Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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Sábado, 06 Marzo 2021 05:37

Sumergidas en el taller

Mujeres trabajan en Nerminia, fábrica textil marroquí en TángerAFP, ABDELHAK SENNA

Las costureras marroquíes y la industria textil internacional

La inundación que mató a 28 trabajadores en Tánger volvió a poner el foco en las obreras que abastecen a las mayores marcas europeas de ropa. El mercado no les deja opción.

 

Tánger, una mañana de invierno. Mientras el día tarda en salir, una veintena de mujeres, sombras en la oscuridad, se presentan frente a un edificio residencial aún dormido. Avanzan en silencio, se dirigen hacia abajo y entran en una habitación oscura y húmeda. En el interior, un puñado de hombres están ocupados poniendo en marcha máquinas de cortar tela. Sus ojos no cruzan los de las mujeres, que llevan sus rostros ocultos por mascarillas blancas. Una tras otra, bajan al sótano. Llegan a una bodega de unos 40 metros cuadrados reservada para la confección de ropa. No hay ventana ni salida de emergencia.

Lamia –se han cambiado los nombres–, una costurera de 36 años, se pone una blusa y comienza a montar varias prendas. «¡Aquí está la colección de verano en primicia!», dice irónicamente. En las mesas repletas, entre las ya bulliciosas máquinas de coser, hay camisetas, pantalones cortos y minifaldas etiquetadas con Zara, Bershka o Kiabi. «La mayoría de las veces, el jefe de la habitación nos cierra con llave –dice Lamia–; gracias a Dios, el otro día nos salvamos».

Ese «otro día» fue el 8 de febrero, el lunes, cuando lluvias torrenciales cayeron sobre la ciudad y 28 trabajadores, incluidas 19 mujeres, murieron en un taller en medio de una zona de inundación. Se ahogaron, atrapados en el sótano donde trabajaban. «El agua tuvo el efecto de un tsunami, se sumergieron en pocos segundos», resume Ahmed Ettalhi, presidente de la Comisión de Planificación en el Municipio de Tánger. Y agrega: «Nada de esto estaba autorizado: ni la presencia de una bodega ni la de una unidad industrial».

TRABAJADORAS SIN PROTECCIÓN

En el momento de la inundación, Lamia y sus colegas dejaron a tiempo su propio taller, ubicado cerca. «Nos podría haber pasado lo mismo –susurra–, algunas de las empleadas del taller afectado eran amigas mías.» Como docenas de otras trabajadoras obligadas a evacuar los sótanos del vecindario, Lamia se encontró frente al edificio afectado por el desastre. «Escuchamos gritos –dice esta madre de tres hijos–, las obreras que habían podido escapar se habían refugiado en el techo y pedían ayuda a gritos; las ambulancias llegaron demasiado tarde.»

En Tánger, miles de trabajadores, en su mayoría mujeres, son empleados ilegalmente en talleres llamados hofra (‘fosos’, en árabe), establecidos en los sótanos y plantas bajas, para hacer ropa para marcas extranjeras. Sólo en Tánger hay centenares, tal vez más, como deplora Ettalhi: «En 2016, abrimos una lista para trasladar fábricas informales a áreas industriales. Recibimos 400 solicitudes. Añada a eso las fábricas que no querían y las que llegaron después. ¡Es enorme!». ¿La fuerza de estas estructuras? Su capacidad para responder a las fluctuaciones de la moda produciendo rápidamente series limitadas. Los empleados perciben entre 180 y 230 euros mensuales, que es inferior al salario mínimo marroquí (250 euros), todo ello sin cobertura ni normas de seguridad social.

Ni totalmente clandestinos ni verdaderamente legales, estos talleres tienen un estatus híbrido. «Las empresas existen, ya que están matriculadas en el registro mercantil, pero sus jefes declaran sólo una pequeña parte de sus empleados y operan en lugares no reglamentarios», dice Mustafá Ben Abdelgafur, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tánger. Así, el taller inundado fue presentado primero como «clandestino» por las autoridades, cuando, en realidad, existe desde 2017 bajo el nombre de A&M Confection. Su propietario, Adil Bullaili, fue puesto en prisión preventiva como parte de la investigación abierta por homicidios y lesiones involuntarias.

