Campamento La Victoria. Foto: Señal 3

El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuche. Cuatro meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16 de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.

 

“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.

Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias, disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir de un brote del virus entre los gendarmes.

Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian camiones forestales.

Lo que piden es que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.

El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos (13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.

“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante carabineros que mataron a mapuches y están en prisión domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del funcionario de policía que asesinó en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras conducía su tractor.

Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos políticos mapuche y al pueblo-nación mapuche en general. También nos llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones para mantenerles en esa situación”.

Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques incendiarios mapuche contra sus vehículos. Se trata de una acción que arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49 comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos, diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.

Fotografías y videos compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”. La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de asesinatos de jóvenes mapuche en los últimos 20 años.

Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.

Los 26 prisioneros políticos mapuche se dividen entre tres cárceles distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.

Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días, al medio de periodismo de investigación, Interferencia: “El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un contexto de procesos de reivindicación territorial y político. Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con determinación política”.

“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la región.

“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200 carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”, concluye.

Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019

La Constitución que rige en Chile es la única creada en dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile, y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto una posibilidad de cambio.

Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo, millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató del alzamiento popular más importante de la historia democrática del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra una élite que explota tanto a su población como a sus recursos naturales, y que usa a la policía para controlarla.

Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así, la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’. Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.

Las claves históricas del conflicto

Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a respetar su frontera en el río Bio Bio.

Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.   

El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuche que sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la pobreza.

De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.

En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas mapuche, justificando la criminalización de su cultura y la militarización del territorio.

Por Tanya H. Medina

29 ago 2020 11:32

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La abogada Ebru Timtik antes de su encarcelamiento (EP)

Fue condenada a 13 años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”

 

En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores.

El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista” .

Su hermana mayor, Barkin, recibió una pena todavía más abultada, en tanto que “fundadora”, junto a otros quince miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del despacho Ley del Pueblo. Los magistrados, en línea con Ankara, los considera parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo (DHKP-C).

El bufete de las hermanas Timtik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización, considerada terrorista por la UE. Aunque también defendían otras causas políticamente sensibles.

Timtik, de 42 años, se apagó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella, habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yorum, la vocalista Helin Bölek y el bajista Ibrahim Gökçek. Este último, dos días después de desconvocar la huelga, en protesta por la prohibición de sus conciertos.

Todos ellos pertenecen a la misma matriz de izquierda revolucionaria, marginal pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que nutre sus filas desde los años Setenta, en abierta oposición, tanto a los islamodemócratas de Recep Tayyip Erdogan como antes a los herederos del golpismo.

La abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el cemevi o centro de culto de los alevíes, en el barrio estambulí de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada, entre encontronazos con la policía.

Los alevíes –uno de cada cinco turcos– no pisan las mezquitas, ni rezan cinco veces al día, ni ayunan en Ramadán, ni dan precedencia al Corán. Como en el caso de los chiíes y los alauíes de Siria, el yerno del profeta, Alí, está en el centro de su devoción. En ella, hombres y mujeres se mezclan y hasta bailan en el principal día de culto, que es el jueves.

Tres de cada cuatro alevíes votan por el CHP, en la oposición, mientras que es suní en un 99% el electorado de la actual coalición gobernante, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los ultranacionalistas del MHP, muy dados a levantar mezquitas.

Cabe decir que el DHKP-C era un dinosaurio político que resucitó extrañamente al calor de la guerra de Siria. En enero del 2013 la Fiscalía ya lanzó una primera redada contra decenas de supuestos miembros, entre ellos varios abogados de la asociación ahora en la picota. El cabecilla del partido estaba entonces en Beirut, rumbo a Damasco, donde también reside bajo la protección de El Asad el fundador de su predecesor THKP-C, un turco-árabe alauí que propugna la reintegración a Siria de Antioquía.

El bufet de Timtik defendía a una víctima adolescente de la represión de Gezi Park, en 2013. Para exigir justicia para este quinceañero aleví, un comando del DHKP-C secuestró y mató de un tiro en la sien, en pleno Palacio de Justicia, al fiscal del caso. Luego, el mismo bufet representó a los acusados por el atentado. Uno de ellos, Mustafa Koçak, condenado por “colaboración” tras la confesión de un arrepentido, ha muerto en el 2020 en huelga de hambre.

Aquel mismo 2013, el DHKP-C perpetró un atentado suicida contra la legación de EE.UU. en Ankara y dos años después lo hizo contra la de Estambul.

Un colega de Timtik, Aytaç Ünsal, sigue en huelga de hambre. Mientras, el gremio de abogados de Estambul siente “vergüenza” y, décadas después de El expreso de medianoche , la UE denunciaba ayer “las graves deficiencias del poder judicial en Turquía”.

