Un grupo de antropólogos argentinos comenzó el martes la búsqueda de los restos de más de medio centenar de personas que murieron hace 39 años en acciones guerrilleras en los alrededores de Teoponte, un pequeño pueblo boliviano situado en las estribaciones de Los Andes y la región amazónica, unos 300 kilómetros al noreste de La Paz.

El grupo argentino, que cuenta con el apoyo de forenses bolivianos, llegó el domingo a Teoponte, tras un viaje por una sinuosa y estrecha carretera que bordea varios farallones antes de llegar a la llanura tropical.

Los guerrilleros fueron enterrados en al menos 19 sitios previamente identificados, señaló la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires de la Dermocracia (Asofamad), Delia Cortez.

Teoponte y sus alrededores, con una densa vegetación y ríos caudalosos, fueron escenario de un brote guerrillero que unió a un gran número de universitarios bolivianos en el intento de continuar con las acciones de la abatida guerrilla de Ernesto Che Guevara en octubre de 1967, en el suroriente boliviano, pero sucumbió ante la falta de experiencia, las duras e inhóspitas condiciones del terreno y el duro entrenamiento de los militares del Ejército boliviano. Se calcula que unas 58 personas, casi todas pertenecientes a la Democracia Cristiana, murieron entre julio y noviembre de 1970, entre ellas Néstor Paz Zamora, hermano del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), cuyos restos fueron recuperados en esa gestión presidencial.

"Hemos logrado financiamiento para esta búsqueda", dijo Cortez al señalar que se trata de un avance importante de la Asofamad con el objetivo de encontrar a muchas otras víctimas desaparecidas a causa de los regímenes militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982.

Algunos de los antropólogos argentinos trabajaron también en la exhumación e identificación de unos 13 cadáveres de personas ejecutadas durante el régimen de facto más largo de la historia boliviana, presidido por Hugo Bánzer Suárez entre 1971 y 1978.

El golpe de Estado de noviembre de 1979, resistido por civiles en la plaza de San Francisco de La Paz, dejó también muertos y desaparecidos, reclamados aún por sus familiares.

El derrocamiento de la presidenta interina Lidia Gueiler, el 17 de julio de 1980, supuso asimismo un alto coste en vidas humanas, entre ellas las del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente sindical Carlos Flores, abatidos por paramilitares durante el asalto a la sede de la Central Obrera Bolivia y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en pleno paseo de El Prado de La Paz.

"Se han realizado muchas indagaciones al respecto, pero no hay avances", lamentó Cortez al aludir a las gestiones realizadas en vano por el ex juez Marcelo Costa Obregón para que Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior del régimen de facto de Luis García Meza (1980-1981), encarcelado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, indique el lugar donde se puedan encontrar los restos de Quiroga Santa Cruz y de Flores.

A pocas horas de su retorno a Bolivia procedente de Miami (EE UU), donde cumplió una pena de 15 años por narcotráfico, los abogados de Arce Gómez insinuaron la posibilidad de contribuir al hallazgo de los restos a cambio de negociar los años de cárcel -30 sin derecho a indulto- que le esperan a su cliente, según informaron medios de comunicación bolivianos.

García Meza cumple una condena similar, con largos periodos en un hospital militar a causa de su delicado estado de salud. Tanto el ex dictador como su hombre fuerte, Arce Gómez, fueron condenados a la máxima pena por la comisión de delitos contra la Constitución, delitos económicos y tortura y asesinato de muchas personas; entre ellas, Quiroga Santa Cruz y Flores.

La búsqueda de desaparecidos -156, según el cálculo total- ha cobrado un nuevo impulso después de la huelga de hambre que protagonizaron los familiares de las víctimas el pasado mayo, una medida que logró que las Fuerzas Armadas accedieran a abrir los archivos clasificados a fin de encontrar los restos de sus seres queridos.

El Ministerio de Defensa señaló los requisitos para acceder a los archivos, entre ellos el "legítimo interés respecto a la información contenida en los archivos" militares, previa la plena identificación de los interesados y la documentación que acredite el "interés legítimo de encontrar datos" sobre una persona desaparecida.