En Marruecos, el sector textil representa más de una cuarta parte de los puestos de trabajo industriales. Inditex, la empresa matriz de la marca española de prêt-à-porter Zara, es el principal cliente. Según su director general para Francia, Jean-Jacques Salaün, el sistema de control de Inditex permite una «trazabilidad absoluta»: «Controlamos a todos nuestros proveedores, especialmente en Marruecos, donde nos dimos cuenta de que había falsificaciones de nuestros productos. Me parece poco probable que nuestros subcontratistas logren escapar de esta trazabilidad. Y puedo decirles que un taller, si no está referenciado y auditado, no puede ser parte de nuestra cadena de suministro. Estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para asegurar que tal tragedia no suceda nunca».

ECOSISTEMA FLORECIENTE

La ciudad de Tánger, a 14 quilómetros de la costa española, es el epicentro de este negocio tan particular, así como un importante centro económico vuelto hacia la Unión Europea. Pero este dinamismo esconde una sombría realidad social: una gran parte de la población (1,2 millones de habitantes) todavía vive en la precariedad. El sector textil alimenta toda una economía subterránea, en la que todos sueñan con establecer su propio negocio. Así, Bullaili, el jefe del taller inundado, comenzó en un grupo de prendas de vestir. «Trabajó con nosotros como obrero, luego como jefe de cadena, antes de establecer su negocio», dice Meriem Larini, gerenta general del grupo textil Larinor.

En la última década, un ecosistema floreciente ha permitido a obreros ambiciosos crear miniunidades de confección. Los proveedores de maquinaria les otorgan créditos directos. Esto les permite alquilar un local y, mediante la corrupción, escapar a los controles. «No es difícil montar un taller en una bodega, todo lo que necesitas hacer es tener una instalación eléctrica y con qué sobornar a las autoridades, luego la gente llama a tu puerta para pedir trabajo», confirma un industrial marroquí.

Para entender de dónde vienen los clientes de estas pequeñas estructuras de prendas de vestir, se debe salir del centro de Tánger y llegar a la zona industrial de Gzenaya. Lejos de las bodegas, las fábricas instaladas aquí tienen todo tipo de etiquetas y certificaciones ecorresponsables que las convierten en modelos éticos. «Hemos invertido mucho dinero para cumplir con los criterios de responsabilidad social requeridos por los clientes», dice Larini, cuyo grupo trabaja para las principales marcas internacionales.

Después de ser puestas en la mira por las malas condiciones de trabajo de sus proveedores, particularmente los ubicados en Asia, muchas marcas han cambiado su estrategia para preservar su imagen. «Hay auditorías y controles esporádicos llevados adelante por un equipo del grupo Inditex, que opera constantemente en las fábricas de Tánger. Es imposible escapar a ello. Se prevén sanciones en caso de incumplimiento de las normas», asegura Larini. El grupo español incluso ha adoptado un sistema de auditoría interna para monitorear mejor las prácticas de sus subcontratistas.

«EL ESLABÓN MÁS DÉBIL»

Pero mejorar las instalaciones es caro para los industriales locales, especialmente frente a la competencia de los países asiáticos y Turquía. Así, para preservar sus márgenes y aumentar su capacidad de producción, las grandes fábricas marroquíes subcontratan parte de sus pedidos a unidades instaladas en las bodegas de Tánger. «Las bodegas son sólo el eslabón más débil en un sistema administrado por el lobby de los propietarios de fábricas marroquíes. ¡Ellos son los que animan a los trabajadores a crear talleres subterráneos!», denuncia Abdellah El Fergui, presidente de la Confederación Marroquí de Muy Pequeñas, Pequeñas y Medianas Empresas. En todo el país, la existencia de tales lugares es un secreto a voces. «Cada fábrica se apoya en tres o cuatro pequeños subcontratistas que, a su vez, violan las normas de seguridad, y de ahí la tragedia de la inundación», admite Ben Abdelgafur.

