos que se han ido formando desde hace ya varias décadas.


Las estadísticas del Sistema de Rentas Internas, SRI, muestran que los grupos económicos en Ecuador presentan un crecimiento exponencial, según un artículo publicado en octubre del año pasado en la Revista Líderes. La información obtenida hasta el 2017 habla de 215 grupos económicos (el año 2006 operaban 62), y uno de los elementos que permitió su desarrollo fue el incremento del gasto público estatal, lo que confirma la utilización que la burguesía hace del Estado para la acumulación capitalista, aún cuando demanda menor gasto público. Lenín Moreno ahora tiene planteado alimentar a esos mismos sectores a través de la privatización de las empresas estatales que las considera ineficientes.


Los 62 grupos económicos tuvieron USD 17.083 millones por ventas en el 2010, equivalente al 36,5% del PIB; en el 2015, los 200 grupos económicos ya existentes alcanzaron ingresos por USD 57.475 millones, que representan el 57,4% del PIB. El año 2016 su carga tributaria promedio fue del 2,29%, según el SRI, mientras la presión fiscal del Ecuador, en el 2015, alcanzó el 21,7%, es decir, lo correspondiente al pago de tributos que pagan todos los habitantes en relación al PIB.


Todo esto muestra que el nivel de concentración y centralización del capital en el país es mayor a épocas anteriores, en otras palabras, se ja producido un fortalecimiento del poder de la gran burguesía, intermediaria de capitales extranjeros.


El grupo de Álvaro Noboa Pontón –al que supuestamente combatió Correa– mantiene la posición más alta, con 72 empresas (2015). Le siguen los grupos: Pichincha, Eljuri (mimado del correísmo), Nobis (que tuvo su propia representante en el gabinete de Correa), Wrigth, Czarninsky, Pronaca.


La misma investigación de Pástor establece el aparecimiento de nuevos grupos, como Holcim (Suiza), que opera en el Ecuador desde 2004, pero a partir del 2007 su crecimiento es notable. “En el 2011 llegó a ocupar el puesto número 13 en el ranking de las empresas más grandes del país. En el 2013 llegó al puesto seis y desde el 2014 hasta hoy se mantiene como la cuarta empresa de mayores utilidades en el país”.
La información al respecto ahora ya es relativamente abundante y recomendamos su lectura, para entender cómo la denominada“revolución ciudadana” no fue más que un proyecto al servicio de la gran burguesía, que en el plano político permitió a ésta superar el bache de la ingobernabilidad y en lo económico afirmar su dominación de clase y obtener utilidades superiores a las logradas en los precedentes gobiernos neoliberales, como demuestran las cifras oficiales del gobierno pasado y lo sostuvo el mismo Rafael Correa.


Estos poderosos grupos económicos continúan beneficiándose de la política gubernamental. El programa económico de Morenocontempla medidas como la reducción y exoneración de tributos a los grandes empresarios y al capital extranjero en determinadas condiciones y el perdón (remisión le denominan) de una parte de las deudas de la burguesía morosa. Según el SRI, más de cuatro mil seiscientos millones de dólares adeudan al Estado 495 empresas, fenómeno que viene desde años atrás.


Se podría hablar de temas como endeudamiento externo, búsqueda de acuerdos de libre comercio, emisión de bonos del Estado y encontraremos similitudes entre Moreno y Correa. Hay matices por supuesto, que no pueden perderse de vista, y también aspectos en los que Moreno ha marcado diferencias, sobre todo obligado por las circunstancias políticas del país, en las que la mejor carta de presentación es mostrarse en el bando contrario de Correa quien, ahora, carga con cerca del 80% de rechazo en la población.


Revolución ciudadana, socialismo del siglo XXI, nuevo socialismo democrático, progresismo moderno son malabarismos verbalescon los que uno y otro intentan continuar jugando en el andarivel político de la izquierda, aunque sus definiciones ideológico-políticas están fuera de ella y sus realizaciones se hallan al servicio del gran capital.


