Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
Viernes, 23 Junio 2017 15:35

El ahogado

El ahogado

“¡Abro los ojos! Una noche más sin poder conciliar el sueño, inmóvil, intentando adormitar el dolor que corre por mi espalda, intenso, una presión como si dos manos gigantes me tomaran por pecho y espalda, como si fuera un dentífrico al que presionan de afuera hacia adentro para extraer la crema que guarda.

 

Me duele el cuerpo. Intento tomar aire, labor cada vez más ardua: inhalar se convierte en una constante pelea con mi tórax, que golpetea como si fuese un motor descompuesto. Me duele el cuerpo. Cada vez es más complicado para mis agotados pulmones realizar su función; inhalan y hacen ruidos cual sapos saltando en los charcos.

 

Miro mi cuerpo de abajo hacia arriba. Sigo quieto, tanto como lo estuve toda la noche. Escucho que mi esposa se levanta. Cierro los ojos, escucho sus movimientos en la habitación; ahora sale y un alboroto de ollas suena, aunque muy sigiloso; oigo que abre la regadera.

 

Sigo en mi lecho, inmóvil. Mi pecho continúa pegado a la espalda; cada vez me es más difícil mantener la lucha contra las contracciones. Toso de nuevo la misma tos de perro, pero esta vez la tos trae una bocanada de sangre con mucosa; empalidezco y siento como mis ojos se van cerrando, adormecidos como si el cansancio de todo este esfuerzo me estuviera venciendo; mis pulmones son como un horno, más y más de esa mezcla oscurece la almohada, intento gritar para avisar a mi esposa pero es en vano pues los pulmones no me responden. Me atraganto, intento ponerme de pie, el pantalón abandona la cintura y cae “en las dos últimas semana he bajado ocho kilos”, intento sujetarlo pero la mente se nubla, un mareo gana espacio dentro de mí y caigo al suelo; debo resistir, pienso, trato de sujetarme al borde la cama y siento como otra bocanada de sangre sale por mi boca y nariz, una masa de todo ello me va tapando la garganta, me angustio y ahora solo deseo que mi esposa salga pronto del baño; cierro los ojos, intento incorporarme pero no lo logro; escucho que abren la puerta del baño, lucho contra el peso que me oprime y que arrebata las fuerzas hasta quedar de cara al suelo, sin sentido. Soy un náufrago que espera a ser encontrado”.

 

Así es el día a día de Humberto, adulto que ya refleja en su rostro la marca que deja el paso de los años, que ya son 58; sus ojos, profundos, como una fosa en la cual van a parar las alegrías y tristezas de toda una vida. Este hombre, un obrero cargado de esfuerzos y vivencias, y ahora de dolores, que por su estado me lleva a que me pregunte si la justicia en nuestro país es realmente imparcial o solamente favorece a quien mejor la seduzca.

 

Su dolor lo siento tan cerca que parece arrebatarme la tranquilidad. Me pregunto, les pregunto: ¿Alguna vez se han interrogado qué sería de su vida si la capacidad de valerse por sí mismo disminuyera? ¿De qué viviría? ¿Cómo cubriría sus necesidades? ¿Qué haría si la empresa para la que trabajó durante buena parte de su vida, responsable de su estado de salud, es indiferente ante su angustia? ¿Si la institución a la cual le canceló durante años el seguro se niega a reconocerle un derecho fundamental, en este caso la pensión?

 

A Humberto lo asiste la razón, y como a otros muchos obreros el poder los desdeña y arrincona, una vez enfermos, como útiles viejos, negándoles también el derecho a vida digna. Su historia de dolores e incapacidades se remonta al veinte de mayo del 2004, cuando fue internado por primera vez en el hospital producto de una dificultad respiratoria que el diagnostico médico resumió como una silicosis pulmonar grave “la tisis del minero”, ordenando diez días en cuidados intensivos, trece meses de incapacidad y, como consecuencia de ello, el final de su vida laboral.

 

El médico se lo dijo con toda claridad: alejarse de cualquier partícula de sílice que le pudiera seguir afectando, es lo primero por hacer; no retomar su labor en Filpa, la fábrica de insumos para fundición, en donde trabajaba con asbesto, arena, fibra de vidrio y otros compuestos desde hacía 25 años.

 

Trabajo arduo, constante, con esmero, pero sin protección o seguridad industrial alguna, por lo cual adquiere la enfermedad diagnosticada. “Lo que allí nos daban era una simple máscara, sencilla, de esas de trapo”. Luego de evidenciada su lesión el dueño de Filpa empieza a dar la dotación adecuada a sus empleados, aunque el mal sobre su cuerpo ya estaba hecho. Unos ganan con la pérdida que afecta a otros, así acumulan su riqueza los patrones y así pierden los obreros. Pero ¿qué se puede esperar de alguien que despide a un trabajador estando en incapacidad médica?, sin cumplir ni con una indemnización, porque esto fue lo que sucedió.

 

Resistir, es lo que corresponde para defender un derecho ganado tras años de labor ininterrumpida. Humberto interpone una demanda legal, tras cuyo resultado desnuda una vez más lo inconsistente y arbitraria que es la justicia en Colombia. ¿Justicia, cuando quien tiene dinero hace con la ley lo que quiera?

 

La noticia de su enfermedad dejó a Humberto prácticamente en la calle, más cuando la seguridad social no apareció por parte alguna. En defensa de sus derechos demandó y ganó en primera instancia, pero luego de doce meses le dicen que se vencieron los términos de la demanda y que no le van a responder por nada más, convirtiéndose en otra víctima de la explotación laboral y de la justicia de bolsillo.

 

El brazo no se da a torcer. Humberto se encuentra luchando contra la Aseguradora de Riesgos Laborales para recibir la pensión a que tiene derecho, la misma que debió recibir desde el mismo momento en que le diagnosticaron la silicosis, enfermedad profesional y de tipo incapacitante.

 

Mientras la justicia toma su lugar, Humberto sobrelleva sus dolores con el apoyo incansable de su esposa. Ella lo llama a comer, como lo ha hecho durante todos estos años de enfermedad incapacitante. En realidad son dos que parecen uno. Esto lo sabe el otrora obrero, que aún a pesar de las dolencias que parecen partirlo, colabora en su hogar, donde en la parte trasera de su casa se esconde una huerta en la cual siembran algunas matas de maíz, alverja, plátano, naranjas, banano, guayaba, yuca, auyama, curuba y frijoles; también se las ingeniaron para construir un galpón en el que se mueven unas veinte gallinas de las cuales obtiene huevos, y al fondo un corral con una cabra de la que goza un poco de leche.

 

Donde hay decisión de lucha, hay posibilidad de vida, así lo sabe él: la enfermedad está ahí, no lo dejará, pero contra ella se bate. También la injusticia está ahí, allí y más allá, por toda Colombia, pero contra ella también la lucha impedirá que se posesiona como diosa.

Publicado enEdición Nº236
Sábado, 25 Marzo 2017 09:34

Los forjadores de la ciudad

Los forjadores de la ciudad

Son las cinco de la mañana y el sol acaricia las cordilleras en el oriente bogotano; en medio del frío se alza una ciudad dando paso al rugir de motores y el golpeteo de las suelas contra el asfalto, ruido ascendente que nos indica que otro día ha comenzado, otro en el que las decenas, miles de trabajadores, se apoltronan en los paraderos esperando un medio de transporte que los lleve hasta sus lugares de trabajo, allí donde pasan la mayor parte de sus vidas, gastan sus mejores energías y donde proyectan o ven morir sus sueños.

 

Obreros, miles de miles, altos, bajos, flacos, macizos, gordos, negros, blancos, mestizos, mulatos; hombres y mujeres. Sus brazos y manos cargan, aprisionan, empujan, hunden, lanzan, extraen; sus piernas y cintura cargan, trasladan, soportan peso, jalan; sus cerebros diseñan, ilustran, enseñan, ordenan, obedecen; sus sentidos, todos concentrados en su labor diaria, permiten que cada obra avance o se retrase.

 

Precisamente son estos cuerpos, que muchas veces no detallamos cuando los cruzamos en una construcción, fábrica o taller cualquiera, los que han permitido el desarrollo que hoy tenemos en nuestra ciudad (sus edificios, calles, puentes, etc.), facilitando con todo ello la vida de millones de personas. Cuerpos obligados por el capital, más allá de sus motivaciones, al esfuerzo diario, monótono, labor necesaria para la sobrevivencia, en medio de la cual en muchas ocasiones quedan truncados sus sueños; trabajo para ver realizadas algunas motivaciones, pero también espacio donde toman forma muchos de los males que los acompañaran a lo largo de sus vidas.

