Sábado, 30 Mayo 2020 10:54

Del dicho al hecho…

https://www.flickr.com/photos/prachatai/

El llamado al encierro, como responsabilidad individual para impedir la reproducción del covid-19, desconoce la realidad de empobrecimiento que golpea a millones de familias en Colombia. Violación de derechos humanos fundamentales, autoritarismo y demagogia se conjugan en un llamado que desnudó la imprecisión reunida por las bases de datos que identifican a los pobres, y en riesgo de serlo, en todo el país. ¡Quédate en casa!, un llamado que solo la clase media, y de ahí para arriba, pueden cumplir.

¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos! Estos y otros mensajes están en las emisoras, en las redes sociales y otros canales de comunicación. Otros muchos mensajes también se escuchan y en ellos se enfatiza en lo bueno de estar en casa, en la posibilidad y beneficios de compartir con los tuyos, en cómo utilizar el tiempo diario, en los usos potenciales del confinamiento.

Los mensajes suenan bien, ¿pero parten de la realidad de las mayorías sociales? ¿O están pensados y grabados para un sector minoritario de la sociedad? Cuando empezó el confinamiento parecía que fuera para todos los hogares, pero con el paso de los días empezó a relucir que los mensajes estaban elaborados solo para un sector de la sociedad, precisamente para la que cuenta con ingresos fijos fruto de que uno o varios de sus miembros son trabajadores formales, ligados bien al gobierno, bien a la empresa privada, con estabilidad laboral garantizada y, por tanto, con ingreso mensual también garantizado.

Pero esa no es la realidad de la mayoría de la fuerza laboral del país, de la cual 13 millones o más se rebuscan por cuenta propia, es decir, viven al día sobrellevan la cotidianidad en constante riesgo de caer empobrecidos y, por tanto, sin capacidad de ahorro para pasar sin penurias semanas sin ingresos. Por tanto, sin duda alguna, para todas estas personas debe sonar extraño ¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos!, pues con seguridad desean vivir, no exponerse al virus, y proteger a los suyos, pero las necesidades diarias acosan y, entonces, ¿conseguir el alimento de los suyos no es proteger a los suyos?

 

El paso de los días

 

Mirados en el espejo de esta realidad, es que podemos comprobar, con el favor del paso de las semanas, que la decisión tomada en la tercera semana de marzo de 2020 de confinamiento obligatorio, primero en Bogotá y unos días después en el resto del país, se constituyó en una medida autoritaria violatoria de los derechos humanos fundamentales de millones de personas.

La medida, soportada sobre el miedo propagado (a la muy factible muerte si el virus te contagiaba) desde las altas esferas y multiplicado por los medios oficiosos, tendría que haber tenido como antecedente la entrega de por lo menos el equivalente a un salario mínimo mensual, por el tiempo que dure la crisis, dinero destinado a cubrir las necesidades de cinco millones o más de hogares que viven en pobreza o en riesgo de empobrecimiento. Aporte que tendría que ampliarse a propietarios de pequeños emprendimientos (peluquerías, talleres donde se hace mantenimiento a diversidad de aparatos, pequeños restaurantes, pizzerías, papelerías, fotocopiadoras, talleres de impresión de plotter, etcétera), así como a taxistas y otros “empresarios” sin capital suficiente para aguantar meses de encierro. No proceder así es descargar en lo individual –usted se salva si se encierra– algo que le compete al Estado –nos salvamos entre todos al garantizar los derechos fundamentales del conjunto–.


Pero no sucedió así. Como si las circunstancias de vida no hubieran cambiado el gobierno distrital en Bogotá, y luego el nacional, le transfirieron a cada persona una responsabilidad que en primer nivel reposa en las instancias gubernamentales.

Una decisión claramente improvisada, véase el caso de Bogotá donde luego de ordenarle a su población el encierro se percatan que las bases de datos donde supuestamente estaban registradas todas las familias en pobreza, o en riesgo de serlo, no dan cuenta de la realidad. Improvisación que propicia que miles de pobres no registrados revienten de rabia en las calles de sus barrios o en el centro de la ciudad. Bases de datos que no recogen a los miles de pequeños propietarios que nunca antes se habían alistado en algún programas de ayuda económica pero que ahora, tras días sin producir dinero, sienten que lo requieren. Desorden, improvisación, incomprensión de la nueva realidad en que ha entrado nuestra sociedad, que lleva a la administración distrital a saltar como bomberos apagando, de una localidad a otra, las llamas de la inconformidad social. Luego, en triste gesto “solidario”, estirar la mano para pedir aportes y realizar colectas, como si lo público dependiera de la “caridad ciudadana”, para así llevar mercados a las familias que más lo requieren.

Previo a los mercados realizaron algunos censos rápidos entre las alcaldías locales y funcionarios del Jardín Botánico, para identificar cantidad de hogares con necesidad alimentaria.

En pos de precisar de qué se componían estos mercados, a quiénes se los entregaron y sus ingredientes, desdeabajo entrevistó una ama de casa con vivienda en la localidad de Bosa –vereda San Bernardino–, a la pregunta: ¿y su mercado de qué se componía? describe sin titubear: “5 libras de arroz, 1 bolsa de leche en polvo, 1 libra de harina de trigo, 1 libra de pasta larga –fideos –, café en polvo, 1 libra de frijoles, 2 libras de lentejas, 1 libra de garbanzo, 1 libra de arveja verde, 1 kilo de avena”. ¿Y ese mercado era para cuánta gente? “Para cinco”, nos indica. ¿Y para cuántos días debía rendirlo? “No nos dijeron, pero nosotros los estiramos para quince días”, enfatiza con tono de orgullo. ¿Y volvieron a llevarles más mercado? “No”, contesta con tinte de resignación y desengaño, “por acá no volvieron”.

¿Sabe en qué otros barrios realizaron este censo? “A mi me consta que en los barrios Acapulco I y II, El Triunfo”.

¿Y el mercado se lo entregaban a todos los habitantes del barrio? “No, en mi barrio no se lo dieron a algunas personas por vivir solas”.

¿Usted sabe si las familias están recibiendo, por ejemplo, algún bono para quienes estudian primaria o bachillerato? “En mi caso –nos indica– nos entregan 50 mil para refrigerio para un niño que tengo estudiando. Imagínese, como si uno pudiera separar a los que estudian de los que ya no están en el colegio”.

En el orden nacional la realidad no dista mucho de la descrita. Alardean de la existencia de programas como Familias en acción, que cubre a 2,5 millones de familias a las que entrega 67 mil pesos mes; “Adultos mayores”, con un giro por $163.180 pesos, cada dos meses, para 1.651.000 beneficiarios; “Jóvenes en acción”, que aporta cada dos meses, en promedio, $ 200 mil pesos a sus beneficiarios e incluye otros estímulos en caso de no deserción y excelencia académica. Programas ampliados, una vez declarada la crisis, con el denominado “Ingreso solidario”, destinado para 3 millones de familias, y con el cual le asegura a cada una de ellas $ 160.000 por mes. A lo cual se suma la iniciativa por medio de la cual reintegra cada dos meses, a las familias beneficiarias, $ 75.000 por concepto de IVA.

Un conjunto de aportes que no dan cuenta de la pobrecía generalizada (ya no tres millones, como eran los beneficiarios de algunos de estos programas, sino entre 5 y 8 millones de hogares), la cual, como en el caso de Bogotá, se multiplica a lo largo y ancho del país producto del cierre de negocios, de la imposibilidad de ofertar la mano de obra al mejor postor, entre otras dificultades.

Todos estos aportes, claro, complementan sus escasos ingresos; pero resulta que ahora, confinadas, esas familias no cuentan con los dineros reunidos a través de su rebusque diario, y con los cuales en algo incrementaban lo recibido vía subsidio, sobrellevando de mejor manera la pobreza. Al no poder reunir los que de seguro son otros pocos pesos, el confinamiento obligatorio los condenó a vivir –en caso de acceder a varios de estos subsidios– con una suma inferior a medio salario mínimo, es decir, los condena a padecer hambre. Y sino reúnen varios subsidios a vivir el mes, ¡inaudito!, con menos de doscientos mil pesos.

