MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Pañuelazo por el derecho al aborto en Santa Fe, Argentina. 20 de julio de 2018

El pasado jueves 9 de agosto pudimos conocer los resultados de la votación en el Senado de Argentina sobre la Proposición de Ley en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Una Proposición de Ley aprobada en la Cámara del Congreso el pasado 14 de junio y que no ha conseguido sortear la votación de la Cámara Alta: 38 votos en contra frente a 31 a favor y dos abstenciones. Por tanto, el escenario no deja de ser desolador desde el punto de vista de la subjetividad jurídica y política de las mujeres en tanto en cuanto la interrupción voluntaria del embarazo sigue manteniéndose como delito penado con hasta cuatro años de cárcel por mor de la dicción literal de los artículos 85 y 86 del Código Penal.

Téngase en cuenta el artículo 1 de la Proposición de Ley, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo

En este punto, debemos tener en cuenta los siguientes párrafos del artículo 85, anteriormente mentado: “El que causare un aborto será reprimido: (…) 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer”. En la misma línea, leyendo el contenido textual del artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo (...)”. A mayor abundamiento, repararemos en los supuestos de despenalización recogidos en el propio artículo 86 CP –cuya redacción data de 1921– en tanto que preceptúa: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer en cinta, no es punible: 1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Por contra, téngase en cuenta la dicción literal de la Proposición de Ley objeto del presente texto, y, específicamente, sobre su artículo 1, donde se establece el reconocimiento del derecho a decidir voluntariamente sobre la interrupción del embarazo durante las catorce primeras semanas de gestación a todas las mujeres en el marco del ejercicio del derecho humano a la salud.

Cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino

Las lecturas propuestas obligan a reflexionar sobre el lugar que ocupan las mujeres en (y ante) el discurso jurídico y el lugar dónde dicho discurso –en general– las (nos) sitúan en relación al sujeto abstracto y universal. Cuesta entender la negativa a nivel parlamentario (y no sólo) en relación al reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad en el marco del reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuesta asumir el ostracismo jurídico al que se ven abocadas muchas mujeres –normalmente pobres o con escasos recursos– ante la negativa al reconocimiento de la autonomía corporal en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Pero es más, cuesta comprender el porqué de la negativa del Senado teniendo en cuenta la dimensión internacional del texto constitucional argentino (y su carácter normativo) tras la revisión de 1994, en donde incorporó una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos ampliando el corpus de derechos a nivel interno.

Recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW

De especial mención resultan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y, específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979). Sobre este último texto tráigase a colación la delimitación normativa (y conceptual) de “discriminación contra la mujer”, y recuérdese que, con tal expresión, se alude a toda distinción o exclusión basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. A su vez, recuérdese las obligaciones de los Estados Partes, en el marco de la diligencia debida, con respecto a la erradicación de la discriminación contra las mujeres que se derivan del artículo 2 de la CEDAW, en cuanto instan a llevar a cabo y desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres y, de forma particular, a consagrar, en las constituciones nacionales (o cualquier otra legislación apropiada), el principio de igualdad y a asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de dicho principio.

Llegados a este punto –y de forma sucinta– reflexionemos sobre las siguientes interrogantes:

- ¿Qué efectos sobre la vida de las mujeres va a tener el seguir penalizando la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de los artículos 85 y 86 del CP de 1921?

- ¿Qué mensaje se envía a nivel social en relación con la subjetividad jurídica y política de las mujeres?

- ¿Son las mujeres sujetos jurídicos/políticos en los mismos términos que los varones?

- ¿Ejercen las mujeres los derechos de ciudadanía –donde cabe englobar el derecho a la autonomía corporal– en los mismos términos que los varones?

- ¿Desconfía el Estado –en líneas generales– de las decisiones de las mujeres en el ámbito de su salud sexual y salud reproductiva?

- ¿Y tras el veto del Senado y la negativa al reconocimiento de la sexuación de los sujetos de derechos qué?

