Trump podría ser relecto en 2020, pese a escándalos y proceso de impeachment

 Por orden del magnate, funcionarios de la Casa Blanca se niegan a comparecer ante tres comités legislativos

Nueva York. A un año de las elecciones presidenciales, si las actuales tendencias en niveles de apoyo político y el desempeño económico se mantienen y no hay magnas sorpresas, el pronóstico es que Donald Trump podría ser el primer presidente formalmente acusado de delitos que ameritan su destitución –o sea que ha sido impeached– que logra su relección.

Pero un año en términos electorales es una eternidad, y si la historia es guía, los procesos de investigación sobre comportamiento criminal de un presidente que amerita un juicio político suelen revelar otros delitos y/o escándalos aún no detectados, o reacciones extremas que resultan en un delito más –como obstrucción de la justicia–, mientras, por otro lado, los mejores economistas casi nunca han logrado pronosticar las crisis.

Sin embargo, el hecho de que Trump aún goza de suficiente apoyo, a pesar de la larga lista de posibles delitos revelados en la investigación en curso junto con lo que salió a la luz durante la indagación previa por un fiscal especial, más los incesantes ataques presidenciales contra las normas e instituciones del gobierno, las acusaciones de corrupción, sus más de 13 mil afirmaciones falsas o engañosas documentadas, ni hablar de la más de 60 mujeres que han denunciado el hostigamiento y abuso sexual, entre tanto más, es casi increíble.

Según estrategas republicanos, para que Trump sobreviva el proceso de impeachment y sea relecto, se requiere de dos cosas: unidad firme entre republicanos –tanto entre la clase política como en el electorado– y una economía que siga registrando resultados positivos en empleo y ganancias, reporta Axios.

Ambas cosas por ahora están así. Trump, aun después de las revelaciones de las últimas semanas sobre Ucrania, no sólo conserva más de 85 por ciento de apoyo en las filas republicanas, mientras ni un solo diputado de su partido rompió filas al votar en contra del proceso de impeachment en la cámara baja la semana pasada. Más aún, analistas registran que por ahora Trump mantiene suficiente apoyo en los estados claves del mapa electoral para lograr la relección.

Batallas

El proceso de impeachment procedió ayer con cuatro altos funcionarios de la Casa Blanca que rehusaron comparecer ante los tres comités de la cámara baja encargados de la investigación, tal como ordenó Trump. No se sabe si otros que están citados esta semana harán lo mismo.

Si es así, esto podría detonar otra controversia legal, con legisladores demócratas formulando acusaciones de "obstrucción del Congreso", igual que se hizo hace medio siglo con Richard Nixon.

Por su parte, Trump y sus aliados republicanos continuaron descalificando tanto a los mensajeros como al mensaje.

Una vez más el presidente intensificó su presión para que se revele la identidad del denunciante que detonó el proceso de impeachment al reportar por canales oficiales que en la llamada entre Trump y su homólogo ucranio, el estadunidense le instó a lanzar una investigación contra sus rivales demócratas, invitando así a la interferencia de un poder extranjero en el proceso electoral de 2020 en Washington.

Según la ley, el denunciante –quien sólo ha sido identificado como un funcionario de inteligencia asignado a la Casa Blanca– tiene el derecho de mantenerse anónimo para proteger su seguridad personal. Sin embargo, Trump ha insinuado que sabe quién es, y lo ha acusado de ser pieza de los demócratas. En un tuit de ayer denunció que "el denunciante ofreció información falsa y se manejó con el político corrupto Schiff", en referencia al presidente del Comité de Inteligencia, el representante demócrata Adam Schiff.

Mientras tanto, hoy la cámara baja empezó a divulgar las transcripciones de las declaraciones de algunos de los testigos que se presentaron durante esta fase a puerta cerrada de la pesquisa.

Este mes se anticipa el comienzo de la fase pública de la investigación en la cámara baja que, se supone, culminará con la aprobación de acusaciones formales contra Trump, con lo cual será considerado impeached.

Esos cargos oficiales son enviados al Senado, donde se realiza el juicio político para determinar si será o no destituido, algo que por ahora se descarta por el apoyo casi total del presidente por la mayoría republicana.

Sin embargo, el impeachment no es la única batalla política que enfrenta el presidente.

Ayer un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud de los abogados de Trump y ordenó que el magnate entregue sus documentos fiscales a un procurador estatal en Nueva York. Se espera que el mandatario lleve el caso a la Suprema Corte.

Por otro lado, el Departamento de Justicia está advirtiendo al autor anónimo que dice ser, o haber sido, un funcionario dentro de la Casa Blanca, que su libro por publicarse este mes podría violar acuerdos oficiales de no divulgación.

Y una columnista de consejos, E. Jean Carroll, quien acusó a Trump de un ataque sexual en los años 90, presentó una demanda legal en su contra por difamación.

Un día más en el paraíso democrático estadunidense.

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Conspiración y corrupción: una hipótesis probable

Es común hablar de "teoría de la conspiración" cada vez que alguien revela o denuncia prácticas o articulaciones políticas "irregulares", ocultas al gran público en general y conocidas solo por los insiders o por las personas con más conocimientos. Y casi siempre, cuando se usa esta expresión es con el propósito de descalificar la denuncia que se ha hecho, o a la propia persona que hizo público lo que estaba destinado a ocultarse en la sombra o en el olvido de la historia. Pero, de hecho, más rigurosamente, no existe ninguna “teoría de la conspiración".

