La remunicipalización ha permitido a cientos de ciudades recuperar el control de su abastecimiento en detrimento de grandes empresas.

El caso de Berlín, cuya remunicipalización data de 2014, es uno de los ejemplos más claros de cómo triunfa un movimiento social frente a grandes poderes económicos y políticos

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.

Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.

Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.

“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.

Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.

Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.

En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.

Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.

Movilización social

Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.

Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.

Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU”, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.

Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín”, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.

Los partidos políticos no (siempre) son necesarios

En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.

El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es Die Linke se opuso”, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.

En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías”, lamenta Franzen.

Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.

En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.

Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.

Referéndum en Berlín

Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.

La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.

En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.

La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.

Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina.

Aldo Mas
02/02/2018 - 21:24h

Existen diversos medios efectivos para controlar a grandes cantidades de población. Desde el “poder blando”, es decir a través de medios culturales e ideológicos hasta el uso de la fuerza desmedida, utilizando costosos despliegues militares. Dentro de esta escala existe una modalidad basada en el control de la producción y distribución alimentaria que ha afectado a millones de personas en el mundo. En efecto, un puñado de empresas en su mayoría de origen estadounidense, se han encargado del diseño de semillas genéticamente modificadas (o GMO por sus siglas en inglés) que tienen el propósito de limitar la producción de alimentos y acabar con la soberanía alimentaria en regiones como América Latina.

Para el gobierno de los Estados Unidos es una prioridad estratégica apoyar la investigación de empresas que trabajan con la transformación de los alimentos. La razón fundamental es que esto significa una intervención directa sobre la salud y la dieta de las poblaciones. En otras palabras, es un arma poderosa que silencia a millones de personas en el mundo sin necesidad de utilizar las armas. Como estrategia de superioridad global, las GMO son para las empresas norteamericanas un negocio redondo en la medida en que no sólo producen las semillas modificadas, sino que además venden los “antídotos” contra las plagas. Si un campesino compra las semillas de empresas como Monsanto está obligado a gastar también en los herbicidas e insecticidas de la misma corporación.

El objetivo de empresas como Monsanto, Dupont o Bayer es dirigir un ataque en contra de la cultura y las tradiciones de millones de campesinos. De hecho, para muchas comunidades la semilla es sinónimo de fertilidad, diversidad y multiplicación de la vida. Concepto que ha sido desechado por las denominadas semillas “terminator” que a causa de su modificación están diseñadas para que no tengan una reproducción futura. De este modo, el cambio en los alimentos ha generado la pérdida progresiva de la soberanía alimentaria, esto es, la autonomía de los pueblos para definir su propia política agraria sin tener que luchar en contra de empresas que buscan monopolizar la producción de los alimentos (http://www.nadasantosobremonsanto.com/soberania-alimentaria/).

Esta ha sido justamente una lucha constante en diversos países de América Latina. La llamada “ley Monsanto” que promueve los derechos de autor en la propagación de semillas con transformaciones genéticas, ha ocasionado en muchos casos la criminalización de los campesinos. La paradoja se basa en que la utilización de semillas patentadas de Monsanto por parte de agricultores que no declaren su uso, pueden ser castigadas, incluso con cárcel. ( http://www.jornada.unam.mx/2007/02/08/index.php?section=sociedad&article=047n1soc ). Esto sugiere a todas luces una estrategia de control sobre aquellos que se encargan de alimentar a millones de personas en el mundo. Los grupos económicos buscan restringir al máximo la diversidad y riqueza de los alimentos para que decidir sobre la salud de la población. Lo peor y más preocupante es que las empresas tienen a su favor la ley y la fuerza para cumplir con sus disposiciones.

Una de las grandes amenazas para los países de Latinoamérica es no poder definir su política alimentaria. Cada gobierno debe diseñar una estrategia para alimentar a su población de acuerdo a criterios de equidad y distribución. Sin embargo, con el advenimiento de empresas estadounidenses que buscan el control en la producción alimentaria, los términos de la seguridad y la soberanía han ido disminuyendo considerablemente. A Estados Unidos ya no le basta con el control fáctico sobre el territorio mediante la instalación de bases militares, sino que ahora ha buscado nuevas estrategias para generar presión económica y política a través de la regulación de procesos agroindustriales y la creación de una compleja legislación que protege a sus multinacionales.

