Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.

Los jóvenes de Chile, Guatemala, Perú y Argentina han estado en primera línea de los movimientos sociales que han sacudido buena parte del continente latinoamericano en los últimos meses

María García Arenales

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12 de diciembre de 2020 21:50h

Las protestas lideradas por jóvenes en este último tiempo han generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una nueva Constitución; Guatemala, que suspendió la aprobación de unos polémicos presupuestos; o Perú, donde el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. Esta nueva generación, principalmente personas que han nacido a partir de los años 90 y que por tanto no han vivido los traumas de la dictadura, protestan contra un sistema que consideran injusto y corrupto.

El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar respuestas adecuadas a los problemas de la población.

Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas, desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y destrucción de mobiliario público. 

Una nueva generación

A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.

"Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de la población", explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en Ginebra.

El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas "muy deterioradas". "Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora esto ya no se da", dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están impulsando verdaderos cambios en sus democracias.

¿Cuáles son los casos más significativos?

En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en 2006 con el denominado "movimiento pingüino", en el que estudiantes de educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios. Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric, ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.  

"No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera", explica a este medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. 

La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019, a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. "En esas marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada con la educación", aclara Heiss.

Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna. "Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían impulsado en la calle", recuerda la politóloga chilena.

Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está debilitado por las protestas, sino también porque "ha perdido toda capacidad de regular lo que hace el Congreso". Ejemplo de ello, continúa, "es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno", pero "ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo".

"Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por la derrota aplastante de la votación de octubre", concluye Heiss.

En Guatemala continúan las protestas

Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel destacado, supuso todo un hito. "Los estudiantes de universidades privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en 2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas. Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad", recuerda Reyes a elDiario.es.

Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para 2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei.

"Algunas autoridades pensaron que ya no iba a despertar la plaza otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va a tener el efecto de fortalecer esa convicción", dice por su parte el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170 fallecidos y más de 122.000 contagios.

Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no renovar el mandato de ese organismo.

El caso peruano

Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.

Después de una semana de convulsión política, el liberal Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la Constitución y el fin de la corrupción.

En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que "han aprendido a organizarse y politizarse a través de redes sociales", asegura Matheus Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. "Es una generación que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de Youtube, Tik Tok o Instagram", explica este joven de 26 años que ya ha participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.

Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más allá de la clase media, porque de lo contrario, "solo habrá parches".

Movimiento feminista en Argentina

En los últimos años en países como Argentina el movimiento feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en 2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal, segura y gratuita. 

Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.

Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política, manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.

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Lunes, 28 Noviembre 2016 15:51

Romper el cerco mediático

Romper el cerco mediático

25 años es un tiempo vital significativo. desdeabajo ha sido en estos años un incasable espíritu dinamizador para la comunicación alternativa y para la democratización de las comunicaciones. Sin duda, ha sido el proyecto más persistente y ambicioso en este campo, extendiendo la mano a otras apuestas de los sectores populares que han caminado por la misma senda. El presente plantea nuevos retos
¡Pa’lante!

 

Al igual que la tierra, en Colombia los medios de comunicación están concentrados en unas pocas manos. El país vive un tiempo convulso, con la oportunidad abierta para que lleguen a buen término los diálogos de paz con las dos más grandes insurgencias. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional recién arranca, mientras que el proceso con las Farc, a pesar de los tropiezos, se encuentra próximo a su cierre.

 

Precisamente, en este proceso de transformación de las formas de ejercicio de la política, la comunicación y su democratización son elementos neurálgicos. Los movimientos sociales, con sus distintos repertorios de acción, deberían adquirir mayor centralidad. En este marco, y desde hace unos años, la comunicación ha tomado, paulatinamente, mayor protagonismo en las luchas sociales: la explosión de las nuevas tecnologías digitales como el internet y los teléfonos celulares, abrieron la puerta a múltiples posibilidades y nuevos escenarios desafiantes para las acciones colectivas.

 

En los últimos años vivimos experiencias que han demostrado la manera como podría desenvolverse la dinámica de los movimientos sociales en el país, en particular en un ambiente de posacuerdos. Con mucha fuerza e impacto, en los últimos cuatro años hemos vivido tres grandes paros agrarios (2013, 2014 y 2016), con dinámicas regionales y presencia en campos y ciudades. Estas coyunturas, junto con otras movilizaciones recientes, en el campo de la comunicación alternativa se tornaron en ejemplos de cómo romper el cerco mediático; acción comunicativa mediante la cual se logró posicionar agendas y problemáticas de sectores populares, al igual que legitimar sujetos excluidos y potenciar las movilizaciones mediante diferentes mecanismos. El caso particular del Paro Nacional Agrario del 2013 trasluce los límites y posibilidades de los movimientos sociales en articulación con las plataformas de comunicación alternativa, en el intento por democratizar las comunicaciones.

 

Paro Nacional Agrario

 

Aún lo recordamos. El 19 de agosto de 2013, en respuesta a la crisis agraria, diferentes organizaciones, movimientos y trabajadores rurales iniciaron el Paro Nacional Agrario, protestando por los altos costos de los insumos, por la prohibición sobre el uso de semillas nacionales –incluida en el TLC con los Estados Unidos– y otra serie de factores que golpean de manera coyuntural y estructural al campo colombiano. Creciendo en fuerza e impacto rápidamente, en el curso de pocos días se convirtió en la movilización social más importante vivida en Colombia en los últimos tiempos, construyendo un puente particular entre el mundo rural y urbano, e involucrando a diferentes sectores sociales.

 

Además de los factores estructurales y coyunturales generales, como el TLC con Estados Unidos, la estructura del campo colombiano, las movilizaciones precedentes y el proceso de paz que explican el momento histórico en el que surgió el paro, sugiero tres mecanismos particulares que incidieron directamente en la potencia de la movilización: 1) la represión y estigmatización por parte de las fuerzas represivas del Estado, 2) la identificación simbólica-afectiva con el campesinado, en particular con el boyacense, y 3) la comunicación alternativa permitida por las nuevas tecnologías. Dichos mecanismos se articulan entre sí y confluyen particularmente en el último, permitiendo romper dicho cerco.

 

Cerco mediático

 

El cerco mediático del que hablo está caracterizado por barreras a la circulación, producción y consumo de la información y la comunicación, construidas por determinados actores en su ejercicio de poder y exclusión de otros, mediante diferentes dispositivos; que en este caso abarcan desde el control económico corporativo de los medios hegemónicos, y hasta el control político en determinadas coyunturas. Éste es reproducido constantemente por medios y periodistas, en muchas ocasiones de manera inconsciente o automática. Para los movimientos sociales significa la invisibilización de sus luchas y problemáticas, o presentarlas como ilegitimas, estigmatizar sus mecanismos de acción, excluir a sus actores, sus anhelos y perspectivas, entre otros.

 

Según la investigación realizada por Fecolper, Reporteros Sin Frontera y la Flip: “Monitoreo de la propiedad de los medios (MOM)”, unas pocas familias y grupos económicos controlan la mayor parte de los medios de comunicación dominantes en los distintos formatos (tv, radio, prensa, revista y medios digitales): la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lulle y el Grupo empresarial Santo Domingo –Valorem, son los más representativos y poderosos. La Organización Ardila Lülle, con 28,7 por ciento, y el Grupo Santo Domingo, con 19,5 por ciento, concentran la mayor parte de la audiencia y los medios. Dichos grupos extienden sus tentáculos a múltiples sectores de la economía y la política, configurando un bloque de poder de grandes magnitudes.

 

Aunque este es el panorama del campo comunicativo colombiano, mal haríamos en echar en un mismo saco a todos los medios y periodistas. Al interior de este bloque hay diferentes apuestas y diversidades políticas, el carácter de RCN –con su apuesta de derecha y de oposición al proceso de paz– contrasta con el de Caracol –en este aspecto con un carácter moderado–; igual acontece con las diferencias entre Semana, El Tiempo o El Espectador.

 

Por esto, es preciso expandir la lectura dicotómica entre medios buenos y malos, dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegémonicos. Captarlos como apuestas de grupos sociales, sectores y clases, con diferentes intereses en choque. Los medios dominantes no son la mera expresión mecánica del modo de producción, no son solo instrumento de los poderosos; su ejercicio en la construcción de hegemonía, en el entretenimiento, en el posicionamiento de concepciones del mundo y percepciones de la realidad, es más complejo.

 

Dentro de esta lógica, podemos, analíticamente, construir cuatro grandes categorías de medios en el panorama colombiano: a) Dominantes o hegemónicos: aquí están ubicados los medios masivos propiedad de grandes grupos corporativos (Rcn, Caracol, El Tiempo, El Espectador, entre otros), b) Institucionales (Señal Colombia, Canales regionales) c) Independientes –por su contenido o propiedad: Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Noticas Uno, entre otros– y d) Los medios alternativos y comunitarios.

