Lunes, 13 Mayo 2019 05:54

Trump vs Xi

Trump vs Xi

A mediados de 2018 el gobierno de Estados Unidos impuso tarifas a una serie de productos chinos equivalentes a 250 mil millones de dólares (mmdd). China amagó, a su vez, con tarifas del orden de 110 mil millones. Esta es la base para que se hable de una "guerra comercial" de grandes consecuencias.

Las tarifas han incrementado los costos para las empresas y los consumidores estadunidenses, y han provocado fluctuaciones en los mercados de capitales. Para China representa una carga adicional en un entorno de desaceleración del crecimiento de su economía.

La teoría propone que el libre comercio sustentado en la especialización acrecienta el bienestar en una economía. También señala que las ganancias del comercio pueden derivar en una muy desigual distribución, con grandes ganadores y perdedores.

Estos argumentos aparecen en las críticas que hoy se producen de las consecuencias del proceso de la globalización desde la década de 1980. Son, también, un elemento clave del proteccionismo que se promueve como parte de lema Make America great again.

Una justificación para imponer las tarifas es que abaratan los productos hechos en Estados Unidos en relación con los importados, así los consumidores preferirían comprar productos locales y se atraería mayor inversión. Además, se pretende contener la desleal transferencia de tecnología a China y salvaguardar la propiedad intelectual.

Los ajustes que se quieren conseguir se basan en el comportamiento de la oferta y la demanda en los mercados, aunque no ocurren de manera inmediata. A esto hay que agregar los efectos de las represalias de la contraparte.

Los datos oficiales del gobierno estadunidense indican que en 2018 el comercio total de bienes y servicios con China tuvo un valor de 737 mmdd (60 por ciento del PIB de México en ese año); las exportaciones fueron por 180 mmdd y las importaciones por 558 mmdd. Es sobre el déficit de 378 mmdd que está enfocada la disputa comercial.

China no fue el único objetivo de las tarifas, aunque sí es el caso más significativo. Éstas se impusieron sobre las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Unión Europea, México y Canadá.

La amenaza es imponer a China tarifas por un total de 325 mmdd. La política del gobierno de Trump se esbozó desde su campaña por la presidencia para reforzar la economía, pero ésta tiene, necesariamente, que ponerse en el marco de la confrontación de poder entre ambos países, misma que se advierte como una pugna creciente.

La estrategia china en el orden geopolítico es muy proactiva, con relaciones y alianzas con otros países. Un caso que lo ilustra es el enorme y ambicioso proyecto para financiar infraestructuras a lo largo de la extensa "Nueva ruta de la seda".

El poderío chino es parte relevante de la reacción que se impulsa desde Washington. La guerra comercial es una expresión de la creciente competencia que no se limita al comercio e incluye los movimientos de capitales y los desarrollos tecnológicos. Una muestra es la disputa en torno a la compañía Huawei y su predominancia en el desarrollo de la tecnología G5 y a la que se atribuye ser instrumento de espionaje del gobierno chino.

No se ha conseguido establecer un nuevo acuerdo comercial entre los dos países y hace unos días el gobierno estadunidense elevó las tarifas sobre un total de 200 mmdd de productos chinos e incluso señaló que se podrían imponer sobre prácticamente todo el comercio con ese país. Este es un dilema que el líder Xi tendrá que resolver. El impacto del alza de sus tarifas es menor, pues China importa mucho menos de Estados Unidos. La situación se asemeja a un "juego de la gallina".

El episodio de confrontación comercial exhibe uno de los rasgos típicos de la manera de negociar de Trump. Suele subir la intensidad del conflicto para luego desinflarlo y cambiar las expectativas de los participantes, sean éstos directos o indirectos.

Se ha comentado que las posibles repercusiones adversas de esta pugna no han ocasionado un descalabro mayor en las bolsas de valores debido a que esas expectativas se acomodan y evitan fluctuaciones de grandes proporciones.

Puede ser. Mientras tanto, el gobierno recibe mucho dinero por concepto de los aranceles que se han impuesto. Sin embargo, ante la incertidumbre que existe del desenlace del conflicto podría haber efectos más notorios en la medida en que el acomodo de los productores, los consumidores, los mercados financieros, los trabajadores y otros actores se alteren. Los agricultores que exportan soya del medio oeste, por ejemplo, serán perjudicados y se ha ofrecido que se elevarán los subsidios que reciben.