Por Jordi Joan Baños | Estambul, Corresponsal en Turquía

30/08/2020 02:20| Actualizado a 30/08/2020 09:49

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Viernes, 28 Agosto 2020 06:11

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Epidemia de crímenes contra los pueblos

Los malos gobiernos que administran estados policiales están lanzando una fenomenal ofensiva militar contra los pueblos en toda América Latina. En las favelas de Brasil, en las periferias urbanas de Argentina, en las áreas rurales de Colombia, en territorios en resistencia mapuche y en la Chiapas zapatista.

Allí donde la dignidad de los abajos sigue intacta, donde la fuerza colectiva de los pueblos resiste y construye otros mundos, es donde los de arriba están aprovechando las cuarentenas que se autoimponen aquellos para contener la pandemia, para intentar destruir las resistencias a los megaproyectos extractivos.

El 22 de agosto, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) saquearon e incendiaron casas y almacenes del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, en el sitio crucero de Cuxuljá, en la comunidad rebelde de Moisés Ghandi, municipio de Ocosingo, Chiapas (https://bit.ly/3lj4qB5).

Como señala el comunicado del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, los paramilitares operan junto al partido Morena y al gobierno regional, como parte de "la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas".

En Colombia, la ofensiva paramilitar asesinó a 33 personas en apenas 11 días, en cuatro masacres "a manos de grupos financiados por el narcotráfico" (https://bit.ly/3aWQaJw). Este año se produjeron 33 matanzas. Uno de los departamentos más afectados es el Cauca, donde los pueblos agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca ofrecen tenaz resistencia al modelo de muerte.

En el Cauca, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra recuperó 16 fincas en casi cinco años, donde siembran vida y cuidan 26 mil 200 ojos de agua y 123 lagunas naturales (https://bit.ly/3jfhAgB). En la cuarta parte del Cauca se busca petróleo y en 40 por ciento de la superficie se explora en busca de metales. Además se pretenden construir dos grandes carreteras y un puerto de aguas profundas en el Pacífico.

En Argentina, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional registró, del 20 de marzo al 6 de agosto, 92 muertes a manos de integrantes de la fuerzas estatales, cuando “no existía situación real de peligro para el ‘matador’ o terceros”. De ese total, 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías, cuatro fueron feminicidios y tres desapariciones forzadas (https://bit.ly/2QmFmLi).

Además denuncian, en el mismo periodo, alrededor de 100 casos de uso abusivo de la fuerza policial, con "golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas". Todo esto sucede bajo un gobierno que se autodenomina "progresista".

En Brasil, las muertes policiales durante la pandemia crecieron 26 por ciento, "a pesar de la reducción de gente en las calles", según una encuesta realizada por el diario O Globo (https://glo.bo/3gvBZvP). Menos personas en las calles, significa "menor control social de la actividad policial", lo cual redunda en mayor impunidad, ya que se constata "una policía sin control".

Un informe de la Universidad Federal Fluminense señala que “el número de muertes en las favelas de Río de Janeiro cayó 72.5 por ciento en el mes en que fueron suspendidas las operaciones policiales en esas comunidades” (https://bit.ly/31onaH8). El patrullaje militar en favelas fue suspendido en mayo por el Tribunal Supremo Federal, luego de una masacre de 12 personas en el Complexo do Alemão (https://bit.ly/3hnTYpo).

En los territorios mapuche, de Chile, se ha incrementado la represión, con la activación por parte del Estado de grupos paramilitares integrados por agricultores, quienes ocupan tierras usurpadas a las comunidades (https://bit.ly/31njy8w).

Tres consideraciones finales:

La primera es que la violencia contra los abajos se incrementó en toda la región, con gobiernos de derecha, como en Colombia, Chile y Brasil, y con gobiernos "progresistas", como en Argentina y México. Es, por tanto, una violencia estructural y sistémica.

Las segunda es que las clases dominantes están aprovechando la pandemia para quebrar las resistencias al despojo que representan los pueblos en movimiento. Para conseguir ese objetivo, aceleran la militarización y la guerra contra las comunidades.

La tercera es que sólo la autodefensa colectiva de los pueblos puede frenar esta ofensiva. Debemos tener claro que estamos en las primeras fases de una extensa guerra contra los pueblos originarios destinada a rediseñar el mapa del mundo, expulsando a las comunidades de sus tierras para profundizar el extractivismo.

En esta guerra los de arriba utilizan ejércitos estatales, paramilitares, narcos y una brutal desinformación. Nosotros no resistimos la muerte con la muerte. No actuamos de forma simétrica. La reacción del EZLN ante el asesinato del maestro Galeano, en mayo de 2014, nos inspira: seguir construyendo nuestros mundos, mientras resistimos.

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Cientos de manifestantes contra el racismo marcharon de manera pacífica en Kenosha, Wisconsin, para recordar a las dos personas que fueron abatidas el pasado miércoles durante una jornada de protesta por la brutalidad policiaca contra el afroestadunidense Jacob Blake, quien fue tiroteado por la espalda. En esta nueva movilización se ignoró el toque de queda decretado por autoridades. Foto Afp

Kenosha. Después de tres madrugadas de disturbios, cientos de manifestantes rindieron homenaje, de manera pacífica, a los dos muertos durante las protestas contra el racismo en Kenosha, Wisconsin. En contraste, Portland fue escenario de nuevos enfrentamientos entre los uniformados y personas que protestaban contra el abuso policial.