 

Estos últimos con diferentes concepciones sobre lo que es la comunicación alternativa o popular, integran un amplio espectro de medios en diferentes formatos. Contagio Radio, Prensa Rural, Colombia Informa, El Turbión, Periferia, El Rebelde Medios Alternativos, Noticiero Barrio Adentro y, por supuesto, desdeabajo, son algunos de sus cientos de expresiones. Tienen en común, entre otras cosas, su estrecha relación con movimientos sociales y organizaciones políticas, una apuesta por transformar el orden existente, legitimar interlocutores y sujetos excluidos, y practicar otra forma de comunicación en oposición a la dominante, desde sus formas de organización hasta su financiamiento.

 

Romper el cerco

 

En el paro del 2013, dichos medios hicieron posible romper el cerco. No puede leerse esta dinámica como algo anexo o subsidiario de las movilizaciones en las calles, de los bloqueos, los mecanismos de negociación y las demás formas que el paro adoptó en su transcurso, sino como una acción intrínseca, la comunicación es movimiento, los movimientos sociales son comunicación viva. A la vez que fueron un canal para la transmisión de información de muy variadas personas, fueron una apuesta política que permitió la generación de una dinámica comunicativa que llegó a extensos grupos sociales colombianos. Dicho proceso se vio fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular la internet y los teléfonos móviles, logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor–receptor, promoviendo la producción y distribución descentralizada de información, generando también impactos en los medios hegemónicos.

 

Dicho salto, en la práctica, se materializó en el posicionamiento de un sujeto con exigencias legítimas (el campesinado), la visibilización de la problemática rural, la expansión y potenciación de las manifestaciones, y la construcción de redes de solidaridad, permitiendo un proceso de organización como es la Cumbre Agraria, aunque en la práctica haya sido reiterativo el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados.

 

Límites y posibilidades

 

En este sentido, el potencial democratizante de los medios de comunicación alternativos es gigante. Por sus dimensiones y características, frecuentemente son calificados como insignificantes, con poco impacto real, con excepción de contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en coyunturas concretas, como la del paro, pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los componen.

 

El reto consiste en que esta dinámica ocasional pueda ser consolidada como permanente, que se impulse un espacio alternativo de discusión y comunicación. Que se construya una esfera pública alternativa, o contra esfera pública, que logre dotar de contenido el ejercicio democrático con sujetos diversos, en general excluidos. Que puede percibirse en tiempos de mediana duración y consolidarse orgánicamente.

 

Medios con posibilidades pero con muchas limitantes, pues su práctica ha quedado reducida, en general, a la denuncia, dirigida, por demás, a públicos pequeños de simpatizantes. De ahí que sea preciso transformar sus lenguajes, formatos y proporcionar comunicaciones de calidad y análisis, que no se estanquen en la política formal sino que aborden otras esferas culturales. Su propósito no es antagónico con la masividad. La revolución en la técnica y la tecnología proporciona múltiples ventajas y retos en el mundo digital, hay que incursionar con fuerza en las redes sociales y en nuevos formatos.

 

Colombia necesita una democratización en sus comunicaciones. Además de una Ley de medios o una política pública en esta dirección, los medios de comunicación alternativa son una de sus principales expresiones. Para no sólo ser referente sino agentes, deben asumir la tarea de disputa del sentido social en las calles y el mundo digital.

 

* Grupo de investigación Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. El Rebelde Medios Alternativos. http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com.co/

Publicado enEdición Nº230

Buenos Aires, 19 de diciembre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó nuevamente un recurso que permite el salto de una iniciativa (per saltum) para que la Suprema Corte de Justicia se avoque al tratamiento inmediato de la causa que sigue el tema de la ley de medios audiovisuales que el Grupo Clarín se niega a cumplir desde hace tres años.

 

Al hacer el anuncio, Julio Alak, ministro de Justicia, sostuvo que el gobierno intenta que haya una sentencia definitiva sobre todos los asuntos que tienen que ver con este caso, y advirtió sobre la gravedad institucional por el no cumplimiento de una ley votada por el Congreso (en 2009) ratificada por la Suprema Corte y sometida a maniobras judiciales con medidas cautelares interpuestas por los abogados del Grupo de Medios de Comunicación Clarín.

 

Esta situación afecta e involucra a toda la sociedad argentina, dijo Alak, mientras la Cámara Federal (tribunal) a la que recurrió el gobierno ayer concedió el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la extensión de la medida cautelar y lo elevó también a la Suprema Corte.

 

De 20 grupos que tienen más licencias de radio y televisión que las 24 que la ley admite, Clarín tiene 240, más otras de televisión abierta y de cable, y se niega a ajustarse a esta norma que intenta evitar la existencia de monopolios de la información.

 

Clarín difunde información a través de todas sus repetidoras en el país, en la que afirma que el diario más importante que publica el grupo y que lleva ese nombre desaparecerá, a pesar de que la ley es sobre licencias de medios audiovisuales.

 

Los informes de ese medio muestran un panorama tremendista. Los jueces ya han votado que es una ley constitucional que de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión.

 

El ministro de Justicia agregó: pretendemos que cesen las medidas cautelares, tal como lo dijo la Corte el 22 de mayo y el 27 de noviembre, y que los argentinos tengamos resoluciones judiciales rápidas que no pongan en cuestionamiento leyes sancionadas por el Congreso. El Estado se siente agraviado porque un fallo de primera instancia le dio legitimidad activa a quien no la tiene, razonó Alak.

 

En tanto, el dirigente del ala disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, junto a Pablo Michelli, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), también dividida, llamaron hoy a una marcha hasta la Plaza de Mayo, que logró reunir mayoritariamente a sus afiliados.

 

Moyano y Micheli juntaron a los suyos para renovar sus críticas al gobierno, señaló Ámbito Financiero.

 

Fue evidente que a Moyano le fallaron muchos de los opositores que habían prometido su presencia en la marcha. Nuevamente se juntaron sectores sindicales de la derecha peronista como Luis Barrionuevo de la llamada CGT Azul y Blanca, con el trostkista Partido Obrero, la Federación Agraria y otros que conformaron un extraño conjunto donde se encontraban los anteriores enemigos políticos. Los grupos de izquierda como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros similares no tienen ningún prejuicio de ser parte de las actuales movilizaciones convocadas por sectores de derecha.

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Sábado, 08 Diciembre 2012 14:34

Las claves del caso Clarín

Las claves del caso Clarín

A continuación se detallan los puntos esenciales de la compleja batalla judicial que mantiene el Gobierno contra el mayor grupo mediático de Argentina.

 

¿Qué es la Ley de Medios?

 

Oficialmente se denomina ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue promulgada en 2009 para remplazar la legislación que había impuesto la última dictadura de Argentina (1976-1983) sobre radio y televisión. Surgió a partir de la iniciativa de organizaciones sociales y fue tomada después como bandera por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en plena batalla contra el Grupo Clarín. La ley establece que deberá dividirse el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro (sindicatos, cooperativas, universidades, fundaciones y organizaciones religiosas, entre otras). La norma también limita la cantidad de licencias de radio, televisión y servicios de TV de pago. Además, establece que las compañías extranjeras solo pueden poseer el 30% de cualquier medio audiovisual. También indica que el 60% de lo que se difunde por los canales de televisión en abierto debe ser producido en Argentina. El 30% de la música transmitida por radio también deberá ser local.

 

¿Por qué algunos defensores de la Ley de Medios han criticado la forma en que el Gobierno la está aplicando?

 

El Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda la habían apoyado. Pero critican que no se han concedido suficientes licencias a organizaciones sociales. También critican que no se trate con la misma vara a Clarín que a sus competidores, como Telefónica y empresarios argentinos amigos del Gobierno.

 

¿Cómo es de grande el grupo Clarín?

 

Es el principal grupo de comunicación de Argentina. Posee el diario de mayor circulación y otros cinco periódicos. Es dueño del segundo canal de TV abierta en audiencia de Buenos Aires, El Trece. Y en las provincias cuenta con ocho más. Dispone del servicio de televisión de pago más grande de Argentina y de nueve señales de TV por cable. Es propietario de Mitre, la segunda emisora de Onda Media más escuchada de Buenos Aires; cuenta con otras dos en provincias y dos emisoras de FM. También es el accionista mayoritario de la fábrica Papel Prensa, compañía que vende el papel con el que se imprimen el resto de los periódicos. El grupo Clarín compró Papel Prensa tras llegar a un acuerdo con la última dictadura militar de Argentina (1976-1983).

 

¿Es el único medio crítico en Argentina?