Así es como, desde 2010, Karima, una costurera de 52 años, se ha encontrado haciendo camisetas de marca en una bodega de la ciudad. Un trabajo agotador: nueve horas al día, cinco días a la semana, por 200 euros al mes. «Yo ya tengo mis años, me duele la espalda y ya no veo muy bien. Así que mi salario ha disminuido», dice esta mujer originaria de un pueblo en el Alto Atlas. Como miles de compatriotas del mundo rural, Karima llegó a Tánger con su familia en 2005, en busca de empleo. Mientras trabaja, su marido, que sufrió un derrame cerebral hace unos años, permanece postrado en cama. «El día que enfermó, me di cuenta de que no teníamos protección social», afirma. Este doloroso recuerdo hace que las lágrimas aparezcan en sus ojos. «Sé que estamos en peligro: polvo, enfermedades crónicas, accidentes, a veces… Mi primo perdió la mano, arrancada por una máquina, porque no proporcionan los guantes protectores. Pero, al menos, tenemos un trabajo», dice. En 2018, el país había registrado 50 mil accidentes laborales que causaron 756 muertes, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Resta saber cómo estas bodegas logran escapar de la visión de los patrocinadores, las marcas de renombre internacional. La explicación de un gerente de fábrica en Casablanca: «Estas marcas hacen auditorías para controlar la responsabilidad social de las empresas con las que tratan, pero no la fase de producción. ¡Ahí está el defecto! Las marcas se quedan con la conciencia tranquila en Europa, mientras aquí cierran los ojos».

AMORTIGUADOR SOCIAL

La mayoría de los patronos marroquíes de la industria textil se niegan a hablar. «Las marcas ejercen una presión tarifaria tal que es imposible ser competitivo sin bodegas –murmura un exactor importante del sector–, nos dan su precio y si nos negamos, van a otro lugar, a Turquía o Etiopía». Por parte de la Asociación Marroquí de Industrias Textiles y de la Confección (AMITC), se utiliza un lenguaje evasivo. «Nunca hemos oído hablar de este tipo de subcontratación», se contenta con declarar su presidente, Mohammed Bubuh.

Rodolphe Pedro, propietario en Casablanca de una planta ecológica de lavado y teñido preocupada por combatir las prácticas ilegales, considera esencial cambiar las mentalidades: «Marruecos tiene un verdadero saber hacer y una proximidad geográfica ventajosa, pero depende de nuestras políticas, incluidas las de la AMITC, ponerlas en valor. Si tuviéramos una política fuerte que nos permitiera vender las bazas que tiene Marruecos, las marcas ya no podrían imponer precios tan bajos».

En Tánger, una activista feminista libra una guerra contra los talleres subterráneos: Suad Shentuf. Miembro de la asociación Actuemos con las Mujeres, se dirige a las autoridades locales, al Ministerio de Trabajo, al Estado, a la AMITC, a las marcas, a los propietarios de fábricas… En su opinión, todos deben «responder por sus acciones y sus negligencias». Una semana después de la tragedia, intentó organizar una sentada de protesta, pero las autoridades le pidieron que la pospusiera. «Tienen miedo de las repercusiones», analiza.

Si las autoridades públicas han tolerado esta economía sumergida durante tanto tiempo, también es porque constituye un importante amortiguador social. Cerrar las bodegas sería dejar a miles de personas sin trabajo. El representante tangerino Ettalhi suspira: «Si todos los lugares no reglamentarios de Tánger fueran destruidos, el 60 por ciento de la ciudad estaría por los suelos. No tenemos los medios para combatir este fenómeno estructural». Cada semana, por tanto, las trabajadoras continúan presentándose ante la puerta del sótano. Al día siguiente de la inundación del 8 de febrero, Lamia regresó a trabajar a su bodega. Es peligroso, ella es consciente de ello, pero no tenía otra opción.

