Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

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Páramo de Santurbán: “Lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios”

El páramo de Santurbán, despensa de agua de Bucaramanga, está en los ojos de las multinacionales desveladas por extraer de su interior 9 millones de onzas de oro. Las presiones del capital internacional sobre el alto gobierno para que entregue la licencia para la explotación no cesan, tampoco la ciudadanía para cerrar el paso a tal posibilidad, cuya más reciente movilización del pasado 10 de mayo, con cien mil personas como un solo cuerpo, levantó una muralla por la vida y en contra de la muerte.

 

desdeabajo (da). ¿Cuál es la situación actual del páramo Santurbán?
Carlos Sotomonte (CS)*. Hoy por hoy el páramo vive una situación crítica. Como es conocido, el peligro de explotación megaminera en este ecosistema, que le aporta agua a más de dos millones de personas, sigue latente, ya que las presiones para que el Estado de luz verde para la explotación no cesan. Las presiones de la multinacional árabe Minesa son muy grandes.

 

da. ¿A qué aspira Minesa?
CS. Ellos calculan que del páramo pueden extraer 9 millones de onzas de oro.

 

da. ¿Y cómo lo harían?
CS. Según sus proyecciones, avanzarían a través de una megamina subterránea, para lo cual abrirían dos grandes túneles gemelos de 5 kilómetros de profundidad que comunicarían al municipio de California con el de Suratá, con diámetros de 5 metros de altura por 5 de ancho en el ceno de la montaña, fracturando los acuíferos que se encuentran dentro del ecosistema.

 

da. ¿Qué produciría esto en al interior de la montaña y cuál sería su consecuencia para quienes habitan Bucaramanga?
CS. Al romper la montaña, el agua filtrada, con la oxidación del ambiente y los elementos que hacen parte de la montaña, con grandes cantidades de arsénico, se pondrían en contacto con las aguas subterráneas, contaminando el acueducto metropolitano de Bucaramanga, que recibe agua del río Suratá, uno de los más afectados por la explotación que llevaría a cabo esta empresa multinacional.

 

da. Los efectos externos, ¿cuáles serían?
CS. Solo por mencionar algunos estarían la contaminación aérea a partir de los gases nitrogenados que generan las explosiones de anfo dentro de la montaña, como también podríamos hablar de la disminución del caudal de los ríos, en particular el Suratá y Tora, hoy en estado crítico respecto al indicador de escasez de agua según lo indica el estudio nacional de agua. Es decir, la cantidad de agua que transportan los ríos está al límite de la demandada por nuestra población. Así mismo, está la discusión sobre la cantidad de desechos que generaría esta explotación megaminera, según algunos cálculos de 7 mil toneladas de desechos diarios, es decir, una cantidad de proporciones colosales.

 

da. En la lucha dada por la defensa del páramo en los últimos años, ¿qué logros se consiguieron y cuáles de ellos están en riesgo ahora?
CS. Mediante la resistencia ciudadana hemos logrado consumir durante 10 años agua de altísima calidad, de las mejores del país, para quienes habitan en Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón. Logramos que la gente conociera de manera más plena lo qué es el páramo de Santurbán y lo que significa para la ciudad, así como la importancia de estos ecosistemas en todo el país, y su aporte para el equilibrio del planeta. Lo que está en riesgo en este momento es todo lo avanzado, lo que llevaría a un grave peligro para la vida humana y de todas las especies, pues lo que está en juego es si la vida puede pervivir en estos territorios.

da. ¿Cómo se está organizando la sociedad para evitar la entrada de este proyecto extractivista y cuáles son los retos que hoy tienen?
CS. Creo que el Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ha sido una plataforma sui generis en la historia de este país, en términos de resistencias ambientales, marcando una pauta que sin lugar a duda se ha convertido en un referente siempre que hay discusiones sobre Santurbán. Logramos construir una plataforma amplia y horizontal, en la que, de alguna manera, los contrapesos políticos, ideológicos y sociales de los diversos colectivos y sectores que lo componen permite que haya heterogeneidad y que nadie se lo tome para su haber: que salgan 100 mil personas a la calle en defensa del páramo es una garantía de que eso no adquiera un color específico.

 

da. Además del oro, ¿qué otros elementos existen en el páramo de Santurbán?
Julián Soto (JS)**. De llevarse a cabo esta explotación minera a gran escala se afectaría todo el bosque altoandino del páramo, pues la extensión de esta mina es de aproximadamente 2 kilómetros de largo y 780 metros de profundidad. En donde pretenden extraer oro, también existen minerales como plata, arsénico, cromo, mercurio, plomo, azufre, uranio, zinc, sulfuros, sulfatos, entre otros, que se encuentran estratégicamente ordenadas por la misma montaña y al removerlos esto conlleva afectación en la hidrogeología del territorio, generando así problemáticas de salud, ambientales, sociales y culturales, pues se afectarían directamente alrededor de 14 vertientes de fuentes hídricas que se encuentran entre los municipios de California y Suratá.

 

da. En la actualidad, ¿existen explotaciones sobre el páramo?
JS. Explotación como tal no se presenta, o no tenemos registro. Sin embargo, en la etapa de exploración, la empresa Minesa realizó más de 2.000 kilómetros de exploraciones, lo que quiere decir, que fueron demasiadas perforaciones en el territorio, reflejadas en una bocamina o túnel exploratorio por donde estaban desarrollando la exploración, lo que impactó de manera directa a cuatro quebradas que se encontraban encima del túnel, las cuales quedaron completamente afectadas en su hidrogeología.

