Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 20:10

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enColombia
Martes, 27 Agosto 2019 11:40

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

¿Pagar el pasaje es lo correcto?

Lo real, pero también lo irreal; el pasado, pero también el presente; lo imaginable pero también lo inimaginable; lo simple, pero también lo complejo, todo, absolutamente todo puede ser manipulado por el poder cuyos detentadores buscan por múltiples formas y mecanismos que su “verdad” sea la que prevalezca en el entorno social.

Es un afán no gratuito. Detrás del mismo está el control del poder, con todos sus beneficios derivados de su efectiva concentración en pocas manos, y con ello los negocios, de los que desprende sus dividendos económicos, además del status de clase.

Manipulación, es la sensación que trasmite la difundida cuña publicitaria pagada por Transmilenio en la cual, aprovechando el desacuerdo ciudadano con la corrupción izan tal bandera para envolver en ella el tema de los colados. La pretensión es clara: dirigir la desaprobación ciudadana contra quienes optan por no pagar el pasaje y tras ello justificar la mala calidad del transporte, falta de buses en cantidad suficiente para no ir hacinados, y otros males de un modelo de transporte que evidenció sus límites desde el mismo momento en que entró en operación. No es casual que en los portales se lean carteles que rezan: “Menos colados = más buses”, una oferta incierta toda vez que uno de los mismos límites de este modelo de transporte –de su precariedad– es que no resuelve nada con tener más buses de los que caben en las troncales, pues de circular más de los que estas soportan se generaría un gigantesco trancón. Es decir, llegaría a inoperancia por colapso.

En su afán de acomodar la realidad a sus intereses, los propietarios de Transmilenio –no olvidar que la ciudad solo posee un escaso 10 por ciento–, ahora les dio por asegurar que “Pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto”. 

¿Será esto cierto? Si nos guiamos por el diccionario de la RAE –jurídico–, por corrupción se entiende: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos públicos o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sea de naturaleza defraudatoria”. Estamos, por tanto, ante una evidente manipulación de la realidad para beneficiar el interés privado.

Así es, porque en el caso de los colados no estamos ante ninguna de estos procederes, pero sí ante una realidad simple: un acto individual de resistencia, un rechazo a una realidad que ofende, una desaprobación silenciosa –pero que les da donde más les duele–. Un proceder animado por necesidad económica, pues aunque para los propietarios de los buses los $ 2.400 por pagar por trayecto es poco –“[…] prefiere arriesgar la vida por no pagar dizque $ 2.400…”, dice de manera irónica la cuña oficial– la realidad dicta lo contrario: la tarifa lesiona de manera grave la economía de infinidad de hogares bogotanos. 

Hagamos cuentas: si una familia de 4 está obligada a pagar el transporte de dos personas por día, esto le implicará gastarse $ 9.600. Si tal rubro debe cubrirlo por 6 días, tenemos que por semana debe sacar de sus bolsillos $ 57.600, lo que al mes es igual a $ 230.400. 

¿Cantidad insignificante? Para una familia de 4 miembros, donde ingresan 4, 5 o más salarios mínimos (salario mínimo= 828 mil 116 pesos) tal vez lo sea, pero para una donde uno o dos mínimos es su único ingreso, la cifra es más que significativa. ¡Qué pensar de aquellas donde el ingreso depende del rebusque diario, el cual durante algunos días puede fluctuar con ingresos estimulantes y en otras ocasiones llevar a la depresión! En casi todas las circunstancias es la necesidad la que obliga a resistir, buscando así ahorrar algo para garantizar al menos que el hambre no cunda en casa.

Resistencia que también asume otras alternativas, como la proliferación de motocicletas, con su insoportable ruido, además de gases producto de su rápido deterioro y poco mantenimiento técnico. Pero también de carros, con los cuales se gana en comodidad a la vez que se rebuscan en ellos, como es el caso de conductores de taxis y otras modalidades de transporte que van ganando espacio en la ciudad, a la vez que la congestionan y empujan a la crisis ambiental. En estas condiciones, mucha gente ahorra algún dinero, a la par que gana algún ingreso, pero la ciudad pierde en calidad del aire y de la vida misma.

En estas circunstancias, la resistencia, no la corrupción, es algo que nace de las circunstancias de vida que impone el sistema, la gente no la prevé ni calcula con maldad alguna, simplemente llega como eso, como resistencia ante una realidad que le afecta, sin dejarse ahogar por la misma. 