Por Ghalia Kadiri
5 marzo, 2021

(Publicado originalmente en Le Monde bajo el título «“La plupart du temps, le chef de salle nous enferme à clé”: plongée dans le Tanger clandestin du textile». Brecha publica con base en una traducción de Faustino Eguberri para Correspondencia de Prensa).

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La Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en los territorios palestinos

Pone bajo la lupa delitos cometidos desde junio de 2014 

Mientras el premier israelí Benjamin Netanyahu lanzó fuertes críticas hacia la decisión del tribunal con sede en La Haya, la Autoridad Nacional Palestina saludó la "medida largamente esperada".

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció hoy que abrió una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel o por grupos armados palestinos en los territorios bajo ocupación israelí.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó en un comunicado que la investigación iniciada por su oficina abarcará los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en el texto. En 2019 Bensouda afirmó que había fundamentos razonables para abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y en la colonización israelí de Cisjordania.

A inicios del pasado febrero un fallo de la CPI dictaminó que el organismo cuenta con la autoridad para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. La decisión suscitó fuertes críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que en ese momento calificó al CPI de “tribunal político”.

"El tribunal creado para evitar que vuelvan a suceder atrocidades como las perpetradas por los nazis contra el pueblo judío ahora se pone en contra del Estado del pueblo judío", afirmó Netanyahu sobre la decisión de abrir una investigación. Sumándose a las críticas, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi también calificó la decisión como “política” y aseguró que Israel tomará las medidas necesarias para proteger a sus civiles y soldados.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) saludó la decisión de la fiscal Bensouda, que dejará su cargo en junio próximo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también celebraron la investigación de la CPI. “Esta medida largamente esperada sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz", informó el ministerio en un comunicado. La ANP suscribió a la CPI en 2015 y desde entonces busca que se investigue las acciones de Israel en territorio palestino.

La ANP pidió específicamente que se investiguen las acciones israelíes durante un ataque militar ocurrido en Gaza en 2014 y que tenía como objetivo al movimiento islamista palestino Hamas. También pidió la investigación sobre la creciente colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén. Bensouda afirmó que también investigarán a Hamas por lanzar cohetes de forma indiscriminada hacia territorio israelí durante la ofensiva de 2014.

Desde Hamas también saludaron la la decisión de la fiscal Bensouda. "Damos la bienvenida a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra de la ocupación israelí contra nuestro pueblo. Es un paso adelante en la senda hacia la paz", dijo el vocero de Hamas en Gaza, Hazem Qassem."Nuestras acciones (de resistencia) son legítimas", agregó.

La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) se mostró a favor de la decisión de la corte internacional. "Los países miembros de la CPI deben estar listos para proteger fuertemente el trabajo del tribunal de cualquier presión política", dijo en un comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de HRW.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos. El organismo comenzó a funcionar en 2002 y es el único tribunal internacional que juzga a responsables de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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Martes, 02 Marzo 2021 06:07

La ruta del sacrificio

La ruta del sacrificio

 

Como cada año, el 21 de febrero nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó convocó a sus amigos a darse cita en los sitios sagrados de memoria de nuestros mártires. Subimos varias cuestas en la Serranía de Abibe para llegar a aquel sitio, junto al río Mulatos, donde los defensores de este Estado criminal le arrancaron la vida cruelmente a nuestros líderes y a nuestros niños. Han pasado 16 años, pero para la justicia colombiana “no ha pasado nada”. Cuando abogados amigos hicieron el gran esfuerzo de llevar el caso a Casación en la Corte Suprema de Justicia y lograron la condena de los primeros 10 militares responsables de la masacre, los militares acudieron a la JEP y la JEP los puso en libertad inmediatamente y los vinculó a su proceso sin exigirles lo mínimo que tenía que exigirles: un mapa de la verdad que irían a confesar.