 

da. ¿Cómo ha sido el empoderamiento de la comunidad frente a la defensa del agua?
JS. Hay que tener en cuenta que la lucha por proteger el páramo de este intento de explotación ya cumple 10 años, durante los cuales un proceso de información, difusión y educación tomó forma, pues charlas, conferencias, informes, etcétera, se realizaron o entregaron en iglesias, puerta a puerta, en salones comunales, etcétera. Y el resultado de todo ello son los miles de bumangueses que responden a cada citación para defender este importante ecosistema. Sin duda, todo esto llevó a unir a múltiples sectores sociales.

* Integrante del Movimiento Coraje.
** Integrante del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso.

Publicado enEdición Nº257
Caracas, ciudad trinchera de milicias bolivarianas

Entrenamiento militar para líderes de movimientos sociales en Venezuela

El objetivo del gobierno es llegar a cien mil milicianos en octubre, con 22 centros de formación en 117 ejes territoriales de la capital.

 

Caracas toma forma de trinchera. En diez días mil setecientos hombres y mujeres han recibido instrucciones para la defensa. El objetivo es llegar a cien mil en el mes de octubre, con centros de formación en las veintidós parroquias para abarcar los ciento diecisiete ejes territoriales de la capital: que la ciudad sea un pantano para las acciones golpistas. 

El primer espacio de formación está situado al sur de la ciudad, en Macarao. Aquí la derecha quemó la sede de la organización comunal el 30 de abril pasado, mientras las cámaras enfocaban a Juan Guaidó, Leopoldo López y el puñado de militares en la acción fallida. De esta jornada de entrenamiento participan líderes de movimientos sociales, organizaciones de base del chavismo, personas de todas las edades, para quienes es la primera vez que agarran un fusil o aprenden técnicas de reconocimiento de territorio. Nadie les ha obligado a venir: son gente humilde, de las barriadas organizadas, del esfuerzo de cada día que se ha transformado en batalla por el gas, los precios o el transporte.


El entrenamiento cuenta de varias partes, como aprender a realizar cartografías del barrio, movilizarse con armas, técnicas de salud, de evacuación, defensa personal, ejercicios físicos. Los instructores son integrantes de la Milicia Bolivariana, el cuerpo conformado por más de dos millones y medio de hombres y mujeres, parte vertebral de la llamada doctrina de defensa integral de la nación. Al frente de la conducción política del plan de formación está la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).


“Caracas es una ciudad de paz, una ciudad de vida, y vamos a defenderla con la organización de nuestro pueblo, la unión cívico-militar, y con la preparación e inteligencia que estamos desarrollando en este esfuerzo de formación integral”, explica la alcaldesa del municipio libertador de Caracas, Erika Farías, miembro de la dirección del Psuv y del Frente Francisco de Miranda.


El trabajo de formación abarca varios actores: el Psuv, los partidos aliados, los movimientos sociales, comunales, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Los objetivos son tres. En primer lugar, la organización de la defensa a través del diseño y ejecución de un plan de manera unificada entre los diferentes actores, de manera a conformar un núcleo en cada territorio. En segundo lugar, los ejercicios como tal. En tercer lugar, el esfuerzo productivo, donde el objetivo es que cada una de las veintidós parroquias cuente con un centro de entrenamiento y producción de alimentos.


“Todos los venezolanos tenemos corresponsabilidad en la defensa de la patria, está escrito en el artículo 326 de la Constitución. No es solamente una cuestión de armamento, vamos a crear una cadena logística muy importante, por cada combatiente que aquí se forme debe haber ocho o nueve personas detrás, debe continuar la instrucción, en cada territorio deben estar todos los componentes para la defensa integral”, explica el coronel Boris Iván Berroterán de Jesús, comandante del área de defensa integral 414 Caricuao.


El entrenamiento puesto en marcha busca dar respuesta a dos hipótesis principales de conflicto. La primera ya es conocida, se trata de las acciones que la derecha ha realizado en el 2013, 2014, 2017 y principios de este año: ataques a locales del Psuv, de comunas, de centros de salud, infantiles, a dirigentes chavistas, acciones nocturnas de provocación e intento de caotizar zonas populares. La derecha ha realizado un trabajo de infiltración y contratación de grupos armados desde hace varios años, para disputar la cotidianeidad de los territorios populares y poder desplegarlos en momentos de asalto.


La segunda hipótesis responde a un escenario que ha sido denunciado por el gobierno: la posibilidad de que la derecha apele a la estrategia de fuerzas mercenarias compuestas por diferentes actores, como paramilitares, bandas criminales, contratistas privadas. En un cuadro de esas características los territorios caraqueños, sus cerros sobrepoblados en formas de laberintos con escaleras y platabandas, podrían ser espacios de confrontación irregular. La población organizada debe estar preparada para reconocer movimientos, saber cómo actuar.
El plan de formación en Caracas avanza en simultáneo con la apuesta central de resolución del conflicto planteada por el chavismo desde el mes de enero: el diálogo para llegar a un acuerdo. Esos intentos se dieron en primer lugar de manera secreta durante meses y, desde hace dos semanas, se hicieron públicos por los acercamientos en la capital de Noruega, Oslo.


El chavismo se ha mostrado unido alrededor de la búsqueda de diálogo, y ha afirmado que insistirá para llegar a un acuerdo. La oposición en cambio se ha mostrado dividida al respecto: mientras un sector es parte del intento de diálogo, como los representantes de Guaidó –direccionados desde Estados Unidos– y del partido Un Nuevo Tiempo, otro sector ha insistido que ya no existe nada que hablar ni negociar. El segundo espacio mantiene la tesis de que solo se saldrá del chavismo a través de una acción de fuerza internacional. Para ese objetivo trabajan públicamente, por ejemplo, sobre el reingreso ficticio, vía Asamblea Nacional, de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.


El gobierno norteamericano, por su parte, mantiene la posición pública que sostiene que toda solución pasa por la salida de Nicolás Maduro, y ha vuelto, a través de su vicepresidente Mike Pence, ha dar apoyo a Guaidó. La pregunta, que ha estado desde el inicio de la autoproclamación de Guaidó, es: ¿hasta dónde está dispuesto a ir Estados Unidos?