Y así lo están viviendo en miles de hogares, y por ello no tardaron en sentirse las protestas en diversidad de ciudades, donde la voz de inconformidad por el hambre que acecha toma fuerza en multiplicidad de barrios populares. Esto por un lado, pero por el otro no tardaron en verse en la calle, desafiando a la policía y al virus mismo, a centenares de vendedores jalando sus carretillas y anunciando con sus características grabaciones: aguacates, verduras, compra de reciclaje, mazamorra caliente, arroz con leche, vidrios para proteger su teléfono, y otra variedad de productos y servicios.

Otros no protestan ni se atreven a llenar calles, pero la economía ya los reventó. A finales de abril las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía fija) informaron que 3.9 millones de hogares habían dejado de pagar servicios

En esa misma semana del cuarto mes del año la Asociación nacional de industriales (Andi) confirmó que 540 mil empresarios no poseían reservan con que pagar la quincena de sus empleados, es decir, a cerca de 8 millones de trabajadores no les llegaría de manera puntual el dinero a que tienen derecho por su labor diaria. Por su parte Fenalco, en igual sentido, confirmó luego de encuesta, que el 38 por ciento de las empresas que respondieron el cuestionario piensan cerrar o someterse a la ley de insolvencia. Y Acopi aseguró, por un lado, que por lo menos el 20 por ciento de sus asociados localizados en Bogotá y Cundinamarca cerrarán sus empresas y, por el otro, confirmó que los ahorros de sus asociados ya estaban al límite. Por su parte la asociación que agrupa a los propietarios de restaurantes, con 92 mil asociados, informó durante la segunda semana de mayo la decisión de 22 mil de ellos de no reabrir nunca más sus negocios. Es decir, la crisis marca el paso y el desempleo se hará sentir con fuerza mayor por todo el país en los meses venideros.

 

Alternativas


Según un personaje que fue candidato a la presidencia en pasados comicios, y con seguridad lo será de nuevo en las elecciones del 2022, la vía para remediar esta crisis es que los trabajadores la asuman como suya, y aporten con parte de sus escasos ingresos a sus patrones para que salgan airosos de la misma. Haciendo las veces de bufón de la Corte, “infla globos para ver dónde caen” y realiza malabares para que los príncipes miren los gestos de la concurrencia y concluyan el ambiente que podrían encontrar al poner en marcha una u otra medida de carácter económico, político o social.

De acuerdo a su (in)comprensión de la realidad en curso, ante la crisis económica en creciente hay que proseguir con las mismas políticas que dieron paso a lo que hoy vivimos: capitalismo salvaje, neoliberalismo puro y duro, socialización de pérdidas y privatización de ganancias, propuestas que, con seguridad, en próximos meses o pasado un tiempo mayor, darán forma a las ansiadas por el empresariado reformas laboral, pensional, quebrarán el salario mínimo, darán pie al contrato por horas, y otro cúmulo de salvajadas que desnudan el carácter de clase de quienes ostentan el poder en este país.

Contrario a esa simpleza, a esa ceguera del capital, desde sectores alternos se propone poner en marcha, por un lado, una renta básica extraordinaria de emergencia –por tres meses–, a través de la cual se garantice un salario mínimo legal vigente (877.803 pesos por mes), para tres millones 268 mil hogares –pobres y vulnerables–, según algunas estimaciones, y cuatro millones 358 hogares según otros cálculos. “Este monto mensual supera en más de 12 veces mes el dinero que entrega el gobierno por medio del programa Familias en acción, de lo cual puede deducirse que es un aporte que garantizaría sobrellevar una cotidianidad en mayor dignidad, pudiendo respetar el confinamiento obligatorio por el orden nacional”*.

Pero también incluyen a otros sectores en sus propuestas. Esta renta debe llegar a los propietarios de micronegocios, entre los cuales suman 1.500.000, cada uno de los cuales emplean entre 3 y 9 personas en sus negocios, apoyo condicionado al no despido de ninguno de sus trabajadores, y al compromiso de formalización una vez superada la pandemia.

Una renta básica extraordinaria realizable, toda vez que su costo asciende a 13 billones de pesos, o el 1,2 por ciento del PIB, es decir, una iniciativa política y económica totalmente realizable, mucho más si se logra centralizar los recursos destinados para los programas o subsidios del orden nacional ya relacionados –Familias en Acción, Adulto mayor, Jóvenes en acción, y otros–. Queda claro, es una iniciativa que solo reclama voluntad política. Voluntad indispensable para que el ¡Quédate en casa! cuente con soporte real, es decir, para que el confinamiento como medida más expedita para neutralizar el covid-19 no someta a cientos de miles de familias, a millones de personas, a padecer hambre ni a ver como se escurren los pocos ahorros con que pudieran contar.

Una iniciativa que, para hacerse realidad incluso mucho más allá de los tres meses propuestos, es decir, para que cubra todos los meses que dure la crisis de salud pública e, inclusive, algunos meses más allá, pudiera echar mano, para los años 2021 y 2022 de un impuesto al patrimonio que pagarían las personas más ricas del país “[…] con tarifas nominales progresivas –por ejemplo, entre el 5 y el 12 por ciento– para aquellos patrimonios superiores a los $ 100 mil millones, lo que permitiría un recaudo adicional entre $ 5.0 y $ 8.0 billones año”**.

Pero si hicieran falta más recursos para hacer realidad una política social justa, incluyente y acorde con las circunstancias que padecen millones de empobrecidos y de otros cientos de miles en riesgo de serlo, el gobierno nacional podría recurrir a una renegociación de la deuda externa que postergue los pagos por realizar en los próximos 3 o 4 años, y destinar esos miles de millones de dólares a la inversión social.

Las enseñanzas que va dejando la pandemia son muchas, pero entre ellas destacan dos: 1. La crisis la deben asumir quienes más tienen, y quienes detentan el poder en el país, proceder por vía contraria es llevar a cientos de miles de familias a un empobrecimiento mayor al que hoy padecen. 2. No es responsable, política ni éticamente, someter al encierro a millones sin procurarles las condiciones mínimas para sobrellevar estos meses de encierro y brazos caídos; no dar cuenta de ello es barrer con sus derechos humanos fundamentales.

 

* Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique, "Medidas sociales y económicas de emergencia ante la pandemia del covid-19 en Colombia. Visión desde una economía política de inclusión social", pp. 160 Ediciones Desde Abajo, mayo 2020.
** Id.

Publicado enEdición Nº268
Sábado, 30 Mayo 2020 10:29

Del dicho al hecho…

https://www.flickr.com/photos/prachatai/

El llamado al encierro, como responsabilidad individual para impedir la reproducción del covid-19, desconoce la realidad de empobrecimiento que golpea a millones de familias en Colombia. Violación de derechos humanos fundamentales, autoritarismo y demagogia se conjugan en un llamado que desnudó la imprecisión reunida por las bases de datos que identifican a los pobres, y en riesgo de serlo, en todo el país. ¡Quédate en casa!, un llamado que solo la clase media, y de ahí para arriba, pueden cumplir.

¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos! Estos y otros mensajes están en las emisoras, en las redes sociales y otros canales de comunicación. Otros muchos mensajes también se escuchan y en ellos se enfatiza en lo bueno de estar en casa, en la posibilidad y beneficios de compartir con los tuyos, en cómo utilizar el tiempo diario, en los usos potenciales del confinamiento.