Pero mientras la “justicia” sigue en su ruta de degradación al servicio de la impunidad más desvergonzada, la memoria del pueblo se va fortaleciendo. Volvimos a escuchar las palabras de Luis Eduardo Guerra, uno de nuestros líderes históricos más claros; desde una grabación que se conservaba, él nos volvió a contar el proceso de surgimiento de la Comunidad de Paz como respuesta al cerco de violencia tan aterrador que vivíamos. Los poemas que el Profeta Isaías escribió hace miles de años para describir la espiritualidad y la pasión del Servidor Sufriente del Señor, nos sirvieron para recordar a Luis Eduardo y para darle gracias a Dios por su vida. En La Resbalosa recordamos la crueldad con que militares y paramilitares descuartizaron a nuestros niños y la canción de José Luis Perales: “que canten los niños”, acompañó nuestra memoria dolorosa de su sacrificio, como también otros poemas y canciones.

A la vez que inauguramos la ermita junto al Río Mulatos, ya terminada con cúpula de color, con mural y con vitrales y rejas, construida en el sitio donde derramaron su sangre Luis Eduardo, Bellanira y el niño Deiner André, nos animamos a avanzar en la construcción de otra ermita en La Resbalosa, sobre las fosas que guardaron durante las primeras horas los restos despedazados de la familia de Alfonso y Sandra y sus niños y Alejandro. En medio de las dos fosas se levanta todavía el palo de cacao que sigue proclamando la resistencia de la vida en medio de la muerte.

Todos salimos fortalecidos con el ejemplo de esa primera generación que sostuvo la vida de nuestra Comunidad de Paz en medio de una persecución a muerte tan despiadada por parte del Estado colombiano. Ellos nos dijeron con sus mismas vidas que el proyecto comunitario en el cual estaban embarcados era más valioso que sus propias vidas.

Sabemos que muchos amigos nos acompañaron en esta peregrinación de memoria desde países y regiones muy remotas. Gracias por esa energía que supieron transmitirnos desde la distancia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 01 de 2021

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Represión policial en la Universidad Nacional de Honduras en junio de 2019

Numerosas instituciones internacionales han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas.

 

Este artículo surge del enfado, la indignación, las alianzas con compañeras y compañeros de Honduras, la investigación y el análisis fruto del Monitor de Violencia Política y Violaciones de DDHH de Honduras. Este proyecto es una herramienta analítica y política para las personas defensoras de derechos humanos y socioambientales en el territorio, que responde a uno de los mayores desafíos que enfrentan: la falta de datos consolidados y fiables de violaciones de derechos humanos relacionados con la violencia política, que es especialmente invisible y difícil de detectar debido a la participación de actores armados estatales y no estatales, locales y globales.

Antes de indagar en cómo y por qué se manifiesta la violencia política en Honduras, es preciso romper algunos mitos sobre la violencia en el territorio. Detrás del estigma que caracteriza a Honduras como un territorio cuya violencia es fruto exclusiva e inequívocamente de maras o pandillas, reside un silencio social y sociológico que oculta la violencia política. Numerosas instituciones internacionales, como Global Witness, han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas instrumentalizada por los grupos dominantes. Es más, la violencia política es la que crea las condiciones propensas para que se den otros tipos de violencia —como pandillas o doméstica. Por eso, debemos desbordar los discursos dominantes prestando atención a las causas de la violencia, y no sólo a los síntomas (como las migraciones forzosas), para reconocer su multidimensionalidad. Esto nos llevará también a cuestionar una noción de seguridad elitista que promueve la inversión en las fuerzas de seguridad del estado como el remedio para acabar con la violencia.

La violencia política es ya una tendencia global cuya característica definitoria es la represión de personas y movimientos sociales que defienden la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. En Honduras, esta forma de violencia —ocultada— se ejerce cada vez más sobre defensores de la tierra y el medioambiente que articulan una resistencia frente al extractivismo y la mala praxis de proyectos agroindustriales, de minería, turismo y energía, y que la mayoría provienen de o tienen alianzas con el Norte Global. Es decir, la expansión de proyectos a gran escala cuentan con una serie de dispositivos de violencia, que emplean para expulsar a campesinos y comunidades indígenas del territorio y acallar las movilizaciones sociales que denuncian los ataques a la vida humana y ambiental de estas empresas. Los perpetradores de la violencia política son actores estatales y no estatales; guardias de seguridad privada de la empresa, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participan en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios, pandilleros y grupos armados. Estas alianzas al servicio del capital constituyen la violencia paramilitar.