El propósito de las grandes empresas de alimentos es mostrar la utilidad y beneficios que supuestamente las GMO pueden traer al mundo. Según los primeros estudios, estas semillas “mejoradas”, aumentaban la fertilidad y reducían ciertos gastos de producción. No obstante, en un estudio elaborado a largo plazo por científicos latinoamericanos se ha demostrado todo lo contrario. En primera medida, la calidad de la tierra ha disminuido dramáticamente, incluso perdiendo su uso y nutrientes. En segunda instancia, los científicos comprobaron que los productos de Monsanto y empresas similares traen daños irreversibles para la salud de las personas, evidenciándose incremento en casos de cáncer, malformaciones congénitas, daños genéticos, entre otros ( https://www.grain.org/bulletin_board/entries/5555-latin-american-scientists-reject-letter-from-nobel-prize-laureates-in-support-of-gmos ). Así pues, las aparentes ventajas de las semillas tratadas genéticamente no se comparan con los daños y perjuicios que le han causado a la salud humana y a la biodiversidad de los ecosistemas.

En un acto de soberanía, científicos del subcontinente latinoamericano enviaron una carta al comité del Premio Nobel que fue otorgado a investigadores por su avance en las semillas genéticamente modificadas, hecho que ha sido inadmisible para quienes consideran los grandes daños que estas empresas han traído a América Latina ( http://www.march-against-monsanto.com/prominent-latin-american-scientists-say-bill-gates-gmo-golden-rice-is-a-total-failure/ ). Pero las críticas no sólo han sido dirigidas por parte de científicos latinoamericanos, la Universidad de Virginia en Estados Unidos realizó un estudio en el que se comprueba que los herbicidas e insecticidas producidos por Monsanto han causado importantes daños ambientales, incluso en el crecimiento de plantaciones de maíz ( http://sustainablepulse.com/2016/09/18/largest-ever-gmo-crops-study-shows-massive-environmental-damage-in-us/#.WDl7FObhC01 ).

Pese a todas las denuncias realizadas en contra de las multinacionales, estas siguen empeñadas en continuar con “investigaciones” que favorezcan al capital privado. De hecho, Monsanto invierte millones de dólares al año en abogados para evitar un decrecimiento en las ventas. El negocio es redondo pues no sólo limitan la producción alimentaria, criminalizando a todos aquellos que intercambien semillas, sino que reducen el mercado para que sean unas pocas empresas las que se lleven todas las ganancias. De este modo, regiones tan ricas en biodiversidad como América Latina que, por poner un ejemplo cuentan con más de 4000 variedades de papa, han visto cómo sus campesinos tienen que iniciar movilizaciones para evitar que la diversidad sea llevada a la cárcel.

Por esa razón, bajo una lógica criminal empresas como Monsanto, Dupont, Cargill y Bayer se han apropiado del patrimonio intelectual e inmaterial de millones de generaciones de campesinos cuyo legado ha sido reducido a unas cuantas semillas modificadas genéticamente que generan graves enfermedades. Algunas ONG como Pesticide Action Network International (PAN) han denunciado constantemente los daños de los químicos usados por estas empresas. En un completo estudio realizado por la asociación, se demostró las consecuencias del uso del glifosato para erradicar plagas ( http://pan-international.org/wp-content/uploads/Glyphosate-monograph.pdf ). Esto demuestra que Monsanto está empeñado en continuar con la comercialización de sus productos a pesar que se han comprobado efectos desfavorables para la salud de las personas y para los ecosistemas de distintos países. Lo que estas empresas están haciendo es envenenar el mundo a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

Por si fuera poco, en septiembre del presente año, se realizó un anuncio que estremeció al mundo. Las multinacionales Monsanto y Bayer han decidido fusionarse para crear un megaimperio en la producción y distribución de alimentos ( http://www.commondreams.org/news/2016/09/14/five-alarm-threat-our-food-supply-monsanto-bayer-merger-advances ). Con el pretexto de estar preocupados en torno a cómo se van a alimentar 3000 millones de personas para el año 2050, las corporaciones han puesto en común un capital que asciende a 66 billones de dólares. El objetivo de fondo es poner en marcha un plan para el dominio mundial que arrasará con la multiplicidad de especies animales y vegetales y que pondrá a millones de personas a consumir productos químicos, previamente diseñados en laboratorios.

Si Estados Unidos logra que la legislación de países latinoamericanos apruebe el uso de semillas GMO como lo ha hecho hasta ahora, se podría hablar de un control hegemónico sobre un recurso vital como la alimentación. Esta circunstancia superaría con creces otras formas de dominio dirigidas por el Pentágono, pues ello implicaría que Washington podría disponer a su antojo de la población mundial. En efecto, después de la cadena de fusiones y absorciones similares a de Monsanto/Bayer como es el caso de Dow/Dupont, el mercado de semillas ha quedado acaparado por unas tres megacorporaciones que tienen el monopolio mundial de agroquímicos y semillas transformadas ( http://www.commondreams.org/views/2016/06/03/six-questions-monsanto ). Detrás de estas empresas están los intereses del gobierno de los Estados Unidos por no perder la supremacía mundial. Los costos para ello serán, sin embargo, gigantescos pues la Casa Blanca está promoviendo el envenenamiento gradual del mundo.