Los mensajes suenan bien, ¿pero parten de la realidad de las mayorías sociales? ¿O están pensados y grabados para un sector minoritario de la sociedad? Cuando empezó el confinamiento parecía que fuera para todos los hogares, pero con el paso de los días empezó a relucir que los mensajes estaban elaborados solo para un sector de la sociedad, precisamente para la que cuenta con ingresos fijos fruto de que uno o varios de sus miembros son trabajadores formales, ligados bien al gobierno, bien a la empresa privada, con estabilidad laboral garantizada y, por tanto, con ingreso mensual también garantizado.

Pero esa no es la realidad de la mayoría de la fuerza laboral del país, de la cual 13 millones o más se rebuscan por cuenta propia, es decir, viven al día sobrellevan la cotidianidad en constante riesgo de caer empobrecidos y, por tanto, sin capacidad de ahorro para pasar sin penurias semanas sin ingresos. Por tanto, sin duda alguna, para todas estas personas debe sonar extraño ¡Quédate en casa! ¡Protege a los tuyos!, pues con seguridad desean vivir, no exponerse al virus, y proteger a los suyos, pero las necesidades diarias acosan y, entonces, ¿conseguir el alimento de los suyos no es proteger a los suyos?

 

El paso de los días

 

Mirados en el espejo de esta realidad, es que podemos comprobar, con el favor del paso de las semanas, que la decisión tomada en la tercera semana de marzo de 2020 de confinamiento obligatorio, primero en Bogotá y unos días después en el resto del país, se constituyó en una medida autoritaria violatoria de los derechos humanos fundamentales de millones de personas.

La medida, soportada sobre el miedo propagado (a la muy factible muerte si el virus te contagiaba) desde las altas esferas y multiplicado por los medios oficiosos, tendría que haber tenido como antecedente la entrega de por lo menos el equivalente a un salario mínimo mensual, por el tiempo que dure la crisis, dinero destinado a cubrir las necesidades de cinco millones o más de hogares que viven en pobreza o en riesgo de empobrecimiento. Aporte que tendría que ampliarse a propietarios de pequeños emprendimientos (peluquerías, talleres donde se hace mantenimiento a diversidad de aparatos, pequeños restaurantes, pizzerías, papelerías, fotocopiadoras, talleres de impresión de plotter, etcétera), así como a taxistas y otros “empresarios” sin capital suficiente para aguantar meses de encierro. No proceder así es descargar en lo individual –usted se salva si se encierra– algo que le compete al Estado –nos salvamos entre todos al garantizar los derechos fundamentales del conjunto–.


Pero no sucedió así. Como si las circunstancias de vida no hubieran cambiado el gobierno distrital en Bogotá, y luego el nacional, le transfirieron a cada persona una responsabilidad que en primer nivel reposa en las instancias gubernamentales.

Una decisión claramente improvisada, véase el caso de Bogotá donde luego de ordenarle a su población el encierro se percatan que las bases de datos donde supuestamente estaban registradas todas las familias en pobreza, o en riesgo de serlo, no dan cuenta de la realidad. Improvisación que propicia que miles de pobres no registrados revienten de rabia en las calles de sus barrios o en el centro de la ciudad. Bases de datos que no recogen a los miles de pequeños propietarios que nunca antes se habían alistado en algún programas de ayuda económica pero que ahora, tras días sin producir dinero, sienten que lo requieren. Desorden, improvisación, incomprensión de la nueva realidad en que ha entrado nuestra sociedad, que lleva a la administración distrital a saltar como bomberos apagando, de una localidad a otra, las llamas de la inconformidad social. Luego, en triste gesto “solidario”, estirar la mano para pedir aportes y realizar colectas, como si lo público dependiera de la “caridad ciudadana”, para así llevar mercados a las familias que más lo requieren.

Previo a los mercados realizaron algunos censos rápidos entre las alcaldías locales y funcionarios del Jardín Botánico, para identificar cantidad de hogares con necesidad alimentaria.

En pos de precisar de qué se componían estos mercados, a quiénes se los entregaron y sus ingredientes, desdeabajo entrevistó una ama de casa con vivienda en la localidad de Bosa –vereda San Bernardino–, a la pregunta: ¿y su mercado de qué se componía? describe sin titubear: “5 libras de arroz, 1 bolsa de leche en polvo, 1 libra de harina de trigo, 1 libra de pasta larga –fideos –, café en polvo, 1 libra de frijoles, 2 libras de lentejas, 1 libra de garbanzo, 1 libra de arveja verde, 1 kilo de avena”. ¿Y ese mercado era para cuánta gente? “Para cinco”, nos indica. ¿Y para cuántos días debía rendirlo? “No nos dijeron, pero nosotros los estiramos para quince días”, enfatiza con tono de orgullo. ¿Y volvieron a llevarles más mercado? “No”, contesta con tinte de resignación y desengaño, “por acá no volvieron”.

¿Sabe en qué otros barrios realizaron este censo? “A mi me consta que en los barrios Acapulco I y II, El Triunfo”.

¿Y el mercado se lo entregaban a todos los habitantes del barrio? “No, en mi barrio no se lo dieron a algunas personas por vivir solas”.

¿Usted sabe si las familias están recibiendo, por ejemplo, algún bono para quienes estudian primaria o bachillerato? “En mi caso –nos indica– nos entregan 50 mil para refrigerio para un niño que tengo estudiando. Imagínese, como si uno pudiera separar a los que estudian de los que ya no están en el colegio”.

En el orden nacional la realidad no dista mucho de la descrita. Alardean de la existencia de programas como Familias en acción, que cubre a 2,5 millones de familias a las que entrega 67 mil pesos mes; “Adultos mayores”, con un giro por $163.180 pesos, cada dos meses, para 1.651.000 beneficiarios; “Jóvenes en acción”, que aporta cada dos meses, en promedio, $ 200 mil pesos a sus beneficiarios e incluye otros estímulos en caso de no deserción y excelencia académica. Programas ampliados, una vez declarada la crisis, con el denominado “Ingreso solidario”, destinado para 3 millones de familias, y con el cual le asegura a cada una de ellas $ 160.000 por mes. A lo cual se suma la iniciativa por medio de la cual reintegra cada dos meses, a las familias beneficiarias, $ 75.000 por concepto de IVA.

Un conjunto de aportes que no dan cuenta de la pobrecía generalizada (ya no tres millones, como eran los beneficiarios de algunos de estos programas, sino entre 5 y 8 millones de hogares), la cual, como en el caso de Bogotá, se multiplica a lo largo y ancho del país producto del cierre de negocios, de la imposibilidad de ofertar la mano de obra al mejor postor, entre otras dificultades.

Todos estos aportes, claro, complementan sus escasos ingresos; pero resulta que ahora, confinadas, esas familias no cuentan con los dineros reunidos a través de su rebusque diario, y con los cuales en algo incrementaban lo recibido vía subsidio, sobrellevando de mejor manera la pobreza. Al no poder reunir los que de seguro son otros pocos pesos, el confinamiento obligatorio los condenó a vivir –en caso de acceder a varios de estos subsidios– con una suma inferior a medio salario mínimo, es decir, los condena a padecer hambre. Y sino reúnen varios subsidios a vivir el mes, ¡inaudito!, con menos de doscientos mil pesos.

Y así lo están viviendo en miles de hogares, y por ello no tardaron en sentirse las protestas en diversidad de ciudades, donde la voz de inconformidad por el hambre que acecha toma fuerza en multiplicidad de barrios populares. Esto por un lado, pero por el otro no tardaron en verse en la calle, desafiando a la policía y al virus mismo, a centenares de vendedores jalando sus carretillas y anunciando con sus características grabaciones: aguacates, verduras, compra de reciclaje, mazamorra caliente, arroz con leche, vidrios para proteger su teléfono, y otra variedad de productos y servicios.