Lo que existe son "teorías del poder", y la "conspiración" es solo una de las prácticas más comunes y necesarias de quienes participan en la lucha política diaria por el poder en sí. Esta distinción conceptual es muy importante para quien se proponga analizar la coyuntura política nacional o internacional, sin temor a ser acusado de "conspiracionista". Y éste es un punto de partida fundamental para la investigación que nos proponemos hacer sobre cuál fue el verdadero papel del gobierno de los Estados Unidos en el Golpe de Estado 2015/2016 y en la elección del Capitán Bolsonaro ", en 2018. En este caso, no hay manera de no seguir el camino de la llamada "conspiración", que culminó con la ruptura institucional y el cambio del gobierno brasileño. Y nuestra hipótesis preliminar es que la historia de esta conspiración comenzó en la primera década del siglo XXI, durante el “mandarinato” del vicepresidente estadounidense Dick Cheney, aunque ha tomado otra dirección y velocidad desde la presidencia de Donald Trump y la formulación de su nueva "estrategia de seguridad nacional", en diciembre de 2017.

Al principio fue una sorpresa, pero hoy todos ya entendieron que esta nueva estrategia ha abandonado los viejos parámetros ideológicos y morales de la política exterior de los Estados Unidos, de defensa de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico, y asumió explícitamente el proyecto de construcción de un imperio militar global, con la fragmentación y multiplicación de conflictos, y el uso de diversas formas de intervención externa, en los países que se convierten en objetivos norteamericanos. Ya sea a través de la manipulación inconsciente de los votantes y de la voluntad política de estas sociedades; ya sea a través de nuevas formas "constitucionales" de golpes de estado; ya sea mediante sanciones económicas cada vez más extensas y letales capaces de paralizar y destruir la economía nacional de los países afectados; ya sea, finalmente, a través de las llamadas "guerras híbridas" destinadas a destruir la voluntad política del adversario, utilizando la información más que la fuerza, las sanciones más que los bombardeos y la desmoralización intelectual más que la tortura .

Desde este punto de vista, es interesante seguir la evolución de estas propuestas en los propios documentos de los Estados Unidos en los que se definen los objetivos estratégicos del país y sus principales formas de acción. Así, por ejemplo, en el Manual de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales de EE. UU. Preparadas para Guerras No- Convencionales, publicado por el Pentágono en 2010, ya se afirma explícitamente que "el objetivo de EE. UU. en este tipo de guerra es explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de las potencias hostiles, desarrollando y apoyando a fuerzas internas de resistencia para alcanzar los objetivos estratégicos de Estados Unidos ". Con el reconocimiento de que "en un futuro no muy lejano, las fuerzas de EE. UU. participarán predominantemente en operaciones de guerra irregulares" .

Esta orientación fue explicitada de manera aún más clara en el documento que definió por primera vez la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. del gobierno de Donald Trump, en diciembre de 2017. Allí se puede leer con todas sus letras que en el "golpe a la corrupción" debe tener un lugar central la desestabilización de los gobiernos de los países que sea "competidores" o "enemigos" de los Estados Unidos . Esta propuesta fue detallada en el nuevo documento sobre la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos, publicado en 2018, que señala que "una nueva modalidad de conflicto no armado ha tenido una presencia cada vez más intensa en el escenario internacional con el uso de prácticas económicas depredadoras, rebeliones sociales, ataques cibernéticos, noticias falsas, métodos anticorrupción " .

Es importante destacar que ninguno de estos documentos deja la menor duda de que todas estas nuevas formas de "guerra no convencional" deben ser utilizadas – prioritariamente - contra los Estados y las empresas que desafíen o amenacen los objetivos estratégicos de los EE. UU.

Ahora bien, en este punto de nuestra investigación, vale la pena hacer la pregunta fundamental: ¿cuándo fue, en la historia reciente, que Brasil entró en el radar de estas nuevas normas de seguridad y defensa de los EE. UU.? Y aquí no hay duda de que hay muchos hechos y decisiones que tomó Brasil, especialmente después de 2003, como su política exterior soberana, su liderazgo autónomo del proceso de integración sudamericano, o incluso de su participación en el bloque económico BRICS, liderado por China. Pero no hay duda de que el descubrimiento de reservas de petróleo del pre-sal, en 2006, fue el momento decisivo en que Brasil cambió su posición en la agenda geopolítica de los Estados Unidos. Basta leer el Blueprint for a Secure Energy Future, publicado en 2011 por el gobierno de Barack Obama, para ver que en ese momento Brasil ya estaba en una posición destacada en 3 de las 7 prioridades estratégicas de la política energética de los Estados Unidos: (i) como un fuente de experiencia para la producción de biocombustibles; (ii) como socio clave para la exploración y producción de petróleo en aguas profundas; (iii) como territorio estratégico para la prospección en el Atlántico Sur .

