De la esperanza a la rabia: Ecuador rechaza por cinco votos despenalizar el aborto en casos de violación

 El proyecto para legalizar el aborto en caso de violación necesitaba este martes 70 votos a favor en el Parlamento, pero solo logró 65

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada

 

Si hubiera que elegir una palabra para describir el sentir de las organizaciones feministas en Ecuador sería, sin duda, indignación. El Parlamento ha rechazado este martes despenalizar el aborto en todos los casos de violación y malformación del feto. Los colectivos lamentan que el Estado continúe así "criminalizando" a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las que disponen de escasos recursos económicos.

Un total de 65 parlamentarios votaron a favor de la reforma del Código Penal que proponía ampliar los casos en los que se habilita el aborto, mientras que 59 se opusieron y seis se abstuvieron. Tan solo cinco votos más habrían bastado para aprobar la reforma legislativa.

"Es indignante; tanto los asambleístas que votaron en contra como los que se abstuvieron o decidieron no estar en la Asamblea no nos representan. Tuvieron un momento histórico para el avance de los derechos de las mujeres y, sin embargo, no les interesó. Lamentablemente retrocedimos diez años en los derechos de las mujeres", cuenta a eldiario.es la psicóloga Cristina Cachaguay, presidenta de la organización ecuatoriana Mujeres por el Cambio.

El rechazo de esos diputados a la despenalización del aborto en determinados casos responde, según la activista, a "un cálculo político" de cara a las elecciones presidenciales de 2021, ya que si hubieran votado a favor de esa reforma "no serían reelectos en los próximos comicios", afirma.

Tampoco hay que olvidar que Ecuador es un país conservador, con un 80% de población católica, y, al igual que en otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, "también aquí ha habido un fortalecimiento de una ultraderecha a la que no interesan los temas relativos a los derechos", añade Cachaguay.

Abortar en Ecuador es ilegal excepto en dos casos: cuando la vida de la madre está en riesgo o cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. Se trata de una legislación vigente desde 1938 y establece penas de cárcel de seis meses a dos años para las mujeres que deciden abortar.

Según datos de la organización feminista ecuatoriana Surkuna, un total de 435 mujeres fueron criminalizadas por aborto entre enero de 2013 y enero de 2019 en el país. Este mismo colectivo cifra en 20.632 los abortos registrados a lo largo de 2016 en adolescentes de 15 a 19 años, o dicho de otra manera: 56 adolescentes interrumpen su embarazo cada día poniendo en riesgo su salud, pues en su mayoría se someten a prácticas inseguras. Asimismo, Surkuna sostiene que en 2016 hubo 1.102 abortos en niñas de 10 a 14 años, si bien la ley ecuatoriana considera violación toda relación íntima con menores de 14.

"La decisión que tomó el martes la Asamblea Nacional fue lamentable, una medida que contribuye al retroceso de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas porque continuar con un embarazo producto de una violación es un acto de tortura, un trato cruel y degradante", indica a eldiario.es Mayra Tirira, abogada de este colectivo encargado de defender a mujeres que han sido criminalizadas por abortar en el país latinoamericano.

Desde las organizaciones feministas también recuerdan que la mayor parte de las mujeres que en Ecuador "son ultrajadas y violentadas" provienen de los sectores más populares. "El Estado sigue criminalizando la pobreza. Las mujeres ricas abortan fuera del país, mientras que las pobres lo hacen de forma clandestina y mueren", sostiene Cachaguay.

Aunque el proyecto para legalizar el aborto en caso de violación y malformación del feto haya fracasado esta vez –y otra más en 2013–, los colectivos de mujeres en Ecuador ya han advertido de que "esto recién empieza" y de que continuarán "posicionando el tema en la agenda" con el objetivo de poder decidir sobre sus propios cuerpos.

América Latina es una de las regiones del mundo con leyes más restrictivas en cuanto al aborto. En El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la interrupción del embarazo está prohibida bajo cualquier circunstancia. El aborto en la región solo está despenalizado en Uruguay, Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México, lugares donde las mujeres siguen enfrentándose a numerosas dificultades para acceder a estos servicios.

por María García Arenales

19/09/2019 - 21:52h

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Jueves, 19 Septiembre 2019 05:55

Así te vigila (y te controla) tu móvil

Así te vigila (y te controla) tu móvil

Sacamos el móvil del bolsillo unas 150 veces al día, aunque creemos que lo usamos en la mitad de ocasiones. Lo cierto es que nuestro smartphone genera un volumen brutal de datos que nos localizan, nos vigilan y nos transforman. Puro petróleo para las grandes empresas tecnológicas.

Lo más importante son los metadatos. No el mensaje que mandas, sino a quién se lo mandas, desde dónde y con quién. Sobre todo, desde dónde. Aquel que sabe dónde estás en todo momento te conoce mejor que tú mismo. Aquel que sabe dónde has estado durante los últimos tres meses puede predecir dónde estarás de ahora en adelante con una precisión del 93%. Y tú se lo dices a mucha gente. Tu móvil tiene una cámara por delante, otra por detrás, un micrófono, una media de 14 sensores y al menos 3 sistemas independientes de geoposicionamiento. Tu tarjeta SIM manda señales a las antenas más cercanas para recibir cobertura. Tu receptor de GPS se comunica con satélites para calcular su propia posición. Tu wifi busca constantemente redes a las que conectarse, gritando el nombre de todas a las que se ha conectado antes. Tu ­bluetooth busca objetos con los que hacer una red. Y tus aplicaciones registran cada uno de tus movimientos, incluso cuando has apagado esa función.

No necesitas sacar el móvil, pero lo haces unas 150 veces al día. Si te parecen muchas es porque la mayoría de las personas que tienen un smartphone piensan que lo utilizan menos de la mitad de tiempo que lo usan en realidad. Probablemente lo desbloqueas para ver si te ha llegado un mensaje por Messenger o Whats­App, si ha pasado algo en Twitter, si a alguien le ha gustado tu foto de Instagram o en Facebook, o si has recibido un correo importante. Una vez dentro, es difícil soltarse. Las aplicaciones más populares del mundo están diseñadas para que, cada vez que las usas, recibas una microdosis de dopamina, en un circuito llamado cámara de condicionamiento operante o, más popularmente, caja de Skinner, por el psicólogo que la creó. Por eso desbloqueas el móvil tantas veces sin darte cuenta. Las mejores mentes de tu generación trabajan para las grandes empresas tecnológicas, buscando maneras de que estés el máximo tiempo posible tocando el móvil de manera inconsciente. Cuanto más tiempo pasas, más datos generas. Y esas empresas viven de convertir tus datos en alimento para sus algoritmos predictivos de inteligencia artificial.

Los algoritmos necesitan una gran cantidad de datos para mejorar sus predicciones. Google los saca del correo, los mapas, el buscador, YouTube y el sistema operativo Android, entre otros. Amazon, de la tienda, el Kindle, los altavoces inteligentes y AWS. Facebook, de la red social, Instagram, WhatsApp y ­Oculus. Netflix, de las series. Uber, de los coches. Spotify, de las listas. ­Airbnb, de las vacaciones. Tinder, del sexo. Match, del amor.