Otros no protestan ni se atreven a llenar calles, pero la economía ya los reventó. A finales de abril las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía fija) informaron que 3.9 millones de hogares habían dejado de pagar servicios

En esa misma semana del cuarto mes del año la Asociación nacional de industriales (Andi) confirmó que 540 mil empresarios no poseían reservan con que pagar la quincena de sus empleados, es decir, a cerca de 8 millones de trabajadores no les llegaría de manera puntual el dinero a que tienen derecho por su labor diaria. Por su parte Fenalco, en igual sentido, confirmó luego de encuesta, que el 38 por ciento de las empresas que respondieron el cuestionario piensan cerrar o someterse a la ley de insolvencia. Y Acopi aseguró, por un lado, que por lo menos el 20 por ciento de sus asociados localizados en Bogotá y Cundinamarca cerrarán sus empresas y, por el otro, confirmó que los ahorros de sus asociados ya estaban al límite. Por su parte la asociación que agrupa a los propietarios de restaurantes, con 92 mil asociados, informó durante la segunda semana de mayo la decisión de 22 mil de ellos de no reabrir nunca más sus negocios. Es decir, la crisis marca el paso y el desempleo se hará sentir con fuerza mayor por todo el país en los meses venideros.

 

Alternativas


Según un personaje que fue candidato a la presidencia en pasados comicios, y con seguridad lo será de nuevo en las elecciones del 2022, la vía para remediar esta crisis es que los trabajadores la asuman como suya, y aporten con parte de sus escasos ingresos a sus patrones para que salgan airosos de la misma. Haciendo las veces de bufón de la Corte, “infla globos para ver dónde caen” y realiza malabares para que los príncipes miren los gestos de la concurrencia y concluyan el ambiente que podrían encontrar al poner en marcha una u otra medida de carácter económico, político o social.

De acuerdo a su (in)comprensión de la realidad en curso, ante la crisis económica en creciente hay que proseguir con las mismas políticas que dieron paso a lo que hoy vivimos: capitalismo salvaje, neoliberalismo puro y duro, socialización de pérdidas y privatización de ganancias, propuestas que, con seguridad, en próximos meses o pasado un tiempo mayor, darán forma a las ansiadas por el empresariado reformas laboral, pensional, quebrarán el salario mínimo, darán pie al contrato por horas, y otro cúmulo de salvajadas que desnudan el carácter de clase de quienes ostentan el poder en este país.

Contrario a esa simpleza, a esa ceguera del capital, desde sectores alternos se propone poner en marcha, por un lado, una renta básica extraordinaria de emergencia –por tres meses–, a través de la cual se garantice un salario mínimo legal vigente (877.803 pesos por mes), para tres millones 268 mil hogares –pobres y vulnerables–, según algunas estimaciones, y cuatro millones 358 hogares según otros cálculos. “Este monto mensual supera en más de 12 veces mes el dinero que entrega el gobierno por medio del programa Familias en acción, de lo cual puede deducirse que es un aporte que garantizaría sobrellevar una cotidianidad en mayor dignidad, pudiendo respetar el confinamiento obligatorio por el orden nacional”*.

Pero también incluyen a otros sectores en sus propuestas. Esta renta debe llegar a los propietarios de micronegocios, entre los cuales suman 1.500.000, cada uno de los cuales emplean entre 3 y 9 personas en sus negocios, apoyo condicionado al no despido de ninguno de sus trabajadores, y al compromiso de formalización una vez superada la pandemia.

Una renta básica extraordinaria realizable, toda vez que su costo asciende a 13 billones de pesos, o el 1,2 por ciento del PIB, es decir, una iniciativa política y económica totalmente realizable, mucho más si se logra centralizar los recursos destinados para los programas o subsidios del orden nacional ya relacionados –Familias en Acción, Adulto mayor, Jóvenes en acción, y otros–. Queda claro, es una iniciativa que solo reclama voluntad política. Voluntad indispensable para que el ¡Quédate en casa! cuente con soporte real, es decir, para que el confinamiento como medida más expedita para neutralizar el covid-19 no someta a cientos de miles de familias, a millones de personas, a padecer hambre ni a ver como se escurren los pocos ahorros con que pudieran contar.

Una iniciativa que, para hacerse realidad incluso mucho más allá de los tres meses propuestos, es decir, para que cubra todos los meses que dure la crisis de salud pública e, inclusive, algunos meses más allá, pudiera echar mano, para los años 2021 y 2022 de un impuesto al patrimonio que pagarían las personas más ricas del país “[…] con tarifas nominales progresivas –por ejemplo, entre el 5 y el 12 por ciento– para aquellos patrimonios superiores a los $ 100 mil millones, lo que permitiría un recaudo adicional entre $ 5.0 y $ 8.0 billones año”**.

Pero si hicieran falta más recursos para hacer realidad una política social justa, incluyente y acorde con las circunstancias que padecen millones de empobrecidos y de otros cientos de miles en riesgo de serlo, el gobierno nacional podría recurrir a una renegociación de la deuda externa que postergue los pagos por realizar en los próximos 3 o 4 años, y destinar esos miles de millones de dólares a la inversión social.

Las enseñanzas que va dejando la pandemia son muchas, pero entre ellas destacan dos: 1. La crisis la deben asumir quienes más tienen, y quienes detentan el poder en el país, proceder por vía contraria es llevar a cientos de miles de familias a un empobrecimiento mayor al que hoy padecen. 2. No es responsable, política ni éticamente, someter al encierro a millones sin procurarles las condiciones mínimas para sobrellevar estos meses de encierro y brazos caídos; no dar cuenta de ello es barrer con sus derechos humanos fundamentales.

 

* Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique, "Medidas sociales y económicas de emergencia ante la pandemia del covid-19 en Colombia. Visión desde una economía política de inclusión social", pp. 160 Ediciones Desde Abajo, mayo 2020.
** Id.

 


 

La crisis social, en salud y economía acelerada por la irrupción del covid-19, desnudó la realidad de la desigualdad en todos los órdenes que caracteriza a Colombia. En esas condiciones, el confinamiento, medida a través de la cual el gobierno pretende contener la multiplicación del virus, aparece como estrategia a la cual se pueden incorporar quienes tienen ingresos fijos pero no más de la mitad de la fuerza laboral con que cuenta el país, que vive del rebusque diario. Para ese inmenso sector, es indispensable procurar una renta básica que equivalga siquiera a un salario mínimo mensual, al menos durante tres meses pero ojalá mientras dure el confinamiento.


Esa medida, junto con recursos impositivos, de congelamiento del pago de la deuda externa por varios años, de un impuesto transitorio a los sectores ricos y más ricos de la sociedad, son parte de las sustentaciones planteadas por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en los ocho capítulos que integran su nuevo libro: "Medidas sociales y económicas de emergencia ante la pandemia del covid-19 en Colombia. Visión desde una economía política de inclusión social".


Quienes se acerquen a esta obra encontrarán a lo largo de la misma los argumentos y las sustentaciones económicas que permiten descubrir la estructura económica que le da cuerpo a una sociedad de exclusiones históricas y favoritismo tributario, soporte del carácter mismo del Estado y del régimen político que define a la Colombia de hoy.

Este libro, virtual, es posible adquirirlo y descargarlo ingresando a la librería de Ediciones Desde Abajo (aquí enlace).

Su precio de venta al público es de $ 23.000.

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=206


El impreso de este mismo volumen, estará disponible en 20 días, su precio de oferta, si lo adquiere ahora es $ 32.000.


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Video relacionado


https://youtu.be/w2yjhxxyIv0

 

 

Para suscripción:

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Publicado enColombia
Lunes, 25 Mayo 2020 12:08

desdeabajo radio

Abandono animal en tiempo de pandemia

En este capítulo escucharemos una historia sobre los lamentables casos de abandono animal que se han presentado durante la pandemia del Coronavirus, debido a mitos y miedos infundados que rondan por cuenta de la desinformación.

La salud está enferma

En el hospital de San José de Tadó, en el departamento del Chocó, no hay respiradores y solo cuentan con 14 camillas para enfrentar la pandemia del Coronavirus y las otras enfermedades que aquejan la región.
En este capítulo, María Marisol Rentería, presidenta departamental de Anthoc nos cuenta está grave situación.