 

Hay otros periódicos como La Nación y el económico El Cronista que también se muestran muy críticos con el Gobierno. También hay que tener en cuenta alguna que otra emisora de radio como Continental, perteneciente al grupo Prisa. En el panorama televisivo también hay algún canal, aparte de los de Clarín, donde se pueden encontrar voces críticas contra el Gobierno. Pero la inmensa mayoría mantienen una línea editorial afín al Gobierno. Telefé, el canal perteneciente a Telefónica, es el primero en audiencia, pero basa casi toda su programación en el entretenimiento. Sus informativos distan mucho de considerarse una molestia para el Gobierno.

 

¿Por qué se enfrentaron el Gobierno y Clarín?

 

Nunca quedó del todo claro. Lo que sí es cierto es que la ruptura se produjo a partir de 2008, con la llamada guerra del campo. Clarín, que había mantenido una estrecha relación con la dictadura, supo conseguir licencias para ampliar sus negocios durante los Gobiernos de Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y el kirchnerismo (desde 2003). Pero en los tres casos acabó distanciándose de las autoridades de turno. Fuentes vinculadas a Clarín reconocen que en 2008 el expresidente Néstor Kirchner pidió al consejero delegado del grupo, Héctor Magnetto, que lo apoyara en su cruzada contra los colectivos agrarios, pero éste se puso del lado de estos últimos. El periódico Clarín tiene un suplemento semanal sobre agricultura y organiza cada año la feria más importante de este sector clave en la economía argentina. Las fuentes citadas también admiten que al mismo tiempo Magnetto le pidió a Kirchner que le facilitara la compra de Telecom Argentina (propiedad de Telecom Italia), pero éste se negó. Otras fuentes, ajenas a Clarín, señalan que hubo desavenencias de orden económico entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto.

 

¿Qué otros grupos deberán desinvertir?

 

Se calcula que unos 21 grupos deberán desprenderse de 330 licencias de televisión, radio y servicios de TV de pago. Unas 150 o 200 pertenecen a Clarín. Entre los otros 20 grupos figuran Telefónica, la norteamericana DirectTV, el empresario Cristóbal López (de histórica relación con los Kirchner). Prisa (editora de EL PAÍS), presentó un plan que contempla la transferencia de varias licencias de radio de provincias, a cambio de consolidar su posición en la cadena Continental en Buenos Aires.

 

¿Qué se supone que debería haber sucedido el 7-D?

 

Ese día vencía el plazo que la Corte Suprema había otorgado a Clarín para realizar las desinversiones exigidas por los artículos 41 y 161 de la Ley de Medios. Pero los jueces de la Cámara Civil y Comercial de Argentina Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta ordenaron una prórroga de la medida cautelar hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos denunciados por Clarín.

 

¿Quién debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los dos artículos de la Ley de Medios?

 

En Argentina, igual que en Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica, cualquier juez federal puede decretar la constitucionalidad o no de una norma. Por tanto, ahora es el juez de primera instancia Horacio Alfonso quien debe determinar si son constitucionales los dos artículos de la ley de medios que obligan a los 21 grupos a desinvertir. Si alguna de las partes recurriesen su sentencia, sería la Cámara quien debería pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma. Y, finalmente, la Corte Suprema.

 

¿Qué va a ocurrir ahora?

 

La Corte Suprema ha ordenado al juez Horacio Alfonso que trabaje incluso en fines de semana y festivos para determinar lo antes posible si los dos artículos en litigio son constitucionales. Mientras tanto, la batalla jurídica continúa en otro frente. Tras conocer el dictamen de la Cámara emitido el jueves seis de diciembre, el Gobierno presentó al día siguiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revocar la extensión de la medida cautelar. La Corte tiene que decidir primero si admite o no el recurso del Gobierno. En caso de que lo admita, deberá estudiar si mantiene o anula la extensión de la medida cautelar dictada por la Cámara.

 

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En el larvado proceso de la lucha por la democratización de la comunicación, el año 2010 se cierra con avances de importancia al tenor de los vientos de cambio que soplan en la región. En este contexto se inscribe la decisión de avanzar hacia una Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación para aunar esfuerzos en tono a esta causa.

Esta iniciativa fue adoptada en el Encuentro "Construyendo una Agenda Democrática en Comunicación" (Quito, 13-15 diciembre 2010), convocado por la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- con el apoyo de la UNESCO, que contó con la participación de 24 medios y redes de comunicación procedentes de 14 países de Latinoamérica y el Caribe.

“En América Latina estamos reinventando la democracia. Transitamos una etapa inédita que recupera y actualiza las mejores tradiciones emancipatorias y de resistencia popular. La profundización de este proceso exige el protagonismo de los espacios de participación colectiva para garantizar y robustecer las políticas públicas de integración regional, el reconocimiento de derechos y la justicia económica, social y cultural”, señala el acuerdo establecido.

Al mismo tiempo, acota, “es indispensable enfrentar los intentos restauradores del orden neoliberal que hoy se expresan con centralidad articuladora en las prácticas destituyentes y golpistas de los monopolios de la comunicación. Por eso creemos que es fundamental la democratización de la comunicación, la articulación de los medios populares y el fortalecimiento de los medios públicos. Es así que el afianzamiento de una agenda para una comunicación democrática requiere del impulso de los movimientos sociales, de los Estados nacionales y de las instancias regionales de integración”.

Para continuar haciendo camino al andar, se anotaron unas pistas básicas: acompañar las campañas de actores sociales desde la información; converger en coberturas en torno a ciertas fechas simbólicas o de eventos; hacer un trabajo informativo que contribuya a la unidad de los movimientos sociales; difundir pensamiento crítico y reforzar el sentido formativo de la información y comunicación.

También se estableció un consenso respecto a una inicial agenda informativa común cuya temática contempla: Derechos de la Madre Tierra, integración, soberanía, desmilitarización, democratización de la comunicación, descolonización, derechos humanos y solidaridad internacional.

Esta iniciativa es asumida e impulsada por medios, comunicadores y comunicadoras de América Latina y el Caribe que comparten estos principios y necesidades y que se asumen como “parte de las fuerzas sociales que propugnan el cambio social, económico, cultural y también de comunicación en Nuestra América”.

Por ello, precisan, “Nos comprometemos a articular un esfuerzo conjunto en nuestra área de acción -la comunicación social- que aporte en ese proceso. Y también invitamos a sumarse a este núcleo inicial a quienes, desde la comunicación, se sientan interpelados por estos principios”

America Latina. Hacia una Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación

Con el propósito de intercambiar mecanismos para afianzar una agenda común, 24 medios y redes de comunicación procedentes de 14 países de América Latina nos reunimos en Quito (13 - 15 de diciembre 2010) en el Encuentro Internacional “Construyendo una Agenda Democrática en Comunicación”, convocado por la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI-, con el apoyo de la UNESCO.

 Al finalizar el encuentro, los medios participantes acordamos articular un espacio común: la Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación tanto para interconectar la difusión informativa de temas comunes, como para abordar conjuntamente algunos otros desafíos para fortalecer los procesos orientados a democratizar la comunicación en nuestros países y en el continente, como condición básica para profundizar la democracia.
 
Para la construcción de ese espacio común se adoptaron los siguientes acuerdos:

1. Carácter de la Alianza:
 
En América Latina estamos reinventando la democracia.  Transitamos una etapa inédita que recupera y actualiza las mejores tradiciones emancipatorias y de resistencia popular.
 
La profundización de este proceso exige el protagonismo de los espacios de participación colectiva para garantizar y robustecer las políticas públicas de integración regional, el reconocimiento de derechos y la justicia económica, social y cultural.

Al mismo tiempo, es indispensable enfrentar los intentos restauradores del orden neoliberal que hoy se expresan con centralidad articuladora en las prácticas destituyentes y golpistas de los monopolios de la comunicación. 

Por eso creemos que es fundamental la democratización de la comunicación, la articulación de los medios populares y el fortalecimiento de los medios públicos.

Es así que el afianzamiento de una agenda para una comunicación democrática requiere del impulso de los movimientos sociales, de los Estados nacionales y de las instancias regionales de integración.
 
Los medios, comunicadores y comunicadoras de América Latina y el Caribe que compartimos estos principios y necesidades asumimos que somos parte de las fuerzas sociales que propugnan el cambio social, económico, cultural y también de comunicación en Nuestra América.
 
Nos comprometemos a articular un esfuerzo conjunto en nuestra área de acción -la comunicación social- que aporte en ese proceso.  Y también invitamos a sumarse a este núcleo inicial a quienes, desde la comunicación, se sientan interpelados por estos principios. 
 
