La estudiante que llenó América Latina de pañuelos feministas

La lucha por la despenalización del aborto en América Latina ha encontrado en los pañuelos un símbolo que unifica las campañas en todo el continente. Lola Ocón Morgulis es la autora de diferentes diseños, una adolescente argentina que ve reflejado en ellos la defensa de los derechos emprendida por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

 

En solo un mes, la lucha feminista en América Latina ha encontrado la fuerza del pañuelo como elemento común por la defensa de un aborto legal, seguro y gratuito. Miles de jóvenes, de Argentina a México, lucen el suyo en las muñecas, en la cabeza o cubriendo su rostro. Lola Ocón Morgulis, una adolescente argentina de 18 años, es la “culpable” de esta fiebre que cubre las redes y llena las manifestaciones de coloridos diseños.

“La campaña por el aborto en México me apareció como página recomendada en Facebook. Era super lindo el logo que habían elegido, con una flor dorada, blanca. Lo pinté con tinta china en una tela, lo recorté con forma de pañuelo y les mandé la foto poniéndoles que les daba mi apoyo desde Argentina”, cuenta Lola, aun sin encajar del todo este fenómeno en su vida diaria.

Fue el 16 de junio. Le respondieron que era “el primer pañuelo físico por el aborto legal en México”. Subieron la foto a las redes de la campaña con el lema “dale vuelo, dale vuelo, dale vuelo y que gire tu pañuelo”. Allí empezó todo. En twitter a día de hoy lleva 27.761 me gusta.

Colombia, Ecuador, Chile, Republica Dominicana, Perú, Costa Rica ya tienen un diseño salido de sus manos. Y ahora también marcos para las fotos de perfil, pidiendo el aborto legal “en toda América Latina”.

“Vieron que en mi blog tenía una colección de pinturas de caras y me pidieron si podía hacer algo parecido para los marcos de las fotos de perfil. Dije que sí, pero la verdad es que todo lo hago en papel. Luego saco una foto, la copio en una aplicación del móvil, la pinto. La vuelvo a copiar, la paso a png. ¡Hago malabares!”, describe feliz de poder mezclar su militancia y el amor a la pintura, en tanto el tiempo le permita seguir con los exámenes del Ciclo Básico Común (CBC) de ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

 

Argentina Votación Congreso Aborto

¿Y por qué un pañuelo?
Ellas habían hecho un dibujo digital que era como un triángulo con los extremos redondeados. Daba la idea de ser un pañuelo. Por eso yo pensé en él.

¿Los diseños son tuyos? ¿O te los dan y tú te encargas de pasarlo a tela? ¿Sugieres o haces cambios?
La verdad es que en todas las campañas hice lo mismo. Pedí que me pasen el color, el logo y la frase. Esas tres cosas las intento respetar al pie de la letra, aunque algunas libertades me puedo dar. Obviamente siempre preguntando.

Por ejemplo, el de Ecuador era de color lavanda. Muy difícil de dibujar sobre él, entonces hice un círculo lila, dentro incluí el dibujo de la campaña y las letras las escribí sobre la parte blanca de la tela. O en el de República Dominicana le agregué algunas hojitas y las flores.

En el caso de Chile dos agrupaciones habían comenzado la campaña por su cuenta y tenían que unirse para hacer una única, oficial. Les hice un pañuelo bordó con letras blancas, respetando el color, la frase y el dibujo que me habían pedido. Y a la semana lo cambiaron. Algunas veces pasa que les hacen modificaciones y luego tengo que ver si puedo seguir usando el original para las fotos, otras me piden si puedo adaptarlo.

Una idea era replicar lo de la campaña del pañuelo verde de Argentina, pero en algunos países no querían porque ese color ya lo utilizaban ciertos partidos políticos y se intenta evitar cualquier vinculación, así que eso quedó de lado.

El apoyo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo fue una tranquilidad y un empujón muy grande

El pañuelo en Argentina tiene toda una carga simbólica a partir de la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué significa para ti?

Representa, precisamente, lo que generaron las madres y abuelas: la lucha y la puja pacífica por los derechos humanos, por derechos que se están vulnerando y que se están llevando vidas. Me parece genial que las abuelas en su mayoría hayan apoyado el uso del pañuelo verde y estén yendo a las manifestaciones.
Su apoyo fue una tranquilidad y un empujón muy grande. Que las que inventaron en este país el pañuelo como método de lucha para llevarlo a todos lados, hayan abrazado esta lucha, fue como una caricia al alma. Representa muchísimo.

¿Participaste de la vigilia del 13 de junio?
Sí. Estuve desde el mediodía del miércoles 13 de junio, que comenzó al debate, hasta el mediodía del jueves 14. Chupé (cogí) frío como nunca. Éramos un millón de personas en la calle.

La campaña por el aborto legal en Argentina lleva más de diez años, pero esta vez fuimos muchas adolescentes, casi todos los centros de estudiantes estaban allí. En nuestra generación nos hemos dado cuenta de que era una lucha que nos pertenecía.

Somos las más propensas a pasar por estas situaciones de violencia. El Estado nos estaba fallando en el cómo prevenir y además en el tema del aborto, con la crisis tan grande que tenemos de embarazo adolescente. El hecho de que se haya empoderado la juventud es lo que ha provocado que el movimiento cobrara tanta fuerza.

 

La lucha sigue

Todas las miradas, también la de Lola, están puestas en el 8 de agosto, cuando en el senado se intente dar sanción definitiva a la Ley. “Me parece que ha habido un paso muy importante en entender que la lucha por el aborto legal no es por una misma, sino por todas las mujeres. Porque quizá yo tengo una clase social que llegado el caso no tendría que terminar en una clínica clandestina, pero hay muchas mujeres que no, que no pueden, y por eso debe ser un derecho para todas”, afirma, y encierra en ese concepto “a las mujeres de América Latina”.

Muchas le están pidiendo a Lola que haga alguno de sus pañuelos. “Les digo que lo podría hacer, pero no los vendo, se los regalo. Las únicas que deberían obtener plata con ellos son las campañas que están llevando adelante esta lucha en cada país”, afirma. Cuando los solicita algún colectivo feminista, colegio o grupo grande, propone comprar las telas y dedicar una tarde a un taller para aprender juntas y hacerlos entre todas.

Mientras tanto, duda qué hacer en la casi segura vigilia que habrá frente al senado. Se debate entre llevar los pañuelos de los demás países, para apoyar sus campañas, o concurrir sólo con el verde. “Quizá es un momento para dar protagonismo a la campaña de aborto legal en Argentina y que a partir de ese logro o de lo que sea que pase en senadores, avanzar con fuerza al resto del mundo”, reflexiona.

La lucha feminista a favor del aborto legal, seguro y gratuito ha cobrado una fuerza inusitada en el latir de América Latina. Y Lola lo transita entre la emoción y el estrés. Exámenes, muestras de arte, pedidos de nuevos diseños y su mamá, siempre atenta a que mantenga los pies sobre la tierra. Los sueños, en definitiva, van en el vuelo de sus pañuelos.

Publicado enSociedad
La guerra contra las drogas es la verdadera culpable

 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El 1 de julio de 2001, Portugal promulgó una ley que despenalizaba las drogas. Según esta ley, nadie puede ser detenido ni fichado por tenencia o consumo de narcóticos. Ni el consumo ni la posesión de drogas se considera un delito. En cambio, los usuarios pueden acceder a asesores y terapeutas que les ofrecen distintas opciones de tratamiento.

En 2008, siete años después de la aprobación de la ley, viajamos a Lisboa para estudiar sus efectos y elaborar uno de los primeros informes globales sobre esta política, que fue publicado por el Instituto Cato. Las conclusiones fueron claras y sorprendentes: este cambio radical en la legislación sobre drogas había obtenido un éxito substancial e innegable.

Mientras en la década de los noventa, Portugal (como la mayor parte de los países occidentales) se consumía debido a las muertes por sobredosis y a la por violencia y las enfermedades relacionadas con las drogas, cuando dejó de perseguir y tratar como delincuentes a los consumidores, alcanzó una de las primeras posiciones de todo tipo de estadísticas positivas. Estos resultados ofrecían un agudo contraste con los de los países que seguían usando el enfoque de la criminalización: cuantos más adictos detenían y más se insistía en la “guerra contra la drogas”, más empeoraban los problemas derivados de ella.

Con todo el dinero derrochado por Portugal en la persecución y detención de los consumidores de drogas ahora disponible para programas de tratamiento, y habiendo trocado el gobierno el miedo por la confianza, los que habían sido consumidores impenitentes empezaron a superar su adicción y a recobrar la salud, y los mensajes contra las drogas del gobierno empezaron a escucharse. El aumento previsto en los índices de toxicomanía nunca se llegó a producirse y, en algunas categorías demográficas, de hecho se redujo. El estudio de 2009 concluía que “los datos muestran que el modelo de despenalización de Portugal ha sido un éxito rotundo en prácticamente todas las variables”.