Como en muchas ocasiones, América Latina se ha convertido en el laboratorio de Estados Unidos. Todas las políticas del gobierno del norte han tenido fuertes impactos en élites políticas condescendientes que han permitido el ingreso de leyes que atentan en contra de los derechos de los campesinos. Por esa razón, múltiples asociaciones como La Vía Campesina han iniciado una importante lucha para evitar que Monsanto y sus socios sigan destruyendo el medio ambiente ( https://viacampesina.org/es/ ). No obstante, como se ha mencionado con anterioridad, la lucha por parte de los campesinos no ha sido fácil, toda vez que las multinacionales tienen a su favor la ley, la autoridad y la represión. De hecho muchas de las manifestaciones han terminado con las fuerzas del orden a favor de multinacionales que poco o nada las benefician.

Además, muchos campesinos se han visto abocados por la falta de alternativas, a utilizar esta serie de productos nocivos. Así pues, las corporaciones crean un círculo vicioso de dependencia hacia sus insumos, pues una semilla Monsanto sólo puede germinar a partir de ciertos fertilizantes y controlados con determinados insecticidas. El acuerdo con Bayer sin duda tendrá que ver con la creación de nuevos productos que sólo podrán ser utilizados en el campo si se compran las semillas de la multinacional, pues de lo contrario se estaría violando las patentes y creando un peligro para el capital de estas empresas. La supuesta ventaja de los productos de Monsanto son su durabilidad en el tiempo, con lo cual, las personas pueden consumir un alimento en largos periodos, solucionando el problema de acceso a los mismos. Empero, ¿qué efectos secundarios podrían tener alimentos rociados con glifosato? De ahí que antes que la cantidad de alimentos, los gobiernos deberían preocuparse por no envenenar a las poblaciones con productos genéticamente modificados.

Según el informe anual presentado el 12 de enero de 2017 por las autoridades migratorias de este país sudamericano [1], 20.366 inmigrantes haitianos en situación irregular han sido detectados en diferentes regiones del territorio colombiano en el curso del año 2016.

Los haitianos migrantes aparecen, por primera vez, a la cabeza de la lista de extranjeros conducidos (muchos de ellos) por redes de traficantes ilegales a través de los departamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, principalmente, en su trayectoria hacia Estados Unidos.

Los haitianos son ampliamente más numerosos que todos los extranjeros en tránsito en Colombia en busca del "sueño americano", en particular los originarios de Cuba (8.167), de la India (874), del Congo (570) y de Nepal (553), según el informe publicado en el sitio de internet de Migración Colombia, lo que lleva a los principales medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos humanos de inmigrantes y universidades de Colombia a interrogarse sobre este nuevo flujo migratorio que utiliza este país sudamericano como lugar de tránsito.

Brasil es identificado como el principal país, de donde provienen los inmigrantes haitianos que tuvieron la posibilidad de regularizar su estatuto en este país (más de 80.000, según las autoridades brasileñas [2]) pero que después de casi dos años están cada vez más desesperados por la crisis política y económica que atraviesa el gigante sudamericano.

Esta crisis golpeó de frente al sector de la construcción que utiliza la mano de obra extranjera (desde la organización de la última Copa del Mundo de fútbol en el verano de 2014), provocando así el paro para estos inmigrantes en particular.
Ya que su país de origen, Haití, no es una opción para ellos debido a la crisis humanitaria que se agravó desde el terremoto del 12 enero de 2010, prefieren emprender el periplo hacia los Estados Unidos atravesando ríos, montañas, bosques y haciendo frente a todo tipo de riesgos, amenazas y consecuencias nefastas para sus derechos humanos, su dignidad y su vida [3].

"El número de inmigrantes irregulares detectados por Migración de Colombia, en el curso del año 2016, que sobrepasa en 4 veces el del año anterior, es un ejemplo claro de que los controles efectuados, las medidas tomadas y el trabajo realizado por la autoridad migratoria [colombiana], dan resultados", declaró satisfecho el director de Migración Colombia, Krüger Sarmiento.

