Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

Publicado enInternacional
Lunes, 15 Junio 2020 06:57

El capitalismo de la vigilancia/II

El capitalismo de la vigilancia/II

En la inmediata pospandemia del Covid-19, la guerra por el liderazgo digital del mundo, con sus columnas centrales: la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, las redes 5G y el big data cobrará un nuevo impulso en clave geopolítica. Y como antes de la irrupción del coronavirus, la disputa sobre cuál sociedad digitalizada y bajo qué modelo seguirá siendo librada entre Estados Unidos y China.

Elevada a rango de religión por el 1% más rico del planeta (la plutocracia global del Foro de Davos), la tecnología digital es algo más que una herramienta de comunicación; es un vigoroso instrumento de poder para reunir información de masa con la que después se puede manipular, controlar y/o confinar a millones de personas en el orbe (la experiencia del coronavirus). De allí que, como adelantábamos en nuestra entrega anterior, el capitalismo de la vigilancia −según la acertada expresión de Shoshana Zuboff− es una amenaza para la libertad e independencia de la persona.

Digitalizada, elaborada y transformada en cadena de bits y bytes, el seguimiento regular y sistemático de la actividad online (videovigilancia ubicua, ya que cualquier actividad mediada digitalmente deja huella) se convierte en mercancía informacional, verdadero núcleo, como dice Zuboff, de la actual economía digital globalizada.Mediante configuraciones algorítmicas que se suponen secretas, indescifrables e ilegibles, las megacorporaciones del sector extraen a la persona −como nueva mercancía ficticia al igual que la tierra, el trabajo y el dinero, según la temprana intuición de Karl Polanyi− datos de su vida diaria (sin el consentimiento del usuario convertido sin saberlo en materia prima), que se transforman en productos predictivos destinados a rastrear y modificar los sentimientos y la conducta de millones de individuos.

A su vez, la colonización digital, como nueva forma de dominación y construcción de hegemonía –dictadura tecnológica la llama Vandana Shiva−, permite a las plataformas de infraestructura oligopólicas globales de doble vía comercializar la mercancía informacional (el producto predictivo) y obtener lucro excesivo y superrenta.

Así, la persona es la mina a cielo abierto de la riqueza digital del filantrocapitalismo (V. Shiva dixit), simbolizado en el fundador de Microsoft y la segunda fortuna mundial, Bill Gates, y otros supermillonarios cuya riqueza deriva de la infraestructura tecnológica de Internet instalada en el Valle del Silicón, en la bahía de San Francisco, California, como Mark Zuckerberg (Facebook/Instagram/WhatsApp); Jeff Bezos (Amazon); el privatizador del espacio ElonMusk (Tesla y SpaceX); Apple (iPhone), que tiene entre sus inversores a Warren Buffett (Berkshire Hathaway); Eric Yuan (Zoom) y Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google (Gmail, YouTube), las tres propiedad del conglomerado Alphabet, y otras corporaciones como la neoyorquina Verizon (Yahoo!), ambas propiedad de los fondos de inversión The Vanguard Group y BlackRock, ligadas todas al Departamento de Defensa de EU.

En los últimos 25 años de neoliberalismo, EU se transformó de Estado-empresa a un Estado de vigilancia, y como dice Shiva, Bill Gates se convirtió en el Cristóbal Colón de los tiempos modernos, no haciendo otra cosa que conquistar territorios Microsoft donde adquirió posiciones dominantes. Lo que el francés Éric Sadin dio en llamar la silicolonización del mundo.

Sin embargo, la reconfiguración del capitalismo vía un nuevo gobierno mundial plutocrático bajo hegemonía estadunidense en la inmediata pospandemia (la hipótesis de Chossudovsky descrita en la primera entrega de esta serie), podría enfrentar como variable la emergencia de un orden tripolar (Rusia/China/EU) no exento de contradicciones y conflictos calientes de dimensiones geopolíticas, incluida una eventual guerra naval en el océano Pacífico entre EU y China.

A corto plazo, la transición del mundo unipolar al tripolar tendrá como ejes de la disputa la redefinición digital del orbe a través de la conquista de tecnologías claves como la inteligencia artificial, la red 5G (imprescindible para la vigilancia total) y la infraestructura de Internet, lo que tendrá profundas implicaciones para el futuro del comercio internacional.

El pasado 25 de abril, el gobierno de Xi Jinping, en China, estableció el ecosistema blockchain (cadena de bloques) más grande del mundo, la BlockchainService Network (BSN) y su banco central introdujo programas piloto de un yuan digital en cuatro ciudades, convirtiendo al gigante asiático en la primera gran economía del mundo en emitir una moneda digital nacional.

Denominada infraestructura de infraestructuras, la BSN está llamada a ser la columna vertebral de la Ruta Digital de la Seda, proporcionando interconectividad a los socios económicos de China a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI). Así como el ferrocarril, los puertos y las redes eléctricas de BRI conectan al mundo físicamente con China, los cables de fibra submarina, las estaciones de bahía Huawei 5G y las soluciones estandarizadas de blockchain servirán para mejorar la conectividad digital de China.

Al desplegar simultáneamente el BSN y el yuan digital, China está lista para capturar las ganancias de una economía global que rápido se digitaliza. Lo que tiene una dimensión geopolítica y de disputa de hegemonía, que implica un desafío a las corporaciones del Silicon Valley y al sueño de America first del presidente Donald Trump.

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Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

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La Post-pandemia y el capitalismo que viene

La versatilidad del capitalismo no tiene límite, salvo la extinción de la especie y el colapso del planeta. Pero mientras esto sucede, sus cambios se aceleran en busca de una mayor tasa de explotación e incremento de beneficios. Si la lucha por la apropiación del plusvalor es una de las características de la contradicción capital-trabajo, hoy nos enfrentamos a una reinvención de las formas de dominación, enajenación del excedente y construcción de hegemonía. El capitalismo digital se pone al día utilizando las nuevas tecnologías bajo la pandemia del Covid-19. Si hacemos historia, es un proceso similar al sufrido por el capitalismo histórico entre los siglos XVI y XVIII, donde la proto-industrialización y los descubrimientos científicos aceleraron el proceso de acumulación de capital y la revolución industrial. Sus fases van desde el capitalismo colonial, la esclavitud hasta el imperialismo y la consolidación de la dependencia industrial, tecnológica y financiera. Sin embargo, su evolución ha tenido reveses. Los proyectos emancipadores anticapitalistas han trastocado sus planes, aunque sea de forma momentánea. Las luchas de resistencia, los procesos revolucionarios y los movimientos populares han alterado su itinerario, obligándolo a retroceder. El siglo XX ha dejado una huella difícil de borrar en su desarrollo. Fueron dos guerras mundiales, seguido del holocausto nuclear no exento de conspiraciones, golpes de estado y procesos desestabilizadores cuyos efectos los reconocemos en un crecimiento exponencial de la desigualdad, el hambre, la miseria y la sobrexplotación de un tercio de la población mundial. En este recorrido, el fascismo, eje de la modernidad, se proyecta en el siglo XXI. El neoliberalismo asume sus principios y los gobernantes adoptan sus proclamas bajo un llamado a la xenofobia, el racismo y el discurso anticomunista. Como señaló George Mosse en su ensayo La nacionalización de las masas, Hitler y el nazismo se explican bajo un simbolismo, una liturgia y una estética que atrapó a la población bajo el culto al pueblo. "Una nueva política que atrajo no sólo a los nacionalsocialistas, también a miembros de otros movimientos que encontraban su estilo atractivo y útil para sus propios propósitos". Léase Trump, Bolsonaro, Piñera o Duque.

