Lunes, 21 Octubre 2019 16:39

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

Adriana Gómez, Zona de riesgo, técnica mixta sobre lienzo, 120 x 120 cm, 2015

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

 

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.


Estas elecciones se desarrollan en medio de un “estado” de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces vista. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan “Impopulares pero eficientes”.


En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los 4 candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.


Claudia López candidata verdeamarilla


Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Teresa Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.


López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque se oyen voces que consideran que sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.


No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer, entre otras el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad (optando por la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso) afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos “renovadores”, es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro. En contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha.


Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.


La Oposición de Hollman Morris


La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.


La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.


El delfín Miguel Uribe


El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que en las urnas ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.


En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.


El repunte de Galán


En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. O viceversa. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos, a última hora.


Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Propone soluciones cercanas a las que plantea Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.


Ambiente frío


Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de los sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.


Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. Contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás, son parte de la realidad que la afectan y de la agenda por abordar en el debate sobre el gobierno que debe regir en la misma. Como parte de ello también es fundamental el qué y como hacer para recuperar quebradas y ríos, así como humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Otro aspecto por abordar y resolver, mucho más cuando corresponde a una agenda electoral, es la movilidad, la cual le consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en su salud física y mental. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.


Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.


Todo está por pasar


Faltando tres semanas y unos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.


A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

 

*Consultor en Ciudades Inteligentes.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019

 

Elecciones/territorios. Antinomias del desarrollo: poder territorial y petróleo

La descentralización político administrativa que rige en Colombia es un decir. El Art. 331 de la Constitución Política (CP) da poder al municipio para ordenar su territorio y promover la participación comunitaria, mandato quebrado en la práctica por las instituciones económicas y políticas extractivas dominantes y la forma de gobierno centralista y jerárquica. Emana de esta dualidad antinomias en el desarrollo local a partir del conflicto o contradicción entre la explotación minero-energética y la construcción colectiva, popular y democrática de los planes de vida. En medio de ello, las elecciones regionales por realizarse en octubre parecen ser de simple trámite.

 

“Creo que fue en el año 2013 cuando la transnacional Ada citó una reunión en Pasca para la exposición de un proyecto de hidrocarburos que sería el bloque Fusa-Pasca, que es lo que se conoce como el Cor4. A partir de allí viene la organización de la comunidad. Se realizaron cabildos abiertos y se constituyó la campaña en defensa del agua y el territorio: “Agua y agricultura sí, petróleo y minería no”. Para su impulso y concreción […] la Consulta de Cajamarca-Tolima nos brindó luces y confianza” (1).

Así recuerda Rosa Ballesteros, quien fue una de las integrantes de Fusunga, Comité impulsor de la Consulta minera realizada en Fusagasugá en el mes de diciembre de 2018, el camino recorrido a lo largo de varios años para finalmente llegar a esta construcción popular y victoriosa en las elecciones que le siguieron. Experiencia similar también vivida en otra docena de municipios donde el país ha conocido del rechazo colectivo al ingreso de grandes empresas para llevar a cabo explotación minero-energética, lo que destruiría su terruño (2).
Pese al triunfo en las urnas, aún queda terreno por recorrer, pues la decisión comunitaria tropieza con la presión del Gobierno central, el cabildeo de las transnacionales y la decisión de los jueces que niegan la soberanía popular para decidir sobre asuntos como el concerniente al subsuelo, lo cual deja en manos del rango nacional.


Es una contradicción latente. La Constitución de 1991 (CP) buscó soluciones estructurales al crónico y creciente conflicto colombiano. No obstante, ésta albergó complejas antinomias que exacerban aún más las causas históricas del antagonismo. De una parte, por ejemplo, promueve la autonomía territorial, el desarrollo sostenible y la democracia participativa; de otra, promociona el poder central y jerárquico del Estado y estimula el capitalismo neoliberal. Al declarar que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables (Art. 332), la CP limitó la autonomía territorial, la democracia participativa y el poder local a la dimensión superficial del espacio o suelo. La reglamentación posterior, en la ley 685 de 2001 artículo 37, estableció que ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden excluidas de la explotación minero-energética; prohibición que aplica a los planes de ordenamiento territorial y de vida de las comunidades.


Sin embargo, tanto la Carta Política como el Código Minero reconocen la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado, mas no de la Nación (como ocurría en la antigua Constitución de 1886). Es decir, el subsuelo es de todos y no de la Nación exclusivamente, por lo que allí se debe incluir a los entes territoriales. Hecho que implica que la autoridad minera, previo al otorgamiento de licencias de exploración y explotación, debe consultar los planes de ordenamiento territorial y las normas de protección del patrimonio ecológico, cultural e histórico que hayan sido expedidas por los concejos. La jurisprudencia afirma que los municipios no solo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares cuando el desarrollo de cualquier proyecto amenace con generar cambios significativos del uso del suelo que den lugar a una transformación de las actividades tradicionales del ente territorial.


Como lo recuerda la experiencia vivida en Fusagasugá (Cundinamarca), San Lorenzo (Nariño), Cajamarca (Tolima) y muchas más, las consultas populares se encuentran en un limbo jurídico. La decisión de la Corte Constitucional dejó sin validez este mecanismo de participación ciudadana cuando se trate de la prohibición o regulación de la actividad minero-energética en los entes territoriales, y otros aspectos relacionados con el suelo y el subsuelo, donde existen competencias concurrentes entre ellos y la Nación. De acuerdo con la Sentencia SU-095 de 2018, el Congreso será el encargado de crear uno o varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos en los que se garantice la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales, donde se deberá tener en cuenta la “inexistencia de un poder de veto de las entidades territoriales”. Tarea aún pendiente en el Congreso y sin interés de emprenderla.


En paralelo, las consultas populares realizadas muestran que las comunidades rechazan tanto las actividades minero-energéticas, en la forma como se han desarrollado en el país, así como las nuevas técnicas de fracking, esto es, el fracturamiento hidráulico en lutitas (roca sedimentaria clástica de grano muy fino).


Petróleo, regalías y fractura social


Los debates en torno a la necesidad de las actividades minero-energéticas proyectan luz sobre las antinomias del modelo de desarrollo colombiano. En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos representan 36 por ciento de las exportaciones totales, ascendiendo en 2018 a 17.000 millones de dólares, o sea, el 40 por ciento del valor total exportado por el país.


La contribución del sector de hidrocarburos a las cuentas fiscales también ha sido importante; ésta se da por tres vías: la generación de ingresos tributarios de las petroleras, los dividendos que traslada Ecopetrol a la Nación por ser dueña del 88,5 por ciento de la empresa y la generación de regalías para las regiones. En las últimas dos décadas, las dos primeras vías representaron en promedio 14 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno. Adicionalmente, las regalías representan en promedio un poco más de 20 por ciento de los ingresos de las regiones; recursos que financian el gasto social y la infraestructura regional. El más reciente reporte del Ministerio de Minas y Energía (MME) indica que las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron 9,9 por ciento en 2018 respecto al año anterior, al pasar a 1.958 millones de barriles (Mdb) que equivalen a 6,2 años de consumo.

 

Las polémicas jurídicas, políticas, económicas, ambientales y las movilizaciones sociales que ocasiona este modelo de crecimiento basado en la explotación minero-energética son más candentes en los espacios local y regional. Particularmente, en los municipios “petroleros” existe un panorama generalizado de desarticulación y falta de agendas comunes; en el seno de la sociedad civil hay tensión frente a la problemática que implica la explotación minero-energética: mientras una tendencia defiende el empleo y los ingresos que le genera esta actividad económica extractiva a las finanzas del ente territorial, la otra rechaza de plano este modelo por los daños e impactos negativos que produce y se oponen al mismo mediante vías de hecho. Esta situación obstaculiza la unidad y posibles consensos entre las diferentes expresiones de la sociedad civil y quebranta en general el tejido social y los proyectos de futuro. En la relación de la sociedad civil con el Estado existe una desconfianza arraigada y con fundamentos; en general los diálogos intersectoriales (sociedad civil, Estado central, instituciones locales, empresa privada) son lábiles y endebles (3).


Petróleo, democracia y desarrollo


La economía colombiana cuenta con una antigua y consolidada industria petrolera que toma forma a principios del siglo XX. Son conocidas las transformaciones socioeconómicas típicas que esta actividad extractiva provoca y pueden, en consecuencia, ser previstas, así como sus efectos negativos que deben ser objeto de debate y concertaciones democráticas y políticas públicas que los eviten y regulen (4).


En general, no existe una relación directa entre participación política e ingresos de regalías por la explotación petrolera de las entidades territoriales (Gráfico 1 y mapas de participación electoral y recepción de regalías). Bogotá, que no es receptor de regalías, y Casanare, que ha recibido el volumen más alto de regalías en los últimos 16 años, registran los niveles más altos de participación política en las elecciones presidenciales de 2018. No obstante, el resto de entidades no beneficiarias de regalías tienden a registrar una baja participación política; las luchas por el control de las regalías y la confrontación por la planeación territorial y los modelos de desarrollo motivan a la sociedad civil a involucrarse activamente en los asuntos de interés público. A la vez, la industria petrolera y la política de distribución de sus beneficios contribuyen al desarrollo desigual y diferenciado del país.

 

Para el análisis de las relaciones entre petróleo, democracia y desarrollo se tienen en cuenta siete variables a nivel departamental (incluido el Distrito Capital) cuyo comportamiento estadístico se resume en el cuadro 1.

La participación relativa del potencial electoral en los comicios presidenciales de 2018, a nivel departamental, registra una media de 50,2 por ciento. Las entidades territoriales con mínimos de participación corresponden a San Andrés (31,5%), Vichada (33,2%), La Guajira (37,1%), Vaupés (37,4%) y Chocó (39,1%). Los menores porcentajes de abstención corresponden a los departamentos con una participación relativa superior a la media nacional en las elecciones de 2018: Casanare (64,7%), Cundinamarca (63,2%), Bogotá, D. C. (62,2%) y Boyacá (60,7%).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el período 2004-2019, el Ministerio de Hacienda giró a las entidades territoriales regalías por valor de 37 billones de pesos. La inversión es el principal destino de las regalías. El Acto Legislativo 05 de 2011 modificó el régimen de regalías del país y estableció las normas generales que rigen para el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR). Los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, sino que tienen su propio sistema presupuestal. Como se trata de ingresos finitos y/o volátiles, el buen uso de las regalías depende de la realización de inversiones para que a mediano o largo plazo los territorios logren nichos de desarrollo económico que les permita contar con fuentes de ingreso, esas sí estables; así como avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. En general, al uso de las regalías lo caracteriza la atomización de los recursos y proyectos, que va de la mano con inversiones poco pertinentes. En la priorización del gasto de las regalías a nivel departamental incide no solamente una dimensión técnica sino una dimensión política muy fuerte; la posibilidad de orientar estratégicamente las inversiones se ve limitada por la visión que imponen muchos gobernantes, estrechamente ligada a la necesidad de obtener réditos políticos, y a las históricas prácticas de clientelismo y corrupción (5).