Ex combatientes: entre el incumplimiento, asesinatos y pandemia

Hoy, algunos ex combatientes continúan en espacios territoriales, encontrándose en una encrucijada entre el incumplimiento por parte del Estado,el sistemático asesinato de excombatientes, y la llegada del coronavirus al país.
En este capítulo, *Jhonson, un ex guerrillero,nos cuenta cómo han vivido la pandemia desde el espacio territorial Antonio Nariño de Icónonzo, Tolima*

Nariño

¿Cuál es la situación actual de la frontera entre Colombia y Ecuador en medio de la pandemia?
¿Cómo están viviendo está situación los pueblos indígenas?
¿Cuál ha sido el papel de la medicina tradicional indígena para enfrentar la pandemia?

Cauca, pueblos negros

En el Norte del Cauca no solo habitan pueblos indígenas, allí también viven pueblos negros que hoy se encuentran viviendo la pandemia del coronavirus desde un tratamiento colectivo, ¿Cual ha sido el papel de la Guardia Cimarrona en medio de esta coyuntura? Desde la cosmovisión, ¿Cómo perciben esta pandemia que estamos viviendo como humanidad?

Cauca

Además de la amenaza del Coronavirus, las comunidades del Norte del Cauca continúan viviendo la amenaza de la guerra en sus territorios, ¿Cómo se vive esta pandemia en medio del conflicto armado? ¿Cuáles son las acciones que realiza la Guardia Indígena Nasa para prevenir el contagio en la comunidad?

 

Putumayo

Colombia es un país de diversidades étnicas y culturales,por eso en cada pueblo y comunidad la manera de vivir, entender,y protegerse en este tiempo de pandemia,es distinta en cada lugar.

 

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Aunque todo el país está viviendo la pandemia del Coronavirus, la manera de vivirla, entenderla y protegerse es distinta en cada lugar, aquí una entrevista con una habitante de Sumapaz, quien nos cuenta como están viviendo está coyuntura.

 

Los brotes de la peste negra

Peste y paranoia es un baile de la humanidad con la muerte, nadie quiere ser olvidado en una fosa común como un cuerpo más entre el montón, ¿De dónde viene el nombre de cuarentena? ¿Cuáles fueron los retos de la ciencia para darle fin a esta peste?

Mejor subásmole a la solidaridad

Estamos ante la posibilidad de convivir de otra manera.

¿Cómo enfrentar la crisis económica y social que se avecina?

Tenemos grandes retos ante nosotros y nosotras como movimientos sociales y políticos ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe la cuarentena?

 

Aún no nos conectamos con la educación

Sin condiciones económicas y sociales que le garanticen vida digna al conjunto de la población no es posible pasar una cuarentena digna.

 

11 propuestas para un pliego reivindicativo de urgencia

¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué hacer para salir de la crisis de salud?

 

La informalidad no tiene cuarentena

Una cuarentena que no todos pueden cumplir ¿qué pasa con los informales? ¿Los sin techo? ¿Desempleados? ¿Los servicios públicos?

Lunes, 11 Mayo 2020 06:54

Prisa

Prisa

Han sido largas las semanas de confinamiento a raíz de la pandemia. Esta medida para prevenir el contagio y la saturación de los servicios de salud se ha utilizado prácticamente en todas partes.

Un caso aparte es el de Suecia, donde no se confinó a la población y se estima que, al final de mayo, 40 por ciento de los habitantes de Estocolmo tendrán algún tipo de inmunidad al virus, lo que limitará el impacto del rebrote de la infección que se espera para el otoño. Hasta ahora registra menos de 4 mil fallecimientos.

La pandemia ha impuesto urgencias a sociedades y gobiernos. La población se ha sometido a las restricciones por temor al contagio y ha acatado las medidas impuestas por los gobiernos.

La estrategia de confinamiento se ha politizado inevitablemente de una u otra manera. Ejemplos sobresalientes y de diferente naturaleza son Estados Unidos, Brasil y España. Cada sociedad, a su manera, expresa sus contradicciones propias.

El conflicto adquiere nuevos tonos en la medida en que empiezan a proponerse y aplicarse medias para reabrir las calles y actividades económicas.

Esta etapa tiene un grado muy distinto de complejidad que el encierro. De la secuencia de la fase cero a la tres, ahora se plantea "desescalar", como se denomina en España, el estado de emergencia. Para ello definen otras tantas fases y sus tiempos.

Esto ocurre en un entorno de afirmaciones y rectificaciones, en el mejor de los casos. En otros se hace en medio de mucha inseguridad y de confrontación política. El proceso que se sigue ahora en Estados Unidos lo manifiesta claramente. La relección presidencial está de por medio. El fenómeno sociológico es, en general, muy relevante y están por verse las consecuencias.

Ciertamente, las muertes provocadas por el coronavirus son muy reducidas como proporción de la población total, pero ocurren al mismo tiempo. El argumento es válido, pero imagino que es más defendible cuando le ocurre a los demás y no a uno mismo y su círculo próximo. Se puede, claro, jugar a los dados. Las opciones individuales son una cosa, la dimensión social, económica y política es otra. Las ilusiones también.

El tránsito de la urgencia por contener el daño del coronavirus a la prisa por relajar el confinamiento introduce nuevas características a la naturaleza de la pandemia y sus repercusiones. La gente y las empresas demandan el relajamiento de las restricciones, las autoridades van cediendo de distintas maneras. En otros casos es alentada desde el poder.

El proceso está inmerso en el hecho de que el virus no desaparece. En un reciente artículo, el escritor Ian McEwan recuerda lo dicho por el epidemiólogo Larry Brilliant, quien contribuyó a erradicar la viruela: “Este manojo de ARN en su envoltura de grasa… se sienta a esperar con paciencia hasta que no haya más personas vulnerables”. En el caso que nos envuelve a todos hoy, no hay aún manera de conseguir la inmunidad contra el virus. No se ha comprobado que el sistema inmunológico lo consiga y no hay vacuna.

Algunas propuestas en favor de la apertura afirman que permitirá controlar el contagio. Para ello se necesita que las personas desarrollen la resistencia al virus y se consiga la "inmunidad de rebaño". La apertura en ese caso podría exigir aún más de los sistemas de salud, ya muy vapuleados. Ahí entra el debate sobre la extensión con que se deben aplicar las pruebas de contagio y, aunado a ello, el seguimiento de los contactos de los infectados.

Se habla de distinguir entre aquellos que son más vulnerables (obesos, diabéticos y viejos) y el resto de la población. Esto implica ya una manera específica de concebir la sociedad y la solidaridad, pero no debería causar demasiada sorpresa. Los fondos de pensiones estarían muy complacidos en poder eliminar el riesgo actuarial de los mayores de 60 años y liberar la presión sobre sus recursos, sobre todo ahora que hay tantos desempleados y son menores las contribuciones y las reservas.

En algunos casos se planea la apertura de ciertas actividades aun mientras los casos de contagio y defunciones van al alza. Esta etapa exigirá una renovada concepción del funcionamiento de la pandemia. Algunos, como ocurrió en el estado de Michigan, en Estados Unidos, entrarán en los recintos oficiales armados con pistolas y metralletas para exigir que se acabe el confinamiento.

¿Rebelión o protesta? ¿Incitados o motu proprio? Otros actuarán con más prudencia y hasta desobedecerán las prematuras acciones de apertura que planean sus gobiernos.

Planear la apertura, controlarla y cumplirla son tareas enormes en cuanto a su definición, aplicación y necesidad de revisión constante. Requiere de consensos y cuestiones prácticas que tienen que ser satisfechas: el control del contagio, los medios de protección disponibles, la disciplina social y un claro liderazgo técnico y político. Las cosas evolucionarán a un paso que puede ser incompatible con la prisa.

