Jueves, 27 Septiembre 2012 06:25

Los “paras” confesaron sus crímenes

La Fiscalía General de Colombia reportó ayer que grupos de paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en ese país confesaron los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. Estos hechos dejaron más de 50 mil víctimas.


El informe de la Fiscalía añadió que desde que los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a entregar información sobre fosas clandestinas, las autoridades han encontrado 4767 cuerpos, en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander. La información, revelada por la cadena de radio RCN, señala que las confesiones de los ex integrantes de las bandas de ultraderecha mencionan en total a 50.509 víctimas. Entre los casos referidos por los delincuentes en las indagatorias se encuentran 25.083 asesinatos, 10.925 casos de desplazamiento y 3459 de desaparición forzada. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que se calcula que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de los paramilitares permanecen enterrados en fosas comunes.


Las AUC reunieron a varios grupos paramilitares que se crearon en los años ’80 mediante la financiación de terratenientes y narcotraficantes con la supuesta intención de combatir a la guerrilla, aunque terminaron involucrados en negocios de tráfico de drogas y cometiendo múltiples delitos de lesa humanidad contra campesinos. Esos grupos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que pidió al Congreso aprobar una ley por la cual los paramilitares no pueden recibir penas superiores a ocho años de prisión. Según la administración Uribe, unos 32 mil integrantes de esa organización se desmovilizaron.


En tanto, Uribe anunció ayer que demandará a dos ex congresistas que aseguraron que los grupos paramilitares apoyaron su elección en 2002. El ex mandatario adelantó en su cuenta en Twitter que sus abogados entablarán una “denuncia penal” contra Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, ex legisladores que fueron condenados por haber mantenido nexos con las desaparecidas AUC. En un comunicado, divulgado el martes a la noche, Uribe sostuvo que Pineda y De la Espriella recibieron presiones de Saltavore Mancuso, uno de los antiguos jefes máximos de las AUC que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce mandos paramilitares, para que declararan en su contra en esta causa.


Los dos legisladores participaron el martes como testigos en un proceso judicial contra Mancuso, quien ha intervenido en la audiencia por medios virtuales. Este ex paramilitar confirmó el apoyo a la elección de Uribe e, incluso, aseguró que financió un mitin político realizado en una localidad del noroeste del país. Pineda y De la Espriella afirmaron el martes en un tribunal de Bogotá que esa organización ultraderechista apoyó la elección de Uribe en 2002. Según ellos, el apoyo lo ordenó Mancuso.


Los ex legisladores de origen liberal aseguraron que ambos, por decisión de Mancuso, hicieron de interlocutores ante Uribe, quien fue reelecto en el 2006, año de la disolución de las AUC, dentro de un proceso de paz con su gobierno. Como consignó el diario colombiano El Tiempo, los ex legisladores declararon que ellos le comunicaron a Uribe, a principios del 2002, el apoyo de las autodefensas a su campaña. Según informó el periódico, De la Espriella fue uno de los primeros políticos condenados por las alianzas con los “paras”, y hasta su captura en el 2006 era uno de los congresistas más cercanos al gobierno de ese momento. El ex congresista indicó que las autodefensas supuestamente financiaron algunos de los gastos, como la compra de 50 mil camisetas, que encargaron directamente a China y a Panamá, e incluso, habrían manejado la logística de transporte y seguridad, incluidas las giras de Uribe en Córdoba. De la Espriella también habló de una reunión que se habría realizado cuando Uribe era presidente.

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Bogotá, 29 de abril. Jesús Arias Cabrales, general retirado del ejército colombiano, fue condenado a 35 años de cárcel por varios casos de desaparición forzada de personas durante el asalto al Palacio de Justicia por el ahora extinto Movimiento 19 de abril (M-19), en 1985.

El abogado Jorge Molano informó que el fallo fue anunciado por la juez Cristina Trejos, quien declaró culpable a Arias Cabrales del delito de desaparición forzada agravada de varias de las 11 personas de las que nunca se volvió a tener noticias, después de que las tropas entraron por la fuerza al recinto, el cual había sido tomado por la organización guerrillera.

La sentencia contra el otrora comandante de una brigada militar acantonada en Bogotá se refiere a la desaparición de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos personas que hacían trámites judiciales y de la guerrillera Irma Franco.

Se trata de la segunda condena en el caso, pues a mediados de 2010 la juez María Jara sentenció a 30 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas por el mismo ilícito.

Además, la fiscalía pidió a comienzos de este año que la sentencia contra el también general retirado Iván Ramírez fuera de carácter condenatorio.

El ataque al Palacio de Justicia ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes.

Tropas del ejército fueron enviadas al lugar para recuperar el edificio, lo que incluyó el descenso sobre el techo de comandos aerotransportados y disparos de un cañón que fue ubicado al frente de los tribunales, en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá.

En la acción guerrillera y la respuesta militar, que según una comisión de la verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante un enfrentamiento que duró más de 24 horas, murieron 11 magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas, en tanto 11 fueron declaradas desaparecidas.

El caso se reabrió en 2006, cuando se divulgaron videos en los que algunos se veían saliendo con vida del lugar en compañía de militares.

Dpa

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Los técnicos que trabajan en la central de Fukushima no pueden acceder a la planta después de que la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón indicase este lunes que se han detectado elevados niveles de radiactividad en los edificios que albergan a los reactores 1 y 3 de la central, que sufrieron daños en sus sistemas de refrigeración causados por el tsunami.

Durante el domingo, la misma jornada en la que Tepco admitió que no podrá llevar a "parada fría" a los reactores hasta final de año, dos robots por control remoto fueron introducidos en las instalaciones para medir los niveles de radiación y otros parámetros. El control ha dado como resultado que en el reactor número 1 la radiación alcanzaba entre 10 y 49 milisievert por hora, y en el 3 entre 28 y 57 milisievert por hora, mientras que, según la televisión pública NHK, el viernes el nivel más alto de radiación detectado en la entrada de los edificios era de 2 a 4 milisievert por hora.

Por el momento, hasta dentro de tres meses no está previsto que se ponga en funcionamiento un sistema de refrigeración estable para las tres unidades dañadas y para la piscina de combustible del cuarto reactor. Mientras tanto, el Gobierno japonés ha indicado que una vez controlada la central se revisará de nuevo el perímetro de evacuación de los alrededores, que ahora mismo está establecido para un radio de entre 20 y 40 kilómetros.