Sin embargo expertos en migración argumentaron que esta alteración de las cifras había aumentado, por el contrario, los riesgos y los peligros a los cuales están enfrentados estos inmigrantes obligándoles, por ejemplo, a utilizar los "servicios" de los traficantes y de otras redes criminales (entre los que están los de la droga y la prostitución), para soslayar las medidas de control, muy estrictas, establecidas por las autoridades

El informe de Migración Colombia señaló, además, varios lugares por donde los extranjeros en tránsito ingresaron al suelo colombiano (Putumayo, Amazona, la isla de San Andrés y otros puntos fronterizos con Ecuador, Brasil y Perú), así como las rutas tomadas para alcanzar América Central y la cantidad de dinero pagado a las redes de traficantes para llegar a Colombia (entre 2.000 y 2.500 dólares, como término medio).

Otras fuentes indican que los inmigrantes llegan a pagar hasta 10.000 dólares para emprender el viaje (atravesando el continente, de sur a norte) hacia la frontera de México con Estados Unidos.

Por otro lado en una entrevista concedida a la prensa colombiana [4] Krüger Sarmiento afirmó que la entidad que dirige deportó a más de 20.000 haitianos y 8.000 cubanos en 2016.

Sin embargo no dio más información sobre los países hacia los cuales los inmigrantes haitianos en particular han sido deportados y sobre todo acerca de las condiciones en las cuales estas deportaciones se efectuaron, lo que no deja de abrir interrogantes (hasta aquí sin respuesta), inquietudes y aprensiones, respecto al destino de estos inmigrantes deportados.
¿Han sido repatriados a Haití? ¿Han sido rechazados en Ecuador y en otros países desde donde llegaban (Perú, Brasil, Venezuela, etc.)? ¿Siguieron su trayectoria hacia América Central? ¿Cuántos de ellos perecieron en el camino?

Recordemos que el Consejo de Estado de Colombia (uno de los tribunales de justicia más importantes del país) denunció en una sentencia hecha pública a mediados de noviembre del año 2016 [5], el carácter ilegal de las deportaciones de inmigrantes cubanos (debido a las violaciones de los derechos humanos de estos extranjeros), operadas en agosto del año 2016 en la frontera de Colombia con Panamá (más particularmente en la localidad colombiana de Turbo), por las autoridades migratorias y policiales colombianas.

Por otra parte medios de comunicación internacionales [6] y otras organizaciones de derechos humanos informaron sobre la llegada, a finales de 2016, de 12.000 inmigrantes haitianos a la frontera de México con Estados Unidos, en particular a la ciudad mexicana de Tijuana. Estos últimos esperarían todavía una decisión favorable del Gobierno estadounidense.
En consecuencia Tijuana (ciudad muy golpeada por la inseguridad, como otras zonas de México) estaría haciendo frente a una grave crisis humanitaria, marcada por la ausencia de viviendas, de alimentos, de medidas de higiene, así como amenazas muy serias de inseguridad con respecto a lo inmigrantes.

Además las posibilidades de entrar legalmente a Estados Unidos (a través de un estatuto de refugiados o por "razón humanitaria") son casi inexistentes para estos haitianos ya que el Gobierno de Barack Obama, en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, acaba de eliminar el privilegio, concedido a los cubanos que pisan el suelo de este país (privilegio negado a los que llegan por el mar) de obtener la residencia permanente de manera inmediata.

De allí el nombre de esta medida "pies secos, pies mojados", que acaba de ser derogada, a pesar de su funcionamiento desde hace más de 20 años en el marco de la política del gran vecino del Norte (prevista en la Ley del 2 de noviembre de 1966 [7], en el contexto de la Guerra Fría con respecto a los refugiados cubanos desde la revolución cubana de 1959.
Por otro lado desde el 23 de noviembre del año 2016 las autoridades migratorias estadounidenses habían anunciado la decisión de la administración de Obama de deportar a los haitianos irregulares, frente al aumento del número de migrantes en la frontera de este país con México y en los centros de detención [8]

Esta decisión ha sido precedida por el levantamiento de la moratoria de las deportaciones de haitianos (establecido en respuesta al terremoto del 12 de enero de 2010 y por razones humanitarias), por parte del Gobierno estadounidense con fecha 22 de septiembre de 2016.

Todo parece indicar que el número de inmigrantes haitianos y cubanos continuará en aumento.

En cambio, frente a este endurecimiento estadounidense, que podría ser mantenido, incluso reforzado por el próximo presidente Donald Trump (por su actitud hostil frente a los inmigrantes, por lo menos durante su campaña presidencial), estos inmigrantes serían bloqueados en la frontera de México con los Estados Unidos y en otros países de América Latina.
A continuación es necesario plantearse varias preguntas:

¿Qué repercusiones tendrá esta decisión de Obama (de cerrar la puerta a los inmigrantes haitianos y cubanos) en los países de tránsito en América Latina?

¿Asistiremos a una cascada de crisis humanitarias de las que serán víctimas estos inmigrantes (además de otros originarios de África y de Asia)?