Seis entidades territoriales han recibido durante los últimos 16 años regalías por la explotación de hidrocarburos superiores al billón de pesos: Casanare ($6,3 billones), Meta ($ 5 billones), Arauca ($3,4 billones), Huila ($2,2 billones), Santander ($1,7 billones) y Tolima ($1,1 billones). En contraste, ocho departamentos y el Distrito Capital no reciben recursos provenientes de las regalías petroleras; además de Bogotá, las entidades territoriales excluidas son: Amazonas, Caldas, Chocó, Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Vaupés (ver mapa sobre participación departamental en las regalías).


La distribución de las reservas probadas de hidrocarburos es heterogénea y concentrada en el territorio nacional. El departamento del Meta aporta un 45 por ciento de las mismas, con 888,4 millones de barriles, seguido por Casanare con un 19 por ciento (380,8 Mdb) y Santander con un 13 por ciento (254,6 Mdb). El 61 por ciento (20 entidades) de los departamentos (incluido Bogotá) no disponen de reservas probadas de hidrocarburos, por tanto son excluídas del SGR (ver mapa). No obstante, los municipios puertos, y los puertos de carga, descarga y cabotaje si hacen parte del SGR.


La percepción de corrupción en Colombia sigue en aumento. El flujo de grandes sumas de dinero para la inversión pública, en sociedades donde la democracia efectiva es una ilusión y el poder clientelar una realidad, potencia la ambición o el mal uso de tales recursos. No es casual que la percepción de la corrupción en Colombia aumente durante el último cuatrienio. Según estudios de 2019 sobre este particular, para el 52 por ciento de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción; considerando así mismo el 94 por ciento de los encuestados que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (6).


Por departamentos (cuadro 1), el índice de transparencia promedio es de 61,7 (la escala del índice va de 0 a 100, siendo 0 equivalente a muy corrupto y 100 a muy transparente o virtuoso). Para el año 2018, seis fueron los departamentos con percepción de alta corrupción, esto es, con puntajes inferiores a 50 puntos: Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Magdalena y Vaupés. Los departamentos con un índice de transparencia más elevado o menos corruptos, esto es, mayor a 75 puntos, son seis: Antioquia, Cundinamarca, Meta, Risaralda, Santander y Tolima.

Estamos ante unos flujos de dinero que generan realidades contradictorias en el país, y que no condicionan ni determinan desarrollo social, mejoramiento de la infraestructura, ni ahondamiento de la democracia formal. Al estudiar las diferencias departamentales en los valores de los indicadores de participación política, regalías y reservas petroleras y corrupción, la dispersión o variabilidad de los datos no es tan alta en relación a los valores medios. Lo contrario sucede con los indicadores de PIB per cápita, pobreza multidimensional y violencia homicida, la dispersión tiende a ser el doble respecto a las demás variables analizadas (ver cuadro 1).

 

 


Para el año 2018, el ingreso medio por persona fue de $15,8 millones; con un mínimo de $6,2 millones (Guaviare) y un máximo de $42 millones (Casanare).

Tenemos ante nosotros, una escala de ingresos que en ocasiones alcanzan para vivir con cierta holgura y en otras para sobrevivir en penuria. Para precisar esto, el Índice de pobreza multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo, la protección de la niñez y el nivel de vida. El valor medio del IPM en Colombia para el año 2018 es de 28,2 por ciento. El IPM más bajo (inferior al 15%) corresponde a Bogotá (4,4%), San Andrés (8,9%), Cundinamarca (11,5%), Risaralda (12,5%), Santander (12,9%) y Valle del Cauca (13,6%). Los departamentos que registran una población viviendo bajo condiciones de pobreza superior al 50 por ciento son: Guainía (65%), Vaupés (59,4%), Vichada (55%) y La Guajira (51,4).

En medio de ello, no necesariamente como su extensión mecánica, Colombia registra el negativo privilegio de presentar uno de los más altos índices de violencia homicida del mundo. La media de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 24,3 para el año 2018. En 2019, año de elección de las autoridades territoriales, la violencia política disparó la tasa global. Solo en cuatro entidades territoriales la tasa de homicidios es inferior a 10 por cada cien mil habitantes: Vaupés (4,5), Boyacá (6,6), Guainía (6,9) y Amazonas (8,9). Los departamentos más violentos, con tasas superiores al 40 por 100.000 habitantes, son: Arauca (59,1), Caquetá (41,5), Putumayo (46,5) y Valle del Cauca (47,8).


En estas circunstancias, ¿existe alguna causalidad o correlación entre los ciclos petroleros y los de violencia? El gráfico 2 ilustra las dinámicas de la industria petrolera y la violencia homicida durante el último siglo. Dos ciclos de violencia se registran en estos cien años: i) “La Violencia” (1946-1966) causó cerca de 300.000 asesinatos y la migración forzosa de más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total que sumaba el país, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes; ii) el conflicto armado del último medio siglo deja hasta ahora un balance cercano a los 9 millones de víctimas entre homicidios, población desplazada y desaparecidos, además de la rapiña de 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas a agricultores medios, campesinos, pueblos afro e indios.

 

 

En Colombia el petróleo se convirtió en el motor de la economía y en la base fundamental de las finanzas del Estado a partir de la década de 1980. (Ver recuadro: El ciclo reciente) De acuerdo con el gráfico 3, a principios del siglo XXI la contribución de la rama de explotación minero-energética al valor agregado nacional era de 7,7 por ciento; en 2011-2012 alcanzó el pico de 13,1 por ciento promedio; en los años siguientes se registró una paulatina caída en la participación debido a la destorcida de los precios del petróleo en el mercado internacional, en consecuencia el aporte de esta rama económica cae a 5,1 por ciento en 2016. En los años 2018-2019, recupera parte del terreno perdido y alcanza una contribución al valor agregado nacional de 6,5 por ciento.

Un crecimiento en importancia para el fisco nacional que no se traduce en un aporte significativo para el empleo ya que el sector se caracteriza por la baja intensidad en la generación de puestos de trabajo. En el año 2001 la explotación minero-energética aportaba el 1 por ciento de los empleos en Colombia; en 2010-2011 generó el 1,8 por ciento de las ocupaciones; en 2019 contribuye con el 1,3 por ciento.

Ni más participación política directa, ni menos corrupción, ni más inclusión y bienestar, ni más violencia

El hecho que una entidad territorial haga parte o no del SGR y del volumen de regalías que la ha beneficiado durante el periodo 2004-2019, rango de tiempo estudiado para este artículo, no es garantía de una mayor participación democrática o de reducción de la corrupción. No hay un buen uso de las regalías que permitan a las entidades territoriales beneficiarias avanzar en la superación de las brechas de exclusión y pobreza. La violencia homicida no registra una particular relación con las entidades territoriales petroleras; esta situación significa que las causas de la violencia son multifactoriales, con dinámicas complejas y es una patología social y cultural que afecta todo el territorio nacional.


Así lo permiten establecer los gráficos 4 a 8, mediante los modelos de regresión de mínimos cuadrados, la relación de causalidad entre las regalías recibidas por los departamentos y la condición de participación política, corrupción y desarrollo local (7). Los resultados se resumen en cuatro tendencias: i) una relación positiva y significativa (R²=0,461) entre el ingreso per cápita en función del volumen de regalías recibidas por el departamento (gráfico 6); ii) una relación positiva pero débil o poco significativa entre la participación electoral (R²=0,168, gráfico 4) y la transparencia de las instituciones (R²=0,118, gráfico 5), de una parte, en función del valor de las regalías, de otra; iii) una relación negativa y poco significativa entre la reducción de la pobreza multidimensional (R²=0,032) y el aumento en el valor de las regalías (Gráfico 7); iv) la medición de la tasa de homicidios en función de las regalías da como resultado que no hay relación estructural o que las variables son independientes y no están relacionadas (Gráfico 8).

 


En conclusión, o dicho de manera más fuerte, la evidencia empírica demuestra que las actividades de explotación minero-energética no generan dinámicas virtuosas de mayor democracia, no mejoran la transparencia de las instituciones públicas, ni reducen la pobreza, la exclusión o las desigualdades sociales. Lo único evidente es que sí elevan el ingreso per cápita local y regional creando condiciones potenciales de mejorar la infraestructura local y regional y de financiar el gasto social. Respecto a la violencia homicida que caracteriza al país, no existe evidencia para afirmar que los territorios donde está concentrada la industria petrolera sean más o menos violentos que las demás entidades territoriales del país. Por tanto, petróleo no es sinónimo de democracia, transparencia, bienestar y desarrollo, pero sí un fuerte imán para que las fuerzas políticas tradicionales de cada región pretendan el control eterno de la renta que reciben sus entidades territoriales, lo cual se decide a través del ejercicio de la democracia formal cada cuatro años.

Los retos


Colombia debe salir del anclaje histórico o dependencia de los recursos naturales y energéticos, esto es, de las actividades extractivas, trascender hacia una democracia directa, radical, plebiscitaria, garantizar con ellos que las comunidades sientan que en efecto deciden sobre su presente y futuro, de manera que la Constitución Nacional supere las antinomias que hoy la rigen. En esa ruta, la explotación minero-energética sostenible debe servir para la vida digna de la gente y no para la destrucción de sus territorios ni para someterlas a un mal vivir y conflictiva convivencia. Las voces de las miles de Rosas Ballesteros que habitan en Fusagasugá, Cajamarca, Piedras, San Lorenzo y, en general, los 120 municipios que hasta ahora con decisión han rechazado la explotación minero-energética en sus territorios, debe ser escuchada y tomadas como mandato.


Este propósito, que es un ideal, difícilmente puede hacerse realidad en el corto plazo, toda vez que las clases dirigentes amarraron al país a la dependencia económica y fiscal de la extracción de hidrocarburos y minería. Son muchos los intereses que giran alrededor de la explotación minero-energética; además, el limbo jurídico a que está sometida la democracia local respecto a la limitación de las consultas populares y la presión de los poderes reales que dominan en el país en unión con la tecnocracia y las empresas petroleras para implementar las tecnología no convencionales, todo en conjunto presagia la intensificación del conflicto social, de la confrontación armada y del despliegue de variopintas organizaciones mafiosas en alianzas con la clase política local o regional.

Por ello, una alternativa ante esta realidad es que las empresas petroleras se articulen sinérgica y consensualmente a los procesos participativos y de autonomía popular en la construcción territorial y democrática de sus planes de vida. Con este fin se requiere de la conformación de un movimiento social con arraigo territorial, y de una política pública democrática e inclusiva que regule las actividades minero-energéticas, favorable al bienestar, paz y autonomía de las comunidades, el desarrollo local y regional sostenible, la organización, unidad y fortalecimiento del poder popular.