Durante el fin de semana, el enviado especial en Lisboa del New York Times, Nicholas Kristoff, revisó estas estadísticas, ahora más abundantes e incuestionables incluso que en 2009. Sus conclusiones fueron todavía más rotundas que las del informe Cato ocho años antes: Portugal había demostrado definitivamente lo ineficaz, irracional y contraproducente que es la prohibición de las drogas.

Esta conclusión se basa en el éxito absoluto obtenido por Portugal al descriminalizarlas, si se comparan sus datos con los trágicos fracasos de países como Estados Unidos y Brasil que continúan considerando la adicción como un problema moral y un delito más que como un problema de salud. Kristoff escribe:

“Después de más de 15 años de experiencia, es evidente qué enfoque funcionó mejor. El programa de narcóticos estadounidense ha fracasado espectacularmente y el país ha tenido tantas muertes por sobredosis (unas 64.000) como las que produjeron las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak todas juntas.

Por el contrario, Portugal parece estar ganando la guerra contra las drogas, dándola por finalizada. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estima en unos 25.000 la cifra de consumidores de heroína en el país Cuando se inició el programa eran 100.00.

La cifra de muertos por sobredosis se desplomó más de un 85 por ciento antes de ascender ligeramente a consecuencia de la crisis económica de los últimos años. A pesar de ello, la tasa de mortalidad por drogas de Portugal es la más baja de los países de Europa Occidental: una décima parte de la británica o la danesa y alrededor de una quinceava parte de los datos más recientes en EE.UU.

Kristoff da una explicación a este triunfo: “Es incomparablemente más barato tratar a las personas que encarcelarlas”. Pero hay otras razones, incluyendo el hecho de que las iniciativas para persuadir a los adictos de someterse a una terapia “son mucho más sencillas cuando el consumo está despenalizado, porque ya no temen que les detengan”.

Pero tal vez la prueba más contundente del éxito portugués no sean los datos empíricos, sino la realidad política: a pesar de que la ley resultó muy polémica cuando fue aprobada hace 16 años, ahora apenas hay grupos políticos que promuevan su derogación o aboguen por una prohibición del consumo.

Esta evidencia es de crucial importancia para los ciudadanos de cualquier país que siga considerando a los consumidores y adictos como delincuentes. Es totalmente inadmisible romper las familias, obligar a los hijos a estar separados de los padres recluidos en prisión y convertir a los toxicómanos en delincuentes no aptos para el trabajo, cuando los datos demuestran que dichas políticas logran los resultados opuestos a los que pretenden.

Pero, cuestiones morales aparte, la violencia relacionada con las drogas que está arrasando Brasil, y en concreto la terrible guerra que está devorando la favela de Río de Janeiro Rocinha –apenas unas semanas después de que se declarara su “pacificación”– subrayan la importancia y la urgencia de que los brasileños y los ciudadanos de cualquier país consideren el tema (¿?). Brasil ha sido testigo de repetidos estallidos de gran violencia en las favelas de sus mayores ciudades, muchas de las cuales llevan tiempo gobernadas por bandas de narcotraficantes bien armadas. Pero la guerra de la pasada semana [18-24 de septiembre] en Rocinha (y eso es exactamente: una guerra), favela situada en mitad de la Zona Sul de Río, barrio de moda, ha sido particularmente impactante.

Las bandas rivales han “invadido” la favela y han mantenido una guerra abierta por el control del narcotráfico, forzando al cierre de las escuelas, a que los residentes se refugiaran en sus casas y a que las tiendas permanecieran cerradas. Tal y como informó Misha Glenny en The Intercept, “la causa inmediata de la violencia es la continua lucha entre facciones e incluso entre miembros de la misma facción”, pero la violencia presagia una guerra general por el control del comercio de drogas.

Cuando nos enfrentamos a la violencia relacionada con las drogas, existe la tentación de agarrarse a la solución aparentemente más sencilla: intensificación de la guerra, más arrestos de traficantes y de adictos, más policía y más prohibición.

Quienes propugnan este enfoque quieren que la gente se trague una secuencia lógica bastante simplona: la causa de los problemas relacionados con las drogas, como la violencia de las bandas de narcotraficantes, son las drogas. Por tanto, debemos eliminar las drogas. Por tanto, cuantos más problemas tengamos por las drogas, más empeño ponemos en deshacernos de ellas y de quienes las venden y las consumen.

Pero esta mentalidad se basa en una trágica y evidente falacia: que la guerra contra las drogas y su criminalización conseguirá eliminarlas o, al menos, reducir su disponibilidad. No obstante, décadas de fracasos demuestran la falsedad de esta hipótesis; más bien se produce el efecto contrario. Como en Estados Unidos, en Brasil existen cientos de miles de ciudadanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas –la mayor parte de ellos, pobres y no blancos– y, aún así, el problema no ha hecho sino empeorar. Cualquier persona con un mínimo de sensatez tendría que admitir que este razonamiento es falso.

Apoyar una política fracasada con la esperanza de que algún día funcione por arte de magia es irracional por definición. En el caso de las leyes sobre drogas ­que generan miseria y sufrimiento, no solo es irracional sino cruel.

Un informe de 2011 del Comité Global de Política Antidrogas (que incluye a múltiples líderes mundiales entre los que están el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el expresidente de Brasil Henrique Cardoso) estudió todas las pruebas relevantes y fue muy claro: “La guerra global contra las drogas ha fracasado y ha provocado consecuencias devastadoras para individuos y sociedades de todo el mundo”.

El dato primordial de esta conclusión es de vital importancia. La causa fundamental de todas las patologías relacionadas con las drogas –en particular la violencia entre bandas del tipo que ahora devasta Rocinha– no son las propias drogas, sino la política de criminalización de las mismas y la guerra librada en su nombre.

La propia naturaleza de las drogas –su pequeño tamaño, la facilidad para traficar con ellas, el atractivo que tienen para los humanos– supone que nunca podrán ser eliminadas o reducidas significativamente mediante la fuerza. Únicamente los cambios en el comportamiento humano, que pueden producirse mediante el tratamiento prolongado y profesional, pueden promover esta mejora. El único resultado de la criminalización de las drogas, aparte del enorme despilfarro humano y financiero que supone encerrar a los adictos, es el aumento del poder y el enriquecimiento de las bandas de narcotráfico, al asegurarles que los beneficios que reporta la venta de un producto ilegal sigan siendo irresistiblemente elevados.

Por ese motivo, los más fervientes adversarios de la legalización o descriminalización son las propias bandas de narcotráfico. Nada conseguiría eliminar el poder de las bandas (como las que se enfrentan en Rocinha) tan rápida y radicalmente como la despenalización de las drogas. Los traficantes, como buenos empresarios que son, lo saben bien.

En 2016, el periodista Johann Hari, autor de uno de los libros más influyentes sobre adicción a las drogas, escribió un artículo en el Huffington Post titulado: “Lo único a lo que tienen miedo las bandas y los cárteles de las drogas es a la legalización”. En sus propias palabras:

“Cuando se penaliza una droga que cuenta con un gran mercado, esta no desaparece. El comercio, simplemente, se desplaza de los locales autorizados, las farmacias y los doctores a las bandas armadas de delincuentes. Con el fin de proteger su parcela y sus rutas de abastecimiento, dichas bandas se pertrechan y matan a cualquiera que se cruce en su camino. Se puede ver cualquier día en las calles de los barrios pobres de Londres o Los Ángeles, donde las bandas de adolescentes se apuñalan o disparan para conservar el control de un producto que ofrece márgenes de 3.000 por ciento de beneficios.

Hay una analogía histórica perfecta que demuestra este punto: la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años veinte. La ilegalización del alcohol no provocó su desaparición. Lo único que cambió fue el control de su venta y distribución: de la tienda de comestibles de la esquina a las bandas violentas del tipo a la que hizo famoso a Al Capone.

Es decir, la ilegalización del alcohol no hizo que la gente dejara de consumirlo. Lo que hizo fue aumentar el poder de las bandas del crimen organizado, capaces de hacer cualquier cosa o matar a cualquiera para proteger los enormes beneficios obtenidos por su venta.

Lo que finalmente acabó con esas peligrosas bandas de la prohibición no fue la policía ni la reclusión de los comerciantes o consumidores ilegales; durante la prohibición, cuando las bandas no podían sobornar a la policía, la disparaban. Lo que acabó con ellas fue la legalización del alcohol. Al regularizar su venta, el fin de la prohibición restó relevancia a las bandas, y estas desaparecieron.

Las bandas del narcotráfico no temen la guerra contra las drogas sino todo lo contrario. Como señala Hari, les encanta. Es la criminalización lo que hace su comercio tan rentable. Hari cita a un veterano agente antinarcóticos de Estados Unidos: “En la grabación encubierta de una conversación, el máximo jefe de uno de los cárteles, Jorge Román, se mostraba agradecido por la guerra contra las drogas y la calificaba de ‘una farsa montada de cara al contribuyente estadounidense´ que resultaba en realidad ‘buena para los negocios´.