¿Estos países sudamericanos y centroamericanos mantendrán su decisión de cerrar sus fronteras (por ejemplo Costa Rica, Nicaragua y Panamá) o deportarán a estos inmigrantes (como Colombia y Ecuador)?
¿Que hará México frente a esta situación tan compleja? ¿Negociar con Donald Trump, con el régimen castrista, con el gobierno de Haiti, o deportará a los inmigrantes hacia su país de origen?

[1] Comunicado de prensa No. 04. 12 de enero del 2017. Migración Colombia. CERCA DE 34 MIL MIGRANTES IRREGULARES FUERON DETECTADOS POR MIGRACIÓN COLOMBIA EN 2016.http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2017/enero-2017/3837-cerca-de-34-mil-migrantes-irregulares-fueron-detectados-por-migracion-colombia-en-2016
[2] Esclarecimento sobre concessão de vistos humanitários aos haitianos (Ministerio da Justiça e Cidadania, Brasília, 19/9/16). Lien actif : https://www.justica.gov.br/noticias/nota-a-imprensa-29
[4] “La inmigración ilegal se disparó en Colombia en el 2016 : 34,000 personas” (El Tiempo, Bogotá, 13 de enero de 2017) Lien actif : http://www.eltiempo.com/politica/justicia/migracion-ilegal-en-colombia/16791458
[5] “Llamado de atención a Migración Colombia por trato a migrantes” (El Tiempo, Bogotá, 16 de noviembre 2017). Lien actif : http://www.eltiempo.com/politica/justicia/trato-de-migrantes-cubanos-por-parte-de-migracion-colombia/16752070
[ 6 ] “Over 12,000 Haitians in Mexican city hope to enter US” (TRT World, January 7, 2017). Lien actif : http://www.trtworld.com/americas/over-12000-haitians-in-mexican-city-hope-to-enter-us-269885
[7] “U.S. picking up pace of deportations to Haiti”, by Jacqueline Charles (Miami Herald, November 23, 2016). Lien actif : http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article116755773.html
[8] “U.S. picking up pace of deportations to Haiti”, by Jacqueline Charles (Miami Herald, November 23, 2016). Lien actif : http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article116755773.HTML
Fuente: http://www.alterpresse.org/spip.php?article21175#.WIO1x9LhCih

Wooldy Edson Louidor
Alter presse

Traducido del francés para Rebelión por J. M.

La secta neoliberal en México perora sin continencia las supuestas bondades de la privatización del agua y llama la atención su alto grado de ignorancia y/o de engaño deliberado, con tal de promover sus caníbales intereses pecuniarios ( http://goo.gl/gvTtI0 ), al no estar actualizada del fenómeno inverso de su desprivatización global que se ha acentuado en países avanzados, como EU, Francia y Alemania ( http://goo.gl/UdNcy2  ).

John Vidal, del rotativo británico The Guardian, demuestra que la privatización del agua ha sido “un fracaso global ( http://goo.gl/uWACjn )” cuando los hechos apuntan a su desprivatización: muchas ciudades que se precipitaron en firmar concesiones a 20 años o más con las empresas de agua en expectativa de un agua potable (sic) a un costo socialmente aceptable (¡supersic!) han preferido terminar sus acuerdos y regresar las provisiones de agua urbana al control público (¡supersic!).

Vidal cita un estrujante reporte de tres entidades –Instituto Trasnacional (TNI, por sus siglas en inglés), Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y Observatorio Multinacional– que sugiere que 180 ciudades y comunidades en 35 países (¡supersic!) –que incluyen Berlín, Buenos Aires, París, Acra, Johannesburgo, La Paz, Maputo y Kuala Lumpur–, han remunicipalizado sus sistemas de agua en la pasada década: lo más sorprendente es que 100 de los retornados (sic) fueron en EU y Francia, 14 en África y 12 en América Latina (AL). Las mayores metrópolis en los países en vías de desarrollo, más que en los prósperos países avanzados, tendieron a la remunicipalización del agua.

El mismo Banco Mundial (BM) acepta un fracaso de 34 por ciento en la participación privada en infraestructura entre 2000 y 2010.

Vidal comenta que en 1999 el BM propuso la expansión del abasto acuífero de Lagos (la más poblada ciudad de Nigeria que con su zona conurbada cuenta con 21.3 millones), para beneficiar los acueductos de empresas británicas y/o francesas.

El proyecto frustrado del BM en Lagos se parece mucho a su inducción privatizadora en la Ciudad de México mediante un empréstito, con dados cargados, por 10 mil millones de pesos, cuya más poblada delegación padece sequía urbana y forma parte de la “Bolivia mexicana ( http://goo.gl/f0R8te )”.