En Kenosha los organizadores multiplicaron los llamados a la calma, conscientes de que habían desafiado el toque de queda.

"Todo el mundo está esperando que salgamos con furia, que nos volvamos locos en la cuarta noche, pero ésta es una protesta pacífica", señaló un manifestante.

"Están tratando de silenciarnos, pero no lo van a lograr, seguiremos marchando", añadió.

La violencia en este condado de 100 mil habitantes de Wisconsin comenzó el domingo, luego de que un afroestadunidense resultó gravemente herido durante su detención.

Jacob Blake recibió siete disparos a quemarropa del policía blanco Rusten Sheskey, delante de sus hijos de tres, cinco y ocho años.

Este acto de brutalidad policiaca contra la comunidad negra, que fue filmado y se hizo viral en las redes sociales, acentuó la ola de protestas en el país contra el racismo y el abuso.

"Las vidas de los negros importan". "Sin justicia no hay paz", fueron las consignas más coreadas durante las manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

En Kenosha ha aparecido un peligroso grupo de alborotadores, policías y autodefensas.

Mientras, la fiscalía fincó cargos contra Kyle Rittenhouse, de 17 años, por los dos muertos y el herido durante las movilizaciones del pasado martes por la noche.

Anthony Huber, una de las víctimas, cayó en mitad de la calle luego de tratar de detener al tirador.

"Era un ser dulce. No tenía más que amor en su corazón por esta ciudad, por eso estaba en la marcha", dijo entre lágrimas una amiga de Huber.

Luego se hizo un momento de silencio entre la multitud.

Más adelante, frente a una gasolinera, una flor y una botella de alcohol marcan el lugar donde murió el otro manifestante de un disparo en la cabeza.

En los paneles de madera que cubren la gasolinera, se puede leer: "Rusten Sheskey, es tu culpa".

La policía en Kenosha espera la llegada de refuerzos para tratar de calmar las protestas.

En Portland, manifestantes y agentes federales se enfrentaron la noche del miércoles frente a un edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una nueva noche de violencia en la ciudad más grande del estado de Oregon.

Algunos de los 300 manifestantes desconectaron o vandalizaron cámaras de seguridad, apuntaron con luces láser a los ojos de los uniformados y les arrojaron piedras y botellas, informó la policía.

Los agentes fueron enviados para proteger la propiedad federal. Durante los enfrentamientos, dispararon municiones no letales hacia la multitud y detonaron granadas aturdidoras que formaron columnas de humo verde y blanco, informó la página de Internet del diario The Oregonian/Oregonian Live.

El medio agregó que un manifestante aparentemente herido fue atendido por otros participantes de la protesta. Un agente federal resultó con una herida leve y la policía realizó 11 arrestos.

Portland se ha visto afectada por protestas nocturnas durante casi tres meses desde el asesinato de George Floyd por un policía que le puso una rodilla en el cuello hasta que dejó de respirar. Las manifestaciones, a menudo violentas, suelen tener como objetivo edificios policiales y federales.

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Por la represión, Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en el mundo

Una investigación de la revista Eye afirma que el mayor alza de los traumas oculares se dio durante los meses de protesta.

 

La revista científica Eye, vinculada a The Royal College of Ophthalmologists del Reino Unido, publicó un estudio realizado por oftalmólogos y distintos profesionales de la salud del Hospital del Salvador que indica que Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en todo el mundo, esto a raíz de la represión que se vivió en la revuelta popular de octubre pasado.

La publicación señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre fueron 259 pacientes quienes acudieron a la UTO con un traumatismo ocular ocasionado por proyectiles lanzados por las fuerzas represivas en las manifestaciones. Hasta el día de hoy hay contabilizadas 459 víctimas de trauma ocular, donde 26 casos son de estallido del globo ocular, 429 otro tipo de trauma y 9 de estos son de pérdida total de visión irreversible.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre en las cercanías de Plaza Dignidad en la capital del país estaba registrando de la represión policial y fue impactado con perdigones que le ocasionaron la pérdida total de la visión en ambos ojos, también está el caso de Fabiola Campillay, quien se dirigía a esperar un bus para poder llegar a su trabajo cuando lo golpeó una bomba lacrimógena en la zona frontal del cráneo, en un registro audiovisual de esa noche se escucha a un policía decir: “uh, se la piteó”, sin ser capaces de brindarle ayuda después de haber sido impactada por el proyectil. Como este son más de 400 casos que no han recibido ayuda de parte del estado, y los que sí, no han tenido un seguimiento constante y apropiado.

