Histórico avance en la causa Ayotzinapa: López Obrador ordenó 70 detenciones de policías involucrados

El mandatario presentó su informe, a 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes

 

Al cumplirse seis años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de México lanzó una de las primeras medidas concretas sobre las responsabilidades del caso. El presidente Andrés Manuel López anunció 70 órdenes de captura contra miembros de las policías municipal y Federal, miembros del Ejército y funcionarios del Ministerio Público. “El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado”, remarcó.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad”, afirmó el mandatario y confirmo que también hay órdenes similares contra miembros de la Procuraduría nacional que habrían encubierto el hecho bajo el amparo del ex presidente Enrique Peña Nieto.

En el acto, el nuevo fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, precisó que las 70 capturas incluyen a miembros del crimen organizado. "Es la primera vez que se vincula por los hechos a un elemento de la Policía Federal, deberá recordarse que por mucho tiempo se negó la participación de otros cuerpos policíacos en la desaparición", explicó.

El anuncio de las capturas fue hecho durante una reunión que el mandatario mexicano mantuvo en el Palacio Nacional con los familiares de las víctimas de ese hecho ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Allí, López Obrador lanzó duras críticas a su antecesor. Recordó que durante esa administración “se decía que si estaba involucrado el Ejército" se tenía que "proteger" a la institución para que no se viera afectada.

"Yo sostenía lo contrario: si se aclaraba que habían participado militares, se tenía que decir, saber y castigar a los responsables y eso en vez de debilitar a las Fuerzas Armadas, las fortalecía", expresó.

Según la cuestionada versión del Gobierno de Peña Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en la ciudad de Iguala y entregados al cártel narco Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Al asumir López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía. Se reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que habrían creado ese cuestionado relato mediante torturas a los presuntos implicados.

El fiscal Omar Gómez Trejo dijo que se está buscando la captura del exidrector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien huyó a Israel y está acusado de haber sido el autor de esas torturas.

Por el caso ya están detenidos Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; y Blanca Castillo, ministerio público. Por su parte, el subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad, presentó un informe de los avances de la investigación.

"La verdad histórica se ha colapsado" después de que se identificaron restos de uno de los estudiantes lejos del basurero donde se suponía que los habían matado y que un análisis de las llamadas de esa noche concluyó que los jóvenes "nunca estuvieron juntos", dijo y prometió avances “sin generar falsas expectativas”. “Lo que queremos es conocer la verdad por dolorosa que sea", aseveró.

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Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

Los falsos positivos reviven en Colombia tras descubrir una fosa con 50 cadáveres

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló que la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad", explicó la JEP.

Escándalo recurrente

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército colombiano orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

Nuevo capítulo

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el mayor caso de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba son parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Como parte de este proceso, ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

"Estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria", señaló la JEP, que dijo que "hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas", cuya identificación estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El tribunal explicó que en la investigación que se lleva a cabo en Dabeiba se busca "encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas" como parte del "Caso 03" de la JEP, relacionado con "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado".

Ese proceso incluye medidas cautelares en 17 lugares "donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado" en Colombia.

En la investigación ha sido fundamental el testimonio de un exintegrante del Ejército que "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate", información que fue contrastada con un conjunto de pruebas, afirmó el tribunal.

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, no a oficiales de alto rango.

Como parte de esta investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Operacion macabra 

Los "falsos positivos", condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos con discapacidad, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander (noreste).

Este caso se convirtió en el más reconocido de las ejecuciones extrajudiciales pues al menos 15 de las víctimas sepultadas como guerrilleros en Ocaña procedían de Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Para exigir justicia por el asesinato de sus hijos, esposos o hermanos nació el colectivo Madres de Soacha, cuyos miembros acudieron a una audiencia en la JEP el pasado 17 de octubre para dar su versión de lo sucedido.

Ese día cuestionaron las versiones dadas por militares que en la década pasada integraron la Brigada Móvil No. 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, con sede en Ocaña, puerta de entrada a la convulsa región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

 

Por DANIEL SUÁREZ ZARTA (EFE)

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Viernes, 04 Octubre 2019 06:00

Se hizo justicia

Se hizo justicia

Análisis del fallo de la Corte Suprema en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia.

 


El 23 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia mediante la cual se ratificó la condena al general Jesús Armando Arias Cabrales a 40 años de prisión como coautor de la desaparición forzada de cinco personas que salieron vivas del holocausto del Palacio de Justicia. Se trata de una sentencia muy importante que todos las y los ciudadanos deberíamos leer y conocer.
Desaparición forzada | Palacio de Justicia | Abusos del Ejército | Bogotá D. C. |


Las y los desaparecidos


La desaparición forzada se estructura, según la Corte, cuando “un agente del Estado priva a una persona de su libertad, cualquiera sea la forma en que lo hace, seguida de su ocultamiento y negativa a reconocer dicho acto dicho acto o de dar información sobre su paradero”.


Para los jueces de la Corte Suprema, sin lugar a duda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, David Suspes Celis y Luz Mary Portela León, al igual que la guerrillera Irma Franco Pineda, salieron vivos del Palacio de Justicia bajo la custodia del Ejército Nacional y fueron entregados al B-2 de inteligencia de la Brigada XIII. Sobre Irma Franco, la Corte reitera que sí fue detenida viva, que se dipuso que hombres la custodiaran y que ella se identificó por su nombre y pidió poder comunicarse con su familia, antes de ser llevada al segundo piso de la Casa del Florero, en donde se interrogaba a los sospechosos, según el testimonio del soldado bachiller Edgar Alfonso Moreno Figueroa.


Hasta ahora no sabemos el paradero del administrador de cafetería Carlos Rodríguez e Irma Franco. “Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueron vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas,” dice la Corte.