Pero también necesitan una dieta variada, por eso trabajan con los data brokers, empresas que rastrean el resto de los datos que hay desperdigados y los ponen en un solo lugar. Manejan otras fuentes: tarjetas de puntos, seguros, marketing directo, hackers, inmobiliarias, bibliotecas, operadoras, laboratorios de análisis, bancos, farmacias, Administraciones. Las plataformas digitales saben lo que haces cuando estás conectado. Los data brokers eran los únicos que sabían lo que haces cuando no lo estás. Ahora hay cámaras ­conectadas a sistemas de identificación facial que te siguen sin que lo sepas, lectores ­automáticos de matrícula, satélites capaces de leer tu marca de reloj. Los algoritmos predictivos digieren los datos para saber anticiparse a tus deseos, pero no siempre para satisfacerlos. También para cambiarlos.

Cuando tus datos vuelven a ti, han transformado el mundo. Han elegido los anuncios que ves y el precio que pagas por los billetes de avión, por alquilar un coche, por el seguro dental. Han cambiado tus posibilidades de conseguir un crédito, de acceder a un puesto de trabajo, de recibir un pulmón. También eligen las noticias que aparecen en tu timeline, los Pokémon que aparecen en tu mapa, los cinco mejores restaurantes, la mejor manera de llegar de A a B. Porque te has convertido en el microobjetivo de cientos de campañas. No todas son comerciales.

La campaña pro-Brexit convenció a millones de británicos de que los turcos estaban a punto de invadir Europa. La campaña pro-Trump convenció a millones de americanos de que había bandas de centroamericanos “infestando” EE UU. La agencia de desinformación rusa convenció a medio millón de activistas afroamericanos de que no votaran, porque votar a Clinton era peor que votar a Trump. Cuando vuelven a ti, tus datos ya no son datos, son una visión del mundo. Y no sabes quién  la financia, ni con qué fin.

Por Marta Peirano

14 SEP 2019 - 17:00 COT

Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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¿Cómo acoger migrantes en la región más violenta del mundo?

Países latinoamericanos como Chile y Colombia buscan fórmulas para afrontar la llegada de desplazados, especialmente de Haití y Venezuela, respectivamente

Eran menos del 1% de la población total de Chile en torno a 1980. Tres décadas después, en 2010, aún no alcanzaban el 2%. Pero en 2018, los extranjeros ya representaban casi el 7% de los habitantes de este país, según la estimación oficial. “Es nuevo para nosotros; no tenemos tradición de acogida, ni los recursos de Europa”, advierte Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Chile. Además, América Latina es la región más violenta del mundo, concentrando el 8% de la población del planeta, pero el 40% de los homicidios. Cómo afrontar el reto de las migraciones ha sido uno de los temas de la Semana de la Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Washington.

A cientos de kilómetros de allí, Medellín (Colombia) se enfrenta a un reto semejante. Conocida por ser la ciudad que superó la brutal violencia del narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, ahora debe abordar un nuevo desafío: la masiva migración venezolana que llega a sus calles. “Están llegando miles de venezolanos a Colombia, lo que agrava nuestra crisis social”, declara Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, la segunda más grande del país. El regidor insiste en que la transformación medellinense “no es un milagro, sino mucho trabajo” y que “aún está en marcha”. Es hora de devolver un favor: “En los 80 fuimos millones de colombianos los que fuimos a Venezuela, y fuimos muy bien recibidos, así que ahora nos toca recibirlos bien a ellos”, defiende.

1,4 millones de venezolanos (casi un tercio de los 4,3 millones que han abandonado Venezuela desde 2017) están en Colombia, el 47% en situación no regularizada. Y la previsión es que la cifra de desplazados seguirá aumentando en los próximos años. En esa línea, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno, Diana Urbano, asegura que el planteamiento del Gobierno colombiano es “aprovechar el potencial positivo de la migración, no verla como una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar”.

Además, se aprecia un empeoramiento en la situación de los que llegan. El porcentaje de migrantes venezolanos a Colombia en situación pobreza se ha incrementado 10 puntos entre 2016 (29,6%) y 2018 (40%), según los datos que aporta Urbano. “Por eso, en primer lugar, estamos trabajando para mejorar la atención humanitaria, con políticas de atención a la salud, educación, acceso al agua o empleabilidad”, asegura. Pero no es tarea fácil cuando los recursos escasean. El pasado abril, Unicef elogiaba la generosidad colombiana, pero urgía ayuda para 300.000 niños venezolanos en Colombia.

De hecho, dada la falta de oportunidades e inseguridad, muchos venezolanos intentar alcanzar otros países, con Perú y Chile como los siguientes en la lista. En el caso de este último, a la llegada de venezolanos se suma el fenómeno migratorio desde Haití que se lleva registrando desde mediados de la presente década y cuyo origen se atribuye a la presencia de tropas chilenas en la Misión de la ONU en el país caribeño entre 2004 y 2017. Así, este país se ha convertido en el tercer emisor de migrantes a Chile, con casi 180.000, solo por detrás de Venezuela (288.000) y Perú (223.000).

“Hemos recibido 800.000 migrantes entre 2014 y 2018, en un país de 17 millones de habitantes”, resalta el subsecretario del Interior de Chile. Cifras significativas en un Estado “que tenía una ley sobre migración precaria, sin políticas públicas ni instituciones especializadas, y con una atención a migrantes casi inexistente”, añade.

De hecho, en los últimos años se han registrado controvertidos episodios racistas y mientras desde los sectores más conservadores se exigen más restricciones a la entrada de extranjeros, la oposición, organizaciones que atienden a migrantes y estos mismos han denunciado las limitaciones de las nuevas leyes. También la ONU criticó el pasado mayo algunas de las medidas y antes, en diciembre de 2018, Chile rechazó suscribir el pacto migratorio impulsado por esta entidad.

“Regular no significa endurecer, sino ofrecer unas reglas claras de ingreso”, argumenta Ubilla. Según expone, los “pilares del modelo de integración” del Gobierno chileno son “la migración ordenada, regular y segura”, “la igualdad de trato”, y “la interculturalidad”. Como ejemplos concretos, cita el Proceso de Regularización Extraordinario en el que se han registrado 155.000 migrantes, la regulación de otros 110.000 por vías ordinarias y el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, por el que 1.400 migrantes han regresado a sus países de origen.

En cuanto a medidas específicas para Venezuela entre 2018 y 2019, Ubilla cita “más de 45.000 visados de responsabilidad democrática, aproximadamente 3.000 visados de turismo y más de mil salvoconductos (el 70% a menores de edad)”. En el caso de Haití, menciona 300 visados de turismo y 700 de reunificación familiar. “Apostamos por la integración económica y la convivencia”, afirma, recalcando que no se trata de “estigmatizar la migración como un problema”, sino “asumirla con responsabilidad”.