2. Agenda temática común: 
  
Identificamos los siguientes criterios y enfoques comunes

- Acompañar las campañas de actores sociales desde la información 
- Converger en coberturas en torno a ciertas fechas simbólicas o de eventos 
- Hacer un trabajo informativo que contribuya a la unidad de los movimientos sociales 
- Difundir pensamiento crítico y reforzar el sentido formativo de la información y comunicación 
  
Para el próximo periodo,definimos los siguientes temas comunes de nuestra agenda informativa: 
Desmilitarización
Derechos de la Madre Tierra 
Integración 
Democratización de la comunicación 
Soberanía 
Descolonización 
Derechos humanos 
Solidaridad internacional 
  
3. Herramientas para enlazar contenidos en Internet: 
  
Enlaces: 
Los enlaces nos interconectan y contribuyen a una mayor visibilidad del conjunto en los buscadores de Internet. 
Recomendaciones a cada medio: 
- Considerar diferentes maneras de enlazar nuestros respectivos sitios Web. 
- Usar siempre enlaces dinámicos para identificar contenido retomado de otros sitios 
  
Etiquetas: 
El uso de etiquetas comunes (o estableciendo equivalencias) permite interconectar la información que producimos sobre un mismo tema.  Se acuerda: 
- Definir algunos descriptores o etiquetas comunes (o equivalentes) para identificar los temas de la agenda común. 
  
Sindicación (RSS): 
La sindicación no solo permite a usuarios conocer con más agilidad los contenidos de un sitio, sino que hay también instrumentos que permiten crear páginas públicas comunes que actualizan automáticamente los contenidos nuevos de cada sitio. 
Recomendaciones a cada medio: 
- Actualizar/activar el funcionamiento del RSS en todos los sitios web 
- En lo posible crear RSS temáticos en cada sitio 
  
Acuerdo: 
Crear páginas públicas de RSS de los medios participantes (y otros que se sumen) para cada uno de los temas de agenda común, y otras según las coyunturas. Cada medio podrá replicarlas.
La primera página a crear será sobre Haití para la jornada de solidaridad en torno al 12 de enero.
  
Twitter: 
Twitter tiene funciones que nos permitirían interconectar contenidos, hacer enjambre en torno a temas de destaque coyuntural, y aumentar mutuamente la visibilidad de los Twitters respectivos.  Acordamos: 
  
Para enlazar contenidos: 
- Priorizar en Twitter los contenidos de agenda común según coyunturas 
- Identificar los hashtags (etiquetas) de mayor uso en Twitter para los temas de agenda 
  
Para una mayor visibilidad: 
- Enlazar las respectivas cuentas Twitter  - mediante seguidores, listas, Retweets, etc. 
- Crear una lista pública de Twitters del grupo
  
Buscadores: 
Los buscadores permiten, por un lado, encontrar información específica dentro de cada sitio, como también mejorar el posicionamiento en buscadores externos.  Compartir un buscador común ayudaría a posicionar mejor el conjunto y asociar nuestros contenidos. 

4. Capacitación: 
Se identificó la capacitación, tanto interna, como para otros medios y organizaciones con las que trabajamos, como una prioridad e inquietud común. 
  
Se acordó crear un mecanismo para compartir recursos: 
- Intercambio de contenidos, metodologías, programas, actividades 
- Banco de datos que permite diferenciar tipos de recurso 

  Capacitación mutua: 
- Crear una lista de intercambio y apoyo mutuo entre los respectivos responsables  técnicos
- Incorporar sesiones de capacitación presencial en eventos donde coincidamos 
  
Relaciones con otros sectores: 
Reforzar el vínculo con la academia; buscar espacios para dialogar sobre currículos, temas de investigación; desarrollar estrategias de incidencia 
Relación con los Estados 
Relación con los medios públicos 
  
5. Seguridad, privacidad 
Compartir información (capacitación / análisis) sobre: 
- Guerra cibernética 
- Mecanismos de seguridad como espejos 
  
6. Sostenibilidad y financiamiento de nuestros medios 
Siendo un problema y preocupación común, acordamos: 
- Buscar e intercambiar sobre nuevas formas de financiamiento; 
- Buscar espacios de incidencia en Estados nacionales e instancias regionales de integración; intercambiar información al respecto. 
- Acciones de incidencia de cara a la cooperación internacional sobre la importancia de apoyar la comunicación 
- Un posible encuentro sobre el tema (para intercambiar experiencias y formular propuestas de políticas públicas) 
- Desarrollar la economía solidaria en comunicación – buscar alternativas. Sensibilizar a públicos. 
  
7. Contribuir al desarrollo de teoría y sistematización en comunicación 
- Generar debate 
- Crear puentes con la academia 
- Compartir información sobre experiencias de democratización de la comunicación en nuestros países 
  
8. Seguimiento: mecanismos, compromisos 
 
Se propone organizar una actividad similar a ésta en Centroamérica/Mesoamérica, con participación de otros medios.  Se solicita un respaldo o apoyo moral de UNESCO para la realización de esta actividad. 


Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina
Agencia Internacional de Prensa Indígena – AIPIN
Agencia Latinoamericana de Información – ALAI
Agencia Latinoamericana de Información y Análisis 2 – Aliados / Question Digital
Agencia Periodística del MERCOSUR – APM
Alterpresse (Haití)
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos – ANMCLA (Venezuela)
Brasil de Fato
Caminos (Cuba)
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala – CERIGUA
Coordinadora Nacional de Radio – CNR (Perú)
El Pregón.org (Costa Rica)
Voces (El Salvador)
La Época (Bolivia)
La Radio Del Sur
Periódico Desde Abajo  (Colombia)
Periódico E'a (Paraguay)
Prensa De Frente (Argentina)
Radio Mundo Real
Red Alba TV
Revista Mi País / Latina (Ecuador)
Vive TV (Venezuela)
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Jueves, 04 Noviembre 2010 07:24

Comunicación, frente de guerra

“Los frentes de guerra número uno, dos y tres están en los medios de comunicación y en el control de la opinión pública.”  Las palabras del periodista vasco Unai Aranzadi, transmitidas por video a los participantes de la Conferencia Sindical sobre Democratización de la Comunicación, definieron las discusiones del encuentro, realizado en Montevideo los días 1 y 2 de noviembre.  Según Aranzadi, los grandes medios siguen algunos “padrones de manipulación y de silencio impuestos por los conglomerados privados” para prostituir la información a cambio de la libertad de empresa y del discurso único del “partido del capital”.

 Promocionada por la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (www.csa-csi.org), con la participación de centrales sindicales, organizaciones sociales y expertos de más de 20 países latinoamericanos, la Conferencia destacó la necesidad de más protagonismo de los trabajadores en la lucha por la libertad de expresión – considerada un “valor indispensable para la construcción de una sociedad más justa”.

 La actuación de los medios de comunicación de masa fue condenada por los participantes mientras se replicaban las denuncias de trasgresión, por parte de quienes hacen uso indebido de las concesiones públicas, a las más elementares normas de disputa democrática.  Fueron mencionados desde el reciente caso brasileño – en el que el candidato de la oposición a la presidencia, José Serra, fue supuestamente “agredido” por una bolita de papel – hasta el racismo contra el presidente boliviano Evo Morales y las críticas a la presidenta Cristina Fernández, que aprobó una ley para disciplinar los abusos de los medios de comunicación en Argentina.

 En la evaluación del secretario general de la CSA, Víctor Báez, mencionó ejemplos concretos de la necesidad de construirse un poder en red para contraponer las mentiras difundidas en contra de la soberanía y la libertad de los pueblos, Víctor habló del caso de los mineros chilenos.

 Los 33 estuvieron 70 días bajo tierra, con los medios privados hablando mucho más de la acción de rescate y ocultando las verdaderas causas del desastre: la falta de inversiones en seguridad, por parte de la empresa, y la ausencia de fiscalización, por parte del gobierno.  Por fuerza de la movilización popular, el gobierno tuvo que cerrar muchas minas privadas que se encontraban en las mismas condiciones.

 “El movimiento sindical chileno habló de las causas del accidente, pero la denuncia se quedó aislada y la verdadera noticia no se difundió, porque todavía no hay una red”, evalúa Báez.  “El derrumbe de la mina San José nos recordó el ocurrido en México, en Pasta de Conchos, en donde muchos trabajadores estuvieron enterrados a 100 metros de profundidad, sin cualquier auxilio.  Y el dirigente sindical que denunció el accidente tuvo que exiliarse en Canadá.”

 Imposición de un modelo

 Rosane Bertotti, secretaria nacional de comunicación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en Brasil, destacó la necesidad política e ideológica de construir un nuevo marco para regular el sector.  En la Conferencia en Montevideo, Rosane dijo que algunas medidas sanadoras fueron “debatidas democráticamente por la sociedad brasileña y aprobadas en los foros nacionales de comunicación, y ahora serán materializadas en la Consolidación de las Leyes Sociales” del país.

 “La democratización de la comunicación es un paso esencial para la profundización de la democracia y elemento fundamental para la valoración de los seres humanos”, expresó.  “Con su concepción neoliberal de Estado mínimo, los privatistas intentaron inculcarnos sus contra-valores, confundiendo libertad de prensa con libertad de empresa.”