En forma perturbadora, el titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, empezó a imitar la cacofonía privatizadora neoliberal del itamita Jesús Reyes Heroles González Garza –sobre costos financieros y responsabilidad financiera (sic) de la gestión del agua–, mientras su similar de la corporación del agua de Lagos arremete contra el plan del BM como inoperante y muy costoso para la ciudad.

De 1993 a 2013, el BM llevó a cabo 847 proyectos acuíferos, cuya mitad se ubica en AL y, pese a sus estruendosos fracasos globales, no ceja en su obcecación privatizadora, cuando ha otorgado préstamos por más de 75 mil millones de dólares para proyectos acuíferos y de higiene en todo el mundo desde 1995, según Vidal.

Ahora el BM se ha sacado de la manga el nuevo truco contable/financierista –secreto, la mayor parte de las veces– de una asociación mixta pública y privada (PPP, por sus siglas en inglés) para, a mi juicio, diferir las protestas ciudadanas y luego asestar el golpe final privatizador. No corren prisa ante la sed global que buscan controlar en forma perversa y geopolítica.

Los activistas del Corporate Accountability International desmontan el truco contable financierista del PPP: al contrario, cuando el acceso al agua es casi universal, se ha debido casi siempre al compromiso público para construir y mantener su infraestructura, que representa 75 por ciento del costo del abasto del agua a los usuarios.

La experiencia global ha sido que, cuando los usuarios se encuentran incapacitados en pagar las elevadas tarifas privatizadas, los caníbales privatizadores con la mano en la cintura cortan el suministro en forma anti-humana, lo cual hace añicos el derecho humano al agua (de 50 litros a 100 litros por persona al día).

Hace un año el tribunal de distrito de la capital de Indonesia –256 millones de habitantes y un PIB de 2.8 billones de dólares (noveno en el ranking global)–, país muy parecido a México (lugar 12) en dimensiones y parámetros, canceló la “mayor privatización de agua del mundo (sic) después de 18 años de fracasos ( http://goo.gl/nStkMG )”.

Una coalición de resistencia a la privatización se rebeló a la decisión corrupta, tras bambalinas, operada por el régimen militar de Indonesia en 1997, como a las continuas manipulaciones de los operadores privados para incrementar sus ganancias sin mejorar los servicios del agua, más bajos a lo prometido y con filtraciones mayores (44 por ciento), además de que las tarifas se cuadruplicaron.

Indonesia es un eslabón más de los fracasos globales de la privatización alentada por el BM y el Banco de Desarrollo Asiático, que han caído en la ilegalidad después de la histórica cancelación del tribunal indonesio y cuya sentencia debe servir de ejemplo a los ciudadanos de otros países que se enfrentan a la dictadura acuífera global del BM/Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup-Banamex en América Latina y Estados Unidos ( http://goo.gl/rfOZV4 ).

La resolución del tribunal de Yakarta es coherente con la sentencia de la Corte Constitucional de Indonesia: los recursos del agua tienen que ser controlados y asignados para el beneficio público, por lo que las empresas privadas no pueden monopolizar los derechos sobre las fuentes de agua. Y eso que ambas cortes no abordaron el derecho humano al agua, que colisiona con los caníbales/necrófilos costos financieristas que no toman en cuenta los mayores costos sociopolíticos.

Anna Lappé, directora de Small Planet Institute, indaga las razones por las cuales el BM se empecina en privatizar el agua,“lo cual ha puesto en peligro la salud pública, a pesar de sus riesgos ( http://goo.gl/NJA3tq )”.

El problema radica en que el BM empuja a la privatización como la principal solución a la crisis de agua y sus empréstitos van conectados a medidas de austeridad diseñadas para empequeñecer al Estado.

Lo peor es que las privatizadoras del agua pretenden implementar soluciones eficientes (sic) mediante un alza descomunal de los precios y el recorte de la inversión en infraestructura (muchas veces regalada por los gobiernos entreguistas).

El BM emprende un doble juego tramposo: aconseja a los gobiernos privatizar el agua e invierte en las trasnacionales privatizadoras del agua para que obtengan suculentos contratos.

La tendencia global hoy es hacia la desprivatización del agua y no a su privatización ( http://goo.gl/5rZXWN ), como engaña el Consejo Consultivo del Agua AC, que preside el itamita Jesús Reyes Heroles González Garza ( http://goo.gl/o5IXIj ), caballo de Troya del banco de inversiones Morgan Stanley ( https://goo.gl/rBl1MT ).