En el caso de Colombia, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno asegura que se están flexibilizando los mecanismos migratorios, para atender la elevada demanda de entradas desde Venezuela. Por ejemplo, recuerda que en agosto de 2019, el Gobierno colombiano otorgó la nacionalidad para 25.000 niños nacidos de madres venezolanas en este país desde 2017. Igualmente, se están ofreciendo permisos de permanencia especiales y otros apoyos, como las facilidades para la convalidación de títulos profesionales con objeto de favorecer el acceso al mercado laboral.

El Ejecutivo colombiano persigue lograr la integración también como vía para combatir la violencia. Según Urbano ya hay algunos trabajos de investigación que reflejan cómo el crimen organizado está empezando a reclutar a migrantes venezolanos. Y ello, en el marco del complejo proceso de paz que vive el país y el aumento de la tensión ante las próximas elecciones locales de finales de octubre.

Sin entrar a valorar esos asuntos, la directora explica que desde la Administración estatal se está trabajando para ofrecer a los nuevos líderes locales planes de seguridad y convivencia que contribuyan a favorecer la integración. “Vivimos un desafío grande para Colombia, estamos trabajando para, en base a la evidencia y con apoyo de expertos, encontrar las mejores fórmulas para afrontarlo”, insiste, citando un reto compartido con el resto de América Latina.

Por Marta Fernández Maeso

Washington 17 SEP 2019 - 17:42 COT

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Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

La doctrina militar gana terreno en América latina

El catálogo de argumentos con el que Estados Unidos busca intervenir en las políticas de los países latinoamericanos se actualiza constantemente. Como si fuera uno más de los tantos guiones hollywoodenses que se estrenan año a año, ahora algunas de sus agencias gubernamentales, como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas (FFAA) y sus lobistas en la región, elaboraron y difundieron la doctrina de las “nuevas amenazas”. Ante la ausencia de conflictos bélicos en la región, la amenaza a los Estados proviene ahora del crimen organizado transnacional, en particular actividades ligadas al tráfico de drogas y a fenómenos como “la pobreza”, “las migraciones”, y “el populismo”, sostiene un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “La guerra interna”

En los últimos años, Estados Unidos insisten en sumar al terrorismo a este grupo. De esta manera se vuelve borroso el límite entre “defensa nacional”, que concierne a las FF.AA., y “seguridad interna”, a cargo de las fuerzas de policía locales, para llegar a una militarización de la seguridad. Esto no sólo implica la intervención directa de las FFAA, sino también la formación militar de los organismos encargados de la seguridad interior, como las fuerzas de policía, mediante cursos y otras modalidades de entrenamientos, brindados por especialistas norteamericanos.

 “Ninguno de los problemas que constituyen el paradigma de las “nuevas amenazas” deben ser abordados de manera militar”, dijo en diálogo con PáginaI12, Manuel Trufó, Coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. ¿Pero por qué? “Son muchas las razones, pero principalmente porque cuando las policías comienzan a actuar supeditadas a fuerzas militares aumentan su letalidad. Es decir, no solamente hay más muertos porque hay militares interviniendo directamente, sino que los propios policías matan más cuando están bajo la órbita del funcionamiento de los militares”, explica Trufó. La realidad de Río de Janeiro es escalofriante sobre este aspecto. En febrero de 2018 la ciudad entregó la gestión de la seguridad a los militares, que tomaron el control operativo de las policías y desplegaron tropas en las favelas. En seis meses de actuación (hasta junio del 2018) se produjeron 895 muertes por acción de las fuerzas estatales, cuando en el mismo período de 2013 (año en el que empieza a contabilizarse un ascenso de las muertes) la policía había matado a 236 personas. Esto representa un aumento de la letalidad policial del 278 por ciento en sólo cinco años.

Las autoridades comúnmente se apoyan en datos sobre altos niveles de violencia para justificar la intromisión militar. “Pero esa intervención está muy lejos de disminuir la violencia. Al revés, la retroalimenta. Lo que se presenta como la supuesta solución pasa a ser una parte central de un problema mucho más grande”, dice el especialista del CELS. Eso está ocurriendo en estos momentos en Uruguay. “Hasta ahora era un país donde se venía marcando la diferencia entre seguridad y defensa de manera bastante clara. Pero en el último año hubo una suba en al tasa homicidios que generó una especie de “pánico moral” en algunos sectores de la población. Eso llevó al absurdo de que algunos grupos de presión hayan juntado una cantidad de firmas suficientes como para que se llame a un referéndum para consultar si las FFAA tienen que participar o no en seguridad interior”, explica Trufó. La iniciativa, impulsada por el senador del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, logró reunir 407.000 firmas, y en la elección presidencial de octubre también se decidirá si 2000 militares intervienen en seguridad pública.

El uso de servicios de inteligencia es otro de los elementos que compone el cuadro. “Con la excusa de que hay “nuevas amenazas” se potencia una lógica del secreto y el funcionamiento sin control o ilegal de los servicios inteligencia”, explicó Trufó. En Chile esto quedó expuesto con lo que se llamó la Operación Huracán, una investigación iniciada por Carabineros bajo el amparo de la Ley de Inteligencia, que en septiembre de 2017 condujo a la detención de ocho comuneros mapuches. Se los acusó de estar supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile. En enero de 2018 el Ministerio Público Fiscal determinó que la unidad de carabineros encargada de investigar el caso alteró las pruebas que incriminaban a los mapuches, manipulando mensajes de sus teléfonos celulares. “También en Chile los Carabineros se están militarizando. La creación del Comando Jungla da cuenta de esto”, informó el miembro del CELS. Miembros de ese Grupo Táctico de Carabineros asesinaron en 2018 al referente mapuche Camilo Catrillanca con un tiro por la espalda.

La semana pasada, una comitiva policial que trasladaba a un líder narco fue atacada a balazos cerca de Asunción, Paraguay. Supuestos miembros del Comando Vermelho de Brasil efectuaron el golpe para rescatar a Jorge Samudio González, alias Samura, miembro del grupo. El hecho le sirvió al presidente paraguayo, Miguel Abdo Benítez, para enviar al congreso una modificación de una enmienda constitucional que permitiría a las FFAA participar en la lucha contra grupos criminales y mafias organizadas. “Esta lucha genera adversarios, que cuentan con más armamentos y mejor logística que las fuerzas policiales”, dijo Abdo Benítez y también se refirió a una “batalla desigual”. “El punitivismo como solución a los problemas de la violencia es la receta que se viene aplicando desde hace décadas y no da resultados. Sin embargo, tiene cierta eficacia en no hacerse responsable de su propio fracaso. Se sigue presentando como si no se hubiera aplicado nunca y en realidad es lo que se viene usando desde siempre. Lo que pasa es que la militarización, que es el punto extremo del punitivismo, tiene cierto rédito político también. Estados Unidos plantea esta estrategia, pero también hay actores locales que encuentran en ella un capital político para capitalizar internamente”, explica el especialista del CELS.