En ese giro, existen razones poderosas para recuperar los conocimientos tradicionales e impulsar las actividades económicas ancestrales en unión con las modernas ciencias y tecnologías, de una parte, y las avanzadas prácticas de mercadeo y comercialización nacional y global. El país debe acelerar la innovación exportadora hacia el agro, la industria y su combinación, tal como lo han logrado hacer otros países de Sur América y del Tercer Mundo en las últimas décadas. La construcción colectiva y democrática de planes de vida, producto de la unidad y esfuerzo político y organizativo de la comunidad, motivado por las necesidades sociales, es la única estrategia segura a practicar para mejorar las condiciones de vida locales y regionales, como para alcanzar una paz justa y duradera, con lo cual el país podría desanclarse de la dependencia extractiva minero-energética, en general, y petrolera, en particular.


De esta manera podría la sociedad, desde abajo, desde el poder local y territorial, darle materialidad, sentido y significado al principio fundamental de la Constitución política en su artículo primero: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

 

1. “Esta consulta hay que ganarla porque es la más grande efectuada hasta ahora en el país”, desdeabajo diciembre 9 de 2018.
2. Al finalizar el año 2018 sumaban 120 las consultas populares y los acuerdos municipales que se habían puesto en marcha con el objetivo de prohibir proyectos del sector minero energético. Algunas de estas consultas ya habían sido votadas, mientras que las iniciativa de otras fueron suspendidas. Así mismo, hay acuerdos municipales vigentes como otros que han sido declarados sin validez. La distribución del total de procesos o acciones para prohibir la explotación minero-energética en sus municipios, según departamentos, es: 20 en Antioquia, 14 en Huila, 13 en Santander, 12 en Cundinamarca, 11 en Tolima, 1º en Casanare, 9 en Meta, 9 en Boyacá, 6 en Caquetá, 5 en Quindío, 3 en Putumayo, 2 en Arauca, 2 en Cauca, 1 en Norte de Santander, 1 en Cesar, 1 en Risaralda y 1 en Nariño.
3. Rampf, D. y Chavarro, D. (2014). Las tendencias de la sociedad civil en Colombia. Una radiografía de la sociedad civil en seis municipios petroleros. CINEP/PPP-Asociación de fundaciones petroleras, Colombia, pp. 388-390.
4. Los estudios en el terreno permiten concluir que las consecuencias negativas pueden agruparse en seis ámbitos: i) concentración del ingreso y la propiedad de la tierra, ii) implantación arbitraria y agresiva de empresas petroleras, ausencia de encadenamientos económicos y desplazamiento de actividades productivas tradicionales de la región, iii) presencia de grupos armados al margen de la ley y aumento de la conflictividad sociopolítica por encima de la capacidad del sistema político regional y local para resolverla, iv) turbulencia demográfica y cultural por los volúmenes de inmigrantes que llegan provenientes de todo el país y el desplazamiento forzado de las comunidades originales del territorio, v) pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y contaminación de las fuentes de vida, vi) alza especulativa de los precios de la canasta básica familiar.
5. Edgardo José Maya, Contralor General de la República. “Informe de la situación de las finanzas del Estado en 2016”. Resultados del Sistema General de Regalías 2015-2016. Contraloría General de la República, Bogotá, julio de 2017, pp. 5-10.
6. Resultados del Barómetro Global de Corrupción para América Latina, elaborado por Transparencia Internacional donde detalla que para el 52 % de los colombianos encuestados en el último año aumentó la corrupción. http://www.redmas.com.co/colombia/percepcion-de-corrupcion-en-colombia-sigue-en-aumento-segun-ong/, consulta 26/09/2019
7. Estadística y variables: En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre unas variables dependientes Y (participación electoral en la elección de presidente 2018, Pib por habitante, pobreza, violencia Índice de transparencia), la variable independiente Xi (valor de las regalías recibidas por cada departamento durante el período 2004-2019) y un término aleatorio ε. El resultado de la relación entre este conjunto de datos se ajusta a una función cuadrática. El coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1: cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la variable que estamos intentando explicar; de forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. En general, r > 0 indica una relación positiva (las dos variables aumentan o disminuyen simultáneamente) y r < 0 indica una relación negativa (a valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y viceversa), mientras que r = 0 indica que no hay relación (o que las variables son independientes y no están relacionadas).

* Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

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Sábado, 19 Octubre 2019 11:05

El ascenso hacia los extremos

Adriana Gómez, Apagando incendios, de la serie “Asombrados”, técnica mixta, 80 x 80 cm, 2015, http://www.adrianagomez.net/site/

Palabras fuertes, plagadas de calificativos, dibujan con toda luz el estado de las maltrechas relaciones colombo-venezolanas.


Por un lado, “dictador”, para referirse a Nicolás Maduro, es el rutinario decir desde el gobierno colombiano; por otro, “patiquín del imperio” es la manera como el presidente venezolano califica a Iván Duque. Estas expresiones resumen, sin las formalidades de la diplomacia, el real estado de las relaciones entre ambos países.


Por la parte colombiana, el camino hacia esa cima alcanzó matices de gris durante la presidencia de Juan Manuel Santos, que terminó tomando partido por la oposición venezolana una vez declarado ilegal el legislativo del país vecino. La decisión es reflejo del desencanto por no haber logrado recuperar para el capital nacional los seis mil millones de dólares y más que los industriales y comerciantes criollos alcanzaron a vender por varios años a sus vecinos.


Así, sin nada que perder, el gobierno de Santos se alineaba y obedecía de manera abierta al de Obama, que el 9 de marzo de 2015 firmó el decreto ejecutivo por medio del cual declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” contra los Estados Unidos, dejando el campo abierto para un conjunto de medidas sancionatorias y de bloqueo, que con el paso del tiempo tomaron forma de la mano de Trump, sin aplicarse hasta ahora todas, según el decir del presidente del país del Imperio, lo que permite visualizar la estrategia en uso: estrangular hasta que el objetivo caiga o, lo que es igual, una estrategia de desgaste en la cual la intervención armada no es más que un espantapájaros. No así posibles acciones violentas de distinto tamaño y propósito.


Precisamente, es con el gobierno sucesor de Obama, menos simulador en sus formas y más directo de palabra y acción, hasta parecer totalmente antipolítico, que las medidas previstas por el decreto ejecutivo que declara a Venezuela como “amenaza” van tomado forma.


Para proceder, buscando en todo momento rodearse de países aliados, se ampara también en el desconocimiento, por “fraudulentas” de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y que dieron aval a Nicolás Maduro para un nuevo periodo de gobierno. Caído éste en desgracia ante el poder del Norte, el golpe de Estado y/o el mismo magnicidio queda como opción ante otro conjunto de medidas por tomar, entre las cuales ya han sido desplegadas: cierre de todo flujo de divisas hacia Venezuela, sanción para quienes comercien en diversidad de sectores con este país, decomiso y embargo de sus bienes con asiento en los Estados Unidos o que transiten por su sistema financiero, estímulo al alzamiento militar en pro del derrocamiento de Maduro, financiamiento y estimulo de conspiraciones de todo tipo para llevar al extremo la maltrecha economía del asediado país, estimulo a la conformación de bloques de gobierno en la subregión para desconocer la legitimidad de Maduro así como aislar a su gobierno, alineamiento de la Unión Europea para que también proceda con sanciones de diverso orden, pero también acompañamiento y fortalecimiento de quienes internamente se le oponen, instigándolos y cubriéndolos para todo tipo de acciones, legales e ilegales, entre otras de las medidas hasta ahora desplegadas.


Al mismo tiempo, en Colombia, favorecido por el regresivo ambiente local y global auspiciado desde la Casa Blanca, alineándose de manera abierta con su gobierno y con las medidas tomadas por éste para dar cuenta de Nicolás Maduro, el sucesor de Santos recoge el mandato estadounidense y sin tapujos llama al golpe de Estado, al alzamiento armado de las fuerzas armadas bolivarianas, beneficiando asimismo el actuar legal e ilegal de la oposición.


Es éste un proceder provocador, un actuar dispensado sólo para quien es considerado enemigo, calificativo que no se puede labrar simplemente porque su población esté buscando, allende sus fronteras, soluciones alternativas para la grave crisis que los afecta en lo económico y social, en todo lo amplio de la palabra. Como tampoco por haber escogido un modelo económico y político que a primera vista desdice de la tradición regional.


En efecto, el tratamiento al cual ha llegado el gobierno Duque, más allá incluso del otorgado por los propios Estados Unidos, o tal vez para obviarles a éstos tales procederes, es la expresión de un fanatismo sin par, producto del cual el contradictor no es tal sino mucho más, enemigo, y como tal hay que tratarlo. Según el gobierno Duque, el de Maduro es un gobierno enemigo de la democracia y por tanto una dictadura, y él, Duque, un fiel defensor de las formas democráticas y un cruzado en su defensa.


En beneficio de ello, Duque reconoce sin demora a Juan Guaidó como “presidente interino y legítimo” de su país, una vez designado así por la Asamblea Nacional, que tilda a Maduro de “usurpador”. Es un golpe de Estado institucional, legalista, con un reconocimiento que sirve para que máximo en un mes cite a elecciones y así se llene el vacío de poder existente en el país. Pero, pese a la norma y al paso de los meses, sin citar a elecciones –pues quedaría en ridículo–, el ‘designado’ se atornilla a sus ficticias funciones más allá del tiempo que le otorga la propia norma a la cual se abrazó para fraguar el golpe institucional, acción que, de acuerdo a todos los cálculos de quienes la concibieron, debiera propiciar al unísono un levantamiento social y militar, pero ni lo uno ni lo otro sucedió, y el designado entró en desgaste con el paso de los meses, sostenido únicamente por Estados Unidos y sus aliados, y por el eco de los mass media oficiosos. Como en las guerras, sin decisiones rápidas, inmediatas, se pierde el factor sorpresa, y lo actuado puede ser neutralizado e, incluso, revertido.


En su cruzada, el gobierno Duque lidera la conformación del Grupo de Lima para aislar regionalmente al de su vecino, al tiempo que esa suma de países estimula y protege a quien se alce al interior de Venezuela para dar cuenta del presidente. A la par, desarticula la agenda de integración regional labrada en tiempos de Chávez, pensada y diseñada para que funcionara sin la presencia de la potencia que determinó el desporvenir de la región durante un largo siglo. Es decir, la estrategia, más allá de las apariencias, no es solamente contra Maduro y su ‘usurpación de la presidencia’ sino asimismo contra un posible deslizamiento de la región, más allá del control y el dominio norteamericanos.


Actúa Duque de igual manera en la OEA –aunque no haga parte de la misma el cuestionado gobierno chavista–. Y, como si fuera el vocero del bien contra el mal, no desaprovecha tribuna alguna para sindicar a su par de todo lo creíble y lo increíble. Es un proceder sin respeto por los preceptos más elementales de la diplomacia, para lo cual conspiran y juegan en el tablero de los militares, sin contenerse ante el futuro inmediato y mediato de los millones que habitan la subregión andina y mucho más allá. Lo ocurrido el pasado 22 de febrero ilumina con intensa luz tal realidad, cuando la facción paramilitar de Los Rastrojos es instrumentalizada para llevar a Juan Guaidó hasta Cúcuta y allí entregarlo al gobierno colombiano, que para su movilización dispone, en territorio de Norte de Santander, de todo lo requerido para un jefe de Estado, además de recibirlo como tal, con alfombra roja –aunque alargada en polvoriento potrero–, guardia presidencial y demás: todo un actuar digno de la mejor ficción de lo real maravilloso, aunque en este caso ridículo, pero esencia y conclusión, por un lado, del fanatismo que los enerva, y, por otro, de hasta dónde están dispuestos a llegar ante su enemigo.