El impacto de todo esto no se restringe a los dos países protagonistas, y esta es una cuestión que no debe perderse de vista en México.

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El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina

El organismo deja la expansión prevista para este año en el 0,6%, más de un punto menos que en junio, y advierte de los riesgos por el coste de la deuda y por la reversión en los flujos de capitales

 

El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.


“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.


La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.


La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.


La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EE UU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.


La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EE UU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.


Precariedad fiscal


“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.


El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.


“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.


América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".

 

Nueva York 5 OCT 2018 - 08:24 COT

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Viernes, 07 Septiembre 2018 07:46

Crisis en Argentina

Crisis en Argentina

Las políticas económicas de la nueva administración de gobierno, entre las que destacan el endeudamiento externo público, la desregulación financiera, la apertura de las importaciones, la elevada tasa de interés, el incentivo a la especulación y valorización financiera y la permisividad frente a la fuga de capitales han determinado una necesidad de financiamiento de divisas, por encima de lo que aportan las exportaciones, por una magnitud del orden de los 40.000 millones de dólares anuales. Esta dependencia del financiamiento externo es la que ha colocado al país en un escenario al borde de la cesación de pagos, en la jerga económica, de default. Es este, y no otro, el núcleo del problema que está por detrás de las dos últimas corridas cambiarias que el país afrontó en los últimos cinco meses.

Es el temor de los acreedores frente a la posibilidad de que Argentina tenga que cumplir efectivamente los pagos de la enorme deuda pública que acumula el que dispara los comportamientos de salida de capitales que presionan al alza el tipo de cambio, en un contexto de elevada especulación sobre el valor del dólar. Ese fue el escenario de la primera corrida cambiaria de finales de abril y mediados de mayo, que en apenas 15 días hizo devaluar la moneda en un 50 por ciento. Es en el marco de esta primera corrida cuando el gobierno presenta un inesperado acuerdo con el Fmi. El acuerdo con el Fmi buscaba eliminar las incertidumbres de los acreedores respecto a la capacidad de pago de la deuda argentina, ya que se comprometía a otorgar un financiamiento del orden de los 50.000 millones de dólares por un período de tres años. Obviamente este acuerdo suponía también las vueltas de las condicionalidades del Fmi, ahora denominadas “metas”, que involucran al conjunto de la política económica, ya que van desde metas fiscales hasta monetarias, de reservas y de inflación. Metas que, en la práctica, se transforman en una política de ajuste de la economía, principalmente a través del ajuste del gasto primario, que, del 3,5 por ciento de déficit previsto para 2018, el acuerdo lo fija en 2,7 por ciento para el mismo año, una reducción del 1,3 por ciento en 2019 y un equilibrio para 2020. Metas que ocultan que su cumplimiento implica una reducción del 20 por ciento del gasto primario actual, que combinaría un ajuste del 80 por ciento de la obra pública, del 75 por ciento de las transferencias a las provincias, del 40 por ciento de los planes sociales (excepto las asignaciones familiares que se reducirían sólo un 5 por ciento) y de un 13 por ciento de los salarios de los estatales.


Las metas acordadas con el Fmi no son otra cosa que la reedición de una vieja receta fracasada en Argentina, que es la del déficit cero sobre la base de la reducción del gasto primario. Fracaso en un sentido, pero éxito en el otro. El fracaso estriba en que nunca se alcanza con esta lógica el ansiado déficit fiscal, puesto que la reducción del gasto primario supone una caída de la demanda interna. Entonces, la caída del gasto primario se traduce en caída de los ingresos, y el déficit primario se mantiene. A esta lógica hay que agregarle que los intereses de los pagos de deuda hacen incrementar el gasto total y le agrega una presión adicional a la reducción del gasto primario. De esta manera, se configura un proceso de ajuste perpetuo, que transforma el déficit en la excusa para reducir el gasto, sin que nunca se elimine el déficit. Fracaso, puesto que nunca se alcanza el déficit fiscal, pero éxito, porque el objetivo final buscado es la recesión del nivel de actividad, a la que se llega por efecto de la caída de la demanda interna, la que a su vez impacta en la reducción de las importaciones y permite achicar las necesidades de financiamiento. De este modo, la recesión es un objetivo buscado y no un accidente de esta política económica. El impacto en la caída del Pbi, del empleo, de los ingresos y el aumento de los fenómenos de la pobreza y la desigualdad son un efecto necesario, y no un defecto contingente, de esta estrategia de política económica.