A partir de ese momento, no es difícil rastrear y conectar algunos acontecimientos, especialmente desde que el gobierno brasileño promulgó, en 2003, su nueva política para proteger a los productores nacionales de equipos de los antiguos proveedores extranjeros de Petrobras, como fue el caso, por ejemplo, de la compañía estadounidense Halliburton, la mayor empresa en el mundo de servicios de yacimientos petrolíferos, y uno de los proveedores internacionales líderes de sondas y plataformas marinas, que fue administrada por hasta la década de 2000 por el mismo Dick Cheney, quien se convertiría en el vicepresidente más poderoso de la historia de los Estados Unidos de 2001 a 2009. Odebrecht, OAS y otras grandes empresas brasileñas entran en esta historia a partir de 2003, exactamente en el lugar de estos importantes proveedores internacionales que perdieron su lugar en el mercado brasileño. Aquí debe recordarse el inicio de la compleja negociación entre Halliburton y Petrobras sobre la compra y entrega de las plataformas P 43 y P 48 de $ 2,5 mil millones que comenzó en la administración de Dick Cheney y se extendió hasta 2003/4, con la participación del Gerente de Servicio de Petrobras en ese momento, Pedro José Barusco, quien luego se convertiría en el primer delator conocido para la Operação Lava-Jato.

En este punto, por cierto, siempre es bueno recordar la famosa tesis de Fernand Braudel, el mayor historiador económico del siglo XX, de que "el capitalismo es el antimercado", es decir, es un sistema económico que acumula riqueza a través de la conquista y preservación de monopolios, valiéndose de cualquier medio a su alcance. O incluso, traducir el argumento de Braudel para niños: el capitalismo no es una organización ética ni religiosa, y no tiene ningún compromiso con ningún tipo de moral pública o privada que no sea la multiplicación de sus ganancias y la continua expansión de sus mercados. Y esto es lo que se puede ver, más que en cualquier otro lugar, en el mundo salvaje de la industria petrolera mundial, desde el comienzo de su explotación comercial, a partir del descubrimiento de su primer pozo por el "coronel" E.L. Drake en Pensilvania, en 1859.

Ahora bien, volviendo al eje central de nuestra investigación y de nuestro argumento, es bueno recordar que este mismo Dick Cheney, que venía del mundo del petróleo y desempeñó un papel decisivo como vicepresidente de George W. Bush, fue el que concibió e inició la llamada "guerra contra el terrorismo", con el consentimiento del Congreso estadounidense para iniciar nuevas guerras, incluso sin la aprobación parlamentaria; y, lo que es más importante para nuestros propósitos, consiguió hacer aprobar el derecho de acceso a todas las operaciones financieras del sistema bancario mundial, prácticamente sin restricciones, incluyendo el viejo secreto bancario suizo, y el sistema de pagos europeo, SWIFT.

Por lo tanto, no es absurdo pensar que fue por este camino que el Departamento de Justicia de los EE. UU. haya tenido acceso a las informaciones financieras que luego fueron transmitidas a las autoridades locales de los países que Estados Unidos se propuso desestabilizar con campañas selectivas "contra la corrupción ”. En el caso brasileño, al menos, fue después de estos acontecimientos que ocurrió el asalto y el robo de informaciones geológicas clasificadas y estratégicas de Petrobras en 2008, exactamente dos años después del descubrimiento de las reservas de petróleo pré-sal de Brasil en el mismo año en que Estados Unidos reactivó su IV Flota Naval de Monitoreo del Atlántico Sur. Y fue en el año siguiente, en 2009, que comenzó el intercambio entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los miembros del Poder Judicial, el Ministerio Publico y la Policía Federal brasileña, para abordar los problemas lavado de dinero y “lucha contra la corrupción”, en una reunión que dio como resultado la iniciativa de cooperación denominada Proyecto Puente, en la que participó el entonces juez Sérgio Moro.

Más tarde, en 2010, Chevron negoció discretamente, con uno de los candidatos a la elección presidencial brasileña, cambios en el marco regulatorio pre-sal, una "conspiración" que salió a la luz con las filtraciones de Wikileaks, que finalmente se convirtió en una Proyecto de ley presentado y aprobado por el Senado brasileño. Y tres años más tarde, en 2013, se supo que la presidencia de la República, los ministros de estado y los líderes de Petrobras estaban siendo objeto hace mucho tiempo de escucha telefónica y espionaje, como revelaron las acusaciones de Edward Snowden. El mismo año la embajadora de los Estados Unidos que acompañó el golpe de Estado de Paraguay contra el presidente Fernando Lugo fue trasladada a la embajada de Brasil. Y fue exactamente después de este cambio diplomático, en 2014, que comenzó la Operación Lava Jato, que se tomó la instigante decisión de investigar las recompensas pagadas a los directores de Petrobras, exactamente a partir de 2003, dejando de lado a los antiguos proveedores internacionales, en el preciso momento en que la compañía estaba concluyendo las negociaciones con Halliburton sobre la entrega de las plataformas P 43 y P48.