La instrumentalización de Los Rastrojos, como bumerán, ahora que es pública la forma cómo operaron y llevaron a su protegido hasta el sitio que les habían ordenado, desnuda la real manipulación del paramilitarismo que ejerce el gobierno –El Estado– colombiano, ferviente e irrenunciable operador de “todas las formas de lucha”. Al hacerlo así, se confirma lo repetido una y otra vez por Maduro: que desde Colombia conspiran contra él, fraguan atentados, preparan golpes de Estado, y que los paramilitares ingresan desde Colombia al territorio venezolano. Y si estas denuncias son “gratuitas”, como mínimo queda la duda, denuncias tomadas como ridículas por los medios de comunicación oficiosos, que una y otra vez se ríen de las mismas mientras le dan parlante e imagen a su contrario, tanto en nuestro país como en el de las barras y las estrellas.

Por tanto, es necesario preguntar:

– ¿Tuvo que ver el gobierno de Colombia –cómo y hasta dónde– con el intento de magnicidio ejecutado con drones el 4 de agosto/18 en contra de Maduro y la cúpula del gobierno que él dirige?
– ¿Tiene responsabilidad el gobierno de Iván Duque en el intento de golpe de Estado fracasado del 30 de abril de 2019, cuando Juan Guaidó y Leopoldo López no lograron el levantamiento militar que pretendían?
– ¿Estaba el gobierno Duque detrás del denunciado y abortado intento de golpe de Estado del pasado 27 de junio?
– ¿Ha patrocinado, estimulado, ocultado, protegido el gobierno colombiano a los artífices de decenas de componendas, conspiraciones golpistas y acciones militares desestabilizadoras, denunciadas durante años por el gobierno de Hugo Chávez y luego por quien le sucedió en el Palacio de Miraflores?


El pretexto


Según el gobierno de Iván Duque, su par venezolano protege a la insurgencia colombiana, es decir, desde Venezuela sus líderes conspiran y facilitan el actuar de fuerzas armadas insurgentes para que den cuenta de la democracia colombiana. Es éste un señalamiento con años de repetición aunque sin pruebas duras, más allá del efectivo deambular de guerrilleros criollos entre ambos países, de lo cual dan testimonio quienes ahí habitan.


Pero la denuncia de conspiración, complacencia, encubrimiento y procederes similares no parece real, ya que, si estas agrupaciones recibieran el apoyo denunciado, ya hubieran transcendido a una guerra más efectiva, jaqueando a las fuerzas armadas nacionales. Pero, como resulta evidente, no es así.


La denuncia, por consiguiente, parece esconder su verdadero propósito, el mismo que llevó a Duque a entregar un dossier para así demostrarlo en las recientes sesiones de Naciones Unidas: elevar al Estado venezolano al status de terrorista y, así, además de ahondar su aislamiento global, abrirle paso legal a una posible intervención militar avalada por los organismos internacionales. Es una intervención que, de no llevarse a cabo, actuaría en el campo de la presión psicológica, desgastando, propiciando divisiones al interior del propio gobierno, obligando al incremento del gasto militar que con tal fin apropia recursos económicos urgentes para paliar el decaido bienestar social.


Es aquella la típica estrategia de los Estados Unidos, por medio de la cual elevó a “eje del mal” a países como Corea del Norte, Iraq y Libia. El saldo final de dos de estos países es conocido; el otro logró protegerse amparado en su poderío militar y la neutralización de toda conspiración que pretendan auspiciar desde la potencia estadounidense.


Una luz que ilumina este propósito es la misma animadversión que desde el gobierno Duque se muestra por su par cubano –con el que por años se llevaron relaciones armoniosas–, gobierno que sumó todos sus recursos para convencer a las Farc de la necesaria negociación de paz; país igualmente sometido por Estados Unidos a un renovado estrangulamiento que por lo pronto agota sus reservas de hidrocarburos.


Bien. Tras ese propósito, ahora el gobierno Duque pretende que las Naciones Unidas le indilguen el estatus de terrorista a la isla caribeña. ¿La prueba? Proteger a los negociadores del Eln, los mismos que, tras la ruptura unilateral por parte de Duque de las negociaciones de paz heredadas del gobierno Santos, permanecen allí por no encontrar las condiciones concertadas para regresar al territorio nacional. Todo parece indicar que, para ayudar al propósito de los Estados Unidos de conjurar la pesadilla que no logra sacar de su reposo luego de seis décadas, el gobierno Duque está dispuesto a torcerle la realidad al Derecho Internacional. Estamos ante un despropósito animado por el fanatismo, que no es buen consejero.


De esta manera, radicalizado por una ideología de unilateralismo, que no acepta –como no lo aceptan sus mentores– que en sus cercanías entren a jugar otros poderes globales, el gobierno Duque actúa como demente, sin reparar en que el mayor mandato que tiene entre sus manos es el de la paz, local y regional, que pone en riesgo por garantizar el dominio de los Estados Unidos en estos terruños regionales.
El ascenso hacia los extremos prosigue a paso rítmico.

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:23

Elogio del tumulto

Elogio del tumulto

 

15M, conflicto independentista... Nuestra democracia tiene fobia al conflicto y sin embargo el conflicto es fuente de toda vitalidad y justicia social.

"De los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes" (Maquiavelo)

 

¿Cuál es la principal aportación de Maquiavelo al pensamiento político? Según el filósofo francés Claude Lefort, es la idea de división social. No hay armonía en ningún sitio, toda sociedad se encuentra dividida entre los Grandes que quieren dominar y el pueblo que rechaza ser dominado. Entre ambos hay desunión, tumulto y conflicto. La vitalidad y la justicia de cualquier sociedad se juega siempre en la disposición que da a esa división insuperable.

¿Será el conflicto absorbido, sofocado o tendrá alguna vía abierta para desplegarse? De la respuesta a esta pregunta se deducen según Maquiavelo-Lefort los tipos de organización social: el principado, en el cual las instituciones están por encima de la sociedad y se protegen de sus agitaciones; la república, en la cual la ley se deja afectar por el conflicto y se transforma para darle una respuesta; la anarquía, donde el conflicto no tiene ninguna respuesta y corre el riesgo de pudrirse o convertirse en guerra civil.

En la primera opción, la ley es propiedad de los Grandes y su avidez de poder y riqueza no encuentra ningún freno, la sociedad queda sometida. En la segunda, la rapacidad de los Grandes encuentra un límite, el conflicto del pueblo logra modificar las leyes establecidas, su deseo de no ser gobernados se inscribe en derecho (la creación del tribuno de la plebe en Roma, por ejemplo). En la tercera, la situación se detiene, se estanca o se pudre al no encontrar ninguna forma de elaboración.

Pueblo es lo que no quiere ser dominado. La república es la imposición de la cosa pública al partido de los ricos. Sólo el tumulto, el conflicto que viene de abajo, da lugar a la generación de nuevas leyes y a la libertad política; es el mayor factor de cambio histórico.

Nuestra organización social no se parece en nada a una república, sino que encaja perfectamente con la definición del principado. Pretende ignorar que hay división entre dominantes y dominados, entre gobernantes y gobernados, es ciega al hecho de que siempre hay división, que la división es insuperable. Piensa la arquitectura institucional como una "solución" y un "sistema armónico" donde cada cosa tiene su lugar y su función establecida por siempre jamás: la gente vota, los partidos legislan, la Constitución marca las reglas de juego de la vida en común, los gobernantes disponen y los gobernados acatan.

¿Y si desacatan? Ningún conflicto tiene razón de ser: es un disfuncionamiento, una anomalía, una locura irracional, algo que no debería ser y que no pasaría "si el pueblo entendiese" (la complejidad de la situación, las exigencias de Bruselas, la necesidad de expresarse en los cauces de la ley, etc.). Un poco de pedagogía, vía antidisturbios o tribunal supremo, servirán para explicarle bien las cosas.

Tres ejemplos

Lo llaman democracia pero no lo es. Lo nuestro es más bien un sistema cerrado y al servicio de las exigencias de explotación y poder de los Grandes, una oligarquía con algunos mecanismos internos (pocos) de control recíproco entre los oligarcas, una cultura consensual que tiene verdadera fobia y pavor al conflicto, esto es, al motor de la vitalidad social y de la justicia, un poder elevado sobre la gente común que no se deja afectar o transformar por las reivindicaciones populares.

Algunos ejemplos recientes:

-cuando el rechazo de cómo somos gobernados se expresó en el 15M, el conflicto abierto no afectó para nada a las estructuras de poder ni se tradujo en ninguna ley (ni siquiera la razonabilísima propuesta de ley sobre la vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca apoyada en miles de firmas y consenso social). El 15M fue reprimido por una parte a través de cargas policiales, heridos y detenidos, sistemas de penalización administrativa vía multas, procesos penales, hasta la ley mordaza finalmente que considera delito gestos activistas básicos como testimoniar sobre la brutalidad policial o circular convocatorias.

Por otra parte, el conflicto fue absorbido por vías de cooptación más sutiles: una cierta incorporación por parte de los políticos de algunas palabras, algunos gestos, algunas demandas, pero sin afectación alguna, sin que esa "integración" supusiese cambio real alguno. Puro maquillaje, cosmética, gestos simbólicos disociados de cambios materiales. Ninguna modificación sustancial en el ámbito institucional. Sólo nuevos condimentos para el "relato" político: símbolos, guiños comunicativos, retóricas y algunos detalles menores (transparencia, primarias).

Sofocando (vía represión o cooptación) el conflicto propuesto por el 15M, se perdió una oportunidad de reinventar nuestra democracia (que no lo es). Los problemas señalados por el 15M no se elaboraron creativamente, simplemente se han congelado y ahora se pudren. Hasta el próximo tumulto.

-el 1 de octubre de 2017, dos millones de personas acuden a votar en un referéndum simbólico por la independencia. Es un gesto de desobediencia que llama la atención sobre la extensión de malestar con respecto a un tipo de encaje territorial, a un tipo de democracia de muy baja intensidad. No se trata simplemente de una cuestión nacional, nacionalista o identitaria, es algo evidente para quien tenga oídos y los use para escuchar. Se expresa ahí un rechazo del sistema político español, hay un deseo de otra situación, de otras reglas de juego, de una república, etc. La respuesta es… ninguna. La represión del 1 de octubre primero, la judicialización de la política después.