LA FIESTA DE LOS EXPORTADORES.

Sin embargo, esta estrategia tiene un defecto a los ojos voraces del capital financiero: tarda mucho en concretarse. Es una espiral que se retroalimenta en sucesivas rondas de recortes del gasto y su impacto en el deterioro del nivel de actividad. La recesión llega, pero lentamente. Es en este marco de avidez por el ajuste en que emerge la segunda corrida cambiaria de principios de agosto, con la excusa de que la meta de inflación acordada con el Fmi (del 32 por ciento) no se iba a cumplir, puesto que el efecto obvio de la primera corrida cambiaria era, como todos esperaban, un aceleramiento de la tasa inflacionaria. Así, con los datos de que la inflación (del 35 por ciento anual), fruto de la primera corrida, superaba la meta con el Fmi (del 32 por ciento), se desató la segunda corrida cambiaria que en apenas una semana hizo devaluar un 30 por ciento adicional a la moneda doméstica. No alcanzó con que se anunciara un nuevo acuerdo con el Fmi en el que se comprometía a adelantar la totalidad del financiamiento previsto para 2018 y 2019, sino que hizo falta que la devaluación alcanzara el cien por ciento del valor que la moneda tenía a principios de abril para que, en momentos que esto se escribe, se presencie una cierta calma cambiaria. Una calma que supone haber perpetrado una brutal transferencia de ingresos en favor de las empresas exportadoras, principalmente a las 15 líderes exportadoras (casi todas cerealeras), que en cinco meses tuvieron un crecimiento de 550.000 millones de pesos en su facturación (el mismo monto que el gobierno se comprometió con el Fmi a reducir del gasto público). Se ve con claridad que la fiesta de los exportadores la paga la sociedad en su conjunto.
La calma cambiaria se verifica en el marco de las nuevas metas fiscales que el gobierno comprometió con el Fmi, que supone profundizar el ajuste en curso. Si para 2018 el acuerdo anterior suponía un déficit del 2,7 por ciento, ahora en el anunciado nuevo acuerdo la meta es del 2,6 por ciento; y para el 2019, en que se había previsto un déficit del 1,3, ahora se prevé llegar directamente al equilibrio en dicho año, con el agravante de una cuenta de intereses que crece exorbitantemente, y que alcanza nada menos que 600.000 millones de pesos. La novedad del acuerdo respecto al anterior es que en el primer acuerdo la meta se conseguía con un ajuste del gasto primario, y en la nueva meta se la consigue con un ajuste sobre los ingresos, los que vuelven a aportar recursos fiscales por vía de la restitución de las retenciones a la exportaciones. Se trata de una retención light, puesto que es de apenas dos puntos porcentuales para las empresas exportadoras de aceites de soja. Este dato nuevo pone en tela de juicio el fracaso de la estrategia anterior. Esta vez están dadas las condiciones del doble éxito de la política económica: por un lado, pueden conseguir el ansiado superávit primario, ya que este no se centra sólo en reducción de gasto primario, que sigue estando, sino que se compensa con el aporte de los recursos fiscales de las retenciones. El segundo éxito es que la brutal devaluación supone derrumbar la actividad económica rápidamente, en un verdadero shock recesivo, que logra en un corto plazo lo que la estrategia anterior requería un tiempo de maduración.


Los propios datos del gobierno indican que la tasa de inflación se disparó arriba del 40 por ciento y que la economía se va a contraer más del 2 por ciento. El pequeño problema es que este éxito de la estrategia económica supone colocar al borde del estallido social a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aprendices de la crisis de 2001, el gobierno y el Fmi prevén aportar recursos focalizados para atender la situación de los sectores más vulnerables (pero de todos modos los aumentos previstos no alcanzan a reparar toda la pérdida sufrida). Aunque se evite el estallido social, en el medio queda enterrada la noción de desarrollo económico. Argentina va a quedar confinada a ser una plataforma exportadora de materias primas, destruyendo las capas medias, expandiendo su pobreza y la desigualdad en aras de mantener el altar de los pagos de deuda.