Si todos estos datos estuvieran conectados correctamente, y nuestra hipótesis fuera creíble, no es sorprendente que después de cinco años del inicio de esta “Operação Lava-Jato” las filtraciones publicadas por el sitio web The Intercept Brasil, informen sobre la parcialidad de los fiscales y del principal juez involucrado en esta operación y hayan provocado una reacción repentina y extemporánea a dos acusados principales de esta historia que prácticamente se escondieran, prácticamente, en los Estados Unidos. Probablemente en búsqueda de instrucciones e información que les permitieran salir del paso y hacer con sus nuevos acusadores lo que siempre habían hecho en el pasado, utilizando la información transmitida para destruir a sus oponentes políticos. Sin embargo, el pánico del ex juez y su falta de preparación para lidiar con la nueva situación lo hicieron actuar de manera apresurada, pidiendo una licencia ministerial y viajando por segunda vez a los Estados Unidos, haciendo con esto público su lugar en la cadena de mando de una operación que parece haber sido la única operación de intervención internacional exitosa, hasta ahora, por parte del dúo John Bolton y Mike Pompey, los dos "terroristas suicidas" que dirigen la política exterior del gobierno de Donald Trump. Una operación custodiada por los norteamericanos y avalada por los militares brasileños.

Por lo tanto, si nuestra hipótesis estuviera correcta, no hay la menor posibilidad de que las personas involucradas en este escándalo sean denunciadas y juzgadas imparcialmente, porque todos los involucrados siempre han tenido pleno conocimiento y han aprobado las prácticas ilegales del ex juez y su " fiscal auxiliar ", prácticas que fueron decisivas para la instalación del capitán Bolsonaro en la Presidencia de la República. Lo único que les molesta en este momento es el hecho de que su "conspiración" se haya hecho pública, y que todos han comprendido quién es el verdadero poder detrás de los llamados "Beatos de Curitiba".

Por José Luís Fiori* y William Nozaki**

*Profesor titular del Programa de Postgrado en Economía Política Internacional (IE / UFRJ); Investigador en el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP). **Profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo (FESPSP) y director técnico del Instituto de Estudios Estratégicos del Petróleo, Gas y Biocombustibles (INEEP).

28 de julio de 2019

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Concluyó la investigación sobre la trama rusa en EU

Nueva York. El fiscal especial Robert S. Mueller entregó el informe final de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales incluyendo la posible colusión de la campaña de Donald Trump con el Kremlin y la subsecuente obstrucción de justicia del presidente. El documento marca el fin del proceso que ha mantenido bajo sitio a la Casa Blanca durante casi dos años, pero que sólo es una de múltiples investigaciones contra uno de los regímenes más sospechados de corrupción y actividades ilegales desde los tiempos del Watergate.

El informe fue entregado al procurador general William Barr, quien de inmediato informó a líderes de los dos comités judiciales del Congreso que espera poder compartir con ellos tan pronto como este fin de semana "las principales conclusiones" alcanzadas por Mueller.

Por ahora, el procedimiento es que Barr redactará su propio resumen sobre las conclusiones de Mueller y tiene la autoridad para determinar qué tanto del informe será divulgado al público, aunque había señalado que su intención es ofrecer lo máximo posible. Ayer destacó: "Permanezco comprometido con toda la transparencia que sea posible".

Sin embargo, líderes legislativos y candidatos presidenciales demócratas exigieron de inmediato que casi todo el reporte sea hecho público. Aunque Trump había declarado que favorecía eso, en privado se sabe que su equipo legal está contemplando evitar la divulgación de cierta información, y por tanto esta pugna podría acabar en tribunales.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, comentó por tuit: "Vemos con anticipación que el proceso tome su curso", señalando que ellos no recibieron copia y que los próximos pasos le corresponden al procurador general.

No se sabe si el informe resuelve la disputa sobre si el equipo de Trump estuvo coludido con los rusos, ni de su responsabilidad en actos de obstrucción de la justicia, incluyendo el despido del ex jefe del FBI James Comey en 2017, quien entonces encabezaba la investigación sobre la mano rusa en las elecciones estadunidenses y cuya expulsión abrupta ordenada por Trump llevó al nombramiento de Mueller en mayo de ese año.

La entrega del informe marca el fin de la investigación, sin el anuncio de más acusaciones formales además de las anunciadas previamente y según algunas indicaciones preliminares esta noche, es posible que el fiscal especial ya no presente más cargos.

De hecho, no queda claro de qué tanto margen gozan Mueller y otros funcionarios del Departamento de Justicia para proceder penalmente contra Trump ya que según las normas prevalecientes, no pueden presentar acusaciones formales contra un presidente en funciones.

Sin embargo, eso no implica que las conclusiones y evidencias, si es que revelan delitos, no podrían ser empleadas por el Congreso para formular sus propios cargos en un potencial proceso de impeachment.

Durante el curso de su investigación, de unos 21 meses, Mueller presentó cargos y procedió penalmente contra 34 individuos y empresas, entre ellos seis socios y asesores claves de Trump: su ex jefe de campaña, Paul Manafort; el subjefe de esa campaña, Rick Gates; su ex asesor de Seguridad Nacional, Mike Flynn, y su abogado personal, Michael Cohen. Robert Stone, otro íntimo de Trump, está en espera de juicio por todo tipo de acusaciones.

Desde el inicio de la investigación, Trump no ha cesado de descalificar el proceso, emitiendo un promedio de dos ataques diarios, en los que insiste en que era parte de un complot en su contra. Una y otra vez rechazó los cargos, atacó a Mueller y a su equipo de ser títeres de los demócratas (Mueller es republicano) y hay versiones de que deseaba despedirlo y que sólo desistió después de que sus asesores le advirtieron de la crisis que eso detonaría. El magnate repitió hasta el cansancio que la investigación era una "cacería de brujas".