Según Maquiavelo, si la vida de Roma fue larga y justas muchas de sus leyes se debió a que la sociedad y la institución era permeable al conflicto. En nuestra sociedad la ley -un instrumento para la vida en común- se convierte en un fetiche sagrado, es decir que no se puede profanar, es decir que no se puede tocar. Al revés, en su nombre se pone fin a todo lo que interrumpe el orden.

Sofocando el conflicto abierto el 1 de octubre, se cierra una oportunidad de reinventar el encaje territorial, las reglas de juego de la convivencia, las hechuras mismas del Estado y el significado mismo de España, algo que no sólo se desea en Catalunya. El conflicto que no encuentra ninguna respuesta o forma de elaboración se pudre, amenaza convertirse en conflicto horizontal entre la propia gente de abajo.

-un tercer ejemplo que no me resisto a poner aunque sea de otra índole: el caso de Podemos. Los líderes de Podemos nos han abrasado los oídos desde su aparición con sus lecturas tan sabias sobre Maquiavelo. Pero, ¿qué encontraban en Maquiavelo? Lo más banal: que lo político es una técnica, que el poder lo es todo, la separación entre moral y política, el juego de tronos (ganar o morir). Ni rastro de la idea más fecunda del florentino: dar espacio a lo que disiente, la fecundidad del conflicto. Todo lo contrario, en un proceso alucinante y un tiempo récord, se ha laminado y expulsado a todos los que pensaban distinto ¡y todo ello sin quitarse el 15M de la boca! La misma cultura política de fobia a la división.

Resultado: se pierde la oportunidad de reinventar la forma-partido y lo que queda de Podemos es una cosa homogénea, por tanto rígida, por tanto débil, por tanto en vías de extinción. A falta de un verdadero balance autocrítico, encarnado, con efectos y no sólo retórico, Íñigo Errejón va por el mismo camino.

Sin conflicto, ni vitalidad ni justicia

Tanto a izquierda como a derecha, "el gobierno es permanentemente enemigo del cambio". La derecha odia con todas sus fuerzas (casi físicamente) cualquier anomalía: desde los manteros hasta las casas okupadas pasando por toda expresión popular ingobernable. La izquierda por su parte tiende a la hipocresía: su sueño -el sueño más que evidente de Pedro Sánchez por ejemplo- es gobernar como la derecha pero con los votos (y la legitimidad) de la izquierda. Y la Nueva Política, por su parte, fetichiza las nociones de "orden" y "estabilidad" como si se pudiese imponer la cosa pública al partido de los ricos (que es trasversal a todos los partidos) sin ningún conflicto o inestabilidad de por medio.

Unos y otros hablan del Estado del bienestar, pero olvidan que este fue justamente un efecto de la división social y la capacidad de conflicto de la gente de abajo. En medio de condiciones muy duras, las luchas obreras consiguieron la reducción de la jornada de trabajo, el aumento de salario, derechos sociales, etc. Nada de armonía, uno se divide en dos: hay patrones y hay obreros, el tumulto se expresa como lucha de clases y el "reformismo" es justamente la plasticidad de la ley en su regulación. Todo eso -con los infinitos claroscuros de la dialéctica entre lucha e integracion de los que no nos vamos a ocupar aquí- ya no existe. El sistema no reconoce la división social, ahora somos todos "empresarios de nosotros mismos". El neoliberalismo desmantela todas las mediaciones que respondían creativamente al conflicto y ya no hay espacio alguno para el resto popular ingobernable. El capitalismo hoy se ha desbocado por ausencia de conflicto.

Si nuestra democracia es tan raquítica y suscita tan poco entusiasmo se debe precisamente a esto: no se deja afectar por los tumultos de abajo, no quiere saber nada de la energía del demos, es incapaz de ninguna fluidez o plasticidad instituyente a no ser que lo pida el Banco Central, convierte lo que es producto y herramienta (la ley) en el factor determinante y primero. El Estado de Derecho, que nació para poner límites a la arbitrariedad del poder, se convierte hoy en un sistema cerrado y sacralizado, enemigo de toda energía instituyente. No nos hemos librado aún de la teología en política.

Desafectada, a esa democracia se la puede llevar el viento, el viento de cualquier "posfascismo" actual. Pero la responsabilidad cae toda del lado de quienes han sostenido una concepción puramente consensual de la democracia.

¿Hay esperanza? Ninguna, mientras seamos pueblo iluso, creyendo que las cosas cambian solas, por la gracia de políticos buenos o de las astucias de la razón en la historia. Alguna, si somos pueblo negativo y desconfiado, pueblo-plebe. "Es una opinión plebeya y un punto de vista negativo suponerle al gobierno una mala voluntad" (Hegel). Es justo el punto de vista que necesitamos, todo el rato. La plebe es justamente el pueblo cuando se hace valer, el que grita "no nos representan", el que sabe que las leyes justas son siempre fruto del tumulto y las ganas de libertad de abajo.

La democracia no es una sociedad armónica o armonizada (tampoco bajo los modelos utópicos de la autogestión o la democracia digital), sino la sociedad que abre paso al conflicto, una sociedad efervescente y abierta al cambio que subordina lo instituido a lo instituyente, esa sociedad que experimentando la inestabilidad consigue obtener la mayor estabilidad, en la que cualquiera (y no sólo los que monopolizan la cosa pública) puede hablar, actuar y ser tenido en cuenta, la sociedad donde la pregunta por la vida buena y la justicia se mantiene abierta, donde la ley es puesta en juego por el conflicto sin ser exactamente su producto. Democracia es sostener la división social, la posibilidad infinita de la división.

En "Mientras dure la guerra", la última película de Amenábar, el personaje de Franco explica su decisión de alargar la guerra en la necesidad de exterminar al otro. "Si no en dos días estaremos en las mismas, los españoles siempre están a la gresca". Es el espíritu de cruzada que aún pervive: hay que suprimir el mal. Pero no se trata de cambiar el franquismo por el imperio de la ley sacralizada e intocable, sino justamente de aprender a convivir con la gresca y elaborarla. Así y sólo así enterraríamos de una vez por todas los restos del dictador. Hay que romper la representación dominante que ve en la división y el conflicto el principio de la decadencia y el declive. El mal es el acicate del bien, de los tumultos surgieron en Roma todas las buenas leyes.

"La república es superior a todos los demás regímenes: se presta al movimiento" (Lefort-Maquiavelo).

Por Amador Fernández-Savater

Interferencias

 

Gracias por las conversaciones a Diego, a Hugo, a las amigas del taller de los lunes.

 

Referencias:

Maquiavelo: lecturas de lo político, Claude Lefort, Trotta.

Claude Lefort, la inquietud de la política, Edgar Straehle, Gedisa.

La democracia contra el Estado, Miguel Abensour, Colihué.

Fuente: http://www.eldiario.es/interferencias/Elogio-tumulto_6_953014711.html

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Adriana Gómez, Zona de riesgo, técnica mixta sobre lienzo, 120 x 120 cm, 2015

Cuatro candidaturas se disputan la dirección de Bogotá para el período 2020-2023. Con diferencias entre las campañas, las mismas están más dadas sobre prevenciones ideológicas y políticas que sobre el trasfondo de los programas que airean en los debates públicos. Las encuestas indican que todo está por definirse en las próximas semanas.

 

En Bogotá, como en el resto del país, el domingo 27 de octubre se elige, para un período de 4 años a partir del próximo 1 de enero, el nuevo alcalde o alcaldesa que administrará la ciudad, así como los 45 miembros del Concejo Distrital y los más de 150 ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 20 localidades que integran la urbe. La cabeza de la rama ejecutiva del gobierno local y máxima autoridad administrativa y policial de la ciudad, es considerada como el segundo cargo político más importante de Colombia después del Presidente de la República.


Estas elecciones se desarrollan en medio de un “estado” de impopularidad del actual alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, pocas veces vista. A tal punto que, ante las últimas encuestas realizadas a mediados de este año, que dan una imagen desfavorable de Peñalosa de más del 70 por ciento, la alcaldía lanzó en los medios de comunicación una profusa y costosa pauta publicitaria en la que predomina el eslogan “Impopulares pero eficientes”.


En estos comicios hay que resaltar en particular que por primera vez, de acuerdo con la Reforma de Equilibrio de Poderes y el Estatuto de la Oposición, los candidatos que obtengan el segundo lugar en las elecciones a alcaldías y gobernaciones tienen el derecho a ocupar una curul en los concejos y las asambleas departamentales. Esto significa que el próximo alcalde o alcaldesa elegido entre los 4 candidatos en competencia, Claudia López, Hollman Morris, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, tendrá que lidiar en el Concejo Distrital con el liderazgo de quien saque la segunda votación, hecho novedoso que en principio deberá permitir el fortalecimiento del juego democrático y un mayor espacio a las fuerzas alternativas y de oposición, amplificando el control político que ejerce esta corporación.


Claudia López candidata verdeamarilla


Otro hecho novedoso en las presentes elecciones, es la presencia de una candidata, Claudia López, con posibilidad de ser electa alcaldesa. Aunque a la cabeza de la ciudad han tomado lugar varias alcaldesas, como Clara López y María Teresa Maldonado, lo fueron en su condición de encargadas para remplazar el respectivo alcalde suspendido o destituido. Desde que los alcaldes se eligen por voto popular (1988), ninguna mujer ha ganado en las urnas en Bogotá.


López, candidata de la Alianza Verde con el respaldo del Polo Democrático y otras fuerzas, tiene en su haber una imagen positiva por diversas razones, entre ellas su liderazgo en la lucha anti-corrupción. López aparece para muchos ciudadanos como una candidata de centro-izquierda, lo cual quizás le permitiría obtener el respaldo de sectores de la ciudadanía que votan por candidatos alternativos, tal como ha sucedido en las elecciones de los alcaldes Antanas Mockus, Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro. El modelo de ciudad que López propone se diferencia del modelo de Peñalosa, aunque se oyen voces que consideran que sus críticas a la gestión del alcalde han sido más bien tibias. López plantea construir sobre lo construido: una de las grandes dificultades que ha tenido Bogotá (y Colombia) para su desarrollo y progreso, ha sido justamente la política de borrón y cuenta nueva, en donde quien llega al poder no reconoce, por razones políticas o ideológicas, los logros de sus antecesores.


No la beneficia en cambio su temperamento fogoso. Y está por verse, a la hora de las urnas, si el rompimiento entre ella y Petro por diferencias sobre el qué hacer, entre otras el futuro del metro tantas veces proyectado para la ciudad (optando por la realidad del metro aéreo que Peñalosa impuso) afecta a la candidata ante los bogotanos que apoyaron a Petro en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que éste obtuvo la mayoría de votos en el Distrito Capital. De otro lado, uno de los cuestionamientos a los liderazgos “renovadores”, es la preeminencia que en estas elecciones ha tomado la próxima campaña presidencial, factor profundo del distanciamiento López-Petro. En contrapartida, también está por verse si el deslinde entre estas dos figuras le traerá votos a la candidata en los sectores desencantados del liderazgo de Petro o claramente anti-petristas, que van desde la izquierda hasta la derecha.