 

El tiempo pasa. Medio día en la urbe, el sol se posa en la cima y despliega sus incesantes rayos sobre las calles, el ambiente se torna un poco pesado y mal oliente; los obreros se preparan para el tan anhelado descanso, momento de ruptura en su labor, pequeño instante de libertad que muchos aprovechan para realizar sus diligencias, alimentarse e incluso, como tiempo de esparcimiento e integración con sus compañeros de labor.

 

Acercando el lente

 

Tras una barrera, gris con una franja azul, ubicada en la carrera Séptima con la Avenida treinta y cuatro, se encuentra un grupo de obreros de la construcción, quienes con metal y concreto darán vida a una nueva edificación. Se escucha el golpetear de los martillos hidráulicos rompiendo la superficie, y el ruido de camiones y retroexcavadoras limpiando los residuos de la zona. En un momento determinado el ruido cesa y para mi asombro los obreros, uno a uno, comienzan a salir a la calle; hombres en su mayoría que con sus cascos de color y su overol pierden sus particularidades, asumiendo una silueta uniforme. Algunos forman pequeños grupos y hacia uno de ellos, que se desplaza a un parque cercano, me dirijo. En el camino me cuentan que sus horarios son extendidos y que sus horas extras solo corren después de las diez de la noche. ¿Esclavitud? ¿Libertad? ¿Y los derechos?

 

Luego del almuerzo, se me acerca un hombre de tez negra, con rasgos muy marcados, ojos profundos y una voz entre tímida y alegre, esa alegría que reflejó durante toda la charla, y me cuenta que se encuentra estudiando salud ocupacional y que le es difícil dividir su tiempo entre el trabajo y los estudios, y mucho más cuando le toca trabajar horas extras; pero su motivación son sus dos hijos, Laura y Miguel, quienes lamentablemente no viven con él. Mientras conversamos aprovecha para terminar una tarea que debe entregar cuando llegue a su estudio, en el cual gasta otra parte de su dinero, el cual no le alcanza para cubrir todas sus necesidades, necesidad económica que lo obliga a solicitar préstamos a varios compañeros y familiares. El sol nos brinda su calor, y nos anima a seguir conversando, pero el reloj marca su dictadura: lo llama el coordinador de la obra y tiene que marcharse, dejándome el sinsabor de no haber culminado la conversación.

 

Miro de lejos la edificación que tantos obreros hacen posible que tome forma. El sol comienza a caer y la ciudad toma un tono pajizo, adornado por los variados reflejos y los abundantes y heterogéneos rostros de los trabajadores que ahora se dirigen a sus hogares o se disponen a estudiar.

 

Informalidad

 

Yo también debo ir al centro de estudios, y en el camino me es ineludible realizar una parada en un montallantas, donde me atiende Miguel, un joven proveniente de Ciénaga-Magdalena, que me cuenta que vive al fondo de su lugar de trabajo, y que opera en turnos de veinticuatro horas; en medio de una gran sonrisa me menciona que una vez, después de realizarle un largo trabajo a un vehículo, el sujeto le pide un recibo del pago que hará y en el momento en que Miguel ingresa a un cuarto para realizarlo escucha el rechinar de las ruedas, sale a ver qué pasa y comprueba con tristeza que lo dejaron sin pago.

 

Como muchos otros trabajadores, Miguel se ve obligado trabajar en otros talleres los días que se suponen son de descanso, pero aun así sus ingresos no alcanzan para suplir sus necesidades, no cuenta con seguridad social y vive al límite de la estabilidad laboral. Sin duda no es el único sometido a esta contingencia, como él otros miles de miles, millones, ven mancillados sus derechos, obligados a trabajar en precarias condiciones para poder garantizar su diario vivir. ¿Y la unión de los negados?

 

Con la realidad de estos obreros en mi mente, pensando en la importancia de sus labores y lo mal pagos que viven, prosigo hacia mi lugar de estudios. Anochece y el brillo de fugas, de los autos pasando por las autopistas, se funden con las relumbrantes luces de los altos postes. Y pensar que todo esto no sería posible si esas manos, si esos millones de brazos, piernas y cuerpos no estuvieran ahí para realizar lo pequeño y lo grande, lo agradable y lo que no parece serlo, cuerpos que han hecho posible estas ciudades de luces fugaces, de grandes concentraciones humanas, de viviendas apilonadas, trabajando en la mayoría de las ocasiones sometidos a largas jornadas, sin seguridad social ni salarios dignos de su labor y necesidades. Ellos y ellas son los verdaderos forjadores de las urbes que habitamos.

 

Trabajadores/as sometidas/as a la precariedad y el abuso; divididos, atomizados, dispersos. Requieren unir sus brazos y mentes. Entrelazar esfuerzos, pues sus derechos están a la espera de que los conquisten.

Publicado enEdición Nº233
Empresas de vigilancia en Colombia: cuarteles sin trabajo decente

El sector que conforman las empresas de vigilancia es uno de los que más crecimiento ha tenido en Colombia en los últimos años. Según datos de la Superintendencia de Vigilancia, en 2014 existían en Colombia 740 empresas dedicadas a este negocio. 538 de ellas (72.7%) son propiamente de vigilancia, 78 son empresas de capacitación (10.64%), 49 son cooperativas (6.62%), 28 son empresas blindadoras (3.78%), 20 son asesoras (2.7%), 19 son arrendadoras (2.57%), y 8 son empresas transportadoras de valores (1.08%).

Los datos de la SuperVigilancia muestran que es un negocio atractivo que genera muchas utilidades. Entre 2010 y 2014 los activos totales en el sector (valor de las inversiones) crecieron 1.7 veces, al pasar de $1.86 billones a $3.1 billones, con un crecimiento del 14.8% en el último año. Y respecto a los ingresos operacionales, éstos pasaron de $3.1 billones en 2007, a $7.5 billones en 2014, un crecimiento del 141.9% en 7 años, con un incremento del 10.9% en el último año, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Como lo indica un estudio que recientemente realizó la Escuela Nacional Sindical, las razones de este crecimiento tienen dos niveles de comprensión, “uno de orden estructural y el otro de carácter coyuntural. El de orden estructural obedece al conflicto social y armado que ha signado al país en las últimas seis décadas, y que genera un sentimiento de riesgo que fomenta la adquisición de servicios de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, es preciso señalar que el crecimiento del sector no es una particularidad del país, sino que es correlativo a una perspectiva global, que hunde sus raíces en la tendencia de las empresas a tercerizar aquellas actividades que no constituyen su foco de atención principal (outsourcing).

En cuanto a las razones de tipo coyuntural, éstas obedecen a la situación de crecimiento de la economía colombiana, apalancada por el sector minero-energético y la entrada masiva de empresas multinacionales, así como a los elevados costos de intermediación financiera (1).

Antes de los años 90 en el sector de la vigilancia prevalecían empresas nacionales creadas por ex miembros de la policía y el ejército, principalmente, como Atlas, Fortox y Viseg, entre otras. Pero a partir del presente siglo, con la desregulación de la economía y las gabelas tributarias que se les dieron a las compañías trasnacionales para que invirtieran en el país, el sector empezó a ser dominado por este tipo de compañías, como Brinks, G4S, Prosegur y otras, que no sólo incursionaron en el negocio de la vigilancia, sino también en otros igual o más lucrativos, como el transporte de valores, en un proceso marcado por una tendencia hacia la concentración del negocio en cada vez menos empresas. En 2014 había 20 empresas (2.7% del total) que concentraban el 40% de los ingresos.

 

Trabajadores: ciudadanos de tercera

 

Lo que no ha evolucionado en un sentido favorable y civilizado ha sido la situación de los trabajadores. El modelo de trato autoritario y despótico, característico de los cuarteles, todavía prevalece en la mayoría de las oficinas de relaciones laborales de estas empresas, como si los trabajadores estuviesen condenados sólo a recibir órdenes y no fueran ciudadanos sujetos de derechos.

Crear sindicatos en este sector ha sido misión casi imposible, pues los trabajadores que se atreven a ejercer el derecho de asociación (un derecho propio de la modernidad, consagrado como derecho humano fundamental en nuestra Constitución Política) encuentran todo tipo de resistencias: desde las estrategias de choque abiertamente antisindicales con despidos y todas las formas de represión posibles, como las que se aplicaron en Seguridad Atlas; hasta las más sutiles, pero no por eso menos eficaces, utilizadas por Prosegur: imposición de un pacto colectivo ilegal para mantener en condición minoritaria al sindicato; contratación ilegal de trabajadores a término fijo o tercerizados; aislamiento y pagos irregulares a los sindicalizados, judicialización de las relaciones laborales, etc.

Como resultado de este tipo de estrategias, un instrumento como el Diálogo Social, que es clave para la construcción de sociedades democráticas y empresas socialmente responsables, es prácticamente inexisten en este sector. En 2015 éste ocupaba 216.151 personas, entre ellas 179.766 vigilantes (83.2%) y 17.387 escoltas (8.1%). Pero, después de muchas bregas y obstáculos, apenas se habían podido sindicalizar 4.829 trabajadores, el 2.2% de la población ocupada en este sector (2). Con un problema adicional: para alegría de los empresarios los sindicatos existentes están completamente atomizados, cada uno actúa sin coordinarse o unificarse con los demás.