Eso nos pone ante un tema espinoso. ¿Cuánto hay de imposición y cuánto de iniciativa propia en los países latinoamericanos para aplicar las recetas del militarismo estadounidense? “Hay un juego de los dos lados. Estados Unidos opera sobre las FFAA y de seguridad locales a lo largo de los años. Va cultivando, digamos, gente de confianza en ellas, y esas personas son las que después promueven que algunos de sus funcionarios y efectivos vayan a entrenarse y formarse allá, y así se va realimentando ese circuito”, sostiene Trufó. “El problema es que América Latina está completamente desunida. Si había algún tipo de unidad de criterio naciente hace unos años, eso hoy ya no existe. Obviamente la negociación bilateral país por país siempre favorece Estados Unidos. No está negociando con un bloque, y así, siempre lleva las de ganar”, concluye Trufó. Lo paradójico de la política estadounidense de militarización social es que no la aplican en su propio país. Allá la demarcación entre seguridad y defensa es bien clara. “Haz lo que te digo, pero no lo que yo hago”, toda una declaración de principios.

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Carlos Lema, “Antígona”, fotografía, 2006 (Cortesía Teatro la Candelaria)

La inmensa mayoría de los estudios y análisis sobre corrupción se concentran en tres aspectos: administrativos, de ética pública, y jurídicos. Ocasionalmente existen también juicios y reflexiones de tipo político. Sin la menor duda, ninguna de estas aristas es baladí. Sin embargo, lo que ninguna de ellas pone de manifiesto es que la corrupción –pública o privada, o mixta– constituye una flagrante violación a los derechos humanos.

 

Sin la menor duda, el narcotráfico –y por consiguiente, las mafias–, constituyen uno de los resultados y de los productos más acabados del capitalismo. Las mafias, por ejemplo, de narcotráfico, no son anomalías del sistema de libre mercado, sino una consecuencia, o una expresión del sistema de libre mercado. Y por tanto, del liberalismo. En consecuencia, es falsa la idea de que las mafias constituyen una enfermedad dentro de la sociedad capitalista; es una de sus consecuencias.


Pues bien, lo mismo puede y debe decirse, sin ambages, del sistema corrupción: la corrupción pertenece a la esencia misma del capitalismo y constituye uno de sus productos más acabados. Se trata, simple y llanamente, del desprecio del trabajo, y la sobrevaloración del capital; punto. Sólo que la corrupción, que responde exactamente a la lógica eficientista y eficaz de la mentalidad capitalista –por tanto, a crecimiento económico, ampliación de mercados y ganancia–, consiste en el atajo y el camino más breve, además de la búsqueda segura de réditos, al precio que sea.


El lenguaje jurídico al respecto, que habla por ejemplo de cohecho, dolo, concierto para delinquir y otras expresiones semejantes sencillamente oculta el hecho, lógicamente más elemental, de que la corrupción se caracteriza por dos rasgos determinantes: 1) es un sistema; 2) es una red. Ambos rasgos conforman una férrea e indisoluble unidad.


Las redes, particularmente las redes complejas, se caracterizan por que lo importante no son los nodos, sino los nexos entre los nodos. El derecho positivo, por el contrario, sólo sabe de los nodos; y por ello su capacidad de acción sobre las redes de impunidad es lenta y muchas veces inútil. Nodo es aquí la responsabilidad individual. En otras palabras, los nodos son las personas comprometidas en acciones y en procesos de corrupción; quien compra la conciencia, o el silencio de otro; quien ofrece la coima y quien la acepta, y demás. Los nexos, por el contrario, son mecanismos como el poder y el amedrentamiento, el dinero mismo, las prebendas monetarias y no monetarias que siempre acompañan a la corrupción, en fin, los poderes detrás de quien compra y vende. Pero ante todo, y muy determinantemente, la información que acompaña, que gatilla y que por lo demás sigue a la corrupción. Debería ser posible que el derecho positivo aprendiera de responsabilidades colectivas y no únicamente individuales. Por esta razón los tiempos para investigar e inculpar a los responsables de actos de corrupción parecen muy lentos. Por el contrario, identificar clanes, grupos familiares, empresas y demás es bastante más elemental. El derecho positivo debe poder aprender de las redes complejas y fortalecer su aparato lógico y procedimental.


Con la corrupción, el elemento clave es saber quién tiene qué debilidades, cuál es o puede ser su precio, cuáles son sus entornos sociales y familiares, cómo son los tiempos de las tomas de decisión, y cuáles son las redes de decisión y de acción determinantes sobre las que hay que actuar.


Corrupción y dinámicas de información


Existe una percepción en una buena parte de la sociedad de que los sistemas de corrupción se han extendido y han crecido ampliamente en los últimos lustros y que, entonces, sería una consecuencia creciente de defectos del neoliberalismo; hay quienes incluso llaman a una “ética de le empresa” o una “ética pública” pensando en los fundamentos originarios del pensamiento económico en sus orígenes en el siglo XVII, por ejemplo. Estos llamados están equivocados debido a una enorme miopía.


En una perspectiva histórica, manifiestamente existe una muy amplia percepción de la corrupción, pero ello se debe por lo menos a dos factores principales: de un lado, la caída del muro de Berlín, el fracaso del sistema llamado del “socialismo real” y la crisis del marxismo como fue vivida hasta 1989. De otra parte, al mismo tiempo, se debe al hecho de que entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI emergen enormes bases de datos, internet se vuelve una realidad cultural accesible para todos, emergen la web 2.0 y 3.0 y por consiguiente las redes sociales democratizan la información. Literalmente, el mundo se vuelve inmensamente más transparente (sin que esto signifique que las cosas son perfectas; en absoluto). Es lo que sociológicamente ha llegado a conocerse como la emergencia de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad de redes.
Y entonces, claro, hay más luz cobre los corruptos y los sistemas de corrupción; tanto como sobre la impunidad y los sistemas de des-información (periodistas afines a las redes y sistemas de corrupción; fake news, y otros aspectos semejantes).


Es evidente que al desplazarse el foco de la demonización de los socialistas y comunistas se ventilan mucho mejor los problemas de corrupción al interior del propio sistema capitalista. El peligro y las amenazas ya no son externas, sino propias de la lógica del capital.


Pero es que además y fundamentalmente, gana claridad que la corrupción en el mundo de hoy es tanto el resultado de una profunda asimetría de información, como la causa de asimetrías de información profundas en el seno del Estado, del sector privado, y con respecto a la sociedad civil. En efecto, los sistemas de corrupción se caracterizan por que el agente de la misma, que generalmente representa a una empresa, a una familia, a una corporación, a un poder determinado (militar, económico o político, generalmente), ha tenido la capacidad de informarse acerca de procesos, tiempos, determinadores, precios y lugares. Sin descartar, en absoluto, que la corrupción también opera simple y llanamente porque se da la oportunidad; y es lo que en la mentalidad del capitalismo se denomina “costo-oportunidad”.


Pues bien, la era de la información ha permitido que sea posible detectar, acusar y denunciar actos de corrupción y, más significativamente, procesos de corrupción. La información es directamente proporcional a la democracia de un país o de una sociedad, de manera que a mayor información disponible y circulante cabe decir que existe una mayor democracia. La corrupción se extiende gracias a las sombras, las oscuridades, los entresijos y los espacios de reserva existentes o creados.