Aunque es un tema poco mencionado en la campaña, la opción sexual de la candidata seguramente pesará a la hora del voto, sobre todo entre sectores tradicionales, regresivos, religiosos, machistas y similares, dispuestos a cerrarle el paso a la candidata verdeamarilla.


La Oposición de Hollman Morris


La candidatura del exconcejal Hollman Morris, quien cuenta con el aval del partido Mais y respaldo de Petro y el movimiento Colombia Humana, se lee ante los ojos de un porcentaje importante de la ciudadanía bogotana que concurre a las urnas, como una propuesta de izquierda radicalmente distinta al modelo de ciudad del alcalde Peñalosa. Al centro del debate se encuentra su total oposición al metro elevado y su énfasis en el metro subterráneo; ha manifestado, asimismo, no apoyar la construcción de tres troncales adicionales para la red de transporte público TransMilenio, y se aparta sin matices de muchas otras iniciativas de la actual administración. Morris aparece en las encuestas con el más bajo porcentaje de intención de voto. Pero más allá de que logre obtener un resultado honorable en las urnas, su candidatura le resta fuerza a López e incluso podría ser factor determinante para que ésta no termine elegida.


La candidatura de Hollman, salpicada por denuncias de machismo, en contra de la opinión mayoritaria de activistas femeninas de la Colombia Humana, pone de presente las limitaciones del recambio del liderazgo existente en el país, a la par de dinámicas en gran parte unipersonales que ganan carrera al interior de proyectos políticos de izquierda, que se supone tendrían que ser colectivos, consultivos, asambleatorios, en donde el peso de la opinión de su cabeza visible debiera valer como la de cualquier otro de sus militantes.


El delfín Miguel Uribe


El exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe, es el candidato de una derecha diversa y con maquinarias. Inscribió su candidatura en nombre del movimiento Avancemos y pronto recibió el respaldo de la mayoría de los partidos del establecimiento: Centro Democrático, Liberal, Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, este último de las iglesias cristianas. También cuenta con la adhesión de buena parte de los seguidores de Peñalosa, aunque es probable que en las urnas ese grupo, que ve en Uribe el garante del continuismo de la actual administración, pese menos en las urnas que los sufragios que le quita al candidato Uribe su fervoroso y público respaldo a la obra de su alter ego, dado el desprestigio de éste y de su gestión, como ya fue señalado.


En su campaña, Uribe reitera una y otra vez ser el candidato mejor preparado, constante, consistente y coherente en sus propuestas. Se expresa siempre mirando el espejo retrovisor frente a Petro, sin desaprovechar oportunidad para criticar con virulencia su gestión, al igual que todo lo que él percibe, de cerca o de lejos, como izquierda. En su estilo polarizador y planteamientos ideológicos, el joven Uribe se identifica en gran parte con el expresidente Uribe, quien lo ha acompañado en su campaña. La vocación del candidato apunta también hacia sus propios intereses de delfín presidencial. Nieto del expresidente Turbay, tristemente recordado por su Estatuto de Seguridad y las denuncias sobre la imposición de la tortura y las desapariciones, su candidatura a la alcaldía de Bogotá es también un peldaño estratégico, y legítimo, para aspirar a la presidencia de la república.


El repunte de Galán


En el centro y la derecha del espectro político de Bogotá, se presenta una situación similar: la candidatura de Uribe, quien según varias encuestas ocupa el tercer lugar en intención de voto, le quita fuerza a la candidatura de Galán, quien repunta en recientes encuestas. O viceversa. En las elecciones a la alcaldía de Bogotá del año 2011, Galán ya vivió un contexto parecido y no faltaron voces que lo corresponsabilizaron de la derrota de Peñalosa cuando Petro fue electo. Esa lección podría incidir en los dos candidatos, a última hora.


Hijo del líder liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, exconcejal y exsenador, se inscribió por el movimiento Bogotá Para la Gente, luego de retirarse del partido Cambio Radical. Propone soluciones cercanas a las que plantea Uribe en temas relacionados con la seguridad ciudadana y el transporte público, entre otros. Al igual que López y Hollman, Galán se opone al Plan de Ordenamiento Territorial presentado recientemente por Peñalosa al Concejo Distrital. Y todos los cuatro candidatos coinciden en el tema de la necesidad de la transformación digital de Bogotá. Ello no quita que el candidato tenga su propio modelo de ciudad, que podría caracterizarse de centro-derecha.


Ambiente frío


Como el clima de la ciudad por estos días, así está hasta ahora el ambiente electoral despertado por la campaña electoral en curso, la cual no logra aún suscitar el interés y la atención más allá de las clientelas, así como de los sectores activos siempre movilizados. Los bogotanos necesitamos una urbe realmente incluyente y participativa, que atienda con todo rigor temas centrales para sus pobladores como ambiente, transporte público, trabajo, salud, educación, vivienda, y otros aspectos propios de una vida digna.


Bogotá, urbe de ocho millones de habitantes, está en el límite de sus posibilidades, lo que demanda pensarla desde la integralidad de su territorio sabanero con su frágil ecosistema. Contaminación, destrucción del hábitat natural, problemas de abastecimiento de agua y demás, son parte de la realidad que la afectan y de la agenda por abordar en el debate sobre el gobierno que debe regir en la misma. Como parte de ello también es fundamental el qué y como hacer para recuperar quebradas y ríos, así como humedales y similares, colchón necesario para resistir el cambio climático. Otro aspecto por abordar y resolver, mucho más cuando corresponde a una agenda electoral, es la movilidad, la cual le consume a los trabajadores y empleados que viven en la sabana varias horas cada día en su desplazamiento hacia Bogotá y regreso a su vivienda, con su consecuente impacto en su salud física y mental. Precisamente, es sobre esas temáticas que las campañas deben pronunciarse a fondo, como lo requiere un proyecto estratégico, colectivo y movilizador de mayorías. La gente debe sentirse recogida en las propuestas de gobierno para motivarse a participar en la consulta electoral.


Lograrlo es un desafío mayor para las elecciones a la alcaldía de 2023, las cuales deben caracterizarse por un debate ciudadano abierto y apasionado con meses de anterioridad, de tal manera que la gente a la que se pretende llegar con una u otra candidatura sea ampliamente concitada y consultada tanto para estructurar programas como para elegir candidatos. Sólo así el frío no seguirá calando en la cabeza y el corazón de quienes habitan la capital del país.


Todo está por pasar


Faltando tres semanas y unos días para las elecciones, nada está cantado. Siempre cabe preguntarse si las encuestas sobre la intención de voto, realizadas sobre muestreos de mil y tantas personas, reflejan una foto real, en un momento dado, de la intención de voto promedio de la sociedad bogotana. Y no faltan quienes se preguntan si tales encuestas no están sesgadas o direccionadas. Pero más allá de las respuestas, lo evidente es que estas encuestas influyen a su vez sobre el voto de los ciudadanos.


A partir de las elecciones municipales y departamentales de 2023, Bogotá tendrá doble vuelta electoral si en la primera el ganador no obtiene los votos necesarios para ser elegido. Entre tanto, para el período que sigue, cualquiera que sea la candidata o el candidato triunfante, puede preverse que vamos hacia un escenario similar al de las últimas administraciones: el alcalde electo no contará con una mayoría suficientemente amplia que le facilite ejercer su mandato con mayor gobernabilidad, por el bien de quienes habitan Bogotá y de quienes se desplazan a ella cada día para cumplir con su jornada de trabajo.

 

*Consultor en Ciudades Inteligentes.
Bogotá, 27 de septiembre de 2019

 

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Viernes, 06 Septiembre 2019 06:14

Agnés Heller: críticas y negaciones

Agnés Heller: críticas y negaciones

I. Mientras G. Lukács solía ir renegando de sus obras y aceptando reprimendas de la ortodoxia comunista, ofrecía "autocríticas" sin perder la fe en el socialismo, A. Heller (1923-2019), su recién fallecida (bit.ly/34fZap0) alumna más conocida, en su paso desde marxismo hacia posmodernismo, lo abandonó por completo, renegó muchas de sus ideas y empezó a defender el mercado y la democracia liberal internalizando demandas de la ortodoxia capitalista. Después de dar, junto con otros miembros de la Escuela de Budapest, nueva vida al marxismo –en oposición al materialismo dialéctico ( diamat) dominante− rescatando al "joven Marx" y desarrollando un novedoso trabajo teórico ( Teoría de las necesidades en Marx, 1976) –posteriormente repudiado ( Una revisión de la teoría de las necesidades, 1993)−, se dedicó a la antropología y a la sociología de la vida cotidiana. Abrazando el individualismo neoliberal, enfatizaba que lo único que necesitábamos era "ir cambiando nuestras vidas" (bit.ly/2k0vvy7). Calificando la "transición democrática" post-89 como una "gloriosa revolución posmoderna en contra de un experimento fallido de la modernidad [el comunismo]", abandonó cualquier esperanza en la emancipación colectiva. No obstante poco antes de la implosión del "socialismo real" junto con otros lukácsianos −de los cuales todos, salvo I. Mésárosz acabaron en posiciones parecidas− escribía "que el mundo necesitaba más socialismo, no menos" (F. Fehér, A. Heller, G. Márkus, Dictatorship over needs, 1983, p. xiii).

II. Tras tener que exiliarse en los setenta –en Melbourne y luego Nueva York, dónde ocupó la misma cátedra que H. Arendt (The New School for Social Research)−, regresó a Hungría. En años recientes fue una de las más feroces y valientes voces críticas de V. Orbán. Según ella, Hungría era el país del ex bloque soviético donde ocurrió "la más radical eliminación de la libertad". En Orbán veía un advenimiento de una "tiranía" (término "populismo" según ella no aportaba nada) −no un tipo de gobierno como democracia o fascismo, sino "una manera de gobernar", "una corrupción del capitalismo" [sic]− y de una "re-feudalización": Orbán decide todo y reparte el botín entre su oligarquía (bit.ly/32j5hY5). Pero incluso en medio de estas críticas, resaltaba su abandono del marxismo: según ella el auge de los "tiranos" (Orbán, Erdoğan, Putin) es posible “porque ya no vivimos en una sociedad de clases – ergo: "éstas ya no existen" [sic]−, sino en una de masas” (nyti.ms/2PLb4PH) y porque "ya no hay conflicto derecha-izquierda" [sic]: "hoy la lucha es entre los que destruyen el estado de derecho y los que quieren restablecerlo" (bit.ly/2lY8dcN).

III. Para Heller, proveniente de una familia judía de clase media, el Holocausto −en el que pereció su padre deportado a Auschwitz junto con otros 450 mil judíos húngaros por un gobierno colaboracionista con Hitler y del que ella se salvó "gracias a pura suerte y sentido común"−, siempre era una latente cuestión filosófica: "¿cómo era posible que ocurriera algo así?", "¿cómo entenderlo?". “Me prometí resolver el secreto sucio del siglo XX, el secreto de varios millones de cuerpos ‘producidos’ por los genocidios en nombre del humanismo e Iluminación” ( A short history of my philosophy, 2010). No obstante esta búsqueda –junto con su paso por el comunismo soviético− sólo la hizo dudar en la humanidad y en la razón.