Es en este marco que quien escribe ha presentado una denuncia penal contra el presidente por el acuerdo con el Fmi, que no ha respetado los resguardos constitucionales, y se ha solicitado una suspensión de dicho acuerdo. Porque consideramos que lleva a Argentina al borde del colapso social. Se requiere una nueva concertación política con un conjunto amplio de actores que fije otro rumbo económico.


* Economista. Presidente de Unidad Popular (Argentina). Ex diputado.

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Lunes, 20 Agosto 2018 09:44

EE UU y la guerra comercial

EE UU y la guerra comercial

Trump tiene un problema, pero no es con China. Está en su propia casa: el escaso nivel de ahorro

 

Lo que en un principio fue una escaramuza comercial –en la que el presidente norteamericano, Donald Trump, impuso aranceles al acero y al aluminio— parece estar transformándose aceleradamente en una guerra comercial hecha y derecha con China. Si la tregua acordada por Europa y Estados Unidos se mantiene, Washington estará peleando principalmente con Pekín, en lugar de con el mundo (por supuesto, el conflicto comercial con Canadá y México seguirá cociéndose a fuego lento, dadas las demandas estadounidenses que ninguno de los dos países puede o debe aceptar).

Más allá de la afirmación verdadera, pero por ahora perogrullesca, de que todos saldrán perdiendo, ¿qué se puede decir sobre los posibles resultados de la guerra comercial de Trump? Primero, la macroeconomía siempre prevalece: si la inversión doméstica de Estados Unidos sigue superando a sus ahorros, tendrá que importar capital y tener un déficit comercial enorme. Peor aún, debido a los recortes impositivos implementados a fines del año pasado, el déficit fiscal de Estados Unidos está alcanzando nuevos récords —recientemente se proyectó que superará un billón de dólares en 2020—. Esto significa que el déficit comercial casi con certeza aumentará, más allá de cuál sea el resultado de la guerra comercial. La única manera de que esto no suceda está en saber si Trump llevará a Estados Unidos a una recesión, en la que los ingresos decaigan tanto que la inversión y las importaciones se desplomen.


El mejor resultado del enfoque limitado de Trump sobre el déficit comercial con China sería una mejora de la balanza bilateral, acompañada de un incremento de igual cantidad en el déficit con algún otro país (o países). Estados Unidos podría vender más gas natural a China y comprar menos lavadoras; pero les venderá menos gas natural a otros países y le comprará lavadoras o cualquier otra cosa a Tailandia u otro país que ha evitado la ira irascible de Trump. Pero, como Estados Unidos interfirió en el mercado, pagará más por sus importaciones y recibirá menos por sus exportaciones que si ése no hubiera sido el caso. En resumen, el mejor resultado significa que Estados Unidos estará peor que hoy.


Estados Unidos tiene un problema, pero no es con China. Es en casa: ha venido ahorrando demasiado poco. Trump, como tantos de sus compatriotas, es inmensamente corto de miras. Si entendiera un ápice de economía y tuviera una visión a largo plazo, habría hecho todo lo posible para aumentar los ahorros nacionales. Eso habría reducido el déficit comercial multilateral. Existen soluciones rápidas y obvias: China podría comprar más petróleo norteamericano y vendérselo a otros. Esto no implicaría ni la más mínima diferencia, más allá de, quizá, un leve incremento en los costes transaccionales. Pero Trump podría bramar que logró eliminar el déficit comercial bilateral.


En verdad, reducir significativamente el déficit comercial bilateral de una manera relevante resultará difícil. En la medida que disminuya la demanda de productos chinos, el tipo de cambio del renminbi se debilitará —aún sin ninguna intervención del Gobierno—. Esto compensará en parte el efecto de los aranceles estadounidenses; al mismo tiempo, aumentará la competitividad de China con otros países —y esto será así inclusive si China no utiliza otros instrumentos en su haber, como controles salariales y de precios, o presiona fuertemente por aumentos de la productividad—. La balanza comercial general de China, al igual que la de Estados Unidos, está determinada por su macroeconomía.