Según los informes realizados durante las protestas por el Instituto Nacional de DD.HH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Chile existe una violación sistemática a los derechos humanos, y así quedó expresado con miles de denuncias y registros de abusos. Estas denuncias de abusos, torturas y traumas oculares han quedado al olvido de la justicia chilena, son miles los casos que siguen en impunidad, sin ningún responsable material de estos brutales actos, pero sí tenemos claros quiénes son los responsables políticos de estos ataques contra el pueblo movilizado.

El presidente Sebastián Piñera junto a sus ministros son los principales responsables políticos de la represión que millones vivimos en las calles de Chile durante la revuelta. El juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. es una exigencia que crece en el país. Durante el estallido social, se hicieron 466 denuncias a agentes del estado por "presuntas vulneraciones" a los derechos humanos contra civiles y hasta hoy son menos de 70 agentes acusados formalmente de esos cientos de denuncias.

El la situación en el país se encamina a debatir en torno al proceso constituyente, las trampas que trae el plebiscito y las propuestas de los partidos tradicionales. Las principales demandas se impusieron en la calle, pero las protestas demostraron ser insuficientes cómo método para conquistar esas exigencias, y la respuesta fue una brutal represión y un “acuerdo por la paz” firmado entre 4 paredes por quienes han profundizado la privatización del país durante los últimos 30 años.

Jueves 27 de agosto | 20:20

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Fuentes: Rebelión -Foto AP: protesta contra clases presenciales, Georgia Tech, Atlanta, 17 de agosto de 2020.

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país.

El coronavirus ha sacado a relucir las peores lacras del capitalismo, revelando el carácter destructor de la forma mercancía, que se ha impuesto brutalmente en todos los ámbitos de la sociedad. La forma mercancía domina la vida cotidiana de buena parte del mundo, pero es la reina indiscutible en los Estados Unidos, y por esa razón en ese país se hacen más ostensibles sus contradicciones en esta época de pandemia. No es que se hayan originado por el Covid-19, simplemente el virus ha sido el detonante que ha hecho explotar el espejismo del “sueño americano”. Esto se nota en el trabajo, la salud, la recreación, la vivienda, la educación.

En este articulo nos vamos a referir a la mercantilización de la educación, a partir de una noticia en dos momentos: la decisión del gobierno de Donald Trump de expulsar de Estados Unidos a los estudiantes universitarios del resto del mundo que solo estuvieran recibiendo clases on line y la reacción de Estados federales y universidades que se opusieron a dicha disposición. Sobre esta reacción quedaba cierta sensación de que el rechazo a la medida inicial de Trump, que finalmente fue revocada, se debía a la defensa de la democracia y al derecho de extranjeros de estudiar en los Estados Unidos, pero si se mira con detenimiento la conducta de las universidades nos remite a la venta de la mercancía educativa y las fabulosas ganancias que genera para los mercachifles de la universidad.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA: UNA COSTOSA MERCANCÍA

En Estados Unidos, la educación universitaria se ha convertido en una costosa mercancía, ofrecida tanto por las universidades estatales como por las privadas. Eso no siempre ha sido así, sino que ha sido resultado del neoliberalismo educativo, que fue impulsado primero en el Estado de California por su gobernador, Ronald Reagan, durante el período 1967-1975, y que después se extendería a todo el país, cuando ese mismo actor de quinta categoría alcanzó la presidencia de los Estados Unidos (1981-1989). Reagan, un individuo atrabiliario e ignorante, llegó a decir, para justificar la privatización de las universidades, que los contribuyentes no debían “subvencionar la curiosidad intelectual” y eso lo debían financiar las propias universidades. Ese proyecto implicó la reducción en las transferencias estatales a las universidades, que se fue agravando con el paso del tiempo. Así, entre 1987 y 2012, la financiación pública de las universidades disminuyó en un 30% y en el 2019 en Alaska, para dar un ejemplo, la reducción de presupuesto alcanzó los 135 millones de dólares.

Las universidades recurrieron como vía alterna de financiación al aumento de matrículas, las que se dispararon a niveles estratosféricos hasta convertir a la educación universitaria de los Estados Unidos en la más costosa del mundo. Hasta tal punto esos ingresos son importantes, que el presupuesto de las universidades públicas depende en un 25% de las matrículas y de las privadas en un 35%. Estas cifras adquieren sentido si se compara con lo que sucede en algunos países europeos, donde o las matrículas son gratuitas, como Alemania, o muy bajas, como en Francia.

Como resultado, las matrículas se han elevado en las universidades de Estados Unidos en un 260% entre 1980 y 2014. En concreto, estudiar en una universidad de los Estados Unidos cuesta hasta unos 70 mil dólares por año. Como a ese costo solo puede acceder una ínfima minoría de Estados Unidos y del resto del mundo, el sistema interno que se ha desarrollado es el de los préstamos, que en el 2013 constituirán el 50% del total de presupuesto de las universidades (cuyo monto era de 75 mil millones de dólares). Esto ha dado origen a los endeudados educativos, esclavizados con el sistema financiero que está detrás de las universidades, y al cual las familias de los estudiantes debían, en 2019, 1.5 billones de dólares por préstamos para estudiar.