IV. Fustigando el latente antisemitismo de Orbán (bit.ly/2zDtDzB), sus políticas de odio hacia refugiados y minorías (roma/sinti etcétera) y la perversa instrumentalización de la figura de G. Soros, un empresario húngaro-judío-estadunidense, que según él "financia la llegada de los migrantes musulmanes para aniquilar a la Europa cristiana", Heller, en su preocupación "por la suerte de la civilización occidental" −al abrazar las teorías funcionalistas de la modernidad y acabar prácticamente en posiciones neo-conservadoras− de repente usaba el mismo lenguaje que la propia derecha xenófoba: "el islam es el totalitarismo más extremo" (bit.ly/2NJU4Mi). Criticando el "nacionalismo estúpido" de Orbán (bit.ly/2Zx6FcQ) −y viéndolo en general como una gran amenaza− dejaba de lado su caso más radical: el Israel de Netanyahu, ignorando también similitudes entre ambos políticos y su bizarra alianza en plataforma etnonacionalista y antinmigrante que resulta incluso en el blanqueamiento del papel de Hungría en el Holocausto (bit.ly/2ks4MKZ).

V. A pesar de sus "negaciones", Heller –junto con A. Gorz (1923-2007)− sigue siendo una pionera de la ecología política (bit.ly/2LhpI0w). Su redescubrimiento del concepto de las "necesidades radicales" en Marx –las que no pueden ser satisfechas dentro de la economía del mercado− y su reconceptualización, como buena alumna de Lukács, desde el punto de vista de la alienación que genera toda una serie de necesidades artificiales "irreales desde el punto de vista ecológico", son más actuales que nunca en tiempos en que el actual patrón de consumo es insostenible y suicida. Lo mismo aplica a su premisa que para evitar la trampa de "tener las necesidades dictadas" (véase: Dictatorship...”) hay que movilizarnos y echar a andar "un proceso desde abajo" que de modo democrático identifique las "necesidades racionales" realizando “una comúnmente desarrollada –subrayaba aún en su época de esperanzas− crítica de la vida cotidiana”.

Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

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El poder que venció a la Registraduría y al Ministerio de Hacienda

Todo por la vida. Luego de comprobar que las fuentes de agua de su municipio se estaban secando como consecuencia de la explotación minera, en el municipio de Mercaderes –Cauca-, su población decidió ponerle coto a tan nefasto designio. La Consulta popular fue la vía, el diálogo con la población el método. Acá la historia de un triunfo que sacia la sed de miles.

Año 2013. Luego de comprobar la desaparición de más de 10 cuerpos de agua, producto de exploraciones sísmicas, sufrir las consecuencias de la minería ilegal que mató el rí o Sambingo, y que la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Amla) otorga en el curso de pocos años 14 títulos mineros de explotación minera y extracción de hidrocarburos, los habitantes del municipio de Mercaderes decidieron emprender la lucha por la defensa del agua y del territorio utilizando para ello de un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Constitución Política: la Consulta popular

Para ello, 24 organizaciones sociales del municipio, reunidas en la Coordinadora Social Integral Mercadereña, junto con la Alcaldía y el Concejo Municipal iniciaron trámites administrativos para realizar la Consulta popular sorteando cada uno de los trámites legales necesarios. En esa pugna, el punto culmen se presenta en el 2017 cuando el Tribunal Administrativo Contencioso del Cauca dio concepto favorable a la Consulta, que preguntaba a los habitantes, “¿Está de acuerdo Sí o No con que en el municipio de Mercaderes se lleven a cabo actividades de exploración y explotación de minería metálica o de hidrocarburos, que requieran aguas para el consumo humano, la naturaleza y puedan afectar las economías propias de las comunidades?”. 

Una vez obtenido este aval, se solicitó a la Registraduría Nacional adelantar los procesos necesarios para que se pudiera llevar a cabo la votación. 

Todo debería seguir su curso sin sobresaltos, sin embargo en 2017 y nuevamente en 2018, la Registradora negó el procedimiento, además de restringir el acceso al censo electoral actualizado1, y a los elementos necesarios para el proceso electoral (formularios, urnas, tarjetones etc.), negándose, además, junto con el Ministerio de Hacienda a realizar la consulta aduciendo falta de presupuesto, e invitando a la Alcaldía municipal a suspender de manera indefinida la votación hasta que alguno de los dos entes contara con recursos. 

Maniobras legalista y obstáculos desde el poder central que no lograron quebrar la voluntad popular, de manera que la comunidad y sus autoridades siguieran adelante. El asunto no era solo formal-electoral, de ahí que a finales de 2018 realizaran el recorrido Tras las huellas del agua en Mercaderes, en la que participaron habitantes y organizaciones del municipio, visitando distintos corregimientos para constatar el estado de las fuentes hídricas, para preservarlas y cuidarlas. En ese mismo ejercicio presentaron los mandatos por el agua (ver recuadro).

Ante la negativa de las autoridades responsables de cumplir con su labor, y su decisión de quebrarle el cuello a sus propias normas, la comunidad autónomamente se organizó y decidió llevar a cabo la Consulta popular legítima en Mercaderes, por el agua y el territorio, al igual que la realizada a finales del 2018 en San Lorenzo –Nariño–.

Con esta iniciativa ciudadana se busca proteger “El Cerro de la Campana, donde nace el rio Ato Viejo, principal fuente de agua del municipio, que desemboca en el rio Sambingo, y todas las restantes fuentes de agua”, como nos contó Ulber Castillo, habitante del municipio y perteneciente al Comité de Integración del Macizo colombiano, uno de los promotores de la Consulta popular.

La Consulta se realizó autogestionando los recursos económicos, logísticos, organizativos y presentación de resultados, como decisión de una comunidad que se negó a permitir que la burocracia, falta de garantías políticas, limbos jurídicos y desidia de la administración central les impidieran ejercer su derecho a decidir sobre su territorio, el mismo que día a día recorren, trabajan y cuidan en procura de un mejor porvenir. 

 

No quiero que quiten el agua de mi municipio

 

Hombres, mujeres y niños se avocaron a este ejercicio, todos querían participar, todos querían decir algo para defender las fuentes de agua del municipio. En esto coincide el abogado ambientalista David Uribe, asesor de varios procesos de Consultas populares en Colombia “Si hay un pueblo organizado, un pueblo consciente que valora, que cuida sus fuentes hídricas, sus bosques, su territorio, de alguna manera se le puede hacer frente a las empresas, a las políticas y a las legislaciones lesivas”. 

Para sacar adelante su decisión, los habitantes del municipio, primero, buscaron los recursos económicos, logrando el apoyo de diferentes organizaciones sociales y de la Alcandía municipal; también organizaron una Registraduría Comunitaria, conformada por un equipo de 4 personas designadas por la comunidad, que vigiló y se encargó de dar fiabilidad al procedimiento. De igual manera, desplegaron campañas de información, tales como “Yo defiendo el agua y tú también, apóyanos marcando No en el tarjetón”, “No quiero que en el municipio entren las multinacionales a destrozar lo que nos pertenece”. 

La Registraduría comunitariaorganizó logísticamente los elementos necesarios: jurados y testigos (la MOE, Veedores internacionales, personería, defensoría, testigos y jurados electorales, elementos de votación), buscó el censo electoral, organizó el transporte de testigos y delegados, conteo y posterior entrega de resultados, dándole así sustento legal al proceso social y popular, pese a la desidia y falta de voluntad política de las instituciones encargadas de cumplir con la ley 1757 de 2015 –sobre mecanismos de participación ciudadana–, ley 136 de 1994 –sobre organización y funcionamiento de municipios–, y el artículo 311 de la Constitución Política –sobre la autonomía de organizar el territorio y garantizar la participación ciudadana. 

Los resultados no pudieron ser mejores: se superó el umbral exigido de 4.671 votos. En las 46 mesas habilitadas se registraron un total de 6.489 votos, 17 por el Sí, 6.449 por el No, 8 nulos y 10 no marcados. 

Cabe resaltar un ejercicio político que no tiene igual en este tipo de consultas: la comunidad decidió contar con la voz de sus niños, niñas y adolescentes, y dos días antes de las elecciones del 3 de agosto de 2019, organizaron elecciones en 10 instituciones educativas: participaron 2.447 NNA, de los 2.870 que viven en el municipio, 2.416 dijeron No, 31 dijeron Sí, 423 no votaron. Los resultados no podían decir algo diferente a lo que fue posteriormente la elección general.

 

En proceso

 

Una vez surtida la fase de la Consulta popular, la comunicad enfoca su esfuerzo tras tres grandes propósitos. Primero, que lo decidido quede integrado en los acuerdos municipales por el Concejo municipal y posteriormente se integren al Esquema Básico de Ordenamiento Territorial, para así ponerle límite a las exploraciones y explotaciones, delimitando zonas especiales de protección y reserva que impidan la afectación de las fuentes hídricas y la biodiversidad de este territorio, así como definir las actividades económicas que pueden desarrollarse en el municipio. 

Segundo, consolidar un tejido social y organizativo que tenga la capacidad de hacerle frente a los desafíos de la minería ilegal, los proyectos extractivos y mineros, y la desidia del gobierno central –que desconoce las particularidades y necesidades de cada territorio–, factores adversos que, como la Consulta popular, se enfrentan a partir de ejercicios ciudadanos que se apropian no solo desde las posibilidades que brinda la ley, sino también, y en lo fundamental, desde la construcción de nuevas forma de hacer y exigir respeto a gobiernos y políticas que afecten su vida en comunidad. 

Y tercero, enviarle un potente mensaje político a todas las comunidades de nuestro país que se encuentran afectadas por los proyectos o los planes de exploración y explotación minera, para que se organicen y logren, mediante ejercicios colectivos, rigurosos, asumir ellos mismos la dirección y decisión de su destino. Como proyección de ello, llamar a la unión comunitaria para incidir en políticas nacionales que garanticen, de manera real, que sea el pueblo el que decida sobre el territorio. 

Por eso Ulber Castillo agradece “al pueblo mercadereño, a los niños y las niñas, a las organizaciones (recordando) que cuando nos articulamos, que cuando nos unimos, podemos defender nuestro territorio”. La dinámica y acción colectiva continúa. Un mensaje claro dado las decisiones de la Corte Constitucional. 

Este procedimiento dificultó que muchos habitantes del municipio no pudieran ejercer el derecho al voto, dado que no estaban en las listas de votación.

 


Mandatos comunitarios y ciudadanos por el agua en Mercaderes

 

El pueblo y las comunidades que habitamos, pervivimos y subsistimos en el territorio del municipio de Mercaderes, en ejercicio de nuestra autonomía y búsqueda de la justicia hídrica exigimos y mandatamos:

Que el agua sea concebida como un bien común y elemento que permite la vida de diversos seres de la naturaleza, además de los seres humanos.