Los grupos paramilitares en Honduras están aún en las primeras etapas de formación, a diferencia de los de Colombia o México que ya están consolidados. La violencia paramilitar está al servicio de corporaciones locales y extranjeras, y tiene lugar en entornos militarizados y con una historia colonial de despojo de tierras y violencia empleada por quienes poseen poder económico y político. Si bien en Honduras la desigualdad de acceso a la tierra es una cuestión histórica que se remonta a la colonización, en esta época se generaron conflictos entre campesinos y terratenientes que han sido y siguen siendo instrumentalizados para impulsar y consolidar un modelo económico capitalista; el gobierno de Estados Unidos, a mediados y finales de la década de los 90, empleó tácticas de contrainsurgencia mediante la alianza criminal de la “seguridad” pública y privada; también a finales del siglo XX y principios del XXI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron a Honduras una reestructuración de su deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales orientadas a la apertura al capital global y la explotación del territorio para la acumulación de capital. Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Más de 40 años de despojo de tierras, asaltos al tejido asociativo político, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes. Por eso, nombramos esta violencia como pro-capitalista (Hristov, 2020) para interpelar a las motivaciones económicas (del modelo neoliberal) e implicaciones estructurales de clase social, raza, etnia y género. El uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y personas LGTB y otros sectores de la sociedad civil tiene el objetivo de criminalizar a los y las que denuncian la reestructuración económica neoliberal y defiende un modelo de socioeconomía que ponga en el centro la vida humana y ambiental.

Es precisamente cuando se procura instaurar o expandir un negocio en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo, el momento y el lugar en los que prolifera la violencia paramilitar. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria; el Valle de Bajo Aguán, en el Departamento de Colón, es una de las regiones más fértiles de América Latina, y también una de las más mortíferas para defensores de la vida humana y ambiental. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva. Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

También se hicieron 57 concesiones de tierra a grandes empresas bananeras extranjeras, incluyendo tierras y exenciones fiscales, entre ellas la transnacional estadounidense Standard Fruit Company. Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

Las corporaciones que a finales del siglo XX se hicieron con tierras en el Aguán, actualmente cuentan con grupos paramilitares que desalojan de manera forzosa a campesinos y comunidades indígenas, intimidan a los pobladores y acosan sexualmente a las mujeres. Sin ir más lejos, en el 2019, la comunidad de Guadalupe Carney fue víctima de la intimidación y el desalojo forzoso llevado a cabo por militares y policías hondureños, militares israelíes y colombianos, una avioneta de Standard Fruit Company y dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Adolfo Cruz, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) publicó en Facebook: “este día sábado 1 de junio se escribe una página negra más para los pobres que reclaman su derecho a una vida diferente, sin embargo, como recompensa el ejército y la policía apoyados por personal israelí, colombianos, y otros han llevado a cabo un desalojo violento ya que solo les interesa el dinero que reciben de Standard Fruit Company, Corporación Dinant, René Morales y Reinaldo Canales”.

No sólo las luchas de los movimientos campesinos se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales, en ocasiones incluso de terrorismo. Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Las personas y movimientos víctimas y supervivientes de esta violencia sin precedentes articulan una crítica sobre el sistema económico capitalista que, priorizando la acumulación del capital sobre la vida humana y ambiental, despoja a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y su forma de vida. Es decir, no son sólo ambientalistas si no también anticapitalistas, aunque desde ciertos lugares de poder del Norte Global se nombran únicamente como lo primero para promover una especie de “greenwashing” o capitalismo verde perverso que impide el cuestionamiento del conjunto de la estructura y la denuncia pública y punidad de los responsables. Reducir la lucha campesina al ambientalismo es inexacto y daña cualquier esfuerzo en identificar y abordar las causas de la violencia política en Honduras, y otros países del Sur Global.