Otra forma de financiación de las universidades se basa en la firma de convenios con entidades privadas, como con canales de televisión, y ventas de cursos de verano y conferencias, arrendamiento de campos deportivos…. Un buen rubro de ingreso de las universidades son los estudiantes extranjeros, puesto que en Estados Unidos están matriculados más de un millón, la mitad de los cuales proceden de China e India. En el año escolar 2016-2017, estos alumnos extranjeros desembolsaron por matriculas 37 mil millones de dólares.

Este sistema de financiación de la universidad ya estaba en crisis antes de la emergencia del coronavirus, como se muestra con la insolvencia de muchas universidades y la quiebra de alguna de ellas. En 2019, estaban en situación de insolvencia 946 universidades, 60 de las cuales quebraron.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS UNIVERSIDADES

El Covid-19 ha agravado una situación ya existente y ha mostrado las limitaciones de la mercantilización educativa. El impacto del cierre de los campus universitarios se ha sentido de inmediato en ese sistema universitario mercantil, que dejara de recibir ingresos por las ventas de verano, así como por la deserción de estudiantes estadounidenses, que puede llegar al 15%, lo que significa una reducción de ingresos de 23 mil millones de dólares en el próximo año académico. A eso se suma que muchos de los estudiantes están inconformes con la educación on line, debido a que ello supone dejar de responder por otros compromisos de las universidades, como vivienda y alimentación, que les siguen cobrando a los estudiantes. Muchos estudiantes ya han demando a las universidades para que cumpla con los contratos a que se comprometen y por los cuales cobra mucho dinero. A esto se le deben sumar los 32 mil millones de dólares y los 300 mil empleos que se perderían si los estudiantes extranjeros no se matriculan para el próximo año escolar.

En este contexto de crisis financiera agravada de las universidades, que se calcula en unos 47 mil millones de dólares, la decisión de Donald Trump sobre expulsar a los estudiantes extranjeros no podía llegar en peor momento. Aunque se hayan hecho declaraciones como la de la senadora Elizabeth Warren, quien señaló que “expulsar a los estudiantes internacionales en medio de una pandemia global” es “un sinsentido, cruel y xenófobo” o la del profesor Stephen Walt de la Universidad de Harvard quien ha dicho: “asumo que Trump y Miller (Stephen Miller, su asesor en inmigración) están encantados con que los estudiantes acaben en la Universidad de Tsinghua (China)” o la del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien sostuvo: “no podemos ser un líder mundial si le cerramos la puerta al futuro a los estudiantes”. Esas son declaraciones demagógicas, que esconden el problema real que originó el grito de protesta de los dueños de las universidades y de gobernadores estatales, así como de políticos ligados al lobby educativo: la pérdida de ingresos por no recibir el costo de la matricula y otros gastos de un millón de estudiantes extranjeros. Aquí el patriotismo barato de Trump se estrella con los fabulosos ingresos que llenan las faltriqueras de las universidades mercantiles, para las cuales su única patria es el dólar. El resto es cháchara barata.

Por Renán Vega Cantor | 26/08/2020

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Domingo, 23 Agosto 2020 06:05

Caos en Colombia: 33 muertos en 11 días

Manifestación en Bogotá contra el aumento de violencia en el país, este viernes. Foto: El periódico.

En Colombia, durante los últimos 11 días se han reportado 33 muertes a manos de grupos financiados por el narcotráfico, tras el alivio que trajo el pacto de paz de 2016 con la exguerrilla FARC, también blanco de la violencia. Entre viernes y sábado, las autoridades registraron 17 muertos y dos desaparecidos en dos masacres ocurridas en un país supuestamente semiparalizado por la pandemia.

Cinco de las víctimas cayeron en Arauca, en la frontera con Venezuela, y seis en el departamento de Cauca, ambas zonas fuertemente militarizadas. Este sábado Jhon Rojas, gobernador de Nariño, departamento vecino del Cauca y fronterizo con Ecuador, también informó sobre una “nueva masacre” con seis víctimas y dos desaparecidos en el municipio de Tumaco, donde hay gran cantidad de plantaciones de coca.

Los episodios se encadenan más o menos de la misma forma: un grupo armadoirrumpe y abre fuego en alejadas zonas o se lleva a sus víctimas para luegoabandonar los cuerpos. La mayoría de los asesinados son jóvenes. El viernes, en la matanza de El Tambo (Cauca), ultimaron a seis hombres.Los agresores los fotografiaron “cuando se los llevaron para mostrarlos antes de masacrarlos”, dijo el presidente de la comisión de paz del Senado, Roy Barreras.

El senador compartió las imágenes en Twitter. “Actúan con sevicia y crueldad que mas allá del crimen envía mensaje de control del territorio”, escribió. De su lado, el presidente Iván Duque lamentó que estos “hechos dolorosos” no hayan “desaparecido”.“Entre el año 2019 y lo que va corrido del año 2020, podemos estar hablando de 34 hechos de esa naturaleza”, dijo en un discurso en la ciudad de Cali (suroeste).