Los ancianos, las principales víctimas del terremoto y tsunami de Japón
Más de la mitad de los fallecidos por el desastre del pasado día 11 de marzo superaba los 65 años


Japón sigue contando víctimas un mes después de la catástrofe


Más de la mitad de los fallecidos a causa del terremoto y el tsunami en el noreste de Japón del pasado 11 de marzo tenía 65 años o más, y la mayoría murió ahogada, según los datos ofrecidos por la Policía nipona.

El número de muertos y desaparecidos, que varía en cada jornada, ha sido cifrado por la Policía de 13.843 muertos y 14.030 desaparecidos. De esta cantidad, 9.112 muertos cuya identidad está confirmada pertenecen a las provincias de Iwate, Miyagi y Fukushima (3.981 en Iwate, 8.412 en Miyagi y 1.387 en Fukushima, esta última, amenazada además por la fuga de radiactividad ).

Del total, 4.990 o un 54,8% tenía 65 años o más, un número calculado en más del doble de lo que esta franja de edad representaba en las tres regiones en los censos previos al 11 de marzo.

Según datos de la policía de la provincia de Miyagi, de las 8.015 muertes confirmadas hasta el 10 de abril, 7.676 (el 95,8%) fallecieron ahogados a causa del tsunami. Frente a este índice, los expertos han señalado que también puede asumirse que en las otras dos provincias las muertes han sido principalmente por ahogamiento y que esto confirma que las ya de por sí envejecidas comunidades del noreste han sido las más afectadas por el desastre.

Estas cifras se contraponen a las registradas en el terremoto que afectó a la zona de Kobe en el año 95, cuando la mayor parte de las víctimas murieron a causa de los derrumbamientos producios por el seísmo.

Como primera medida a tener en cuenta tras esta revelación, el experto en tsunamis de la Universidad de Tohoku, Fumihiko Imamura, ha asegurado que a partir de ahora las ciudades alejadas de la costa que se diseñen serán más seguras para los ciudadanos de la tercera edad.
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La desaparición de María Claudia Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman, llegó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia había sido presentada en 2006 por Macarena Gelman y su abuelo contra el Estado uruguayo por la imposibilidad de obtener justicia en ese país. Las audiencias comenzaron en Quito y finalizarán hoy con los alegatos de las partes.

Ayer los jueces de la Corte Interamericana escucharon los relatos de las víctimas, Juan Gelman y su nieta, Macarena. El escritor contó que su hijo, Marcelo, y su nuera, María Claudia Iruretagoyena fueron secuestrados en Buenos Aires en la madrugada del 24 de agosto de 1976 y fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionaba como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva que tejieron las dictaduras sudamericanas. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. Con un embarazo avanzado, la joven fue trasladada en la segunda semana de octubre al Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Semanas más tarde, dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977, los represores uruguayos le arrebataron a Macarena y la dejaron en una canasta en la puerta de la casa del policía Angel Tauriño. Los restos de Marcelo aparecieron en 1989.

Después de años de lucha, Gelman encontró en 2000 a su nieta. En 2006, el poeta y Macarena denunciaron al Estado uruguayo por la violación de los derechos que están protegidos por instrumentos del sistema legal interamericano. “Pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá. No sólo la militar, que niega la información, sino una mucho más amplia: una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y, por consiguiente, el camino de la justicia”, se lamentó Juan Gelman y denunció no haber obtenido ningún apoyo de los gobiernos constitucionales uruguayos.

Más tarde, Macarena reclamó que el gobierno uruguayo dedique mayores recursos humanos y materiales para encontrar los restos de su madre. “Los eventuales responsables viven hoy en día y tienen esa información”, dijo la joven. “Falta la voluntad política de hacerlo, más allá de las palabras”, agregó la nieta del poeta. En la sala de Quito estaba Carlos Mata en representación del Estado uruguayo.

Por pedido de los demandantes, declaró Sara Méndez, quien compartió cautiverio con María Claudia en Automotores Orletti. Por la tarde, les tocó el turno a la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano, en calidad de peritos. “La Ley de Caducidad subsiste y eso consagra la impunidad”, sentenció Guianze, refiriéndose a la ley de amnistía a los represores uruguayos que fue aprobada en diciembre de 1986. “El hecho de que haya casos excluidos de sus alcances no modifica la situación de fondo”, agregó la fiscal ante una pregunta de los representantes del gobierno uruguayo, que intentaron demostrar que hubo cambios en materia de derechos humanos desde que el centroizquierdista Frente Amplio (FA) llegó al gobierno, en 2005. Los patrocinantes de Gelman y su nieta pidieron que compareciera Guianze porque fue la fiscal que impulsó la causa por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, que terminó con la Corte Suprema declarando inconstitucional a la Ley de Caducidad.

Por su parte, Caetano se refirió a los archivos de la memoria y al Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras del Cono Sur. “No tengo ninguna expectativa de que se rompa el pacto de silencio entre los victimarios y sus cómplices”, afirmó el historiador.

La abogada Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), comentó a Página/12 que la audiencia transcurrió según lo planeado. Durante la mañana de hoy, las partes deberán presentar oralmente sus alegatos. “Vamos a plantear que la vigencia de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”, adelantó Tojo, que representa a Juan y Macarena Gelman.

El Ejecutivo uruguayo impulsa desde hace semanas una norma interpretativa que dejaría sin vigencia la amnistía aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. La iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, pero no pasaría en el Senado, donde hay parlamentarios del FA que no le darán su voto. El gobierno de José Mujica apuraba la anulación de esta ley para evitar que la Corte Interamericana sancione al Uruguay. “Esperamos que haya una condena que ponga en evidencia el significado horroroso que la Ley de Caducidad tiene para la sociedad uruguaya”, dijo a este diario Valentín Enseñat, referente de Hijos Uruguay.

Informe: Luciana Bertoia.
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Domingo, 14 Noviembre 2010 11:36

La ronda de las Madres de los Sábados

Se llaman Cumartesi Anneleri o Madres de los Sábados, y desde el 27 de marzo de 1995 no han faltado a la cita, frente al pórtico del liceo Galatasaray. Después de más de una década de impunidad, la Justicia turca empieza a actuar.