En pleno siglo XXI, asistimos a tiempos convulsos. El capitalismo busca su reacomodo. Hacer frente a los problemas de organización, costos de explotación y reajustar la función del gobierno en la gestión privada de lo público. Igualmente debe pensar en una nueva división internacional de los mercados, la producción y el consumo. La digitalización, el big-data, la robotización y las tecnociencias se subsumen para responder a las lógicas del capital. Asimismo, la dinámica de la complejidad aplicada al proceso productivo fija pautas en la especialización flexible, la deslocalización y el proceso de toma de decisiones. La realidad aumentada acelera la concentración de las decisiones y el acceso inmediato a los datos modifica las lógicas de un poder que se hace más arbitrario, violento y omnímodo. El traslado del mando real del proceso de decisiones a una zona gris, de difícil acceso, facilita eludir las responsabilidades políticas o bien las oculta bajo el manto de la post-verdad o las mentiras en red.

La transición del capitalismo analógico al digital es ya una realidad. Algunos ejemplos nos dan pistas. Basta ver el mensaje lanzado por Inditex en España. El dueño de Zara, benefactor de la sanidad pública, hará desaparecer más de mil 200 tiendas en todo el mundo, bajo la necesidad de estar en sincronía con las nuevas formas de compra-venta on line. Así, realizará una inversión de mil millones de euros en su reconversión digital en dos años (2020-2022), destinando mil 700 millones para trasformar sus locales al concepto de tienda integrada. Un servicio permanente al cliente allá donde se encuentre. En otras palabras, tendrá en su dispositivo portátil una aplicación de Zara. En esta versión digital del capitalismo, otro de los cambios que llega para quedarse es el "teletrabajo" o trabajo en casa. Una vuelta de tuerca a la sobrexplotación. Los horarios, la disciplina y el control lo ejerce el trabajador sobre sí, lo cual supone un elevado nivel de estrés y jornadas ilimitadas. En cuanto a la educación, sólo en las universidades se baraja la idea de articular clases en las aulas con lecciones virtuales. Las lecciones presenciales irán perdiendo peso, hasta desdibujar el sentido que las vio nacer, forjar ciudadanía y aprender el valor de la crítica colectiva. La universidad se reducirá a expedir títulos donde el aprendizaje muta en autodidactismo.

El capitalismo post-pandemia acelera el cambio del mundo cotidiano. Las firmas digitales, las videoconferencias, el control biométrico, los diagnósticos por ordenador, son algunos de los cambios que terminarán generando una modificación antropobiológica del ser humano. Y tal vez en este sentido, la lenta sustitución del dinero en efectivo, por el pago con tarjetas será fuente no sólo de mayor control social y poder de la banca, supondrá una mayor exclusión social. Quiénes tendrán y quiénes no tendrán tarjetas de crédito o débito. Suecia anuncia que el papel moneda se extinguirá dentro de la siguiente década. Más pobres, más esclavos de los bancos. Ese es el futuro incierto del capitalismo que viene tras la pandemia.

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Un sistema de reconocimiento facial Sheila Scarborough / Flickr

El sesgo racial de estos algoritmos de identificación de personas se convierte en el detonante de que empresas como Amazon o IBM den de lado una tecnología señalada por sus abundantes controversias éticas

 

El sesgo racial no es la única controversia que rodea a la tecnología de reconocimiento facial. Diversos estudios han detectado que estos algoritmos de identificación no solo funcionan peor con caras de personas negras, sino con cualquier rostro racializado. También se equivocan más con las mujeres que con los hombres. Además, su uso por la policía en entornos abiertos es cuestionado por organizaciones de defensa de los derechos digitales, que denuncian que "es como ponernos a todos en una rueda de reconocimiento constante". Las dudas se acumulaban desde hace años, pero cuando IBM argumentó el lunes que abandonaba toda relación con esta tecnología por "justicia y equidad racial" en pleno auge del movimiento Black Lives Matter, muchos lo vieron como el primer dedo que señala a un emperador desnudo.

"IBM empieza, muchos más deben seguirla", adelantó Joy Buolamwini, investigadora del MIT y autora de uno de esos estudios que han destapado las vergüenzas de este tipo de inteligencia artificial. "Supone un reconocimiento de que la tecnología de reconocimiento facial, especialmente la implementada por la policía, se ha utilizado para socavar los derechos humanos y dañar específicamente a las personas negras, así como a las personas indígenas y otras personas de color", recalcó Buolamwini, fundadora de la Liga de la Justicia Algorítmica.

"No hay justicia sin justicia algorítmica" es el mantra de esta organización, que denuncia cómo la inteligencia artificial puede profundizar sistemas discriminatorios sexistas o racistas. Para IBM era más fácil sumarse a este discurso que para su competencia. Aunque estaba en la carrera, su tecnología de reconocimiento facial no tenía una gran cuota de mercado. Otras como Microsoft, Facebook, Google o Amazon la han desarrollado y vendido más intensamente. Pero su potencial era ser el primero de una serie de movimientos en cadena que empujara a las demás.

Así se ha demostrado cuando Amazon, uno de los principales proveedores de estas tecnologías a policías y agencias de seguridad en todo el mundo, ha decretado un año de moratoria para usar su servicio en estos ámbitos. "Abogamos por que los gobiernos establezcan regulaciones más estrictas para regular el uso ético de la tecnología de reconocimiento facial" durante ese período, ha pedido la multinacional en un escueto comunicado dos días después de que IBM diera el primer paso.

El movimiento Black Lives Matter ha desencadenado "la tormenta perfecta" contra los algoritmos de reconocimiento facial, expone Gemma Galdón, consultora tecnológica y fundadora de la Fundación Éticas. "Lo que está pasando ahora es solo la puntilla. Hay problemas de mucho más calado que el sesgo racial con el reconocimiento facial, porque es una tecnología fallida en algunos ámbitos. Puede funcionar con 'niveles aceptables' en entornos cerrados (y con 'niveles aceptables' quiero decir con tasas de error del 30%) pero en entornos abiertos estábamos viendo tasas superiores al 90%, por lo cual básicamente es una tecnología inútil", concluye.

Sobre la decisión de IBM y Amazon, la experta afirma que "es evidente que el motivo principal no es ético, pero han leído bien el momento actual para cambiar el paso". Por un lado, "IBM tiene una tecnología que ahora mismo no es competitiva, por lo que corta una línea de inversión que tampoco estaba muy claro que funcionara apuntándose un tanto en temas éticos y de privacidad", expone. Amazon, por su parte, se adelanta a un movimiento que las autoridades podrían obligarla a realizar igualmente, ya que el reconocimiento facial se encuentra "en un vacío legal" que podría resolverse con la prohibición de uso policial.

El Congreso estadounidense está analizando esta cuestión. No solo está empujado por la denuncia de la sociedad civil y el discurso corporativo de las empresas que se han sumado a ella. También está respaldado por expertos técnicos. "El uso policial de tecnología de reconocimiento facial debería ser prohibido en este momento", ha expuesto Timnit Gebru, científica de datos y colíder del equipo de inteligencia artificial ética de Google, en una entrevista con el New York Times.

Los motivos van más allá de que esta tecnología funcione peor en unas personas que en otras. "Hay otro llamado sesgo de automatización. Si la intuición le dice a una persona que el sistema no ha reconocido bien a un sujeto, pero el ordenador le dice que es él con un 99% de precisión, es más probable que crea en el ordenador que en su propia impresión", explica. "También hay un desequilibrio de poder. El reconocimiento facial puede ser completamente preciso, pero aún así puede usarse de una manera que sea perjudicial para ciertos grupos de personas si se implementa sin transparencia".

España es uno de los dos únicos países de Europa, junto a Bélgica, donde no está autorizado el uso de reconocimiento facial por parte de la policía o en investigaciones judiciales, según un análisis de la organización Algorithm Watch de diciembre de 2019. No obstante, en Marbella se prueba una tecnología denominada "reconocimiento corporal": "Estos sistemas utilizan el estilo de caminar o la ropa de las personas para rastrearlos. Podrían reconocer caras, pero la función está deshabilitada por ahora, a la espera de una autorización legal para activarla", explicó la organización.