En 2015, Danielle Allen, una teórica política de la Universidad de Harvard, escribió una columna de opinión en el Washington Post titulada “Por qué la guerra contra las drogas genera violencia”. En ella explicaba que una de las principales razones para despenalizar las drogas era el hecho de que su combate producía crímenes violentos, lo que a su vez aumentaba la cifra de reclusos y generaba otras consecuencias sociales indeseadas”. Según ella: “Es imposible interrumpir el manejo de 100.000 millones de dólares de un producto ilegal sin llevar a cabo un montón de operaciones armadas y homicidios. Esto debería ser fácil de entender o defender”.

¿Por qué Rocinha está llena de armas y controlada por bandas capaces de actuar con tanta violencia? ¿Cómo puede un influyente político brasileño, relacionado con algunas de las figuras más poderosas del país, contratar a un piloto previamente detenido por transportar un alijo de cocaína valorado en millones de dólares en un helicóptero propiedad de dicho político, y todo ello sin que nadie tenga que rendir cuentas?

La respuesta es evidente: porque las leyes que ilegalizan las drogas garantizan que el tráfico sea una actividad extremadamente rentable, lo que a su vez permite a las bandas del crimen organizado armarse y asesinar para mantener el control. Es lógico que Rocinha, situada en medio de la Zona Sul y con salidas fáciles, se convierta en un refugio de la droga para turistas ricos, profesionales de clase media y adictos empobrecidos. Las enormes sumas de beneficios que procura la guerra contra las drogas aseguran que las fuerzas de policía no solo estén pobremente armadas sino también que sean tan corruptas que sus acciones fracasen inevitablemente.

Ahora ya es indudable que es la propia guerra contra las drogas la que provoca la continua violencia relacionada con las drogas.

Si le horroriza la violencia que se ha adueñado de Rocinha o de lugares similares en el resto del mundo, lo último que debería hacer es respaldar nuevos programas que alimenten la violencia: a saber, la criminalización y la guerra contra las drogas. Hacerlo es como quejarse del cáncer y animar a la gente a fumar. Las estadísticas con las que contamos son suficientes para afirmar que quienes respaldan la actual criminalización son cómplices de esta violencia relacionada con las drogas y los problemas de adicción y sobredosis que conllevan.

Puede parecer ligeramente paradójico a primera vista, pero los datos no dejan lugar a dudas: la única manera de evitar violencia como la de Rocinha es la despenalización total de las drogas. Ya no es necesario que sigamos especulando sobre el tema. Gracias a Portugal, los resultados están ahí; y no podían ser más claros.

 

Glenn Greenwald es cofundador de The Intercept y veterano periodista e investigación, ganador de múltiples premios y difusor de las filtraciones de Snowden por todo el mundo.

David Miranda está casado con el anterior y es concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro.

 

Fuente:https://theintercept.com/2017/09/26/brazils-latest-outbreak-of-drug-gang-violence-highlights-the-real-culprit-the-war-on-drugs/

 

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se nombre a sus autores, a su traductor y Rebelión como fuente de la traducción

 

 

Publicado enPolítica
Miércoles, 12 Agosto 2015 06:21

La decisión que desató una polémica mundial

La decisión que desató una polémica mundial

La medida fue tomada tras un encuentro de 400 delegados en Dublín. Sostiene que apoyará la despenalización de la prostitución. La decisión provocó rechazos. En Hollywood, actores y actrices se opusieron y anularon sus membresías a la ONG

 

En una resolución adoptada en Dublín, Irlanda, en un encuentro del que participaron 400 delegados de 70 secciones nacionales de la organización, se recomendó que "Amnistía Internacional desarrolle una política que apoye la plena despenalización de todos los aspectos del comercio sexual consentido". Thomas Schultz-Jagow, director de comunicación de Amnistía, sostuvo que el objetivo es "establecer un marco jurídico en el que todas las actividades del comercio sexual se despenalicen". En un comunicado, Salil Shetty, secretario general de la organización, admitió que "no fue una decisión fácil de adoptar", pero que lo hicieron convencidos de que "la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales", por lo cual realizará acciones por la despenalización de "todos los aspectos" de la prostitución. El anuncio provocó rechazos y adhesiones (ver aparte).
Al mismo tiempo, la resolución ratifica que se persigan la prostitución infantil, el tráfico de personas y en general toda "prostitución forzada", a la vez que se garantice que quienes quieran abandonar la prostitución puedan hacerlo, algo que resulta casi imposible para las mujeres que son esclavizadas por los proxenetas.


"Es un día histórico para Amnistía Internacional", dijo Salil Shetty en el comunicado. Insistió en que no fue "una decisión fácil de adoptar" y por esa razón agradeció "a todos nuestros miembros de todo el mundo, así como a los grupos que hemos consultado". En el texto se afirma que la organización internacional realizará a partir de ahora "campaña para que no se persiga a las prostitutas, ni tampoco a los clientes o a los proxenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres", en lo que es el punto que ha provocado más sorpresa.


En respuesta a ese punto de la resolución, la Coalición contra el tráfico de mujeres (CATW) había publicado con antelación una carta abierta firmada por actrices como Kate Winslet y Meryl Streep y otras 8500 personas. En ella se afirmó que la imagen de Amnistía se vería "gravemente dañada" si aprobaba la resolución. La CATW agregó que la postura de Amnistía "se pone más del lado de los explotadores que de los explotados".


La Coalición contra el tráfico de mujeres sostuvo que "no hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados tengas que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido", dijo su directora ejecutiva, Taina Bien-Aime. La organización Equality Now, que defiende los derechos de las mujeres, también está de acuerdo en despenalizar el trabajo de las prostitutas, pero se opone firmemente a hacer lo mismo con clientes, proxenetas y administradores de burdeles.


"La legalización de los que explotan a las prostitutas no es el camino correcto a seguir", dijo Esohe Aghatise, de Equality Now, ya que "la demanda comercial de sexo alimenta el tráfico" de personas. La proliferación de legislación en Europa sobre la prostitución muestra que no hay consenso.


Hace dos meses, Francia se unió a la minoría de países europeos que castigan a los clientes de prostitutas, que son Suecia, Noruega, Islandia y el Reino Unido. En la mayoría de los otros países europeos, la prostitución está regulada, como en Alemania, Austria, Holanda o Bélgica, o tolerada, como ocurre en la mayoría de los países, incluyendo a los de América latina.


En Londres, la Fundación Thomas Reuters sostuvo en un despacho que lo votado por Amnistía es un "polémico plan". En el texto se hace mención también a una declaración de Salil Shetty, en el sentido de que las trabajadoras sexuales "son uno de los grupos más marginados del mundo, quienes en la mayoría de los casos enfrentan un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso".


En referencia a la resolución adoptada en Dublín, el secretario general de la organización humanitaria puntualizó: "Nuestro movimiento global allanó el camino para adoptar una política para la protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales que ayudará a dar forma al trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema".
La Fundación Reuters recordó que Amnistía tomó la decisión "luego de dos años de consultas e investigación, recabando evidencia de agencias de la ONU y de las conclusiones de sus propias misiones en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea". Admite, de todos modos, que el grupo "ha sido duramente criticado por activistas de los derechos de las mujeres y por estrellas de Hollywood, como Meryl Streep, Kate Winslet y Emma Thompson, desde que se filtró un borrador de la propuesta" antes de ser aprobada este martes.


Voceros de Amnistía defendieron la nueva política "diciendo que era la mejor manera de apoyar los derechos humanos de los trabajadores sexuales y reducir el riesgo de abuso, como palizas, violencia sexual, arresto arbitrario, extorsión, acoso, tráfico humano y exámenes de VIH forzados" y aclararon que "la política se basó en discusiones con grupos de trabajadores sexuales, activistas de VIH/sida, grupos que representan a ex prostitutas y agencias contra el tráfico, entre otros".


"Estoy emocionada", dijo Laura Lee, una trabajadora sexual y activista irlandesa, luego de que se difundiera la resolución de Amnistía. "Es la mejor manera de sacar al trabajo sexual de la Edad Media y darnos los derechos y la protección que merecemos." En todo momento, las fuentes señalaron que sólo proponen la "no persecución" de los dueños o empleados de los burdeles "cuando se trate de trabajo sexual consentido entre personas adultas" y que siguen considerando "aborrecible el tráfico de personas en todas sus formas, incluyendo la explotación sexual".


Insistieron en que la nueva política significaría "la despenalización de leyes sobre trabajo sexual consentido", dado que "la explotación o tráfico dentro del comercio sexual seguirán siendo delitos".

Publicado enEconomía
Correa presiona al legislativo para que no legalice el aborto

Ecuador no incluirá la despenalización del aborto por violación en su nuevo código penal. La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, retiró este viernes la moción de legalizar el aborto en caso de violación, que había propuesto durante la sesión del jueves y que fue secundada por una veintena de legisladores del oficialismo y de la oposición. La razón de este cambio repentino a todas luces está en la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Oromar Tv, la noche del jueves.

 

Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. "¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción", dijo y añadió que "si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo".

 

Con esa sentencia, el Legislativo, controlado por el oficialismo, con 100 de los 137 legisladores, retomó el debate del código penal este viernes y la primera en hablar fue Paola Pabón. "Aquí no están los traidores compañero presidente (...) con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado, (...) pero por la unidad de la bancada retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura".