Mientras esos son los debates públicos, ¿qué se prepara a puertas cerradas? La derecha, dentro del plan y financiamiento norteamericano, ya ha realizado acciones violentas los días alrededor de la autoproclamación de Guaidó, intentó el ingreso por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero, desplegó ataques sobre el sistema eléctrico, intentó la acción político-militar el 30 de abril en la madrugada. ¿Qué viene si no están aún dispuestos a acordar en Oslo un proceso que no implique la salida Maduro? El chavismo trabaja sobre todos los posibles escenarios. Caracas es el epicentro de poder que busca asaltar el golpismo, y se prepara, en consecuencia, en trinchera

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 Un avión Eurofighter de la Fuerza Aérea alemana, en Amari (Estonia) el pasado febrero. picture alliance picture alliance via Getty Images

Washington acusa a Bruselas de violar los compromisos adquiridos a través de la OTAN y le advierte de que pone en peligro décadas de colaboración militar

Más gasto en armamento, sí. Pero independencia estratégica, no. Estados Unidos ha advertido por escrito a la Unión Europea de que sus planes actuales de defensa están poniendo en peligro décadas de integración de la industria de defensa transatlántica y de cooperación militar a través de la OTAN.


La misiva, fechada el pasado 1 de mayo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, llega cargada de amenazas, más o menos veladas, de posibles represalias políticas y comerciales si Bruselas mantiene su intención de desarrollar proyectos europeos de armamento sin apenas contar con países terceros, ni siquiera con EE UU.


La diatriba del Departamento de Defensa contra los planes europeos agrava la tensión entre Europa y la Administración de Donald Trump cuando los ánimos ya estaban soliviantados por la negativa de Alemania y Reino Unido a impedir la participación de la empresa china Huawei en el desarrollo de la telefonía de quinta generación.


La reacción de EE UU llega poco después de que el Parlamento Europeo diese el visto bueno provisional, el pasado 18 de abril, a la creación de un Fondo Europeo de Defensa dotado con 13.000 millones de euros para el período 2021-2027. Washington, además, se opone a las condiciones generales de la llamada Cooperación Permanente Estructurada (PESCO, por sus siglas en inglés), por la que 25 países de la UE han iniciado el desarrollo de 34 proyectos de armamento.


"EE UU está profundamente preocupado con la aprobación del Reglamento del Fondo Europeo de Defensa y con las condiciones generales de la PESCO", advierte la subsecretaria estadounidense de Defensa, Ellen Lord, en la carta dirigida a Federica Mogherini, la Alta Representante de Política Exterior de la UE.


El Reglamento permite que participen empresas extracomunitarias, pero exige que la propiedad intelectual del proyecto sea exclusivamente europea y no permite que países terceros impongan controles a la exportación del armamento construido. La participación en los proyectos de la PESCO también es limitada y sometida a la aprobación unánime de los países de la UE, por lo que Washington teme que el veto de un solo socio les deje fuera.


El durísimo texto americano acusa a la UE de desarrollar sus capacidades militares "de una manera que produce duplicación, sistemas militares que no son interoperativos, dispersión de los escasos recursos de defensa y una competencia innecesaria entre la OTAN y la UE".


El Departamento estadounidense de Defensa advierte de que, a su juicio, el proyecto del Fondo y la PESCO "suponen una dramática marcha atrás después de tres décadas de creciente integración de la industria de defensa transatlántica". Washington añade que "no solo se podría dañar la constructiva relación entre la OTAN y la UE, sino que potencialmente podría revivir las enfrentadas discusiones que dominaban hace 15 años nuestros contactos sobre las iniciativas europeas de defensa".


"Estamos ante un claro conflicto de intereses", señala Luis Simón, director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal de ese centro de estudios. Simón recuerda que "la industria estadounidense tiene una presencia muy fuerte en el mercado europeo". Y que EE UU observa los primeros pasos de la política europea de defensa, por tímidos que sean, como una potencial amenaza para su dominio tanto en el mercado europeo como en países terceros.


Pero el Gobierno de Donald Trump no se limita a expresar con dureza sus quejas y reproches. La carta de Lord, una veterana de la industria del armamento con más de 30 años de experiencia, también contiene serias advertencias y amenazas sobre las consecuencias que se desencadenarán si Bruselas sigue adelante con sus planes. "Está claro que si EE UU impone restricciones recíprocas similares no serían bienvenidas por nuestros socios y aliados europeos", señala la subsecretaria de Defensa. "No nos gustaría tener que planteárnoslo en el futuro", advierte. Y recuerda el multimillonario impacto que podría tener esa decisión en las empresas europeas del sector.


La carta recuerda que el año pasado se adjudicó a una empresa italiana, en asociación con Boeing, un contrato de 2.800 millones de dólares para desarrollar y construir nuevos helicópteros para la fuerza aérea estadounidense.


El año anterior, en 2017, el Departamento de Defensa estadounidense adquirió armamento de 12 empresas europeas por valor de 2.600 millones de dólares (unos 2.490 millones de euros). Y en 2016 concedió 118,7 millones de dólares en subsidios a empresas de 24 países de la UE para proyectos de I+D.


EE UU exige que se modifique el proyecto de Reglamento del Fondo para suprimir las condiciones sobre propiedad intelectual y control de exportaciones. Y que en PESCO se elimine el derecho de veto y que se permita al país que lidera cada proyecto invitar a las empresas que desee.


Ambos textos, sin embargo, ya fueron pactados en febrero de manera provisional por el Consejo de ministros de la UE y el Parlamento Europeo. "Este es un gran paso para hacer realidad la cooperación europea en defensa", celebró entonces Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea. Washington exige ahora una humillante rectificación en una carta de la que ha enviado copia a Katainen y al presidente del Parlamento, Antonio Tajani.