Por Carlos del Castillo

11/06/2020 - 22:15h

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“La pandemia va terminar pero el confinamiento va a continuar”

El filósofo observa el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocado por el coronavirus en términos de riesgos y oportunidades a futuro. Los temores y la incertidumbre frente a lo desconocido, el barbijo de la pospandemia y la ocasión para repensarse.

 

Su modo es cercano y claro, y entonces la filosofía se vuelve más terrenal, más accesible. Darío Sztajnszrajber es licenciado en filosofía, ensayista y docente. Actualmente conduce “Seguimos Educando”, por Canal Encuentro. Junto a Luciana Peker, por Nacional Rock, “Lo Intempestivo”, y cada lunes “Demasiado Humano”, en la Futuröck. Desde 2011 conduce “Mentira la verdad”, por Encuentro, un programa de filosofía para jóvenes. Es autor de “¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición”, “Filosofía en 11 Frases” y “Filosofía a martillazos”.

--¿Cómo está percibiendo el transcurrir de la cuarentena?

--Creo que la cuarentena no puede ser analizada en sí misma porque no se termina de definir su extensión. Entonces la falta de definición hace que todo lo que digamos sobre el proceso esté siempre abierto al cambio. Una cosa es que la cuarentena dure una semana más, y entonces uno va a pensándose a sí mismo en función de dos meses de confinamiento; otra cosa es saber que puede durar seis meses y uno de algún modo se prepara en función de eso. Pero hay algo de la pérdida de los límites que tiene que ver con la incertidumbre de su final. O sea que no solo no sabemos cuándo va a terminar sino que estamos cada vez más convencidos de que va a quedar en términos espectrales, que hay algo de ese confinamiento que va a quedar de alguna manera impregnando mucho de nuestros lazos sociales. Esa sensación de incertidumbre hacia el futuro genera lo que es típico de las angustias existenciales. No nos olvidemos que una angustia es siempre angustia frente a una nada inasible, hacia la indeterminación. Creo que algo de eso nos pasa.

--En este contexto, ¿qué lugar pasó a ocupar el tiempo?

--Hay un viejo texto de Giorgio Agamben, Infancia e historia, donde dice que cualquier revolución tiene que empezar por una revolución en nuestra concepción del tiempo. Suscribo porque creo que uno de los lugares donde se construye el sentido común hegemónico es en la idea de tiempo lineal y productivo. Ese tiempo lineal y productivo está colapsado, está desquiciado. En el texto de William Shakespeare, cuando ve el fantasma de su padre muerto, Hamlet dice que el tiempo está fuera de quicio. Es muy fuerte la idea de algo desquiciado para hablar del tiempo porque no solo tiene que ver con su desanclaje de los lugares en los que estamos acostumbrados a percibir y vivir la temporalidad sino que también hay una sensación de deriva, de que no podemos terminar de ordenarnos. Frente a este texto, Jacques Derrida escribe Espectros de Marx, tomando justamente la idea del tiempo desquiciado; de algún modo Marx nunca muere, sino que se volvió un fantasma que nos asedia todo el tiempo. Creo que el tiempo desquiciado nos coloca en la figura del fantasma. O sea, nos volvimos medio fantasmas.

--¿Fantasmas en qué sentido?

--En el sentido de que aquellos lugares en los que estábamos acostumbrados a vivir desde ese orden normalizado y cotidiano de algún modo está en crisis. Entonces no entendemos bien la diferencia entre el afuera y el adentro, entre el trabajo y el ocio, no entendemos bien la diferencia, ni hablar, entre el amor y la necesidad. Algo de esas líneas divisorias muy propias de la sociedad normalizada de alguna manera empiezan a perder sus límites. No nos olvidemos de que un fantasma es justamente el que rompe la línea divisoria más fundamental, que es entre la vida y la muerte. En ese sentido hay algo de ese tiempo productivo que está detenido y que entonces nos genera dos opciones: o nos entregamos a otra versión del tiempo con lo que de angustia, incertidumbre, pero también de oportunidad esto trae, o uno se resiste a esta idea y lo que hace es querer volver productiva la vida en cuarentena como inoculando esa productividad propia del sistema en un paréntesis que realmente nos permitiría movernos en otra dimensión. Dadas las resistencias que la situación suscita muchas veces uno sigue poniéndose el despertador cuando no lo necesita, sigue comiendo en los horarios consabidos cuando el cotidiano cambió totalmente de esquema y sobre todo quiere hacer de su paso por el confinamiento un acontecimiento productivo cuando me parece que lo más interesante de lo que sucede es que se pone en jaque la idea de productividad.

--¿A qué le parece que le tememos más, al virus, a lo que pasa dentro de nuestras casas y en nosotros mismos en soledad, a no volver a esa normalidad conocida?

--En realidad la pandemia y la cuarentena son dos acontecimientos completamente distintos. En todos los análisis en los que nos enganchamos lo tomamos como un acontecimiento único. La cuarentena es la forma en que se decidió reaccionar y tomar decisiones preventivas en función de la cuestión médica o biológica, la pandemia. El hecho de la pandemia nos genera obviamente un montón de interrogantes que analizamos desde el punto de vista médico e, incluso, desde el punto de vista filosófico, acerca de lo que son los límites del individuo. Ahora, la cuarentena excede esto porque tiene que ver además con formatos de ordenamiento sociopolítico que variaron en distintas sociedades y donde se ve la diferencia es en lo siguiente: yo creo que en algún momento la pandemia va terminar pero el confinamiento va a continuar. Va a continuar simbólicamente en sus distintas formas y en el modo en que va a terminar impregnando nuestra subjetividad.

--¿En términos de mirar al otro con temor y recelo?

--En el sentido de que en algún momento la pandemia va a terminar pero por ejemplo la construcción del otro como agente de contagio permanente e inminente va a quedar. Y va a quedar durante mucho tiempo. La pandemia va a terminar pero el barbijo va a quedar. Y va a quedar no solo porque lo necesitemos realmente sino porque va a resignificarse en nuestra relación con un otro que se volvió en la pandemia, y desde antes diría, un agente peligroso. ¿Entonces qué me da más miedo a mí? Me da miedo todo, obvio, pero más allá de la pandemia visualizo también, y me da más miedo, estas consecuencias o derivaciones sociales que van a permanecer más allá de la pandemia. Me preocupa que este estado de acuarentenamiento exceda la misma pandemia y se vuelva un formato posible. De alguna forma los que apostamos siempre a la prioridad del otro vemos como que de algún modo estamos perdiendo ahí una batalla.

--Decía recién que cierto aislamiento precede a este momento. En este sentido la tecnología, así como conecta y acerca, también desconecta y aleja.

--Si lo tomamos en términos conceptuales, una concepción individualista de alguna manera ya parte de un aislamiento en términos conceptuales, porque la idea primigenia de que todo descansa en última instancia y como fundamento primero de todo en la idea de individuo supone el encerramiento del sujeto sobre sí mismo. La misma idea de individuo es una idea de aislamiento social que de algún modo pone las relaciones con los otros en un lugar secundario, es decir, todos los otros se vuelven medios a disposición para que uno en términos individuales decida sobre uno y sobre los otros. Muy diferentes es pensarnos en términos comunitarios, donde en realidad el individuo es más bien un efecto, un producto, y donde hay un otro que te está constituyendo todo el tiempo. Por eso digo que hay una idea de aislamiento que está en nosotros desde que nos pensamos en términos individualistas, no en términos individuales. El tema es cuando uno lo coloca o lo endiosa como fundamento primero de todo. En una sociedad, que a mí me gusta llamar neoindividualista, porque tiene estas características nuevas, la tecnología y las distintas situaciones del cotidiano contemporáneo ayudan mucho a esta sensación permanente de estar de algún modo en ciertos confinamientos. Trabajé en algunos libros esta idea del amor mismo que, en lugar de ser una apertura y una entrega al otro, termina siendo siempre la proyección que uno hace de sí mismo en el otro. Y en ese sentido también hablamos de aislamiento, en términos existenciales.

--¿Qué le preocupa más de los vínculos pospandemia?