No son nuevos esos esfuerzos que buscan posicionarse como alternativa “intermedia” frente a corrientes económico-políticas que aparecen como polos opuestos. Eso intenta Moreno con su “progresismo moderno”: una tercera vía entre el neoliberalismo y los denominados gobiernos “progresistas”. Así operaron las propuestas del socialismo del siglo XXI, del bolivarianismo, del socialismo andino cuando irrumpieron como opción ante el neoliberalismo y el socialismo marxista; así actuó la socialdemocracia para mostrarse como el punto intermedio entre el liberalismo y el socialismo marxista leninista que ganaba adhesión mundial por los éxitos alcanzados en la ex URSS durante las primeras décadas de revolución. La historia nos muestra que todas esas propuestas de “tercera vía” tienen algo en común: su oposición al socialismo marxista y su nacimiento en los mismos cenáculos de los círculos de poder.


Esas corrientes supuestamente de “izquierda”, “progresistas”, “innovadoras” hacen un grave daño al movimiento popular y a las fuerzas de izquierda –por la confusión política que provocan en el movimiento popular– y benefician exclusivamente a los grupos de poder. Correa y Moreno cumplen esa labor diversionista en tanto expresión política de una u otra facción burguesa. Cuando se plantea la confrontación a esos sectores, sea en el terreno de la lucha política o del debate de sus ideas, se expresa el combate a propuestas políticas de contenido burgués y no se trata de discrepancias al interior de la izquierda, como aparentemente puede aparecer y muchos quieren mostrarlo.


La contradicción económico-política no se encuentra entre los puntos referenciales sugeridos por quienes juegan a la “tercera vía”. La contradicción real y definitoria está entre las fuerzas económico-políticas que, con sus respectivas variantes, defienden y procurar mantener la dominación capitalista; y, quienes pugnan por poner fin a este sistema con una auténtica revolución social. La contradicción es capitalismo o socialismo.

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Sábado, 21 Julio 2018 09:04

Un equipo de empresarios y uribistas

Un equipo de empresarios y uribistas

Algunos de los nombres resuenan por un pasado de tropiezos con la Justicia y otros por su destacado paso por empresas privadas, a falta de representar los intereses de la clase trabajadora, los indígenas y las víctimas del conflicto.

Mientras los partidos políticos se enfrentaban por la distribución de cargos directivos en el Congreso que se posesiona hoy, el presidente electo Iván Duque avanzó en elegir su gabinete ministerial anunciándolo a cuenta gotas y causando sorpresas por el alto número de mujeres, entre ellas Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior, que se estrenó prematuramente en sus funciones para calmar los ánimos entre los parlamentarios inconformes por resultar relegados en la repartición del poder. El ramillete de ministros, entre tanto, se abrió pasó sin problemas entre uribistas “pura sangre” y representantes de los gremios económicos. Algunos de los nombres anunciados resuenan por un pasado de tropiezos con la justicia, y otros por su destacado paso por empresas privadas, a falta de representar los intereses de la clase trabajadora, los indígenas, las víctimas del conflicto, y los líderes sociales que siguen llevando la peor parte tras el fin de la guerra con las Farc sin lograr que alguno de los nuevos ministros o el mismo Presidente electo les dedique atención.


Se destaca, sin embargo, lo paritario del nuevo gabinete en cumplimiento de las promesas de campaña. “Es un orgullo que el país tenga, por primera vez, una ministra del Interior”, afirmó el ex senador Iván Duque sobre la señora que estuvo investigada por los seguimientos ilegales a la oposición y la prensa desde el ya desaparecido –justamente por ser un ente corrupto– Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, mentor de Duque quien alcanzó la Presidencia en ballotage en junio pasado.”He creído firmemente en una sociedad donde se empodere el liderazgo de la mujer”, dijo el joven político que por vicepresidenta tiene a Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa, criticada por los movimientos feministas que la consideran machista y contraria a defensora de los derechos de las mujeres.