"Antes de que los textos sigan adelante, les instamos a revisarlos con la mira puesta en nuestros objetivos compartidos a largo plazo para un partenariado de seguridad transatlántica", conmina la misiva de Lord. "Con cambios menores (...) se podría aliviar nuestra preocupación", minimiza la subsecretaria de Estado la enmienda a la totalidad al proyecto europeo.
Simón cree que "la inquietud de EE UU ha ido a más con el Brexit porque los británicos, con el apoyo de Berlín, eran garantía, de que la política europea de defensa, tanto desde el punto vista geoestratégico como del industrial, no sería discriminatoria hacia ellos". La posible salida del Reino Unido de la UE, el acercamiento de Alemania a Francia en materia de defensa y la irrupción de la Comisión Europea en un terreno que le estaba vetado, han acabado por disparar las alarmas en Washington, según el director en Bruselas de Elcano.
Las propias empresas europeas, según Washington, se exponen a verse obligadas a elegir entre el mercado europeo y el estadounidense por culpa de las normas "envenenadas", como las califica la carta, del Fondo Europeo de Defensa. Un grave dilema dado el gasto de EE UU (460.000 millones de euros) duplica al de Europa (210.000 millones).


Una consecuencia no buscada podría ser que las empresas europeas con actividad fuera de la UE (especialmente en el mercado de EE UU a través de acuerdos con empresas estadounidenses) tal vez decidan no participar en los proyectos PESCO para no arriesgarse a que su propiedad intelectual quede aislada dentro de la UE o "a incumplir las normas de EE UU sobre control de exportaciones", advierte Lord.

Por Bernardo de Miguel
Bruselas 13 MAY 2019 - 01:42 COT

 

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Tres muertos en ataques aéreos a la Franja de Gaza

Al menos tres palestinos murieron ayer a causa de ataques israelíes en la Franja de Gaza. Entre las víctimas hay un joven miliciano palestino del movimiento islamita Hamas y una mujer junto a su bebé. “Estábamos almorzando cuando la casa fue bombardeada por un avión israelí. Saba (la beba) murió de inmediato”, dijo Abu Mohamed Abu Arar, un familiar. “Falastin Abu Arar, de 37 años, embarazada, falleció por las heridas que recibió en la cabeza”, confirmó en tanto el ministerio de Salud de Gaza. Además de las víctimas mortales 17 palestinos resultaron heridos.


La escalada de violencia comenzó cuando las milicias palestinas en Gaza dispararon 200 cohetes contra Israel, que respondió con bombardeos sobre 120 objetivos militares, lo que produjo las tres muertes. En Israel, en tanto, dos personas sufrieron heridas graves. Una mujer de 80 años tiene lesiones por esquirlas de un cohete en Kyriat Gat al igual que otro israelí de 50 años resultó herido en Ashkelon.


Las sirenas antiaéreas sonaron de manera intermitente durante todo el día en comunidades periféricas a la franja, pero también en otras regiones del centro del país como Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. La policía pidió a los habitantes que se dirigieran a los refugios en cada alerta.


Entre los lugares afectados por Isarel están las oficinas de inteligencia en la ciudad de Gaza, campos de entrenamiento, fábricas de armas y un túnel ofensivos transfronterizo que Palestina excavaba desde hacías semanas. “Hemos controlado la excavación del túnel y ahora hemos decidido atacarlo y neutralizarlo”, dijo el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Jonathan Conricus. El túnel, continuó, es una infraestructura de alta calidad en la que la Yihad Islámica invirtió mucho tiempo y esfuerzo para poder tener la posibilidad de usarlo para atacar.


Habitantes del barrio afirmaron por su parte que uno de los edificios afectados albergaba la oficina de la agencia de prensa estatal turca Anadolu, una información confirmada por Turquía que condenó “con firmeza” el ataque denunciando una “agresividad sin límites”. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó el ataque en Twitter contra la oficina de la agencia y aseguró: “Turquía y la agencia Anadolu seguirán contando al mundo sobre el terrorismo y las atrocidades de Israel en Gaza y en otras partes de Palestina”. Según Anadolu, el personal de la agencia evacuó el edificio poco antes del ataque que estuvo precedido por un aviso. En este contexto Israel anunció el cierre de los pasos fronterizos de Gaza y la veda a la pesca en el litoral del enclave.


Según una fuente de Yihad Islámica Egipto, que oficia como intermediario entre Hamas e Israel, ya están intentando una mediación para bajar la tensión. En Bruselas, la Unión Europea (UE) pidió el “cese inmediato” de los disparos.


Israel y Hamas se enfrentaron en tres momentos desde 2008. A fines de marzo, bajo el auspicio de Egipto y la ONU, negociaron un alto el fuego anunciado por Hamas pero nunca confirmado por Israel. Esto permitió mantener una relativa tranquilidad durante las elecciones legislativas israelíes del nueve de abril. Pero la situación decayó durante esta semana cuando regresaron los disparos de cohetes y globos incendiarios palestinos, así como las represalias israelíes.


Tres factores podrían sin embargo empujar a Israel a calmar la situación: las negociaciones en curso para formar una coalición gubernamental luego de la victoria de Netanyahu en las elecciones, el concurso musical Eurovision previsto en Tel Aviv a mediados de mayo, y las celebraciones por la creación del Estado de Israel que tendrán lugar el jueves.


Desde marzo de 2018, los palestinos se manifiestan en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel contra el bloqueo al enclave y por el retorno de los refugiados que fueron expulsados o tuvieron que abandonar sus tierras tras la creación de Israel, en 1948. Al menos 270 palestinos murieron desde el inicio de la movilización en las manifestaciones o en los ataques israelíes como represalia. Los organizadores de las manifestaciones y Hamas aseguran que el movimiento de la “Gran marcha del retorno” es independiente. Israel en cambio acusa a Hamas de orquestar estas movilizaciones.