MABEL AZCUI - Cochabamba - 23/07/2009

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Miércoles, 04 Marzo 2009 06:08

Bolivia: Viejos resabios de las dictaduras

El sótano del Ministerio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, es una muestra de la efectiva brutalidad con que las dictaduras militares de la región intentaron gobernar en décadas pasadas. Hace tres semanas, unas refacciones en el edificio permitieron descubrir decenas de celdas abandonadas, repletas de basura, papeles y restos por investigar. Ayer, el presidente Evo Morales anunció que fueron encontrados huesos, quizás pertenecientes a humanos. Y recordó que los actuales partidos de derecha opositores a su gobierno colaboraron con los militares golpistas. “Si se demuestra que realmente son huesos de seres humanos, los pichones de la dictadura tendrán que pagar”, advirtió.
 
Morales también pidió colaboración a las fuerzas armadas para encontrar cuerpos de opositores de las dictaduras aún desaparecidos. “¿Qué habrá pasado aquí? Seguramente las autoridades de la época tendrán que informar. Hay que investigar para determinar qué se ha encontrado. Si se demuestra que son huesos humanos, entonces puedo pensar que esto era un cementerio de gente que apostaba por su patria, por su pueblo. Espero que no sea así”, dijo en conferencia de prensa.
 
Emil Balcázar, que perteneció al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue diputado por el Partido Comunista, recordó su estadía en las oficinas del Ministerio del Gobierno (Interior) en 1976, cuando funcionaban como cámaras de tortura. El dictador era Hugo Banzer. “En el piso 3 y en el sótano era donde peor se la pasaba. Los militares torturaban ahí a los que les parecían más peligrosos. Quienes pasaron por esos lugares han quedado desaparecidos o desquiciados, locos”, contó a Página/12.
 
El viejo guerrillero estuvo detenido en el piso 2, luego de las sesiones de tortura recibidas en el Departamento de Orden Público (DOP). De ahí fue trasladado al Cuartel de Viacha, también en La Paz, donde cesaron los tormentos. “Conocí a un argentino que estuvo preso conmigo. Se apellidaba Villa, el nombre no recuerdo, le decíamos ‘el choco (rubio)’ Villa. Era montonero. En el sótano del ministerio le hicieron hablar hasta de lo que no sabía. Los militares lo iban a entregar a la embajada argentina para que lo llevaran a su país. Cuando supo esto intentó inmolarse, se quemó con la paja de su colchón. Quedó muy malherido, pero igual lo llevaron a la rastra”, comentó. Balcázar comprobó los mecanismos aceitados del Plan Cóndor por este caso y el de otros compañeros de países cercanos.
 
“A los que lográbamos salir del ministerio nos decían ‘lázaros’ los mismos tiras. Si hablaban de un prisionero al que no querían eliminar, decían ‘éste es un lázaro’, por el resucitado”, afirmó Balcázar. En su memoria aún guarda el plano de los pisos del Ministerio de Gobierno, sus pasillos y sus celdas.
 
“En la ciudad de La Paz torturaban no sólo en el ministerio, también en el DOP, en casas de seguridad que tenían ellos, en comisarías. Hacían los interrogatorios de noche, que siempre iban acompañados de torturas. Ponían parlantes con música de moda muy fuerte para que no se escucharan los gritos”, dijo. Para el ex diputado, no sólo debieran investigarse los sótanos del ministerio, sino todos los ámbitos de tortura de los militares.
 
Cuando descubrió que también podía gobernar por vías democráticas, el dictador Banzer (1971-1978) creó el partido Acción Democrática Nacional (ADN), con el que llegó a la presidencia en 1998, acompañado de Jorge “Tuto” Quiroga, quien lo sucedió en la presidencia tras su deceso. Luego, Quiroga juntó los restos de ADN y con otros partidos de derecha creó Poder Democrático Social (Podemos), actualmente principal fuerza opositora, que tiene mayoría en el Senado. Para Morales, habría que preguntar a estos políticos sobre el sótano del ministerio. “Sabían de su existencia. También han sido cómplices, inclusive han participado en los golpes. Casi todos los partidos de la derecha participaron en golpes de Estado”, sostuvo el presidente.
 