Otra mujer, que hasta la fecha ha recibido elogios por su gestión en el tema, será responsable de la cartera de Educación. María Victoria Angulo fue la secretaria de Educación en la Alcaldía de Bogotá de Enrique Peñalosa, mientras Gloria Alonso será quien dirija al Dirección Nacional de Planeación, una importante institución para la definición y financiación de políticas públicas. Además, Sandra Monroy, aún no confirmada en voz de Duque pero sí por medios como Portafolio.Co sería la nueva ministra de Tecnologías. Como la mayoría en el nuevo gabinete, viene del sector privado y favorecía intereses de empresarios en el gobierno que comienza. Monroy pasó por Claro Colombia, Terpel, Azteca Comunicaciones, y la Comisión Nacional de Regulación de Comunicaciones.


Además, María Fernanda Súarez, de 44 años quien ha trabajado en la empresa pública de petróleos EcoPetrol, fue elegida ministra de Minas y Energías. Según el nuevo primer mandatario “con ella promoveremos una mayor diversificación de la matriz energética, la responsabilidad social y ambiental, la eficiencia y competitividad del sector”.


Lo novedoso del grupo de Duque, además del número de mujeres, fue el nombramiento de Ricardo Lozano como Ministro de Ambiente, quien es declarado integrante de la comunidad lgbti. Sin embargo, sectores sociales le critican que representa los intereses de los privados pues viene de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) como la ministra de Comunicaciones que proviene de Asomovil, la asociación de operadores móviles que en Colombia están en manos de privados, a excepción del operador Tigo de la empresa pública Une de Medellín, que podría estar vendiendo acciones próximamentes para superar el descalabro generado con su la tragedia del proyecto hidroeléctrico Ituango.


Y lo polémico tuvo que ver con el nombre de Alberto Carrasquilla, al frente de la cartera de Hacienda, por haber afirmado años atrás que el salario mínimo en Colombia es ridículamente alto. Lo hizo mientras ocupó el mismo cargo en el periodo presidencial del cuestionado Uribe Vélez. Por lo que analistas como Héctor Riveros opinan que una el gabinete de Duque refleja una “especie de tecnocracia integrada por una élite social e intelectual que se ha tomado los gobiernos en Colombia desde hace treinta años ha traído cosas positivas, por ejemplo, Colombia es un país moderno y con mucha menos pobreza que antes, pero también ha profundizado los mayores problemas de nuestra sociedad: la desigualdad y la exclusión”.


Para Riveros, los nombres anunciados hasta ahora son mucho más viejos de lo esperado, egresados de las mimas universidades privadas de Bogotá, lo que significaría un centralismo en el gobierno próximo, y critica que la mayoría han nacido o habitado en los barrios de clase alta de la capital.


El nombramiento del Ministro de Defensa, Guillermo Botero, no ha sido menos polémico pues también proviene de las empresas, y no tiene conocimiento militar ni en derechos humanos en un momento crítico de transición de un país que está dejando atrás las insurgencias y debe enfrentar los retos del narcotráfico y la recién aprobada ley de sometimiento a la justicia de las bandas criminales (neo paramilitares, mafiosos o grupos ilegales al servicio de economías ilegales). Botero ha dicho, generando rechazo en la opinión pública, que reformará las leyes para la protesta social.


Del mundo privado al público también hacen su salto Andrés Valencia Pinzón, que proviene de la Federación Nacional de Avicultores y será el Ministerio de Agricultura, y Jonathan Malagón, uno de los más jóvenes del gabinete, que será el Ministro de Vivienda. Egresado de la Universidad Nacional, la institución educativa pública más importante de Colombia, Malagón generó buenas reacciones entre sectores de centro e incluso en la oposición. Por último, se supo que Juan Manuel Restrepo será el Ministro de Comercio, que Juan Pablo Uribe, médico y experto en sanidad pública, dirigirá Ministerio de Salud, y que Gloria Borrero –quien trabajó con los ex presidentes Samper, Pastrana y Gaviria– será la ministra de Justicia.