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Domingo, 14 Abril 2019 06:04

Pelearemos como David contra Goliat

Pelearemos como David contra Goliat

La amenaza que veíamos venir desde hace tempo se ha hecho realidad. El Reino Unido, tras violentar durante estos años todas las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los EE.UU. de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En unas imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para permitir que la policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.

Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange quien después de casi ocho años de reclusión inhumana en el recinto de la embajada ecuatoriana, se encuentra ahora a expensas de lo que la Corte de magistrados de Westminster determine, una vez se ponga en marcha la extradición al país norteamericano. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación que de estos países hacía EE.UU. Al final se ha desvelado la trama. Incluso desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.

Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: Estados Unidos no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas USA con Gobiernos y servicios de información en todo el mundo.


Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.


La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de los convenios internacionales. Gran Bretaña ha estado prescindiendo, obviando, incumpliendo y violentando todas las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. No han atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.


Sobre el papel de Ecuador, poco puedo añadir a lo que ha manifestado el ex presidente Rafael Correa, quien en su día en nombre de los Derechos Humanos asiló a Assange, que ha criticado la detención y ha calificado de “traidor” al actual presidente por permitir su arresto. “Esto jamás será olvidado por la humanidad entera. Uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza. La historia será implacable con los culpables de algo tan atroz”, ha dicho Correa, añadiendo: “De ahora en adelante, a nivel mundial la canallada y la traición podrán ser resumidas en dos palabras: Lenín Moreno”.


Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que este jueves hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano, lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Extremo este que es incierto, porque la acusación en este sentido siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.


La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a Wikileaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.


La mezcla de argumentos es difícil de comprender. De una parte, Moreno parece reprochar el gasto que la delegación ha cubierto. De otra, culpa a Assange de expresar sus opiniones sin concretar qué normas de derecho internacional ha afectado, de tal modo que se ha hecho merecedor de una sanción tan peligrosa. También de que es editor de WLO, cuando esto ya no es así; como tampoco tiene que ver con la filtración de los INApapers. O porque, y aquí viene el punto álgido, según Moreno, ha solicitado a Reino Unido que no entregue a Assange a un país en que se ejerza la tortura o exista la pena capital. Y asegura que los británicos han dado su asentimiento por escrito pero ¿acaso está exento Estados Unidos de estas dos condiciones? Es incontestable que la pena de muerte existe y uno de los elementos básicos por los que el país de Trump ha saltado a la palestra en WikiLeaks es por los supuestos malos tratos sistemáticos cuando así lo han considerado los poderes militares en casos de conflicto. Y además, un país en el que no se garantiza la ausencia de la tortura como puso de manifiesto el Relator contra la tortura Juan Méndez en el caso de Chelsea Manning, que fue sometida a un trato cruel, inhumano y degradante y que nuevamente ha sido encarcelada, el riesgo que corre Julian Assange si la extradición se materializa, es inmenso.


Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.


¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!


El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos. Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.


* Jurista. Coordinador de la defensa de Julian Assange. Artículo publicado originalmente en eldiraio.es. Link: https://www.eldiario.es/zonacritica/Assange-impunidad_6_887571262.html

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Un hombre usa un puntero para explicar el mapa de la nueva capital egipcia. - MOHAMED EL-SHAHED / AFP


La ciudad promete convertirse en la primera urbe inteligente del país, y de momento sólo está previsto que se trasladen hasta allí los sectores más elitistas de la sociedad.


Abandonando El Cairo por una de las carreteras que conducen hacia la ciudad costera de Ain Sokhna, en el Mar Rojo, un puesto de control despunta en solitario a medio camino. Enfrente, un aburrido grupo de jóvenes uniformados custodia lo que parece ser solo el vasto y vacío desierto que se abre paso detrás de ellos.


A escasos kilómetros de la caserna, algunos edificios monumentales se empiezan a erigir en el páramo sin aparente coherencia. A simple vista podrían parecer un espejismo, pero los carteles que se alzan junto al asfalto les delatan. Las obras son parte del proyecto más avaricioso del régimen del ex jefe del Ejército y actual presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi: una nueva capital de 714 kilómetros cuadrados construida desde cero en el desierto, a unos 35 kilómetros al este de El Cairo y a unos 60 de la ciudad de Suez.


Fue durante una conferencia económica celebrada en Egipto a mediados de marzo de 2015 cuando saltó la noticia. Sin ningún tipo de consulta previa, el entonces ministro de Vivienda y actual primer ministro del país, Mostafá Madbuly, hizo pública la decisión del gobierno de construir una nueva ciudad que sustituiría El Cairo como capital del país.


Esquivando la espontaneidad que da forma y carácter a los barrios de ciudades como El Cairo, la futura capital de Egipto estará dividida en distritos temáticos que prometen convertirla en una urbe tan funcional como controlable. Haciendo las delicias del régimen, el espacio para la improvisación urbana, muy común en El Cairo, va a ser nulo.


Por si el proyecto base no fuese suficientemente ambicioso, las autoridades anticipan que la nueva capital será la primera ciudad 2.0 del país. El control inteligente del tráfico, las casas inteligentes o la gestión inteligente de recursos son algunas de las promesas de sus responsables, que aseguran que también habrá cámaras de vigilancia por toda la urbe.