 

La noticia fue un duro golpe para los grupos de mujeres que abrigaban la esperanza de por lo menos conseguir que se apruebe el aborto por violación. "Estamos viviendo en un momento de violencia machista, donde una mujer que se atrevió a transgredir este sistema de violencia tuvo que retirar la moción, nosotras nos solidarizamos con Paola Pabón y a los asambleístas que defendieron con dignidad y valentía nuestros derechos. Y convocamos a las mujeres ecuatorianas a que desobedezcan porque van a seguir abortando en la clandestinidad", dijo Virgina Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

 

Sarahi Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dice que responsabilizan al presidente por todas las muertes de mujeres por abortos inseguros y de los suicidios de mujeres violadas. "Lo de hoy es la muestra más clara de la violencia, política, institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación, todo lo contrario a lo que se puede considerar revolucionario y la esencia profunda del pensamiento de izquierda".

 

Durante más de 20 meses, estos grupos de mujeres han acompañado la formulación y discusión del texto penal en la Asamblea. Han presentado argumentos de peso como las 1.962 denuncias por violación que se presentaron en 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Esto indica que hay un promedio diario de cinco violaciones diarias y existe el riesgo de que entre el 10 y 15% de estas mujeres puedan quedarse embarazadas", dice desde su perspectiva médica Virgina Gómez de la Torre.

 

La cifra de abortos en el Ecuador es altísima. Un total de 125.000 mujeres abortan cada año. Esto equivale a un aborto cada cuatro minutos. Las mujeres por lo general acuden a los centros obstétricos que son conocidos por facilitar un aborto. No es difícil localizarlos. El gancho suele ser la oferta de un test de embarazo gratuito. Luego se paga entre 150 y 600 dólares por un aborto.

 

De momento, el artículo 149 del nuevo código penal sanciona el aborto, excepto cuando la víctima padezca discapacidad mental, que es lo mismo que decía el código antiguo aunque este usaba el calificativo de mujeres "idiotas o dementes". Este cambio semántico es la única diferencia entre el nuevo código y el texto que se formuló hace 70 años.

 

Para las activistas el nuevo código penal sigue penalizando a las mujeres, incluso porque todavía se debate un artículo que pone en riesgo del aborto terapéutico que ya era una conquista de las mujeres. Hay un artículo que habla de inhabilitar por seis meses los médicos que atiendan un aborto.

 

La discusión del texto penal, que tiene más de 1.000 artículos, podría alargarse hasta la próxima semana. Los puntos más polémicos, además del aborto, son la criminalización de la negligencia médica y la inclusión del feminicidio.

Publicado enInternacional
Las complicaciones en abortos inseguros cuestan a Colombia 14 millones de dólares

Hace siete años que Colombia despenalizó el aborto en tres casos: riesgo para la mujer, malformación del feto y embarazo producto de violaciones o incesto. Sin embargo, en 2012, cerca de 102.000 mujeres fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos irregulares, lo que generó al sistema de salud colombiano un gasto de 14,4 millones de dólares.

 

Las cifras las proporciona un estudio que presentó en Bogotá el instituto estadounidense Guttmacher, que desde hace cinco décadas trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en el mundo. Según el instituto, los centros públicos de salud de segundo y tercer nivel del país (centros médicos generales y atención de alta complejidad, respectivamente) aún atienden muy pocos casos de aborto legal y realizan de media solo 6 y 12 procedimientos al año. En cambio, las instituciones privadas realizaron 906 abortos legales por año.

 

El estudio muestra que la atención de un aborto legal en una institución pública de tercer nivel puede costar 189 dólares y en una de segundo nivel, 213 dólares. Son cifras consideradas altas y esto se debe al método que utilizan para realizarlos. De acuerdo con Guttmachet, estas instituciones siguen utilizando la opción más invasiva y costosa, que es el método de dilatación y curetaje, conocido como legrado. Se calcula que a 8 de cada 10 mujeres atendidas se les aplica este método.

 

 

Esto significa que los costos por paciente en las instituciones de estos niveles (en el primero, el nivel básico, apenas se realizan abortos) "son entre 4 y 5 veces más altos que los costos de atención por paciente en instituciones especializadas que emplean los métodos recomendados por la OMS", dice Elena Prada, una de las investigadoras del equipo. Las técnicas recomendadas a las que se refiere Prada son la aspiración manual endouterina y al aborto con medicamentos como el misoprostol, o la combinación de ambos, que son menos costosos, más seguros y se aplican de manera ambulatoria.

 

El estudio, que recogió información de 30 instituciones de salud en las cinco principales ciudades del país, calcula que atender a una mujer con complicaciones después de un aborto inseguro cuesta 141 dólares. "(Los costos) son innecesariamente más altos en Colombia que en otros países de América Latina", dice el informe.

 

La atención postaborto tiene un costo equivalente a la mitad del valor que tiene la atención del aborto legal en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel. En las entidades especializadas privadas la diferencia entre es casi nula. Los altos costos se deben, nuevamente, al uso del legrado, pero también a trabas administrativas y demoras en el servicio.

 

Cuando se trata de realizar un aborto legal, las instituciones suelen poner barreras, mientras que si una mujer llega con complicaciones postaborto, se atiende inmediatamente ya que es una urgencia médica. "Las demoras son comunes, algunos proveedores de servicios solicitan documentos innecesarios o permisos adicionales del sistema judicial antes de proceder, y algunas instituciones se rehúsan rotundamente a proveer abortos legales", dice el estudio. Esto último va contra la ley.

 

"Facilitar el aborto legal practicado con métodos más costo-eficientes significaría un importante ahorro de dinero al sistema de salud, y el agradecimiento de generaciones de mujeres que, en adelante, recibirían un tratamiento menos invasivo, con el estándar de la Organización Mundial de la Salud", señaló Prada.

 

En Colombia, según datos oficiales de 2011, cerca de 8% de las muertes maternas se deben al aborto inseguro.

Publicado enColombia
Propone la OEA despenalizar el consumo de mariguana en la región

"La guerra antinarco es equivocada; hay que atacar el poder económico de cárteles"El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, dijo ayer en el Senado que la estrategia para combatir el narcotráfico en la región ha sido equivocada, ya que se enfoca sólo a la represión de la oferta de enervantes, pero no se ataca el poder económico de los cárteles de la droga, lo que deviene en una creciente violencia.

 

Se pronunció por la despenalización del consumo de mariguana, y advirtió que poner atención sólo a la venta de estupefacientes, sin acciones institucionales enfocadas a atacar las estructuras financieras y el lavado de dinero, será una guerra sin fin.

 

Al participar en el foro De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques en política de drogas, detalló que, de acuerdo con un informe elaborado por especialistas de la OEA, el negocio del narcotráfico genera 154 mil millones de dólares al año, de los cuales 77 mil millones se lavan en el sistema financiero mundial.

 

También en el Senado, pero en otro foro, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, sostuvo que pese al intenso debate en Estados Unidos sobre la despenalización de drogas, como la mariguana, la violencia que genera no va a cambiar radicalmente en la región en los próximos años.

 

Por separado, Insulza detalló que en ese informe –que jefes de Estado y de gobierno reunidos en Cartagena de Indias el año pasado le encargaron elaborar a la OEA– se insiste en abrir el debate sobre la despenalización del consumo de drogas. Detalló que 45 por ciento de la cocaína que se trafica en el mundo, la mitad de la heroína y la cuarta parte del total de mariguana se consumen en el continente americano, donde también se incrementó el uso de las anfetaminas.

 

Recalcó que de acuerdo con ese estudio, en lugar de disminuir, el negocio del comercio ilegal de drogas crece y ha dado origen a un conjunto importante de grupos económicos y organizaciones criminales que siempre dejan un rastro de dinero y de violencia.

 

Durante ese foro, legisladores de PRD y PAN sostuvieron que la discusión sobre legalizar o no la mariguana en México no puede esperar. El perredista Mario Delgado detalló que en el Senado se trabaja en la revisión de la Ley General de Salud, con el propósito de facilitar el uso científico y medicinal de esa droga.

 

El panista Roberto Gil Zuarth indicó que la discusión sobre el consumo y la legalización de esa droga es un tema que no puede esperar más, pero tiene que contar con un régimen diferente que termine o que contenga el efecto de la violencia.

 

Sin embargo, Campa Cifrián puso en duda que la despenalización de la mariguana en Estados Unidos reduzca la violencia. Durante la instalación de la mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, del Parlamento Latinoamericano, el funcionario afirmó que este problema tiene un conjunto de razones estructurales, que básicamente están definidos por nuestra ubicación geográfica.

 

Tenemos una frontera de tres mil kilómetros con un país que ofrece muchas ventajas, pero que, además, es el principal consumidor de drogas en el mundo y eso implica un tráfico y tránsito permanente de estupefacientes, armas, dinero ilegal y de personas.

Publicado enInternacional
Viernes, 01 Junio 2012 06:30

¿Enfermedad o delito?

¿Enfermedad o delito?
El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos y actual senador de la Nación, Aníbal Fernández, llevó al encuentro de Ginebra la posición del Estado Argentino: la despenalización del consumo individual de sustancias psicoactivas, cuestión que presentó como Proyecto de despenalización en el Senado de la Nación.