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Martes, 03 Julio 2018 07:42

AMLO y el poder real

AMLO y el poder real

Ayer, primero de julio, millones de mexicanos salieron a votar, y si no hubo un fraude de Estado monumental, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el próximo presidente de la República. De no ocurrir nada extraordinario en el periodo de transición, el primero de diciembre próximo AMLO deberá asumir el gobierno. Pero en ese lapso, y aún más allá del mediano plazo, el poder seguirá estando en manos de la clase capitalista ¬trasnacional.

Es previsible, también, que a partir de este 2 de julio, el bloque de poder (la plutonomía, Citigroup dixit), incluidos sus medios hegemónicos (Televisa y Tv Azteca, de Azcárraga y Salinas Pliego, ambos megamillonarios de la lista Forbes), y sus operadores en las estructuras gubernamentales (el Congreso, el aparato judicial, etcétera), escalarán la insurgencia plutocrática buscando ampliar sus privilegios y garantizar sus intereses de clase, y para seguir potenciando la correlación de fuerzas en su favor.


Más allá del ruido de las campañas, el proceso electoral transcurrió bajo el signo de la militarización y la paramilitarización de vastos espacios de la geografía nacional, y de una guerra social de exterminio (necropolítica) que elevó los grados de violencia homicida a límites nunca vistos en el México moderno, similares a los de un país en guerra (naturalizándose en vísperas de los comicios el asesinato de candidatos a cargos de elección ¬popular).


Como recordó Gilberto López y Rivas en La Jornada, ese conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la ocupación y recolonización integral de vastos territorios rurales y urbanos para el saqueo y despojo de los recursos geoestratégicos, mediante una violencia exponencial y de espectro completo que es característica de la actual configuración del capitalismo; el conflicto y la represión como medio de acumulación de la ¬plutonomía.


Para ello la clase dominante hizo aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y está latente, para su ratificación en el Senado, la iniciativa de Diputados de quitar el fuero al presidente de la República; la denominada estrategia de lawfare aplicada a Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, que implica el uso de la ley como arma para perseguir y destruir a un adversario político por la vía parlamentaria y/o judicial; una variable de los golpes suaves de manufactura estadunidense que podría revertirse contra AMLO.


Al respecto, y más allá de su giro hacia el centro y el rediseño de su programa de transición reformista −capitalista, democrático y nacional, con grandes concesiones al bloque de poder dominante−, la llegada de López Obrador al gobierno pudiera implicar, en principio, una ralentización o respiro (Galeano dixit) a la tendencia del mentado fin de ciclo progresista y restauración de la derecha neoliberal en América Latina.


El impulso de una nueva forma de Estado social, sin ruptura frontal con el Consenso de Washington, significará, no obstante, un cambio en la correlación de fuerzas regionales y tendrá tremendo impacto en los pueblos latinoamericanos. Por ello no es para nada inocente –o simplemente centrada en la profundización de las políticas de cambio de régimen en Venezuela y Nicaragua− la reciente gira neomonroísta del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por Brasil, Ecuador y Guatemala.


Cabe recordar el inusualmente crítico editorial del Washington Post del 18 de junio, que asumió como suficientemente creíbles los nexos de colaboradores cercanos de López Obrador con los gobiernos de Cuba y Venezuela, y las declaraciones del senador republicano John McCain, tildando a AMLO como un posible presidente izquierdista antiestadunidense y las del actual jefe de gabinete de la administración Trump, general (retirado) John Kelly, quien afirmó que López Obrador no sería bueno para Estados Unidos ni para México.


Según asesores de política exterior de AMLO, ante Washington, su gobierno antepondrá la defensa a ultranza de la soberanía nacional; revisará el marco de la cooperación policial, militar y de seguridad (DEA, CIA, ICI, Pentágono, etcétera), y bajo la premisa de que la migración no es un crimen, incrementará la protección de los connacionales irregulares, como si fuera una procuraduría ante los tribunales de Estados Unidos. También revisará los contratos petroleros y de obra pública. Lo que sin duda traerá fuertes confrontaciones con la Casa Blanca y la plutocracia internacional.