--Hacia el futuro me preocupa esta especie de espíritu de delación, que es policíaco, es de vigilancia, y de construir sentido en el acto de delatar cuando se supone que el otro transgrede y uno se vuelve juez de las prácticas del vecino. Es decir, que se instale ya ese espíritu de delación como una manera de vínculo social. Una cosa es el Estado teniendo que cumplir un rol de ordenamiento y de cuidado del cumplimiento de la cuarentena y otra cosa son las fuerzas de seguridad copando la vía pública y generando un empoderamiento tal que permanentemente está en la frontera del desbordamiento de sus propias funciones. Una cosa es entender lo que sucede con el coronavirus desde la narrativa militar, y otra cosa es que vuelva a circular en nuestra sociedad la metáfora del enemigo invisible, que la conocemos hace décadas en nuestro país y que realmente no es muy democrática. Por eso creo que una cosa es cuidarse con el barbijo y estar a más de un metro de distancia, y otra cosa es que el barbijo se te vuelva un barbijo mental. Entonces cualquier cosa que pienses en relación con el otro parte de esa idea tan fuerte que expresó Paul Preciado, que dijo que la nueva frontera se ha vuelto el barbijo. Es muy fuerte la idea de que hoy la frontera dejó de ser la frontera nacional y pasó a ser, primero, la frontera de tu casa, y después, la mascarilla.

--¿Cuánto ayudan las narrativas en situaciones como las actuales?

--Creo que los acontecimientos que van sucediendo los terminamos acomodando en las narrativas necesarias para que las cosas nos cierren. No es casual que hoy tengan tanta fuerza las narrativas militares para hablar de la pandemia, o la narrativa religiosa. La narrativa religiosa en el sentido de que esto no lo podemos vivir sino como un apocalipsis o una pandemia de dimensiones bíblicas. Las narrativas se las añadimos nosotros a los hechos. Se produce esa interacción entre el hecho y la interpretación que da esa narrativa que de algún modo por algo surge, para algo vamos por ese lado, algo nos calma y algo nos tranquiliza.

--¿Hay una mayor presencia de este espíritu de delación que describe que de actitudes de solidaridad auténticas?

--En términos generales, yo no he visto hasta ahora una reacción social que implicase una nueva idea de solidaridad o una especie de conversión “evangélica” donde el ser humano frente a todos los acontecimientos de la pandemia se haya vuelto más amoroso o más consciente de las desigualdades y por lo tanto con una práctica proactiva de altruismo generalizado. Esto no significa que no haya compromisos fuertes de mucha militancia y mucho movimiento social que de algún modo sigue haciendo el trabajo que venía haciendo antes. La gente que está ayudando al otro es la gente que ya venía ayudando al otro. Creo que en la mayoría de los casos se respeta la cuarentena más pensando en que no me contagien a mí que en el bien común. En ese sentido creo que en términos de ordenamiento social vivimos en esto que decía antes del neoindividualismo. Hay un cumplimiento de la cuarentena por un cumplimiento de la normativa, además de un convencimiento que tiene que ver con que es un cuidado para uno. Entonces me cuesta que de esa actitud primigenia que tiene que ver con cuidarse uno podamos encontrar la fórmula para poder pensar en una revolución social y en la prioridad del semejante. Esto no quita que, en una hipótesis si se quiere absolutamente temeraria, podamos pensar hacia el futuro inmediato no en un capitalismo que se termine, para nada, pero sí en un capitalismo de algún modo más moderado.

--¿Cómo sería un capitalismo más moderado?

--Cuando digo moderado pienso en lo siguiente: calculo que ninguna sociedad hoy se está pensando a sí misma sin una inversión de acá a los próximos cinco años en salud pública más elevada de lo que había sido hasta ahora. En ese sentido creo que hay lugares de la presencia del Estado, que si se quiere estaban más en conflicto o en polémica, que hoy ganaron su derecho a plasmarse. Entonces me parece que se viene un capitalismo con una presencia del Estado más fuerte, que eso siempre tiene que ver con la redistribución y entonces con la posibilidad como mínimo de una tendencia hacia cierta justicia social. Ahora, no creo que el objetivo o que el propósito de esta presencia del Estado, como mínimo en salud, ni hablar en ciencia, tenga que ver con motivaciones altruistas o de solidaridad sino que en una sociedad capitalista incluso a los sectores hegemónicos les conviene hoy que no les explote el mundo. También creo que van a volver a tener peso las fronteras nacionales porque hay algo del Estado nacional que volvió a tener una soberanía que estaba desdibujada. Es decir que hay algunos cambios que lejos están del fin del capitalismo pero sí de una nueva mutación.

--¿Cómo evalúa este momento desde lo pedagógico, y en paralelo, cómo imagina la escuela venidera?

--Con respecto a lo que vendrá hay una incertidumbre primigenia que hace que uno tampoco pueda planificar porque no se sabe para qué lado va. La presencia inminente del coronavirus obviamente va a generar un tipo de lazo donde va a tener consecuencias directas al interior de la escuela. Ahora, si de acá a unos meses ya hay una vacuna contra el coronavirus entonces la cosa cambia, porque todos se vacunan y a la escuela, se terminó el problema. Lo que me parece es que no se puede pretender que un chico emule y reproduzca en su casa, frente a una pantalla, el tipo de productividad que se le exige en la escuela y menos el tipo de normalidad que se le exige en la escuela. Esto implica también una posibilidad de reinventarse a uno en relación al aprendizaje. También puede ser una oportunidad para recuperar algo que se vino perdiendo hace tiempo en la escuela, que es el deseo. De algún modo la situación ayuda a ese deseo por el saber, que es la base del conocimiento. Por otro lado me preocupan los docentes, sobre todo aquellos que cumplen ese doble rol a los que se le sigue exigiendo un trabajo similar al de la vida pre cuarentena pero que al mismo tiempo están en sus hogares teniendo que hacerse cargo ahora de la vida cotidiana. Ni hablar del lugar de la mujer en toda esta trama, y ni hablar del lugar de la mujer docente. No es que ya vivimos en una sociedad pospatriarcal o posproductiva.

--¿Qué otras oportunidades nos da el contexto?

--Creo que nos da oportunidades porque son situaciones límites, que son aquellas que te golpean contra una realidad enajenada y entonces hay como una especie de corrimiento de las formas en que uno se viene pensando a sí mismo. Ahí pueden presentarse oportunidades. Creo que la cuarentena más que la pandemia tiene esta dualidad: en términos de confinamiento proyectivamente para mí despierta una posibilidad muy negativa que tiene que ver con la continuidad del aislamiento social y la negación del otro; pero en términos existenciales nos movió. Se resquebrajó algo de la solidez de ese muro en el que estamos de algún modo adentrados. Tal vez sea un caso donde se den muchas más transformaciones en lo micro que en lo macro. Son tiempos para la introspección; son tiempos para repensarnos. Probablemente muchos cambiemos en la expectativa que tenemos de nuestro cotidiano y eso ya es un montón; eso también es algo revolucionario.

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Sábado, 06 Junio 2020 06:49

Empresas digitales, racismo y control

Empresas digitales, racismo y control

La pandemia ha funcionado como excusa perfecta para avanzar a pasos agigantados en los mecanismos empresariales y gubernamentales de vigilancia y control de la población en muchas partes del mundo. Es una situación que representa un problema en sí mismo, pero además conlleva aspectos ocultos, tanto o más inquietantes como el manejo de nuestros datos para inducirnos a conductas de consumo o de elecciones políticas, entre otros.

Bajo el supuesto de que es necesario para el control de la pandemia saber quiénes son y dónde están los contagiados (lo cual también sería un beneficio individual), se han producido más de 40 aplicaciones electrónicas de monitoreo. Son comerciales, a veces patrocinadas por gobiernos que han impuesto su uso obligatorio a la población, como en China o Australia. En la mayoría de los casos los gobiernos "aconsejan" a la población usar alguna aplicación, en ocasiones desarrolladas en colaboración con instituciones gubernamentales. En un artículo anterior mencioné que Google y Apple, clásicos competidores, se pusieron de acuerdo para desarrollar y ofrecer una aplicación de ese tipo (https://tinyurl.com/y9b2nhoa).