El gobierno indicó que en el ministerio se construirá un memorial por las víctimas del terrorismo de Estado. Pero antes deberá concluir la investigación. “Lo que se descubra pueda contribuir a que nunca más vuelvan esas épocas de dictadura, a que nunca más se torture como antes, a que nunca más haya represión”, dijo Morales.

Por Sebastián Ochoa
Desde Santa Cruz
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Meta, Colombia. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de La Cantina –poblado de la región de La Macarena, departamento de Meta– Jhonny Hurtado fue uno de los informantes de la misión británica Justice for Colombia, la ONG que dio la voz de alerta internacional sobre la existencia de lo que puede ser la mayor fosa común de la que se tenga noticia hasta ahora. Fue asesinado el 15 de marzo.

Norma Irene Pérez, campesina y madre de cuatro niños, asistió y testificó en la audiencia pública organizada en La Macarena el 22 de julio pasado, en presencia de seis eurodiputados y varios legisladores colombianos. El siete de agosto fue secuestrada en la vereda La Unión. Su cuerpo acribillado fue encontrado una semana más tarde.

El 25 de julio, tres días después de la audiencia y ya en los últimos instantes de mandato, Álvaro Uribe realizó una gira fuera de programa a la base militar de La Macarena, situada en lo alto de lo que fue por años un tiradero de cadáveres para el ejército. Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días, a alimentar calumnias contra el ejército de la patria. Muy bueno tener eso documentado, para enfrentarlos, dijo en uno de sus últimos discursos desde su investidura presidencial. El ahora comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la investigación sobre el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, en Gaza, prometió a oficiales y soldados que aun sin ser presidente seguirán contando conmigo para defenderlos en cualquier sitio del mundo, con toda determinación.

Con todo el respaldo de Uribe

Cada uno interpretó el mensaje a su manera. Un pelotón de soldados de una brigada móvil lo tomó como licencia para matar. Refiere el penalista Edinson Cuéllar, del Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, que lleva el caso de La Macarena ante la justicia colombiana y ante la Corte Penal Interamericana: Tres días después del viaje de Uribe, en una vereda (caserío) llamado La Siberia, soldados de la Brigada Móvil 12 dispararon ráfagas de ametralladora contra un peladito de apenas nueve años, Óscar Inocencio Oviedo. Dijeron que estaba en un lugar no permitido.

A pesar de estos sangrientos antecedentes, la denuncia penal se sigue abriendo paso. La Fiscalía de la Nación aseguró el terreno anexo del cementerio para preservar los indicios. Y en agosto de 2009 la directora Nacional de Investigaciones Especiales Alexandra Valencia presentó el expediente a la Comisión Nacional de Búsqueda (dependiente de la procuraduría) para que proceda a los peritajes que permitan identificar los aproximadamente dos mil cuerpos que ahí se encuentran.

Su carta cimbró las estructuras encargadas de preservar la impunidad sobre hechos como este porque fue la primera vez que en medios oficiales se admitía tal número de cuerpos NN en esas fosas. Por supuesto la funcionaria fue despedida de manera fulminante.

Ahora estamos pidiendo la creación de una Comisión Investigadora específicamente para La Macarena con presencia internacional y de la sociedad civil. Pero esto apenas es el punto de partida. Nos vamos directamente a la Corte Penal Interamericana, explica Cuéllar.

Vencer el miedo

Los defensores de derechos humanos en las ciudades colombianas suelen pertrecharse detrás de puertas blindadas. Sus abogados y dirigentes se mueven en vehículos a prueba de balas. Quienes se relacionan en el entorno de los derechos en Colombia no suelen contestar llamadas de números que no reconocen.

Según cifras del Programa Protección a Defensores de Derechos Humanos entre 2002 y 2009 más de mil activistas fueron víctimas de todo tipo de agresiones: asesinato, amenaza, atentados, detenciones arbitrarias, torturas y penalización.