El Ejército pensó que con el incendio de la edificación la noche del 6 de noviembre no quedarían sobrevivientes, pero ¡ah sorpresa! los seis guerrilleros y los sesenta rehenes que permanecían en el baño del costado norte estaban vivos y se convirtieron en un problema para los militares. Se siguió la directriz dada el día anterior por el general Arias Cabrales “todos a la Casa del Florero”. Las personas pasaron a disposición de la sección de inteligencia del Comando de la Brigada XIII, la cual se encargaba de los sobrevivientes, sospechosos o especiales “para interrogarlos; para investigar si participaron directamente en la operación criminal, o si apoyaron en su condición de empleados de Palacio la ejecución de la acción terrorista”.


El acto de aprehensión y posterior desaparecimiento de los “sospechosos”, como lo evidencia la secuencia con las grabaciones de dos radioaficionados, estaba prevista desde el comienzo de la operación. La desaparición forzada, consecuencia del operativo de “rescate” no fue un acto individual, sino un conjunto de acciones. El control de los militares era absoluto, hasta con los heridos ya que el general Arias Cabrales le dijo al coronel Edilberto Sánchez Rubiano que debía verificar a todas las personas que habían sido evacuadas heridas a centros asistenciales.


Que se mantuvo el control militar sobre todos los escenarios, todo el tiempo, es un punto clave en la sentencia pues se llegó a la “irracionalidad” de decir, ante la posible identificación de un guerrillero, que “si aparece la manga no aparezca el chaleco”. Anotó la decisión que “Desde este punto de vista es evidente que Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparecimiento de la guerrillera Irma Franco Pineda” y agregó que:


“Desde ese día, cuando ella fue entregada a miembros de la Brigada, nadie más supo de su destino. Desapareció; fue desaparecida. Con que fuera ella sola, únicamente, el grave delito se estructura objetivamente. No importa que fuera una persona por fuera o al margen de la ley (…). No importó su individualidad, como tampoco las de los otros desaparecidos. Bastó etiquetarlos como guerrilleros o sospechosos para perderla. En estos casos pesan más las categorías que los derechos, que la dimensión ética del ser humano”.


Y más exactamente sobre la naturaleza de la actuación del general Arias Cabrales, agrega la Corte que sus órdenes:


“realizaban a la perfección la directriz del general Rafael Samudio Molina, su superior Comandante de las Fuerzas Militares cuando señaló en relación con el tratamiento de los detenidos: ´El individuo capturado en el campo de combate debía ser rápidamente interrogado y evacuado a los organismos superiores´ Una clara manifestación, en palabras de la Corte, “de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregadas al contingente militar, un elemento sustancial del delito de desaparición forzada”.


El contexto histórico y político


La Corte juzgó al general Arias Cabrales, debido al comportamiento en los hechos de retoma del Palacio y los posteriores que califica como “los más aterradores y dolorosos del conflicto armado” los cuales no pueden “sustraerse del entorno histórico y político en que ocurrió”.


El 6 y 7 de noviembre de 1985 el país se encontraba en estado de sitio (decreto 1038 de 1984) que le dio facultades extraordinarias al presidente Belisario Betancur Cuartas. Entre ellas estaban mantener la competencia de la jurisdicción militar para investigar a civiles y crear el Tribunal Especial para coordinar la actividad de los Juzgados de Instrucción Criminal asignados para investigar lo ocurrido, que culminó en un informe publicado el 17 de junio de 1986.


Desde 1983 estaba vigente el “Plan Tricolor” diseñado para enfrentar una guerra exterior o una insurrección general, parcial o total en el territorio nacional. El objetivo principal del plan consistió en destruir al comando del M-19 que realizó la acción del Palacio y proteger a las tropas que participaron en el operativo de retoma del fuego amigo.


El rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para los militares, como lo confirmó el general Rafael Samudio Molina al afirmar que ello sólo sería posible “hasta donde las circunstancias lo permitieran”. Para cumplir el objetivo no se podían conceder treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones, las cuales debían caracterizarse por su persistencia, presión constante, continuidad y fuerza, a fin de conseguir resultados decisivos, como ocurrió durante las 28 horas de combate entre las fuerzas del Estado y los guerrilleros del M-19.


El “Plan Tricolor” fue activado inmediatamente por los altos mandos militares, lo cual explica la rapidez de la llegada de las tropas y los vehículos blindados al Palacio. Estaba orientado el plan por la filosofía del “enemigo interno” incrustado en la Doctrina de Seguridad Nacional en boga en países del Cono Sur. En esa doctrina “se mantuvo la tensión histórica entre la razón de Estado y los derechos humanos, que en ese entonces se resolvía en favor de aquel”. Una serie de derechos incompletos consagrados en el papel sin poder exigir su cumplimiento. O sea, en palabras de la Corte “un sistema en el que políticamente la razón de Estado primaba sobre los principios de la democracia y los derechos humanos”.


La orden presidencial


El expresidente Belisario Betancur Cuartas y los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales, insistieron durante el transcurso de las investigaciones judiciales -contra toda evidencia probatoria- que se trató de una operación de rescate de rehenes, en la que, según el expresidente de la República, “la regla de oro” era garantizar en todo momento la vida de los funcionarios judiciales, empleados y visitantes, inermes ante la acción del grupo asaltante. Pero esto no fue cierto.


Por el contrario, como se refleja en la decisión judicial, “está plenamente establecido que las armas del Estado se emplearon en contra los ciudadanos, empleados, visitantes, magistrados y guerrilleros, con el desabrido pretexto de “defender la democracia” (palabras del coronel Luis Alfonso Plazas Vega) sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes y con el uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948. “ P. 185 CSJ.