Como dice Ilán Semo, en México la Presidencia de la República encierra potencialidades simbólicas insospechadas; una suerte de carisma institucional. No importa quién la ocupe, incluso a un inepto (pensemos en Vicente Fox), el cargo le trasmite un aura: es el Presidente. Tras la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, AMLO quiere trascender a la historia como el hombre de la cuarta transformación. Pero para ello se necesita un cambio de régimen e impulsar grandes saltos en la conciencia política de los sectores populares; sin un pueblo organizado y movilizado tras un proyecto de cambio radical y profundo, no hay carisma que alcance.

Por Carlos Fazio
La Jornada

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Lunes, 02 Julio 2018 09:53

Transar

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Para estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador ha incluido en su equipo político a figuras del mundo empresarial. Quien encabezó la redacción de su programa político fue Alfonso Romo, un magnate ex dueño de una empresa de semillas transgénicas. Y su futuro ministro de Agricultura es un lobista pro transgénicos.

 

La alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con el Partido Encuentro Social, evangélico, movió políticamente a López Obrador hacia la derecha. El acuerdo de campaña fue anunciado públicamente a fines de diciembre pasado, y la coalición Juntos Haremos Historia permitirá amplificar al Pes y el PT, ya que obtendrán la mitad de los escaños parlamentarios que coseche la alianza.

Además de estos integrantes, otras figuras conservadoras empezaron a sumarse a la coalición. Uno de los primeros en hacerlo fue el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, quien se convirtió en el candidato único al gobierno del estado de Morelos, luego de que el ex rector de la universidad de ese estado, Alejandro Vera, que también pretendía el cargo, cediera el lugar al deportista.


En fila detrás del “Cuau” saltaron al Morena figuras como Manuel Espino, que fue presidente del Pan y, aunque él lo ha negado, se lo vincula a un grupo de ultraderecha llamado El Yunque. No mucho tiempo después, también se sumó el militar retirado Julián Leyzaola, que, según detalla la periodista Marcela Turati, “tiene en su historial 19 recomendaciones por violaciones de derechos humanos y 25 averiguaciones previas y actas circunstanciadas ante autoridades estatales y una por la Procuraduría General de la República por delitos como tortura y homicidio” (Proceso, 18-V-2018).


UN MAGNATE DE TIMONEL.


Otro que se integró al equipo de campaña de López Obrador es Alfonso Romo, un magnate de Nuevo León, titular del Grupo Pulsar, que maneja empresas en diversos rubros, incluidos los transgénicos. Romo pasó a liderar el trabajo de redacción del “proyecto de país” de López Obrador, un candidato que públicamente defiende una posición “contra la mafia del poder”. En una entrevista publicada esta semana en El Heraldo de México, Romo explicó que, cuando comenzaron a trabajar juntos, la instrucción que le dio López Obrador fue que necesitaba “crear confianza”, y que por eso Romo le había hecho “un plan de gobierno de centro que toma en cuenta a los olvidados”.


El proyecto presentado por Romo se centra en eliminar la corrupción, con lo que se recuperaría el equivalente al 10 por ciento del Pbi y con eso se financiarían las obras de infraestructura y la generación de empleos que el país necesita. Y López Obrador refrendó la lectura de que la corrupción es el verdadero mal detrás de la desigualdad. En una entrevista que le dio al canal Televisa dijo: “El problema no es que el empresariado acumule riqueza y no la distribuya. (En) México la causa principal de la desigualdad es la corrupción. La monstruosa desigualdad que tenemos no se debe a la explotación del empresario al obrero, puede ser, pero no es lo determinante. Lo principal es que la desigualdad de México se ha mantenido y se ha acrecentado y es monstruosa por la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad, es la causa principal de la desigualdad social.