Este consejo depredador es al agua lo que IMCO (del “ cártel español”) y CIDAC (del “ cártel sionista”) fueron para la enajenación (castatral y siquiátrica) del petróleo del “México neoliberal itamita”, cuyos integrales intereses pecuniarios son revolventes.

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La organización Amnistía Internacional sostiene que la crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza "dimensiones epidémicas" y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el sistema judicial.

A Luis Carlos Hernández Sánchez se lo devoró el silencio y la impunidad. Al momento de su desaparición tenía 18 años y vivía con su familia en la ciudad de Cuauhtémoc, estado de Chihuahua, municipio mexicano con la cantidad de habitantes de Zárate que por su ubicación geográfica se transformó en ruta elegida por el narcotráfico para extender sus negocios desde el occidente septentrional mexicano hasta el sur de Estados Unidos. El 22 de mayo de 2010, el joven cuauhtemense conversaba con siete amigos cuando fueron secuestrados por hombres armados que llegaron al lugar en varias camionetas. Con el tiempo, los siete cuerpos sin vida fueron encontrados, pero de Luis Carlos no se supo nada más. Un noveno muchacho desapareció cuando iba al funeral de su hermano, cuyo cuerpo había sido identificado. En el documento "Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México", al que tuvo acceso Página/12, Amnistía Internacional aborda la situación en Cuauhtémoc, también el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y señala que al momento de publicar el informe, se desconoce el paradero de 27.000 personas en México.

La organización de derechos humanos sostiene que la crisis de derechos humanos que castiga al país azteca alcanza dimensiones epidémicas, y achaca ese contexto a la incompetencia que afecta a todo el sistema judicial, que se suma a una ausencia total de voluntad política por parte de las autoridades estatales y federales para investigar la desaparición de miles de personas y buscarlas. "Por desgracia, las desapariciones pasaron a ser algo tan habitual que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana", sostuvo la directora del programa de AI para América, Erika Guevara-Rosas.

En ese sentido, el informe destaca que, a la fecha, no se lograron cambios estructurales significativos que permitan asegurar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño ocasionado a las víctimas, ni tampoco se trabajó para poner fin y asegurar la no repetición de las desapariciones forzadas, crimen que se inscribe bajo la forma de arrestos, detenciones, secuestros o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad que "sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la conformidad del Estado", seguida de la "negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley". De hecho, 46,5 por ciento de los casos reportados ocurrieron bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, 3425 de esos hechos fueron perpetrados el año pasado.

Aunque las estadísticas oficiales difundidos por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas hablan de al menos 27.600 personas a las que el Estado mexicano llama "no localizadas", AI pone el acento en que esas cifras deben ser tomadas con cautela, puesto que no desagregan cuántos de esos casos corresponden a desapariciones cometidas por agentes no estatales, cuántos de esas acciones se vinculan a desapariciones forzadas y en cuántos casos las personas se ausentaron por propia voluntad.

AI recomienda tipificar la de- saparición forzada y la desaparición cometida por actores no estatales de modo que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, con independencia de quien sea el autor, y que el delito de desaparición forzada sea investigado y sancionado cuando haya indicios de intervención de agentes estatales, sea por autorización, apoyo o consentimiento. Pide además iniciar de oficio y sin dilación la búsqueda dentro de las primeras 72 horas de la desaparición, pesquisa que debe continuar hasta establecer la suerte o paradero de la víctima.

De visita en México para acompañar la presentación del informe, Estela de Carlotto se refirió a las desapariciones forzadas en el país azteca. "México nos duele. Es el dolor de América latina que aún tiene abierta la herida de los años más sangrientos de nuestra historia reciente –sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo–. Los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 eran jóvenes que como tantos otros estaban indignados de una democracia que convive y permite la violencia más desgarradora financiada por el narcotráfico y la violencia institucional. El narcotráfico es la dictadura en México", completó.

Como miles de mexicanos, Artemisa Ibarra y Martha Loya se abrazaron a la búsqueda de sus seres queridos, en Cuauhtémoc. En esa empresa a veces titánica, ellas mismas fueron víctimas de ese mal que encarna la violencia estatal y paraestatal. Entre 2011 y 2013 se las llevó la ignominia de un Estado borrado por el crimen organizado y la corrupción. Una línea de continuidad se traza entre las circunstancias de sus desapariciones y la lucha para que aparezcan con vida sus familiares. Al día de hoy, se desconoce el paradero y la suerte que corrieron ambas mujeres.

La reconocida dirigente estudiantil señala que el cambio educativo choca con la Constitución heredada del pinochetismo. En la Carta Magna prevalece la libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa.