A pesar de todo, la memoria pugna por hacerse un lugar en la historia. Los observatorios, las audiencias y las misiones internacionales se multiplican para documentar los crímenes de guerra y hechos de violencia cuya responsabilidad cae mayoritariamente en el ejército y las policías y las bandas paramilitares protegidas por el propio gobierno. A contracorriente de la versión oficial, las investigaciones demuestran que no son las FARC las principales generadoras de violencia y violaciones.

La resistencia ha logrado vencer el miedo. Denuncias como la del caso de La Macarena no ocupan grandes titulares en la prensa corporativa pero abundan las vías de difusión alternativas, como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP, una instancia jesuita; el portal Verdad Abierta, que documenta el fenómeno paramilitar, Movimiento de Víctimas contra los Crímenes de Estado, Colombia Nunca Más, Nuevo Arco Iris, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras.

Pero es sobretodo el trabajo de acompañamiento y denuncia de las organizaciones de base lo que ha permitido jalar la hebra de los casos emblemáticos de la violencia en Colombia. En el caso de La Macarena son los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari y los representantes del Colectivo Fals Borda, en las antiguas zonas del despeje en Caquetá y Meta, los que, a fuerza de vivir en los caseríos selváticos y representar legalmente a las víctimas desde hace ocho años, literalmente se juegan la vida por sacar esto a la luz pública.

Explica en entrevista Edinson Cuéllar: “Empezamos a trabajar en la región que abarcó el despeje (desmilitarización para facilitar el proceso fallido de diálogo con las FARC de San Vicente del Caguán) justo en el momento en el que se rompió la negociación y se ordenó la ofensiva militar para recuperar territorios en seis municipios del Meta y Caquetá. Con los sucesivos Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Victoria y ahora el Plan de Consolidación Integral, que le llaman, la guerra se puso muy tenaz. El comité del Bajo Ariari y nosotros representamos a las víctimas sobre todo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales.

Fuimos testigos de cómo la guerra empezó a rebasar los límites de la contrainsurgencia y a golpear a la población civil. Antes decíamos que si queríamos encontrar dónde había enfrentamientos había que buscar el pollo asado, porque eso es con lo que premiaban a cada soldado cuando había una acción exitosa. Pero luego no fue el pollo asado nada más. Con las recompensas monetarias el problema de los falsos positivos se extendió, haciendo verdaderos estragos.
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BOGOTÁ, 9 oct (IPS) - Un documento confidencial de la cancillería de Estados Unidos, fechado en enero de 1999, responsabiliza a militares colombianos de la desaparición de civiles y la ejecución sumaria de guerrilleros en el operativo para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por insurgentes en 1985.

El cablegrama, conocido el miércoles, fue obtenido por el no gubernamental instituto de investigación estadounidense National Security Archive (NSA), que se dedica a la recolección y publicación de documentos gubernamentales desclasificados invocando la ley de libertad de información de ese país (FOIA, por sus siglas en inglés).

La clasificación del cablegrama como confidencial fue dispuesta por quien era en 1999 embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, y estaba prevista hasta enero de 2024.

Un párrafo del cablegrama sostiene que el coronel retirado Alfonso "Plazas (Vega) comandó en noviembre de 1985 el operativo militar sobre la sede de la Suprema Corte que había sido tomada por el M-19".

"Ese operativo concluyó con la muerte de más de 70 personas, incluyendo 11 jueces de la Suprema Corte. Los soldados mataron fuera de combate a una cantidad de miembros del M-19 y de presuntos colaboradores, inclusive al personal de la cafetería del Palacio", agrega el documento redactado por la embajada de Estados Unidos en Colombia y dirigido al Departamento de Estado de ese país.

Se trata del "pronunciamiento más claro y conciso que hemos visto en registros desclasificados sobre la responsabilidad del ejército en las muertes y desapariciones del Palacio de Justicia", según el director del proyecto de documentación sobre Colombia del NSA, Michael Evans.

Cuando falta poco para que se cumpla el 24 aniversario de lo que en Colombia se conoce como "el holocausto", "es momento de que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer toda la información de derechos humanos que posee sobre la tragedia del Palacio de Justicia", urgió Evans en un comunicado publicado el jueves.