Aunque esas aplicaciones se promocionan ahora en el contexto de la pandemia por Covid-19, se pueden usar para muchos otros fines. Por ejemplo, a partir de las protestas por el asesinato racista de George Floyd, por la policía de Estados Unidos, el comisionado de Seguridad Pública de Minnesota, John Harrington, anunció que usarían los datos recogidos por las aplicaciones de monitoreo, cámaras, etcétera, para detectar quiénes son las personas que protestan, con quién se juntan, qué hacen, dónde van, si son "terroristas" o "crimen organizado", etcétera (https://tinyurl.com/ybll9s24).

Reveló así que las autoridades pueden recolectar la información de sistemas de monitoreo electrónicos –sean privados o públicos–, y que éstos se acopian en bases de datos que entregan perfiles de cada persona al cruzar e interpretar la información. Por la cantidad de datos que se requiere manejar, esos perfiles son construidos por programas de inteligencia artificial, cuyos algoritmos son programados por personas concretas. Para ello se basan en datos de la "realidad" que ya existen, por lo que reproducen valores racistas, patriarcales, sexistas y discriminatorios de los pobres, migrantes, etcétera. Con el asesinato de Floyd se difundió un estudio que muestra que una persona negra tiene tres veces más chances de que lo mate la policía que una blanca. Traducido a "datos", el algoritmo no registra la violencia policial, sino la población afroamericana (o latina, joven, migrante, etcétera) es más peligrosa, más tendiente a ser criminal, que se junta con otras similares, etcétera.

Hay varios estudios sobre estas parcialidades de los sistemas de inteligencia artificial. Siendo un tema injusto y de preocupación, es sólo un aspecto del problema y es importante ver el conjunto de riesgos que conlleva la omnipresencia de las plataformas digitales sobre nuestras vidas. Las protestas crecientes sobre estas parcialidades de los algoritmos probablemente obligarán a las empresas a revisarlos, aunque no es sencillo que lo hagan y cometerán nuevas.

Más allá de la vigilancia para uso de las autoridades, el fin clave de las plataformas digitales (porque es lo que le da más dinero y los ha vuelto billonarios) es la recolección permanente de insumos sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y amigos, nuestras elecciones de todo tipo (de consumo, políticas, estéticas, sexuales y mucho más). No solamente lo que escribimos en redes sociales y decimos en público. Lo que recogen esas empresas es mucho más de lo que creemos que compartimos.

Además de lo que expresamos en palabras, existe una enorme industria de recolección de datos y nuevos análisis biométricos que analizan micrométricamente las diferentes expresiones de fotos, videos, cámaras y sistemas que interpretan esas microexpresiones, conectándolas con lugares, situaciones, emociones, reacciones a mensajes, etc.

A su vez, Facebook (y otras redes) complementa esos análisis con perfiles sicológicos y georreferenciados, que les permiten ofrecer al mejor postor comercial o político los datos de millones de personas por grupos de edad, sexo, barrios, poder adquisitivo, preferencias.

Con la pandemia, Naomi Klein explica que los cabilderos de las mayores plataformas digitales han estado muy activos en reclamar a los gobiernos su esencialidad y que éstos deben rápidamente construir infraestructura para permitir que expandan sus redes a todo rincón de la tierra. Quitadas de la pena, mencionan que la pandemia les permitió realizar un verdadero “experimento en educación y atención de la salud virtual, y que pueden remplazar a millones de maestros y personal de salud (https://tinyurl.com/ybcec6kl). Han recolectado un volumen indescriptible de nuevos datos de estudiantes de todos niveles y de pacientes y sistemas de salud que agregan a sus bases de datos. En muchos casos, como también sucede en México, los propios gobiernos entregan a estas empresas la gestión de los datos sobre educación y salud (https://tinyurl.com/y8q7788x). Como dice Klein, se trata de una verdadera doctrina de shock en el nuevo capitalismo de la vigilancia.

Por Silvia Ribeiro, iInvestigadora del Grupo ETC

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Suecia, el país que no confinó: los pros y los contras de no dejar reinar al miedo

En todo momento, entre un 20% y un 30% de las camas de cuidados intensivos han permanecido sin ocupar. Esta capacidad de absorber el primer impacto de la enfermedad en el sistema público de salud ha contribuido a que en Suecia no haya reinado el miedo tras no aplicar medidas restrictivas de confinamiento.

 

El email llega a las diez y media de la noche, aunque en teoría la oficina de prensa de la Autoridad Nacional para la Salud Pública de Suecia cierra cinco horas antes. Todo apunta a que trabajan contra reloj, pues la citación para poder entrevistar al que quizás sea hoy el epidemiólogo más cuestionado del mundo es solo unas pocas horas más tarde, en la mañana siguiente. Anders Tegnell, científico al frente de la excepcional estrategia sueca, llega al encuentro con un escolta del servicio secreto, algo inusual en Suecia, el único país de la Unión Europea que, a pesar de sugerir ciertas medidas de prevención, decidió no confinar a su población. “El confinamiento da resultados a corto plazo —indica—, pero no es sostenible en el tiempo, así que hemos optado por ser una sociedad que permanece abierta”. Aparte del alarmante número de muertes por covid-19, que ya suman 4.395, el doctor Tegnell ha sido criticado por no alcanzar el objetivo de tener en mayo a un 40% de la población de Estocolmo inmunizada, extremo que él admite, aunque con matices. “Puede que mis cálculos fueran un poquito optimistas, pero no demasiado. Tenemos ahora en marcha una investigación que podría apuntar a un 20 o 25% de la capital, lo que se acerca bastante a la cifra que anunciamos hace unas semanas”.

A menos de un kilómetro del lugar donde nos encontramos, se escucha a un helicóptero volar. Acude al helipuerto del Instituto Karolinska, una de las más prestigiosas instituciones médicas del mundo, con hospital, universidad y varios centros de investigación punteros. Los afectados por el virus son llevados de un hospital a otro según las necesidades, habiendo mantenido el país, en todo momento, entre un 20% y un 30% de camas libres en cuidados intensivos. Esta capacidad de absorber el primer impacto de la enfermedad en el sistema público de salud ha contribuido a que en Suecia no haya reinado el miedo. Una sensación que se aprecia al caminar por las calles, donde prácticamente nadie lleva mascarilla, o en los parques y plazas, donde los ancianos salen a pasear y tomar el sol junto a los niños que juegan en los columpios. Tomando un café tras una rueda de prensa, Karin Tegmark-Wisell, jefa de Microbiología del Departamento de Salud Pública, explica y recuerda aspectos beneficiosos del no confinamiento, como “mantener las escuelas abiertas, que es fundamental para la salud de los niños”, entre otros factores que Suecia no ha sabido explicar al mundo, pero que aquí son recordados a menudo por las ONG, como seguir operando en hospitales, realizar nuevos diagnósticos de enfermedades graves o evitar que las mujeres y los niños víctimas de abuso queden aislados en casa junto a sus maltratadores.

En relación a una supuesta búsqueda de la inmunidad de grupo que la Autoridad Nacional para la Salud Pública —y ella misma— ha negado una y otra vez que sea su objetivo, admite con benevolencia que desde el exterior “ha habido malentendidos sobre ello”. Defiende que a esta inmunidad “se llegaría de forma natural” y, en ese proceso, lo vital para ellos sería “cuidar de la salud pública sin que afecte a otras áreas también de la salud pública”.