Y respecto de la negociación colectiva, en 2015 en el sector había 25 convenios colectivos de trabajo: 12 convenciones colectivas y 13 pactos colectivos, lo que significa que apenas en el 3.37% de las empresas existe alguna forma de diálogo social con los trabajadores, con el agravante de que apenas en la mitad de ellas este diálogo es con sindicatos, pues en el caso de los pactos colectivos el diálogo social es una simulación. En la mayoría de los casos se trata de estrategias empresariales para evitar la formación y fortalecimiento de sindicatos. En este terreno la política sindical debe apuntar hacia la negociación de un acuerdo marco sectorial, que fije condiciones generales mínimas de trabajo para cualquier trabajador que se vincule al sector. Para la concreción de este objetivo se necesita una política sindical que articule la acción de todos los sindicatos del sector.

Los trabajadores del sector de la vigilancia requieren pues con urgencia una fuerte organización sindical, que reivindique sus problemáticas y derechos y tenga capacidad para incidir en las políticas de relaciones laborales de las empresas, toda vez que sin sindicatos el Diálogo Social no es posible.

Los problemas que deben enfrentar día tras día los trabajadores del sector, son (3):

 

  • - Largas jornadas de trabajo (12 horas o más) e irrespeto de los horarios laborales.
  • - Sobrecarga laboral.
  • - Procedimientos disciplinarios arbitrarios sin la garantía del debido proceso.
  • - Visitas domiciliaras y violación al derecho a la intimidad.
  • - Bajos salarios. Predomina el salario mínimo, aunque en algunas empresas ni el mínimo se reconoce, por lo que los trabajadores deben trabajar 12 horas o más todos los días del año.
  • - Falta de compatibilidad entre la vida laboral y familiar.
  • - Problemas de salud originados por las condiciones de trabajo: se trabaja de pie durante largas horas, sin pausas y lugares adecuados para el descanso, al sol y a las inclemencias del tiempo.
  • - Asignación de funciones distintas a las contratadas.
  • - Trato indignante de las directivas y jefes directos.
  • - Violación de los derechos de las mujeres, discriminación e imposibilidades de ascensos.
  • - Trabajo temporal y tercerización ilegal.
  • - Estabilidad laboral prácticamente inexistente, pues la facultad de despedir que tiene el empleador no está regulada en ningún sentido.

 

En el sector es posible mejorar ingresos y condiciones de trabajo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. Aunque el componente principal de la actividad que prestan las empresas lo representa el factor trabajo, esta actividad genera un alto excedente bruto de explotación. Según la Supervigilancia, en 2015 la tarifa autorizada fue de $6´673.924 por mes, frente a un costo laboral total por mes y durante las 24 horas del día de $3.263.312, o el 48.89% del valor de la tarifa, lo que deja un margen del 51.1% a favor de las empresas, margen que es bastante amplio para cubrir los demás costos del sector, y que posibilita que la actividad de los vigilantes sea de verdad un trabajo digno y decente.

 

1 Vásquez, Adrián.  Estudio del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. ENS; 2015.

2 Esta tasa es la mitad de la tasa de afiliación sindical que presenta el país, una de las más bajas del planeta.

3 Estos problemas se indicaron en un taller realizado en Bogotá (junio de 2016), que reunió a trabajadores y sindicalistas del sector, realizado por la UNI (Union Network Internacional –Federación Sindical Internacional de Trabajadores de los Servicios), taller que contó con el apoyo de la ENS.

 

Publicado enColombia
Me matan si no trabajo… y si trabajo me matan

Llegado el 1 de mayo, la reivindicación del trabajo digno, en condiciones, contra la situación de precarización recorre nuestro imaginario. Y también las manifestaciones. Las mujeres, las feministas, introducimos la perspectiva nuestra y queremos insistir en las especificidades. No es que las condiciones de trabajo de las mujeres sean peores; es que, en muchos casos sí son peores, pero siempre son específicas. Siempre la explotación capitalista en el trabajo ha estado atravesada por la condición de ser mujer, por la dominación patriarcal, por el mando masculino.

Pero también desde siempre, quiero decir que desde que en los años 70 empezamos en esto de la lucha feminista, la reivindicación del trabajo para las mujeres, ha sido un clásico: “lanpostuak emakumeontzat” (puestos de trabajo para las mujeres) ha recorrido nuestras movilizaciones, y no solo el 1º de mayo, sino en nuestras propias manifestaciones y en los debates y en las jornadas.

Siempre destacamos dos elementos importantes del trabajo asalariado: el menor nivel de acceso al mismo por parte de las mujeres en comparación con el de los hombres que, en general, son los datos de población activa. Y una vez conseguido el acceso a los puestos de trabajo con salario, la enorme brecha salarial que existe entre las retribuciones que reciben las mujeres y las de los hombres. Dato éste que finalmente se estudia también con las condiciones temporales del trabajo –jornadas parciales y contratos temporales-. Así también observamos que la temporalidad y sobre todo las jornadas reducidas, son mayoritariamente ocupadas por las mujeres, lo que obviamente, incide, a la larga, en una disminución salarial, a lo largo de toda su vida.

Estos datos se analizan en términos comparativos con los de los hombres trabajadores. Y en buena consecuencia de demanda de justicia distributiva, se exige la igualdad. ¿Por qué una mujer tiene que ganar menos que un hombre? ¿Por qué los peores contratos son para las mujeres?

Las explicaciones iban mucho por la consideración del salario ayuda de las mujeres, por la falta de profesionalización de ellas, por la dedicación a las atenciones familiares, por la consideración de la mano de obra femenina como fuerza de trabajo de reserva para períodos de guerra o situaciones demográficas especiales.

Casi todas estas cuestiones con puestas en solfa por el movimiento feministas. Ya no se reivindica trabajo y más trabajo en condiciones de igualdad. El análisis es más profundo y la reivindicación más radical.

Y el trabajo, ¿para qué?

Las corrientes feministas socialistas, en general, hicieron un mito del trabajo asalariado. A él se le atribuían toda suerte de virtudes. Y este fue el primer empeño de nuestro emergente movimiento feminista radical en los años 70.

Es verdad que esta reivindicación estaba anclada en una situación muy especial que vivíamos de forma muy cruda en este Estado en los tiempos de la dictadura y en años posteriores. Así que ante una realidad que prohibía el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, permitiendo sólo de forma excepcional su acceso y en condiciones precarias y absolutamente desiguales. Incluso al principio, los propios sindicatos veían como un obstáculo la “competencia desleal” por parte de las mujeres para acceder a los puestos de trabajo.

Era por tanto una reivindicación de primera línea terminar con las prohibiciones, por el mero hecho de ser mujer. Y así se empezó a uniformar, con criterios de paradigma, la consigna de la igualdad, que posteriormente ha sido la base principal del relato del feminismo hegemónico institucional, para todos los campos y reivindicaciones.

Además, y esto no puede olvidarse de ninguna forma, la única forma de acceder a los medios para sobrevivir y satisfacer las necesidades, para la gente pobre, es el trabajo remunerado. No es suficiente siempre y en cualquier lugar, pero sí necesaria. Las otras formas de satisfacer las necesidades crean dependencias injustas y muchas veces esclavizadotas para las mujeres: el matrimonio, el ingreso en una orden religiosa, el trabajo de empleada de hogar, de prestación de servicios sexuales, trabajo familiar agrícola... En esta sociedad tan monetarizada como la nuestra, y con tanta escasez de servicios sociales, sanitarios y educativos, con derechos universales, el salario es la forma universal de conseguir dinero. Por ello hay que conseguirlo para todas las personas y en las mejores condiciones.

Lo que ha pasado en nuestra historia es que de la necesidad hemos hecho virtud, y lo que en el inicio de los tiempos de dios empezó como una maldición divina, lo hemos convertido en el pilar fundamental de la construcción del sujeto histórico de la liberación de la humanidad.

Por esto desde el movimiento feminista se están haciendo lecturas más complejizadas de lo que significa el trabajo y dónde debemos situar las peleas en relación al mismo, una vez superada la fase de la prohibición de trabajar a las mujeres. Y sobre todo, se ha puesto sobre la mesa, que la condición de las mujeres trabajadoras no sólo viene definida por el eje de explotación capitalista, sino por el eje fundamental de la dominación patriarcal. Lo mismo que segmenta a la clase obrera el ser persona inmigrante, o el ser de una etnia o raza interiorizada.