Aunque la pesquisa encabezada por Mueller era la de más alto perfil y el enfoque de todo Washington, su conclusión no implica el fin de las múltiples investigaciones y procesos legales relacionadas con Trump.

Proceden investigaciones federales y estatales en Nueva York, Virginia y la capital donde, entre otros asuntos, se están indagando posibles violaciones de financiamiento de campaña que incluyen los pagos por silencio de dos mujeres, quienes dicen haber tenido aventuras sexuales con el magnate, como por posibles contribuciones extranjeras ilegales a su comité de asunción, y tambien sobre operaciones financieras de su empresa, entre otras.

Además, se acaba de estrenar una serie de investigaciones legislativas de varios comités de la cámara baja, ahora controlada por los demócratas. Muchas de éstas se podrían ver nutridas por elementos de la pesquisa de Mueller. Más aún, algunos de los casos que resultaron de esta investigación siguen activos bajo la dirección de fiscales federales o ante tribunales.

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Trump pierde la guerra sexual y gana la judicial

La confirmación del juez Brett Kavanaugh en la Suprema Corte alteró la correlación de fuerzas cuando el Poder Judicial se encuentra en manos de una mayoría de cinco jueces conservadores, del total de nueve –con salarios de 260 mil dólares al año–, lo que explica la feroz batalla que se libró con todo tipo de "armas sexuales" que epitomizan la pornocracia de EU (http://bit.ly/2A6O6xv).

El hipotético caso de un impeachment por el Congreso puede ser rechazado por la Suprema Corte, donde Trump cuenta ya con mayoría, de acuerdo con las reglas de la caníbal democracia de EU.

The Wall Street Journal, asociado a Fox News –que apoya a Trump– reveló que las manifestaciones en el Capitolio en contra del nombramiento del mancillado juez Kavanaugh fueron financiadas por el mega-especulador George Soros (https://on.wsj.com/2A7Vf0O).

Sólo Dios sabe si el imputado acosó sexualmente a Christine Blasey Ford hace 36 años, en su época preparatoriana.

Lo que sí sabemos los humanos es que el clan de los Clinton se cobró 20 años después la vendetta de la factura contra Kavanaugh, quien había redactado el caso del "vestido azul" de la "becaria" Lewinsky.

Se trata(ba) de desprestigiar aún más a Trump y al Partido Republicano como una caterva de degenerados, a unos días de las elecciones intermedias del 6 de noviembre: susceptibles de trastocar los órdenes doméstico/regional/global.

Mucho dependerá qué tanto daño causó la demolición sexual del juez Kavanaugh y del mismo disoluto Trump, quien con tantos escándalos sicalípticos hasta parece estar blindado, como sucedió con Mitrídates, rey del Ponto en 160 AC, quien de tanto ingerir veneno en pequeñas dosis consiguió su inmunidad tóxica.

Estamos a 22 días de saber si la votación favorable para el juez Kavanaugh en el Congreso, con bendición expedita de la FBI, tendrá un efecto desfavorable para el Partido Republicano o, al contrario, repercutirá con un sonoro bumerán.

El Partido Demócrata centró sus ataques en los presuntos acosos sexuales de Kavanaugh –impugnados por el movimiento #Metoo, relevante en el caso del cineasta Harvey Weinstein (http://bit.ly/2A6ZfhM), íntimo de la cábala de los Clinton–, mientras el Partido Republicano se confinó como defensor de la "presunción de la inocencia": inalienable derecho democrático.

Aquí el Partido Demócrata cometió un el error jurídico al pretender que una acusación, sea cierta o falsa, equivale a una condena inapelable, omitiendo la legítima defensa del impugnado.

The Economist, de los banqueros esclavistas Rothschild, dio vuelo al movimiento #MeToo “Sexo y Poder (https://econ.st/2A6Yrte)”, que tiene todos los derechos democráticos para denunciar, pero sin perder de vista los sacrosantos elementos de defensa y de presunción de la inocencia: cuando se puede caer en la ultrajante injusticia de que se es culpable hasta no demostrar que se es inocente.

El 6 de noviembre se reconfigurará la cartografía. Trump, más que su etéreo impeachment, se juega su relección: un verdadero referéndum.

Hoy la sociedad de EU parece dividirse más en una "guerra de sexos" que en su verdadera disparidad económica, profundizada dramáticamente.

NYT expone los fuertes lazos de los bancos y las corredurías con los candidatos del Partido Demócrata, según cifras de Center for Responsive Politics, y que han superado a los supuestamente pudientes del Partido Republicano (https://nyti.ms/2QK3NAn).

Los omnipotentes financieros del Partido Demócrata son George Soros, de 88 años, y el "judío-episcopalista" Tom Steyer, de 61 años, entrenado en Morgan Stanley y Goldman Sachs, y dueño de Farallon Capital con 20 mil millones de dólares.

Wall Street también juega con sus "supercomputadoras" de High Frequency Trade que pueden redireccionar el voto, como avisó con su abrupta caída de 800 puntos que luego rebotó.

¿Los Demócratas apuestan a las finanzas de Wall Street, mientras los republicanos lo hacen con el petróleo?