Tanto el Ejército como la Policía Nacional, bajo el mando unificado del general Jesús Armando Arias Cabrales, tenían la clara visión doctrinal de aniquilar al enemigo sin treguas, con persistencia, utilizando todos los medios armados al alcance. Para ello, contó con “la temerosa actitud del presidente de la República de no intervenir”, según las propias palabras de la Corte y añadió que “la operación militar no tuvo tregua y menos reparo sobre la vida de los magistrados, empleados y ciudadanos, y de los guerrilleros vencidos en esa infausta acción terrorista que nunca ha debido ocurrir”.


El fallo ratificó que el director supremo de la operación retoma fue el general Arias Cabrales. Él sabía del procedimiento a seguir en el caso de los capturados. Dispuso que las personas que salieran con vida debían ser conducidas a la Casa del Florero, no para auxiliarlas como él afirmó, sino para identificarlas, interrogarlas y establecer la identidad de los integrantes del grupo enemigo. Como lo dijo la Corte, fue el artífice de la “solución final” que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su acción, su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron.


Dice la sentencia que la gravedad de la conducta del general Arias Cabrales y de los oficiales de la Fuerza Pública que participaron del criminal operativo de retoma “es propia de un grave atentado a los Derechos Humanos, imponen en este caso que el derecho a la verdad y a la no impunidad, que es en lo que consiste la justicia material desde este ámbito, primen sobre la formalidad de la orden judicial previa, mas aún si se asume que con esa actuación no se creó un estado de indefensión para el procesado Arias Cabrales, en cuanto pudo objetar su contenido en el proceso, sin hacerlo”.


La Casa del Florero


Con la sentencia de la Corte en el caso del General Arias Cabrales, se comprobó que no eran ciertas sus afirmaciones de que en la Casa del Florero no se instaló el puesto de mando adelantado, o que fue utilizada para prestar primeros auxilios a los rescatados e identificarlos, luego de lo cual se les facilitaba el rápido retorno a sus hogares. Tampoco que muchas personas salieron por la puerta vehicular de la carrera 8ª y que otras fueron llevadas a centros asistenciales sin pasar por la Casa del Florero. También riñe con la verdad procesal lo afirmado por Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la Brigada XIII a cargo de la Casa del Florero, que solo brindó asistencia a las personas rescatadas y que allí reinó un caos y que no tenía mando sobre la Policía y el DAS.


Por el contrario, no hubo tal salida masiva porque la conducta de las personas al interior del Palacio era la de esconderse y salir sólo cuando fueron evacuado por el Ejército a la Casa del Florero. Los centros asistenciales estaban controlados por el ejército y algunos heridos pasaron por la Casa del Florero, que no era un lugar de primeros auxilios, sino que sirvió para identificar a los sospechosos o especiales e interrogarlos. Tampoco reinó el caos porque estuvo bajo el control absoluto del coronel Sánchez y tanto la Policía como el DAS estaban subordinados a él por el principio de la unidad de mando.


Esperamos con esta decisión de la Corte que no solo se abra el camino de verdad judicial, sino que el pacto del silencio e impunidad que ha caracterizado el caso de los desaparecidos del holocausto y demás víctimas, empiece a resquebrajarse. Veremos si los militares que se han sometido y quieran someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le van a contar la verdad histórica de lo sucedido y también si acudirán a la Comisión de Esclarecimiento y Verdad y a la Unidad de Búsqueda de los Desaparecidos para evitar un pacto del olvido que no seremos.

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Saeb Erekal

Durante mi visita a Chile en 2015, un buen amigo me llevó a recorrer el monumento a los detenidos de-saparecidos durante la dictadura de Pinochet. Fue un momento de mucha solemnidad. Como palestino, yo también sé muy bien lo que significa tener hermanos y hermanas cuyos cuerpos no han sido devueltos. La emoción poco a poco se transformó en un mayor entendimiento de Latinoamérica y su respeto al derecho internacional y, particularmente, el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es una forma de decir "nunca más". ¿Para qué podría existir el derecho, sino para dar garantías de igualdad a todos, incluidos los más débiles?

Pero la historia también está marcada por sectores que no consideran el derecho como un valor, tampoco la igualdad, sino que ambos se transforman para ellos en una amenaza. Son quienes consideran que el poderoso puede constantemente humillar al débil, y es algo que se da en varios aspectos de la vida, desde las diferencias económicas a las diferencias sociales. Si la política exterior de cada país es una extensión de su política local, entonces no debe sorprender la decisión del presidente hondureño de, en violación flagrante de sus obligaciones bajo el derecho internacional y particularmente de la resolución 478 del Consejo de Seguridad, reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Son las consecuencias de la era Trump, donde el presidente estadunidense ha levantado a un puñado de populistas de derechas a nivel mundial quienes, de forma consciente o inconsciente, contribuyen a desbancar el sistema internacional. Eso es lo que ha estado haciendo Estados Unidos a través no sólo de sus ataques contra importantes tratados y organizaciones internacionales, como el protocolo medioambiental de París, la Unesco y el Consejo de Derechos Humanos, sino también en contra de principios básicos del derecho internacional. En efecto, reconocer a Jerusalén como capital de Israel –tal como el reconocimiento de las Alturas del Golán, pertenecientes a Siria, como parte de Israel– es un intento de normalizar la adquisición de territorio por la vía armada, una violación flagrante a uno de los principios básicos del derecho internacional humanitario.

Los objetivos cortoplacistas de aquellos populistas se oponen al interés de avanzar en la seguridad y paz mundial, de la misma forma que contribuyen a sentar precedentes tremendamente negativos para el futuro de la humanidad. En Palestina hemos sido víctimas de la falta de implementación de las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, pero eso no quiere decir que el problema sea el derecho, sino la voluntad política para implementar sus principios. Esa misma falta de voluntad que permitió que el Apartheid en Sudáfrica se mantuviese por décadas.