 Como contrapunto al escenario hegemónico de los grandes medios en Brasil, la secretaria de la CUT puntuó que la central sindical ha invertido en la estructuración de sus propios canales de TV y radio, que hace poco empezaron a transmitir.

 Como recordó el uruguayo Aram Aharonian, fundador de la emisora Telesur y dirigente del Observatorio Comunicación y Democracia de Venezuela, es fundamental que el movimiento sindical se articule con los movimientos sociales para la disputa de proyectos en la arena mediática.

 “Tres décadas atrás, para imponerse un modelo político-económico teníamos que recurrir a las armas, con saldo de millares de muertos, desaparecidos y torturados”, destacó.  “Hoy los medios de comunicación de masa llevan el bombardeo del mensaje hegemónico directamente al salón de nuestras casas, a nuestras cocinas y habitaciones, en las 24 horas del día.”

 Según el pensamiento de Aharonian, “actualmente son las grandes corporaciones que manejan el latifundio mediático, que crean imaginarios colectivos virtuales y deciden quién tiene la palabra, quién es el protagonista y el antagonista, mientras trabajan para que las grandes mayorías sigan mudas e invisibles”.

 Para combatir esta “verdadera dictadura mediática”, defendió el periodista, se tiene que “reivindicar y trasformar en realidad el sentido etimológico de la comunicación, que implica diálogo, interacción e intercambio para construir consensos entre las partes involucradas en el proceso.”  Aharonian hizo hincapié en la importancia de la propuesta de la CSA para estructurar redes para construir un movimiento contra-hegemónico con vistas a incentivar acciones esparcidas en el continente, tornándolas mucho más fuertes y eficientes.

 Gustavo Gómez Germano, director nacional de telecomunicaciones del Uruguay, resaltó que, en América Latina, por muchas razones, se está produciendo un proceso de revisión de las leyes sobre los medios de comunicación, en especial los electrónicos, como radio y TV.  “En realidad, se trata de un proceso de re-regulación, porque la regulación anterior habilitaba y fomentaba la concentración de los medios en manos de unos pocos, a la vez que obstaculizaba el acceso a las grandes mayorías.”

 De acuerdo con Gómez, los Estados deben revisar y reformar sus legislaciones y realizar controles adecuados para revertir e impedir la formación de monopolios y oligopolios en el control de los medios de comunicación.  “Si el Estado no desempeña un rol activo, la democratización no será posible, el libre juego de la oferta y demanda no disminuirá los abismos existentes en nuestras sociedades”, añadió.

 Nuevo internacionalismo

 Álvaro Padrón, de la Fundación Friedrich Ebert, entidad que apoyó la Conferencia de Montevideo, dice que el momento es de un “nuevo internacionalismo, con nueva base pragmática, más unidad y más pluralidad”.  Según Padrón, cuestiones que eran marginales ahora ganan más trascendencia en el embate de ideas, poniendo en jaque la concentración de los medios.  La conformación de una red de comunicación sindical, añadió, es una tarea urgente para colocar las entidades en una nueva posición de acción democratizadora.  Así se puede virar la página del neoliberalismo que todavía asfixia muchos Estados nacionales.

 Omar Rincón, también de la Fundación Friedrich Ebert, cree que estamos asistiendo a “una batalla inédita por el relato del país y por la hegemonía política, en donde los medios privados crearon su propia realidad, que representa a los dueños de los medios y que expresa poca transparencia informativa y económica.”

 El representante del Colectivo Intervoces, de Brasil, Pedro Eckman rescató la trayectoria de lucha de los movimientos sociales por la libertad de expresión y demostró cómo los intereses de los grandes barones de la comunicación y de la libre empresa cayeron en contradicción frente a los derechos comunicacionales.  Eckman defiende la necesidad de más articulación con el conyunto de los movimientos sociales para que caminen juntos en la consolidación de las redes contra-hegemónicas.  Y explicó que “no es necesario reinventar la rueda, una vez que ya hay mucha experiencia acumulada.  Basta fortalecer las alianzas.”

 La Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) estuvo representada en la Conferencia de Montevideo por Osvaldo León, para quien el momento favorece una campaña sincronizada por la democratización de la comunicación.  Nunca estuvo tan claro el papel dañino de los grandes oligopolios mediáticos, que encarnan una agresión al verdadero papel y a la responsabilidad de los medios de comunicación.

 “Pluralidad y diversidad no entran en estos medios que ahí están.  Por ello, nosotros defendemos la necesidad de invertir y contar con instrumentos propios.  Si no decimos nuestra propia palabra, los otros no la van a decir.”

 - Leonardo Wexell Severo, periodista brasileño, es integrante de la Secretaría de Comunicación de la Central Única de Trabajadores (CUT), Brasil.
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La cercanía del campeonato mundial de fútbol, ha puesto de manifiesto la carrera tecnológica a que se ven enfrentadas las empresas televisivas para ofrecer transmisiones de mayor calidad. Pero los avances tecnológicos son un aspecto de los cambios que se requieren en los medios y no sólo en los audiovisuales.

El tema está presente en prácticamente todos los países de América Latina, porque lo que empezó con las transmisiones de las cadenas televisivas extranjeras y se consideró un logro que nos ponía en comunicación con el resto del mundo, se ha extendido a los periódicos y las radioemisoras.
 
Esto no sólo está referido a empresas estadounidense. Los grupos Planeta y Prisa, españoles, también están adquiriendo radios y diarios y en ocasiones eso les permite acceder a canales de televisión. Al comprar el periódico El Tiempo, Planeta adquirió también TV Colombia, el tercer canal privado de ese país, cuya señal llega a Centroamérica y el Caribe y también a la costa Este de Estados Unidos.
 
Por su parte, el grupo Prisa adquirió, entre otras, las seis estaciones de radio con mayor sintonía en Chile, lo que teóricamente le da influencia sobre el sesenta por ciento de la audiencia del país. Los radiodifusores chilenos protestaron, pero más bien porque la legislación española impide que ellos puedan comprar radios en España.
 
Cambios en las leyes
 
En esta situación que se da en nuestra región, se están haciendo cambios en la legislación, los que inciden en lo tecnológico. En Chile, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se planteó dictar una ley sobre televisión digital, pero aún no ha sido aprobada por el parlamento.
 
El actual gobierno de Sebastián Piñera se propone que este año quede aprobada la ley y que para el mundial de fútbol los canales televisivos, tanto el estatal como los privados transmitan en su señal digital porque tienen, desde antes, autorización para una señal de prueba que vence en octubre.
 
Pero esto no democratiza la televisión chilena, porque en el 60 por ciento de los hogares sólo se accede a las transmisiones de televisión abierta. El ministro de telecomunicaciones dio a conocer un plan para que en un máximo de ocho años se haya realizado la transición al sistema digital.
 
Sostuvo también que “No vemos ninguna razón política o técnica para seguir privando a los más pobres de acceder a un adelanto tecnológico que ya existe” y agregó”. Hoy es tiempo de partir con la televisión digital abierta y gratuita, sin detenernos hasta que este beneficio está disponible en cada hogar de Chile”.
 
La intención vale, dice el refrán, pero para recibir en buena forma la televisión digital hay que tener un televisor adecuado o en su defecto comprar un decodificador. En Chile valen cuarenta mil pesos, que equivalen más menos a 80 dólares y los sectores de menores ingresos que, no pueden comprarse otro televisor, tampoco pueden adquirir el decodificador.
 
De una u otra manera llegamos al fondo del asunto que es la democratización de los medios, lo que no sólo se refiere a los contenidos, porque también incide en la realidad económica de los sectores mayoritarios de cada país.
 
Argentina
 
La ley de medios más completa que se ha dictado en América Latina es la que se aprobó por amplia mayoría el año pasado en el parlamento argentino y que no ha podido ser aplicada debido a los recursos presentados ante los tribunales por distintos opositores a la misma.
 
Al iniciar estas líneas la Corte Suprema de ese país había declarado admisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que se aplique la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y giró el caso a Procurador General para que emita un dictamen y entonces la Corte resolverá. Se calcula un plazo de diez días.
 
Ahora bien, la ley lo que hace es abrir los medios audiovisuales, radio y televisión, permitiendo que tanto las empresas del ramo como los gobiernos provinciales y municipales, así como las cooperativas, las universidades, las organizaciones sin fines de lucro y los pueblos originarios puedan acceder a una licencia para operarlos.
 
Al mismo tiempo, se ponen limites a la concentración de licencias, fijando topes a la cantidad de ellas que puede tener un mismo concesionario, rebajándolas de las 24 actuales a 10.Se determina también que ningún operador podrá dar servicio a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los suscriptores. Las concesiones serán por 10 años, prorrogables por otros 10 y no se podrá renovar una tercera vez.
 