Si China interviene más activamente y toma represalias de manera más agresiva, el cambio en la balanza comercial de Estados Unidos y China podría inclusive ser menor. El dolor relativo que cada uno infligirá en el otro es difícil de precisar. China tiene más control de su economía y ha buscado virar hacia un modelo de crecimiento basado en la demanda doméstica más que en la inversión y las exportaciones. Estados Unidos simplemente está ayudando a China a hacer lo que ya ha intentado hacer. Por otro lado, las acciones estadounidenses se producen en un momento en el que China intenta manejar el exceso de apalancamiento y de capacidad; al menos en algunos sectores, Estados Unidos dificultará estas tareas mucho más.


Hay algo que está claro: si el objetivo de Trump es impedir que China lleve adelante su política “Hecho en China 2025” —adoptada en 2015 para impulsar su objetivo de achicar la brecha de ingresos entre China y los países avanzados—, casi sin duda fracasará. Por el contrario, las acciones de Trump no harán más que fortalecer la decisión de los líderes chinos de impulsar la innovación y alcanzar la supremacía tecnológica, en tanto tomen conciencia de que no pueden depender de los demás y de que Estados Unidos está actuando de una manera hostil.


Si un país entra en guerra, comercial o de otro tipo, debería estar seguro de que hay buenos generales a cargo, con objetivos claramente definidos, una estrategia viable y un respaldo popular. Es aquí donde las diferencias entre China y Estados Unidos parecen tan grandes. Ningún país podría tener un equipo económico menos cualificado que Trump y una mayoría de los norteamericanos no respaldan la guerra comercial.
El respaldo público se desvanecerá aún más en tanto los norteamericanos tomen conciencia de que pierden por partida doble: los empleos desaparecerán, no sólo por las medidas en represalia que tome China, sino también porque los aranceles estadounidenses harán subir el precio de las exportaciones de Estados Unidos y las convertirán en menos competitivas; y los precios de los productos que compren aumentarán. Esto puede obligar a que caiga el tipo de cambio del dólar, haciendo subir la inflación aún más en Estados Unidos —dando lugar a una oposición aún mayor—. La Reserva Federal probablemente suba entonces los tipos de interés, lo que conducirá a una inversión y a un crecimiento más débiles, y a más desempleo.


Trump ya ha mostrado cómo responde cuando sus mentiras quedan expuestas o sus políticas fracasan: redobla la apuesta. China ha ofrecido en repetidas ocasiones maneras de salvar las apariencias para que Trump abandone el campo de batalla y declare la victoria. Pero él se niega a aceptarlas. Quizá se pueda encontrar esperanza en tres de sus otros rasgos: su foco en la apariencia sobre la sustancia, su imprevisibilidad y su amor por la política de “grandes hombres”. Tal vez en una reunión importante con el presidente Xi Jinping puede declarar que el problema está resuelto, con algunos ajustes menores en los aranceles aquí y allá, y algún gesto nuevo hacia la apertura de mercado que China ya había planeado anunciar, y todos se pueden ir a casa contentos.


En este escenario, Trump habrá resuelto, de manera imperfecta, un problema que él mismo creó. Pero el mundo después de su tonta guerra comercial, será diferente: más incierto, menos confiado en el régimen de derecho internacional, y con fronteras más duras. Trump ha cambiado el mundo, permanentemente, para peor. Incluso con los mejores resultados posibles, el único ganador es Trump —con su ego sobredimensionado inflado un poco más—.


Por Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001. 

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Trump y la venta de la reserva estratégica de petróleo

El proyecto de presupuesto dado a conocer por la Casa Blanca busca reducir la deuda federal. Y uno de los componentes importantes para alcanzar ese objetivo es mediante la venta de la mitad de la reserva estratégica de petróleo. Esta medida se vincula estrechamente con la política energética de la administración Trump y merece un análisis cuidadoso.