Que se garantice el derecho fundamental al agua como un elemento de uso y gestión público-comunitario, con criterios de cantidad y calidad suficiente para la vida digna y prioridad para el consumo humano de acuerdo a la Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA, con un control y seguimiento riguroso a todos los actores implicados en el cumplimiento de este derecho.

Que se garanticen escenarios de participación comunitaria con carácter vinculante en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial para la incidencia en la toma de decisiones en torno al agua y los ecosistemas que hacen posible que fluya, y que permita establecer y consolidar a Mercaderes como un municipio con vocación agroalimentaria y ambiental.

Que se respete la autonomía de las organizaciones sociales y comunitarias de autogestión , con inclusión de propuestas y planes y proyectos de vida propios en los planes de desarrollo municipales, EOT y demás planes de ordenamiento territorial y del agua.

Que se respete la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (2018) y la Sentencia STP 2028 de 2018 emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre el campesinado como sujeto de especial protección constitucional dada su relación con el agua y el territorio en el marco de la protección.

Que se garantice apoyo y financiación para la protección del agua y del ambiente con metodologías, programas y proyectos participativos y concertados con las comunidades del municipio vinculando al Sistema General de Participaciones.

 


 

Sí pero no. Decisiones ambiguas 

 

En octubre de 2018 la Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificada SU095/18 mediante la cual decidió que las Consultas populares no pueden impedir proyectos extractivos. La decisión no pasó sin pena ni gloria pues generó incertidumbre jurídica entre las comunidades y organizaciones sociales, aquellas que desean otros proyectos productivos en sus territorios, sin que afecten y mucho menos destruyan su entorno y naturaleza. La Sentencia, además, deja limbos jurídicos debido a que diferentes normatividades en materia ambiental, territorial y ciudadano chocan entre sí, lesionando la participación ciudadana, dejando con ello un mal precedente en el país. 

En esta Sentencia, la Corte Constitucional recuerda que el subsuelo al ser propiedad del Estado, y teniendo este la facultad para explotarlo y/o cederlo, no es competencia de los municipios determinar si se puede o no realizar exploración y extracción y, por lo tanto, las Consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir tales actividades. La Sentnecia reconoce, a su vez, la facultad que tienen los municipios y entes territoriales para organizar y decidir los usos que del suelo se puedan hacer. También reconoce que los ciudadanos tienen derecho a participar de las decisiones que afecten el territorio, cuando en él se lleven a cabo actividades que afecten el uso del suelo. 

Por lo tanto, considerando que el Estado es el dueño del subsuelo y que la entidades territoriales tienen la competencia del uso del suelo, y que se necesitan mecanismos de participación ciudadana, en la Sentencia se decidió que sea el Senado, en los próximos dos años, el responsable de crear los mecanismos de coordinación y concurrencia nación-territorio que permitan que todos los actores: gobierno central, gobernación, alcaldia, y ciudadanos participen y decidan conjuntamente sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos. 

La decisión de la Corte se produce producto de la tutela presentada por Monsarovar Energy en contra de la Consulta popular realizada en el municipio de Cumaral –Meta– en el año 2017, con su decisión mayoritaria de impedir la exploración sísmica, perforación y producción de hidrocarburos, decisión colectiva que fue tutelada por la empresa, con visto favorable de la Corte.

En esta ocasión la Corte decidió fallar en favor del Estado central, desconociendo la descentralización del mismo, la autonomía de los entes territoriales, la violencia que está asociada a proyectos de extracción y exploración, la protección del medio ambiente, dejando con ello sin mecanismos de participación a los municipios, y de paso favoreciendo a las multinacionales mineras y petroleras. David Uribe, abogado ambientalista, agrega que “Los municipios tienen una función básica que es el ordenamiento del suelo, y que el suelo es inescindible del subsuelo”, por lo que no se comprende la decisión. 

Sin embargo, en la misma Sentencia el magistrado Alberto Rojas Ríos calificó la decisión de “[…] regresiva y antidemocrática en múltiples dimensiones, debido a que limita injustificadamente y en contra de los mandatos constitucionales la participación de la comunidad”,algo que compartimos en esta publicación. Por ello, ¿Por qué la Corte, en vez de limitar la participación ciudadana no limita la acción de las mineras y petroleras, en tanto se tramiten los mecanismos de concertación? ¿Por qué tienen que sufrir las comunidades mientras que un órgano ineficiente y pro exploración y explotación –como el Senado– decide legislar? 

En estas circunstancias, y con la experiencia vivida y acumulada por diversidad de comunidades a lo largo y ancho del país en su lucha contra la explotación minera, desvío de ríos, y proyectos similares, es clara la necesidad de reformar la política minera y energética del país, la misma que propicia violencia y pobreza. El reto es generar proyectos económicos acordes con el potencial de las comunidades, en los que la agricultura y la industria primen sobre la exploración y extracción depredadora, pensando en la sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, transformar la matriz energética basada en hidrocarburos, explorando nuevas fuentes de energía. A la par, respetar la descentralización del Estado, fomentando la planeación con participación popular y autonomía de los entes territoriales en la organización del suelo. 

Publicado enEdición Nº260
El ejercicio legítimo y comunitario de las Consultas populares

La Consulta popular es un mecanismo que ha permitido visibilizar la inconformidad comunitaria generalizada y contundente que existe frente a la imposición de proyectos minero energéticos en el país. 

A pesar de la medida de la Corte Constitucional octubre de 2018, de no permitir Consultas para estos asuntos, algunos procesos territoriales y organizativos han decidido seguir impulsando la realización de este mecanismo, como una forma legítima y autónoma de expresar su voluntad. 

Hasta el momento se han realizado dos Consultas populares legítimas –San Lorenzo, Nariño, y Mercaderes, Cauca (Ver artículo páginas 2 y 3)– acompañadas y articuladas con organizaciones campesinas, ambientalistas, comités, instituciones garantes, entre otros. 

Estas jornadas se desarrollan en un contexto en el cual el Estado colombiano se niega a reconocer la voluntad de las comunidades, manifiesta en diversas demandas en pro de la protección de sus territorios. 

 

Participación vs. extractivismo

 

Los escenarios participativos vinculantes y directos en la institucionalidad colombiana son cada vez más obstaculizados.  No es casual que así sea, ya que el establecimientos acepta, propicia e impulsa la implementación de diversos proyectos de explotación minera, de hidrocarburos y de megaproyectos energéticos e hidroeléctricos. Esta contradicción sociedad-Estado se transforma hoy en asunto fundamental en la discusión política dada por la expansión de conflictos ambientales que surgen a raíz de su acceso, control y apropiación de buena parte de los bienes naturales. A lo largo del país,  ante esto la sociedad civil ha ejercido estrategias participativas para posicionar sus planes de vida y sus lecturas frente a la forma en que se organiza el territorio. 

La ofensiva institucional se fundamenta en situar las actividades mineras, petroleras, energéticas y de infraestructura como principales determinantes en la definición política, económica y fiscal del país, generando medidas que priorizan y blindan el ejercicio extractivo en el territorio nacional, las cuales por lo general se materializan en flexibilización laboral; desregulación de títulos para la exploración y explotación; debilidad de las instituciones que ejercen control y seguimiento sobre el uso de los bienes comunes; perdida de competencia de las entidades territoriales para ordenar el agua y el suelo; limitación del alcance de mecanismos legales de participación*. 

Las dinámicas de los conflictos que se reportan a nivel nacional tienen diversas manifestaciones, dependiendo de la actividad extractiva, las más frecuentes son las asociadas a la contaminación, a la afectación de los medios de vida, la falta de acceso a los recursos y el conflicto más común que se reporta es la falta de participación en la planificación. Esto ha conducido a que espacios organizativos ambientalistas, campesinos, afros e indígenas planteen escenarios autónomos para proponer orientaciones en la planeación territorial; es así como en algunas regiones se han diseñado Planes de vida Comunitarios y se han realizado Consultas populares gestionadas y organizadas desde instancias comunitarias. 

 

Desconocimiento de la voluntad ciudadana 

 

Por su parte, en los últimos años las comunidades han empleado diversas medidas que ha desconocido el Estado central. En esa ruta, los constantes pronunciamientos y conceptos emitidos por altas Cortes y entidades gubernamentales han limitado la posibilidad de acudir a elementos institucionales para la defensa de la justicia ambiental y social. Esta discusión ha empezado, precisamente, desde el ejercicio de las Consultas populares y la prohibición de las actividades extractivas por medio de Acuerdos Municipales, a partir de lo cual se cuestionó la competencia de los escenarios territoriales para limitar este tipo de proyectos.

Está limitación empezó con el pronunciamiento de la Sentencia SU 095 de 2018, que estableció, para el caso de una Consulta popular, que las entidades territoriales no tenían la potestad de prohibir actividades que afectaren el subsuelo; interpretación reiterada en la Sentencia C-052 de 2019 que también limitó el ejercicio de las consultas en los casos en los que se cambia del uso del suelo, y la T-342 de 2019 que extiende esta interpretación frente al alcance y legalidad de los Acuerdos Municipales.

Esta línea de interpretación a su vez establece que debe existir coordinación y concertación entre las entidades territoriales y la nación, lo cual genera gran preocupación frente a las garantías para el ejercicio participativo, ya que si bien se reconoce la ausencia de mecanismos certeros y eficaces para la participación en materia ambiental, en correspondencia con ello no se establece otro mecanismo o escenario que permita un verdadero diálogo democrático y participativo.

 

Alternativas desde organizaciones y comunidades 

 

Pese a las diversas formas en las que se ha limitado y flexibilizado el control jurídico, político e institucional, los procesos organizativos y territoriales insisten en generar escenarios que puedan construir y debatir apuestas locales y autónomas adecuadas a cada contexto, y a su vez disputar escenarios para materializarlas. 

Ejemplo de esto son los Planes de vida comunitarios y las Consultas populares legitimas. Por un lado, frente a los Pactos Planes de vida comunitarios se han suscrito acuerdos políticos entre organizaciones sociales y candidatos electorales en los cuales se comprometen a la defensa y cuidado del agua y los bienes naturales. Por otro lado, existe actualmente la convicción para continuar con la realización de Consultas populares como estrategia de visibilización de expresiones colectivas contra los megaproyectos. 

Mecanismos de participación con total vigencia, ya que es fundamental seguir fortaleciendo las formas comunitarias de participación y la articulación y deliberación constante que permita transitar a un modelo minero energético social y ambientalmente justo, que asuma como prioridad y fundamento la protección y defensa del agua, la vida y la biodiversidad.

 

* Los dos últimos han sido transversales en los conflictos ambientales que se visibilizan en los últimos años en el país, ya que determinan la posibilidad de la ciudadanía de incidir sobre la organización del territorio y dicha debilidad genera una ruptura entre las formas comunitarias de ver y planear el territorio y los planes de desarrollo que se implementan por los gobiernos locales y nacionales. 

**Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz

Publicado enEdición Nº260
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