Por todo ello, es urgente que desde el Norte Global hagamos reflexión crítica y articulemos una demanda pública sobre el papel que juegan las inversiones extranjeras en empresas que operan gracias a la violencia política, paramilitar y pro-capitalista y a costa de la vida humana y ambiental. También debemos reconocer y desmantelar la dinámica colonial de extracción de bienes naturales, que ha acompañado al capitalismo desde su origen. Su transformación requiere re-pensar el modelo económico actual, poniendo en el centro la reproducción de la vida humana que, como defienden los grupos y movimientos campesinos, funciona también fuera de los mercados capitalistas.

Por Paula Jiménez Argumosa

Jasmin Hristov

27 feb 2021 13:00

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Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

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Francia garantizará productos menstruales para estudiantes

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos.

 

El Gobierno de Francia anunció que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre, con el objetivo de combatir las dificultades económicas que tienen muchas personas para afrontar aquellos gastos.  

La ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, adelantó que en las próximas semanas se instalarán máquinas que ofrecerán tampones, toallas sanitarias y otros artículos en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios. 

En ese sentido, la funcionaria agregó que el Gobierno se propuso hacer que la protección de período sea "completamente gratuita" para todos al comienzo del próximo año académico en septiembre, con la instalación de 1.500 distribuidores. 

Un estudio de la Asociación Federativa de Estudiantes de Poitiers y la Asociación Nacional de Estudiantes Parteras realizado en febrero reportó que un tercio de las estudiantes necesitan ayuda para comprar esos insumos para la menstruación.

Afectados por la crisis económica derivada del coronavirus y las restricciones de movilidad, numerosos estudiantes franceses tienen que acudir a la beneficencia de los bancos de alimentos de las ONGs y asociaciones.

En diciembre, el presidente Emmanuel Macron había prometido abordar el tema de la pobreza de época, cuando impulsó la creación de un "cheque psicólogo" para los estudiantes con dificultades y la posibilidad de comer dos veces al día por un euro en los restaurantes universitarios.

Al comentar sobre la difícil situación de las mujeres sin hogar, el máximo mandatario señaló en ese momento que "el hecho de tener su período en la calle y no poder comprar algo para protegerse y preservar su dignidad" se suma a la humillación que sufrieron.

La medida para hacer que la protección sanitaria sea gratuita para los estudiantes se produce en medio de un creciente enfoque en la pobreza juvenil luego de imágenes impactantes de bancos de alimentos inundados por estudiantes con dificultades debido a la pandemia covid-19.

Muchas y muchos jóvenes dicen que están luchando para llegar a fin de mes después de perder trabajos de medio tiempo en cafés y restaurantes que han estado cerrados durante meses debido a la crisis de salud.

La situación en otros países

En Argentina, un proyecto de ley integral de menstruación sostenible presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, contempla la entrega gratuita por parte del Estado, obras sociales y prepagas de insumos ecológicos y saludables para la gestión menstrual, además de antiinflamatorios, y la incorporación de la menstruación en la educación sexual.

Por su parte, la organización Economía Feminista lanzó en 2017 la iniciativa MenstruAcción, que alertó sobre el factor de desigualdad que implica la natural e inevitable llegada mensual del ciclo, un gasto que pagan las mujeres en un contexto donde ganan, en promedio, un 30% menos que los varones.

Otros países también están experimentando con la gratuidad de insumos para la menstruación. Escocia se convirtió en noviembre de 2020 en el primer país del mundo en aprobar la distribución gratuita de toallas higiénicas en los establecimientos públicos, abriendo un camino que inspiró a las feministas y activistas contra la pobreza de todo el mundo a abordar también el tema de la pobreza de época.

Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio, y durante tres años, la distribución de esas protecciones periódicas gratuitas en los colegios, mientras que en Inglaterra los productos de período gratuito están disponibles en todas las escuelas primarias y secundarias.

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