Es una decisión de enorme valentía intelectual que se constituye en el punto de partida para abrir la discusión y la acción de un verdadero plan estratégico para la prevención y atención primaria en salud respecto del gravísimo problema del consumo.


Se trata de un problema de salud psicosocial, inmerso en la marginalidad y la exclusión de las capas más vulnerables –los más jóvenes– y extendida hacia otros sectores sociales. Forma parte de una profunda crisis axiológica y una patología emergente donde lo social es parte de la clínica individual, familiar y colectiva. En cambio, el tráfico y la venta son un problema penal.


Los funcionarios de la Sedronar de las últimas décadas han fracasado pues han sido el instrumento de una política del modelo del unilateralismo hegemónico y de la guerra contra las drogas, sin autonomía política, empeorando el grave problema del consumo. La locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto. No producir un cambio de paradigma atenta contra el sentido común y es sencillamente un disparate ante tan grave problema social. La designación de Rafael Bielsa es la esperanza cierta de un cambio de paradigma que se concrete de manera eficaz en el desarrollo de las políticas públicas de promoción de la salud, prevención primaria del consumo y abuso de sustancias.


Las políticas oficiales –policiales– de lucha contra las drogas en América latina reflejadas en la penalización del consumo, la llamada guerra contra las drogas, las penas sin delito, la penalización y el castigo de la enfermedad han fracasado. Más aún, potenciaron un dispositivo de criminalización secundaria fundado en el encierro, con prácticas y saberes médicos funcionales a un modelo de conservación y perpetuación de la violencia.


Para la psiquiatría moderna –las neurociencias– no hay más sujeto individual y colectivo, sólo mediadores químicos e imágenes, y como tratamiento, medicación y encierro.


¿No hay más preguntas sobre las condiciones generadoras de la violencia, sobre el consumo, las formas de dependencia y pérdida de autonomía?


Dice M. Ponty: “Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero también de las formas de trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir”.


¿Es que al mercado no le importa un sujeto autónomo y autolegislador? No, no le importa.


Más aún, lo produce y lo construye para el mero consumo; la violencia se ha convertido en una técnica puramente racional, y el eterno retorno del discurso de la guerra, la búsqueda desesperada del enemigo que siempre es el más débil y el más vulnerable.


Todo el dispositivo de criminalización primaria fundado en la Ley 23.737 transforma a la agencia penal en un instrumento de altísima selectividad sobre los sectores juveniles más vulnerables y promueve un derecho penal selectivo.


El discurso de las políticas criminalizantes es el de la guerra contra las drogas, del que resulta la criminalización de la pobreza y el conflicto social, y el joven excluido como drogadicto –delincuente, peligroso– fundado en etiquetamientos y concepciones claramente racistas y discriminatorias.


¿Es posible entender que si la violencia juvenil es un problema de la salud pública en América latina, y si la OPS ha planteado como una prioridad en las políticas de salud el lenguaje de prevención y promoción de la salud, éstos estén ausentes y que el conflicto social que padecen millones de jóvenes excluidos tenga sólo como respuesta políticas de persecución policial y encierro?


La Ley 23.737 impone la pena de seis años de prisión a quien tenga estupefacientes, y a 15 años de aprobada la ley el consumo se incrementó, el narcotráfico corrompe policías y gobiernos, para asegurar el lavado de activos financieros que surgen del negocio del narcotráfico.


En la Argentina hace ya varias décadas el poder concentrado trafica influencias, corrompe la vida democrática construyendo poder mafioso y la representación política pierde autonomía. En tanto, en Uruguay no se penaliza la tenencia de droga para consumo personal; en Brasil se aprueba una ley que elimina la privación de la libertad para los consumidores y aumenta la persecución y el castigo para el narcotráfico.


Es decir que mientras Brasil y Uruguay diferencian en su legislación claramente entre enfermedad y delito, aquí, en la Argentina, castigamos y penalizamos la enfermedad profundizando el sentimiento de inseguridad e incertidumbre de miles de jóvenes que en tiempos de sida y exclusión circulan entre policías y jueces, sin futuro y sin destino.


Lo primero que debería decir es que el discurso oficial no acepta el fracaso de las políticas que incrementan de modo sistemático; la violencia institucional y las experiencias concentratarias promueven las tecnologías de la mano dura y la idea de la prevención general absoluta como una nueva racionalidad del fundamentalismo del mercado.


Destruido el Estado de Derecho con el terrorismo de Estado y después el Estado de Bienestar con las políticas neoliberales, el Estado, que en la Argentina era un factor de inclusión y progreso social, se transformó por el contrario en un factor de exclusión y discriminación. Se trata de tener en cuenta el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución nacional, que consagra el más importante de los límites materiales que impone la Carta Magna a la injerencia coercitiva del Estado. Es decir: el Estado no puede establecer una moral, debe garantizar el ámbito de libertad individual y las penas no pueden caer sobre actos que son ejercicio de esa libertad individual. “De cara a los adolescentes o jóvenes con problemas de conducta, frecuentemente afectados por vivencias de exclusión y estimulados por fantasías autodestructivas, obligarlos a una terapia con el telón de fondo de la cárcel parece una tentativa más del prohibicionismo destinadas al fracaso.” (Luis Niño, Encrucijadas - UBA).


Es claro que la ley 23.737 es inconstitucional pues rompe con el principio de lesividad. El bien jurídico afectado es la “seguridad nacional” y constituye un “peligro social”, construcción ideológica paradigmática del terrorismo de Estado y del Estado autoritario que produce la idea de tutela para confiscar el conflicto y seleccionar a la víctima más débil del sistema, joven, excluido y enfermo.


La llamada guerra contra las drogas como parte de las políticas de mano dura necesita difundir el miedo y el pánico como gran argumento de las políticas de seguridad y control social. Pánico y miedo son las categorías del poder hegemónico que ha pasado de la guerra fría al frío cálculo de un nuevo fascismo para administrar y dominar el espacio urbano, la ciudad, donde funcionan sus negocios. Ante la magnitud del problema del consumo, síntoma psicosocial de tres décadas de devastación social, la emergencia es un eufemismo que encubre la catástrofe social y el drama de miles de jóvenes sin proyecto.


Propuesta:


1. Políticas keynesianas en salud, gran inversión en recursos económicos y recursos humanos.

2. No esperar la demanda, atender la necesidad.

3. Políticas de Estado de promoción, formación de la salud, prevención y asistencia.

4. Políticas en salud, con políticas sociales integradas de carácter interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial.

5. Instalación de las políticas y los recursos humanos y económicos en el territorio, en el lugar donde anida el conflicto. Atender la necesidad: el equipo de salud psicosocial debe estar en la escuela, en el barrio, en las poblaciones precarias, en los clubes y en todo lugar donde esté planteada la necesidad de atención y prevención.

6. El cambio de paradigma de una política asistencial que siempre llega tarde a una política de atención de la necesidad con fuerte participación comunitaria y actores sociales concretos, movimientos sociales, clubes, sociedades de fomento, organizaciones barriales, ong y la escuela como un lugar central en la construcción de valores y de jóvenes liderazgos para un proceso de cambio social.

7. Concentrar el plan en trastornos y conflictos sociales combinados que se producen en un mismo espacio, fortaleciendo recursos y objetivos: drogas, violencia social e interpersonal, sobre todo en los jóvenes, armas, violencia de género, embarazos adolescentes y sexualidad en tiempos del sida, el deporte, sobre todo el fútbol, como herramienta de promoción de la salud y prevención de la violencia, políticas focalizadas en los jóvenes varones que son en un 95 por ciento los actores de delitos, violencia personal y de género, una audaz política de reparación de daño para afrontar la epidemia de consumo de “paco” en las poblaciones de jóvenes excluidos y marginales.


Por  Luis Ohman, Médico Psiquiatra. Egresado de la Escuela de Salud Pública. Presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de APSA.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Publicado enInternacional
Sábado, 17 Julio 2010 07:01

Un llamado a despenalizar el consumo

Con un llamado a los gobiernos a despenalizar el consumo de drogas ilícitas, porque su criminalización “está fomentando la epidemia del VIH, con consecuencias sociales y de salud tremendamente negativas”, comenzará mañana en Viena la XVIII Conferencia Internacional de Sida 2010. Un consorcio de 35 redes de mujeres de todo el mundo, coordinado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, que preside la epidemióloga argentina Mabel Bianco, pondrá el acento, además, en la inequidad de género como principal impulsor de la feminización creciente de la enfermedad y reclamará medidas de prevención focalizadas en mujeres y niñas (ver aparte).

La cumbre de Sida 2010 se extenderá hasta el viernes. Su lema es “Derechos aquí, ahora mismo”. La protección de los derechos humanos como un requisito fundamental para una respuesta efectiva al VIH será uno de los ejes centrales de los debates y las exposiciones. “Es ya evidente que el estigma, la discriminación y la violación de derechos, así como políticas punitivas o equivocadas hacia los grupos de población más afectados por el VIH son grandes obstáculos para dar una respuesta efectiva al VIH”, señala el documento con los objetivos del encuentro.