Vienen 22 días escalofriantes.

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Kuczynski supera el pedido de destitución en el Congreso peruano

 

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, logró hoy un triunfo político que lo fortalece frente a sus enconados rivales del fujimorismo, con la decisión del Congreso de rechazar un pedido de destitución por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

Después de que el pleno del Congreso de Perú rechazó el jueves despojarlo de la jefatura del Estado, Kuczynski ofreció que hoy “empieza un nuevo capítulo” en la historia de su país. “Reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”, escribió Kuczynski en la red social Twitter.

Tras una sesión de mas de 13 horas, la moción con el pedido de vacancia (destitución) solo obtuvo 79 votos a favor, cuando la ley peruana indica que necesitaba del apoyo mínimo de 87 de los 130 legisladores. Se contaron, además, 19 votos en contra y 21 abstenciones por lo que el pedido fue archivado y Kuczynski seguirá al frente de la Presidencia.

En la decisión final desempeñaron un papel decisivo los legisladores del bloque de izquierda Nuevo Perú, que se retiraron en bloque antes de la votación y exhibieron carteles que decían “Ni golpismo ni lobbismo”.

Sin embargo, también se produjo la sorpresiva abstención de 10 legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, que domina el Congreso y había anunciado una posición en bloque a favor de la destitución de Kuczynski. Entre los legisladores de Fuerza Popular que se abstuvieron estuvo Kenji Fujimori, el hijo menor del encarcelado presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

La congresista fujimorista Cecilia Chacón aseguró que su grupo respetará el resultado de la votación en el Congreso, pero anunció que su bancada pedirá explicaciones a sus colegas que no votaron a favor del pedido. Según Chacón, la abstención de esos parlamentarios estuvo motivada por que el Gobierno les prometió liberar al expresidente Fujimori.

La votación se dio tras más de nueve horas de debate en el Congreso, que a su vez estuvo precedido por la defensa que hizo Kuczynski ante el pleno durante más de dos horas, acompañado por su abogado, Alberto Borea.

En su alegato, Kuczynski pidió a los congresistas que “salven la democracia” y rechacen el pedido de destitución, a la vez que negó haber favorecido a Odebrecht o mentido en su relación con esa constructora.

El jefe de Estado se presentó ante el pleno para defenderse de la moción de vacancia por “permanente incapacidad moral”, solicitada por la asesoría financiera que su empresa Westfield Capital dio a Odebrecht entre 2004 y 2007 por un proyecto de irrigación en Perú.

El jefe de Estado pidió disculpas porque, según dijo, debió “ser el primero en advertir las dificultades para sanar las heridas, tras la contienda democrática” de 2016, en las que venció por estrecho margen a la actual líder opositora, Keiko Fujimori. “No está en juego mi permanencia en el cargo, está en juego la estabilidad democrática, no apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo no olvida, ni perdona”, expresó el mandatario.

Kuczynski reiteró que es propietario de Westfield Capital, dedicada a asesorías financieras desde 1992, y que cuando fue ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) esa compañía era gestionada por su exsocio Gerardo Sepúlveda.

Remarcó que “la norma prohíbe que (un funcionario público) gestione intereses propios o de terceros, pero los dividendos que un empresario recibe por parte de una empresa son por la propiedad de la misma, no por su gestión”.

“Soy un hombre honesto, jamás he recibido una coima o un soborno, que haya torcido mi voluntad. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Gobierno, jamás incurrí en conflicto de intereses”, sostuvo.

El rechazo al pedido de destitución del gobernante cerró una intensa semana de crisis política en Perú, que comenzó el jueves pasado cuando Odebrecht remitió al Congreso un documento sobre las consultorías que hizo la empresa de Kuczynski.

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Martes, 19 Diciembre 2017 07:40

La defensa de PPK fue floja

La defensa de PPK fue floja

“No soy corrupto, no he mentido”, dijo Pedro Pablo Kuczynski, pero no logró aclarar las acusaciones en su contra. No probó con ningún documento que hubiera delegado en un amigo el manejo de su empresa Westfield Capital.

 

Con la amenaza de la destitución –que se debe resolver este jueves– pendiendo sobre su cabeza, el presidente Pedro Pablo Kuczynski intentó una defensa que lo salve sobre la hora. “Pido disculpas al pueblo peruano porque no he explicado bien de que se trata esto”, dijo el todavía presidente peruano, al comenzar una entrevista dada el domingo en la noche a cinco periodistas en Palacio de Gobierno y transmitida en cadena de televisión. Pero su argumentación posterior para tratar de “explicar bien” su supuesta inocencia de los cargos en su contra, fue floja, con vacíos y contradicciones. “No soy corrupto, no he mentido”, insistió, pero no pudo aclarar las acusaciones que se le hacen. Kuczynski no salió bien parado de la entrevista que esperaba le sirva para apuntalar su hasta ahora precaria defensa.