Desde Estambul

En el imponente pórtico del Liceo Galatasaray, en la céntrica avenida estambulí Istiklal, un ícono de la lucha por los derechos humanos, las Madres de los Sábados piden por sus hijos, desaparecidos por el terrorismo de Estado de los años ’90.

Son madres y abuelas pero también padres, hermanos e hijos, en su mayoría kurdos; en las protestas promedian el centenar. Se llaman Cumartesi Anneleri o Madres de los Sábados, porque desde el 27 de marzo de 1995 no han faltado a la cita, cada sábado, frente al pórtico del liceo, en el paseo comercial más reconocido de la cuidad más importante de Turquía.

Aunque de cuando en cuando gritan consignas políticas por los megáfonos, su arma más contundente es el silencio. Así, en silencio, cargando retratos de sus seres desaparecidos. protagonizan una gran sentada en medio de la peatonal Istiklal. Un círculo de curiosos se agolpa a su alrededor, interrumpiendo el ritmo frenético que este paseo adquiere los fines de semana. Varios agentes de policía observan a la distancia, sin intervenir.

“Venimos aquí desde hace años para presionar a las autoridades de turno para que respondan a nuestros reclamos”, comenta Fatma Karabiyik, madre de un joven que desapareció mientras hacía el servicio militar. “Nos dijeron que era un anarquista, y que estaría bajo arresto una temporada. No hemos vuelto a verlo. No esperamos que esté vivo después de tantos años, pero al menos nos gustaría poder ofrecerle un funeral. Y exigimos castigo para los perpetradores de su asesinato.”

No existe un número cierto de desaparecidos turcos. Una delegación del Grupo de Trabajo en contra de las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, visitó Turquía en 1998 y documentó cerca de trescientos casos desde 1994. En su informe, la delegación de la ONU acusó al gobierno de encubrir a los culpables y denunció el acoso de los familiares. “El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la información recibida sobre la acción tomada por el gobierno turco en contra de ciertas organizaciones no gubernamentales y de familiares de desaparecidos”, señala el documento. Desde entonces las cosas han mejorado, y aunque la policía sigue con atención las protestas, se mantiene a distancia y ya no interviene.

Berfo Kibayir tiene 103 años, y aunque ya no tiene salud para acudir todos los sábados a la protesta, aprovecha la más mínima oportunidad para venir desde Kars, en el extremo oriental de Turquía (frontera con Georgia), a Estambul para unirse a la vigilia. Su hijo Cemil Kirbayir está desaparecido.

“Después de que los oficiales vinieran a preguntar por mi hijo, yo misma lo llevé a la comisaría. No teníamos nada que ocultar. Me pregunto qué querrían de él, de qué se lo acusaba...”, nunca nos dieron explicaciones, señala la anciana. “Me he pasado años encerrada en mi casa para que me encontrase si volvía. Una noche de invierno incluso dejé la puerta abierta. Llevo más de 30 años esperando a que vuelva, pero sé que no va a volver porque lo han asesinado. A veces me pregunto por qué un Estado es capaz de hacer tanto mal a sus propios ciudadanos.” Aunque la organización adoptó el nombre de Madres de los Sábados, las madres son minoría, y son los jóvenes hermanos y los varones (padres, primos, amigos) los que más acompañan.

Mikail Kirbayir, hermano mayor de Cemil, es un hombre kurdo en la cincuentena. Dice que acompaña a su madre en las protestas frente al Galatasaray desde hace más de 15 años. “Un día la policía vino preguntando por mi hermano, fue a la comisaría y no volvimos a verlo ni a oír de él en semanas, así que fuimos a preguntar; los oficiales nos explicaron que se había fugado de la comisaría y que ahora era un fugitivo, pero nosotros no creemos esa versión”, comenta Mikail.

Ayse Yilmaz, dirigente de la organización turca Asociación por los Derechos Humanos, se indigna porque el gobierno turco ignora la protesta de los sábados. “Es incomprensible que nadie en las altas esferas del Estado se haya hecho eco de los reclamos de las madres, es sencillamente inaceptable”, protesta.

Los años posteriores a 1995 fueron años duros para los activistas de derechos humanos en Turquía. Las protestas de las madres fueron ilegalizadas, y muchas de ellas fueron sometidos al acoso constante de las fuerzas de seguridad, golpeadas y encarceladas.

A la llegada al poder en marzo de año 2003 del partido islamista moderado del primer ministro Recep Tayyip Erdogan (AKP, Partido para la Justicia y el Desarrollo), las cosas cambiaron de color para las madres. Entonces el voto kurdo había jugado un rol decisivo en las elecciones. Como resultado se permitió el uso de la lengua kurda en campañas políticas y medios de comunicación, se devolvieron los nombres kurdos a algunas de las ciudades que fueron renombradas con nombres turcos, y se dejó de reprimir a los familiares de desaparecidos.

Ante la contundencia de la victoria de los islamistas en las urnas, las clases laicistas y los militares, guardianes estos últimos de los valores secularistas que fundamentan el país, volvieron a sentirse amenazados. Entonces los sectores más duros tejieron la trama “Ergenekon”, un complot ultranacionalista que pretendía deponer al Ejecutivo. Cuando el escándalo fue desmantelado por la fiscalía, los jueces mandaron desclasificar varios archivos confidenciales. En algunos de ellos se explicaban con detalle los métodos de contrainsurgencia que las Jitem (células antiterroristas ilegales de la gendarmería turca) habrían empleado para combatir a la guerrilla separatista kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en los ’90.

Aunque las madres llevan años protestando sin que las autoridades turcas se hayan comprometido formalmente a investigar las desapariciones y apresar a los responsables, lo cierto es que tras la desclasificación de los documentos de la gendarmería, la judicatura está realizando pasos tímidos pero inéditos en esta dirección.

Por ello, el coronel retirado y fundador de las Jitem, Arif Dogan, así como su colaborador el general Veli Küçük, fueron recientemente llamados por los tribunales para esclarecer el entramado de la represión ilegal. Además el propio Dogan, que no oculta sus responsabilidades en los hechos, realizó unas polémicas declaraciones que levantaron las iras de los sectores nacionalistas kurdos: “Cobrábamos por cada activista abatido”, sentenció el ex coronel al diario oficialista Taraf, en un gesto que contrasta con la versión oficial de las fuerzas armadas, que siguen negando la existencia de las células antiterroristas.