“Se está reclamando a los gobiernos acciones concretas”, indicó a Página/12 la argentina Patricia Pérez, presidenta de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con el VIH-SIDA. Una de ellas es el acceso universal a los medicamentos, como fija la ley en la Argentina.

“Todavía aproximadamente el 65 por ciento de los pacientes que requerirían tratamiento no lo tienen. Esto ocurre principalmente en Africa, Centroamérica y en los países más pobres de Asia”, señaló a este diario Pedro Cahn, jefe de Infectología del Hospital Fernández y ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida, entidad que organiza la cumbre con la colaboración de Onusida –el programa conjunto de Naciones Unidas sobre esta enfermedad– y autoridades austríacas. Pérez, Cahn y Bianco participarán de la cumbre.

Cahn adelantó que científicos de todo el mundo reclamarán reformas a las legislaciones que criminalizan a los consumidores de drogas ilícitas. El pedido quedó plasmado en uno de los documentos de trabajo de la conferencia, la llamada Declaración de Viena, redactada por un comité de expertos, entre ellos, la Premio Nobel de Medicina Françoise Barré-Sinoussi, y firmada ya por decenas de especialistas de distintos países, entre ellos Cahn.

“Se necesita una completa reorientación de la política”, dice el paper. La declaración denuncia que el actual enfoque represivo en la lucha contra la drogadicción no sólo ha fracasado, sino que está contribuyendo a la expansión del contagio por VIH. Los impulsores de la declaración le pedirán al secretario general de la ONU; Ban Ki-moon, que “con urgencia implemente medidas que aseguren que el sistema de las Naciones Unidas (...) hable con una sola voz en apoyo de la despenalización de los consumidores de drogas”. “Muchos de nosotros que trabajamos en investigación y cuidado del sida nos enfrentamos cada día a los impactos devastadores de las políticas de drogas”, aseguró al respecto el argentino Julio Montaner, presidente de la Conferencia y director del Departamento sobre el sida de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Columbia Británica.

Como la última vez en México, dos años atrás, se espera que asistan a esta cumbre más de 20 mil personas, entre científicos, políticos, investigadores, médicos, cooperantes, artistas, activistas, miembros de la realeza e incluso representantes de marcas de preservativos, que evaluarán avances y retrocesos en la lucha contra el sida y a la vez llamarán la atención sobre una enfermedad que se ha cobrado 25 millones de vidas y que en 2008 afectaba a más de 33 millones de personas, según cifras de la ONU.

Sólo en 2008, 2,7 millones de personas se infectaron con el VIH, el 97 por ciento de ellos en países pobres o en vías de desarrollo.

En ese sentido, la Conferencia quiere hacer especial hincapié en la situación de Europa del Este y Asia Central, donde el sida se está expandiendo a un ritmo preocupante, debido sobre todo al uso de drogas inyectables y a su excesiva criminalización.

Por Mariana Carbajal
Publicado enInternacional
Jueves, 08 Octubre 2009 09:47

“Embarazo no deseado es violación”

Continúa en el mundo el debate sobre la despenalización del aborto, enfrentados los que la sostienen a los mal llamados “no abortistas”, que deberían llamarse “criminalizadores del aborto”. Partamos de la base de que nadie hace campaña propagandizando las bondades de los abortos. El embarazo no aceptado es una penosa circunstancia indeseada siempre, salvo alguna persona que tenga problemas psicológicos (he tenido pacientes mujeres que quisieron probar neuróticamente su fertilidad aun a costo de abortar. No obstante, han sido dos a lo sumo).

Pero la sexualidad y su impulso, fortísimo, hace que suela haber impericia, tanto de informados como de ignorantes, o que se juegue una adolescente y notable despreocupación sobre las responsabilidades que implica la sexualidad; tanto por la transmisión de enfermedades como por la producción de niños que merecen todo el amor y las obligaciones que los padres y la sociedad tienen para tornarlos sujetos humanos.

Dicha impericia y despreocupación deriva por supuesto de las faltas hogareñas y escolares para incluir la sexualidad y ese placer, desde los más tiernos años según nivel de preguntas o de cuestiones que plantee el niño. En una encuesta reciente publicada por un periódico, el 50 por ciento de los estudiantes secundarios no había recibido la educación que por ley se les debe dar; eso muestra hasta qué punto el prejuicio de origen religioso domina las mentes de maestros que, como los padres, no tienen que ser “especialistas en sexualidad”: deben haber tenido la curiosidad y responsabilidad de informarse por su propia vida primero. No debe transformarse la sexualidad en un patrimonio de los médicos ni de especialistas, debe ser parte del yo de realidad de todas las personas.

No se nace siendo humano, con los genes del genoma humano no alcanza para lograr ese estatuto; es necesario el alimento, el amor, el nido de significaciones transmitidas con el habla, los gestos y el lenguaje de los cuidadores inmediatos y los mensajes de los grupos sociales en los cuales los cuidadores inmediatos están inmersos. Algún día deberá entenderse que ser madre y padre es y debe ser más que un derecho, una responsabilidad; y que cada embrión, más que derecho a nacer, si nace, tiene la ardua responsabilidad de humanizarse; y lo tiene que hacer en sociedades con mayores o menores niveles de contradicción e injusticia; sociedades en las que no es verdad la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley es un enunciado formal.

A un niño que se muere de hambre no se le ha dado, porque nació, el derecho a la vida: se lo ha condenado a una muerte inmediata en vez de la muerte relativamente lejana a la que llegaremos todos los bien comidos, amados y educados, sea como lo hayan podido hacer nuestras familias. Un dulce autor psicoanalítico como Winnicott dice que lo que nace es una dotación heredada y que se convierte en criatura sólo con la solícita recepción de la madre, se humaniza sólo en la interacción con la madre que lo ama; así nace la mente subjetiva. La básica noción de “yo soy” necesita lo que Winnicott llama “una madre suficientemente buena”; esta madre no tiene que ser letrada ni informada por pediatras y puericultoras: tiene que amar y desear a su bebé como para que exista empatía con él.

Otro autor, en este caso filosofante, como Lacan, sostiene que nacemos con “carencia de ser” y que sólo nuestra entrada en las relaciones con las personas y el ordenamiento simbólico como el lenguaje nos hacen sujetos, humanos (aunque a Lacan no le gustaría este último término). El genoma humano es condición antecedente, condición necesaria pero no suficiente para que la potencialidad se transforme en humanidad. Muchas disciplinas sociales están de acuerdo en que el amor de los padres, y sobre todo de la madre, son también condición necesaria para que una combinatoria genética devenga humano.
El pensamiento religioso, especialmente el católico, cree y propaga que la combinatoria genética es un ser humano, que es un bebé. Ese pensamiento infiltra a círculos letrados y científicos: aquellos que no renuncian al consuelo por la muerte y por las injusticias de este mundo que brinda la religión.

Para ser embrión, feto y finalmente bebé, esa combinatoria genética necesita el cuerpo de la madre: biológica y médicamente es un parásito del cuerpo materno, que debe ponerse a su servicio hasta después de nacer, sumando el amamantamiento al servicio de embarazo. Es una individualidad biológica que no tiene autonomía biológica y por lo tanto es incapaz de ser individuo; está atada al cuerpo de la madre. Los servicios prestados a la dotación o combinatoria genética son una parte definitoria de la dicha que puede alcanzar una mujer en su vida, cuando su cuerpo está vitalizado por el deseo de su mente, el de tener un hijo para dar un humano más a la humanidad.

Entre mis pacientes, a lo largo de una vida que ya no es corta, encontré personas con dos clases de reacciones frente a la acción de abortar –como todo el mundo sabe, abortar ya se aborta, con ley o sin ley–: para las primeras, que tienen la creencia de que ya en el primer trimestre se trata de un bebé, el impacto del aborto es traumático y, sin influirlos en la decisión como corresponde a una psicoanalista, los he acompañado en la asunción de sus decisiones: sea la elaboración de la aceptación de ese embarazo y parto, sea la elaboración del trauma o del duelo por lo que ellos suponen que es un bebé perdido, aunque yo no comparta ese supuesto.

La otra reacción es de los que creen o saben que es una combinatoria genética: permitiéndole nacer, arruinarían esa vida y arruinarían también la de ellos, al producir un violento cambio de los objetivos que han proyectado para enfrentar las dificultades del existir. Si no hay deseo y preparación para dar existencia al bebé, éste es un peso insoportable cuya presencia producirá llagas inevitables en la humanización, en la constitución subjetiva del chico y en la vida de los padres, aunque sea la llaga de la resignación.
Pero indudablemente la protagonista es la mujer. Su deseo es inalienable, puesto que su cuerpo y su psiquismo son los parasitados por el embrión. Si lo desea, ya será una mamá embarazada –se está empezando a saber acerca de las influencias prenatales que tienen las emociones de la madre–. Si no lo desea y la preñez prosigue, el embarazo es una violación insoportable de su cuerpo y su mente, parasitados como mero envase de una ajenidad que progresa sin su consentimiento y que puede llevar a la violencia de un infanticidio. Así con Romina Tejerina, la joven que, habiendo sido violada, mató a puñaladas a su recién nacida. ¿Por qué no la dio en adopción? Porque odiaba ese fruto de una violación cuyo desarrollo la violó por segunda vez.