Derechos para todas y para cada una

Uno de los fallos importante del análisis y de la reivindicación, a mi modo de ver, para superar lo que se ha llamado la doble jornada y la doble presencia de las mujeres, que además trabajan de forma asalariada, ha sido contemplarlas únicamente a ellas en el ámbito familiar, casi de forma exclusiva a ellas, como si los hombres no vivieran en familias, y a todas las mujeres, como si el patrón familiar fuese universal.

Así cuando se denuncia la doble jornada de las mujeres que han accedido al trabajo asalariado, porque tienen que realizar trabajos de cuidados o tareas domésticas y la falta abrumadora de servicios sociales gratuitos para atender las necesidades más elementales, desde las instancias oficiales, y a modo de copia del modelo europeo, se acuña el relato hegemónico de “conciliación de la vida familiar y la vida laboral”.

Todos los maravillosos esfuerzos y contundentes estudios de las economistas y juristas feministas y las movilizaciones y reivindicaciones del movimiento feminista radical, se viene a reducir a que las mujeres, por si no nos habíamos dado cuenta, deben atender las necesidades familiares, lo que en unos horarios muy rígidos, que caracterizan las jornadas laborales, no pueden ser atendidas.

Se hace así una lectura muy mecánica de los horarios de atención a las necesidades familiares, y se asigna en el apartado “mujer” o en los planes de igualdad de las empresas, los temas de conciliación.

Evidentemente, la fuerza de la lucha, hace que también se extienda el término de necesidades familiares a necesidades personales, y los temas de igualdad tratan de hablar de una igualdad tanto entre mujeres y hombres, como entre hombres y mujeres.

Lo que es el pilar de la dominación patriarcal, como es la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su reclusión en las familias, vía matrimonio, con asignación exclusiva de las tareas de cuidados, se ha convertido en un mero trámite de horarios de trabajo o de jornadas no compatibles con las consultas de los centros de atención sanitarias. Lo que fundamenta la alianza permanente e inquebrantable del capitalismo y el patricarcado, y sienta las bases más firmes de la opresión y explotación de las mujeres, como es la definición y configuración jurídica del trabajo, asignando derechos o estigmatizando actividades, resulta que se resuelve señalando la obligación de todas y todos de cuidar, dedicando menos tiempo al trabajo asalariado, y por tanto cobrando menos, y por tanto en el caso de las mujeres, siendo todavía más dependientes de sus parejas o de otras familiares.

Mientras tanto no se ha movido ni un ápice la regularización de que todas las personas –incluidas las menores de edad- tengan de forma individual el disfrute del derecho universal a la salud, a la educación y a los derechos sociales que ahora se derivan del trabajo reglamentado.

Ni medio metro, más bien ha ido hacia atrás, se ha movido la consideración de las actividades “típicamente” femeninas, -como por ejemplo servicios sexuales y trabajos de cuidados pagados-, como actividades laborales, y por ende, con todos los derechos. En algún caso, incluso, se está presionando en el ámbito de la criminalización y penalización.

Lo que llaman los recortes sociales, ha supuesto que los servicios sociales han disminuido, y lo que es peor, muchos de ellos, que son prestados por las Administraciones mediante precio, se han encarecido, como es el caso de escuelas infantiles. No se considera problema, las mujeres inmigrantes se harán cargo de ellos, con módicas tarifas y desprotección absoluta, o esas estupendas abuelas y abuelos, que ya no están en activo.

Así que, este 1º de mayo yo no voy a reivindicar esta consigna de puestos de trabajo para las mujeres. Ni tampoco la conocida de a trabajo igual salario igual. Nuestra consigna es “Trabajo nos sobra, queremos empleo digno”, Los dineros de Panamá, para gasto social.”

30/04/2016

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Domingo, 01 Mayo 2016 07:10

Una vez más Primero de mayo

Una vez más Primero de mayo

Durante la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889, se decide establecer esta fecha para celebrar el día en que los trabajadores debían demandar sus derechos en recuerdo de los llamados “mártires” de Chicago, obreros anarquistas norteamericanos ejecutados por haber iniciado una huelga ese día de 1886 para reclamar la jornada laboral de ocho horas.

Todavía hoy, como siempre, siguen siendo tiempos de resistencias. En cualquier lugar. Por ejemplo, la resistencia de las compañeras y compañeros de Argentina en su lucha contra las arbitrarias decisiones de su presidente; la de la gente que en Brasil combate por evitar la caída de la democracia por motivos supuestamente “democráticos”; de las personas que en Europa pelean contra la violación de derechos y de la legalidad internacional frente a la inmigración. Por todas y todos los que, en cualquier parte del mundo, continúan defendiendo la vida digna, la justicia social y los derechos civiles, políticos, sociales y culturales.

El 1º de mayo de 2016 las organizaciones sindicales en España se movilizarán “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Bien. Pero aprovechemos para demandar primero lo último, lo más básico: DERECHOS. El trabajo es uno de ellos. Antes necesitamos el derecho a vivir en paz y con dignidad. A que nos escuchen y no nos quieran dar limosnas sin haber oído las demandas. No queremos favores que luego nos cobran, queremos DERECHOS.

En Colombia, las centrales sindicales dicen “Vamos a la movilización”, exigiendo al Gobierno trabajo decente y que cumpla los quince puntos de la propuesta que le entregaron el pasado 17 de marzo y entre las que se encuentran: un aumento general de salarios, frenar la venta del patrimonio público, fortalecer la salud y educación, restablecer la mejora salarial cuando se labore por las noches, en domingos o en festivos o cumplir los acuerdos con las personas pensionadas.

También que derogue el Decreto 583 de 8 de abril por el que se legaliza la tercerización laboral en cualquier clase de empresa pública o privada.
Frente a todas las injusticias tenemos el derecho a resistir, a mantenernos firmes contra los embates de esta sociedad neocapitalista y neocolonizadora que nos hunde en las profundidades de las ignorancias y en el consumismo sinsentido haciéndonos creer que somos libres.

También por las luchas silenciosas o acalladas, que las hay y muchas, que los medios no dicen. Tal vez porque no forman parte del “espectáculo” mediático.
Por estos días está bajo amenaza de cierre el periódico francés L´Humanité, un clásico de los medios que necesitamos que subsista y que no siga el camino de L´Unita, otro histórico tristemente desaparecido. Porque, sean cuales sean nuestras utopías, necesitamos de los medios, de la información y sobre todo de la comunicación. Es otro derecho inalienable, para todas y todos.

Hace ciento doce años, el 18 de abril de 1904, ese diario galo decía en su primer editorial: “No hay necesidad de mentiras, ni medias mentiras, ni de informaciones tendenciosas, ni de noticias forzadas o truncadas, ni de procedimientos retorcidos o calumniosos. No se necesita reducir o rebajar injustamente a los adversarios. Tampoco hay necesidad de mutilar los hechos”.

Por eso creo necesario recordar que tenemos la palabra y recuperar “Una carta por la palabra”, otra entrada del viejo pateras al Sur que también fue publicada en la Tribuna del sindicato CCOO, y dedicársela a todas y a todos los que seguimos resistiendo. Porque no se trata de ser resilientes, sino resistentes.

sábado 15 de septiembre de 2012

“En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo”

Una carta por la palabra

Ciudadanas y ciudadanos, escribo, tal vez, con la libertad que da la distancia. Con la tranquilidad y el punto de vista que te imprime ser “extranjero”. Escribo, porque me queda la palabra. Escribo como sociólogo, como comunicador, como periodista. Escribo como empleado público, como funcionario, como sindicalista. Escribo, en fin, como persona y como ciudadano. Escribo porque, todavía, me queda la palabra.

En España, como en Grecia, la cuna de la civilización, quieren acabar con todo. Sí, y lo malo es que llevan camino de conseguirlo. Recortes sociales; privatizaciones de servicios públicos; falta de presupuestos para instituciones y organismos públicos, ya sean educativos, sanitarios, judiciales, de investigación, de ayuda a personas dependientes,... ¿Por qué? ¿Para salir de la crisis? ¿Para reducir el desempleo? ¿Para mejorar la competitividad? La respuesta es la palabra NO. No, no y no.

Todo lo que dicen es mentira. Sus medidas buscan empobrecer socialmente el país; perjudicar más a los desfavorecidos; recortar derechos a minorías, mujeres e inmigrantes, y arrasar con más de treinta años de luchas democráticas por los derechos laborales.

Persiguen allanar el camino al capital, a la especulación y a la explotación. Están acabando con la democracia. Pero, nos queda la palabra.

Con sus políticas están destrozando los logros sociales de ese sueño, que no se llegó a realizar del todo, que era el Estado de bienestar. Crean la sensación de que todo lo público es malo, que no funciona, que es costoso y que cerrarlo contribuye a mejorar la situación económica y a cumplir con Bruselas. Más mentiras.

Lo que hacen es armarse de falsos argumentos para tener justificación para privatizarlo todo. No nos arruinan económicamente porque nunca hemos tenido patrimonio monetario, como esos que atesoran nuestros políticos y políticas. Pero tenemos un patrimonio moral, tenemos valores,... y nos queda la palabra.