La decisión de Honduras, quien junto con Guatemala se ha querido transformar en paladín de Estados Unidos en Centroamérica reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, a pesar de que ambos países han sido llamados shithole countries o "países de porquería" por el presidente Trump, refleja una triste y peligrosa realidad en política internacional: quienes no dan valor al derecho simplemente no dan valor al principio básico que debe guiar las relaciones entre los países: el respeto.

La mentalidad clientelista de quienes justifican al presidente hondureño señalando que a cambio Honduras va a recibir "cooperación" por parte de Israel, no sólo se olvidan de la clase de "cooperación" entregada por Israel a las dictaduras latinoamericanas, sino que simplemente entregan el mensaje de que su política exterior está a la venta. Claramente la política exterior está basada en intereses, pero también en balances. Los intereses, tanto comerciales como de cooperación y políticos, y los principios básicos del derecho internacional, deben ir aliados de forma tal que las relaciones internacionales se transformen en un vehículo que propague la paz y no –como en este caso– un instrumento de un líder populista para acercarse irresponsablemente a esos mismos poderosos que, en el pasado, ya han mostrado el poco valor que asignan a sus relaciones bilaterales.

Latinoamérica sigue representando para Palestina un bloque natural de apoyo. Sus identidades y experiencias entienden la importancia del derecho internacional, particularmente del derecho a la autodeterminación. Al mismo tiempo que, en conjunto con nuestros aliados y particularmente con los miembros de la Liga Árabe, revaluaremos las relaciones como bloque con Honduras, también impulsaremos nuestras relaciones con el resto de la región. La causa de Palestina sigue siendo una causa universal por el respeto de la libertad y la justicia, algo que sin importar lo que haga Trump y sus amigos populistas, no cambiará la identidad de Latinoamérica en defensa de esos mismos valores, ni tampoco la realidad de Jerusalén como ciudad ocupada, ni el derecho de Palestina a existir libre y soberana.

* Secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina y jefe negociador palestino.

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Lunes, 29 Julio 2019 09:33

La fotografía

Ilustración Beto Gallego, “El Poeta”.

Su cuerpo desvalido de toda fuerza únicamente le permitía sostener los restos de su hijo y la pena más profunda en su corazón.

Esa fue mi primera impresión al verla en la foto, ¡pero qué tan equivocado estaba!
 
La foto registra su dolor pero no su capacidad de resistencia y de amar. Detrás de la imagen está su vida que se desborda de cualquier registro, interpretación, o forma que intente contenerla. Aquella mujer se aferraba con todas sus fuerzas a las entrañas de la vida, como la raíz de un árbol centenario abrazaba la tierra mientras sostenía entre sus hojas los frutos de la vida que se le escapaban.

Su historia, en el mapa nacional, representa el desierto: aquel lugar donde la vida dejó de existir, cansada de la infecunda violencia. Su hijo, el que aparece en la foto, es el último de cuatro que le arrebató la guerra. Su esposo, por su parte, murió a los pocos días después, según afirma ella, a causa de pena moral y no por una enfermedad terminal como diagnosticaron los médicos. Pese a sus duras circunstancias es una mujer que sigue abriendo surcos al torrente de la vida.
Su lucha silenciosa no tiene el estruendo ni el desgarramiento de los fusiles, es como un tejido que une y se irradia, sutil y lentamente, en la savia de quienes la rodean. Paso a paso va llenando el vacío de su vida, y tras su rastro va restándole espacio a la ausencia que dejó la guerra.

Esta mujer es una madre del campo, pero podría ser cualquier madre. No lleva aureola en su cabeza ni plumas en sus alas de ángel, ni daga alguna matando al dragón. No es la redentora de los males que aquejan nuestra sociedad pero sí una mujer que inspira, una mujer llena de amor hacia la vida. Su grandeza, vista de cerca en una foto, es invisible.

Publicado enEdición Nº259
El Bloque Tolima disparó  al corazón y a la mente

El amor es el antídoto del miedo. 

Pero el sujeto debe autoafirmarse primero.

Emilio Mira y López

 

El instrumento paramilitar del Estado colombiano ha tenido diferentes efectos en su aplicabilidad. Es decir, en todos los ámbitos humanos como estrategia contra-insurgente y anti-popular que abre paso en los territorios a la invasión del capital privado-multinacional. El norte del Tolima, fue un territorio de incursión paramilitar del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde la comunidad fue víctima de las múltiples acciones terroristas utilizadas por este grupo armado para-estatal.

 

De los años 2002 al 2005 se vivió la guerra entre el Bloque Tolima, la insurgencia y comunidad. Desde su llegada en todo el departamento del Tolima, los asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones, extorsiones hicieron parte de la caja de herramientas para ocupar el territorio, desarticular el tejido social y sacar a la insurgencia del mismo. Esto con el ánimo de imponer el miedo y la desconfianza entre las personas. En el norte del Tolima, se tiene registrado los asesinatos de 3 personas en la vereda La Trina (Líbano) el 11 de septiembre del 2003. El asesinato del líder campesino y comunal Ángel María Rodríguez el 3 de marzo del 2004, en la vereda La Esmeralda, Villahermosa. Además, la estigmatización al corregimiento de Santa Tereza, Líbano, como zona insurgente convirtiendo a sus habitantes en objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Ahora bien, también se registran daños emocionales y sicológicos debido al control social en la rutina diaria de la comunidad. Siguiendo con Santa Teresa, se restringió la movilidad de las personas después de las 6:00 pm; el asesinato de un joven en el parque principal en horas del día; la instalación de bases militares en fincas y cementerio del corregimiento; los grafitis en algunas casas y locales con las siglas de las AUC, se encaminaron a sembrar miedo y desconfianza, a transformar el carácter público y de encuentro de los espacios públicos al tiempo que se suspendieron los eventos comunitarios como campeonatos de fútbol, celebraciones del día de la madre, fiestas patronales, ferias, la cancelación de clases desarticulando por completo la convivencia en la comunidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

 

Esta pequeña radiografía en el norte del Tolima, es una muestra a nivel local de la invasión paramilitar al resto de la región en donde se vieron afectados también pueblos indígenas, sindicalistas, partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. En ese sentido, es necesario realizar el análisis desde el campo de la sicología de guerra de este caso para comprender los efectos en la siquis comunitaria e individual de las acciones paramilitares, con el fin de ganar una guerra contra-insurgente.