Embarazo, parto y amamantamiento son hechos conmocionantes en la vida, en el alma de una mujer, magníficos y enaltecedores de su autoestima si los ha deseado, violatorios y traumáticos si no los desea. Pocas experiencias satisfacen tanto como la violencia del parto deseado, con la ultraconcentración de atención, la reunión de todos los sentidos y fuerzas físicas y mentales: es magníficamente violento, pero violento. El amor, en el marco de ese dolor y ese esfuerzo, testimonia la enorme fortaleza de las mujeres. No deseado ni asumido, es un castigo de la biología, que funciona como una máquina no deseante e intrusiva en la propia subjetividad; máquina desubjetivizante, junto a la sociedad pacata que dice creer que hay una vida humana, un alma, incrustada en una combinatoria genética.

La condición de la mujer como sujeto es confrontada, por parte de la sociedad, con una subjetividad que no es, con una personalidad potencial, que sólo será “alma” si la madre le tiene amor. En caso contrario, si la sociedad obliga a esa mujer a sólo ser envase, el resultado será un alma en pena. Conozco las llagas de sujetos a quienes la madre les espetó brutalmente cosas como: “Te iba a abortar pero me dio miedo que me operaran y volví a casa”. O de los que cuentan: “... Mis padres se casaron por culpa mía, para que yo naciera, y su matrimonio fue un desastre toda la vida”. Muchas de estas personas no aman su propia vida.

Nadie obliga a abortar a los que tienen pensamiento religioso, pero ¿por qué someter a una creencia dictatorial el cuerpo y el alma de las mujeres que no tienen esa creencia? Ello las obliga a someterse a una serie de experiencias traumáticas, como las que vivió Romina Tejerina hasta llegar al infanticidio. Claro que no acordamos con ese acto, porque el bebé nacido tiene autonomía biológica y puede ser entregado a padres adoptivos que lo necesiten y lo amen; cumplido el acto de nacimiento, la madre deja de ser envase y el bebé tiene derechos de autonomía suficientes como para que le sea provisto anidamiento. Pero es posible comprender las emociones de Tejerina, por haber sido violada dos veces. Es que aun las mujeres que han cometido un error también son violadas por el embarazo no deseado, aunque la relación sexual haya sido consentida.

Por Isabel Lucioni. Psicóloga. Miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Ex directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis UCES-APBA.
Publicado enInternacional
Chris Conrad y Mikki Norris deberían haber sido arrestados en el mismo instante en que pusieron un pie en la Argentina. Al menos eso indica el artículo 12 de la ley de drogas, que reprime con prisión de dos a seis años a quien ose preconizar o difundir públicamente el uso de estupefacientes. Este era, justamente, el objetivo de la visita del matrimonio californiano que promueve desde hace 20 años el cultivo y uso del cannabis para fines médicos. Sin embargo, los activistas se ampararon en la libertad de expresión para hablar con pacientes y especialistas en un bar de Palermo, en Buenos Aires, luego en el auditorio de Asociación de Trabajadores del Estado de Córdoba y finalmente en la asociación Arte y Ciencia de Rosario. “Hay mucha gente que se niega a aceptar que una medicina se pueda fumar, tienen un problema con eso”, le advirtió Norris a Página/12, durante una extensa entrevista.
 
En 1996, ambos lideraron la campaña conocida como “propuesta 215”, que permitió “el uso compasivo” de cannabis para fines medicinales en California. Fue el puntapié para los 400 dispensarios de marihuana dispersos en este estado, que mantiene una árida relación con los estatutos federales que prohíben el cultivo y la venta de cannabis. “Hace mucho tiempo que no hay una discusión sobre la política de drogas en Estados Unidos”, reconoció Conrad, cuando se enteró del impulso del gobierno nacional para descriminalizar al consumidor de cualquier droga ilegal. El matrimonio fue invitado por la revista THC, la primera publicación argentina especializada en cannabis.
 
“Cuando empezamos, creíamos que en cinco años lo tendríamos resuelto, que bastaba con informar a la gente. Hace veinte años que seguimos haciendo lo mismo”, comentó Norris sin perder la sonrisa. Ella es la coordinadora de Human Right and Drug War y se ha especializado en el aspecto penal de la prohibición de la marihuana. Su marido es investigador y consultor de la Corte Suprema de California en cannabis. Los dos forman parte de la Universidad de Oaksterdam, la conjunción de la ciudad californiana de Oakland y la capital holandesa, donde los cultivadores de cannabis aprenden sobre horticultura, medicina, historia y política. Al terminar, se les extiende el prestigioso “certificado verde”, que exhiben en sus puertas varios dispensarios.
 
–Tengo entendido que enseña política en Oaksterdam, ¿cómo es el programa?
 
Chris Conrad: –Bueno... nos salteamos los primeros 9900 años. Básicamente, empezamos con la historia de la prohibición del cannabis en los Estados Unidos y la mayor parte de la clase se enfoca desde la Era (del presidente Richard) Nixon hasta hoy.
 
–Pero mucho antes se instaló la idea de que el cannabis era un vicio “de negros y mexicanos”. ¿También explica el origen racista de la prohibición?
 
C. C.: –Sí. Claro. La prohibición fue usada como un arma por racistas e industriales. Ellos fueron “los prohibicionistas” que trabajaron juntos para coartar la libertad de la gente.

–Pero algo de cierto hay en que la costumbre de fumar porro fue llevada a Estados Unidos por negros y mexicanos.
 
C. C.: –No está claro. Alguna gente diría que sí, pero hay historias sobre las padres fundadores de la nación americana, Washington, Jefferson.... Ellos escribieron acerca del cáñamo, pero George Washington hizo algunos comentarios interesantes. Una vez escribió sobre la importancia de remover las plantas machos de los campos... Algo que industrialmente no tiene importancia (solo las hembras tienen efectos psicoactivos). También escribió sobre una “curiosa” preparación de cannabis que recibió de un médico. De todas formas el cannabis para uso recreativo no era algo común en la comunidad blanca.
 
–Además, ellos instalaron la idea de que fumar era improductivo...
 
Mikki Norris: –O violento. Solían decir que los hombre negros empiezan a mirar a los blancos a los ojos después de fumar porro. Y eso no era bueno. Y después decían que los negros se asociaban o se juntaban a tocar jazz en los clubes, a principios del 1900...
 
–El otro aspecto, el político, está muy relacionado con lo industrial.
 
C. C.: –Cuando leí los informes del Congreso antes de la prohibición, nadie hablaba de marihuana. Me parece que lo más importante es que después de la prohibición del alcohol en 1933 (la famosa Ley Seca), hubo muchos policías que perdieron su trabajo, que era perseguir a gangsters como Al Capone, encontrar alcohol y destruirlo. Pero después, cuando se cayó la prohibición, no tenían nada que hacer. Pero cultivar y fumar cannabis era legal. Entonces, en 1935 aparece un memorándum de Harry Anslinger en el parlamento, en el que decía que estaba preocupado por dos cosas. Una era que ellos necesitaban conseguirles más trabajo a estos policías, la otra es que iba a ser imposible deshacerse de la marihuana porque es una yerba, porque crece en todos lados, y no se puede eliminar.
 
–Ni controlar.
 
–Exacto. Eso significa que la policía iba a tener trabajo para siempre si la prohibían.
 
–¿El aspecto industrial fue más determinante que el policial cuando se propuso la prohibición?
 
C. C.: –Yo creo que sí porque en los informes previos, hay algunos testimonios de la policía que dice que había que parar la marihuana y después la mayor parte habla de marihuana medicinal y cáñamo industrial y asegura que se puede abandonar el cáñamo y seguir produciendo los mismo productos con otras recursos naturales. Entonces, en 1937 Anslinger va al Congreso y dice: “Tenemos que hacer algo con respecto a la marihuana”.
 
–¿Cuál es la reacción del Congreso cuando recibe este informe?
 
C. C.: –Una de las preguntas que hicieron fue que si la marihuana es tan mala, por qué no habían oído de ella antes. Y Anslinger les contestó: “Bueno, eso demuestra qué mala es. Así de rápido se desparrama”.
 
–¿Fumaba mucha gente por entonces?
 
M. N.: –En ese momento fumaban 60 mil personas y ahora son entre 12 y 20 millones las personas que fuman.
 
C. C.: –Y ésos son solo los fumadores regulares. No sabemos cuántos son los casuales.
 
–¿Cuáles de estos argumentos (el racista, el policial o el indutrial) fue el más usado para imponer la prohibición en el Congreso?
 
C. C.: –Usaron los argumentos racistas y los relacionados con la violencia. La forma de presentar el tema fue muy cínica porque Anslinger escribió artículos acerca de marihuana y gente matándose unos a los otros e inventó otras historias y las puso en diarios de todo el país. Cuando fue al Congreso llevó esas historias, sus historias.
 
–Pero Harry Anslinger no era legislador.
 