A dos días de las elecciones, en un acto público, López Obrador anunció que, de ser electo presidente, Romo sería su jefe de gabinete. Ya había anunciado quiénes serían sus ministros a mediados de diciembre pasado. Entre esas designaciones sorprendió la de la cartera de Educación, que recayó en Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Fundación Azteca, parte del conglomerado mexicano de medios TV Azteca. Pero el nombre probablemente más preocupante sea el del probable futuro secretario de Agricultura: Víctor Villalobos. Sin embargo esto no ha generado demasiado revuelo, los únicos que denunciaron su presencia en un futuro gobierno del Morena fueron los activistas de Greenpeace. “Nuestra reacción fue inmediata. Greenpeace es una organización apartidista, mas no apolítica, y en ese sentido denunciamos a candidatos que tienen o promueven conductas que deterioran el ambiente y afectan la salud humana”, comentó a Brecha María Colin, asesora legal de Greenpeace en México.


TRANSGÉNICOS.


Villalobos, explicó la abogada –que lleva el litigio de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, y que logró a mediados del año pasado que se revocara el permiso de siembra de soja transgénica de Monsanto–, ocupó varios cargos gubernamentales desde principios de este siglo y fue el primer director de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. “Hemos seguido en el tiempo su trayectoria pro-transgénicos, y nuestra gran crítica contra él, entre muchas, es haber permitido el llamado ‘Tlc transgénico’ entre Canadá, Estados Unidos y México, en el cual, mediante un acuerdo regional, se permite un 5 por ciento de tolerancia a las semillas transgénicas en los embarques entre los tres países”, explicó.


Colin sugirió que es muy probable que el vínculo entre el candidato López Obrador y Villalobos lo haya forjado Alfonso Romo, quien fue dueño de la empresa productora de semillas Seminis, que en 2003 vendió a un empresario estadounidense, Fox Paine, quien dos años después fusionó esa empresa con Monsanto.


Desde 2016, cuando se falló en la causa “Demanda colectiva del maíz” prohibiendo la siembra de maíz transgénico en México, hay presiones desde el sector agrícola industrial por allanar el camino a esta tecnología. Como señala Colin, las dudas todavía son muchas y resta ver si la designación de Villalobos significa una luz verde para las grandes trasnacionales que concentran el mercado de producción de semillas, en un momento en que su avance en México está detenido.


Aunque, señaló la abogada, “Villalobos lleva muchos años promoviendo esta tecnología, ¿por qué de repente, en un proyecto nacional, va a asumir una postura distinta?”.

Publicado enInternacional
Lunes, 18 Junio 2018 07:01

Colombia: un país distinto

Colombia: un país distinto

Si Duque no hubiera sido el candidato menos agresivo para los votantes indecisos, no habría ganado esta batalla de miedos

Una propuesta de izquierdas ajena a los partidos tradicionales ha logrado ocho millones de votos en Colombia. En la primera vuelta, una plataforma de centro progresista alcanzó los cuatro millones y medio, sumando más de nueve junto a la primera. La victoria, la presidencia, ha recaído sobre el candidato más moderado y más limpio de todo el menú que tenía a su disposición un expresidente que tuvo que quedarse sentado, en segundo plano, durante la celebración de la noche electoral. El más asociado con el establishment ni siquiera alcanzó el 8%: ni las maquinarias ni la opinión (si es que marcar una división entre ambas tiene sentido) le dieron su confianza.


Por todo ello, Colombia ya es un país distinto.


Un país que recogerá Iván Duque, que logró ampliar la coalición del “no”, o del uribismo (que tuvo 6.5 millones en 2016, y 6.9 millones en 2014). Hay tres maneras de leer esto: una, la simple (casi simplista), vendría a decir que el uribismo gana adeptos. Otra, probablemente más ajustada a la realidad e igualmente popular, atribuiría la victoria de Duque al miedo a Petro: el "argumento Venezuela" ha funcionado, y le ha dado esos votos extra. Sin embargo, la tercera explicación es necesaria para que la segunda también sea cierta: si Duque no hubiera sido el candidato más centrado, menos agresivo para los votantes indecisos, no habría ganado esta particular batalla de miedos en que se ha convertido la segunda vuelta.