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Cancillería de Colombia discrimina colombianos atrapados por el mundo

Continúan retornando al país, en vuelos especialmente fletados, connacionales que, contrario a su voluntad, quedaron confinados en variedad de países. Una alegría inmediata para ellos/ellas y sus familias, así como para quienes estamos comprometidos con la causa del retorno de la totalidad de quienes están viviendo esta circunstancia ajena a su voluntad. Pero son más los que no encuentras eco para su demanda de regreso pronto a su terruño, sobrellevando estos días en claras condiciones de vulnerabilidad y riesgo.

El 15 de abril llegaron 45 colombianos repatriados desde República Dominicana, según confirmó Migración Colombia, regresaron en un vuelo humanitario. Al aterrizar fueron sometidos a chequeos médicos para descartar cualquier síntoma relacionado con el Covid-19.

Ese mismo día también aterrizaron 114 colombianos procedentes desde Fort Lauderdale, en un vuelo comercial que entró por excepcionales de carácter humanitario. El pasado 11 de abril volvieron 112 connacionales en vuelo fletado por peruanos que estaban bloqueados en Colombia, avión aprovechado para regresar por los compatriotas que, a su vez, permanecían en el país inca, y para lo cual cada uno de ellos canceló 320 dólares por pasaje. ¿Dónde quedan las medidas igualitarias con todos los que desean volver? ¿Por qué la cancillería gestiona unos vuelos humanitarios y otros no?

Ya lo dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al exigir que los países de América Latina permitan el regreso de todos sus ciudadanos.

Michellet actúa según lo manda la normativa colombiana, fiel al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Pidcp) (1966), aprobado en Colombia mediante la ley 74 de 1968, por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”, el cual destaca, como prohibición a los países, en su artículo 12, numeral 4) Nadie podrá se arbitrariamente privado del derecho de entrar en su propio país. 

La Canciller colombiana Claudia Blum comentó, en entrevista con Blu Radio, que “Hemos comenzado a girar recursos y solicitamos un presupuesto de $ 14.570 millones al Minhacienda para que los consulados y embajadas puedan brindar una asistencia temporal para subsistencia mientras se hace posible su regreso. Esperamos esos recursos a la mayor brevedad”. ¿Dónde está esa plata?, se preguntó Esteban Jiménez, en diálogo con desdeabajo(1), él estuvo atrapado en Perú y volvió hace unos días y pagó los 320 dólares por su regreso. Contó, indignado, que siguen alrededor de 120 colombianos en Perú y no han recibido ayudas del consulado, en medio de una cuarentena con militares exentos de castigo alguno si matan o hieren personas que incumplan la cuarentena.

Carolina Tafur, quien lleva las banderas del grupo “Colombianos atrapados en Australia”, comentó en entrevista con desdeabajo(2) que no han recibido ayudas los cerca de 270 colombianos que siguen atrapados en ese país, de los cuales 110 tomaron la iniciativa de interponer tutelas exigiendo su regreso a su país. A su vez Alex Betancourt, atrapado en la India junto con otros 80 colombianos, contó a desdeabajo (3) que tuvo que interponer una tutela reclamando por su derecho a regresar a su país. La situación en India es de las más complicadas que viven los colombianos atrapados en diversidad de países, en medio de una acelerada xenofobia y crisis religiosa que pone en peligro sus vidas.

La Cancillería de Colombia no está tomando medidas igualitarias, en algunos casos gestionan vuelos y en otros no. Así los connacionales ofrezcan pagar sus pasajes de regreso, no dan vía libre a su retorno. Además, como lo evidencian sus relatos, tampoco están entregando las ayudas prometidas mientras pasan la cuarentena en difíciles circunstancias. La Cancillería, contrario a su deber, en vez de procurar proteger los derechos de los colombianos los está vulnerando. Ahora los connacionales, además de reclamar sus derechos a la vida, la salud y la repatriación, deben sumarle al reclamo su derecho a la igualdad.

 

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Mirar artículo 1: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39361-vuelven-colombianos-varados-en-peru-pero-quedan-los-mas-vulnerables.html

Mirar artículo 2: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39312-embajada-de-colombia-en-australia-deja-a-270-colombianos-a-su-suerte.html

Mirar artículo 3: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39294-pandemia-xenofobia-y-guerra-religiosa-viven-80-colombianos-en-india.html

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Vuelven colombianos varados en Perú,pero quedan los más vulnerables

Los vuelos para retornar al país por parte de quienes quedaron bloqueados en distintos países por motivo de la cuarentena decretada por decenas de países sí es posible, lo único que falta para ello es voluntad política, precisamente lo que no caracteriza al gobierno de Iván Duque.

Es una necesidad latente entre colombianos regados y confinados en variedad de países tales como India, Argentina, El Salvador, Australia, Perú, cerca de 4.000 luego de los regresados durante los últimos días.

Precisamente desde el último de los países relacionado el sábado 11 de los corrientes arribaron al país 112 connacionales, los que aprovecharon un vuelo fletado por peruanos que a su vez estaban bloqueados en Colombia por igual motivo: las cuarentenas decretadas por variedad de gobiernos a lo largo del globo como estrategia para contener el coranavirus. En el caso de los incas, el gobierno de su país, a través de su consulado en Colombia, les brindó una mano para finiquitar el acuerdo con la empresa de aviación que los transportó, aunque no les aportó nada en capital ya que cada uno de los viajeros debió cancelar 380 dólares para permitir su embarque.

Lo propio les correspondió hacer a los connacionales, cada uno de los cuales debió cancelar 320 dólares.

La oportunidad

“Yo me enteré por facebook dos días antes de partir, por una comunicación de la embajada de Perú en Colombia. La embajada peruana contactó y difundió que los peruanos varados en Colombia que pudieran pagar el vuelo comercial escribieran” comentó Esteban Jiménez, colombiano que regresó después de quedar confinado en el país vecino, bloqueado por el inicio de la cuarentena.

¿Y entonces llamó a la embajada de Colombia en Perú? “Yo les escribí, contesta Esteban, a la embajada de Perú en Colombia que me ayudaran a volver pero dijeron que lo sentían mucho pero quien tenía que gestionar eso era el gobierno colombiano. Lo que me hace pensar que el gobierno colombiano no había hecho la gestión”.

Entonces, ¿qué hizo?  “Comenzamos hacer la gestión los colombianos atrapados en Perú y que tenemos un grupo de whastapp. Yo hablé con dos funcionarios del consulado de Colombia en Perú y me dijeron que no tenían conocimiento de ningún vuelo. Que por cierto no fue vuelo humanitario, fue vuelo comercial, pues a cada uno de los peruanos le cobraron 380 por el viaje, contestó Esteban que ya llevaba 3 semanas atrapado en Lima”.

¿Qué les dijo el consulado colombiano en Perú? “Entonces los funcionarios colombianos establecieron contacto con el vuelo peruano que partía desde Colombia y empezaron a hacer la gestión del listado de la gente que se iba. Las características eran 1. Que tuvieran el dinero para pagar el vuelo y 2. Que vivieran en Bogotá o tuvieran un lugar para quedarse en Bogotá (con el fin, me imagino, de no entrar en gastos hospedando personas o pagando vuelos para otras ciudades)”, contó indignado el colombiano.

¿Y qué pasó entonces con los demás colombianos que no tuvieron dinero para pagar el vuelo? Esteban, contesta con tono serio, “hasta el día de ayer (viernes 10) el consulado no dio ningún tipo de ayuda humanitaria a los colombianos varados en Perú. Ni mercados”.

Al llegar al aeropuerto internacional El Dorado a los colombianos les tomaron la temperatura, les dieron guantes y mascaras, y una charla sobre la pandemia y la importancia de estar en cuarentena. Pero no les hicieron prueba de coronavirus. ¿Dónde están las 250.000 pruebas de coronavirus que anunció la alcaldesa Claudia López en semanas pasadas?