Camila Vallejo no se deja engañar por los indicadores. El último Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas podrá situar a Chile dentro del grupo de estados con "desarrollo humano muy alto" en el ámbito educativo. Pero para ella, la educación en su país sigue estando atravesada por una lógica mercantilista que se refleja en el alto costo económico que deben afrontar los estudiantes y sus familias. En el camarín del Centro Cultural Kirchner, minutos después de concluir su conferencia "Política Lucha y Hegemonía" que disertó de memoria, casi sin mirar sus apuntes, en un homenaje a Ernesto Laclau, la reconocida dirigente estudiantil, hoy diputada comunista, habló con Página/12, sobre los escollos que impiden una educación de calidad para las mayorías en Chile. "Cuando hubo voluntad de cambio no fue mayoritaria, y quizás cuando se logró generar un poco mayor de consenso dentro del mundo político, a propósito de las presiones de los movimientos sociales, primaron muchas veces los acomodos al sistema y la carga ideológica que tienen encima", señaló.

Para Vallejo, en los últimos 15 años los gobiernos que siguieron a la dictadura pinochetista no quisieron o no pudieron reformar el sistema educativo debido a la influencia de la ideología neoliberal dentro de la política chilena. "Permeó en algunos sectores de la Concertación (coalición política que gobernó el país desde 1990 a 2010) a través de un convencimiento ideológico, pero también a través de un acomodo a los privilegios y beneficios que generó la mercantilización", señaló. "Muchos se hicieron sostenedores de escuelas, o dueños o accionistas de universidades, por lo que forman parte del negocio, lo cual impide que se haga un cambio radical en este sector."

Ahora bien, en algunos casos se generaron mesas de trabajo con académicos, políticos e incluso estudiantes, como ocurrió tras la "revolución pingüina" (nombre con el que se denominó a la movilización estudiantil nacional de 2006), matiza Vallejo. Pero lo que derivó de ese trabajo, al llegar al Parlamento, fue negociado con la derecha. "De ahí devino una ley (en el 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet) que no representaba lo que se había acordado. Esa fue la gran traición al movimiento estudiantil, el cual todavía la resiente", aclaró la diputada, entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

El Partido Comunista chileno, cuya representación Vallejo ejerce en el Congreso, forma parte de Nueva Mayoría, la coalición que gobierna el país. "A lo que estamos haciendo ahora para plantear el cambio, se interpone la cuestión de la constitución", explicó. "Podemos hacer muchas cosas pero estamos siempre al filo de las inconstitucionalidades, ya que en la constitución prima la libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa. Y para cambiar (la Constitución), necesitamos de un quórum mucho más alto de lo que podemos lograr con las mayorías que tenemos en el Parlamento", se quejó.

A fines del mes pasado Bachelet presentó ante el Congreso el proyecto de ley de Prespuesto para el año que viene. de aprobarse financiaría la educación gratuita para un millón y medio de escolares y de más de 200.000 alumnos de nivel terciario pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable del país. Así, Educación pasaría a ser la cartera que más fondos recibiría respecto al ejercicio anterior. Vallejo valora el proyecto, pero considera que será insuficiente, dado que los cambios estructurales que reclama requiere una inversión mucho mayor. "Hay una deuda histórica tan grande con la educación pública que para lograr la calidad que queremos hay que invertir en muchas cosas", se quejó.

"Necesitamos innovar en investigación, desarrollar ciencia y tecnología, poner en vínculo mayor las instituciones de educación superior con el territorio donde se desenvuelven. Con lo que está comprometido estamos financiando el fin del lucro, selección y copago, y además se darán los primeros pasos en gratuidad en la educación superior. Pero todavía se sabe muy poco de aquellos fondos que irán a recuperar la educación pública", opinó Vallejo, recibida hace dos años de Licenciada en Geografía en la Universidad de Chile.

"El discurso de tener el Producto Bruto Interno y el crecimiento más alto de América latina ha sido bastante falaz, porque no ha generado necesariamente mejores condiciones de vida para la población", sentenció. "Con los gobiernos de la transición se institucionalizó la separación entre pueblo y estado", puntualizó. "La persecución a las organizaciones sindicales, al mundo de la cultura, profesores y estudiantes generó una brutal herida que se refleja hoy en día en el temor de nuestros padres a que los jóvenes participemos en política", agregó. Para la diputada, el apoliticismo fue instaurado a través de los medios de comunicación e incluso dentro del sistema educativo. Y para reconciliar al pueblo y la política hay que radicalizar la democracia. "No puede restringirse al voto cada cuatro años, sino que el Estado debe forjar instancias más locales o comunitarias. Pero a la vez, la sociedad civil debe tomar dimensión de la importancia de la disputa del Estado y no de simplemente aislarse y decir 'Esto está tan podrido que mejor me quedo en mi casa'."