Y no nos van a callar. Aunque nos dejen desnudos, “como a los hijos de la mar”, aunque descabecen sindicatos y sindicalistas a golpe de “reales decretos”. Desde donde estemos, o a donde nos manden, aunque seamos “cuatro gatos”, pese a que no contemos nada para los poderes. Gritaremos alto y claro. Porque nos queda la palabra.

El sábado 15 de septiembre habrá una manifestación multitudinaria, esperemos. Que probablemente, pensarán muchos, no servirá para nada. Pues sí, es posible que así sea porque “ellos” tienen la sartén por el mango. Tienen el poder económico y tienen el poder político, lo poco que les queda de ambos sin vender a los mercados. Pero no importa, hay que movilizarse y luchar para que vean que estamos hartos y dispuestos a enfrentarnos.

Porque la ciudadanía española sí quiere hacer política, verdadera política de luchar por el bien común de las mayorías. Porque nos queda la palabra.

En 1947, Camus escribió que “No hay, quizá, ningún régimen político bueno, pero la democracia es, con toda seguridad, el menos malo. La democracia no puede separarse de la noción de partido, pero la noción de partido puede muy bien existir sin la democracia.

Esto ocurre cuando un partido o un grupo de hombres (añadamos y de mujeres) cree poseer la verdad absoluta. Por eso, el Parlamento y los diputados necesitan hoy una cura de modestia”.

Y continuaba diciendo “demócrata, en definitiva, es aquel que admite que el adversario puede tener razón, que le permite, por consiguiente, poder expresarse y acepta reflexionar sobre sus argumentos. Cuando los partidos o los hombres están demasiado persuadidos de sus razones como para cerrar la boca de sus oponentes por la violencia (en este caso la legislativa y ejecutiva), la democracia deja de existir”.

En ese mismo texto señalaba que “las civilizaciones no se forjan a reglazos en los dedos, sino con la confrontación de las ideas, con la sangre del espíritu y con el dolor y el coraje”. Y con la palabra.

Pues señoras y señores, el Gobierno español, y sus diputados, senadores y seguidores varios, se cree en poder de la verdad absoluta, no sabe lo que es la democracia y quiere plantar su civilización a base de “reglazos” en los dedos y en la cabeza de toda la ciudadanía. Pero, no tienen el poder de la palabra.

Termino mis citas del gran pensador francés, premio Nobel de Literatura en 1957, con esta otra: “La verdadera desesperanza no nace ante una obstinada adversidad, ni en el agotamiento de una lucha desigual. Proviene de que no sabemos ya nuestras razones para luchar o, precisamente, si debemos luchar”.

Sabemos nuestras razones y sabemos que sí tenemos por qué luchar. Creemos en la democracia, aunque sea mala. Así que debemos seguir esperanzados, convencidos de nuestros ideales y de nuestros motivos, que son los de la mayoría aunque “ellas y ellos” no lo quieran ver. Y creo, como decía el maestro Freire, que “no hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza“. Nosotras y nosotros tenemos la palabra.

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Martes, 05 Abril 2016 15:22

Con amor y decisión de madre

Con amor y decisión de madre

Las madres comunitarias que trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) no cesan su denuncia. Desde febrero del año en curso denuncian la decisión oficial de terminar con los programas tradicionales de Instituto, sosten fundamental de los cuales ha sido la incansalbe labor de miles de mujeres por todo el país a lo largo de por lo menos los últimos 30 años.

 

Abril llegó con miles de mujeres movilizadas en defensa de los derechos de los niños y niñas más pobres de nuestro país, así como de su derecho al trabajo. En efecto, el lunes 4 arrancó el paro nacional indefinido de las Madres Comunitarias. Su presencia se hizo sentir en varias ciudades del país, igual al inicio del segundo día de paro, donde cientos de mujeres ocuparon avenidas en ciudades capitales. A su inconformidad se suma la denuncia por las pésimas condiciones laborales a las que el Icbf las some y los pocos recursos que el Estado gira para el cuidado y la alimentación de los niños y niñas que ellas tienen a cargo.


Las Madres Comunitarias, que dependen totalmente de los recursos del Estado para su funcionamiento y sostenimiento, viven una pauperización paulatina en la calidad de la asistencia gubernamental, así como la tercerización en la prestación de algunos servicios alimenticios y dotacionales, pues al parecer la disminución en la calidad de los productos que reciben responde a la ganancia que las empresas contratadas buscan obtener.
Niños y niñas los principales perjudicados


Sus denuncias más importantes están basadas en que miles de niños y niñas no han podido ser atendidos este año debido a que aún existen falencias en la infraestructura del nuevo modelo implementado. Esto ha traído como consecuencia la muerte de niñas y niños por desnutrición o por condiciones de desatención. Según Sintracihobi estas denuncias han sido reportadas en la sede nacional del Icbf sin recibir alguna respuesta.


El día 18 de febrero de este año las Madres Comunitarias citaron a la directora del Icbf, Cristina Plazas Michelsen, a una audiencia pública que tuvo desarrollo en la sede central del Instituto. Allí denunciaron abiertamente la lamentable situación que viven los niños atendidos a nivel nacional. Entre las denuncias más destacadas se encuentra la miserable minuta de alimentación (seguimiento nutricional y alimenticio) que otorga el Icbf para la atención de las niñas y los niños a nivel nacional. Desde este año este Instituto aumentó una ración más de alimentación para los niños, pero el Estado no aumentó el presupuesto para esa nueva ración de comida.


Las Madres Comunitarias reciben $ 2 mil 500 por día para la alimentación de cada niño que está a su cuidado, dinero con el cual deben garantizarle desayuno, y las onces de la tarde. Ahora, con ese mismo dinero, tienen que garantizar, además de los platos ya relacionados la media mañana. Es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar les aumentó sus obligaciones sin incrementar el aporte en dinero.


Derechos laborales no reconocidos


Además de las graves falencias en la administración de insumos para la alimentación y la educación de las niñas y los niños, las Madres Comunitarias también están afectadas por el incumplimiento de algunos acuerdos pactados. El Ministerio de Trabajo y el Icbf les han incumplido con su contrato laboral. Desde 2013 están vinculadas laboralmente y se pactó que sus contratos serían a término indefinido, pero nunca ha sido así. Los contratos son por término definido, por tres o cuatro meses, máximo seis, lo que genera la interrumpción de las prestaciones sociales y que las liquidaciones no lleguen completas.


Esta inestabilidad laboral, denuncian representantes de Sintracihobi, se agudizó desde el 2015, cuando tomó cuerpo la iniciativa del Banco Nacional de Oferentes, la cual es una “invitación pública” a todos los interesados en participar en los programas de primera infancia, que cuenten con músculo financiero y experiencia al cuidado de la infancia y adolescencia. La puesta en marcha de este sistema fue nefasta para el personal de las programas de Icbf, los niños a su cargo y las asociaciones de padres de familia, debido a que las pusieron a competir contra los operadores privados –que cuentan con una amplia capacidad económica–, operadores muchas veces elegidos a dedo por funcionarios del Instituto con intereses monetarios o con situación de cercanía con los mismos, evidenciando la corrupción con la que en algunas regiones realizaron el proceso de contratación.


Esto ha obligado a las madres comunitarias a solicitar contratos con operadores privados, a menudo sin ser recibidas por estos a pesar de que la directriz del Icbf es la de contratación obligatoria.


Las madres comunitarias sin pensión


Estas injusticias provocaron la deserción de las madres vinculadas al programa desde hace más años, muchas de ellas fundadoras del Programa, dejando esta labor sin haber sido reconocidos sus derechos prestacionales, adeudados por el Estado desde hace tantos años. Estos derechos desde el 2014 son motivo de litigio laboral por parte de las Madres. Tienen ellas claro que el Estado, y no los intermediarios, es quien les debe su derecho a pensión y contra él encausan sus esfuerzos. Por el momento éste las quiere despachar con un bono equivalente a $ 200.000 por veinte y hasta treinta años de servicio, todo un insulto y una violación a los derechos fundamentales.

Estas y otras reivindicaciones están relacionadas en su pliego de peticiones, en el cual está resumida una lucha de muchos años, diversidad de derechos violados por el Estado y los mismos derechos de las niñas y niños de los sectores populares los cuale continúan vistos por el Estado como sujetos de segunda clase.

Expresiones desde algunas regiones

 

Bolívar


Las madres comunitarias del departamento se unen así al paro nacional indefinido que busca crear una mesa de negociación para debatir un pliego de peticiones en los que se resalta el pago de seguridad social, pensión y calidad alimentaria para los niños bajo su protección.