En relación al miedo que los daneses y noruegos tienen de los suecos, quienes no pueden cruzar la frontera e ir a sus países (no así al contrario, pues ellos sí tienen libre ingreso a Suecia), la microbióloga aporta detalles interesantes sobre las comparaciones hechas entre países por la prensa. “Creemos que es demasiado pronto para compararnos con Dinamarca y Noruega, pero si se hacen comparaciones habría que tener en cuenta que Suecia tiene 21 regiones, de las cuales muy pocas están afectadas. Por ejemplo Skåne, sueca, está muy cerca de la región de Selandia, en Dinamarca. En Skåne no ha habido confinamiento y hay menos infectados que en Selandia, que sí se cerró. Así que hay que analizarlo todo bien y ver qué ha pasado”.

Un aspecto fundamental que, por el motivo que sea, se ha ignorado en la narrativa del exterior, es que la Constitución sueca no permite instaurar medidas draconianas, como confinamientos y toques de queda en tiempo de paz. En este aspecto, el consenso del arco político es pleno, desde la ultraderecha hasta la izquierda pasando por la coalición de socialdemócratas y verdes que gobiernan en este momento. Tanto es así que hasta la fecha ningún grupo parlamentario ha abogado por lanzar una propuesta que busque la forma de alterar nada de esto.

La idea de imponer algo que requiera amplia presencia de la fuerza pública en las calles es difícilmente contemplable en un país que no solo lleva 200 años de paz, sino que mantiene una fórmula de probado éxito social y económico gracias a un modelo de confianza entre Estado y ciudadanos. El ejemplo más claro son las vacunaciones de los niños. No son obligatorias pero las llevan a cabo el 97% de las familias. El ya conocido como “experimento sueco” busca transmitir el mensaje de que su decisión de no confinar a la población no ha sido un error y, para ello, las páginas web de algunas de sus embajadas ponen como ejemplo (sin citar nombres) a otros países que,  pese al confinamiento, tienen más víctimas por cada 100.000  habitantes..

En Sollentuna, un municipio 15 kilómetros al norte de Estocolmo, una ambulancia abre sus puertas traseras para dejar pasar a una nueva víctima del  coronavirus. Las paramédicos que la atienden llevan trajes especiales y la enferma es montada en una camilla cubierta por una cápsula. Según se calcula hoy, más de la mitad de las muertes por covid-19 se han producido en residencias de ancianos. Muchas de ellas, incluida esta de Sollentuna, han venido siendo privatizadas, en un proceso iniciado en 1992 por Moderaterna, el partido de centro-derecha. Consultados sobre este extremo, han declinado ofrecer respuestas, no así la directora general de la Inspección del Sistema de Salud Público, Sofia Wallström, quien acude al Instituto Karolinska para dar cuenta de la investigación en curso, la cual comprende a 1.045 residencias de las 1.700 que tiene Suecia. Según indica, hay deficiencias que ya se veían antes y se han visto ahora, y si bien aún no disponen de un informe completo que señale cuáles han sido las causas que han hecho de las residencias el talón de Aquiles de la “estrategia sueca”, no duda en señalar la falta de formación de los trabajadores como uno de los factores clave.

Sentado en una butaca de la Biblioteca Parlamentaria, el líder del Partido de Izquierda, Jonas Sjöstedt, va mucho más allá y resalta aspectos que la prensa viene publicando desde hace unas semanas: la precariedad laboral como consecuencia de las privatizaciones en los cuidados a la tercera edad. “Es obvio que es por esto. La mayor parte de las muertes se han producido en Estocolmo, que es donde más se ha privatizado de todo Suecia. Hay muchos actores que solo buscan el beneficio económico. Cuando la gente tiene que ir a trabajar porque tiene inestabilidad y contratos temporales y además no tienes formación o te manda a trabajar estando enfermo”. Este ex europarlamentario habla de “historias de horror como las de los trabajadores que han tenido que ir a trabajar enfermos, sin protección. O que han tenido que desplazarse de una residencia donde está el virus a otras que no lo tenía”.

Respecto a la imagen de un país en el que apenas se había cambiado el modo de vida, o la gente era enviada a trabajar para satisfacer los intereses de los grandes capitales, el líder de izquierda es claro y ahonda en aquello que los diferencia de otros países sin confinamiento como Brasil y Estados Unidos. “Suecia ha cambiado el modo de vida drásticamente. La gente sigue las recomendaciones sin necesidad de toques de queda. Me gusta este método no autoritario. La confianza en las autoridades es grande y se han salvado trabajos”.

 
Expresso
3 jun 2020 06:00

eXPRESSO

Reportaje original publicado en portugués en el diario Expresso y traducido para El Salto por su autor, Unai Aranzadi. 

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Lunes, 01 Junio 2020 06:25

El capitalismo de la vigilancia

El capitalismo de la vigilancia

Mientras en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19 millones de personas en el orbe, presas de la desinformación y la manipulación e inoculadas por el miedo, viven en un traumático confinamiento cuasi total –sometidas a profilácticas medidas disciplinarias equivalentes al estado de sitio, la ley marcial o el toque de queda−, se estaría desarrollando un proceso totalitario de reingeniería social, cuyo objetivo fundamental sería desencadenar una restructuración económica, social y política global, que según algunas hipótesis será regida por un nuevo "gobierno mundial" (o "soberanía supranacional"), controlada por una élite de poderosos especuladores financieros y banqueros de Wall Street; las grandes firmas farmacéuticas y petroleras, incluidas sus fundaciones "filantrópicas" y sus laboratorios de pensamiento ( think tanks); el complejo militar industrial; las grandes compañías tecnológicas digitales y los medios de comunicación corporativos.

Es la tesis de Michel Chossudovsky, director de Global Research, para quien la desconexión de los recursos humanos y materiales de los procesos de producción, desencadenado por el confinamiento y paralizó a la economía real, fue un "acto de guerra"; una "operación planificada cuidadosamente", donde no hay nada espontáneo o accidental, y forma parte de un plan militar y de inteligencia de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuya intención es debilitar a China, Rusia e Irán, y desestabilizar el tejido económico de la Unión Europea.

Profesor emérito de Economía de la Universidad de Ottawa, Chossudovsky se basa en las declaraciones del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, quien en un aparente lapsus deslizó el 20 de marzo, en CNN, que el Covid-19 era un "ejercicio (militar) en vivo", una "operación". Dijo: “No se trata de represalias… Este caso está avanzando: estamos en un ejercicio en vivo para hacer esto bien”. A lo que el presidente Donald Trump, que estaba a su lado, en palabras que pasarán a la historia, respondió: "Nos lo deberías haber dicho".

Estuviéramos o no ante una fake pandemic inducida y con independencia de que el Covid-19 sea un arma de destrucción masiva derivada de un virus que estudios científicos descartan sea un arma biológica, la disputa por las narrativas con fines geopolíticos y de control de zonas de influencia entre las potencias, en particular, EU y China, ha tenido, en la emergencia, ganadores y perdedores.

Entre los ganadores se encuentra Larry Fink, presidente de BlackRock, el fondo de inversión más grande del planeta, a quien recurrió la Reserva Federal (Fed) de EU para gestionar miles de millones de dólares de bonos y compras de activos respaldados por hipotecas, como una medida para estabilizar los mercados y amortiguar el impacto financiero de la crisis del coronavirus.

Según el analista Pepe Escobar, Black­Rock posee 5 por ciento de Apple; 5 por ciento de Exxon Mobil; 6 por ciento de Google; es el segundo mayor accionista de AT&T (Turner, HBO, CNN, Warner Brothers), y el principal inversor en Goldman Sachs. BlackRock es más grande que GoldmanSachs, JP Morgan y Deutsche Bank juntos. A su vez, Fink, su presidente, ha estado asesorando al presidente Trump sobre cómo navegar con los efectos de la pandemia, y para todos los propósitos prácticos, será el "sistema operativo" de la Fed y el Departamento del Tesoro. En otras palabras, será el administrador del fondo para los sobornos.