Debido a la gran superficie reservada para el proyecto, todos los esfuerzos se concentran ahora en la primera fase de un total de tres. Estos 168 kilómetros cuadrados iniciales, sin embargo, se convertirán en el corazón de la ciudad, albergando los grandes centros de poder político y económico, y tendrán un coste de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.
Será también en esta primera fase donde se encontrarán algunos de los sueños más megalómanos del régimen, como la mezquita con más capacidad de Egipto y la catedral más grande de Oriente Medio, ambas ya construidas. Y totalmente vacías. Asimismo, la futura capital debería contar con la mayor ópera de Oriente Medio, la torre más alta de África, o una zona verde dos veces más extensa que el Central Park de Nueva York, que atravesará el centro de la ciudad imitando el paso del río Nilo por El Cairo.


Este multimillonario plan se está construyendo, según la versión oficial, con el dinero obtenido a través de la venta anticipada del terreno, y los responsables insisten en que no reciben fondos de las arcas del Estado y que el Ejército se limita a supervisar su ejecución. En la práctica, no obstante, ambas cuestiones resultan hasta cierto punto un enigma.


En este sentido, el Ministerio de Vivienda posee el 49% de la empresa encargada de desarrollar la urbe, y el Gobierno asume el coste de, al menos, el distrito gubernamental. Por otro lado, las filas castrenses ostentan el otro 51% de la compañía, son las promotoras de algunas partes de la ciudad y, aunque no construyen nada, es difícil pensar que su imperio económico no se beneficia indirectamente de unas obras tan gigantescas.


Lo que tampoco está claro a estas alturas es el calendario, puesto que en los últimos meses los responsables de las obras han pasado de señalar el año 2021 como fecha para finalizar la primera fase del proyecto a apuntar hacia 2024. Aun así, la presión que cargan sobre los hombros los cerca de 200.000 trabajadores que se desplazan cada día hasta el lugar es importante, puesto que las autoridades quieren trasladar allí cuanto antes el Parlamento, los ministerios y la Presidencia.
La capital de la élite


La principal razón argüida por las autoridades para justificar la nueva ciudad es que El Cairo es un caso perdido y que una nueva capital permitiría evitar los errores cometidos allí y al mismo tiempo ayudaría a descongestionarla. “Necesitamos urgentemente la nueva capital”, asegura El Husseiny, portavoz de la Nueva Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD), la empresa a cargo del proyecto. “El Cairo está superpoblada, hay mucho tráfico y la infraestructura ya no es útil para sus ciudadanos”, agrega el militar, en un intento de justificar las obras.


Para lograrlo, los planes de la nueva ciudad pasan por albergar, cuando se haya terminado, un total de seis millones y medio de habitantes y 1.750.000 empleos. La viabilidad de estas cifras, no obstante, resulta muy cuestionable, y en cualquier caso insuficientes.


Egipto cuenta con un largo historial de nuevas ciudades, especialmente diseñadas en la órbita de El Cairo, que se han ideado para descongestionar la capital y han acabado no solo fracasando estrepitosamente en el intento sino centralizando aún más el país. En este sentido, las ocho nuevas urbes ideadas alrededor de El Cairo desde los años setenta aspiraban acoger 16 millones de habitantes y ahora apenas alojan un 8% de ese objetivo.


La nueva capital no parece que vaya a ser una excepción, ya que por ahora no se sabe ni cuándo se construirán sus dos siguientes fases, donde está previsto que se concentren la mayoría de los barrios residenciales, y hay quien teme que esas obras nunca arrancarán. Además, en la primera fase del proyecto no habrá vivienda social, lo que reduce el espectro de potenciales residentes a las clases altas del país.


Incluso en un escenario en el que se cumplen los números prometidos inicialmente para la nueva ciudad, ésta sería incapaz de aliviar la presión sobre El Cairo. Así, en los próximos diez años, está previsto que el Gran Cairo crezca en cinco millones de habitantes y que 1.680.000 jóvenes entren en la edad de trabajar, de modo que la nueva urbe apenas sería capaz de absorber ese incremento cuando aún le faltarían muchos años para terminar completamente las obras.


“Necesitamos otra ciudad importante, sea o no capital, pero ya existen ciudades que tienen la infraestructura y el potencial para convertirse en un centro importante, alejado de El Cairo y que permita descentralizar, disminuir su población y empezar a tener cierta migración hacia [allí]”, observa un arquitecto de El Cairo en condición de anonimato.


Por estos motivos, muchos egipcios consideran que el principal objetivo del régimen con la nueva capital es alejarse de Gran Cairo, donde viven unas 24 millones de personas, y recluirse en una ciudad diseñada bajo una lógica securitaria que permita evitar que el colapso sufrido durante la Revolución de 2011 vuelva a repetirse. “La nueva capital va a ser una ciudad militar, a la que el régimen va a llevarse a sus seguidores mientras hace que físicamente sea muy difícil llegar hasta ellos”, prevé el reputado urbanista David Sims. “Es un sueño para un gobierno autoritario”, agrega.


En esta línea, los actuales progresos de la nueva capital están teniendo lugar mientras el Parlamento egipcio está inmerso en un proceso de enmiendas constitucionales. Cuando éstas se aprueben en un referéndum popular previsto dentro de pocos meses, se establecerá en el país un nuevo orden político que cimentará aún más en el poder a Al Sisi y al Ejército. Cuando llegue el momento, un búnker les estará esperando. “La nueva capital solo se construye con la lógica de asegurar el nuevo régimen”, considera la antropóloga urbana Omnia Khalil, que concluye: “No quieren que un enero como el de 2011 vuelva a suceder”.

Por MARC ESPAÑOL
@mespanolescofet

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Sábado, 30 Marzo 2019 06:17

Terrorismo, un concepto vacío

Terrorismo, un concepto vacío

Los criminales ataques contra dos mezquitas de Nueva Zelanda, si bien han sido ampliamente condenados, han suscitado también vivas polémicas en las redes sociales, pues ciertos responsables políticos, determinados media e intelectuales calificaban a regañadientes a Brenton Tarrant, el autor de la masacre, como terrorista. 