“Quedamos desafiliadas de la seguridad social y tenemos muchas madres comunitarias enfermas que hasta el momento no han sido atendidas. Le exigimos al Estado contrato indefinido, pensión digna para aquellas que lo necesiten, que son las enfermas y mayores de 70 años”, denunció, Eduviges Campos, quien viajó desde Cartagena al paro indefinido frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá.


Santander


Alrededor de 200 madres comunitarias salieron a protestar en la mañana de este lunes 4 de abril al parque García Rovira, frente a la gobernación de Santander, para exigir mejores condiciones laborales y un aumento en el presupuesto de alimentación por niño.


Diana Patricia Arguello, lideresa de las madres comunitarias en el departamento aseguró que “si hay desnutrición en Colombia no es por culpa de las madres comunitarias, sino del Estado. Si no aumentan los recursos entonces que quiten una de las raciones de comida, que vuelvan a ser tres raciones diarias, como era el año pasado y no cuatro como en la actualidad”.

 

Pereira


Cerca de 400 madres comunitarias de Pereira se unieron a la protesta para reclamar por mejores condiciones labores; entre otras peticiones.
Bárbara Oviedo Ospina, fiscal del Sindicato de Madres Comunitarias de Pereira afirmó, “estamos peleando los derechos porque a las madres comunitarias les están cerrando los hogares y no los quieren volver a abrir; adicionalmente quieren volver la modalidad satelital, es decir que van a agrupar los hogares tradicionales en una sola sede. También reclamamos porque no es justo que mamitas de más de 70 años sigan laborando. Incluso hay mamitas que se han muerto sin recibir nunca una pensión”.


Entre las peticiones de las madres comunitarias también se encuentra la reducción de la presión laboral a que están sometidas por causa de los altos estándares de calidad demandados por el Icbf –a través de sus intermediarios–, los cuales exigen que una sola persona haga lo que le corresponde a diferentes profesionales.

 

La Guajira


La madre comunitaria Nelly de la Hoz aseguró que se ve obligada a racionar la poca comida que recibe por parte de la entidad. “Me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”, dijo De la Hoz,


Pliego de exigencias


1. Vinculación con contrato a término indefinido directamente con el Icbf para quienes laboran en los programas de primera infancia y adolescencia, para permitir la estabilidad laboral de las madres trabajadoras. Dar continuidad entre diciembre y enero para el pago de este último mes bajo contrato laboral y todas las prestaciones que representa, así como la certeza de contar todo el año con seguridad social.


2. Pensión digna que abarque todos los años en los cuales se prestó el servicio a la primera infancia y adolescencia, independientemente de la modalidad en la cual se haya desempeñado la madre.


3. Revocar el banco de oferentes y permitir que las asociaciones que históricamente han venido contratando con el Icbf y han cumplido estándares de calidad lo continúen haciendo en el manejo de los recursos de los niños y niñas. Para ello se exige que todas las asociaciones que contrataron en el 2015 lo hagan actualmente para no generar más traumatismos en la atención de los niños y niñas y se brinde la capacitación necesaria para fortalecer administrativamente las asociaciones y capacitar a sus integrantes en la correcta administración de los recursos para poder garantizar la calidad del servicio.


4. Igualdad presupuestal en términos locativos —arriendo— y de canasta para los programas tradicionales frente a la estrategia de ‘Cero a Siempre’. Frente a este punto, se rechaza deliberadamente la propuesta de Bienestar Familiar de los programas de hogares integrales, por vulnerar la privacidad y la propiedad privada, por eso se exige la equidad presupuestal, con garantías reales sobre los inmuebles de las madres y garantía de una igualdad laboral. Exigimos que la modalidad Fami no atienda por fuera de su casa, y además se cubran para HCB, HI y HCB Fami todos los rubros necesarios para alistamiento como pintura, adecuación, auxiliar operativo, entre otros, que permita que las modalidades tradicionales puedan brindad una atención gratuita.


5. Las madres Fami deben tener la opción de trabajar tiempo completo y continuar con su calidad de madre comunitaria tradicional Fami. Adicional a esto debe existir igualdad entre el complemento alimenticio que se entrega para la modalidad Fami con el entregado en la modalidad familiar.


6. La contrapartida exigida a las asociaciones en la vigencia 2016 debe ser eliminada, y las asociaciones y operadores que firmaron este año el documento entregado no debe afectar el salario o prestaciones sociales de las madres y trabajadoras.


7. En consonancia con el memorando emitido en el mes de febrero, en el cual se expresa la obligatoriedad de vinculación de las madres comunitarias para los operadores, se rechaza deliberadamente la disposición del párrafo 3° en el cual se da la disposición clara de que las madres comunitarias transitadas a modalidad familiar y CDI, por el hecho de pasar a los programas de ‘Cero a Siempre’ pierden la calidad de madre comunitaria. Exigimos se retire este mandato expreso por parte del Icbf y se respeten los derechos adquiridos de las madres transitadas, manteniendo su estatus de madre comunitaria.


8. Las madres sustitutas deben ser cubiertas en su totalidad por parte del Icbf en los montos correspondientes a salud y pensión.


9. Los perfiles laborales de las modalidades: madre comunitaria, Fami, modalidad familiar y CDI deben ser respetados y remunerados justamente teniendo en cuenta los criterios de formación académica, pero más importante aun reconociendo la experiencia y todos los años de servicio que han prestado las madres trabajadoras en los programas de primera infancia. Este último criterio debe ser determinante para realizar un reajuste salarial a las madres con mayor experiencia.


10. En caso de que exista el cierre de un hogar o la renuncia temporal o definitiva de la madre trabajadora, cuando se logre la reapertura del mismo, debe hacerse en la modalidad que históricamente ha desarrollado, no en una modalidad integral como se está obligando por parte de algunas regionales.


11. Se debe revisar integralmente los estándares aplicados en los últimos años por parte del Icbf, ya que son lesivos para las madres trabajadoras, su estabilidad, e imponen condiciones imposibles y difíciles de cumplir por parte de los hogares tradicionales.


12. Se exige el pago de las prestaciones sociales independientemente, si existe contrato laboral para las trabajadoras de todas las modalidades. De igual manera el pago de enero debe ser reconocido para las madres trabajadoras de CDI, modalidad familiar y hogares infantiles.

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Martes, 01 Marzo 2016 05:54

El socialismo de Hollande muta liberal

El socialismo de Hollande muta liberal

El último acto de esa “mutación” que descalabró a la izquierda es una reforma laboral que responde a los lineamientos de Bruselas y Berlín y que ni siquiera los gobiernos conservadores anteriores osaron presentar.


Si alguien se anima a preguntar en Francia “qué es la izquierda”, un azorado y confuso flujo de explicaciones llenará un relato imposible. El mandato del socialista François Hollande habrá terminado la empresa de clarificación social liberal a pesar de que se hizo elegir con una plataforma de izquierda y su famoso himno “mi enemigo es la finanza”: el PS francés sufre, como lo reconoció el actual Primer Secretario del Partido, Jean-Christophe Cambadélis, “una crisis de mutación”. El último acto de esa “mutación” que descalabró a la izquierda es una reforma laboral que responde a los lineamientos de Bruselas y Berlín y que ni siquiera los gobiernos conservadores anteriores, entre ellos el muy liberal de Nicolas Sarkozy, osaron presentar.


El presidente Hollande y su primer ministro Manuel Valls sí dieron el paso y se proponen retocar el sacrosanto régimen del trabajo. Analistas de izquierda y de derecha apuntan que un gobierno socialista está completando el mandato de su predecesor liberal. El proyecto de reforma presentado por la ministra de Trabajo Myriam El Khomri arremete contra bases bíblicas de la izquierda: admite despidos en masa regulados mediante indemnizaciones a bajo costo según el estado financiero de las empresas, pone en tela de juicio el horario de 35 horas de trabajo por semana, estipula que las horas extras puedan ser pagadas por debajo de los acuerdos sectoriales. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de haber vuelto “al Siglo XIX”. Manuel Valls les responde que son ellos quienes están “anclados en el Siglo XIX”. Más allá de esta propuesta, es el conjunto de la izquierda francesa la que está en la cuerda floja. Con una constancia muy aplicada, Hollande ha borrado las fronteras entre los principios de acción de la izquierda y los de su antaño “enemigo” liberal. La confrontación se instaló hoy con dos antagonistas irreconciliables: la línea reformista socialliberal modernizadora de Valls y una socialdemocracia clásica cuya mejor exponente es la ex ministra de Trabajo y autora de ley sobre las 35 horas de trabajo semanal, Martin Aubry. En las páginas del vespertino Le Monde, esta dirigente socialista firmó un contundente alegato contra la política gubernamental junto a otros 18 dirigentes de la izquierda e intelectuales. El texto titulado “Salir del camino sin salida” plasmó el carácter irrecuperable de cualquier conciliación. La tribuna acota que “no basta con reivindicar un reformismo social para merecer ese título. No hay ni verdadera reforma, ni nada social en muchas de las políticas que se llevan a cabo desde hace dos años. En esas políticas encontramos propuestas sacadas del campo de enfrente, que no tienen nada de modernas y son ineficaces”. El texto clama un “esto es demasiado” y dinamitó la ya ficticia convivencia entre socialdemócratas y socioliberales. Martine Aubry es una referencia del PS francés. Fue la ministra de trabajo que batalló contra el patronato para hacer votar la ley de las 35 horas de trabajo semanales, fue Primera Secretaria del Partido y fue ella quien lo puso en orden de batalla hacia la victoria de Hollande en 2012. Pero desde ese entonces, la línea gubernamental asumió un perfil social liberal que llevó al Partido Socialista a perder sucesivamente cinco elecciones consecutivas, entre ellas las europeas, las municipales, las regionales y las departamentales.