Por último, sólo quedan dos apuntes más: (1) la negativa del Senado constituye un acto de discriminación contra las mujeres en el marco de la CEDAW, incomprensible en pleno siglo XXI, y (2) evidencia la necesidad de constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de un nuevo pacto constitucional en el cual las mujeres sean verdaderas artífices y destinatarias del pacto de convivencia social. Un nuevo pacto para este avanzado siglo que debe garantizar el derecho de todas las mujeres a la autonomía corporal y a decidir libres de coerción, discriminación y violencia sobre su maternidad.

* A continuación, y para completar el análisis, se incluyen dos cuadros en donde se recogen los votos a favor y en contra por Grupos Parlamentarios en el Senado y por sexo, respectivamente.

 


 

La deuda de América Latina con las mujeres: el aborto es ilegal o muy restrictivo en la mayoría de países

 

eldiario.es

 

  • En toda América Latina, el aborto solo es legal en 3 de 49 países: Cuba, Uruguay y Guyana
  • En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción del embarazo es ilegal en cualquier situación
  • En la mayor parte del continente esta práctica es delito, aunque las legislaciones de algunos países incluyen excepciones que tienen que ver con violaciones o malformaciones

 


Cristina Armunia Berges / Raúl Sánchez / Ana Ordaz

 

América Latina tiene una gran deuda con sus mujeres. El continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, acceder al aborto. Y se trata de un grito común que empieza en México y termina en Chile. En todo el continente (incluyendo los países caribeños con más de un millón de habitantes), solo 3 de 49 países cuentan con una legislación que legaliza el aborto. Esto significa que en el 92% de los países es ilegal esta práctica, aunque en algunos territorios operen excepciones en forma de supuestos.

La peor parte se la llevan los países centroamericanos. En República Dominicana, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, abortar es ilegal en todos los casos, es decir, no existen excepciones de ningún tipo en sus legislaciones. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres pueden llegar a ser castigadas hasta con 30 años de prisión por abortar. Se enfrentan también a persecuciones que encabeza la iglesia, pero que también siguen ciertos sectores de la sociedad, simplemente por despertar sospechas.

El Código Penal de Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. Por ley, tampoco se pueden utilizar anticonceptivos de emergencia.ç

 

"Estamos trabajando en todas las regiones. Hicimos un gran trabajo en Chile y, en los países centroamericanos, lo que hacemos es denunciar internacionalmente las penas a cadena perpetua por abortar que se imponen por ejemplo en El Salvador. En estos países, el aborto está completamente penado", explica Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La mayor parte de los países latinoamericanos prohíbe el aborto con excepciones parecidas en cada territorio. Los supuestos más habituales en los que no es delito abortar son: violación o que corra riesgo la vida de la madre. Algunos países incluyen también malformaciones del feto, y unos pocos –tres de los países más pequeños del continente: Barbados, Belize y San Vicente y Granadinas– suman la inseguridad socioeconómica.

Las legislaciones más restrictivas, esto es, las que solo contemplan la legalidad del aborto en casos de violación o de que corra peligro la madre, las encontramos en países como México, Venezuela, Brasil, Paraguay o Chile.

 

De los 49 países analizados el aborto está totalmente prohibido salvo excepciones en 15 países. Se permite para salvar a la gestante en 13 de ellos, se permite por razones socieconómicas en 3 y es legal sin restricciones en otros 3. Cuba fue el primer país en legalizar el aborto en el territorio en 1968, después lo hizo Guyana en 1995 y, finalmente, Uruguay en 2012.

De los países que prohíben el aborto, Brasil, Chile, México y Panamá lo permiten en caso de violación. El resto lo prohíben incluso bajo este supuesto. En este punto, cabe recordar que en la Ciudad de México el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación desde el año 2007. Esta competencia depende de los estados.

 

Dentro de los países que prohíben el aborto, es posible abortar si peligra la vida de la madre en Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Dominica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. No sucede lo mismo en República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname.

La OMS calcula que cada año se producen 22 millones de abortos no seguros y que cada año mueren 47.000 mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros. Apuntan también que el 40% de las mujeres en edad de procrear vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o es inaccesible.

 

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Sábado, 04 Febrero 2017 07:08

La ruta de la tortura

La ruta de la tortura

Donald Trump nombró a Gina Haspel como subdirectora de la CIA. La agente tiene 60 años, trabajó encubierto y dirigió en Tailandia el primero de los centros clandestinos de detención conocidos como “black sites”.