Según la organización proderechos humanos, Amnistía internacional, “la vigilia de las madres ha resultado determinante para detener los secuestros como herramienta de intimidación y eliminación”. Sin embargo, la organización señala la importancia de llevar a la Justicia a los responsables de esos crímenes. “Los esfuerzos que las clases dirigentes lleven a cabo para investigar y juzgar a los responsables de sucesos como estos, son vitales para consumar un proceso de democratización genuino, lo que en el caso turco se perfila mucho más difícil debido a la existencia de un conflicto armado en activo entre las fuerzas armadas, el Estado en su conjunto y la guerrilla separatista kurda”, señala la organización.

Kadri Dogan también acude a reclamar por sus familiares de- saparecidos. “En el año 1995 unos oficiales del Estado vinieron a casa y se llevaron a siete de mis familiares, dos de ellos mis hermanos; el pequeño tenía entonces 12 años. Jamás hemos vuelto a tener noticias de ellos”, sentencia.

Por Lucas Farioli
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Martes, 02 Noviembre 2010 06:18

Una de cal, otra de arena

La Corte Suprema de Uruguay por segunda vez declaró inconstitucional la Ley de Caducidad. La medida del máximo tribunal alcanza solamente a una causa en la que se le imputan veinte asesinatos al ex dictador Juan María Bordaberry. La ley que deja sin efecto la norma que otorga impunidad a los represores de la última dictadura uruguaya ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero peligra su aprobación en el Senado porque tres parlamentarios oficialistas se niegan a apoyarla.

Los integrantes de la Corte Suprema uruguaya decidieron ayer que eran inconstitucionales tres artículos de la ley aprobada en 1986. Según publicó el diario uruguayo El País, la declaración de los supremos habilita a que los jueces investiguen veinte homicidios cometidos durante el mandato de Bordaberry. El ex presidente uruguayo fue procesado con prisión el 10 de diciembre de 2006. Pero poco después, el 23 de enero de 2007, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Es la segunda vez que el máximo tribunal uruguayo declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Seis días antes del frustrado plebiscito del 15 de octubre de 2009, en que se trataba de anular la amnistía, la Corte dictó un fallo similar en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de literatura y militante comunista que fue asesinada en 1974 por la dictadura uruguaya.

El oficialista Frente Amplio (FA) presentó semanas atrás un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que busca dejar sin efecto las cláusulas que ponen trabas al juzgamiento de los represores. La intención del gobierno y de sus aliados era evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el próximo 15 de noviembre trate la denuncia de Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García Iruretagoyena. El 20 de octubre pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo uruguayo. Pero ahora debe pasar por el Senado, donde el trámite promete ser más difícil.

Entre sus detractores está el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex militante tupamaro que compartió doce años de cárceles en las peores condiciones junto con el actual presidente José “Pepe” Mujica. Fernández Huidobro afirmó que el proyecto está “muerto”, porque es inconstitucional anular algunos artículos de la ley que les garantiza impunidad a quienes cometieron delitos aberrantes durante el régimen militar. “Estos apresuramientos y ponchazos no han permitido un adecuado debate”, se quejó Huidobro por la premura del Ejecutivo uruguayo para evitar una condena internacional. El ex tupamaro agregó: “Esta ley es mala porque no conduce a lo que se propone”.

Las críticas de Huidobro se sumaron a las de otros dos frenteamplistas en el Senado: el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia. El proyecto del Frente Amplio recogerá los votos en contra de estos tres legisladores oficialistas y de los parlamentarios blancos y los colorados, lo que impedirá que la ley quede aprobada antes de que la Corte Interamericana trate la denuncia del poeta Juan Gelman y de su nieta. “No se trata sólo de no tener los votos ahora, sino que, si los tuviera, tampoco se podría mantener. Hay que ser realistas. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas que, si lograra los votos para su aprobación, la Suprema Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato”, disparó Fernández Huidobro.

Los organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por el panorama. “Para nosotros, la Ley de Caducidad fue siempre nula e inmoral. La opinión de los senadores del FA es algo que tienen que resolver ellos. La resolución política es su problema”, dijo a Página/12 Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. La referente de ese organismo añadió: “Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo. Existe una voluntad política de avanzar en la búsqueda, pero ésta no se ha concretado demasiado en los hechos”.

La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay Crysol también llama a anular la Ley de Caducidad, a la que denominan la “vergüenza nacional”. Consultado acerca de la posibilidad de que los tres senadores oficialistas no apoyen la iniciativa del canciller Luis Almagro, el integrante de esa agrupación Julio Martínez afirmó: “Si se diera de esa manera, tendrán que responder ante su propia conciencia, ya que resultaron elegidos por una organización que llevaba en su plataforma electoral la anulación de la Ley de Caducidad”. Martínez reclamó: “Para nosotros, es de orden moral y ético que se juzgue a los que cometieron los delitos más aberrantes. Se tiene que anular la Ley de Caducidad por los compromisos internacionales asumidos y por nuestra dignidad como pueblo”.

Informe: Luciana Bertoia.
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–¿Cuál es el nexo entre el decreto “Noche y Niebla” que da nombre a su último ensayo sobre derechos humanos, y la desaparición forzada de personas en la última dictadura militar?

–Cuando no pudieran dictarse rápidas condenas a muerte durante la ocupación de Europa Occidental durante el Tercer Reich, las personas debían ser trasladadas a Alemania, en secreto, para que cundiera un sentimiento de terror duradero y persistente entre familiares y allegados. Esto debía hacerse según los historiadores “en la noche y en la niebla”, según dijo Hitler. Este es el núcleo central de la desaparición forzada. El terror que de alguna manera debe expandirse en la sociedad, porque no se sabe cuál es el destino de las personas, y por lo tanto la angustia es el sentimiento predominante. Por un lado castigar, aniquilar a los resistentes, y por el otro paralizar al resto de la sociedad que podía sumarse a esa resistencia. Cuando se comienza a analizar el régimen militar de Videla, Massera y Agosti se establece la categoría de terrorismo de Estado. El terror era la finalidad principal que perseguía la metodología de la Junta Militar. La política de desaparición forzada de personas creó una parálisis de la sociedad para una reorganización del Estado y la sociedad, de acuerdo con los intereses de los grupos financieros que habían surgido en los últimos años.

–¿La sociedad argentina está aprendiendo a tener “conciencia social” sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado?