La ley tiene otros aspectos interesantes que atañen al uso del lenguaje de señas y de audio descripción para personas con discapacidades diversas. Se contempla además el abono social en el caso de que en un lugar haya un solo prestador de servicio, a objeto de que todos los habitantes del sector tengan acceso a la radiodifusión o a la televisión.
 
En fin, se trata de una ley que modifica a fondo la legislación vigente, que es la dictada en 1982 por la última dictadura militar. El texto aprobado favorece al prestador de servicios nacional, limita la participación del capital extranjero en los medios y crea órganos colegiados para la aplicación, interpretación y cumplimiento de esta ley.
 
Y como el mundial de fútbol no podía estar ajeno a la discusión de estos días, trascendió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández distribuirá 1.2 millones de decodificadores en forma gratuita para que los sectores de bajos recursos también puedan ver el campeonato a través de la señal digital que emitirá Canal 7, que es el canal estatal.
 
Los beneficiados serán los que no reciben señal por cable ni por satélite y que sólo ven cuatro señales. Y esto tiene muy contento a Maradona, quien mientras se debatía el proyecto dijo: “Me hace muy feliz que todos los argentinos por igual, desde cualquier rincón del país puedan ver y disfrutar del fútbol, que tantas alegrías nos brinda”.
 
Por Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del Presidente Salvador Allende.
 http://alainet.org/active/38399
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Miércoles, 19 Agosto 2009 06:34

Separar la paja del trigo

En 1976 en Argentina había censura. Como señalan Postolski y Marino, el decreto Nº 19 del 24 de marzo la hacía explícita y, por si no quedaba claro, en la madrugada del mismo día del golpe “fueron convocados todos los directores de los medios de comunicación metropolitanos a la sede del Comando General del Ejército, donde se les informó la decisión de implantar un régimen de censura ‘que podía ser largo’” (Postolski G. y Marino S. “Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios” en Mucho Ruido, Pocas Leyes, Mastrini G. (Editor), La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2005). Se estableció un mecanismo de censura previa que funcionó sólo un mes porque los grandes medios, en lugar de quejarse, se autocensuraron haciéndolo innecesario. Los que no aceptaron esto sufrieron allanamientos y detenciones, desaparecieron 100 periodistas, se prohibieron y clausuraron radios y revistas, se quemaron miles de libros. La SIP y las asociaciones nacionales guardaron silencio y la mayoría de los argentinos tardaron muchos años en enterarse de estas cosas. Uno de los pocos que se animaron a enfrentar la censura, Rodolfo Walsh, lo hizo a través de una carta que repartió personalmente, lo que le costó la vida.

Hoy en toda Latinoamérica los monopolios mediáticos sí hablan de censura por parte de gobiernos democráticos. Estos “censurados” tienen cientos de canales, ganan plata con sus negocios, escriben columnas dominicales en los principales diarios de sus países y uno conoce sus voces antes que la de los “censuradores”.

El caso paradigmático sin dudas es Venezuela, donde para cualquiera que se informe por los medios tradicionales existe una gran censura y nadie puede informarse a través de otros medios que no sean los oficiales.

Cualquiera pensaría que los venezolanos sólo pueden ver horas y horas de Chávez hablando, propaganda gubernamental o programas oficialistas. Pero si vemos los números nos encontramos con otra realidad: el 80 por ciento de los medios audiovisuales de todo tipo están en manos de los grandes grupos económicos y sólo el 9 por ciento son del servicio público. A pesar de existir una ley que favorece la creación de medios comunitarios y alternativos, éstos encuentran dificultades para poder crear una radio o una TV porque el espectro está saturado y no hay lugar para transmitir.

Las últimas semanas los grandes medios nos volvieron a traer noticias desde allá:

1) La televisión argentina reprodujo fundamentalmente el ataque a Globovisión. Era lo más efectivo desde el punto de vista visual por ser hechos de violencia. Nunca la televisión explicó qué intereses representa Globovisión. El gobierno de Chávez repudió lo sucedido diciendo que le servía al canal para victimizarse y la responsable fue presa. Globovisión siguió trasmitiendo normalmente.

2) Se informó sobre la supuesta Ley de Delitos Mediáticos, que no pasó de un proyecto de la fiscal General de la República, que nunca tuvo estado parlamentario y ya fue descartada.

3) Por último, estuvo el supuesto “cierre” de 34 radios. Como en el caso de RCTV, el uso de las palabras no es inocente. Se habla de “cierres” y todo el mundo lo repite. El gobierno de Chávez no cerró ninguna radio; lo que hubo fue una acción administrativa dirigida a regularizar el espectro radioeléctrico, un espectro radioeléctrico saturado y lleno de irregularidades.

En cada país el Estado administra las frecuencias, ya que son un bien público y debe controlar que se cumplan las leyes que regulan su uso. Como señaló Helena Salcedo, directora de Radio Nacional Venezuela (RNV): “No presentaron los recaudos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y están amparándose en el elemento político para decir que se cercena la libertad de expresión”.

El abogado constitucionalista Carlos Escarrá contó que en el estudio realizado a las 240 emisoras se puedo apreciar que “muchas de esas habilitaciones fueron traspasadas, fueron cedidas, legadas, es decir, se buscó cualquier forma jurídica, incluso fraudulenta, para que esas concesiones no estuviesen en manos de quienes legalmente deberían estar” y señaló que esta situación es “totalmente irregular que se diga que va vía sucesión, vía herencia, porque es un bien del Estado y no lo puedes heredar bajo ningún concepto”.

Los supuestos luchadores contra la censura en realidad defienden la ilegalidad que les permitió hacer negocios en estos años, mientras el Estado está obligado a regularizar esta situación. No para quedarse con esas frecuencias, sino para redistribuirlas entre nuevos actores que están interesados en ingresar al espectro (la mayoría sin fines de lucro). Esto, sin dudas, aumentaría la pluralidad en los medios en lugar de recortarla, como algunos plantean.

Por Pascual Calicchio, *Docente y periodista.
 

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Paul Jay: Bienvenido a The Real News Estamos en el MIT, Cambridge, con el Profesor Noam Chomsky, quien creo no necesita introducción. Gracias por acompañarnos.
 
Chomsky: Encantado de estar con vosotros.
 
Jay: Algunos días atrás, la administración Obama y Geithner anunciaron su plan para la banca. ¿Qué opinas al respecto?
Chomsky: Bueno, en realidad existen varios planes. Uno es la capitalización. El otro, el más reciente, busca rescatar los activos tóxicos mediante una coalición mixta, entre el sector público y el privado. Y éste disparó el mercado de valores al alza. La razón es evidente: resulta extremadamente beneficioso para los banqueros y los inversores. Esto significa que un inversor podría, si quisiera, comprar estos activos de poco valor. Y si éstos aumentan su valor, obtiene ganancias; mientras que si caen aun más, el gobierno asegura el valor. Por lo tanto, podría existir una ligera pérdida, pero también podría haber grandes ganancias. Y esto es –como señaló un administrador financiero en el Financial Times esta mañana- un “escenario de ganancias”.
 
Jay: Un escenario de ganancias para el inversor.
Chomsky: Sí.
 
Jay: Si tú eres el inversor.
Chomsky: Para el sector público es un escenario de pérdida. Pero ellos están simplemente reciclando, en gran parte, las medidas de Bush y Paulson; se las ha retocado un poco, pero esencialmente mantienen la misma idea: conservar la misma estructura institucional, obviar la gravedad del problema el mayor tiempo posible, sobornar a bancos e inversores para que ayuden, pero evitar las medidas que puedan ir al centro neurálgico del problema –es decir evitar el costo, si es que puede considerarse un costo, de cambiar la estructura institucional-.
 
Jay: ¿Y cuál es el plan que apoyarías?
Chomsky: Bueno, digamos por ejemplo, tomar adecuadamente las bonificaciones de AIG [“bonuses”, se refiere a pagas adicionales que reciben los ejecutivos en forma de incentivos a su desempeño, N. de la T.], que son los que están causando semejante desastre. Dean Baker manifestó que había una forma adecuada y simple de abordar el problema. Desde que el gobierno prácticamente es propietario de AIG (sólo que no usa su poder para tomar decisiones), dividiera la sección de AIG que causó todos los problemas –la sección de inversiones financieras-, y la deje ir a la bancarrota. Y después los ejecutivos podrán ir a cobrar sus bonificaciones a la empresa quebrada, si quieren. Esto aumentaría mucho el interés de los afectados en el problema de la quiebra, y el gobierno podría mantener su control efectivo a gran escala, si quisiera ejercerlo, sobre lo que es aún viable en AIG. Y con los bancos, los grandes bancos como el Bank of America, uno de los principales problemas es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede en su interior. Existen prácticas y manipulaciones muy oscuras y ellos no van revelarlas tan fácilmente al gobierno. ¿Por qué deberían hacerlo? No es su problema. De hecho, cuando la Associated Press envió a periodistas a entrevistar a los administradores bancarios y a los gestores de inversiones, preguntándoles qué habían hecho con el dinero del TARP [Troubled Assets Relief Program: plan de rescate financiero realizado por la Administración Bush para reducirles riesgos a los tenedores de activos con problemas, N. de la T.], ellos se limitaron a reír. Dijeron “No es de su interés. Somos empresas privadas. La tarea del sector público es financiarnos, no saber lo que estamos haciendo”. Pero el gobierno podría averiguarlo –a saber, haciéndose cargo del control de los bancos-.
 