En otras palabras, cuanto menores sean las capacidades de información y de conocimiento en una sociedad, tanta mayor será la corrupción; y por el contrario, a mayor potenciación de procesos de información, menor será la corrupción, y más probablemente serán castigados sus actores.


En este sentido, uno de los factores más determinantes de la sociedad de la información y del conocimiento son las tecnologías convergentes; y más exactamente, la dimensión más sensible de ellas de cara a la forma de democracia que existe en un país o una sociedad. Las tecnologías convergentes son las NBIC+S; esto es, la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información, las tecnologías del conocimiento. Pero la más importante en este contexto es la S: la dimensión social de las tecnologías, lo cual apunta, de un lado a la existencia de un periodismo crítico, independiente e investigativo; y de otra parte, a las fuerzas sociales de una sociedad y su capacidad de actuar en las redes sociales.


La dimensión social de las tecnologías –la “S” en las tecnologías convergentes: NBIC+S–, constituye un fortalecimiento de la capacidad de acción por parte de la sociedad civil en condiciones en las que la información pretende ser eliminada, cooptada o editada. La “S” pone de manifiesta la reserva democrática de una sociedad, en toda la línea de la palabra: medios alternativos e independientes de información, periodismo crítico y de investigación, fuentes calificadas de información y conocimiento (como, por ejemplo, algunas organizaciones civiles y sociales y parte del sector académico), redes de apoyo, de denuncia, de acción colectiva.


Corrupción y violación a los derechos humanos


Pues bien, la corrupción existe en tres planos, perfectamente entrelazados: en el sector privado, en el Estado y los organismos de gobierno, y la corrupción en el cruce e interacción entre sector privado y sector público.
Digámoslo sin ambages: el Estado es la principal fuente de violación de los derechos humanos, por acción o por omisión. Al fin y al cabo el Estado es, debe ser, el garante de la vida y de todo aquello que la garantice, exalte, posibilite y dignifique; a la vida humana, pero en general también a la propia naturaleza. No en vano, hemos llegado a hablar, con suficientes razones de seis generaciones de derechos humanos. Veamos.


Existen los derechos humanos de primera generación, que son los derechos políticos, en toda la acepción de la palabra. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia del conocimiento, la tercera revolución industrial y en general las revoluciones tecnológicas definen a los derechos humanos de tercera generación. De manera puntual, se trata del derecho a un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho al desarrollo y el derecho a la paz forman parte, asimismo, de esta tercera generación de derechos humanos. Por su parte, los de cuarta generación tienen que ver con la sociedad digital, la libertad de expresión en internet, y el libre acceso a la información y al conocimiento. En este sentido, el pluralismo de medios de comunicación y el rechazo a la concentración de los medios y por tanto de la información y la comunicación forman parte de esta cuarta generación. Los derechos humanos de quinta generación ya no son estrictamente antropológicos, sino, se extienden a los robots, el software inteligente y la vida inteligente. Finalmente, los derechos humanos de sexta generación cubren o cubrirán a otras formas de vida de tipo híbrido, trans-humanos, con identidad genético-cognitiva-informacional.


Pero siempre, en la base, se halla, absolutamente incuestionable, el derecho a la vida –en la acepción más amplia pero fuerte de la palabra.


Como se aprecia sin dificultades, los derechos humanos no hacen referencia inmediata o directamente al sufrimiento, la violencia, las muertes y masacres y demás formas de violencia tanto física como simbólica. Negar lo contrario sería ética y políticamente peligroso.


Pero es que, además y fundamentalmente, los derechos humanos se ocupan de las condiciones y garantías de la vida en toda la acepción de la palabra, de su exaltación, su posibilitamiento, y siempre una vida con calidad y dignidad. Reducirlos a condiciones de oprobio significa, en rigor, victimizarlos. Y entonces, políticamente, sería tanto como decir que los derechos humanos existen tan sólo en los países subdesarrollados, en medio de economías precarias, y con regímenes policiales y militares abiertamente violentos. O bien, que se necesita sangre y dolor para hablar de derechos humanos.


Pues bien, la corrupción, aquí y en cualquier parte del mundo es una violación de los derechos humanos puesto que afecta procesos de información y transparencia, afecta dineros públicos y privados que deberían redundar en desarrollo social, en fin, desvían recursos y energías para intereses privados en los que el interés privado impera sobre el bien público y general.


Lucha contra la corrupción como lucha por una nueva y mejor democracia


Estudiar y denunciar los regímenes corruptos y los actos de corrupción exige una dúplice línea de reflexión y de acción.


En el plano económico, se trata de poner directamente el dedo en la función de producción. Si no se señala y se acusa esta función, se ataca los síntomas pero no la enfermedad. Como la gripa o los resfriados: hoy podrá curarse la tos o los escalofríos, pero mañana o pasado mañana una gripa mal tratada puede desembocar en enfermedades neumológicas severas que pueden terminar por matar al paciente. La corrupción es una forma como el capitalismo desprecia el bien común y general y destaca, por vías acomodaticias, el interés privado.


De otro lado, en el plano de los derechos humanos, el estudio, investigación, denuncia, persecución y condena de la corrupción no es posible sin atender, por ejemplo, al cuidado de los derechos humanos de primera y de tercera generación. El trabajo, así, se torna más fino pero también más contundente. Los corruptos son engendros de los intereses egoístas que buscan beneficio propio, y que sacrifican el futuro por el presente inmediato; esto es, la ganancia económica sobre el bienestar de la sociedad.


Recabemos en esto: la mentalidad de la corrupción es, a todas luces, de tipo mafioso pues lo que impera en ella es la idea, los principios o las prácticas de lealtad, fidelidad, muerte a la delación, secretismo, y otros rasgos parecidos. En fin, la corrupción es una forma de mafia, muchas veces corporativa –en el sector público o privado.

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Martes, 10 Septiembre 2019 04:56

Bachelet critica a Brasil y a Venezuela

Bachelet critica a Brasil y a Venezuela

 La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizó el  informe presentado el 4 de julio sobre la situación en Venezuela. Denunció nuevos casos de “posibles ejecuciones extrajudiciales”, alertó sobre la frágil situación económica del país, y condenó el duro bloqueo impuesto por Estados Unidos. Bachelet aprovechó también su discurso para criticar la política ambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

En el marco del 42° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, la ex presidenta de Chile aseguró que “la economía atraviesa el episodio hiperinflacionario más agudo en la región”. En materia de seguridad, recomendó disolver las Fuerzas de Operaciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, por "posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus miembros”, señaló. En su informe, Bachelet también condenó el bloqueo del gobierno estadounidense, que contribuye a “agravar la situación humanitaria” del país.

La alta comisionada también cuestionó la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. "Estamos quemando nuestro futuro" con los incendios en la Amazonia, afirmó en un tramo de su discurso. Los focos de incendio resultan especialmente perjudiciales para "las mujeres, los hombres y los niños que viven en esas áreas, entre ellos muchos pueblos indígenas", subrayó.