El Palacio de Justicia, máxima sede del Poder Judicial, fue tomado por 35 combatientes del hoy extinto M-19 (Movimiento 19 de Abril, de tendencia nacionalista), el 6 de noviembre de 1985, con unas 300 personas dentro, que fueron tomadas como rehenes.

La batalla militar de 27 horas para recuperarlo marcó un antes y un después en materia de violaciones a los derechos humanos en este país, que lleva casi medio siglo en guerra interna.

Algunos relacionan ese punto de inflexión con la destrucción, en la tragedia, de lo mejor de la institución judicial.

El episodio culminó con el edificio incendiado y valiosa documentación y evidencias destruidas y cerca de un centenar de muertos, la mayoría pertenecientes a la Rama Judicial, entre los que se encontraban 10 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Once personas permanecen desaparecidas. En el proceso que se sigue este año contra Plazas Vega, la fiscalía mostró pruebas de que fueron trasladadas a la Escuela de Caballería que comandaba el coronel, donde habrían sido torturadas hasta la muerte.

Aún no se ha emitido fallo en el juicio a Plazas Vega, acusado de secuestro agravado y desaparición forzada agravada de 10 civiles y de una guerrillera que salió viva de la sede del Palacio de Justicia.

Según testimonios de ex agentes, ésta habría sido torturada durante tres meses dentro de una ambulancia en una brigada de inteligencia militar, y no en la Escuela de Caballería.

El representante de la Procuraduría General de la Nación en el proceso a Plazas Vega sostuvo el jueves que el reporte estadounidense ya no puede ser introducido como material probatorio en la causa, pues esa etapa está cerrada.

La jueza del caso, María Stella Jara, no está obligada a acatar ese concepto de la Procuraduría que, por otra parte, había pedido la absolución de Plazas Vega.

El abogado Rafael Barrios, que representa a las familias de los desaparecidos, solicitó sumar el cablegrama al expediente, pues se trata de "una información que es de notorio conocimiento público. Es prueba sobreviniente" en el juicio.

El documento será aportado como evidencia en los procesos que se siguen a quien era superior directo de Plazas Vega, Jesús Armando Arias Cabrales, al comandante de una unidad de inteligencia militar, Iván Ramírez, y a otros oficiales.

"Estamos en la etapa procesal para hacerlo", señaló Barrios, miembro del no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El reporte desclasificado reseña una reunión convocada en Bogotá el 13 de enero de 1999 por la jerarquía militar de entonces, con entre 12 y 14 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, de las que sólo asistieron "cuatro líderes de opinión prominentes", y un representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También estuvo presente un funcionario de la Oficina Política de la embajada de Estados Unidos, atendiendo "una invitación específica" del ministro de Defensa de la época, Rodrigo Lloreda.

En el encuentro, el tema central fue el rechazo de los uniformados a introducir reformas en la justicia penal militar para reducir los grados de impunidad que arrastra esa jurisdicción en casos de oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos.

Además "se discutieron temas de poca importancia, y los asuntos centrales sobre derechos humanos que están a la orden del día fueron omitidos", advierte el sumario del reporte.

Según el documento, la superficialidad de la conversación se podía atribuir a que los defensores de derechos humanos presentes temían resultar "amenazados y quizá lesionados si desafiaban agresiva y públicamente a los militares".

De hecho, uno de ellos había recibido recientemente amenazas de muerte que atribuía a los militares.

El reporte desclasificado agrega que la discusión se vio desviada por largas "diatribas pro-militares" de dos oficiales, uno retirado y otro en servicio activo.

Ambos posaban de ser "representantes de ONG" (organizaciones no gubernamentales), dice entre comillas el reporte. El retirado era el coronel Plazas Vega, quien hablaba a nombre de una "Oficina para los Derechos Humanos de los Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares" de la que nada se sabe.

Evans comentó a IPS que "aunque el documento ya estaba en nuestra base de datos, es probable que las búsquedas previas de información sobre el coronel Plazas Vega no dieran con él pues en el texto su apellido aparece erróneamente escrito como Plazas Vargas".