Una buena noticia la que hayan regresado 112 colombianos de los confinados en Perú, pero lograron volver por tener los 320 dólares que les cobraron por pasaje. Pero otros permanecen allí confinados, sin recursos o con escases de recursos para sobrellevar su estadía, pasando los días en condiciones difíciles, y con necesidad cada vez más imperiosa de regresar a sus hogares.

Quienes están por fuera de su tierra, en contra de su voluntad, reclaman, tanto en Perú como en los otros países donde aguardan con impaciencia un vuelo de rescate, que el gobierno nacional cumpla con sus funciones, que no los destierre, que gestione los vuelos que sean necesarios y que permita su ingreso al país.

No es un lamento, es una exigencia como parte integrante de una sociedad regida por un Estado de derecho. Su exigencia, que se escucha por varios países es una sola: Repatriación humanitaria ya para los colombianos atrapados alrededor del mundo.

Vea acá el especial de desdeabajo: Repatriación Ya https://www.desdeabajo.info/component/k2/item/39323-repatriacion-ya.html

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Walter Souza Braga Netto al frente de la Casa Civil

La salida que no fue del titular de Salud, Luiz Henrique Mandetta

Permanece al frente de Salud el médico retirado del Ejército que defiende la cuarentena. Lo respaldaron los generales instalados en puestos clave. Uno de los grandes ganadores es el vicepresidente, Hamilton Mourao.

"Por ahora sigo siendo ministro" declaró el titular de Salud Luiz Henrique Mandetta advertido de que su jefe, el presidente Jair Bolsonaro no lo quiere en el cargo. A media tarde de este lunes los portales de los medios de más audiencia daban como segura su salida y asesores del ministro "comenzaron a vaciar los cajones de mi escritorio y se llevaron los papeles" porque la suerte parecía echada. La certeza del fin de Mandetta afectó a la Bolsa de Valores de San Pablo, obligándola a detener sus operaciones. Pero al final no fue destituido y el mercado cerró el día en alza.

La continuidad en el gabinete de este médico retirado del Ejército y diputado por el conservador partido Demócratas (Dem) representó una derrota para el capitán-presidente frente a los cada vez más poderosos generales instalados en los puestos clave de la máquina estatal.

Uno de los victoriosos de la batalla, que no de la guerra que desangra al gobierno, es el vicepresidente Hamilton Mourao. "Mandetta sigue en combate, él se queda" declaró el general retirado Mourao, cuyo nombre suena como potencial jefe del Planalto si el mandatario no llega al final de la gestión, en diciembre de 2022. Otro ganador fue el general Walter Souza Braga Netto, flamante jefe de la Casa Civil, alguien que responde menos a las órdenes de Bolsonaro que a las emanadas de la comandancia del Ejército, .

Por las oficinas de ministros, legisladores y jueces circulan bocetos sobre un eventual gobierno post-Bolsonaro. El primero que se conoció fue una "carta de renuncia" de la que dio cuenta el diario Valor Económico. También se habla de un impeachment, pero se lo considera poco probable como vía para revocar el mandato. En todo caso se trata de hipótesis.

Desgastado políticamente y ajeno a la realidad acuciante de la pandemia el líder neofascista aún mantiene margen de maniobra y una encuesta de este domingo indica que solo tres de cada diez brasileños comparten su política ante el virus, pero seis de cada diez no quiere que renuncie.

Exagera quien lo vea como un expresidente en funciones.

Lo que está en juego con la continuidad del ministro Mandetta es, en primer lugar, la política del gobierno frente al coronavirus que entre el domingo y el lunes mató a 67 brasileños, el número más alto desde que la llegada de la pandemia hace poco más de un mes. La cifra total de pacientes fallecidos es 553 y el de infectados subió a 12.053.

Mandetta al igual que la mayoría de los gobernadores defiende la cuarentena denostada por Bolsonaro, abocado a incitar a la población a deambular por las ciudades hasta convertirlas en bombas de tiempo sanitarias con millones de infectados. Demencial.

A tal grado de negación llegaron el gobernante y la secta de evangélicos que lo secundan que el domingo se juntaron a orar contra "satanás" encarnado en los opositores defensores del confinamiento.

Con esta forma de actuar y un sectarismo acendrado Bolsonaro logró perder el apoyo de los "superministros" Sergio Moro, de Justicia, y Paulo Guedes, titular de Economía, ambos a favor de la cuarentena.

Hasta hace dos semanas el ocupante del Planalto se jactaba de integrar el "dream team" de la ultraderecha global junto a Donald Trump y el ahora hospitalizado premier Boris Johnson. Pero eso es pasado porque tanto el gobernante norteamericano como el político británico se apartaron de este Pinochet tropical.

A las presiones de los generales para que Bolsonaro deje en su cargo a Mandetta se unieron las de jueces del Supremo Tribunal Federal y los titulares del Senado y Diputados, Davi Alcolumbre y Rodrigo Maia, ambos del Dem.

Magistrados y parlamentarios le hicieron saber que se despedía al ministro y firmaba un decreto prohibiendo el aislamiento esto podría abrir paso a una denuncia judicial.

Mientras se realizaban las conversaciones en la casa de gobierno el juez Roberto Barroso, miembro del Supremo, declaró que no tolerará un "genocidio".

Diputados de la Comisión de Derechos Humanos informaron casi a la misma hora que enviaron cartas a la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que acusaron al gobernante de "genocidio".

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Colombia, Bogotá. Otra cuarentena es posible

“Y tendremos que hacer lo que toque –LO QUE TOQUE– para no llegar a tener 10.000 muertos como en España”, afirmó con su agrio estilo y sin reparar en las particularidades que así lo han hecho posible Claudia López, alcaldesa de Bogota, en entrevista con Yamid Amat la noche del 30 de marzo, entrevista en la cual anunció, adelantándose y condicionando al gobierno nacional, que lo más probable es que la cuarentena se prolongue por 3 meses más, es decir hasta finales de junio, ampliación del encierro que debe hacerse, según dijo, porque no existe vacuna para enfrentar el virus. Faltó al periodista preguntar, en tres meses tampoco habrá vacuna, por tanto, ¿por qué no prolongar el confinamiento hasta el momento que los laboratorios logren producir una?

Una proyección de confinamiento con consecuencias nefastas para los excluidos de la ciudad, que en realidad son quienes más salen afectados de no poder rebuscarse. La clase media, con contratos fijos, y los ricos, favorecidos del trabajo de miles, no tienen porque preocuparse.

Un escenario prolongado de cuarentena que no repara en otras posibilidades que realmente existen para enfrentar el Covid-19, y que sin embargo –de manera sorprendente, ¿o incomprensible?– no consideran quienes están al frente del gobierno, en este caso Distrital, pero también los departamentales, municipales y el gobierno central. Sin miramiento alguno, unos y otros, todas y todos sin excepción, optan por lo que es conocido como “políticamente correcto”, es decir, no arriesgar, hacer aquello con lo que uno siempre gana, bien sea cara bien sea sello. Y en este caso, con lo que salvan responsabilidades.

El mandato de la OMS

La decisión del confinamiento aceptado por diversidad de gobiernos a nivel mundial es la consecuencia de un modelo aplicado por la OMS, para quien labora el profesor Neil Ferguson de la Imperial College de Londres, quien proyectó el modelo de las curvas que la OMS tomó como referencia para calcular el crecimiento exponencial del Cov-19, modelo no cuestionado e impuso a nivel mundial.

Pero el modelo puede estar errado, como lo afirma el virólogo Pablo  Goldschmidt en entrevista con el portal Infobae:Yo desde el principio empecé a analizar esto (el modelo de curvas de Ferguson) y vi que había algo raro. A mí eso no me cerraba. Anteanoche, este señor Ferguson dijo que la proyección que hicieron debía ser masivamente disminuida –tal la palabra que usó en inglés– con respecto a las cifras de muertes”.