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Nasrin Sotoudeh, abogada por los derechos humanos

La explotación sexual de la mujer tiene mil caras. El vídeo de una boda celebrada en la provincia de Kohguiluye, en Irán –una de las más discriminadas y empobrecidas del país–, y la presión social ejercida vía redes sociales (pues cualquier manifestación no gubernamental en un espacio físico está prohibida)-, ha conseguido por primera vez que la teocracia islámica iraní se eche para atrás y haya anulado el matrimonio de una niña de 9 años. La edad de él carece absolutamente de importancia: aunque fuese joven y el más guapo del mundo, se trata de una violación de una niña basada en el poder físico, económico e incluso religioso.

La abogada Nasrin Sotudé ha sido condenada a a 38 años de prisión y 148 latigazos por pedir que la República Islámica de Irán cumpla con la Declaración de los Derechos del Niño (1959) e ilegalice este tipo de uniones por atentar gravemente contra los derechos de las niñas. Que Aisha, una de las esposas del profeta del islam, tuviese 6 o 8 años, es el argumento preferido esgrimido por quienes también defienden la Lapidación y la Ley de Talión prehistóricas.

El poderoso movimiento progresista de Irán, que ha tenido a numerosas mujeres entre sus principales líderes (como la profesora Mohtaram Eskandari, fundadora de la Sociedad Patriótica de Mujeres, arrestada en 1922 y su casa incendiada), consiguió, a pesar de las persecuciones, que en 1934 el Código Civil estableciera la edad nupcial femenina en 15 años. Sólo la autorización especial de un juzgado permitía bajarla a 13 años. Un año más tarde, en 1935, gracias también a la presión de Eskandari, se prohibió el velo, bandera de la extremaderecha religiosa, como símbolo del estatus de subgénero de la mujer. Fue entonces cuando millones de niñas pudieron estudiar gratis hasta terminar una carrera universitaria y entrar así en el mercado de trabajo.

Además, en 1964 las mujeres pudieron votar, elegir y ser elegidas; se restringió la poliginia, ampliando los derechos de la esposa en el divorcio y en la custodia de los hijos. La doctora Farrojru Parsa fue designada en 1969 ministra de Educación (fue ejecutada en 1980, por la Revolución Isalámica acusada de «iniciación a la prostitución»). En la judicatura hubo varias juezas, entre las que se encontraba en 1969 la premio nobel de la Paz Shirin Ebadi. Se creó un ministerio para Asuntos de la Mujer en 1970 y cuatro años después la Ley de Familia elevó la edad mínima para casarse a los 18 años.

Tras el secuestro de la revolución iraní de 1978 por la extremaderecha islámica y la G4, y en paralelo a la ilegalización de todas las organizaciones progresistas del país y la detención de decenas de miles de sus simpatizantes, la primera medida de Jomeini no fue repartir la renta del petróleo entre la población «desheredada» del país, sino abolir aquella Ley de Familia y aprobar una nueva «islámica» en la que bajó la edad nupcial de las niñas a los ocho años. Incluso autorizó al padre casar a sus hijas si eran menores de esta edad. La segunda medida tampoco estuvo dirigida a paliar las desigualdades, todo lo contrario: impuso el uso del velo a todas las mujeres y niñas mayores de 7 años. De hecho, el velo judeo-islámico marca la edad fértil de la niña, que se establece en torno a esta edad: ya es una mujer y tendrá las obligaciones de las adultas, que no derechos, como el voto o conducir. Se instaló un sistema de apartheid a la mitad femenina de la sociedad, prohibiendo su acceso a ciertos espacios, trabajos, cargos, recursos, etcétera.

En 2000, la presión social obligó a la Revolución Islámica a incrementar la edad del matrimonio a los 13 años, aunque la legislación mantuvo la facultad del padre para casar a sus hijas incluso antes de cumplir los ocho años: estas bodas no serán registradas, pero serán mashru, o sea legitimas desde un punto de vista religioso. Esa ley prevé dos años de prisión para la mujer aun si teniendo 50 años y en posesión de tres títulos universitarios se casa sin el permiso de su tutor varón. Según la religión, la mujer carece de capacidad mental porque Dios las creó así. En 2017, el parlamento iraní rechazó la petición de unos diputados en establecer los 16 años como la edad nupcial para las menores. En realidad, en esta teocracia no hay ningún límite de edad para el matrimonio.

Motivos de este atentado de adultos contra niñas

Económico. En las religiones semitas, gestadas en las regiones desérticas, dos factores contribuyeron a legitimar esta práctica:

1) La falta de recursos que provocaron guerras y también el imperio de la ley del más fuerte, causando la muerte de las niñas y mujeres. La escasez de ellas –en parte también debida a que muchas fueron amontonadas en los harenes de los ricos–, dio lugar a la costumbre, aún existente, de apalabrar una recién nacida a un hombre del clan para entregarla después de unos años como esposa. Obviamente, un bien escaso tiene un precio, que dependerá del estatus de la familia, la edad de las niñas, su belleza, si es de primera mano o ya ha perdido la virginidad, etcétera. ¿Significa eso una forma de prostituirla?

2) La propia economía comercial, que requería recorrer largos e inseguros caminos para vender los productos, convertía a las mujeres, a ojos de los hombres, en un ser improductivo, en una carga. Las madres que daban luz a niñas eran repudiadas y las bebes perdían su vida en el llamado «infanticidio femenino», que aún hoy se practica a través del feticidio. Esta falta de valor de las niñas se refleja en el relato de Sodoma y Gomorra donde los pecadores son los hombres supuestamente homosexuales y no Lot, un hombre que para proteger a sus invitados masculinos ofrece a aquellos individuos de terribles intenciones llevarse a sus propias hijas vírgenes (y por lo tanto menores dada la época): «Mis hijas serían más puras para vosotros», dice Lot, incitándoles. El matrimonio de niñas es la continuidad del infanticidio y del feticidio frustrado o no realizado.

En las regiones prósperas de Oriente Próximo estas prácticas no existían. De hecho, la edad nupcial en el mazdeísmo iraní, la religión de Zaratustra (XII a.C.) es de 15 años para ambos sexos. En este Irán preislámico, los niños nacidos fuera del matrimonio eran llamados «los hijos del cielo», para así darles legitimidad social y jurídica y salvar la reputación de la familia. Hoy, el asalto del neoliberalismo a las economías familiares es una de las causas modernas de la propagación de este mal social.

Social. Es una solución macabra para las sociedades sexualmente desequilibradas y reprimidas, en las que los chicos difícilmente pueden experimentar el sexo fuera del matrimonio y las chicas deben guardar la virginidad.

La cultura del maldito «honor». El hombre que ha colocado su honor no en su propio cuerpo sino en el de las mujeres de la familia, lo considera manchado si la niña perdiese la virginidad (¡aun cayendo de un árbol!), si es manoseada, violada y se queda embarazada.  Por lo que antes de llegar a la adolescencia, para no tener que sufrir estas preocupaciones, la sacrifica deshaciéndose de ella: la estupidez humana no tiene límite: crea normas y cuando se queda atrapado entre sus redes, elimina la “consecuencia” en vez de cambiar la norma.

Tener una «virgen integral«. Poseer una esposa sumisa e ignorante garantiza el dominio de la nueva familia sobre la pequeña. A corta edad ella no podrá rebelarse, por lo que mejor una de siete años que de 15.