El presidente, Donald Trump, ha nombrado este jueves como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a Gina Haspel, una agente involucrada en torturas a detenidos cuando dirigía una cárcel clandestina en Tailandia, informó la agencia EFE.


Una condenada ruta, a todas luces institucionalizada desde el mandato de George W. Busch (2001-2009) prosigue ahora con renovados bríos con la llegada de otro estrenado gobierno republicano, el de Trump, después que su antecesor Barack Obama intentó prohibir la perversa práctica de sacar confesiones a prisioneros, violatoria de derechos humanos.


Que mejores credenciales para la designada funcionaria clave de la CIA, que haber dirigido en Tailandia el primero de los centros clandestinos conocidos como “black sites”, que abrió Estados Unidos en aquellos años, y de presenciar interrogatorios a presuntos miembros del grupo Al Qaeda, a uno de los cuales se le sometió 83 veces a la técnica de la tortura del “submarino”, de acuerdo con documentos revelados con posterioridad.


A Haspel se le responsabiliza también de ordenar en 2005 la destrucción de las cintas en las que estaban registradas todas las torturas a las que fueron sometidos los detenidos y que se guardaban en el centro del referido reino del Sudeste Asiático.


Nada sorprendente el ascenso de la siniestra dama, si el propio magnate en función presidencial, manifestó su plena aprobación al procedimiento “submarino”, proyectando una más sombría etapa de abusos en cualquier oscuro rincón del planeta.

 

3 febrero 2017

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Corte Suprema dicta fallo histórico a favor de los derechos reproductivos

Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos hizo historia: resolvió una importante batalla por los derechos reproductivos de la mujer tras derogar la tristemente célebre ley contra el aborto del estado de Texas, conocida como HB 2. La decisión de la Corte en el caso Whole Woman’s Health contra Hellerstedt, por 5 votos a favor y 3 en contra, estableció que la ley de Texas violaba el derecho de la mujer de acceder al aborto. La ley HB 2 es una de las muchas leyes denominadas “TRAP” (trampa, en inglés) que han proliferado en el país. La sigla “TRAP” significa Reglamentación Específica de las Clínicas que Practican Abortos. Estas leyes fueron creadas para cerrar clínicas al obligarlas a realizar renovaciones costosas en sus instalaciones o exigir que sus médicos posean permisos de admisión de pacientes en hospitales cercanos. Las leyes TRAP provocan inevitablemente el cierre de las clínicas en que se practican abortos. Whole Woman’s Health, una organización que gestiona varias clínicas que brindan servicios de aborto en Texas, decidió demandar al estado e impugnar la ley.

Esta importante victoria judicial no se logró solamente en los despachos de las tres magistradas mujeres que integran la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y de sus colegas del sexo masculino Stephen Breyer y Anthony Kennedy, sino que es el resultado de años de lucha popular, en los medios de comunicación y en los pasillos de la legislatura de Texas.


La ley fue aprobada en julio de 2013, en medio de una polémica sin precedentes. El Senado de Texas se disponía a estudiar el proyecto de ley el 25 de junio de 2013, el último día de una sesión extraordinaria. Wendy Davis, senadora demócrata de Fort Worth de la legislatura de Texas, se puso unas cómodas zapatillas rosas y tomó la palabra pasadas las 11 de la mañana con el objetivo de obstruir la aprobación de la ley. Tenía pensado hablar hasta medianoche, momento en el cual, en virtud de la legislación estatal, la sesión extraordinaria debía terminar. En el Senado de Texas, el senador que toma la palabra debe seguir hablando de pie solo todo el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en el Senado de Estados Unidos, donde el senador que decide embarcarse en la teatral táctica del obstruccionismo, como recientemente hizo el senador Chris Murphy tras la masacre de Orlando, puede ser interrumpido con preguntas de sus colegas, que suelen realizar intervenciones prolongadas para permitirle que se tome un descanso. Sin embargo, Wendy Davis habló sola, sin parar, durante todo el día sobre el tema que se estaba tratando. No pudo dedicar tiempo a hablar de otras cuestiones, como hizo el senador Ted Cruz durante una obstrucción en el Senado de Estados Unidos cuando leyó el cuento de Dr. Seuss “Huevos verdes con jamón” para hacer tiempo. La transmisión en vivo de la obstrucción de Davis tuvo amplia difusión en Internet. Miles de personas se dirigieron a la sede del parlamento de Texas para expresar su solidaridad.