–Los procesos judiciales que se llevan a cabo en todo el país están contribuyendo al desarrollo de la conciencia social en todo el país. Creo que la fue desarrollando a lo largo de los años y que a partir del 2003, se produce una expansión de esa conciencia, con hechos tales como la renovación de la Corte Suprema, la renovación de las cúpulas militares, el espacio de la memoria y la defensa de los derechos humanos en la ESMA. Son hitos sobre los que se va asentando la conciencia social. La re apertura de los juicios junto a los nuevos procesos me parecen fundamentales. El gran debate en torno de estas cuestiones es el límite que no se debe trascender: es el negacionismo. Eso es éticamente reprochable, y debe combatirse con medios pedagógicos. El otro límite es la negación de los hechos mismos. Eso sí es inadmisible porque los hechos se imponen de una manera contundente. La prueba científica como la que lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) termina por establecer la metodología, como en el caso de los vuelos de la muerte, y la identidad de las víctimas. Estos hechos son innegables, aunque puede haber distintas interpretaciones; la más nefasta es la Teoría de los Dos Demonios. Los hechos la desmienten.

–¿Cuál sería la manera de desmitificar esa teoría que los que se oponen a los juicios a los militares esgrimen como válida?

–Lo que falta en nuestro país es una investigación imparcial, confiable, que pueda demostrar la proporción que tuvieron los hechos armados y sus características, respecto de los hechos de la violencia represiva ilegal. La que se hizo en El Salvador es un ejemplo que demostró que los crímenes atribuidos a las fuerzas armadas salvadoreñas eran sistematizados y generalizados, en cambio eran esporádicos los atribuidos a la guerrilla. Esto no lo hemos tenido en la Argentina, y sin duda, alimenta las interpretaciones tergiversadas de la realidad. Llegará el día en que en la Argentina haremos una investigación con una composición de una comisión internacional que disponga de todos los elementos necesarios como para hacer una investigación objetiva de los hechos. De todas maneras, hasta ahora las evidencias recogidas por los juicios penales indican el carácter sistematizado y generalizado de la represión ilegal. A partir de la jurisprudencia internacional se logra justificar que la desaparición sea considerada un crimen de lesa humanidad. La comunidad jurídica no manejaba los términos de la trilogía de Nuremberg. La dictadura produjo una parálisis intelectual y ética durante muchísimos años. Del mismo modo, jurídicamente tampoco los crímenes de la guerrilla pueden ser equiparados a los delitos de lesa humanidad.

–¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante la defensa de los derechos humanos en el contexto de la globalización?

–En este libro hay una investigación sobre globalización y derechos humanos que veo directamente vinculada con la lucha contra la impunidad. En las Naciones Unidas hubo dos informes relacionados: el informe Joinet y otro mucho menos conocido, el informe Guissé, sobre la impunidad de la violación de los derechos económicos sociales y culturales. La intención de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU fue hacer investigaciones en esta dirección también. La impunidad de las situaciones de hambre, falta de vivienda, falta de atención primaria de salud, etcétera. El informe llega a la conclusión que la OIT y los organismos de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) no parecen estar en la misma familia que las Naciones Unidas, debido a sus planes de ajuste estructural. Las numerosas investigaciones realizadas por la ONU sobre pobreza extrema, sobre deuda externa y derechos humanos, la impunidad de la violación de los derechos económicos sociales y culturales, son poco conocidas. Tendría mucha más importancia si se utilizara todo ese arsenal conceptual que existe para aplicarlo en este contexto.

–¿Puede decirse que la Argentina es hoy un Estado “ético” a partir de su avance en materia de derechos humanos?

–No es suficientemente percibido por la opinión pública y por los medios, el papel de liderazgo de la Argentina en la promoción de los derechos humanos en el plano internacional. Tiene que venir el juez Baltasar Garzón a decirlo, o tiene que venir la Cepal a decir que por primera vez en 500 años hay crecimiento sin desigualdad en la región sudamericana. Yo creo que es un Estado que tiende a ser cada vez más ético. Los derechos humanos están en la base de una recuperación de la legitimidad del Estado. Aquí hemos tenido avances y retrocesos en la lucha contra la impunidad, pero se requieren pilares que sean firmes en esa lucha. Hemos tenidos tres elementos que han jugado a favor: el movimiento de derechos humanos, los juristas progresistas, y el periodismo independiente. Esos tres pilares han sostenido la lucha en situaciones difíciles.

–No existe un “revanchismo” como sostienen desde algunos sectores.

–No es por ansias de venganza, sino que la sanción penal es reafirmar los valores universales que protege la norma. Si se sanciona la ejecución sumaria, es porque la vida es valiosa. Si se sanciona la tortura es porque la integridad física y psíquica es un valor supremo. Si se sanciona la privación ilegal de la libertad es porque es un valor altísimo en nuestra civilización. Es la defensa de los valores sobre los que está basada la sociedad. No es el castigo por el castigo mismo o como retribución según pretenden mostrar los nostálgicos del terrorismo de Estado.

–¿Cómo evalúa el juzgamiento, en el país, de los crímenes cometidos durante el franquismo en España?

–Me parece una necesidad. No puede concebirse un filisteísmo mayor que juzgarse en España los crímenes cometidos por argentinos en Argentina, y negarse a juzgar allí los que fueron cometidos en su propio territorio. Me parece una incoherencia total y además anula el principio de la jurisdicción universal, que es un principio firmemente establecido en el derecho penal internacional. La jurisdicción universal está basada en el bien jurídico protegido, que en los crímenes de lesa humanidad, es toda la humanidad en su conjunto, por lo tanto no puede haber límites para el juzgamiento de estos crímenes como se trata de imponer en España. Yo creo que la lucha contra la impunidad requiere tiempo, y creo que sería un error negarse a facilitar la investigación.

–Recientemente, ha sido designado embajador al frente de la Secretaría técnica de la Unasur en Haití.

–Hoy día hay condiciones mejores para afirmar que comienza a modificarse el mapa político del mundo. En ese escenario es donde surge Unasur. Tiene características de haber comenzado a actuar antes de haber nacido, en lo que refiera a la vigencia del tratado aunque aún falta que sea ratificado por más países. Hay tres manifestaciones sustanciales de las virtudes de la Unasur: la conjuración de un golpe de estado en Bolivia –que se plasmó con la masacre de Pando—, la labor del secretario general Néstor Kirchner para destrabar el conflicto entre Colombia y Venezuela, y la inauguración de la Secretaría Técnica en Haití, por el presidente pro témpore del bloque Rafael Correa, el 31 de agosto pasado. La función básica de la Unasur en Haití va a ser la de potenciar la ayuda sudamericana para su reconstrucción, en un respeto total de la soberanía haitiana.