La resistencia en este caso es individual pero por la masividad que por momentos ha adquirido parece colectiva, signo más indicativo de que hay algo que no funciona bien, de que el o los gobiernos con que cuenta y ha contado la ciudad están obrando en contra de los intereses de las mayorías. Es claro el mensaje y así mismo debería ser la respuesta institucional, pero el capital no sabe sino de ganancia no de justicia, tampoco de medio ambiente y vida saludable, y la democracia es una simple palabra para distraer incautos.

 

El reto

 

Corregir es el proceder de los buenos gobernantes, que saben tomarle el pulso a su ciudad o país. Y para que eso fuera así debería considerarse la necesidad de avanzar hacia la efectiva operación de un transporte masivo de verdad público, a su vez gratuito o por lo menos con tarifa mínima, una tarifa que no termine por erosionar más el bolsillo de las personas menos pudientes.

Medida que no es un imposible, es una simple decisión de redistribuir el ingreso nacional y municipal, procurando justicia y vida digna. Medida que tendría, en perspectiva de mejorar la calidad de vida en esta ciudad, beneficios fácilmente medibles como emisiones de gases y naturaleza del aire, reducción de las tasas de enfermedades respiratorias, muerte por igual circunstancia o por tipos de cáncer que ahora es reconocido tienen origen en circunstancias del hábitat.

Mejoras totalmente previsibles toda vez que un transporte de verdad público, pero además eficiente (que convine metro, tranvías, buses articulados –troles o movidos por energía eléctrica, como décadas atrás los tuvo Bogotá–, trenes de cercanías, articulado con una efectiva red vial para bicicletas y otros sistemas de movilidad personal) motivará el desuso de los vehículos particulares, bien carros, motos o similares. Todo un descanso para los pulmones, el conjunto de vías respiratorias, así como para los oídos y ojos.

Estamos, por tanto, ante un inmenso reto para quienes habitan Bogotá –lo cual puede extender sin dificultad alguna al conjunto urbano en todo el país–: planearlas partiendo y pensando siempre en la mayoría de sus pobladores, no en la minoría, que en este caso son sus usurpadores: ricos, políticos y comerciantes de lo público, verdaderos corruptos pues lo que debiera ser de todos termina en manos de unos pocos producto de maniobras de todo tipo que despliegan día a día, garantizando que quienes gobiernan la ciudad sean aquellos que los favorecen para hacer realidad –por vía legal, es decir, según las reglas existentes, redactadas por representantes de su misma clase y que los han antecedido al frente de la ciudad– todos aquellos negocios que los obnubilan, no importa que producto de ello millones se perjudiquen tanto en su economía diaria, así como tranquilidad, comodidad, aprovechamiento del tiempo, como en su salud fruto de la desmedida contaminación que padece la urbe*.

La resistencia de miles de pobladores de Bogotá, producto de un caro e ineficaz sistema de transporte, es la enseñanza de que las protestas y rechazo a los malos gobiernos también se expresan en el diario vivir, de manera silenciosa, protestas que retan el quehacer de un verdadero gobierno alternativo.

Evasión o pago del pasaje: la respuesta popular exaspera a la administración Distrital.

Publicado enEdición Nº260
A Mauricio Funes Cartagena no le bastó la corrupción de un país centroamericano. Necesitó la de dos

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) fue el primero de izquierda en un país que padeció la ineptitud y el saqueo de la derecha democrática durante 15 años. Hartos de gobiernos que despilfarraron las arcas del Estado mientras idolatraban la figura de Roberto d’Aubuisson, el asesino de San Óscar Romero, los votantes eligieron a Funes en aquel marzo esperanzador. Era la transición democrática tan anhelada. Era la llegada al poder de los que décadas atrás combatieron fusil en mano a los militares tiranos que gobernaron a punta de tortura y represión. Y el salvadoreño Funes estuvo a la altura de la noche. “Es la noche más feliz de mi vida y quiero que sea la noche de la más grande esperanza de El Salvador”, dijo tras ganar. Dijo también que aquel era el “mismo sentimiento de esperanza que hizo posible la firma de los acuerdos de paz”. Dijo que era tiempo de reconciliarnos y que sería el presidente de todos. Lo que dijo hizo a muchos emocionarse hasta el llanto. Miles sintieron que todo lo sufrido –y fue mucho lo sufrido- valió la pena.