Jay: ¿Es por este tipo de maquinaciones políticas por lo que quieren evitar la nacionalización? 
Chomsky: No tienes que usar la palabra ‘nacionalización’ si le molesta a la gente; pero debe haber alguna forma de concurso de acreedores, que pueda al menos permitir a investigadores independientes, investigadores gubernamentales, estudiar los libros de cuentas, averiguar qué es lo que están haciendo, quién debe qué a quién, lo cual constituye el punto de partida para cualquier tipo de modificación. Se podría ir mucho más allá, pero no está contemplado. No es una ley natural que las corporaciones tengan que dedicarse solamente a obtener beneficios para sus accionistas. Ni siquiera es lo que señala la ley. Esto es principalmente el resultado de decisiones judiciales y códigos administrativos, entre otros. Sin embargo, es perfectamente concebible que las corporaciones sean responsables con sus accionistas, la comunidad y los trabajadores.
 
Jay: Especialmente cuando es dinero público el que está moviendo el sistema.
Chomsky: Casi siempre es dinero público. Toma por ejemplo el caso del hombre más rico del mundo, Bill Gates. ¿Cómo llegó a tener la mayor fortuna mundial? Bueno, gran parte de ello se lo debe al dinero público. De hecho, a lugares como en el que estamos ahora sentados...
 
Jay: El MIT.
Chomsky: -que es donde los ordenadores han sido desarrollados, internet ha sido desarrollado, y los programas informáticos más modernos, aquí y en sitios similares- casi en su totalidad son sostenidos con fondos públicos. Y luego, por supuesto, el sistema funciona de una forma que podría sintetizarse, aunque algo exageradamente, diciendo que el sector público paga los costos y asume los riesgos, y el beneficio es privatizado.
 
Jay: Que es lo que estamos viendo ahora con el rescate financiero.
Chomsky: Bueno, hay mucho que decir al respecto porque se trata de las instituciones financieras y es muy evidente, pero esto sucede también en otros ámbitos. Como dije, ordenadores e internet, las bases para la revolución de las tecnologías de la información de finales de los 90.
 
Jay: Entonces cuando dices “desafiar la estructura institucional”, ¿qué es lo que quisieras que suceda? 
Chomsky: Para comenzar, pienso que las corporaciones, los bancos, y demás instituciones de esa clase deberían ser responsables frente a todos los interesados, no sólo frente a los accionistas. Esto no es un cambio enorme. De hecho, es parte de la jurisprudencia de la corte. Hubo un caso muy importante, enormemente relevante ahora. Hace alrededor de 30 años, las principales compañías del acero quisieron destruir las plantas de acero de Youngstown –el centro de las comunidades de allí fue construido en torno a ellas- y buscaron moverlas o deshacerse de ellas. Y los trabajadores y la comunidad en general querían conservarlas y pensaron que podrían hacerlas funcionar por su cuenta. De hecho, llevaron el caso a la justicia, argumentando que las reglas administrativas deberían ser modificadas, para que todas las partes interesadas en la empresa, no sólo los accionistas, puedan tener control sobre la corporación. Naturalmente, no ganaron el juicio, pero es una idea perfectamente factible. Podría ser una forma de mantener vivas a las comunidades y también conservar aquí a las industrias.
 
Jay: Entonces, si miras el sistema financiero actual y tomas este principio, la representación de los intereses de todos los afectados por la empresa y no sólo los de los accionistas, ¿cómo se materializaría, en términos de políticas?
Chomsky. Primero, y para comenzar, implicaría que el gobierno no sólo rescatase financieramente a los bancos vertiendo capital en ellos, sino que ejerciese el control. Y el control comienza con la inspección. Y averiguaríamos lo que están haciendo. Luego, podrían conservarse las partes viables, y si son viables, deberíamos ponerlas bajo control público. Probablemente el gobierno podría haber comprado AIG o Citigroup por bastante menos de lo que está pagando ahora por ellos. Me refiero a que en una sociedad democrática, el gobierno y la comunidad estarían en mutuo acuerdo, y entonces tendría que haber una compenetración directa de la comunidad en lo que esas instituciones deberían hacer y con la manera en que ellas deberían distribuir su dinero, entre otras cuestiones. Es decir, que podrían conducirse democráticamente por los trabajadores, por la comunidad.
 
Jay: Pero entonces, aunque se utilice o no la palabra ‘nacionalización’, ¿el banco se convierte entonces en una institución de propiedad pública?
Chomsky: Se convierten en instituciones de propiedad pública que sirven a la comunidad y donde las decisiones son tomadas por la comunidad. Es un largo camino. Hay que aproximarse paso a paso. Cuando se piensa en nacionalización, al menos en términos generales y por razones históricas, se alude a una especie de Gran Hermano haciéndose con el poder, y la población acatando órdenes. Pero esa no es necesariamente la forma en que se ha hecho. Hay muchas instituciones nacionalizadas que se han desempeñado eficientemente. Por ejemplo, en Chile, que se supone que fue el alumno fiel de la economía de libre mercado reaganiana/thatcheriana. En ese país, una buena parte de la economía está basada en una empresa productora de cobre, nacionalizada y muy eficiente. Codelco, tal es el nombre de la compañía, fue nacionalizada por Allende, pero su desempeño fue tan efectivo que durante los años de Pinochet no se desmanteló. En realidad, actualmente está siendo debilitada, pero sigue siendo la mayor productora de cobre del mundo y la principal fuente de renta del Estado. Y por todos lados pueden encontrarse casos de empresas nacionalizadas que se han desempeñado exitosamente. Pero la nacionalización es sólo un paso hacia la democratización. El asunto es quién las administra, quién toma las decisiones, quién las controla. Ahora, en el caso de las instituciones nacionalizadas, siguen siendo jerárquicas, pero no tienen por qué serlo siempre. Quiero decir, nuevamente, que no existe ninguna especie de ley natural por la cual estas instituciones no puedan ser democráticamente conducidas.
 
Jay: ¿Y cómo sería?
Chomsky: La participación mediante consejos de trabajadores, reuniones y discusiones de organizaciones comunitarias, en las cuales se deciden las políticas a seguir –que es como se supone que la democracia debería funcionar-. Estamos muy lejos de eso, aun en el sistema político. Por ejemplo, las primarias. De la manera en la que funciona nuestro sistema, los candidatos se postulan, sus jefes de campaña van a algún pueblo de New Hampshire y organizan un acto adonde acude el candidato y dice: “Miren lo bueno que soy. Voten por mí.” Y la gente puede creerle, o no, y luego se va a casa. Supongamos que tenemos un sistema democrático que funciona de la otra manera. La gente en el pueblo de New Hampshire se reuniría en conferencias, encuentros, etc., y trabajarían en las políticas que les gustaría ver concretadas. Y luego, si alguien quisiera postularse a alguna candidatura, podría ir, si quieren ellos podrían invitarlo, y él los escucharía. Le dirían cuáles son las políticas que les gustaría que se aplicasen, y que si él lo hace, ellos le permitirían representarlos, pero que le retirarían el apoyo si no cumple.
 
Jay: Como dices, esto está bastante alejado de lo que hoy es la política.
Chomsky: No está tan lejos. Suele darse.
 
Jay: Pero en una instancia nacional...
Chomsky: En el contexto nacional está muy lejos. Pero permíteme tomar como ejemplo el que probablemente sea el país más democrático del hemisferio occidental, aunque la gente no quiera pensarlo así: Bolivia. Es el país más pobre del hemisferio. Es el más pobre de Sudamérica. Tuvo elecciones en los últimos dos años, en las que la gran mayoría de la población, que fue la más reprimida del hemisferio, la población indígena, entró por primera vez en 500 años en la arena política, determinó las políticas que quiso, y eligió un líder de sus propias filas, un campesino pobre. Y los aspectos a modificar fueron muy serios –su control sobre los recursos, la justicia económica, los derechos culturales, las complejidades de una muy diversa sociedad multiétnica-. Las políticas proceden en gran medida de la comunidad, y se supone que el presidente las concreta. Es cierto que nada funciona tan perfectamente, se presentan problemas de todo tipo, pero existe una forma de programa básico. Esto es democracia en funcionamiento. Es casi lo opuesto a la forma en que opera nuestro sistema.
 