 

La guerra sicológica del Bloque Tolima de las AUC

 

Al evidenciar el asesinato político, la tortura, las amenazas, violaciones y demás acciones paramilitares contra la comunidad, puede comprenderse que son recursos centrales en la estrategia contra-insurgente, los mismos que traen consigo la deshumanización tanto de victimarios y víctimas. La deshumanización se traduce en la perdida de atributos humanos como la esperanza, sensibilidad ante el sufrimiento y el sentido de la solidaridad (Baró, 1990).

 

Ahora bien, el paramilitarismo cuando aparece en la prolongación de la guerra y azote de territorios como el norte del Tolima, produce: relaciones sociales deshumanizantes, desprecio por la vida, perdida de la identidad personal y grupal, lo que se complementa con la parálisis política cuyos efectos se prolongan después de la desintegración o reducción al mínimo nivel de la organización social, blanco del paramilitarismo.

 

Como eje central de todos estos estragos, se encuentra el miedo sembrado en la comunidad el cual, en el contexto del Norte del Tolima, tiene dos niveles: la prudencia/retraimiento y la concentración/cautela sembrados en los habitantes de este territorio. A decir, la prudencia/retraimiento impone un límite a los fines y ambiciones, como la renuncia a los placeres que contengan riesgo, así mismo busca evitar las situaciones que se aproximan. Por el otro lado, la concentración/cautela se traduce en asegurar el básico e inmediato propósito de tener una situación de seguridad y por la cual se emplean todas las facultades. La preocupación es una constante acompañada de pesimismo, que hace ver al sujeto reservado desde la perspectiva externa (Mira, 1944).

 

Con los casos de las víctimas de las AUC arriba descritos, se presentó también el otro rasgo que hace cosechar el miedo colectivo, es el peligro impredecible, debido al cambio de lugar y la irregularidad en la apariencia o desaparición de los estímulos fobígenos que aumentan su carácter sorpresivo (Mira, 1944). La comunidad del Líbano y Villahermosa, eran conscientes de la presencia de paramilitares en su corregimiento o vereda, pero no sabían cuándo ni dónde actuarían contra ellos estos sujetos armados.

 

Junto al miedo, caminaron la angustia y el terror por los caminos y trochas del norte del Tolima con el fin de asfixiar los procesos organizativos y movilizadores que apuntaban a las transformaciones sociales, ¿por qué? Porque según Baró (1990) hay tres acciones en la guerra sicológica: la persuasiva (consciente), sugestiva (subconsciente) y compulsiva (inconsciente) y esta tercera tuvo mayor preponderancia en el territorio abordado, pues continuando con el autor la acción compulsiva por medio de la implementación del miedo, el terror y la angustia produce que la comunidad solo piense en conservar la vida, dejando en un segundo plano las reflexiones y acciones sobre la complejidad social y política que la rodea (Baró, 1990).

 

El fin, entonces, de esta estrategia tuvo dos caras, la inmediata y la de largo plazo. La primera estuvo cargada de los hechos denunciados y sistematizados que desarticularon el tejido social, minó la fuerza política de las organizaciones campesinas y, por supuesto, buscó la desaparición de la insurgencia. La segunda cara de la estrategia tiene sus efectos en la actitud colectiva que incide con desconfianza, miedo, frustración y desesperanza en la visión de la vida en el territorio, instalando una barrera invisible a las iniciativas organizativas que busquen transformaciones sociales.

 

Para que el amor sea realmente eficaz

 

Comprender el campo de la sicología de las relaciones humanas en un contexto de guerra, es obligatorio para incluir otro escenario de reflexión en las causas de las conductas de la comunidad y poder establecer rutas que permitan superar las heridas sufridas por el paramilitarismo sin desprenderse de la realidad social que sigue dinamizada por los conflictos sociales.

 

Así mismo, para las organizaciones sociales es inherente a su quehacer el abordar la salud mental de sus miembros y de las comunidades que se articulan a los planes de vida digna ya que por años una de las malas tradiciones de la izquierda ha sido despotricar el aspecto sicológico de los sujetos. Hoy en día, es imperioso aprehender del amor para que sea realmente eficaz.

 

* Coordinador Nacional Agrario – Congreso de los Pueblos.

 

Bibliografía

Baró, Ignacio Martín (1990), Sicología social de la guerra: Trauma y terapia. UCA, San Salvador, El Salvador.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), “De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe Nº 1”, Cnmh, Bogotá.
Mira y López, Emilio (1944), Siquiatría en la guerra. Editorial Médico-quirúrgica, Buenos Aires.

Publicado enEdición Nº254
HRW denuncia que Colombia promueve a militares bajo sospecha de participar en ejecuciones extrajudiciales

La ONG acusa al Gobierno de Iván Duque de situar en puestos clave a nueve generales investigados directa o indirectamente por el escándalo de los falsos positivos


El Ejecutivo de Iván Duque ha situado en puestos clave del Ejército colombiano a al menos nueve generales sobre los que existen “evidencias creíbles” que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate —conocido como el escándalo de los falsos positivos—, según ha señalado este miércoles la ONG Human Rights Watch (HRW). Después de analizar decenas de decisiones judiciales, testimonios e informes de la Fiscalía General de la Nación, la organización de defensa de los derechos humanos sostiene que al menos tres de los militares que han sido ascendidos están siendo directamente investigados. Los fiscales indagan también numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis.


“Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas. La ONG ha denunciado con insistencia los obstáculos que los sucesivos Gobiernos colombianos han puesto a las pesquisas sobre las ejecuciones extrajudiciales. “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.


En diciembre, cuando renovó la cúpula militar, Duque nombró al general Nicasio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército. En ese mismo mes, el Gobierno nombró nuevos comandantes en varias posiciones clave. La ONG asegura haber encontrado pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho de esos generales con el caso de los falsos positivos y con otros abusos. El actual comandante del Ejército fue, entre octubre de 2004 y enero de 2006, el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada, y la Fiscalía ha abierto investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada, según detalla la ONG.


Además de Martínez Espinel, los otros generales promovidos por Duque a comandancias del Ejército que menciona el informe de HRW son Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.


La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra más graves cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre las más de 2.000 ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate. El tercer proceso que asume ese sistema de justicia transicional —surgido de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las FARC— se abrió a mediados del año pasado a partir de un informe elaborado por la Fiscalía que identifica un total de 2.248 víctimas de "falsos positivos" entre 1988 y 2014. Casi la mitad de los casos son jóvenes humildes de entre 18 y 30 años. El fenómeno aumentó dramáticamente a partir del año 2002, durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador y mentor político de Duque, y es especialmente crítico entre 2006 y 2008.


En las divisiones del Ejército que concentraron la mayoría de los casos "están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos", apuntó la JEP en su momento. Al priorizar el caso de los falsos positivos, el tribunal tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también había llamado la atención sobre este fenómeno, una de las peores manchas de un conflicto armado que por más de medio siglo ha involucrado al Estado, guerrillas y grupos paramilitares.


A pesar de que los tribunales colombianos han condenado a cientos de miembros del Ejército por su papel en las ejecuciones extrajudiciales —en su mayoría soldados rasos, apunta Human Rights Watch—, las autoridades no han procesado a los comandantes presuntamente responsables de estos crímenes.

Bogotá 27 FEB 2019 - 12:00 COT

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“Seguimos desenterrando la barbarie de la guerra en Colombia”

El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, próximo a dejar su cargo, afirma que sus investigaciones han contribuido a sacudir a la sociedad

Gonzalo Sánchez (Líbano, Tolima, 1945), autor de libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia, forma parte de la camada de investigadores que se llegó a conocer como los “violentólogos”. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional, con un máster de la universidad de Essex y un doctorado en sociología política de la Escuela de Altos Estudios de París, dirige desde el año 2007 el Grupo de Memoria Histórica, que pasó a ser el Centro Nacional de Memoria Histórica, la entidad encargada de documentar el conflicto armado. En decenas de informes, el CNMH, surgido de la ley de víctimas de 2011, ha reconstruido las masacres más emblemáticas de guerrillas y paramilitares, así como las dimensiones de la guerra que ha asolado a Colombia por más de medio siglo.

Sánchez ya ha anunciado su retiro del cargo. “La memoria se convirtió en un patrimonio público, de los colombianos pero también de la humanidad”, dice a EL PAÍS en su estudio, en el tradicional barrio bogotano de Teusaquillo, al repasar su labor. El nombramiento de su sucesor ha despertado intensos debates en un momento delicado para la implementación del acuerdo de paz con las FARC bajo el gobierno de Iván Duque, un crítico de la negociación que el pasado 7 de agosto relevó a Juan Manuel Santos. Advierte que “lo que estamos viendo en relación con la tareas del centro es la puesta en marcha, en vivo, en escena, del relato como un nuevo campo de batalla”.


Pregunta. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa Colombia?


Respuesta. Es un momento muy extraño. Es un cruce de algo que se vivió en los últimos cuatro o cinco años, que era un horizonte de esperanza, con el cambio generado por las elecciones, que se traduce en un momento de incertidumbre. Parecería haber todavía alientos para la esperanza, pero eso se ve más desde afuera que desde adentro. La gente que está mirando desde fuera, con la experiencia de análisis de los conflictos armados, hace una invitación permanente a la paciencia, a que a los cambios sobrevinientes a un proceso de negociaciones hay que darles unos tiempos.


Hay signos muy complejos. Un proceso de paz exige muchísima definición, compromiso, decisión sobre lo que hay que apoyar. Los mensajes que se mandan desde toda la institucionalidad suenan todavía ambiguos. Los signos sobre la consolidación de lo que supuestamente debía estar en marcha no son tan alentadores. No hay unas líneas claras que permitan mantener muy firmemente el optimismo. A todo esto se agrega un contexto internacional muy poco favorable, por lo menos en el vecindario. El proceso va a sobrevivir por la inercia de lo que es, pero vamos a estar en aguas procelosas un largo rato.

P. En su momento, en Colombia se usó mucho la expresión de que los astros estaban alineados para alcanzar el acuerdo con las FARC.


R. Los astros se desalinearon demasiado rápido. Si se hubieran desalineado con cuatro o cinco años del proceso andando en forma, el barco resiste bien, pero es que aquí la tempestad le madrugó al embarque. Estamos en una situación difícil.


P. Parecería que Colombia no quiso ver la barbarie de la guerra mientras ocurría. ¿Los informes del CNMH le han abierto los ojos?