Aquella noche en que la democracia salvadoreña –tan peleada, tan sangrienta- llegó a la madurez, nada permitía imaginar que el saqueo ya había empezado.

Desde antes de asumir la presidencia, Funes y sus más allegados funcionarios hacían lo necesario por entender a detalle cómo funcionaba una bolsa presupuestaria que su antecesor –ahora preso por lavado de dinero- ocupó para enriquecer sus empresas y erigir su mansión. Nada tardaría el salvadoreño Funes, otrora un periodista incisivo que pagaba a plazos su carro Mazda, en entender aquel infame presupuesto y empezar a derrochar. El nombre de ese rubro, por si no fuera poco descaro que no sea auditable por la Corte de Cuentas, es partida secreta. En su quinquenio, Funes tuvo más de $300 millones en este paisito donde hay escuelas cuyo presupuesto anual es de menos de $1 000.

El salvadoreño Funes derrochó: en febrero de 2011, tras dos años de haber logrado la histórica transición, el izquierdista llevó a su familia en un jet privado a Florida. En tres días gastó $115,389, el equivalente a dos años y dos meses de su salario. El viaje quedaría retratado en una foto que subió a redes su cuñada brasileña. La familia posa feliz frente al castillo de la Cenicienta del Magic Kingdom en Disney World. El presidente Funes se volvió un hombre de gustos finos: un día, $7,372 en la tienda de cueros Salvatore Ferragamo de Miami; otro, $10,000 en la fiesta infantil de su hijo en San Salvador; o $9,840 en una compra de joyas en la capital salvadoreña; Montblanc, Chanel, Futuretronics, compras en 29 ciudades del mundo a costillas de sus gobernados. Su entonces esposa y primera dama, Vanda Pignato, no se quedó atrás: $245,537 en un jet para viajar a Brasil en 2011, por ejemplo. Cuando en mayo de este año publicamos en El Faro el reportaje del saqueo, Pignato respondió que el dinero siempre se lo daba Funes y que los vuelos y sus tarjetas las pagaba el salvadoreño, que ella nunca supo con qué dinero.

Pignato está en El Salvador, en detención domiciliaria y enfrentando cargos de lavado de dinero. Funes tiene cinco acusaciones en los juzgados salvadoreños, pero vive opulentamente en la Nicaragua de Daniel Ortega. El represor nicaragüense dio asilo al corrupto salvadoreño. El argumento del expresidente Funes es sacado del manual del corrupto latinoamericano: dice ser víctima de una persecución política. Funes, que saqueó bajo la roja bandera efemelenista, encontró otra, rojinegra esta vez, para ocultarse en Centroamérica. La más rastrera solidaridad de la izquierda latinoamericana se consumó en la región.

El caso Funes sigue destapándose. Las investigaciones fiscales están apenas en curso y una bodega llena de documentos que alguien sacó de Casa Presidencial y a la que solo El Faro ha tenido acceso parcial aún está por explorar. Todo apunta a que apenas conocemos los caprichos de un hombre más que se torció en el poder.

El pasado martes 30 de julio el Gobierno orteguista asestó otra bofetada a El Salvador: nacionalizó a Funes. Desde esa fecha, el expresidente que desvalijó a los salvadoreños es nicaragüense. Funes no puede ser extraditado.

El nicaragüense Funes, quien suele tuitear hasta altas horas de la madrugada, no tardó en echar en cara al nuevo presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien prometió en campaña traerlo al país, que su extradición ya no procede.

Quizá Funes no entiende que esto no se trata de banderas ni de promesas grandilocuentes de candidatos presidenciales. Esta no es una partida entre adversarios políticos. Esto se trata de la dignidad de un montón de gente que trabaja con sueldos de hambre para vivir en lugares de miedo. Se trata de millones con dieta de frijoles y tortilla que ven cómo ese hombre despilfarró más de $6,000 en comida y bebidas en cinco horas de vuelos en un viaje en jet por Florida. Se trata de miles de policías del país más violento que sabrán impune a un señor que gastó en globos para una fiesta infantil lo que ellos ganan en dos meses. Esto va sobre un país que se ilusionó con una transición peleada por décadas, por la que decenas de miles dejaron la vida en las montañas y las lágrimas en las tumbas de sus familiares, para luego ver todo eso resumido en la figura de un sibarita que salía de joyerías con las muñecas adornadas y se paseaba por el mundo vestido de Ermelegildo Zegna y calzado con Ferragamos.