–¿Qué proyectos llevarán adelante en la isla?

–Van desde la seguridad alimentaria hasta el aumento de la capacidad de resistir inundaciones y terremotos. El refuerzo institucional del estado de derecho donde nunca llegó a existir realmente. Mi adjunto va a ser el ex embajador de Chile en Haití, y juntos debemos canalizar la ayuda existente, monitorear los programas y proponer nuevas formas de colaboración. Fundamentalmente la extensión del programa Pro Huerta que se viene desarrollando desde el 2005, previo al terremoto. El plan que existe es extenderlo durante cinco años para que cubra las necesidades haitianas, lo que significa una inversión de 35 millones de dólares, según los técnicos del INTA que asisten en el plan Pro Huerta. Los insumos son las semillas que no se producen en Haití, herramientas, y sobre todo conocimiento, que se desarrolla a través de técnicos argentinos y expertos haitianos, instruidos por los argentinos. Además la posible transmisión de experiencia en la construcción comunitaria de viviendas para el millón de personas que hoy están desplazadas por el terremoto.

–¿Esto implica que se traslade?

–Se ha previsto la instalación de una oficina, pero siempre pensando en estructuras livianas, sin burocracia, en la cual voy a estar establecido varios días al mes. Allí voy a trabajar con mi equipo, el que también está conformado por personal haitiano. Lo que trataremos de lograr es un organismo dinámico que dinamice la cooperación y tenga la capacidad de coordinarse con otros actores, pero al mismo tiempo que reafirme su propio estilo de acuerdo con el gobierno y la sociedad civil haitiana.

–¿El objetivo será lograr una mayor integración regional?

–Hay países que se han integrado activamente la Secretaría Técnica y participan de manera permanente como Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Este paso, sin duda, va a contribuir a facilitar la integración de otros países al Tratado. La Unasur no solo apunta a una integración económica, sino política y cultural. La tarea ya ha comenzado en Haití, pero es dudoso que en un año –el tiempo que está previsto el establecimiento de la Secretaría Técnica en la isla– pueda llegar a concretarse todo lo que está planeado. Aun así, algo que ha sido poco destacado es el papel de la Argentina en el plano internacional de la cooperación y el desarrollo de los derechos humanos. Nuestro país ha introducido el derecho a la verdad, ha sido el motor fundamental de la convención sobre la desaparición forzada en la ONU. Argentina es muy considerada en el plano internacional tanto en las Naciones Unidas, como en la Organización de Estados Americanos.

–¿Dónde considera que aún persiste la impunidad en lo que concierne a las violaciones a los derechos humanos?

–Tiene relación con el problema de la responsabilidad corporativa en la violación de los derechos humanos, que vincula a las grandes empresas económicas, financieras y bancarias. El tema tiene tradición jurídica, lo que pasa es que es insuficientemente conocida. El gran jurista italiano Antonio Cassese escribió un informe fundamental sobre el impacto que para la violación de los derechos humanos en Chile, tuvo la asistencia financiera prestada al régimen de Augusto Pinochet. En ese estudio, encomendado por Naciones Unidas, se analizó cómo los créditos que recibió Pinochet fueron elemento de consolidación de su dictadura terrorista. Esta referencia es poco recordada cuando se debate sobre este tema y es un precedente importante como lo está reflejando la investigación del jurista Juan Pablo Bohoslavsky sobre la responsabilidad corporativa bancaria. Es un asunto que también interesa mucho a Naciones Unidas que tiene un especialista, John Ruggie trabajando en la materia con criterios muy precisos. La responsabilidad de los militares ha terminado por eclipsar la responsabilidad civil en la dictadura, insuficientemente atendida.

–Un apoyo necesario e indispensable para que lograra subsistir.

–Incluso, con una finalidad esencialmente de reestructuración de la economía, la sociedad y del Estado, en función de determinados intereses de grandes grupos monopólicos. La autonomización del capital financiero respecto a la producción es una característica de esta situación, que llevó a una destrucción masiva de fuerzas productivas, a la desocupación, a la desindustrialización, a la desaparición de ramas enteras de la producción en nuestro país. Pienso que la tesis del “genocidio reorganizador” de Daniel Feierstein es una postura sociológicamente acertada. La finalidad de la dictadura militar terrorista no fue la derrota de la guerrilla que ya había sido derrotada militarmente con anterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976, sino una reorganización de la sociedad sobre nuevas bases que convenían a los grupos que todavía hoy son dominantes en la estructura económica de la Argentina.

–Hace pocos días, Página/12 dio cuenta de las acciones judiciales que se llevarán a cabo contra importantes bancos privados extranjeros, por su supuesta complicidad en el financiamiento de la Junta Militar, con el conocimiento de que se cometían delitos de lesa humanidad...

–La figura jurídica y política existe. Es más, yo creo que habría que investigar su responsabilidad penal por complicidad en los crímenes de lesa humanidad. ¿No hubo una asociación ilícita entre determinadas empresas y los autores del terrorismo de Estado? Esto tendría que abarcar no sólo a las empresas financieras y los bancos. Hay una responsabilidad evidente de tipo civil. Eventualmente, habría que investigar si no hay una responsabilidad penal, o incluso, una asociación ilícita para haber perpetrado crímenes de lesa humanidad.

–¿Cuál sería el camino para determinar la complicidad civil?

–Sin dudas, el problema fundamental es el de la prueba. Insisto, yo creo que habría que investigar muy seriamente las complicidades civiles con la dictadura, y en función de este análisis, estructurar, la responsabilidad civil con la penal que pudiera existir. Puede hacerse basado en la figura de la asociación ilícita para cometer delitos, y de las diversas figuras de instigación y complicidad. No veo que haya obstáculos teóricos, más bien hubo obstáculos políticos que llevaron a enjuiciar exclusivamente a los autores militares de las atrocidades, y no por los civiles. Las responsabilidades existieron, y aún estamos en los albores de una verdadera lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

–¿Cree que es el momento político de comenzar a investigar esas responsabilidades?