El mandato de Hollande se ha caracterizado por una colección de renuncias a los enunciados de su plataforma electoral y, más ampliamente, a los núcleos que forjaron la identidad del PS. Hollande fracturó como nunca a la izquierda cuando, luego de los atentados del 13 de noviembre en París, decidió inscribir en la Constitución el retiro de la nacionalidad francesa a quienes detenten dos nacionalidades y hayan estado implicados en actos terroristas. Esa medida ha sido una de las banderas de la derecha y la extrema derecha y terminó siendo aplicada por un Ejecutivo socialista. Con ella se rompe el sacrosanto principio de igualdad porque, de hecho, se crean dos categorías de franceses. Por ello, en la tribuna publicada por Le Monde, los firmantes se preguntan “qué quedará de los ideales del socialismo cuando, día tras día, se hayan sepultado sus principios y sus fundamentos?” De las palabras, la dirigente socialista pasó a la acción. Ella y varios de sus partidarios anunciaron que querían abandonar los puestos que ocupan en la dirección del Partido Socialista.


Esos ideales socialistas han sido la retórica empleada para ganar las elecciones, nada más. Quienes hoy se oponen a que se levante la regulación son tachados de arcaicos, nostálgicos y antimodernos. Los socialistas críticos con el gobierno vaticinan una derrota fenomenal en las elecciones presidenciales de 2017. Ellos y otros sectores de la izquierda más radical han abierto otro debate en el seno de la izquierda exigiendo una “primaria” de toda la izquierda de cara a la presidencial del 2017. Pero son fuegos de artificios. La verdad es que el progresismo francés es un cuento de hadas en el que pocos electores creen. Dato inédito en los últimos siete años, las 5 centrales sindicales más grandes de Francia se han puesto de acuerdo para salir a la calle en marzo contra la política gubernamental. Con su reforma laboral, Hollande apuesta por su reelección. Este proyecto de ley que sacudió el último consenso que existía en la izquierda tiene como objetivo cumplir con lo que fue “la promesa” de Hollande, es decir, reducir el desempleo (más del 10,5 de la población). Apuesta incierta que, desde el vamos, acabó por descomponer a su propio campo.


El historiador Jacques Julliard retrató muy bien la hecatombe actual cuando, hace unos meses, en una entrevista publicada por el diario de derecha Le Figaro, consideró que “la izquierda francesa vive una crisis fundamental”. Fundamental quiere decir de esencias, es decir, de ruptura y negaciones profundas. Los social liberales del gobierno argumentan que las reformas actuales apuntan al progreso. Sin embargo, como lo recalca Julliard, “el pueblo tiene el sentimiento de una disociación: piensa que el progreso no apuntala más la justicia social”. El quiebre es considerable y deja a millones de personas perdidas entre retóricas tecno seductoras y realidades que significan retroceso. Nadie niega que se requieren retoques, cambios y reformas para adaptar la regulación de otras épocas al mundo de hoy, pero la mutación va, para muchos, demasiado lejos y deja en el camino lo que el progresismo francés construyó como idea y proyecto durante décadas: la irrenunciable igualdad.


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Estado de la negociación colectiva en Colombia

Este 2016 se deberán negociar 270 convenciones colectivas de trabajo que terminan su período de vigencia en el sector privado, además de unas 300 que se negociará entre el Estado y los sindicatos del sector público a nivel territorial y en algunas entidades del Estado.

Es de recordar que la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y empleo es parte del Diálogo Social que la OIT define como uno de los indicadores más claros para medir el grado de desarrollo y madurez de una democracia, en tanto indica cuál es la capacidad de la sociedad para resolver de modo civilizado e integrador sus conflictos, entre ellos los laborales, y el grado de legitimidad que tienen las políticas públicas en materia económica y social. La OIT ha señalado, que “las políticas formuladas por medio del diálogo social son más legítimas, porque los actores sociales participan en los procesos decisorios y sus puntos de vista se reflejan en los resultados. Al participar en la elaboración de estas políticas por medio del diálogo social, los actores sociales las acaban sintiendo como propias y las aceptan más fácilmente”.

En Colombia la cultura del Diálogo Social es todavía incipiente, como lo reflejan los altísimos niveles de violencia que aún tenemos y la exclusión social de una tercera parte de la población; violencia como expresión del desconocimiento de la legitimidad del “otro” y por tanto de su exclusión en los procesos de toma de decisión; exclusión social como expresión de políticas sociales y económicas que sólo consultan los intereses de los sectores que controlan el poder económico y político.

En el terreno de las relaciones laborales, la cultura del Diálogos Social se concreta en la existencia de 3.943 convenios y acuerdos colectivos de trabajo , entre ellos 608 en la administración pública, de los cuales se benefician cerca de 1´600.000 trabajadores. Si cruzamos estos datos con las empresas afiliadas al sistema de riesgos laborales y con el número de trabajadores dependientes (asalariados), la cobertura es apenas del 0.33% de las empresas y del 14.7% de los trabajadores, (o apenas el 7.1% si tomamos la población ocupada total).

Como se ve, se trata de una expresión de la cultura democrática de un país que en las relaciones laborales es prácticamente marginal, fenómeno que tiene una enorme incidencia en la calidad del empleo y en la distribución del ingreso.

Así que la negociación colectiva que se va a desarrollar este año le impone retos al país y al sindicalismo para que se desarrollen, amplíen y se fortalezcan procesos de negociación que signifiquen avances en la construcción de un país más democrático e incluyente, situando el Diálogo Social como la estrategia más efectiva para lograr estos objetivos; estrategia más necesaria aun cuando estamos ad portas de resolver uno de los conflictos armados más violentos, dolorosos y destructivos que nos ha tocado.

Cultura antisindical y restricciones a la libertad sindical

Nada más urgente que aprovechar esta coyuntura para acabar de una vez por todas con esa otra guerra que una buena parte de los empleadores de Colombia les han declarado a los sindicatos; empleadores que todavía consideran que los trabajadores no son sujetos de derechos, que una vez que son contratados dejan de ser ciudadanos y deben limitarse únicamente a cumplir órdenes.

Es lo que sucede en relación con los derechos de organización sindical y de negociación colectiva, ambos consagrados en nuestra constitución política, que son además parte de los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de derechos humanos; los cuales permiten a los trabajadores tener voz propia y autonomía en las relaciones laborales, e incidir en la determinación de sus condiciones de trabajo y empleo, a fin de que éstas no sean definidas de manera unilateral por los empleadores, y para minimizar sus arbitrariedades en lo posible.

Crear un sindicato en Colombia y luego negociar un pliego de peticiones, son actividades que encuentran feroz oposición por parte de la mayoría de los empleadores, y que a cientos de trabajadores les cuesta su empleo todos los años. Es la razón que explica, entre otras, la baja tasa de sindicalización que tenemos.

No sólo la baja tasa de sindicalización existente en Colombia explica la escasa cobertura de la negociación colectiva. También la explican las restricciones legales que existen para negociaciones a un nivel distinto al de las empresas, un tema que recientemente fue advertido por la OCDE, pero que desde el sindicalismo lo hemos señalado desde siempre.

En efecto, con la excepción de la negociación marco nacional que se hace en el Estado entre el gobierno y las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, con aplicación a todos los trabajadores del Estado, independiente de si están sindicalizados o no, y del acuerdo sectorial que igualmente negocia el Ministerio de Educación con FECODE y los sindicatos de los profesores de las universidades públicas , el cual también tiene aplicación sectorial, las demás negociaciones se aplican únicamente a nivel de empresa y sólo a los trabajadores implicados: a los sindicalizados, cuando el sindicato es minoritario, o a todos, cuando es mayoritario.

Esta restricción tiene un efecto perverso en los niveles salariales y en la distribución del ingreso, pues los trabajadores de las empresas con sindicatos fuertes y con negociación colectiva, tienen por lo general mejores salarios y prestaciones sociales, más estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo, beneficios que no tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país que no están organizados sindicalmente.