R. Sí. Cuando lanzamos el primer informe sobre la masacre de Trujillo con mucha fuerza, en 2008, el impacto fue tremendo. Y seguimos desenterrando esa barbarie: las masacres de El Salado, de La Rochela, de El Tigre, de Bahía Portete (…). Y seguimos año tras año mostrando los múltiples rostros de la masacre, las enormes cifras de la tragedia que el país había vivido, cuando comenzamos a mirar procesos ya no locales o regionales sino temas globales como el despojo de tierras, la desaparición forzada, el secuestro, el reclutamiento forzado. Las cifras escandalizan al país, pero por momentos. La toma de consciencia del impacto de la guerra es de grandes relámpagos. Es una lucha de la memoria y de la verdad permanente por ser reconocida, de lo que se ha ido mostrando paso a paso. Parecería como si se necesitara otra vez que se prendiera la guerra para que la sociedad volviera a descubrir qué tanto se había ganado con la paz.


P. Hay cifras difíciles de entender, como la de 4.000 masacres o más de 80.000 desaparecidos. ¿Alguno de los informes lo impactó particularmente?


R. El de la desaparición forzada, que vimos crecer como fenómeno en el proceso investigativo. Cuando empezamos, las cifras que se manejaban eran de cinco, siete mil desaparecidos en el país. Esas cifras se nos van creciendo gradualmente, y ahora llegamos por el proceso mismo de esclarecimiento a esta cifra escandalosa de más de 80.000 desapariciones en la democracia colombiana. Las dimensiones fueron superiores a todas las dictaduras sumadas del Cono Sur, y no habíamos visto eso.


P. ¿Algún otro?


R. Todos los informes fueron terribles, esto fue un proceso de conmoción repetida. Cuando se descubre Trujillo, con esas formas de la violencia asociadas a la motosierra, eso sacudió al país. Escuchar la violencia de El Salado, ejercida sobre una población inerme recogida en una pequeña plaza, y cómo comenzaron en un acto ceremonial, ritual, a ejercer las formas más perversas de tortura a los ojos de todos los que quedan vivos, de niños y mujeres, hasta llegar a liquidar a esa población… Sí, yo creo que el centro ha contribuido enormemente a través de este trabajo a sacudir a la sociedad colombiana.


P. ¿Qué le diría a su sucesor o sucesora en el cargo?


R. Que la confianza que se ha construido con las comunidades hay que protegerla, guardarla y proyectarla. Segundo, que debe tener una mirada muy abierta, muy integral del conflicto, para que el centro siga manteniendo su legitimidad, el reconocimiento de todas las víctimas, de todos los actores, de todos los responsables y de todos los territorios. Es decir, esa vocación globalizante del conflicto es la que le da la legitimidad que se está defendiendo ahora. Y el tercer punto, el trabajo del centro se convirtió en un referente político muy importante en el país, y hay que continuar abriendo los actores que entran a la conversación de la memoria. Nosotros la iniciamos y quisiéramos que se protegiera, no solamente para las víctimas, para la sociedad.


P. Algunas organizaciones han hecho un llamado a defender la visión amplía y pluralista del CNMH. ¿Siente que su legado en este momento de cambio de gobierno está bajo riesgo?


R. Los mensajes no han sido muy claros. Yo confiaría en que después de esta movilización que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la memoria, de los archivos, de la apertura a escuchar las diferentes voces que han vivido la guerra en el país, la nueva dirección que sea dé cuenta de esa diversidad enorme que es la diversidad del conflicto. El peor mensaje que se le puede mandar a la sociedad es que el centro se va a convertir en vocero de un sector del conflicto en Colombia, o de una sola línea de víctimas.

Por Santiago Torrado
Bogotá 27 OCT 2018 - 11:09 COT

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Sábado, 28 Abril 2018 06:18

Denuncian y se abre el diálogo

Denuncian y se abre el diálogo

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua informó el jueves que al menos 63 personas murieron y otras 15 están desaparecidas, en lo que definió como “una masacre contra el pueblo”. La CPDH, creada en 1977 en plena dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue clave en sus derrocamiento con sus denuncias a las persecusiones de campesinos que recorrieron el mundo, y desde entonces es la principal fuente de consulta sobre violaciones a los DD.HH. en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales y centros académicos especializados.


En tanto, aún no se sabe cuándo se iniciará el diálogo propuesto por el gobierno, aceptado con condiciones por los estudiantes, que siguen atrincherados en una universidad, y con la mediación de la Iglesia, principal aliado del gobierno, que a su vez convocó a una marcha en Managua para el próximo sábado.


La cifra de muertos difundida por la CPDH, que el miércoles estimaba que los desaparecidos eran 60, sextuplica el número de fallecidos informados por el gobierno de Nicaragua, y casi duplica las estimaciones de gente abatida a tiros, la mayoría de ellos jóvenes, difundida por ONGs y otros organismos defensores de los derechos humanos.
El director del CPDH, Marcos Carmona, señaló el jueves, flanqueado por jóvenes que estuvieron detenidos por la policía, algunos visiblemente golpeados y lastimados, y por madres que mostraron fotos de sus hijos fallecidos en los disturbios, que “lo que se dio es una masacre contra los estudiantes, contra el pueblo de Nicaragua”.


La posición del recién creado Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A) fue plasmada en una proclama divulgada anoche en rueda de prensa en la Universidad Politécnica (Upoli) por líderes estudiantiles cuya identidad no fue revelada. “Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos extendió la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en el marco del respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución Política”, indica el texto leído por una integrante de la agrupación. Sin embargo, asistirán al diálogo “siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos”,

advirtió la proclama citada por medios locales. El M19A responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias”, y reclamó la renuncia de ocho jefes policiales.


La ola de manifestaciones en Nicaragua comenzó la semana pasada detonada por reformas en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que aumentaba los aportes patronales, en menor medida de los trabajadores, y reducía las jubilaciones en un cinco por ciento. A causa de las protestas, el domingo el presidente Ortega anuló esa reforma.