Jay: ¿Qué crees que irá a suceder? Me refiero a los planes actuales para el sector financiero, para el sector automotor, el plan general de estímulos. ¿Crees que funcionará? Y si no, ¿hacia dónde nos dirigimos en términos de intensidad de la crisis? Y ¿qué significa esto en relación con la democracia norteamericana?
Noam Chomsky: No creo que nadie esté en condiciones de saber si esto irá a funcionar. Es algo así como disparar en medio de la oscuridad. En general, -y no tengo ninguna mirada particular sobre el problema- creo que no será como la Gran Depresión, pero pueden venir años difíciles y un montón de parches si se persiste en las políticas en curso. Ahora, el punto crucial de las políticas actuales es mantener estable la estructura institucional: la misma estructura de autoridad, dominación y toma vertical de decisiones. En este esquema, la ciudadanía tiene un rol posible: consumidores. Puedes venderte a este esquema –es lo que se llama buscar un empleo-.
 
Jay: Y poner dinero para el rescate.
Chomsky: Sí, y puedes colaborar con dinero para el rescate económico, pero no te convertirás por eso en parte del aparato de toma de decisiones. Existe también otra certeza: se dará alguna forma de regulación. Quiero decir, la manía desregulatoria de los últimos 30 años, basada en conceptos fundamentalistas, casi religiosos, sobre la eficiencia de los mercados, se ha deteriorado bastante, y de forma rápida. Por ejemplo, Lawrence Summers, quien es ahora el jefe –prácticamente el jefe de los consejeros económicos- ha tenido que reconstruir un sistema de regulación del tipo del que destruyó unos años atrás. Estuvo a la cabeza de las iniciativas para bloquear los intentos del Congreso por regular los derivados y demás instrumentos financieros exóticos, bajo la influencia de estas cuestionadas ideas sobre mercados eficientes, elección racional, etc. Esto está bastante deteriorado, y habrá algún tipo de reconstrucción del aparato regulatorio. Pero su historia es bastante clara y comprensible: los sistemas regulatorios tienden a quedar absorbidos por las industrias que han de regular. Esto fue lo que sucedió con los ferrocarriles, entre otros ejemplos. Y es natural. Ellos tienen poder, poder concentrado, capital concentrado, y una influencia política enorme –prácticamente conducen el gobierno-. Por eso, ellos siempre terminan haciéndose con el control del aparato regulatorio en su propio interés. Por ejemplo, durante lo que muchos economistas llaman la “era dorada del capitalismo”, que abarcó desde la segunda posguerra hasta mediados de la década de 1970, no hubo grandes crisis. El sistema estuvo regulado, se regularon el flujo de capitales, los tipos de cambio, etc., y condujo al mayor crecimiento en épocas de paz de la historia. Esto cambió a mediados de los 70, cuando la economía se fue desregulando y financiarizando, se incrementó el flujo de capital financiero especulativo y resurgieron las mitologías sobre la eficiencia de los mercados. Y hubo crecimiento, por supuesto, pero se concentró en muy pocos bolsillos, y durante 30 años se estancaron los salarios reales de la mayoría de la población.
 
Jay: ¿Y cómo cambia todo esto?
Chomsky: Hay un pequeño aspecto redistributivo en la política impositiva, muy pequeño. Quiero decir, es llamado socialismo, comunismo y cosas del estilo, pero difícilmente sea lo que fue años atrás. Por otro lado, la mejor manera de acercarse a un sistema más igualitario sería, simplemente, permitir la sindicalización. Los sindicatos tradicionalmente no sólo han mejorado la vida, las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores, sino que han ayudado también a democratizar la sociedad. Son uno de los pocos medios por los cuales la gente común puede unirse y debatir, e incidir sobre las políticas públicas. Ahora no es eso lo que se busca. De hecho, y esto es lo interesante, es como si la sindicalización estuviera fuera de nuestras mentes. Hubo un dramático ejemplo de ello hace un par de semanas. El presidente Obama quiso mostrar su solidaridad con los trabajadores, por lo que fue a Illinois y habló en una planta industrial. La elección de la planta fue llamativa: escogió a Caterpillar. La eligió a pesar de las objeciones de la iglesia y grupos defensores de los derechos humanos sobre los efectos devastadores de las máquinas de Caterpillar en los territorios ocupados por Israel, que destruyen tierras de cultivo, caminos y pueblos. Pero nadie, hasta donde yo sé, ha considerado algo mucho más terrible, y es el papel que ha jugado esta empresa en la historia sindical estadounidense. Caterpillar fue la primera planta en generaciones en utilizar esquiroles para destruir una huelga. Esto fue, creo, en 1988, una parte del ataque de Reagan sobre el trabajo, pero esta fue la primera instalación industrial en hacerlo. Ahora eso es un hecho importante, enorme. En ese momento Estados Unidos estaba sólo -de la mano de Sudáfrica-, permitiendo algo así. Y esto esencialmente destruye el derecho de asociación de la población trabajadora.
 
Jay: La Ley sobre la Libre Elección del Trabajador (Employee Free Choice Act), que se supuso que facilitaría la sindicalización, no hemos oído mucho de ella desde la elección.
Chomsky: No se ha escuchado mucho al respecto. Y tampoco cuando Obama visitó la planta, que es el símbolo de la destrucción del trabajo por medio de prácticas desleales, porque la sindicalización ha sido extirpada de la mente de las personas. La Employee Free Choice Act siempre ha sido tergiversada. Se ha descrito como un intento de evitar elecciones secretas. No es eso. Es para permitir que los trabajadores decidan si debería haber elecciones secretas en vez de dejar las decisiones enteramente en las manos de los empleadores, que pueden usar las listas de afiliación sindical [check cards] si quieren [inaudible]... pueden elegirla, pero los trabajadores también pueden. Durante la campaña, Obama habló sobre esto, pero paulatinamente fue pasando a un segundo plano. Y hubiese significado un salto mucho más alto para superar la radical redistribución hacia los más ricos -que tuvo lugar en los últimos 30 años- facilitar los esfuerzos de gremialización. Y todos y cada uno de los presidentes desde Reagan han atacado este derecho. Reagan directamente les dijo a los empleadores: “No vamos a aplicar la ley”. Por lo que se triplicaron los despidos -despidos legales- por organizarse sindicalmente. Cuando llegó Clinton esto se consiguió básicamente a través de un dispositivo diferente –que se llamó NAFTA [Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, en inglés; N. de la T.]. El NAFTA dotó a los empleadores de medio muy eficaces para evitar la organización de los trabajadores: sólo pusieron un gran letrero diciendo: “Operación de transferencia a México”. “Es ilegal, pero si el gobierno es un gobierno fuera de la ley, es posible salirte con la tuya”. Y durante los años de Bush, no es necesario hablar de ello. Pero es posible revertirlo, y este podría ser no solo un paso importante en el camino hacia la reversión de la tendencia regresiva de redistribución de la renta, sino en el de la democratización de la sociedad mediante la generación de mecanismos por los cuales la gente pueda actuar políticamente en su propio interés. Pero esto permanece tan al margen que apenas se discute. Y cuestiones como el control de las instituciones por todos los actores interesados, los trabajadores en la comunidad, no están en las preocupaciones prioritarias de la gente. Están dejándose de lado. De todos modos, si retrocedes hasta la década de 1930, que es la más cercana -aunque no fue igual-, surgieron algunos temas similares. Lo que en realidad metió miedo en el centro del mundo de los negocios fueron las huelgas de brazos caídos [: sit down strike, tipo de paro, sin actividad laboral, pero en el lugar de trabajo; N. de la T.]. Las huelgas de brazos caídos suceden justo cinco segundos antes de que aparezca la siguiente idea: “¿por qué sentarnos aquí? ¿por qué mejor no hacemos funcionar la fábrica? Podemos hacerlo, razonablemente mejor que estos administradores, porque nosotros conocemos como funciona”. Ahora bien, esto asusta. Y está empezando a pasar. Justo un mes atrás hubo una huelga de brazos caídos en una planta de Chicago, creo que se llamaba Pisos y Ventanas de la República. La multinacional propietaria de esta fábrica quiso cerrarla o trasladarla a otro lugar. Y los trabajadores protestaron, y se manifestaron, pero finalmente hicieron una huelga de brazos caídos. Tuvieron éxito a medias. Muchos de ellos perdieron su empleo. Otra empresa compró la planta, pero no se produjo el paso siguiente. El paso siguiente era, “¿por qué no nos encargamos nosotros de hacer funcionar la fábrica, conjuntamente con la parte de la comunidad que está directamente interesada, y tal vez incluso el resto de la comunidad? Estos son los asuntos que realmente deberían ser debatidos.
 
Por, Paul Jay
Real News
Traducción para www.sinpermiso.info: Camila Vollenweider
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