La más reciente ola de violencia comenzó el 11 de agosto con la masacre decinco menores en una zona de cultivos de caña en Cali; siguió con la de ocho jóvenes que departían en una fiesta en Samaniego, Nariño, y el asesinato de tres indígenas Awá en ese mismo departamento.

A esta arremetida por el control de puntos estratégicos de la producción y tráfico de drogas se suman los asesinatos de 224 exguerrilleros que firmaron la paz, según el ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), así como cientos de líderes o activistas dederechos humanos.

Aunque el acuerdo de 2016 redujo sensiblemente la violencia - analistas estiman que por año se han evitado unas 3 000 muertes -, el repunte del narcotráfico y la falta de control efectivo del extenso territorio por parte del Estado han contribuido al regreso a las épocas de terror y plomo.

“Lo que ha sucedido en una semana es algo horripilante. Son cuatro masacres”, dijo a la AFP Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Las mafias del narcotráfico “están aprovechando la situación de la pandemia y la debilidad de la presencia del Estado en (cuanto a) políticas deprotección y sociales en esos territorios”, dijo.

Hasta el 17 de agosto Naciones Unidas había documentado 33 masacres en locorrido del año. Se habla de matanza cuando son asesinadas tres o más personas en el mismo hecho. Este sábado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de una unidad especial para capturar a los responsables de las matanzas.

Los agresores“harán parte del cartel de los más buscados por ser perpetradores de homicidios colectivos”, así como de un “programa derecompensas”, declaró desde Arauca.

Presionado por las críticas ante el deterioro de la seguridad, el gobierno insistió en su plan para retomar las fumigaciones aéreas contra los narcocultivos, pese a las protestas de los campesinos que alegan falta dealternativas. Nariño y Cauca, dos de los departamentos afectados por las masacres, conectan con la principal ruta para la salida de droga por el océano Pacífico.

“La presencia de Estado es solamente militarizada”, y aun así no se detiene la violencia, comentó el director de Indepaz, al apuntar el retraso o incumplimiento de los compromisos del acuerdo de 2016 que buscaban la “protección de comunidades, de su incorporación a la legalidad y de desarrollo rural”.

Colombia, el mayor proveedor mundial de la cocaína que se consume en Estados Unidos y Europa, arrastra un historial de violencias que en seis décadas deja poco más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos.

22 agosto 2020  

(Con información de AFP)

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Sábado, 22 Agosto 2020 05:36

Navalny

Navalny

El intento de asesinato de Aleksei Navalny, una de las voces más críticas con el Kremlin –envenenado con una sustancia tóxica no identificada que lo dejó en estado de coma y conectado a un aparato de respiración artificial en un hospital de Omsk, en Siberia–, se añade a una larga lista de crímenes cuyo denominador común es quedar sin castigo.

Por más que se investigue nunca se autoriza revelar quién ordenó atentar contra la vida –con balas y veneno, sobre todo– de políticos, como Boris Nemtsov y Serguei Yushenkov, o periodistas, como Anna Politkovskaya y Yuri Schekochijin, o activistas, como Piotr Verzilov o el propio Navalny, todos ellos una suerte de piedra en el zapato de los miembros de la élite gobernante, sin hablar de otra categoría que ni siquiera hace falta investigar: los ex espías, como Aleksandr Litvinenko o Serguei Skripal, que cometieron alta traición.

Es obvio que el Kremlin no se deshace de sus adversarios ordenando su muerte, pero a la vez contribuye a que recaiga sobre él la sombra de la sospecha al proteger al autor intelectual de cada crimen, ofreciendo completa impunidad al responsable, y distrayendo la atención con todo tipo de especulaciones difundidas desde los medios de comunicación bajo su control.

El envenenamiento de Navalny no es la excepción y hay canales de la televisión pública que no se sonrojan al afirmar que la víctima sufrió una intoxicación etílica por tomar en ayunas dos vasos grandes de vodka o que tuvo una sobredosis de algún narcótico, mientras no se permitía a Yulia Navalnaya ver a su marido por no haber llevado el certificado de matrimonio o por que el paciente en coma no quería que entrara.

También se negaban a entregarle la ropa de su esposo y tardaron en permitir que un avión-ambulancia, equipado con un quirófano, transportara a Navalny a una clínica especializada de Berlín, pues en opinión del director del hospital de Omsk su delicado estado podría empeorar con un vuelo tan largo, a pesar de que su esposa asumía el riesgo.

Muy larga es la relación de políticos y funcionarios, legisladores y empresarios cercanos al poder, cuyas corruptelas exhibió Navalny en Internet, que pudieran querer vengarse de él. Ahora, lo importante es que el líder opositor se recupere cuanto antes y que el veneno no le cause graves secuelas.