La impunidad construye –deforma- país. Lo sabemos en Centroamérica. Lo aprendimos humillación tras humillación, empezando por uno de los cimientos de nuestras democracias, las leyes de amnistía que cobijaron –cobijan- a tantos criminales de guerra. Lo ratificamos en estas democracias tan debiluchas, soportando a corruptos que se jactan de seguir ahí después de haber sido quienes son y hecho lo que hicieron. “Si pude haber robado, robé, pero no tengo mis manos manchadas de sangre”, dijo hace décadas un político salvadoreño, construyendo ese podrido argumento en el que se cobijan tantos funcionarios de la región: fui malo, pero pude ser peor, como otros. Funes aún puede saquear más a El Salvador. Ya saqueó sus arcas, ahora va con su dignidad.

En El Salvador, el fiscal y el presidente prometen que harán todo lo posible para traerlo y juzgarlo en el país. La maraña legal deja posibilidades minúsculas, y la mayor esperanza en los corrillos políticos es otro corrupto, Daniel Ortega, ese hombre conocido por saber sentarse con dios y el diablo en la misma mesa y pactar acuerdos con el purgatorio. Que Ortega llegue a traicionar a su protegido es la esperanza de buena parte de un país.

Sentar al salvadoreño-nicaragüense Funes en un juzgado no debe ser un acto de revanchismo político, sino un ejercicio en pro de que El Salvador se desentumezca un poco y se vaya poniendo de pie.

Por Óscar Martínez

23 AGO 2019 - 19:55 COT

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El presidente de Perú plantea un referéndum para adelantar un año las elecciones

Para Vizcarra, el Parlamento desvirtuó las leyes de la reforma política y denegó la cuestión de confianza

 

 

El presidente peruano, Martín Vizcarra, usó el mensaje anual de Fiestas Patrias para encarar al Legislativo, que lidera la oposición fujimorista, luego de que la noche del jueves terminó de aprobar seis leyes de la reforma política propuesta por el Ejecutivo, pero modificándolas sustancialmente. El mandatario ha planteado como salida a la "crisis institucional" un referendum de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 28 de julio de 2020, y recortar el mandato del Congreso y el propio. Los comicios en Perú se realizan cada cinco años y estaban previstos para marzo o abril de 2021.

De acuerdo a una encuesta de abril del Instituto de Estudios Peruanos, un 70% de ciudadanos está de acuerdo con el cierre del Parlamento y un 84% desaprueba su desempeño.

La sociedad civil peruana ve, en particular desde julio de 2018, con mayor desconfianza el sistema de justicia y el Legislativo luego de las revelaciones de corrupción de una red llamada los Cuellos Blancos del Puerto, integrada por jueces, fiscales, empresarios, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, algunos de ellos vinculados a políticos del partido fujimorista Fuerza Popular, que posee la mayoría en el Legislativo.

La primera semana de junio, Vizcarra solicitó al Congreso una cuestión de confianza como una forma de presionar a que ponga en debate proyectos de ley para contrarrestar la corrupción en la política, ya que dos de esas iniciativas implicaban reformas constitucionales, y si no se aprobaban antes del 26 de junio, no serían aplicables en las elecciones de 2021.

El jefe de Estado reemplazó en el cargo a Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y durante el período de PPK, el Congreso había rechazado la confianza en una ocasión. De acuerdo a la Constitución, si por segunda vez el Parlamento la denegaba a este Gobierno, el presidente podría cerrarlo y convocar unas nuevas elecciones legislativas.

El fujimorismo bloqueó en particular una ley que planteaba que un órgano autónomo decidiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Un congresista sentenciado a prisión este año por delitos cometidos cuando era comandante general del Ejército está prófugo por la demora del Parlamento en el levantamiento del fuero.

Asimismo, Fuerza Popular rechazó que en las elecciones de 2021 se aplicaran los criterios de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, y solo aprobó un 40% de candidatas mujeres en las listas para 2021, y 50% dentro de diez años.