La efectividad de la justicia militar


En el encuentro de enero de 1999 reseñado por el cablegrama estadounidense, el entonces subcomandante del ejército, general Néstor Ramírez, expresó que la justicia penal militar tenía "una reputación bien fundamentada de producir decisiones justas".  Como ejemplo de ello, Ramírez puso la absolución del general Farouk Yanine Díaz (fallecido este año) y la sentencia de 12 meses de cárcel contra el entonces coronel Marco Báez Garzón. "Extraños casos para ser puestos en un pedestal", comentó al respecto el autor del reporte, "debido a las notorias acusaciones contra el general Yanine" y "los vínculos del coronel Báez con la masacre de Segovia", cometida en 1988 en el noroccidental departamento de Antioquia y que dejó 43 civiles muertos. El documento estadounidense también apostilla que, por esa matanza, la justicia civil condenó en 1998 a cinco oficiales, mientras la justicia penal militar los exoneró.

Los militares no deben combatir a los paramilitares


El documento desclasificado por el National Security Archive destaca que el ejército colombiano consideró que "no tiene responsabilidad de combatir o aprehender a paramilitares" de extrema derecha, ligados con narcotraficantes, pues esa es función de la policía.

Los paramilitares, argumentaba el subcomandante del ejército Néstor Ramírez, "no amenazan el orden constitucional a través de actividades subversivas", como sí lo hacían las guerrillas de izquierda surgidas en 1964.

Tras una desmovilización pactada en 2002 con el actual presidente Álvaro Uribe, los propios jefes paramilitares han señalado en numerosas declaraciones judiciales que siempre trabajaron conjuntamente con la fuerza pública.


Por Constanza Vieira
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¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento.
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Rubén Blades

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

“Falsedad de toda falsedad”


Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.
Publicado enEdición 146
Jueves, 21 Mayo 2009 11:22

¿Dónde está el Grupo de los Seis?

Parapolítica, desplazados, ‘falsos positivos’, amenazas, desaparecidos, asesinato de testigos claves para la Fiscalía, espionaje telefónico y seguimiento a los jueces y la oposición. Esto y mucho más ocurre en Colombia. La ‘seguridad democrática’ ofreció tranquilidad y lo que ha traído es muerte, alienación, militarización y concentración del poder en cabeza del Ejecutivo. Los hechos lo confirman. En el presente informe especial (del cual hacen parate, además: “Llegan a 50 mil las denuncias de personas desaparecidas”, “Falsedad de toda falsedad”, “Desplazados, crece el drama”, “Noche de pesadillas”, “Francisco Villarba, un testigo que sabía demasiado”) se puede constatar que las “cifras del dolor” se multiplican en nuestro país; que la impunidad es garantía para que el poder económico acreciente su concentración, en forma ascendente, en pocas manos; que progresivamente se marchita, aún más, la soberanía nacional, y que muchos más sectores sociales vean postergado el momento de la justicia y la felicidad.

La parapolítica no cesa, y en el alto gobierno lo saben y actúan para neutralizar sus efectos. Así se hizo evidente al conocer la opinión pública que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido escuchados por innumerables minutos (en algunos casos hasta más de 2.000), además de ser auscultados y seguidos en sus cuentas bancarias y otras actuaciones de su vida privada.

Los espías encargados de esta labor de intercepción y seguimiento son los mismos agentes públicos, pagados sus salarios con los impuestos de todos los connacionales. Una labor y una decisión que se desprenden desde el Gobierno, y que en sus explicaciones ante el país quieren hacer aparecer como otra actuación y decisión individual de algún funcionario descarriado. ¿Para qué quisiera un funcionario tal información? ¿Cómo éste puede decidir un procedimiento tras semejante información, y operativizar tal cantidad de trabajo, por demás especializado?

Tras un desliz. Espionaje para detallar cada uno de los movimientos de los investigadores de la parapolítica, buscando una pista para chantajearlos y romper los procesos en marcha. La acción no puede ser más desesperada y menos demostrativa del carácter del régimen político que tras siete años de gobierno interrumpido de Álvaro Uribe ha cuajado en Colombia.