Acusado de recibir, a través de una empresa de la que es único propietario, Westfield Capital, 782 mil dólares de Odebrecht, pagos que comenzaron cuando era ministro de Economía y primer ministro entre 2004 y 2006, cargos desde los cuales tomó decisiones que favorecieron a la constructora brasileña, Kuczynski se defendió diciendo que no sabía nada de lo que su empresa hacía cuando él era ministro porque en esos años delegó el manejo de la misma a su amigo y socio Gerardo Sepúlveda. “Recién conozco esos contratos”, aseguró, dejando muchas dudas. Pero no pudo demostrar con documentos que efectivamente había delegado el manejo de su empresa y terminó admitiendo que como único accionista de Westfield Capital se ha beneficiado con las utilidades que dejaron los contratos con Odebrecht en los años en los que él era ministro y estaba impedido por ley de hacer negocios con empresas privadas que tuvieran relación con el Estado.


Tampoco ha sonado convincente cuando insistió en que no tenía relación con First Capital, empresa propiedad de Sepúlveda, el mismo personaje que supuestamente manejó su empresa. First Capital también contrató con Odebrecht y recibió de la constructora brasileña algo más de cuatro millones de dólares entre 2004 y 2014, relación que comenzó cuando PPK era ministro.


“La vacancia (destitución) presidencial ya está definida, los actos de corrupción por los que Kuczynski está acusado no se pueden aceptar”, le declaró a PáginaI12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén


Por su parte, el historiador y analista político Nelson Manrique le señaló a este diario que “la defensa que ha hecho Kuczynski diciendo que no sabía nada de la relación de su propia empresa con Odebrecht es muy poco verosímil”. “Estoy a favor de la vacancia –precisa Manrique– si el presidente no da una explicación satisfactoria, pero se debe respetar el debido proceso y darle al presidente el derecho democrático elemental a una adecuada defensa, algo que no está ocurriendo.”


El presidente, que durante el año y medio que lleva su gestión se mostró débil frente al fujimorismo y siempre intentó, sin éxito, un acercamiento con este grupo, denunció que su vacancia, que calificó como “exprés” por la rapidez con la que se ha tramitado y se votará, era parte de “un asalto al poder” del fujimorismo, con mayoría absoluta en el Congreso, que incluye la captura de la fiscalía de la nación y del Tribunal Constitucional, proceso de copamiento que el partido de Fujimori ya puso en marcha parapetado en su mayoría parlamentaria. Esta arremetida fujimorista se da cuando la fiscalía avanza una investigación sobre un financiamiento oculto de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori.


Sin argumentos sólidos para levantar los cargos de corrupción en su contra, el argumento político de advertir que la vacancia está siendo aprovechada por el fujimorismo para acumular poder y ganar impunidad, terminó siendo el principal punto de apoyo de PPK para cuestionarla.


“La vacancia presidencial se puede justificar, pero está siendo aprovechada por el fujimorismo para sus propios intereses”, indica Manrique, quien, como PPK, también habla de un “golpe de Estado” fujimorista.”Estamos ante un golpe parlamentario del fujimorismo –dice Manrique– porque no solamente van a derribar al presidente, sino también copar el Tribunal Constitucional y la fiscalía, en un operativo simultáneo.Los que ahora hablan de moralización y van a sacar al presidente son ellos unos corruptos. Este no es un intento de sanear al Estado, sino de sacar al presidente para controlar el Ejecutivo, controlar el aparato judicial, y sumar eso al control que ya tiene el fujimorismo del Legislativo, y así bloquear las investigaciones que comprometen a Keiko Fujimori”.


Adrianzén también advierte sobre los peligros del fujimorismo en un escenario post-destitución: “Kuczynski hizo muchas concesiones al fujimorismo, pero su vacancia le sirve al fujimorismo para presentarse como abanderados de la lucha contra la corrupción y para hacer una demostración de su fuerza, y crea un escenario favorable a sus intereses, porque la consecuencia de la vacancia presidencial será que tendremos un nuevo presidente débil (el cargo lo debe asumir el vice Martín Vizcarra, que hace unos meses debió renunciar al cargo de ministro de Transportes presionado por el Congreso por los cuestionamientos a un contrato para construir un aeropuerto) y el mismo Congreso fuerte donde el poder del fujimorismo es omnímodo. Ese es un escenario que le conviene al fujimorismo en sus intenciones de buscar tapar las investigaciones por las implicancias del caso Lava Jato en el Perú en las que aparece seriamente comprometido”.

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Domingo, 17 Diciembre 2017 07:47

Cuenta regresiva para el gobierno de PPK

Kenyi Fujimori (centro), líder opositor en el Congreso, durante la sesión del viernes.

 

Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia por “por incapacidad moral permanente”.

 

Desde Lima

La permanencia del presidente Pedro Pablo Kuzcynski en Palacio de Gobierno ha ingresado en inevitable cuenta regresiva. “No voy a abdicar”, anunció el presidente, ante las exigencias de la oposición que controla el Congreso para que renuncie por las revelaciones de que recibió pagos de Odebrecht cuando hace una década fue ministro. Se ha negado a dimitir, pero la suerte de PPK, como se le conoce al veterano economista neoliberal de 79 años y gestor de grandes negocios privados que gobierna el Perú desde julio de 2016, parece estar echada. El presidente podría ser destituido la próxima semana. Todo apunta a que PPK pasará la Navidad como ex presidente. Si se confirma su destitución le espera un proceso judicial por sus nexos con Odebrecht cuando era ministro.