"El problema no es solo la demora, sino que las solicitudes de levantamiento de inmunidad vienen siendo rechazadas sin ningún sustento", cuestionó el presidente peruano en el hemiciclo al final de un mensaje de más de hora y media de duración.

"No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'presidente, cierre el Congreso'", expresó, mientras los congresistas protestaban y sonaba la chicharra para intentar poner orden.

"Las reglas que tenemos hoy están quebradas e infiltradas de corrupción. ¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado", reclamó el mandatario.

"El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo, con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir", manifestó.

Por Jacqueline Fowks

Lima 29 JUL 2019 - 01:56 CO

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Miércoles, 17 Julio 2019 07:49

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

Arrestan a Toledo en Estados Unidos

El ex presidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado este martes en Estados Unidos. Su detención se encuadra dentro del pedido de extradición requerido para poder cumplir con su procesamiento por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, según informó el Ministerio Público peruano.

"El ex mandatario se encuentra en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas, como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país", señaló la Fiscalía en un mensaje vía Twitter.

La fuente oficial señaló que la información fue recibida a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional que indicó que Toledo "fue arrestado esta mañana por mandato de extradición, en Estados Unidos".

Presidente de Perú entre 2001 y 2006, su detención está relacionada con el proceso de extradición que se sigue en su contra desde mayo de 2018, luego de que testigos de la empresa Odebrecht confesaran haber pagado 20 millones de dólares al ex mandatario para obtener licitaciones en obras públicas.

En febrero pasado, la Fiscalía de Perú anunció un acuerdo de colaboración eficaz (un equivalente a la figura del arrepentido) con el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien reconoció haber ayudado a Toledo a recibir esos pagos y blanquear el dinero en paraísos fiscales. Maiman sostuvo el pasado 27 de junio ante fiscales peruanos que Odebrecht depositó en sus cuentas casi 35 millones de dólares en sobornos destinados al ex presidente Toledo.

Toledo es investigado desde que el ex directivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declarara que le fueron entregados sobornos para obtener la licitación de la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur durante su gestión.

Barata, ingeniero brasileño, afirmó frente a los fiscales peruanos que el dinero fue entregado por partes entre 2004 y 2010, en cuentas de Maiman, quien en sus declaraciones a la Fiscalía peruana también señaló que los fondos procedentes de Odebrecht eran derivados a Ecoteva, una empresa creada junto a la suegra del ex presidente Toledo, Eva Fernenbug.

Ecoteva fue fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug. El Poder Judicial inició un proceso penal contra él y otras cinco personas por presunto lavado de activos. Sobre su esposa, Eliane Karp, también pesa una orden de arresto por el mismo caso. Ambos se han encargado sistemáticamente de negar vínculos con la corrupción y se han esforzado en definirse como víctimas de una persecución política.

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La plata de Odebrecht-Aval a la campaña de Santos

Como lo reveló W Radio, en Declaración Jurada ante la Fiscalía, Andrés Sanmiguel confesó que su empresa firmó un contrato falso –que nunca se ejecutaría– con el Concesionario Constructor Ruta del Sol, Consol –sociedad de Odebrecht y el Grupo Aval–, fruto del cual Consol le consignó 3.894 millones de pesos para financiar la segunda vuelta de la campaña presidencial Santos-Vargas Lleras 2014. Según Sanmiguel, él le pasó 3.800 millones en efectivo a Esteban Moreno, jefe de la candidatura de Santos en el Valle del Cauca y gerente de la campaña al Senado y la Cámara del Partido Liberal en 2014. Por la confesión, la Fiscalía le compulsó copias al Consejo Electoral y citó a descargos a Moreno y a Sanmiguel y David Portilla, su compañero en estas andanzas.


Vale resaltar que las acusaciones de Andrés Sanmiguel son afirmaciones sustentadas en documentos de su empresa que él le aportó a la Fiscalía, entre los que están la copia del contrato ficticio por el que Consol le consignó los 3.894 millones de pesos, al igual que las copias de los cheques con los que él convirtió en dinero efectivo la plata que personalmente le entregó a Esteban Moreno. El relato de los detalles de cómo se desarrolló la operación, incluido que Moreno recogía la plata en una camioneta blindada y protegido por veinte guardaespaldas, pueden leerse en el siguiente enlace ( http://bit.ly/32dHbi0 ).