Otros ganadores fueron el gerente de Amazon, Jeff Bezos, quien en sólo tres semanas de la pandemia incrementó su riqueza en 25 mil millones de dólares; el gerente de Tesla y SpaceX, ElonMusk –quien declaró que el confinamiento social fue una "infracción fascista" a su derecho de hacer ganancias−, aumentó su riqueza en 5 mil millones de dólares; Eric Yuan, gerente de Zoom, que acumuló 2.58 mil millones de dólares, y el cofundador de Microsoft, Steve Ballmer, quien ganó 2.2 mil millones.

Amazon, Google (hoy Alphabet), Microsoft, Apple, Zoom, junto con Facebook, de Mark Zuckerberg (dueño de Instagram y WattsApp), y otras corporaciones del Silicon Valley de California −ligadas al aparato de seguridad nacional de EU− forman parte de lo que la economista Shoshana ­Zuboff, de Harvard, ha denominado "capitalismo de la vigilancia", modelo que trasciende a esas firmas de tecnología digital en redes y se propagó a la economía "normal".

El modelo lo fraguó Google en la coyuntura del 11/S de 2001 –y luego lo propagó Facebook−, y su lucrativa fórmula permite predecir (y modificar) el comportamiento de los internautas a través de un algoritmo de "caja negra" (una suerte de maquinaria invisible). Los motores de búsqueda de esas plataformas retienen la información, lo que permite a esas compañías, según Zuboff, predecir las acciones de los consumidores en el mundo real (en casa y trabajo, en su vida diaria) con el único propósito de beneficiar a las empresas. Así, más allá de los "me gusta" y los clics virtuales −y sin que lo sepan− las "experiencias" de los usuarios se convierten en "materias primas" que permiten crear "datos" personales (nuestras caras, voces, personalidades, emociones, creencias políticas y religiosas) y elaborar "perfiles" para adelantarse a "comportamientos futuros" y manipular así a millones de personas; como ocurre en la coyuntura del Covid-19 y la "nueva normalidad", en detrimento de nuestra autonomía humana y soberanía individual.

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Hong Kong, algo más que una ficha en la disputa de China por la hegemonía global

Los medios occidentales amplifican las protestas en Hong Kong, un “problema interno” de China que confluye con los temores del establishment a que las sociedades europeas simpaticen más con el país dirigido por Xi Jinping.

 

La Unión Europea ha hablado de emitir una respuesta “contundente” ante lo que considera los derechos y libertades amenazados por el despliegue de miles de policías chinos en Hong Kong destinado a sofocar un movimiento de protestas que ha resurgido en los últimos días. La movilización en la isla, provocada inicialmente por una reglamentación que prohíbe “reírse” del himno chino, se enmarca en el contexto más amplio de una ley de Seguridad Nacional que se superpondrá a las leyes específicas de la isla y que está planteada para perseguir el secesionismo, el terrorismo y la subversión. 

Pero el mensaje de la UE, emitido por su comisario de política exterior, Josep Borrell, se produce también en mitad de un desencuentro global con China. La potencia ha mostrado los dientes a distintos países durante la crisis del covid-19. Sea por un movimiento defensivo ante las críticas de los medios occidentales sobre su responsabilidad en la difusión del virus o por una nueva estrategia global, la escalada de la tensión en Hong Kong está siendo utilizada por Estados Unidos y sus aliados para atacar a China.

Se sabe, porque lo ha dicho la policía china, que ya hay cientos de detenidos por “asamblea ilegal” y que se han disparado gases pimienta para sofocar las protestas. También que los principales medios occidentales están haciendo un seguimiento importante del conflicto, en cuanto la crisis gravita también sobre la guerra comercial —y en la disputa sobre la hegemonía mundial— que enfrenta a la administración de Donald Trump y al régimen chino de Xi Jinping. Una guerra exacerbada a raíz del covid-19 en la que los aranceles son solo un instrumento ya que, como explican Rubén Martínez e Isidro López en Ctxt, se trata de un conflicto entre distintos modelos de proteccionismo ante la crisis de los mercados financieros abierta desde 2008.

Por más que no se hayan salido del tono frío y burocrático habitual, las protestas de Borrell sobre las “reglas del orden internacional” contrastan con el silencio de la UE ante lo que pasa en otros países como Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte ha instado a las fuerzas armadas y la policía a “disparar a matar” a quienes no cumplan con la cuarentena estricta impuesta desde el 17 de marzo. Tampoco se espera que la Unión Europea emita ninguna respuesta sobre la garantía de derechos y libertades en Estados Unidos, un país que en los últimos cuatro años ha emitido hasta 116 leyes “antiprotestas”, según un informe de PEN America.

En cualquier caso, las protestas son, por el momento, el principal reto del Partido Comunista de China (PCCh) en cuanto a su política “interna”. Una herida abierta desde 2014, con la llamada “revolución de los paraguas” que se transformó, cinco años después en propuestas masivas contra el proyecto de ley de extradición que habría permitido entregar a presuntos delincuentes a las autoridades de la China continental. 

Los meses de julio y agosto de 2019 fueron los del auge de un movimiento que mostraba el descontento de una generación ante la escalada de los precios de la vivienda y las condiciones de precariedad, inéditas hasta hace poco en un país-isla que se constituyó como un nodo de los intercambios financieros entre China y el resto del mundo. Un enclave que, por encima de otras consideraciones, tenía un nivel adquisitivo muy superior al de la China continental. Un peso específico que como señalaba el pasado verano el periodista Carl Zha, ha declinado significativamente: el PIB de Hong Kong, que en 1993 era el 23% de toda China hoy sólo representa el 2,9%.

Ese descontento de los hijos de la etapa más próspera de la historia de Hong Kong, sumado al interés por parte de las contrapartes en el mapa global (Estados Unidos y Reino Unido) genera en el régimen chino una problemática relativamente nueva: no puede extralimitarse en sus métodos de control —represión— de la insurgencia porque está en el foco de la opinión pública internacional.

Pero la potencia considera que la independencia de Hong Kong —un cántico  en las manifestaciones que no tiene encarnación en un movimiento político de masas, al menos por el momento— es innegociable y que el acuerdo que supuso la reintegración de Hong Kong —basado en la máxima “un país, dos sistemas” y una carta constitucional llamada Ley Básica— ha quedado desfasado a medida que China ha dado su otro salto adelante del siglo XXI.

Una evolución que ha hecho crecer los salarios en el gigante asiático (se han triplicado en once años), el alcance del sistema sanitario, que de 2008 a 2014 ha significado que ha pasado del 30 al 95% el porcentaje de población cubierto por el sistema público de salud, y ha aprovechado su papel como “fábrica del mundo”, para obtener una transferencia tecnológica que le permite comenzar a competir en los sectores en los que sigue siendo dependiente, como la alta tecnología o la industria aeronáutica.

Con la aprobación de la ley de Seguridad Nacional que será refrendada hoy jueves por Pekin y cuya aprobación definitiva en Hong Kong debe tener lugar este verano, China quiere terminar con la fase intermedia e integrar completamente a la isla en su programa político.

Pero las cargas contra las personas que protestan en Hong Kong no son las únicas muestras de la mano dura del Gobierno de Pekín. Esta semana, un artículo de The New York Times volvía a incidir en la rápida mejora que están experimentando los sistemas de vigilancia a raíz de las App de salud para rastrear el paso del coronavirus sobre la población china mediante un sistema de asignación por colores. Una mejora que ha abierto entre parte de la intelectualidad dudas el debate sobre el potencial uso de big data para la discriminación de población, en este caso, por motivos de salud. Una aplicación que coincide en el tiempo de la implantación del sistema de crédito social en todo el territorio, una medida de control social mediante el reparto de premios al buen comportamiento y castigo a quienes se muestren asociales.

 

Disputar la hegemonía

 

En el plano internacional, la tensión en Hong Kong es también un pretexto para que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, haya amenazado con presentar en las próximas horas nuevas sanciones contra China. Aunque el presidente solo dijo que serían sanciones “interesantes” se ha especulado que estas consistan en controlar las transacciones y congelar los activos de los funcionarios y las empresas chinas en Estados Unidos. Una amenaza que se produce un año y medio después de la detención de Meng Wanzhou, vicepresidenta de Huawei, en una prisión canadiense desde entonces.