Saldar deudas con otras familias entregándoles una o varias hijas.

Las guerras. Se trata de una estrategia de supervivencia de la familia que ve amenazas del secuestro y violación de su hija en un entorno tan hostil. Dándole en matrimonio le dará la oportunidad de que alguien la cuide, pero ignoran que muchos son falsos maridos y traficantes de niñas que casándose con ellas podrán cruzar las fronteras sin problema, para después venderlas en el mercado de prostitución infantil o del tráfico de órganos.

Los mercaderes de la carne fresca humana con tantas guerras están haciendo su agosto.

Rasgos del síndrome niña-esposa

  1. Desconocer el significado de la infancia: en vez de hacer travesuras, bailar y jugar, las niñas serán la esclava sexual de un hombre, criarán a los hijos de éste, y serán su criada hasta que la muerte les separe.
  2. Ignorar lo que se siente al resolver una ecuación de álgebra, ni la lectura de una poesía. Incluso, si el marido les deja estudiar, en la mayoría de los países musulmanes es el Estado (siempre machista) quien impide el ingreso de las niñas casadas en las escuelas, temiendo que ellas cuenten a sus compañeras los secretos del cuerpo masculino y las induzcan a la perversidad.
  3. No poder vivir la pasión de enamorarse y construir una vida basada en la libertad.
  4. No poder pactar las prácticas sexuales, ni las medidas de protección y estará desprotegida ante el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
  5. La posibilidad de morir la misma noche de bodas, por la hemorragia de la violación y la violencia que sufren al patalear aterrorizadas. Si consiguen sobrevivir a las continuas agresiones sexuales, podrán morir en el parto, de hecho es fue la principal causa de la muerte de 70.000 niñas entre los 15 y 19 años en 2017.
  6. Perder sus bebés por el aborto espontáneo, o en el momento de extraerlos de su pequeño cuerpo de madre al mundo. Superando esta fase, sus hijos tienen un 60% más de probabilidades de morir en el primer año de vida que los nacidos de madres adultas.
  7. Padecer lesiones como la fístula obstétrica, que les provocará incontinencia urinaria y/o fecal, y por consiguiente ser repudiada por el esposo y la familia.
  8. Tener el alma destrozada, sufriendo trastornos psíquicos y emocionales.

Alrededor de 650 millones de mujeres fueron casadas de niñas: el matrimonio infantil siempre es forzado y concertado. 15 millones de ellas viven en la India. En Estados Unidos, cada año alrededor de 13.000 son casadas, algunas incluso de 10 años, denuncia La Organización Unchained at last (Desencadenado al fin). Las niñas-esposa nepalíes, que suelen ser casadas con hombres mayores con un pie en la tumba, al quedarse viudas son marginadas por «ser portadoras de mala suerte».

Ya ven, no se trata de culturas y tradiciones a las que «hay que respetar»: despolitizar las desigualdades no las legitima ni las hace desaparecer. Los derechos de la infancia son universales y deben estar por encima de cualquier consideración, credo y sistema político.

Por Nazanín Armanian

7 septiembre 2019

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Martes, 03 Septiembre 2019 05:47

El negacionismo frente a las víctimas

El negacionismo frente a las víctimas

“No hay desaparecidos en el Palacio de Justicia”, informó el titular de prensa que reprodujo las declaraciones brindadas por el fiscal Jorge Sarmiento, a cargo de la investigación para encontrar los restos de los desaparecidos de tan luctuoso suceso. Al día siguiente, lo matizó diciendo “No es cierto, es una falacia por generalización apresurada concluir eso”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 14 de noviembre de 2014, le ordenó al Estado efectuar una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las once víctimas desaparecidas del Palacio, a la mayor brevedad posible.

En cumplimiento de ese mandato, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad investigativa, integrada por cuatro fiscales, entre ellos Sarmiento,quien recientemente afirmó en los medios de comunicación que al encontrarse los cuerpos de seis personas que figuraban como desaparecidas, ya no existe la desaparición forzada respecto a estas víctimas.

Se refería el investigador al hallazgo de los cuerpos, en distintos momentos y lugares del país, de Ana Rosa Castiblanco (2001) y Lucy Amparo Oviedo (2015) en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá;de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela León (2015);y de Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández (2017) en cementerios privados de Bogotá, Barranquilla y Manizales.

La Corte IDH dijo que “la forma en que se trataron los cuerpos de las personas fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitan la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a sus familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida así como de sus familiares”.Advirtió además que “el hecho que aparezcan los cuerpos en esa fosa común, no quiere decir que las personas no hayan podido salir con vida del Palacio”, como efectivamente se comprobó en noviembre de 2015, cuatro años después de la sentencia, que Ana Rosa Castiblanco salió viva del Palacio.

El que aparezcan seis cuerpos no borra la desaparición forzada.Una verdad no borra otra verdad.La Corte IDH ha dicho que los elementos concurrentes y constitutivos de éste crimen son: (a) la privación de la libertad; (b) la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y (c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que varias cortes constitucionales de los Estados americanos y altos tribunales nacionales, coinciden con la caracterización indicada.

Faltan por encontrar los cuerpos de cinco personas. Según el fiscal, son los únicos desaparecidos forzados: Carlos Rodríguez Vera y David Suspes Celis –con prueba de video que salieron con vida del Palacio–, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola Figueroa e Irma Franco Pineda, a quien más de 60 testigos la vieron en la Casa del Florero.

El investigador, al referirse a la situación del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 35 años de prisión por las desapariciones forzadas del Palacio,dijo que será la Corte Suprema de Justicia la que reverse la sentencia de desaparición forzada y la cambie por homicidio. Es de notorio conocimiento público que la Corte ya se pronunció al respecto y mantuvo la desaparición forzada. ¿Ignorancia, mala fe o ambas cosas?

Las justicia colombiana ya emitió su veredicto sobre los desaparecidos del Palacio mediante sentencias del Consejo de Estado que condenó a la Nación por las desapariciones forzadas, y con las dos sentencias de juezas penales y del Tribunal Superior de Bogotá, que condenaron a los militares Arias Cabrales y Plazas Vega por estas desapariciones forzadas. La Corte Suprema de Justicia, que después absolvió al coronel Plazas, dejó en firme que hay desapariciones forzadas. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, integrada por tres exmagistrados de la Corte Suprema, en su informe final determinó también la existencia de la desaparición forzada de personas. Decisiones de notorio conocimiento público, ¿cómo es posible que no lo sepa el fiscal?

La Corte IDH soportó su sentencia en estas decisiones y fue más allá cuando hizo notar que: “los hechos del presente caso se enmarcan en un contexto de sucesos graves, complejos y mayores a aquellos sometidos a juzgamiento, en los cuales fueron víctimas centenares de personas adicionales a las presuntas víctimas del presente caso”.

No se equivocó la Corte. Los cuerpos que se presumían que eran de los magistrados Andrade y Echeverry –y que fueron entregados a sus familiares recién ocurridos los hechos. Treinta y dos años después resultaron ser los de Héctor Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia. Los dos magistrados están desaparecidos y sus familiares los buscan.