–Si no es ahora, es nunca.

Entrevista: Gabriel Morini
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Lunes, 13 Septiembre 2010 10:56

Los medios justifican los fines

Días atrás, cenando en casa de un profesor amigo, un ingeniero de la Universidad de Texas amablemente me reprochaba el hecho de haber cambiado la arquitectura por la literatura. El reproche no iba porque la historia hubiese perdido algo (nunca fui bueno ni en una cosa ni en la otra) sino porque el cambio parecía una crítica, si no una traición simbólica, de una especialidad hacia la otra.

No voy a argumentar como Leonardo de Vinci que alguna vez consideró la pintura como un arte superior a la escultura, tal vez por razones personales, por cierta rivalidad con Miguel Ángel más que por convicciones intelectuales. Ninguna disciplina es superior a otra sino por lo que aporta a los demás, y tanto las ciencias como las humanidades tienen tanto para dar, empezando por no considerarse el ombligo de la existencia humana.

Mi respuesta entonces fue apenas un recuerdo de algo que había escrito en alguna parte: “me cambié de disciplina cuando comprendí que la realidad estaba hecha más de palabras que de ladrillos”.

No era una buena razón personal, pero era una razón verificable, al fin y al cabo.

Esta tarde me di una vuelta por la biblioteca principal de la universidad. Me habían llegado unos libros y unos documentos que había pedido, las cinco mil páginas de la Investigación sobre Desaparecidos en Uruguay, entre otros.

Aproveché para perderme entre los anaqueles. El silencio y el olor de las bibliotecas estimulan la curiosidad y la imaginación. Deambulé por la historia de la Rusia del siglo XIII, por la Francia de los cromañones, por la primitiva Teoría de la relatividad de Potincaré, por una carta de Einstein al presidente de Estados Unidos, por la Segunda Guerra mundial.

Entonces, inevitablemente, derivé a Hiroshima y Nagasaki. Recordé una discusión con alguien que defendía las bombas atómicas como necesarias para terminar la Segunda Guerra mundial. Creo que le propuse mudar el museo de
Hiroshima a Washington o alguna parte del mundo donde sirviera para aprender
algo. He discutido tantas veces de tantas cosas que ni me acuerdo de aquel sujeto de cachetes colorados y bigotes tipo Hulk Hogan. Me pregunto si yo los sigo o ellos me persiguen. No creo que fuese algún colega porque en esto no son muy originales. Todos han rechazado semejante acto de humanismo que puso fin a la guerra, evitando así la muerte de miles de inocentes si se hubiesen usado otros métodos más tradicionales.

Bajé a la sala de archivos y leí las revistas de entonces. 1943, 1944, 1945. Febrero, marzo, abril. Las noticias de la guerra aparecían fragmentadas entre los inevitables anuncios de felicidad, casi todos basados en la proliferación tecnológica. Autopistas aéreas, automóviles con aire acondicionado. “*Asado in the Argentine*”, por entonces reconocida en la publicidad como un “gigante industrial”.

Para bien y para mal los norteamericanos dieron forma a nuestro mundo posmoderno. Aun hoy sus obsesiones y fantasías renacen en los lugares más impensados del planeta bajo otras banderas. No obstante cada Atenas, cada Roma tiene sus desastres propios, sus catástrofes difíciles de repetir.

Difíciles, aunque no imposibles

El numero de *Time* del 13 de agosto apenas cita a Truman, según el cual “lo que se ha hecho [el 6 y el 9 de agosto] es el más grande logro de la ciencia en toda su historia” (p. 17).

En su portada del 20 de agosto la revista recibía al lector con un gran disco rojo con fondo blanco y una X que tachaba el disco. No era la primera bomba atómica de la historia arrojada sobre una población de seres humanos sino el sol o la bandera de Japón.

En la página 29, un articulo bajo el título de “*Awful Responsability*” (“Una responsabilidad terrible”) el presidente Truman trazaba las líneas de lo que iba a ser más tarde el pasado. Como un buen hombre de fe siempre que es colocado por Dios en el poder, Truman reconoció: “Le damos gracias a Dios porque esto haya llegado a nosotros antes que a nuestros enemigos. Y rezamos para que Él nos pueda guiar para usar esto según Su forma y Sus propósitos”. En la inversión semántica de sujeto-objeto, por “esto” se refiere a la bomba atómica que “nos ha llegado”; por “nuestros enemigos”, obviamente, se refiere Hitler e Hirohito; por “nosotros”, a nosotros, los protegidos de Dios.

No cabe duda que Hitler e Hirohito eran criminales. Criminales, asesinos desde un punto de vista humanista, secular. Desde un punto de vista religioso eran dos demonios. Uno de ellos cristiano, a su manera. A Truman, a quien se le puede reconocer parte de la liberación de Europa, deteniendo o mitigando así el holocausto judío, no se le acusa al mismo tiempo de criminal. Como en una telenovela, uno es bueno o es malo, pero no las dos cosas a la vez. Porque según la mentalidad religiosa judeocristianomusulmana los estados intermedios, la vida humana y el purgatorio, son temporales, casi inexistentes. No caben tonos grises; uno es ángel o demonio, está en el cielo o en el infierno. Por lo tanto, es natural que se pensara que Dios estaba de parte de uno de los bandos y que haya sido partidario de arrojar un par de bombas atómicas (“según Su forma y Sus propósitos”) sobre ciudades llenas de hombres, mujeres y niños que solo haciendo un gran esfuerzo de imaginación, y con ayuda de la Santa Inquisición, podríamos atribuir alguna responsabilidad mortal.

En la revista, ninguna mención al número de víctimas. Mucho menos a las víctimas. Apenas algunos porcentajes, que nunca dan una idea de la escala real del objeto medido en términos relativos. Porque uno no puede ser un instrumento de Dios o del bien habiendo suprimido a tantos inocentes. Al menos que se compare Hiroshima y Nagasaki con Sodoma y Gomorra. En la Edad  Media se exageraba el número de muertos en nombre de Dios. Ahora los números se han disparado a las nubes pero nadie habla de los muertos que convierten a un soldado en héroe y al comandante en líder espiritual.

En el numero siguiente de *Time*, en un rincón de la pagina 92, unas líneas dan cuenta que junto con la desaparición del 30 % de Nagasaki, desapareció también la comunidad jesuita, la comunidad cristiana más antigua de Japón. Pero todo sea por una buena causa.