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Hidroituango

 

Entre el 15 y el 23 de enero de 2018, una misión de verificación integrada por seis personas, entre abogados, activistas de derechos humanos (ver perfiles al final) y representantes de organizaciones sociales, realizaron un recorrido por el cañón del río Cauca, zona de influencia del megaproyecto hidoreléctrico más grande del país: la represa Hidroituango, para constatar, a través de testimonios de comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del río que podrían corresponder a muchas de las víctimas de al menos 642 desapariciones forzadas, y de 63 masacres con 372 víctimas, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas cifras corresponden a los periodos 1978- 2016 y 1982-2016, respectivamente.

Las estadísticas del CNMH no coinciden con las del Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, de 622 y 343 víctimas respectivamente, pero todas dan cuenta de la magnitud de la violencia sociopolítica vivida en la zona, y de la existencia de una verdadera fosa común en las riberas del Río Cauca, cuya verdad histórica, así como derechos de sus familiares podrían quedar inundados y enterrados debajo del megaproyecto.

“Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados -Pescadero, entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha entre Sabanalarga y Peque; y el Puente viejo en el corregimiento de Puerto Valdivia- como lugares de tortura, ejecución y sacrificio de personas en donde tiraban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y asesinatos que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango.”

Por tal razón, la misión lanza un llamado de urgencia al gobierno nacional emprenda un plan de búsqueda antes de que se inicie la inundación de esta represa prevista para junio de 2018. Cabe anotar que las comunidades, a través del Movimiento Ríos Vivos, Antioquia, que agrupa a organizaciones campesinas de los 12 municipios con influencia del proyecto, ha denunciado esta situación desde el año 2012, son tener eco en las autoridades ni los medios de comunicación.

Las exhumaciones que se han realizado por cuenta de los avances de la obra Hidroituango, han encontrado 159 cuerpos de los cuales han sido identificados y entregados 84, en medio de irregularidades como la participación de privados, mediante convenio entre Fiscalía y EPM:

“Conforme lo indicado por Fiscalía, entre ella y EPM existen acuerdos con el propósito de que la empresa recabara la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de inundación del proyecto, a partir de la cual la Fiscalía realizó 159 exhumaciones. Asimismo, se nos señaló que se convino que era competencia de la empresa la sociabilización y concertación de la exhumación y traslado de aquellos cuerpos presentes en los cementerios de la zona a ser inundada con las familias involucradas, para lo cual EPM convocó a licitación a diferentes entidades”.

Las comunidades han denunciado señalamientos y estigmatizaciones en este procedimiento, ya que en muchos casos fueron los mismos pescadores y pescadoras quienes dieron sepultura por sus convicciones morales y éticas a estos cuerpos. Por eso reclaman que el plan, en el cual están dispuestos a colaborar, cuente con garantías y protección para ellas y que el Estado asuma su responsabilidad en el papel de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos a sus familiares.

La misión también encontró que las muertes violentas en la zona no son cosa del pasado y que persistes la amenaza para las comunidades, como lo percibió una de las integrantes en carne propia, según se recoge en el informe final:

Se constató que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsisten la presencia de paramilitares en la zona. Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole que “si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona” y respecto a ese momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí.

La misión también se reunió con autoridades regionales y nacionales relacionadas con los procedimientos de recuperación e identificación de cuerpos y búsqueda de desaparecidos en el departamento de Antioquia. Con base en esta recopilación de información presentó sus recomendaciones dirigidas a la Fiscalía investigar y desplegar el plan de búsqueda, tomando las medidas de protección para la comunidad.

También a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya puesta en marcha considera de la mayor urgencia e importancia, para que preserve los sitios y disposición de cuerpos y referencias a su ubicación y garantice la protección a quienes suministran dicha información, así como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para garantizar la memoria y la no repetición de los hechos allí ocurridos.

La misión también se dirigió a la comunidad internacional y le solicitó que impulsen, acompañen y realicen el seguimiento al caso, y ala sociedad civil para que se informe y solidarice con esta realidad.

A las Empresas Públicas de Medellín, EPM, les solicita que se abstengan de seguir realizando labores que puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia y en particular la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos en el área de influencia del megaproyecto.

 

La misión convocada por el Movimiento Ríos Vivos y con apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo estuvo integrada por:

- Verónica Heredia. Abogada argentina defensora de Derechos Humanos; representante legal de las víctimas en el Caso “Torres Millacura” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los familiares en el caso de Santiago Maldonado; abogada de Nora Morales de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora en habeas corpus; Secretaria de la Asociación Civil sin fines de lucro “Encuentro de Profesionales contra la Tortura”

- María Elena Ugalde. Abogada chilena, apoyo jurídico al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y en causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura chilena.

- Carolina Caycedo. Artista plástica vinculada a #MásVoces, colectivo de trabajadores culturales en Colombia que se organiza en 2016, ante la apatía de la sociedad civil y la desidia estatal frente al incremento de asesinatos de defensores/as de derechos humanos y líderes sociales post acuerdo.

- Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders, protección a los/as defensores/as de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line da respuesta las necesidades de protección identificadas por los mismos/as defensores/as.

- Erik Arellana Bautista. Periodista de Colombia Plural, nuevo medio de comunicación independiente, periférico y diverso con vocación de incidencia en la opinión pública nacional colombiana pero desde la construcción de narrativas territoriales que sean el reflejo de la diversidad humana, política y cultural del país; miembro de la plataforma desaparicionforzada.co, red amparada por la asociación Human Rights Everywhere.

- Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Organización sin ánimo de lucro, que surge en el 2004 en respuesta a la necesidad de un equipo forense independiente, al servicio de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

 

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