Numerosos comentaristas han subrayado que tal timidez no aparecía jamás cuando se trataba de calificar al responsable musulmán de este tipo de acciones sanguinarias.


Sin embargo, más allá de estos justificados reproches que señalan a la islamofobia dominante en Occidente, habría que reflexionar sobre el término terrorismo, que se ha vuelto de uso tan corriente que ya nadie se pregunta verdaderamente sobre su significado y que parece ser utilizado para desacreditar toda violencia de carácter político.


Desacreditar a los movimientos de liberación nacional


Un pequeño repaso histórico permite sin embargo aclarar el debate. El calificativo de terrorista se ha aplicado a grupos muy diferentes, cuyas ideologías políticas cubren un amplio espectro que va desde la extrema derecha a la extrema izquierda: desde grupúsculos fascistas italianos de los años 1970 a los Tigres tamiles, pasando por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) o la organización separatista vasca ETA. Ponerles en el mismo saco resulta una simplificación primaria.


Para comprender las razones de su acción, hay que estudiar concretamente la situación en la que se han desarrollado; ninguno se reclama del terrorismo o hace del terrorismo su objetivo, al contrario que el comunismo, el fascismo, los nacionalismos, que tienen proyectos claramente reivindicados.


En los años 1950-1960, el calificativo de terrorista se agitó muy frecuentemente para denunciar a los movimientos de liberación nacional, desde el Frente de Liberación Nacional argelino a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), pasando por el Congreso Nacional Africano (ANC).


Recordemos que estos dos últimos grupos fueron denunciados como terroristas por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y, por supuesto, las y los dirigentes israelíes, cuyo país colaboraba estrechamente con el África del Sur del apartheid.


Ahora bien, todos esos ejemplos han probado que terroristas de ayer son a menudo gobernantes de mañana. ¿El gobierno británico no calificó de terroristas a los grupos sionistas en los años 1940, antes de crear el Estado de Israel?


El arma de los débiles


En el mejor de los casos, se puede inscribir el terrorismo en la lista de los medios militares. Y, muy a menudo, es el arma de los débiles.
Figura brillante de la revolución argelina, detenido por el ejército francés en 1957, Larbi Ben M’hidi, jefe de la región autónoma de Argel, fue interrogado sobre la razón por la que el FLN depositaba bombas, ocultas en el fondo de capazos, en los cafés o en los lugares públicos. “Si nos dan sus aviones, les daremos nuestros capazos”, respondió a sus torturadores, que le asesinarían fríamente unos días más tarde.


La desproporción de medios entre una guerrilla y un ejército regular provoca una desproporción del número de víctimas.


Si se debe considerar como terroristas a Hamas y sus aliados por haber matado a tres civiles durante la guerra de Gaza en el verano de 2014, ¿cómo habría que calificar al Estado de Israel que, según las estimaciones más bajas (las del propio ejército israelí), masacró entre 800 y 1000 personas, entre ellas un gran número de niños y niñas?


Reducir la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal


El uso del término terrorista tomó una nueva dimensión con el lanzamiento de la guerra contra el terrorismo por George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001.
Denunciando a los responsables de los ataques, el presidente americano declaró ante el Congreso americano: “Odian lo que ven en esta asamblea, un gobierno democráticamente elegido. Sus dirigentes se designan ellos mismos. Odian nuestras libertades: nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de palabra, nuestra libertad de votar y de reunirnos, de estar en desacuerdo unos con otros”.


Se trataba por tanto, en particular en Próximo Oriente, de emprender una guerra de civilización contra grupos que amenazarían el modo de vida occidental.


El problema del concepto de guerra contra el terrorismo es que dispensa de todo análisis político y reduce la lucha a un enfrentamiento entre el Bien y el Mal. Si los terroristas están movidos fundamentalmente por su odio a la libertad occidental, es inútil preguntarse sobre las razones por las que esos grupos se han desarrollado, sus motivaciones, sus objetivos.
De ese modo se puede poner en la misma categoría a Hamas y a Al Qaeda, a Hezbolá y el grupo Estado Islámico (EI). Con el riesgo de caer en algunas contradicciones sobre las que no se hacen muchas preguntas: así, Occidente incluyó al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) de Turquía en la lista de las organizaciones terroristas, pero para oponerse al Estado Islámico ayuda militarmente a las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), el brazo armado de su rama siria.


Una guerra contraproductiva


Diecisiete años después del 11 de septiembre, se puede medir el fracaso de esa guerra contra el terrorismo, por no hablar de su coste financiero o del terrible balance humano.
Implicados en Afganistán en el conflicto más largo de toda su historia, Estados Unidos se preparan para abandonar ese país cediendo el poder a los talibanes (sin embargo calificados de terroristas), que quisieron derrocar pero que prefieren al Estado Islámico, ya sólidamente implantado en el país.


Es verdad que en Irak el Estado Islámico ha sido aplastado, pero no es inútil recordar que en el momento de la invasión americana de 2003 Al Qaeda no existía en Irak y que el Estado Islámico no habría aparecido nunca sin la guerra americana. Y que, incluso vencido militarmente, el Estado Islámico conserva fuertes bases políticas. Pero sobre todo, la región jamás ha sido tan inestable, tan dividida, tan violenta.


Así pues, el uso de la expresión guerra contra el terrorismo ha permitido prescindir de cualquier análisis político o intento de comprender las causas reales de la inestabilidad. Ha permitido ignorar las consecuencias de las políticas occidentales en Palestina o en Irak que, sin embargo, han hecho bastante más para reforzar el terrorismo que la llamada ideología islamista radical.


¿Se piensa verdaderamente que el reciente reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y de la soberanía israelí sobre el Golán sirio por la administración Trump contribuirá a reducir la violencia en la región?


Hay que repetirlo: la resolución de los problemas políticos es la única capaz de reducir las tensiones y de cortar la hierba bajo los pies de los llamados grupos radicales.