Estos hechos también comprueban –aunque por estas revelaciones alguien confundido pueda pensar en algo diferente– que el encubrimiento fue el aspecto fundamental de la Fiscalía de Martínez, en contra de su deber de investigar a fondo los sobornos por treinta millones de dólares con los que el Consorcio de la Ruta del Sol II –Odebrecht-Grupo Aval– se quedó con el enorme negocio de esa vía.


Porque Andrés Sanmiguel confesó el 12 de junio de 2018, pero la Fiscalía solo le compulsó copias al Consejo Electoral el 14 de marzo de 2019, ¡nueve meses después! Y apenas les imputarán cargos a Sanmiguel, Portilla y Moreno el agosto que viene, si es que ello ocurre, ¡14 meses después de conocerse en detalle de estas maniobras corruptas!, hechos sobre los que el Fiscal Martínez había recibido otras denuncias formales en agosto de 2017, por la suma mencionada y por otros 3.920 millones de pesos también entregados a Moreno con el mismo fin. Llama la atención que esta pueda ser la única pieza de este proceso filtrada tanto tiempo después de generada, y solo luego de que la lucha anticorrupción de los colombianos expulsara de su cargo al Fiscal Néstor Humberto Martínez, el famoso Rey del tapen-tapen.


De otra parte, la corrupción en la Ruta del Sol II a favor de Esteban Moreno había sido denunciada en 2015 por Jorge Enrique Pizano, quien le explicó a Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, pagos irregulares a RGQ Logistics –la firma de Moreno– por 2.477 millones de pesos, hechos que también conoció Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado de Sarmiento Angulo. Y el senador Bernardo Noño Elías confesó: “Mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido el otrosí Ocaña-Gamarra, para que ellos entregaran recursos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reelección primera y segunda vuelta”, prueba que tampoco llevó al Fiscal Martínez a investigar como debiera la campaña y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ya estaba de sobra establecido que Odebrecht financiaba campañas –las que fuera y en cualquier país– con el propósito de recibir a cambio contratos de obras públicas con los que pagaba los costos de los sobornos y hacía grandes utilidades.


Además de otras platas de Odebrecht a la campaña de Santos que literalmente no cabe mencionar en este artículo, también está la declaración del senador Armando Benedetti en 2017, que nadie refutó, sobre unas reuniones en mayo de 2014, a una de las cuales asistió Eleuberto Martorelli –Presidente de Odebrecht–, en la que Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez le pidieron a cada uno de los treinta invitados que respaldara con cuatro mil millones de pesos la candidatura presidencial.


Y nada indica que la Fiscalía de Martínez haya investigado en serio las acusaciones de financiación de Odebrecht a la campaña Zuluaga-Trujillo 2014, a pesar de que Duda Mendoza denunció transferencias por 1,5 millones de dólares de Odebrecht a dicha campaña y que los directivos de la trasnacional, Mameri y Martorelli, confesaron que acordaron el arreglo con Daniel García Arizabaleta, directivo de la candidatura y del Centro Democrático ( http://bit.ly/32brkkk ).

 

@JERobledo


Bogotá, 5 de julio de 2019.

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Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

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Se cae la acusación de que Lula es dueño de una propiedad en Sao Paulo entregada como soborno

Brasilia. La aceptación de solicitud de venta de una propiedad atribuida a Luiz Inácio Lula da Silva en el municipio Atibaia, en Sao Paulo, como pago por presuntos favores políticos, echó por tierra ayer acusaciones contra el ex presidente brasileño.

El ministerio público federal fue favorable a la solicitud de autorización del empresario Fernando Bittar, quien es el dueño del inmueble, para venderlo.

Tal aprobación refuerza los argumentos presentados por la defensa del ex mandatario de que no tiene nada que ver con la posesión, como argumentan los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato.

El portal Brasil 247 indica que el proceso contra el ex dirigente izquierdista, "sin pruebas y sin crimen, produce anomalías jurídicas".

Lula fue condenado a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva, activa y lavado de dinero, sin haber probado ninguna acusación. El proceso ahora está en el tribunal federal de la cuarta región para juicio en segunda instancia.