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:52

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Desde 2015, el activismo, incluidas las feministas, ha sido duramente reprimido en la gran potencia asiática. Las autoridades no le temen tanto a #MeToo como a la autoorganización de internautas y militantes.

«No sé si queda algún espacio para el activismo independiente en China hoy en día, se está haciendo extremadamente difícil», dice Bao (nombre cambiado), entrevistada en un café de Hong Kong unos días después de la promulgación en la región administrativa especial de la Ley de Seguridad Nacional redactada por Beijing.

Al igual que otras feministas chinas que fueron silenciadas en su país y que tuvieron que irse al extranjero, la joven se trasladó a la antigua colonia británica a finales de 2019, desde donde sigue organizando manifestaciones, debates y cursillos con sus compañeras que se quedaron en China.

Dos años después del surgimiento del movimiento #MeToo en China, «las feministas siguen presionando para que haya cambios, pero la realidad es que el gobierno chino ha seguido reforzando el control sobre la sociedad civil. Esto hace que todo activismo surgido de la base sea cada vez más difícil, incluido el relativo a los derechos de la mujer», dice Yaqiu Wang, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

En 2011, Bao se unió a un grupo de mujeres militantes que organizaban performances artísticas en China continental para llamar la atención sobre la ausencia de baños públicos para las mujeres y sobre la violencia doméstica, entre otras cuestiones. La igualdad de género es algo que se ha venido defendiendo desde hace décadas en China, y el derecho de las mujeres al voto ya era reivindicado a finales del siglo XIX, pero estos mensajes permanecieron inaudibles durante mucho tiempo en una sociedad tradicionalmente patriarcal.

El 8 de marzo de 2015, para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cinco mujeres activistas empezaron a distribuir pegatinas en los autobuses contra el acoso sexual. Fueron encarceladas durante 37 días por «incitación a la discordia» y «perturbación del orden público». «Eso es una muestra de que nuestros mensajes tuvieron un impacto», señala Bao, «y sirvió de estímulo para las mujeres, especialmente en las universidades, donde se realizan talleres para estructurar la movilización o para difundir llamamientos contra la discriminación laboral».

Pero bajo la presión demográfica por el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad (a pesar del fin de la política del hijo único en 2015) y la reducción de la mano de obra, el partido único está haciendo campaña para que las mujeres chinas tengan hijos y las está confinando más que nunca al papel económico de esposas y madres.

En 2015, la modernización de la ley de «seguridad nacional» le confirió a las autoridades mayores facultades, en particular para controlar internet. Unos meses después, una ley destinada a las ONG extranjeras terminó de «asfixiar a la sociedad civil», según Amnistía Internacional. «La ley introdujo muchas restricciones (en el registro, la financiación, las colaboraciones, etc.) para las ONG, lo que complica su supervivencia», dice Bao. Los eventos fuera de internet, dice, se han vuelto muy complicados de organizar desde entonces.

Cuando el movimiento #MeToo surgió en China, tras una encuesta realizada a finales de 2017 por Sophia Huang Xueqin sobre el acoso a las mujeres periodistas, las autoridades cerraron sitios web y cuentas feministas, censuraron el hashtag #MeToo, pero no lograron acallar el movimiento. Incluso en 2019 fueron organizadas algunas exposiciones sobre este tema.

El Partido Comunista chino es «paranoico respecto de todo lo que no puede controlar», dice Yaqiu Wang. Según ella, «las militantes feministas chinas han demostrado una sorprendente capacidad para organizarse y movilizar a la opinión pública».

Para esquivar la censura, los internautas recurren a ideogramas modificados, publican fotos retocadas o puestas al revés y utilizan diferentes códigos. «El movimiento #MeToo fue uno de los más influyentes, seguido por las personas comunes. No es el tema en sí mismo lo que alarmó a las autoridades, sino la propia organización de los internautas y activistas, y sus conexiones en el extranjero lo convirtieron en una cuestión muy delicada», apunta Bao.

El movimiento dio lugar a «muchos debates y al comienzo de una concienciación del público en general, así como de mujeres más educadas, diplomadas y descontentas con la sociedad china», dice Bao, que menciona, como ejemplo, los programas de televisión en los que, según ella, la emancipación de la mujer resulta, desde entonces, más visible.

Las discusiones actuales en las redes sociales parecen darle la razón, como, por ejemplo, las fuertes críticas al tribunal de Hunan, una provincia del centro del país, que se niega a concederle el divorcio a una mujer que acusa a su marido de violencia; o la indignación expresada por los internautas contra la universidad de Zhejiang (en el este del país) que no expulsó a un estudiante declarado culpable de violación; e incluso las críticas a Ke Jie, famoso jugador de go (juego de estrategia asiático), que hizo comentarios machistas y misóginos graves en la red social china Weibo, lo que provocó la ira de las feministas y de los internautas.