-¿Qué significa eso? Le preguntó el periodista Hugo Martin a Pablo Goldschmidt

“Que, por ejemplo, para los Estados Unidos él proyectó con su modelo –que todo el mundo está utilizando en este momento sin siquiera cuestionarlo–, 2.200.000 fallecimientos; y 500 mil en el Reino Unido si no se tomaban las medidas de achatar la curva y todo lo que significaba eso. Ahora dice que no, que las predicciones no parecen ser exactas. Lo mismo que sucedió con el H1N1. Predijeron muchísimas menos muertes ahora, siempre que se mantengan las medidas de cierre como las que tomaron los gobiernos. Las estimaciones son mucho más bajas, respondió el virólogo que tiene el libro “La gente y los microbios”, donde explica la psicosis que generaron la gripe H1N1 y el SARS”.

En ese sentido, si la curva de pronóstico y el modelo dominante de la curva que impuso la OMS, y que todos los gobiernos copiaron sin cuestionar, está mal diseñada, eso puede ofrecer otros escenarios que no pasen por una cuarentena obligatoria para cientos de millones en todo el mundo, para 50 millones en Colombia y para casi 8 millones de habitantes en Bogotá. Pero ningún político correrá el riesgo –pondrá su cabeza– de probar si la OMS está equivocada, como ya anotamos, ellos/ellas siempre actúan según lo políticamente correcto.

Un escenario, otro, que para el caso de Bogotá no es riesgoso correr, toda vez que, como lo confirmó la alcaldesa en la entrevista aludida, en Bogotá los casos positivos de Covid 19, ascienden a 350, los hospitalizados 37, y en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) 17. Para agregar, además, que el Distrito tendrá a su disposición 250.000 pruebas para coronavirus. Es decir, es posible extender un buen paquete de pruebas para identificar y aislar posibles afectados –activos o pasivos– y así controlar el contagio masivo.

Otro escenario posible

Pero además de esta opción, o complementándola si así se quiere, existe otro escenario por desplegar. Como es conocido el Distrito realiza informes diarios desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) sobre las cifras del Covid-19 en Bogotá. De los 350 casos positivos confirmados por la alcaldesa, digamos que cada una de esas personas tuvo contacto con otras 50; bien, si multiplicamos tales cantidades tenemos 17.500 personas sospechosas de infección. Como está dicho, existen pruebas suficientes para verificar si es así. Pero incluso sin pruebas también puede procederse, veamos: Un censo bajo las bases de datos que manejen el PMU y el COE podrían encontrar esas personas y realizarles un aislamiento con todas las seguridades sanitarias y protocolos que conlleven.

Como cualquiera puede concluir, es más sencillo confinar, en condiciones dignas, un aproximado de 17.500 personas que a 8 millones. El método también podría ampliarse a nivel nacional –por departamento y municipio–, porque hasta el 31 de marzo la cifra de contagiados ronda los 906, que multiplicados por 50 daría 45.300 personas, mucho más sencillo de controlar y proteger, con un peso mucho menor en lo social y económico, que lo desprendido de confinar a los cerca de 50 millones que somos.

Las 250.000 pruebas de coronavirus que tendrá el Distrito de Bogotá alcanzan, en estas condiciones, para aplicarlas a la población infectada o sospechosa de estarlo a nivel nacional, y sobrarían pruebas. Se actuaría así aplicando el celebrado método coreano.

Algo plausible y que reconfirma el temor que ronda en la alcaldía de Bogotá, es que para el próximo domingo estarán dispuestas en Corferías 1.200 camas, y con una capacidad de instalación de 5.000 camas. Además ya hay hoteles, como el Radisson, que ofreció sus instalaciones para contener la pandemia. También, agregó Claudia López, en 3 meses Bogotá pasará de 1.000 a 4.000 UCI.

No valerse del miedo para enfrentar la crisis

Otros escenarios frente a las medidas de la pandemia son posibles, y el Gobierno tiene los medios para hacerlos realidad, pero en tanto sigan empeñados en seguir el libreto internacional y de la OMS no se logrará nada.

Apegados a ese libreto ahora por los barrios de Bogotá rondan carros del ejército perifoneando llamados a la disciplina y al temor, así como realzando a las Fuerzas Armadas. Como en otros países, un problema de salud, que se soluciona con medidas sociales y económicas, manejado como un asunto militar. ¿Qué pretenden? ¿Hacia dónde enrumban nuestras sociedades? ¿Qué permitirá el silencio social potenciado por el miedo, el dolor y el temor a la muerte?

En el episodio 6 de su serie “Demonios” que transmite desdeabajo cada día a partir de las 6 pm Raúl Zibechi atinó a decir: “mientras el capitalismo encuentre la manera de seguir funcionando con las personas aisladas, es un negocio redondo”.

Y es a lo que apunta el gobierno nacional, seguir ahondando en el control social excusándose en la propagación masiva del virus. La alcaldesa lo vaticinó, 3 meses más de cuarentena. ¿Qué va a pasar con las miles de microempresas que no hacen parte de las excepciones y no podrán pagar arriendos y los sueldos de sus empleados durante esos meses? ¿Es posible que una familia de estrato 0-1-2 goce de vida digna con una ayuda económica entre 160.000 a 422.000 pesos, como lo anunció la alcaldesa y que implementarán a través del programa “Bogotá Solidaridad en Casa”?

Todo parece indicar que tanto la alcaldesa como el gobierno nacional asumen el tema de los derechos humanos, que está detrás de esta crisis, y la garantía de vida digna de millones de personas, como si se tratará de caridad, ese concepto de sumisión y sometimiento que tanto daño ha producido entre millones en todo el mundo.

Olvidan las cabezas de lo nacional y de municipios y el mismo Distrito, que estamos ante un derecho fundamental de los millones que somos en Colombia: aquí no están ayudando, ni entregando unas migajas para que la gente sobreviva, no, cada uno de quienes están en el gobierno tienen bajo su responsabilidad lo que es de todas y de todos, y simplememente lo administran y garantizan que llegue a los millones que somos. Una renta mínima temporal, como la proponen los economistas Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en el programa de televisión “Demonios” No. 9, proyectado por desdeabajo el pasado 28 de marzo, es totalmente viable.

Hay que tomar en cuenta que, según estos economistas, a pesar de todas las bases de datos con que cuenta el gobierno nacional, de aplicarse una política de subsidios reducida a las mismas, un mínimo de  1,5 millones de connacionales quedarían sin recibir los dineros que dice el gobierno entregará.

En igual sentido desdeabajo propone medidas por tomar, como:

-Desplegar una línea de crédito con un año de gracia, y para el segundo con un 0,5 de interés mensual, para apalancar a pequeños empresarios y comerciantes.

-Un plan urgente de entrega mensual, de un salario mínimo por familia, y mínimo por 6 meses, para garantizar su manutención, es indispensable. Estos recursos se pueden conseguir en acción conjunta del gobierno central con los presupuestos municipales y distritales. Una emisión extraordinaria por parte del Banco de la República, en caso de ser indispensable, puede ser la solución para el permanente lamento del gobierno nacional.

Otro escenario a la pandemia es posible.

 

Ver artículo entrevista al virólogo Pablo Goldschmidt:

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/39248-para-un-prestigioso-cientifico-argentino-el-coronavirus-no-merece-que-el-planeta-este-en-un-estado-de-parate-total.html

Ver artículo Covid 19, oportunidad popular, sin dilaciones, un país para todos y todas:
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html

 

Ver artículo Liderazgo social alternativo para enfrentar al pandemia, y más allá de ella

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39199-liderazgo-social-alternativo-para-enfrentar-la-pandemia-y-mas-alla-de-ella.html

Ver artículo Covid 19, oportunidad popular. Construyamos un país para los 50 millones que somos:

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39098-covid-19-oportunidad-popular-construyamos-un-pais-para-los-50-millones-que-somos.html

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