A pesar de que en enero de 2020 se produjo una pequeña tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con la firma de un acuerdo que ponía fin a dos años de batalla arancelaria —acuerdo que tiene una dimensión de “ahorro” en aranceles de 140.000 millones de euros—, el objetivo de Trump sigue siendo cerrar en la medida de lo posible la expansión de China, muy especialmente de sus infraestructuras tecnológicas de quinta generación (5G).

A raíz de las protestas en Hong Kong, Estados Unidos ha requerido el apoyo de la Unión Europea, reacia a imponer sanciones a la que ya es la primera potencia económica mundial. Pero la puesta en marcha de las redes 5G —que Huawei tiene mucho más adelantada que las compañías estadounidenses— es la principal preocupación de Trump. En enero, Reino Unido abrió la puerta a Huawei, aunque su presidente Boris Johnson ha reculado en las últimas semanas. Los ataques por parte de EE UU se extienden a los dos partidos: demócratas y republicanos alertan de la “amenaza” por igual.

El tabloide Global Times —versión clickbait del Diario del Pueblo, medio oficial del Partido Comunista de China— explicaba esta semana en un editorial que la rivalidad a “largo plazo” entre China y Estados Unidos “es inevitable”.

El editorial muestra las distintas amenazas que el Gobierno chino teme: desde el enfrentamiento militar, al que el editorialista responde con un “China sabría defenderse”, a la intervención mediante ataques financieros, algo que “dañará la integridad del sistema financiero que lidera”, vaticina este editorial: “Si una guerra financiera se sale de control, son los Estados Unidos los que más sufrirán. Con la reducción de su economía real, la economía de Estados Unidos depende en gran medida del sector financiero, lo que significa que lanzar una guerra financiera equivale a hacerse daño a sí mismos”. La amenaza, poco sutil, remite al papel de China como el principal comprador de deuda pública estadounidense, una posición desde la que puede ejercer presión sobre el dólar, a día de hoy principal baza de Estados Unidos —junto con su potencia militar— para sostener la hegemonía mundial. También a la situación del dólar, moneda hegemónica en el globalizado sector de las finanzas pero en crisis en un interior de Estados Unidos inmerso en una depresión que ha aflorado a raíz del coronavirus.

 

Relaciones con la UE

 

Bajo el prisma de una disputa por la hegemonía que ha acelerado el covid-19 —inclinando la balanza a favor de China—, el papel de la Unión Europea es de interés para las dos potencias. Desde el final de la II Guerra Mundial, y bajo el programa del anticomunismo impulsado desde la administración Truman, Estados Unidos ha intervenido en la política de la Europa occidental con poca oposición (solo la de Francia, que estuvo fuera “simbólicamente” de la OTAN durante 43 años). Los tiempos, no obstante, están cambiando.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta —también llamada “nueva ruta de la seda”— o un conjunto de infraestructuras marítimas y ferroviarias para conectar China y Europa es un plan lanzado en 2013 por el Gobierno de Xi Jinping que amenaza con perturbar ocho décadas de armonioso entendimiento entre EE UU y los poderes europeos y europeístas. Al menos así lo han interpretado Washington y Bruselas. Hace ahora un año, Italia llegaba a un acuerdo para integrar esa iniciativa a cambio de una importante inversión por parte de China. El acuerdo dejaba en suspenso la entrada de Huawei en el país alpino, pero el mensaje caló hondo en Bruselas y Washington.

El fondo de reuperación puesto en marcha a iniciativa de Alemania y Francia y presentado ayer, 27 de mayo, por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye una cláusula específica para prohibir inversiones de “terceros países” en sectores estratégicos, como medio de evitar que se reproduzca una nueva ronda de compra de activos y ampliación de mercados como la que tuvo lugar desde 2008, que ha situado a China en posición de poder en 40 puertos internacionales, entre ellos los de Valencia, Algeciras, Barcelona y Cartagena.

España, no obstante, es uno de los países con menor dependencia en este momento de las inversiones chinas. Muy por debajo del Reino Unido, Alemania y la propia Italia. El Real Instituto Elcano, think tank en el que confluyen las políticas internacionales de Gobiernos del PP y del PSOE, publicó un informe a finales de abril en el que reseñaba que en los últimos dos años la percepción de China como una amenaza ha aumentado entre la población española. Al mismo tiempo, un 34% considera a este país como el aliado preferido fuera de la UE por detrás, eso sí, de Estados Unidos, que es el aliado perfecto para el 54% y por delante de América Latina (22%).

Los autores del artículo destacan tres factores que pueden suponer una tensión en las relaciones: la dependencia de suministros y tecnologías (en salud y redes 5g), la evolución de la política interna, con un Vox subsidiario de la política de ultraderecha estadounidense y polarizado hacia el racismo (sus líderes han hablado de “los malditos virus chinos” o “la peste china” para referirse al covid-19) y, en último lugar, las dudas que puede generar en el Gobierno acercar posiciones con China respecto a las relaciones de España “con sus aliados tradicionales”.

 

Cambio de actitud

 

El editorialista de Financial Times Wolfgang Münchau recordaba esta semana que el euroescepticismo crece en Alemania e Italia al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de población que considera a China un socio más fiable que Estados Unidos: “La represión de Beijing en Hong Kong y el papel del gobierno chino en la supresión del flujo libre de información sobre covid-19 parece haber tenido poco efecto en la opinión pública en Europa”, se lamentaba.

En otra línea completamente distinta, el portal Politico especulaba recientemente con las razones de la ofensiva diplomática que China está siguiendo en el continente, que ha estado salpicada de críticas hacia la gestión de la pandemia por parte de los países europeos y de intentos de controlar los mensajes que acusan al país de provocar la expansión del virus.

Distintos medios han publicado de que los aranceles impuestos a la cebada y la carne australiana fueran una represalia por las palabras del premier australiano, el negacionista climático Scott Morrison, pidiendo una “investigación independiente” sobre el origen del virus. Esos aranceles —con un coste anual estimado de 500 millones de dólares— serían un aviso a navegantes a los socios europeos de China para que no extralimitasen sus comentarios sobre el papel de China en la pandemia.

Otra controversia ha tenido lugar en una declaración que paradójicamente quería celebrar la relación comercial entre China y la UE: el “partido” envió una versión sin referencia alguna al coronavirus y países como Francia optaron por publicar la versión “censurada” por el Gobierno asiático. Comparados con los ataques de Trump, que ha declarado que hay que abolir la Organización Mundial de la Salud por ser una marioneta de China, las advertencias y sospechas de la UE parecen caricias, pero los medios europeos están sorprendidos ante el cambio de posición de los dirigentes del PCCh, que ha pasado de la conciliación a posiciones más hostiles.

Uno de los posibles motivos que apunta Politico es el puro pánico a que el conflicto social provocado por el covid-19 pueda expandirse por la China continental, algo potencialmente más peligroso que las protestas en Hong Kong. La segunda conjetura es que los “ataques” a los países europeos sean simplemente una forma de hostigar a los aliados de Estados Unidos. La tercera de esas interpretaciones se basa en el hecho de que Europa necesita más a China que China a Europa y que tensar la cuerda con asuntos como la represión en Hong Kong o las distintas acusaciones sobre la expansión del virus no son más que fruto de un cálculo político.

Sea por miedo, ira o estrategia, el Gobierno chino ha acelerado en los últimos meses su agenda internacional ante los problemas serios que enfrentan los gobiernos occidentales en forma de desempleo y crisis social. Terminar con la adhesión de Hong Kong es solo un paso más en un programa de vigilancia y recorte de libertades, pero también de políticas keynesianas de estímulo de la demanda, que comenzó tras la crisis anterior y que, hasta ahora, está funcionando como un reloj.

Pablo Elorduy

@pelorduy

28 may 2020 06:51

Publicado enInternacional