El sitio de noticia señala que la condena fue dictada por la juez Gabriela Hardt, en una "sentencia inmoral por ser una literal copia y pega" de las acusaciones del caso del departamento de Guarujá, con extractos del fallo emitido por el cuestionado ex juez Sérgio Moro, incluidas las inconsistencias.

Durante el juicio, Lula nunca negó que frecuentaba el inmueble de sus amigos.

Pero los fiscales alegan que el ex gobernante era el dueño oficial y fue beneficiado por supuestas reparaciones realizadas por la empresa Odebrecht en el inmueble.

Dicha constructora brasileña está envuelta en una ola de escándalos por corrupción en casi toda América Latina.

La anomalía está justamente en el hecho de que Lula no es el dueño de la propiedad, sino Bittar, conforme el ministerio público reconoce al aceptar su pedido de venta.

Por otra parte, Lula, quien ayer cumplio 416 días en prisión, envió una carta al Salón del Libro Político en Sao Paulo. "Leer es un acto político. No es casualidad que nuestros adversarios, al mismo tiempo que intentan criminalizar la política e impedir toda forma de activismo, atacan con tanto odio el saber, el conocimiento. Quieren más armas y menos libros", escribió Lula en la misiva leída por el actor Sérgio Mamberti.

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Carta desde... Finlandia, la paradoja de la felicidad

Cada mañana, en la pequeña calle en la que vivo a las afueras de Helsinki, se repite la misma escena adorable. Los niños caminan al colegio, algunos solos, otros en grupos de dos o tres, con las mochilas balanceándose en sus espaldas. Los más pequeños tienen siete años y su mochila es casi tan grande como ellos mismos.


Camino a la escuela, hay un paso de peatones. Los conductores reducen la velocidad y, cuando ven a los niños, se detienen para cederles el paso. Quien no se detiene para dejar pasar a un niño es considerado maleducado. Pero en la mayoría de los casos, el niño cruza, saluda con la mano al conductor y sigue caminando hacia uno de los mejores sistemas de escuelas primarias del mundo.


El área metropolitana de Helsinki tiene una población de más de un millón de personas. Pero los niños de siete años van solos a la escuela. Por segundo año consecutivo, Finlandia ha sido elegido el país más feliz del mundo y todo se reduce a esto: lo segura que es aquí la vida.


La sociedad también es segura y, sobre todo, estable. En general, la gente es honesta. Si se te cae la cartera en la calle, es bastante probable que la recuperes con todo lo que tenías dentro. En cuanto a la corrupción, Finlandia también encabeza el ránking de honestidad. El campo no está contaminado y es muy sencillo estar en contacto con la naturaleza. La mayoría de finlandeses viven a no más de 30 minutos del bosque.


La riqueza está distribuida de forma muy equitativa, en términos globales, aunque entre los finlandeses no exista esta percepción. Cada año se publican las declaraciones de la renta del ejercicio anterior y, entonces, los medios de comunicación arden y la gente se horroriza de la cantidad de gente rica que hay en el país. Los finlandeses más listos simplemente se ríen y lo llaman el Día de la Envidia Nacional. Todo el mundo saca el móvil y lee artículos sobre declaraciones de la renta de otras personas.


Las declaraciones de la renta son públicas porque la población cree de verdad que el acceso abierto a la información da buenos resultados. Cualquiera que lo considere importante, puede averiguar cuánto dinero gana su vecino, su primo o sus colegas. Sin embargo, nadie cree que, en comparación con otros países, los finlandeses ganen mucho dinero. Por lo menos, no tanto como los suecos o los daneses, y ni hablar de los noruegos. Nos va bien y ya está.


Finlandia es una sorprendente historia de éxito en la periferia norte de Europa, y es sorprendente porque no había mucho con lo que empezar. La segunda estrofa de nuestro himno nacional, escrito en los años 1840, comienza así: "nuestra patria es pobre y así permanecerá". Aunque no se suele cantar esta segunda estrofa.


En la década de 1860, Finlandia sufrió la última hambruna europea debida a causas naturales. Cuando Finlandia se independizó en 1917, la consecuencia inmediata fue una guerra civil, que resultó una de las más sangrientas y crueles. Hace cien años Finlandia tenía casi todas las características de un país abocado al fracaso. Pero muchas cosas han mejorado desde el entonces hasta hoy, que somos la nación más feliz del mundo.


Pero, ¿realmente lo somos?