C. C.: –No. El estaba a cargo de la prohibición del alcohol, después creó un nuevo trabajo para él, una oficina llamada Federal Bureau of Narcotics (FBN).
 
–¿La prohibición fue impulsada por republicanos o demócratas?
 
C. C.: –Por ambos. Pero él les mintió. Los legisladores le dijeron: “¿Qué va a pasar con el uso medicinal?”. Y les dijo: “La asociación médica está de acuerdo conmigo”. Y eso era mentira. Y los congresistas le advirtieron: “Pero tenemos que permitir que los granjeros sigan cultivando cáñamo”. “No hay problema con el cultivo de cáñamo, todo lo que tienen que hacer es conseguir un permiso.”
 
–Y pagar el Taxt Act, que sirvió para fundir a la industria cañamera.
 
C. C.: –Sí. Esto se hizo a través del Departamento del Tesoro (algo así como el Ministerio de Economía). Ellos dijeron: “Queremos cambiar el modo en que hacemos industria en América”. Obviamente, salieron beneficiadas la industrias petroquímicas, de etaninos, de madera y de telas.
 
M. N.: –Hubo cambio de nombre: ellos usaron el nombre “marihuana”. Nadie sabía qué era “marihuana” antes. La gente conocía “cáñamo” en la industria, “cannabis” en la medicina. Pero cambiaron todo al llamarla “marihuana”. Nadie sabía qué era y empezaron a leer esta palabra en los diarios.
 
–Pero la gente, en la calle, imagino que sí conocía la palabra.
 
C. C.: –La mayoría no. Existía, pero no se usaba mucho.
 
M. N.: –Había palabras en el slang como reefer o muggles. Hay una película, Reffer Madness, que era propaganda anticannabis y mostraba gente fumando que se volvía loca, gritaba y salía a matar. También había un personaje femenino que después de fumar se deprimía y se tiraba por un puente. La historia la escribió Anslinger.
 
–¿Cómo hicieron para contrarrestar estos discursos?
 
M. N.: –Lo principal es que la ley en California cambió gracias la iniciativa de la gente, no a los gobernantes.
 
C. C.:– Hicimos un referendo popular en 1996.
 
M. N.: –Es algo que solo puede hacerse a nivel estatal. Teníamos que juntar 600.000 firmas en California y conseguimos 880.000.
 
–¿Es vinculante?
 
M. N.: –Sí. Primeros juntás las firmas, después se vota a favor o en contra. Ganamos con el 56 por ciento.
 
–¿El argumento central de la campaña fue el aspecto medicinal de la marihuana?
 
M. N.: –Sí, siempre aclarábamos que “es solo una iniciativa medicinal”. Obviamente estábamos interesado en todos los usos del cáñamo, el ambiental, porque es mejor para el medio ambiente, es bueno para la economía, tiene varios usos médicos y los usos personales para los adultos y, claro, la libertad... Pero el aspecto médico empezó a crecer cuando la gente trajo más y más información acerca de los usos médicos. Y tuvimos pacientes hablando de cómo el cannabis medicinal los estaba ayudando y tuvimos doctores, en general oncólogos, diciendo que les gustaría recomendarlo.
 
–Imagino que también había usuarios recreativos que hicieron campaña.
 
M. N: –Claro, pero nos centramos en lo medicinal. Lo llamamos el “uso compasivo”. O sea, apelamos a la compasión de los votantes. No apelamos a la autonomía, sino a la necesidad. Decíamos: “Esta persona tiene cáncer o tiene sida y lo necesita para poder comer y dormir”.
 
C. C.: –Básicamente, los pacientes de cáncer fueron los que más insistieron, luego los que tenían sida. Más adelante, cuando hicimos estudios antes de la votación, resultó que una de cada tres personas en California conocía a alguien que usaba marihuana medicinal. Sin prescripción.
 
–¿Y ahora hay prescripción?
 
M. N.: –No. La prescripción tiene estatus federal, los médicos escriben una recomendación que funciona a nivel del estado y así puede conseguir el permiso para comprar en un dispensario de marihuana.
 
–¿Llevar este sistema a nivel federal es imposible?
 
M. N.: –Por el momento sí. Es que hay mucha gente que se niega a aceptar que una medicina se pueda fumar, tiene un problema con eso. Piensa que es malo para la salud. De hecho, una compañía en Inglaterra está desarrollando una medicina que es de marihuana completamente, pero no es sintética, aunque viene en un inhalador. Pero hay argumentos contra esto, tienen miedo de que si permiten la marihuana legal luego sería imposible controlarla y dicen: “Es un mensaje equivocado para los niños”. Un argumento que siempre funciona.
 
–La discusión en la Argentina pasa por despenalizar la tenencia de todas las drogas, no solo la marihuana.
 
C. C.: –Nos gustaría tener esta discusión allá.
 
M. N.: –Hace mucho tiempo que no hay una discusión sobre la política de drogas en Estados Unidos. La prohibición de la marihuana empezó en 1937 pero luego vino una guerra contra la marihuana que se fortaleció con Nixon y hubo, en 1968, mucha gente protestando contra la guerra de Vietnam y el gobierno dijo: “Esta gente fuma marihuana”. Y la prohibición fue una forma de oprimir al movimiento pacifista.
 
–¿Cuál era el argumento legal para meterlos presos? ¿La tenencia?
 
M. N.: –La tenencia, la venta o compartir. Y sigue siendo ilegal.
 
–Si alguien tiene drogas va a la cárcel, sea o no un adicto.
 
C. C.: –Salvo que tenga una sobredosis.
 
M. N.: –Bueno, en California somos un poco más progresistas que en el resto del país, de hecho cambiamos la ley. Hace poco, hicimos la propuesta 36, que establece que si fuiste arrestado por tenencia no vas a prisión, hacés un tratamiento. Y fue aprobada.
 
–Es lo que pretenden las ONG y el propio gobierno argentino.
 
M. N.: –La descriminalización es lo mejor. Hay lugares en Estados Unidos, ciudades, donde la gente pidió que los delitos relacionados con marihuana tengan una prioridad menor para la justicia. Ciudades como San Francisco o Oakland. Queremos que la policía se dedique a los crímenes serios, a la violencia doméstica, etc.
 
–Imagino que quieren esto para las otras drogas.
 
M. N.: –En Estados Unidos las asociaciones luchan por descriminalizar la marihuana en principio, por tener una forma o modelos de legalización como un primer paso para hacer lo mismo con otros drogas. Luego vendrán otras drogas como el LSD, la cocaína, la heroína, que podrían ser legales en el futuro si vas al doctor.
 
–Lo veo complicado.
 
M. N.: –Y sí... No hay muchas justificaciones, más allá de lo recreativo. Pero es importante cambiar las clasificaciones: hoy la marihuana aparece como la droga más peligrosa, después viene la cocaína, después las anfetaminas, la heroína y LSD.
 
–Es ridículo.
 
M. N.: –Sí, es que ahora reconocieron un valor medicinal a la cocaína pero no a la marihuana, en el nivel federal. Ellos dicen que los doctores usan cocaína, los dentistas la usan. Hay incluso organizaciones en contra de las drogas, que son escuchadas y muchas financiadas por el gobierno. Ellos son los que dicen que la marihuana es mala y recorren las comunidades diciendo que es inmoral, que es destructiva. No les importa el aspecto medicinal, a lo sumo, dicen “puedes usar Marinol”. Pero sabemos que para muchas cosas la marihuana es la mejor droga.
 
C. C.: –Y la más segura.
 
–¿Qué decían los médicos antes de que ustedes cambiaran la ley en California?
 
M. N.: –Había algunos doctores, especialmente los que trataban el cáncer y el sida, que decían a los pacientes que salían muy enfermos por la quimioterapia que probaran marihuana porque los iba a ayudar y les abría el apetito.
 
–Pero no lo decían públicamente.
 
C. C.: –A los primeros que la recomendaron les levantaron cargos dentro de la comunidad médica. La Suprema Corte de Justicia aprobó el derecho de los médicos a recomendar marihuana, antes de eso no podían hacerlo. Lo permitieron en nombre de la libertad de expresión. Los pacientes traían historias para romper corazones sobre lo que pasaba en su vida y eso sirvió para presionar.
 
–Como en el pasado, cuando Harry Anslinger apareció con sus historias sobre marihuana y violencia.
 
M. N.: –Exacto. Hice un libro 1995 con historias de gente en prisión por “la guerra contra drogas”.
 
–¿Y lo llevaron al Congreso?
 
M. N.: –En verdad, llevamos copias a los congresistas negros, a los demócratas. Antes, en los 80, empezaron a aparecer las violaciones a los derechos humanos.
 
–¿Cuándo comenzaron a denunciarlos?
 
M. N.: –Diez años después. Nadie sabía. Había histeria.
 
–¿Pero el cambio fue cultural antes que el político?
 
M. N.: –Fue el mismo proceso que cuando se prohibió. Las historias sobre el uso médico generaron empatía con la gente que necesitaba marihuana. Lo mismo con los presos, que deberían ir al hospital antes que a la cárcel.
 
 Por Emilio Ruchansky
Publicado enInternacional
Página 1 de 2