La Reserva estratégica de petróleo (REP) de Estados Unidos es una provisión de petróleo para periodos de emergencia con una capacidad de hasta 727 millones de barriles de crudo. Fue creada en 1973 a raíz del embargo petrolero decretado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en respuesta a la ayuda estadunidense a Israel en el contexto de la llamada guerra del Yom Kippur.


El inventario contiene al día de hoy unos 695 millones de barriles guardados en cuatro depósitos ubicados en las costas de Texas y Louisiana, cerca de los principales centros de refinación de crudo en Estados Unidos. Las instalaciones incluyen cuevas artificiales en domos salinos que alcanzan hasta mil metros de profundidad y se calcula que el costo de construcción de estas instalaciones rebasó los 4 mil millones de dólares (mmdd).


La reserva actual representa el equivalente a unos 46 días de consumo de petróleo (a las tasas de consumo aparente de 2015). A los precios corrientes en el mercado internacional, la Casa Blanca calcula que el valor de mercado de toda la reserva es de unos 48 mmdd. La venta de la mitad de la reserva se llevaría a cabo en un plazo de diez años y generaría 16.6 mmdd.


En realidad esa cantidad de recursos casi se antoja insignificante cuando se le compara con la deuda del gobierno federal que hoy rebasa los 19 billones (castellanos) de dólares. Pero el proyecto de Trump tiene implicaciones para el mercado mundial de petróleo, la política energética de Estados Unidos y el proceso de cambio climático.


Si bien es cierto que los precios internacionales de crudo han repuntado ligeramente en los últimos meses, por el lado de la oferta el mercado sigue estando saturado a pesar de los últimos acuerdos de la OPEP. Sin duda un panorama de precios deprimidos se va a mantener. El anuncio de que habrá una inyección de más crudo al mercado mundial proveniente de la venta de la REP, aunque dicha venta se lleve a cabo a lo largo de los próximos años, contribuirá a mantener bajos los precios.


La intención de vender la mitad de la REP es consistente con la política energética de Trump. Su objetivo es convertir a Estados Unidos en un país autosuficiente en petróleo y desde esa perspectiva mantener la Reserva estratégica es redundante. Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para concluir la construcción del oleoducto Keystone que va desde los campos de Alberta (en Canadá) hasta Port Arthur, al noreste de Houston. Este oleoducto ya transporta diariamente medio millón de barriles de crudo hacia Estados Unidos, pero el desarrollo de los yacimientos de Alberta requiere una salida más importante hacia el mercado internacional vía la costa del Golfo de México. El oleoducto ha estado en disputa desde hace años y Obama nunca quiso firmar el permiso correspondiente. Una de las primeras medidas anunciadas por la administración de Trump fue dar luz verde al proyecto.


Los yacimientos de arenas bituminosas en el río Athabasca, en Alberta, figuran entre los más importantes del mundo con 1.7 billones de barriles de crudo (magnitud sólo superada por las reservas de Arabia Saudita y de la cuenca del Orinoco en Venezuela). Pero estos yacimientos son de crudo muy pesado que es difícil de extraer, transportar y refinar. Por esas dificultades estos campos ya son responsables de 10 por ciento de la huella de Canadá en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero para Estados Unidos la aportación de estos campos es una de las claves para reducir la dependencia energética frente a las fuentes del Medio Oriente.


El otro elemento importante para reducir esa dependencia es la producción doméstica a través de la tecnología de fractura hidráulica (fracking). El repunte de los precios de crudo ha dado nuevos bríos a esta industria en Estados Unidos, con lo que el lobby petrolero considera no es necesario mantener la Reserva estratégica de petróleo. La venta de la Reserva es el primer paso hacia la consolidación de una autosuficiencia energética basada en combustibles fósiles.


Éstas son muy malas noticias en el ámbito de las reducciones de emisiones de gases invernadero. La administración Trump no ha anunciado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático. Como se sabe, los compromisos voluntarios nacionales de reducción de emisiones no son vinculantes, pero por lo menos implican un cierto valor moral y debieran, en principio, facilitar la transición hacia un perfil energético basado en energías renovables. La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo esuna señala clara de que la plataforma energética de Estados Unidos seguirá basándose en combustibles fósiles.


Twitter: @anadaloficial

Rusia Toady

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