¿A qué le temen quienes ordenaron este procedimiento que recuerda las actuaciones más comunes de regímenes de ingrata recordación en otras coordenadas del globo? Conociéndose que del DAS mismo han salido innumerables datos y órdenes para asesinar disidentes políticos, al igual que para facilitar la actuación de conocidos paramilitares, es legítimo preguntar: ¿Cómo circulan las órdenes dentro de este organismo de la policía política para que aquéllas lleguen, circulen y sean ejecutadas? Si la actuación cotidiana del Departamento Administrativo de ‘Seguridad’ está cada vez más relacionada con operaciones para preservar el régimen incubado, ¿sí serán suficientes las medidas tomadas hasta ahora para su ‘depuración’?

No sólo a los magistrados

Pero los seguimientos, grabación de conversaciones, inspección de la vida privada y otras perlas no sólo afecta a los altos jueces de la República. También se sabe que hay políticos, periodistas, sindicalistas y otros en las innumerables listas de los agentes de inteligencia: todo un control que ya se sabe en qué termina cuando el poder así lo decide; todo un control que otrora los jefes paramilitares descargaron en cabeza del famoso “Grupo de los Seis”. ¿Aún actúa? ¿Quiénes lo integran?

Pero ahora también se sabe que incluso activistas sociales, investigadores universitarios, profesores, sindicalistas de base, en fin, medio país, están en las listas por sospechosos, indeseables, ‘terroristas’, ‘comunistas’, inconformes, todos ellos en la mira por considerarse que tarde o temprano levantarán la voz, harán sentir su inconformidad, en fin… son de aquellos que es mejor ‘neutralizar’ a tiempo, antes que multipliquen su indisposición cuestionando el presente o simplemente pregunten más de la cuenta.

Si usted cree que pudiera estar en esta lista, haga una simple prueba: reemplace los tres primeros dígitos de su celular por 015, 016, 017, 018, 019, 020. Al marcar, de acuerdo con la voz que le conteste, sabrá si sus conversaciones han sido escuchadas, quién sabe desde hace cuánto, por el DAS, el Goes, la Policía… Cuelgue.

Si la llamada no es respondida por ninguno de éstos, descanse o preocúpese aún más, pues pueden existir otros muchos números y otros muchos organismos no conocidos que lo espían y lo tienen en la mira. ¿En qué país vivimos? ¿hacia dónde va el país? ¿a dónde llegó el país?

Lista de espanto


El listado de los investigados, llamados a descargos, encarcelados, condenados, mencionados, de los implicados en la investigación conocida como parapolítica, no deja de crecer. Las amenazas en contra de los investigadores no han parado, pese a intorpecer su labor y lograr la renuncia de algunos de ellos.

La reciente detención de la senadora Zulema Jattin, otra integrante del partido en el gobierno –la U–, y del Representante liberal por el departamento de Caldas, Jairo Alberto Llanos Gómez, recuerda que la conspiración para hacerse con el poder por parte de una alianza armada de ultraderecha, apoyada por políticos de diferente nivel, además de grandes y medianas empresas nacionales, militares, multinacionales, y otros actores de la vida nacional e internacional, no es una simple suposición ni un rumor sin fundamento.

El país está enterado de las maniobras pensadas y operativizadas desde las oficinas de los prohombres de la patria para evitar que la investigación siga su curso o logre sus propósitos: renuncia al cargo de senador o representante a la Cámara para evitar la investigación de la Corte y pasar a manos de la Fiscalía, fuga del país, creación de una doble instancia para que juzgue a los políticos, quitar la potestad a la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación, etcétera.

Acción y reacción, lucha de contrarios. Así avanza este proceso que aún descarga en manos de
los jefes paramilitares, extradic-tados o no, la remota esperanza de testimonios efectivos que vincule en la investigación en curso a funcionarios del alto gobierno hasta ahora intocables. ¿Inspiradores, miembros, del Grupo de los Seis?










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Publicado enEdición 146