Sin embargo, las feministas están lejos de haber ganado la batalla. En 2018, Liu Jingyao, una estudiante de la universidad de Minnesota, fue virtualmente linchada en las redes sociales por denunciar al multimillonario Richard Liu -fundador de una de las mayores empresas chinas, JD.com- acusándolo de violación en un tribunal de los Estados Unidos.

En el ámbito político, «bajo presión, el gobierno chino ha introducido mejoras limitadas», dice Yaqiu Wang. En diciembre de 2018, la Corte Suprema incorporó el acoso sexual a la lista de «causas de reclamación», lo que permitió que las víctimas pudieran obtener reparación con mayor facilidad. Sin embargo, China todavía carece de leyes robustas contra el acoso sexual.

Las feministas, por su parte, «trabajan en la clandestinidad y no pueden realmente actuar porque no tienen los recursos humanos y financieros necesarios para crear grupos institucionalizados en todo el país», señala Bao, que se pregunta cómo podrá resistir el movimiento. Al estar bajo vigilancia, los activistas prefieren las reuniones físicas en lugar de las virtuales, utilizan aplicaciones de mensajería cifrada y tienen que optar por métodos «más sutiles».

«En la vida diaria, es muy difícil porque nunca sabes dónde están las líneas rojas. Las activistas tienen que navegar en las zonas grises de la ley y bajo las incertidumbres en las que se basa la sociedad china. Todo es complicado», explica Bao, y menciona presiones e intimidaciones diarias sobre ellas y sus familias.

«Una de las dificultades consiste en saber medir los riesgos: ¿cómo podemos llegar a un público más amplio y difundir nuestro mensaje más abiertamente sin poner en peligro nuestra seguridad? Nunca sabemos, cuando hablamos con gente nueva, si nos van a denunciar a la policía», explica Bao, y agrega que la vigilancia se incrementa cuando se acercan fechas importantes para el régimen, como el 4 de junio (masacre de Tiananmén en 1989), el 1 de octubre (fiesta nacional) o el mes de marzo (reunión anual del Parlamento).

Los hongkoneses tendrán que acostumbrarse a este tipo de presiones, dice. Con la llamada ley de seguridad nacional redactada por Beijing para frenar la disidencia política en la región administrativa especial, «los opositores van a tener que hacer la experiencia de la militancia bajo un régimen autoritario: van a tener que cambiar radicalmente su estrategia, su organización, su financiación y hacer un poco como nosotras», pronostica Bao.

La ley promulgada el 30 de junio tipifica vagamente como delito la secesión, el terrorismo, la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. «Los hongkoneses son respetuosos de la ley y no está acostumbrados a dirigentes que se mueven entre las zonas grises de una ley poco clara. Les va a resultar un choque cultural».

Nota: este artículo se publicó originalmente, en francés, en Mediapart. Traducción: Ruben Navarro (Correspondencia de Prensa).

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En Corea del Norte prohibieron tener perros como mascotas por ser un "lujo burgués"

Desde el gobierno de Kim Jong-un afirman que tener esa mascota es un símbolo de la "decadencia del capitalismo". Sin embargo, los dueños de los caninos temen que sean utilizados para resolver las escasez de alimentos que afecta a gran parte de la población.

 

El régimen de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, prohibió la tenencia de perros como mascotas por considerarlo "un lujo burgués"  y ordenó la confiscación de los caninos de Pyongyang, la ciudad capital del país. Sin embargo, los dueños temen que sus mascotas sean utilizadas para resolver la escasez de alimentos que afecta a gran parte de la población.

Según publicó el portal de noticias The Chosun Ilbo, desde la cúpula del gobierno norcoreano expresaron que la prohibición de canes servirá para proteger al país contra la "decadencia capitalista", y calificaron la tenencia de perros como una "tendencia contaminada por la ideología burguesa". Una fuente citada por el medio explicó que "la gente común cría cerdos y ganado en sus casas, pero los funcionarios de alto rango y los ricos son dueños de perros, lo que avivó cierto resentimiento".

De acuerdo a la información publicada por el periódico de Corea del Sur, "las fuerzas de seguridad han identificado hogares con perros y están obligando a las familias a entregarlos". 

Los perros confiscados son enviados a zoológicos públicos para que se reproduzcan o vendidos a restaurantes que ofrecen carne de perro. Cabe recordar que la carne de perro se ha considerado durante mucho tiempo un manjar en la península de Corea, aunque la tradición de comer perros se está desvaneciendo en Corea del Sur. Aun así, se estima que un millón de perros se crían en granjas para ser consumidos cada año en el sur de Corea.

Por otro lado, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 60% de los 25,5 millones de habitantes de Corea del Norte enfrentan a una "escasez generalizada de alimentos" que se ha agravado por las sanciones internacionales impuestas al régimen por sus programas de misiles nucleares.

La escasez también se acrecentó por la decisión de cerrar la frontera con China a causa de la pandemia de coronavirus. Pekín es tradicionalmente el principal patrocinador de Pyongyang y la fuente de gran parte de los alimentos necesarios para alimentar al pueblo de Kim

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