Pero, ¿cómo calificar entonces los actos criminales como los ataques contra civiles con fines políticos? ¿Hay que banalizarlos? El derecho internacional contiene conceptos como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidios, que permiten calificar esas acciones y también hacer avanzar la idea de una justicia internacional.


Pero también hay que ser claro. Si grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico remiten a la justicia internacional, también se tendría que poder llevar ante los tribunales a los dirigentes políticos (y no solo africanos) responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad en Irak, en Siria o en Palestina.


Alain Gresh es el director del diario en línea Orient XX (https://orientxxi.info). Antiguo redactor jefe de Le Monde Diplomatique, es autor de numerosos trabajos, entre ellos Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française, avec Hélène Aldeguer (La Découverte).

Por Alain Gresh
Middle East Eye

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Trump: “Rusia tiene que salir de Venezuela”

El presidente de EE UU recibe a la esposa de Guaidó y sube el tono de su amenaza a Maduro: "No se puede alcanzar más presión de la que ya tienen, fuera de lo militar"


Donald Trump recibió este miércoles en el Despacho Oval a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, y subrayó su apoyo hacia el líder de la Asamblea Nacional, cumplidos ya dos meses desde que fue reconocido por Estados Unidos y medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, con Nicolás Maduro aún instalado en el poder. El mandatario estadounidense subió el tono de sus amenazas al régimen chavista –"No se puede alcanzar más presión de la que ya tienen, fuera de lo militar", dijo– y lanzó un mensaje directo a Moscú, que ha enviado militares al país caribeño: "Rusia debe salir".


Estaba previsto que fuera el vicepresidente, Mike Pence, el anfitrión de la visita de Rosales a la Casa Blanca, pero finalmente también Trump hizo los honores a la mujer de Guaidó, a quien se refirió como primera dama. "Hoy temo por la vida de mi marido", llegó a decir Rosales ante la prensa, destacando las acusaciones de "terrorismo" contra el hermano de Guaidó, Gustavo, y el arresto de Roberto Marrero, su mano derecha. "Es un golpe al círculo más cercano del presidente pretendiendo desestabilizar su lucha", añadió.


Conforme las semanas pasan en Venezuela, las sanciones por parte de Estados Unidos se multiplican –al petróleo, al oro, al corazón de la economía venezolana–, la presión diplomática aumenta y la crisis del país se agrava, pero el chavismo permanece a los mandos efectivos del Gobierno, protegido por el Ejército. Ahora, además, cuenta con nuevo apoyo militar ruso. El Kremlin, gran aliado de Maduro, reconoció el martes que ha enviado "especialistas", que se suman al despliegue de baterías antiaéreas rusas S-300 en la periferia de Caracas.


La pregunta de cuál será el punto de ruptura por el cual la Administración de Trump optaría por una intervención militar no deja de repetirse en Washington en cada rueda de prensa, en cada entrevista, a medida que el tiempo pasa y la situación política se deteriora. El Gobierno estadounidense asegura que todavía le queda margen para presionar con sanciones, muchas de las cuales aún no se han puesto en marcha de forma efectiva, pero este miércoles Trump sonó más duro. "Ahora mismo tienen mucha presión, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Así que, ya veremos", afirmó. "Fuera de lo militar, no se puede alcanzar más presión de la que ya tienen", para insistir en el lema oficial del EE UU en este conflicto: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Por Amanda Mars
Washington 27 MAR 2019 - 13:40 COT 

 

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Sábado, 16 Marzo 2019 06:33

Cinco años

Cinco años

Cinco años atrás –con lo que unos llaman incorporación de Crimea a la Federación Rusa y otros califican de anexión rusa de la estratégica península de Ucrania– comenzó el deterioro de esa suerte de matrimonio de interés que contrajeron Rusia y Estados Unidos, bajo el signo de su simbólica alianza contra el "terrorismo internacional", que al día de hoy, consumado el divorcio, tiene al mundo cada vez más cerca de una hecatombe nuclear, todavía en su fase preliminar de una ya inevitable espiral armamentista.

Evaporado el golpe de efecto que en el plano interno reinyectó popularidad al Kremlin, quedan más dudas que certezas, mientras los únicos beneficiados son los de siempre: empresarios del primer círculo presidencial que se reparten los megaproyectos federales (puentes, carreteras, hoteles, etcétera), mientras todos los habitantes del país, incluidos ancianos y menores de edad, tienen que renunciar a recibir 10 mil rublos por persona, que es su cuota del dinero destinado por el gobierno ruso para mantener Crimea estos cinco años.

En la época soviética, los responsables del aparato de propaganda inventaron los quinquenios para resaltar los avances de la economía; ahora, ningún politólogo habla de éxitos en el primer lustro posterior a Crimea, cuyo costo económico –al sumar subvenciones a la península y sanciones contra el país– sitúa a Rusia, con poco menos de 2 por ciento anual, en el lugar 176 de 193 en la clasificación mundial que elabora Naciones Unidas en materia de crecimiento económico, en tanto los ingresos reales de la población sufrieron una caída del orden de 11 por ciento.

Muchos se preguntan si valió la pena el costo político de la anexión/incorporación, sobre todo cuando ésta se escuda en un referéndum, que por ley se niega a los ciudadanos de cualquier otra región rusa.

Hay quienes creen que con la incorporación de Crimea se evitó una eventual masacre de los ucranios de origen ruso y que la alianza noratlántica ya no tendrá una base naval ahí, además de que Rusia incrementó en 0.15 por ciento (27 mil kilómetros cuadrados) su territorio, así como añadió 2 millones y medio de habitantes a su decreciente población.

Otros sostienen que, al margen de hipotéticos escenarios, Rusia sola se colocó al borde del enfrentamiento frontal con otras potencias nucleares.

 

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