En definitiva, el núcleo duro del uribismo tiene que aceptar que sus dudas sobre la idoneidad de Duque como candidato eran infundadas. Sin embargo, ahora vendrán las cuestiones sobre el Duque presidente. Y sobre él, como candidato que ha logrado aunar a la derecha y al centro-derecha, penderá una duda que es al mismo tiempo una amenaza que tiene dos ejecutores. La duda es si, o cuánto, se va a distanciar Duque de Uribe. Quizás se da un volteo tan radical como el de Santos en el ciclo 2010-2014, que reconfiguró toda la política colombiana al traicionar a su padrino, el expresidente. Pero es posible también que todos, incluso el propio Uribe, haya descontado cierto giro. Pero, ¿hasta dónde? Y aquí entra la amenaza: si no se mueve tanto como esperan sus votantes moderados, quizás su plataforma sufra un castigo en 2022. Pero si se mueve demasiado, tal vez otros se sientan traicionados. Duque es, en no poca medida, una caja de esperanzas para una coalición más heterogénea de lo que parece a simple vista.


Colombia es también un país en el que un candidato de izquierda puede alcanzar más de un 40% de los sufragios. Aunque pase a la segunda vuelta por sólo 300.000, esto significa que una parte importante (si bien no mayoritaria) de los votantes progresistas están dispuestos a ponerse detrás de una propuesta en el extremo del espectro político. Es cierto que, probablemente, muchos de ellos llegarán ahí sin entusiasmo y con dudas. El apoyo de dos miembros clave del centro regeneracionista como Claudia López y Antanas Mockus habrá sido importante para disipar parte de las mismas. Así que ahora, en la oposición, se abre una dinámica que durante cuatro años combinará cooperación y conflicto.


Gustavo Petro cuenta con la impresionante cifra de la primera vuelta y con el recientemente aceptado puesto en el Senado que le dará una plataforma mediática sin par. Mientras, el centro (sea Fajardo quien lo siga representando, sea otro) tendrá en su mano los votos que ganó en primera vuelta. Ambos comparten el interés en derrocar a la derecha, pero discrepan en cómo hacerlo, y sobre todo en qué hacer una vez lo logren. Estas diferencias son demasiado grandes y demasiado evidentes como para que desaparezcan en tres semanas, o en cuatro años. Pero la verdad es que Petro ganó dos veces en ese periodo de tiempo: una, cuando realmente sobrepasó al centro. Otra, cuando alcanzó el umbral psicológico del 40%. De ahí la esperada combinación de cooperación y conflicto: un resultado más pobre de Petro le habría dado alas a sus rivales, pero habría hecho falta una diferencia mayor el 27 de mayo para darle a la izquierda el reinado indiscutible de la oposición. Esta lucha solapada tendrá como primera meta volante las elecciones locales y regionales de octubre de 2019.


En definitiva, Colombia es un país donde las luchas ideológicas dentro de cada bloque (el conservador, que ahora está en el gobierno, y el progresista, que ocupará la oposición) van a definir los próximos cuatro años. Lo cual reproduce en cierta medida las dinámicas de la larguísima campaña que llevó al país a la primera vuelta, a la que probablemente ha sido la elección más plural de la historia de la República. También la más pacífica en medio siglo. Y ambos factores están íntimamente relacionados. Porque el país continúa embarcado en un ciclo que ha abierto la política. Lo ha hecho, por un lado, a segmentos e ideas tradicionalmente excluidos (como la izquierda). Pero, por otro, ha profundizado en una fragmentación de las élites establecidas que también favorece la multiplicación de perspectivas. En otras palabras: si todo sigue como hasta ahora, Colombia será, cada vez más, un país plural.

Por JORGE GALINDO
18 JUN 2018 - 08:58 CEST

Publicado enColombia