Finlandia también sufre de un extraño conflicto que le es familiar a muchos otros países europeos. Algo que podría llamarse la paradoja de la felicidad.
La gran mayoría de los habitantes, en términos objetivos, tiene una calidad de vida mejor que la de casi todo el resto del mundo, de cualquier época de la historia. Década tras década, el nivel educativo de la población ha progresado y la gente es más sana y vive más tiempo.


Sin embargo, existe también un perturbador clima de insatisfacción.


Finlandia es un país basado en una democracia progresista y una economía de mercado. Todo país pequeño debe tener apertura y una estrategia internacional.


Puede que a las personas que han nacido en países grandes les cueste comprender esto. Quizá Alemania o Francia se las puedan arreglar solos, y el Reino Unido está planeando intentarlo, pero Finlandia, con su población de 5,5 millones de habitantes, no puede darse ese lujo.


Sin influencias foráneas, nuestro país se pudriría en su propia excelencia imaginada, y sin una industria de exportación todavía estaríamos tejiendo calcetines en la oscuridad de los inviernos sin luz eléctrica. Finlandia es uno de los campeones de la democracia progresista, la economía de mercado, la globalización y la integración europea. Y sin embargo, hay algo que cruje: la paradoja de la felicidad.


El escritor indio Pankaj Mishra llamó a nuestra época la Era de la Furia. En su libro de 2007 con el mismo título, utilizó la palabra francesa ressentiment. Quizá un término demasiado sofisticado que proviene de los textos del propio Friedrich Nietzsche. El filósofo alemán hablaba de "hombres de resentimiento" que operaban en "el tembloroso imperio terreno de la venganza subterránea, inagotable e insaciable en estallidos".


Casi parece que Nietzsche hubiera predicho el surgimiento de las redes sociales donde, desde ahora, los estallidos de furia podrían considerarse como un acompañamiento constante. La gran pregunta es cuán a menudo irrumpen en la vida real.


Se ha dicho y escrito mucho sobre la turbulencia en Europa. Los principios esenciales son los mismos en todos lados, pero en cada país esta turbulencia se manifiesta de forma diferente. El resentimiento finlandés se expresa prominentemente en forma de xenofobia. Proporcionalmente, Finlandia tiene menos inmigrantes que, por ejemplo, Suecia, Reino Unido o Alemania, y aún así los finlandeses se han colado entre los más xenófobos de Europa.


Hace poco, tras la celebración de las elecciones en Finlandia, el paisaje político comenzó a fragmentarse de una forma que recuerda a Holanda. El Partidos de los Finlandeses, la formación nacionalista en contra de la inmigración, obtuvo el 17,5% de los votos. Su consigna electoral podría traducirse como "Recuperemos Finlandia".


También se espera que a este partido le vaya bien en las elecciones europeas de mayo. Así que así es como Finlandia, el país más feliz del mundo, hará su pequeña contribución al fenómeno que Matteo Salvini espera que se traduzca en una "primavera europea".


Sería engañoso y simplista decir que sólo las formaciones populistas desahogan sus frustraciones, aunque sea una característica que se atribuyen de buen grado. Sin embargo, estos resultados ni siquiera tienen en cuenta el hecho de que un cuarto de los finlandeses no se molesta en ir a votar. Y esa cifra es de las elecciones nacionales: en las elecciones europeas, la participación es aún menor.


En general, los finlandeses parecen tener una insatisfacción mística hacia todo. Cada vez que se producen cambios de gran magnitud (como la reforma del sistema de sanidad), tienden a pensar que el resultado será un problema, no una solución.


Y esta actitud no se limita a soluciones que cuestan decenas de miles de millones de euros. Incluso el más insignificante problema puede convertirse en una batalla apocalíptica, como las comidas escolares. En Finlandia, hace décadas las escuelas ofrecen comida gratuita y ahora, con los cambios en las preferencias, se ha abierto un debate feroz en los Ayuntamientos sobre la proporción correcta de carne, pescado, comidas vegetarianas o veganas.


En medio de estas discusiones, es fácil olvidar qué gran logro es que una sociedad se haga cargo de las comidas escolares. La tragedia del país más feliz del mundo puede ser su incapacidad de recordar que es feliz.


Un abrazo,


Heikki.

Heikki Aittokoski, periodista del diario Helsingin Sanomat

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