El investigador parece operar bajo una hipótesis del negacionismo investigativo, lo cual va a contrapelo de las decisiones de la justicia colombiana e internacional. Igual que el fiscal Sarmiento piensa el doctor Rafael Nieto Loaiza,exagente del Estado colombiano ante la Corte IDH que dijo que no hay desapariciones forzadas, ni torturas, ni ejecuciones extrajudiciales en el Palacioy,el coronel Plazas Vega, quien reiteradamente afirma que no hay desaparecidos en el Palacio, que por el contrario, están muertos y no los han buscado bien, que la única desaparecida es Irma Franco. Plazas sabe lo que dice porque mandó a matar a “esos h.p.”. Llamativo: el fiscal Sarmiento y el coronel Plazas piensan igual.

La evidencia probatoria en que se basaron los jueces domésticos y el tribunal internacional sostiene lo contrario. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán se les ve salir con vida de la edificación en los videos.(El Pacto del Silencio, Barrios, Cajar y ediciones desde abajo, 2017).

La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Adriana García, en agosto de 2019justificó los errores técnicos cometidos en la época de los hechos por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuenta hoy para identificar los cadáveres, ampliando así de manera indirecta las afirmaciones negacionistas del fiscal.El doctor Ego Lutenberguer, director del Instituto de Medicina Legal en 1985, le dijo a la fiscal Ángela Buitrago Ruíz durante la investigación del coronel Plazas Vega que el trabajo realizado por su institución fue perfecto. Sin embargo el doctor Carlos Valdés,a quien se atribuye el éxito de los recientes hallazgos, dijo en noviembre de 2018 que en 1985 los militares se tomaron el Instituto de Medicina Legal.¡Baíleme ese trompo en la uña! Nos preguntamos: ¿quién dice la verdad? ¿a quién le creemos?

Refiriéndose a las afirmaciones del fiscal Sarmiento, la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, dijo que el negacionismo no le ayuda a la paz dado que toda la población colombiana se dio cuenta que salieron personas vivas del Palacio y sus familiares siguen reclamando a sus seres queridos. Por su parte, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, se mostró sorprendido por el pronunciamiento del fiscal y se comprometió a esclarecer la verdad humana, ética e histórica de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El negacionismo hacia las víctimas también se emplea para desconocer la existencia del conflicto armado interno en Colombia. Esa es la posición del expresidente Álvaro Uribe, apoyado por su partido el Centro Democrático y el fiscal investigador.

Además de negar la existencia de estos desaparecidos, el fiscal Jorge Sarmiento matizó que lo existente son “malas entregas y cuerpos mezclados”. Este asunto ya lo decidió la Corte cuando afirmó, que “los hechos del presente caso impactaron a más personas de las que están actualmente representadas ante la Corte, como efectivamente sucedió con los casos de los magistrados Andrade y Echeverry. Sobre cuerpos mezclados, está el del magistrado Pedro Elias Serrano Abadía y la visitante Norma Constanza Esguerra. La Corte le reprochó al Estado que no se haya exhumado el cuerpo del magistrado, situación que sigue sin esclarecerse hasta la fecha. Increíblemente, el fiscal Sarmiento invoca a su favor los propios errores cometidos por el Estado –lo cual viola los principios generales del derecho–, como la variación de la escena del crimen: apilar los cadáveres en el primer piso, lavar los cuerpos, mezclar prendas personales, inhumar los cuerpos en fosa común, errores que aceptó el Estado ante la Corte.

Afirmó el investigador que el trabajo de identificación de los cuerpos “de verdad debe ser orgullo patrio” –al igual que el coronel Plazas Vega quien piensa que “defendió la democracia” en la retoma del Palacio con el exceso de uso de la fuerza, al emplear tanques de guerra de manera indiscriminada contra la edificación.

Negacionismo, rueda suelta y Fiscalía General de la Nación

El negacionismo revictimiza a las víctimas por el sufrimiento adicional que a los familiares les genera, faltando a su deber de investigar el delito, instruir las diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y asegurar el soporte médico legal para identificar los cuerpos.

La postura tanto del fiscal, como del Instituto de Medicina Legal –que debería guardar independencia frente a la Fiscalía General de la Nación– es un ataque al Acuerdo de Paz, concretamente a la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que hace parte junto con la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento y la Justicia Especial para la Paz, del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas de desaparición forzada cometidas por el ejército y por paramilitares en connivencia con éstos, ¿pierden el carácter de desaparecidos forzados al encontrarse sus restos?

Nos preguntamos también si el fiscal Sarmiento actúo como rueda suelta o si, por el contrario, su postura negacionista hace parte de un política institucional de la Fiscalía General de la Nación. La sociedad colombiana y la comunidad internacional merecen una respuesta a estos interrogantes.

La Corte IDH le ordenó al Estado colombiano llevar a cabo, en un plazo razonable, investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, y determinar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

Sobre establecer la causa de la muerte de las personas, dijo el fiscal que va a ser muy difícil aclararlo, porque los restos que han encontrados han sido mínimos, son muy pequeños, están carbonizados, lo que no les permite a los investigadores dar cuenta de cómo murieron la personas y las circunstancias de esas muertes. Añade que en los informes de Medicina Legal se afirma que la causa de la muerte de los nuevos hallazgos es el homicidio, pero para saber la verdad de cómo murieron “nunca lo vamos a poder saber”. Es decir, no habrá ni verdad ni justicia en las desapariciones forzadas y las ejecuciones extra judiciales del Palacio. La Fiscalía no busca ni la verdad ni la justicia, sino la impunidad total.

Por último,el investigador se refirió públicamente a la audiencia de seguimiento de sentencia con carácter privado del caso Palacio de Justicia, que va a realizar la Corte IDH el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, anunciando que le van a decir a la Corte que han hecho un trabajo brillante, porque hasta la fecha han encontrado a estas personas y seguirán en la búsqueda de los que faltan. ¿Qué se pretende con ésta estrategia mediática? ¿Quiere incidir y convencer a los jueces y a la opinión pública que la Fiscalía cumplió la sentencia?

La respuesta a estos interrogantes la debe dar la Corte cuando emita la resolución de cumplimiento de sentencia del caso bajo examen. A la vez, ¿no debería el Tribunal repensar su práctica implementada hace tres años, de otorgar audiencias privadas de casos en países de donde el Estado es parte? Con la experiencia de la audiencia privada del Palacio de Justicia que se avecina, se corre el riesgo que se ventilen asuntos privados de manera pública. ¿No sería mejor adelantar este tipo de audiencias en la sede de la Corte en San José de Costa Rica o en otro país distinto al concernido con el caso?

Ojalá que se encuentren los cuerpos de las cinco víctimas restantes y los de las demás víctimas del Palacio que hoy figuran como desaparecidas, así como los demás desaparecidos en Colombia, porque las familias tienen derecho a cerrar su duelo, a recibir los restos en forma digna y a darle sepultura a sus seres queridos. Al igual, la sociedad colombiana y la comunidad internacional tienen derecho a conocer la verdad de lo sucedido.

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