La mayoría republicana del Senado de Texas logró sacar a Davis del estrado a las 10 de la noche aduciendo problemas de procedimiento, por lo que los senadores tuvieron dos horas enteras para aprobar la ley HB 2 antes de medianoche. Sin embargo, las miles de personas congregadas fuera del Capitolio del estado habían comenzado a corear: “No nos moverán”. El ruido fue tan molesto que el Senado no pudo realizar una votación nominal. En esa ocasión, venció la obstrucción de la población. Dos semanas más tarde, el entonces gobernador de Texas Rick Perry convocó otra sesión legislativa extraordinaria, en la que se aprobó el proyecto de ley.


En el fallo mayoritario de la Corte a favor de derogar la ley HB 2, el magistrado Stephen Breyer escribió: “Los abortos practicados en una clínica para abortos son seguros. De hecho, son más seguros que muchos procedimientos que se realizan fuera de hospitales y a los que el estado de Texas no aplica los requisitos de que se realicen en centros quirúrgicos...A nivel nacional, hay 14 veces más probabilidades de que un nacimiento termine en una muerte de que eso suceda durante un aborto. Sin embargo, en Texas, la ley permite a una partera asistir un nacimiento en la casa de la paciente”. Breyer también señaló que la colonoscopía, un procedimiento que suele realizarse fuera de un hospital, tiene una tasa de mortalidad 10 veces mayor a la de un aborto y la tasa de mortalidad de una liposucción es 28 veces más elevada que la de un aborto.


Stephanie Toti tenía 37 años cuando presentó los argumentos en defensa de Whole Woman’s Health ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Toti es abogada del Centro por los Derechos Reproductivos. Le preguntamos en el programa Democracy Now! cómo había sido su experiencia –como mujer y abogada– de haber presentado un caso por primera vez ante la Corte, a lo que Stephani Toti respondió: “Los demandantes de este caso estaban convencidos de que querían que los representara ante la Corte y creo que fue muy significativo para muchas personas que una mujer en edad reproductiva alegara a favor de su causa ante la Corte”.


La lucha por los derechos de la mujer se ha librado durante varias generaciones. Desde la demandante Amy Hagstrom Miller, fundadora y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, que ha proporcionado servicios de aborto desde 1989, pasando por Stephanie Toti, del Centro por los Derechos Reproductivos, que ha representado a mujeres durante casi 25 años, y las tres magistradas de la Corte Suprema, un número histórico en un tribunal superior, los movimientos sociales son fundamentales. Teniendo en cuenta que existen cientos de proyectos de ley contra el aborto en todo el país, esta victoria histórica es motivo de celebración, pero no de descanso. Como dijo Amy Hagstrom Miller ante la Corte Suprema: “Una victoria no significa que la lucha ha terminado”.


Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.


Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El debate del aborto avanza en la región

Los debates por el acceso al aborto mostraron avances significativos en el último año en algunos países de América latina. El proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias; la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18 años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios estratégicos.


Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité.


El informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. "Durante el 2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres", observó Arango.


La interrupción voluntaria del embarazo en la región se caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua.


Uno de los principales avances señalados por el CDR en la región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. "El Congreso chileno enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, los bienes y los servicios de salud reproductiva", apunta el informe del CDR.


Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia.


En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que "proveerá claridad para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento", puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le negaron el acceso a los servicios de aborto legal.


En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw en el caso conocido como "Alyne vs. Brasil", por la cual se estableció la responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro.


Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las siguientes novedades:


- En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos.


- En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto. "La decisión adoptada por el alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a los procedimientos de aborto por parte de las mujeres", advirtió el CDR.


- En Honduras se mantiene la penalización total del aborto, así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. "Ambas restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los servicios de salud reproductiva", señaló la organización.

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