El principio atribuido a Maquiavelo de “los fines justifican los medios”, tan común en las revoluciones y contrarrevoluciones políticas de la Era Moderna, encontró su aliado posmoderno en su exacto inverso*: los medios justifican los fines*. Gracias a los medios, las palabras de un hombre poderoso pueden pasarle por encima a cualquier realidad. Ahora, si uno es un pobre diablo, la realidad le pasará por encima.

Si la realidad no se adapta a las palabras, peor para la realidad. No importa que esa realidad sea una bomba atómica y miles de muertos. Lo que importa es qué diremos y qué escucharemos de ellos. Al fin y al cabo, la realidad diaria no es más que lo que percibimos y entendemos (o queremos entender) como real.

Pero tengo la fuerte sospecha que existe una realidad real, la verdad, que es siempre la primera y la ultima victima de todo poder descontrolado.

Setiembre 2010
Jacksonville University
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Jueves, 02 Septiembre 2010 08:19

Relatos del Plan Cóndor

Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de “compañeros uruguayos” que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, “muchos más niños” hijos de ex detenidos argentinos en su país “como acá –agregó– muchos más uruguayos”.

Sara reconoció entre sus secuestradores a los argentinos que actuaron en Orletti, el jefe de la Side, Otto Paladino, y el paramilitar Aníbal Gordon, ambos fallecidos. También a Eduardo Ruffo, uno de los represores acusados en el juicio en el que empezaron a declarar los sobrevivientes uruguayos. Además de Sara, declaró Mónica Soliño Platera, otra uruguaya, militante de la Resistencia Obrera Estudiantil, perseguida en su país y que se instaló en diciembre de 1974 en Buenos Aires, donde trabajó en un comercio tipo bazar de la calle Florida. A Mónica la secuestró el 7 de julio de 1976 un grupo de tareas de tres personas que golpeó la puerta del departamento de una prima.

Ambas hablaron de la presencia y del asesinato de Carlos Santucho, hermano de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, en Orletti. También de Manuela Santucho, la hermana, y de Cristina Navajas de Santucho, la esposa de Carlos. “Esta persona –dijo Mónica–, Carlos Santucho, estaba muy horriblemente mal, empezó a desvariar, gritaba, decía cosas incoherentes. En un momento le dijeron a la hermana que lo tranquilizara, pero ellos lo agarraron, lo ahogaron en un tacho de agua que estaba ahí, y la verdad es que cuando estaba muerto, lo tiraron en una camioneta y no sé qué pasó después con él.” A Carlos, agregó, “le preguntaban por el hermano, incluso después de que lo mataron dijeron: ‘Este no tiene nada que ver, es un contador, siempre trabajó de lo mismo’”. Y Mónica explicó: “Yo tuve toda la sensación de que lo habían llevado para preguntar por el hermano, era una persona mayor”.

A ella le preguntaron si recordaba olores especiales. Dijo que no. Sara, en cambio, habló de esos olores. Tenía los ojos vendados, explicó, pero sentía olor a pus; que era un olor conocido, dijo, y que salía del cuerpo infectado de Santucho. Estaba muy deteriorado por la tortura, era “una llaga viva” que se “arrastraba por el piso delirando”. Los militares, agregó, aseguraron que lo iban a llevar al hospital de Campo de Mayo, pero de pronto hubo movimientos raros, “como que algo iba a pasar”. “Cuando algo malo estaba por suceder encendían dentro del garaje todos los motores de los vehículos. Lo introdujeron en un tambor de agua con la cabeza para abajo y cuando murió dijeron ‘ya está mejor’. Presenciamos el asesinato de una persona que estaba en muy mal estado.”

Mónica había llegado a Orletti a bordo de un camión. Entró por una puerta lateral, donde había una escalera de madera. “A partir de ahí –dijo– siempre estuve vendada, a partir de ahí no pude ver casi nada.” Los interrogatorios se los hacían los militares uruguayos, entre los que mencionó a Manuel Cordero. “Teníamos que estar sentados, con las manos esposadas, nos daban de comer muy esporádicamente, y si nos daban algo eran sobras que a veces hasta venían con puchos.” Alguna vez, cuando pidieron comida, los militares se les quejaron porque, como había aumentado la población del centro clandestino, ya no tenían ni las sobras para darles.

–Pero eso no era un ámbito como una cárcel, era una locura –dijo Mónica en un momento.

–¿Por qué? –preguntó el fiscal.

–Miles de veces se escuchaban gritos, fiestas... No fiestas, comilonas.

Mónica y Sara viajaron a Uruguay en lo que se conoce como el primer vuelo clandestino, un vuelo organizado por los represores para simular luego una detención en el país oriental. Salieron desde lo que les pareció un aeropuerto militar, explicó Mónica, los trasladaron primero al edificio de Inteligencia de Defensa (SID), en el bulevar Artigas, y luego pasaron quince días en una casa, divididos en dos grupos. En la casa, donde eran sometidos a interrogatorios, supo que había una parturienta y luego explicó que escuchaba el sonido de un bebé. Cuando le preguntaron de quién se trataba, Mónica dijo que creía que era la nuera del poeta de Juan Gelman. Sara lo confirmó: sabían que eran unos argentinos, explicó, que cuando habían pasado en la SID un médico asistió a una persona con síntomas de parto, que la llevaron al Hospital Militar y que con el tiempo, dijo, “supimos” que era María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

Sara habló además de un segundo vuelo: “Tenemos la convicción –dijo– de que muchos de estos compañeros fueron llevados a Uruguay en un segundo vuelo y que desaparecieron en Uruguay y no en Argentina: que existió un secuestro masivo de uruguayos”.

Por Alejandra Dandan
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En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres "NN", enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
 
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión. 
 
Los cuerpos sin identificar ha sido depositados por el Ejército a partir de 2005
 
El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".
 
Desaparecidos
Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro".
 
Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo", tras las elecciones legislativas y presidenciales, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer como primera víctima del conflicto y la de los sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán también su trabajo en diferentes zonas del país.
 
Más de mil fosas en el país
El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.
 
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
 
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron "al menos a 800 personas" en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. "Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz. 

"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano. Sociólogo y escritor 

Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y paramilitares.

¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo. 

¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” [colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”]. El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes.

¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes

Por ANTONIO ALBIÑANA - Bogotá 
 
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