Este fenómeno se ve, por ejemplo, en la cerca que está el salario mínimo ($644.350 en 2015) del ingreso medio de los colombianos asalariados ($670.194) una cercanía que es resultado de ausencia de procesos reales de negociación que le permita a los trabajadores incidir colectivamente en la determinación de las remuneraciones, incluyendo los incrementos salariales anuales. Como en la mayoría de empresas no existen sindicatos, o los éstos son minoritarios y carecen de capacidad de incidencia en las políticas de relaciones laborales, las empresas imponen unilateralmente los salarios y los incrementos salariales, imponiendo intereses de corto plazo con el resultado que indicamos.

Modernizar y racionalizar la gestión de los sindicatos

Esta restricción legal podría ser remediada, en parte, con un trabajo sindical más racional y sistemático. Por ejemplo: con el desarrollo de una estrategia de unificación de los sindicatos en grandes sindicatos de rama, que permita unificar a los trabajadores, articular sus procesos de negociación y promover negociaciones a nivel sectorial o de rama, para fijar en este nivel condiciones mínimas de trabajo y empleo, una iniciativa que en ningún sentido excluye la negociación por empresa sino que la complementa y la hace extensiva a todos los trabajadores de un mismo sector, independiente de si están o no organizados en sindicatos.

En Colombia la mayoría de los sindicatos son de empresa o de gremio, un hecho que desde la perspectiva de la patronal se ajusta al viejo precepto maquiavélico de “divide y reinarás”. Sin embargo, una estrategia como esta choca con la resistencia de muchas direcciones sindicales, que perciben que una mayor centralización de los sindicatos significaría para ellos pérdida de poder en sus respectivos ámbitos, y pérdida de control sobre recursos y patrimonios. Una alternativa a esta centralización es la que nos muestra FECODE, en la que los sindicatos gremiales regionales no desaparecen, pero están fuertemente integrados a la federación, transfiriéndole a ésta los recursos y el poder necesario para hacer eficaz la unidad sindical.

Por otra parte, es necesario que los sindicatos de industria funcionen efectivamente como tales, no como las débiles federaciones que en la práctica son, pues, como lo muestra cualquier análisis de su dinámica en la negociación colectiva, esta se asume en todos sus procesos como si se tratara de sindicatos de empresa. Por ejemplo: ninguno de los sindicatos de industria existentes cuenta con una estructura especializada que se ocupe de la negociación colectiva, que investigue los problemas y condiciones de trabajo en todas las empresas y en los diversos lugares de trabajo, temas que deberán ser el insumo principal en la elaboración de los pliegos; una estructura que apoye la negociación con estudios sectoriales y de las empresas que conforman el sector, y con las cuales se va a negociar; que estudie la estructura de costos sectorial y de cada una de las empresas, para determinar cuál es el impacto de los costos laborales; que impulse la coordinación de la presentación de los pliegos de peticiones; que promueva la afiliación sindical más allá de las empresas donde se cuenta con afiliados; que promueva la adopción de pliegos únicos sectoriales; y que desarrolle un fuerte estrategia de comunicaciones para visibilizar la problemáticas de los trabajadores, la razonabilidad de los pliegos y las posibilidades que tienen las empresas para resolver los problemas de los trabajadores.

Adicionalmente, es necesario que este tipo de sindicatos promueva una estructura organizativa que permita la representación sindical en los diversos lugares de trabajo, pues las actuales estructuras son muy verticales y demasiado centralizadas, por lo que corren el riesgo de perder el contacto y la comunicación permanente con las bases. Y éstas se ven abocadas a que sus problemáticas específicas no sean visibilizadas y reivindicadas de manera efectiva .

Esta coyuntura es la ocasión para que las centrales sindicales se decidan de manera efectiva a la construcción de una política para la negociación colectiva. La queja de los sindicatos es que en estos procesos las centrales no aparecen, o su aporte es muy marginal y coyuntural.

En este sentido, el reto de las centrales es el de desarrollar una política que fortalezca la capacidad negociadoras de los sindicatos: primero, con el desarrollo de procesos de formación en negociación colectiva, un contenido que debería figurar de manera permanente en la agenda de educación de los sindicatos; segundo, disponiendo de estructuras especializadas para acompañar todo el proceso de la negociación colectiva a nivel nacional, desde su preparación, para eliminar la improvisación y falta de rigor que caracteriza mucha de la cultura de la negociación por parte de los sindicatos, pasando por las orientaciones generales que se relacionan con la coyuntura macroeconómica y con las problemáticas más relevantes de los trabajadores a nivel general; tercero, promoviendo la coordinación y articulación de las diversas negociaciones a nivel local, regional, nacional y sectorial, con los sindicatos de industria y federaciones implicadas; y cuarto, apoyando a los sindicatos en sus estrategias de comunicación y promoviendo el apoyo y la solidaridad de todos los sindicatos del país, e incidiendo en el Ministerio del Trabajo y en otros espacios del gobierno, para que los diversos conflictos tengan la atención oportuna y se puedan resolver de la manera más efectiva y adecuada.

Publicado 22 de febrero de 2016.

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Terminó conflicto laboral en Goodyear Colombia

Más de 3 meses de huelga se necesitaron para que trabajadores y directivos de Goodyear Colombia, empresa con asiento en Yumbo, Valle, llegaran a un acuerdo que pusiera fin al conflicto laboral iniciado desde el 13 de octubre pasado, día en que la totalidad de los 174 trabajadores afiliados a Sintraincapla, sindicato de industria, votaron la huelga tras el fracaso en la negociación de la nueva convención colectiva.

Si bien el acuerdo se firmó el pasado 20 de enero, solo el 10 de febrero se reiniciarán actividades en la planta de Yumbo debido a que desde el 23 de enero los trabajadores tomaron su periodo de vacaciones.

Este hecho Sintraincapla lo reclamó como un triunfo, toda vez que Goodyear no logró lo que pretendía, que era imponer un contrapliego que aumentaba los días de trabajo, rebajaba los permisos sindicales, atacaba la estabilidad laboral y cambiaba los modelos de contratación. Además, solo reconocía el 4% de aumento salarial, cuando el sindicato pedía el 9.5%.

En contra de las pretensiones de la empresa, mediante el recurso legal de la huelga el sindicato logró mantener la estructura de la convención colectiva y mejorar incluso algunos porcentajes. El reajuste salarial quedó en 8,5% para el primer año y del IPC para los años siguientes, y los demás beneficios económicos (educación y vivienda, entre otros) aumentaron entre el 8.5% y el 10%. También logró un bono de 25 días de salario básico para cada trabajador por la firma de la convención.

En lo único que perdió el sindicato fue en el tiempo de vigencia de la convención, que quedó de 5 años, cuando su pretensión era de 3 años, dijo a esta agencia Julio César Perea, secretario de la seccional de Sintraincapla-Cali.

Sobre las razones que hubo de por medio para que la huelga durara tanto tiempo, el dirigente señaló: "Desafortunadamente estas empresas son manejadas por gente que no está capacitada para conducir una negociación", refiriéndose a que el jefe de la delegación negociadora de la empresa fue un funcionario chileno que vino desde Perú, con poco conocimiento de la operación en Colombia. "Fue torpe al tratar de imponer el contrapliego, que nunca prosperó, pero nos perjudicó a todos, a los trabajadores y a la misma empresa", agregó Perea.

Además, en el desarrollo de la negociación la empresa desplegó diferentes maniobras para desestabilizar la organización sindical; y luego, durante la huelga, intentó deslegitimizarla con recursos jurídicos: desde demandas contra la junta directiva de Sintraincapla por injuria y calumnia hacia representantes de la empresa, hasta solicitud al Ministerio de Trabajo para que interviniera ya que presuntamente había habido irregularidades en el proceso de huelga, sin argumentación ni pruebas.

Durante los 104 días que duró la huelga, los 172 trabajadores sindicalizados permanecieron en carpas instaladas en las afueras de la fábrica, y mantuvieron un estricto plan de contingencia para preservar las máquinas y equipos de la empresa.

La fábrica de Goodyear en Yumbo opera con 500 trabajadores, 320 de ellos con contrato directo. Es una de las 5 plantas que esta multinacional estadounidense tiene en América Latina, desde donde atiende tanto el mercado nacional como el de los países vecinos de la región. Tanto así que exporta el 80% de su producción. Además, se beneficia de la participación en el mercado como único productor de llantas en Colombia, luego del cierre de la planta de Michellin el año pasado, también en el Valle del Cauca.

Según datos de la Supersociedades, Goodyear Colombia genera utilidades operacionales por $321.047'785.000, y sus costos laborales apenas son del 4.6% de esos ingresos operacionales, que es un margen bastante bueno para cualquier empresa. Sobre esa base el sindicato elaboró su pliego petitorio.

En Colombia lleva 71 años de operación, y en todo este tiempo ha tenido 6 huelgas, la penúltima en 1991, que se prolongó durante 54 días.

Publicado 28 de enero de 2016.

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