La oposición reaccionó a la negativa del presidente a renunciar presentando en el Congreso una moción para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Para aprobar la destitución del jefe de Estado se necesitan 87 votos de los 130 del Congreso unicameral. Fueron 93 congresistas los que aprobaron, la noche del viernes, darle paso al pedido de vacancia para que sea debatido y votado el próximo jueves 21. Con la única excepción del oficialismo, que es minoría, y de algunos pocos disidentes de distintos grupos, todas las bancadas parlamentarias respaldaron iniciar el proceso de vacancia. Todo parece estar dicho.

Desde el oficialismo se han quejado de que se haya dado trámite al pedido de vacancia presidencial sin antes haber escuchado los descargos de Kuczynski. PPK pidió declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las implicancias del caso Lava Jato en Perú –comisión que la mayoría fujimorista utiliza para investigar a sus rivales y encubrir a su partido y a sus aliados–, pero esa comisión, que antes que estalle esta crisis lo había citado y el presidente se había negado a ir, no lo ha querido recibir. En lugar de ello se presentó el pedido de vacancia presidencial.

El presidente recién podrá ensayar una defensa ante el Congreso el mismo día que se vote el pedido de vacancia. Lo podrá hacer personalmente o a través de un abogado. Para salvar su cargo, Kuczynski tendría que convencer al menos a siete congresistas para que cambien de opinión. Tarea altamente improbable, especialmente después de escuchar los débiles argumentos de defensa del presidente durante un mensaje al país.

En un mensaje televisado, PPK trató de justificar los 4,8 millones de dólares de Odebrecht recibidos, entre 2004 y 2014, por dos empresas a las que está vinculado –782 mil dólares por Westfield Capital, de la cual él es propietario único, el caso que más lo compromete, y poco más de 4 millones de dólares por First Capital, propiedad de su socio Gerardo Sepúlveda y con la cual ha tenido una larga y estrecha relación– diciendo que él no tenía nada que ver con los contratos para las consultorías dadas por esas empresas a la constructora brasileña. Era el dueño único de una empresa, pero no sabía nada de lo que esta empresa hacía, no conocía de sus lucrativos contratos con una constructora mientras él era ministro y tomaba decisiones de gobierno para favorecer a esa constructora, puede resumirse su débil argumento de defensa.

Ayer Odebrecht intentó lanzarle un salvavidas a un PPK con el agua al cuello, con una carta en la que decía que los contratos que la constructora firmó con las empresas ligadas al presidente “son legales” y que no fueron gestionados directamente por Kuczynski. Pero la carta no aclara nada y ese salvavidas de último momento difícilmente ayude a un agonizante presidente.

El fujimorismo, dominante en el Congreso con 72 votos de 130, promueve con entusiasmo la vacancia presidencial y maniobra para sacar provecho de esta crisis que golpea al gobierno. Con encendidos discursos contra la corrupción para criticar a PPK, con más pose que sustancia, intentan reciclarse y lavarse la cara de la corrupción histórica y actual que los mancha. Los fujimoristas ven en la crisis del gobierno y una destitución del presidente la oportunidad para avanzar en el objetivo de acumular más poder y bloquear las investigaciones fiscales que comprometen seriamente a su partido y a su jefa Keiko Fujimori con millonarios aportes ocultos de Odebrecht para su campaña electoral y con lavado de dinero.

Otros sectores políticos, como la izquierda, también respaldan la vacancia presidencial ante la falta de respuestas de PPK a los cargos de corrupción en su contra, pero toman distancias del fujimorismo y advierten de sus intenciones de copar el poder y las instituciones públicas para asegurar su propia impunidad.

Mientras la atención está en la vacancia presidencial, el fujimorismo amenaza a sus investigadores, ante quienes exhibe la destitución del presidente como una muestra de su poder, y mueve sus fichas en el Congreso para destituir al fiscal de la nación y capturar la fiscalía que ahora los investiga, y para copar el Tribunal Constitucional.

Si se confirma la destitución de Kuczynski, como todo indica ocurrirá en unos días, debe sucederlo el vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá, que ya hace maletas. Vizcarra debería completar el mandato presidencial, que culmina en julio de 2021, pero no tiene una base política propia y es minoría en un Congreso dominado por una agresiva mayoría fujimorista. Su estabilidad en el cargo es puesta en duda por diversos analistas. En ese escenario se especula con un posible adelanto de elecciones.

 

 

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“Mi misión era evangelizar el ambiente político”

El actual presidente del Senado por el Frente Guazú cuenta cómo ingresó a la política, su relación con el Vaticano, su recuerdo de Perón, sus vínculos con la Teología de la Liberación y la necesidad de una reforma agraria.

 

“Chamiga, venite a tomar mate con ajenjo y yaguareté Ka a, amargo como la verdad,” invita. Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay desde el 15 de agosto de 2008 hasta el 22 de junio 2012, recibe a PáginaI12 en su casa, en un barrio obrero de Asunción. Todo en el lugar es sencillo: los sillones de cretona floreados, vírgenes, crucifijos y un enorme cuadro del general José Gaspar Rodríguez de Francia (1776-1840), el principal representante del movimiento independentista e ideólogo de la emancipación paraguaya. La casa es una construcción que debe tener mas de treinta años a la que se le han anexado un escritorio y un lugar mezcla de quincho y comedor donde más tarde, ese domingo, llegarían sus dos hijos a almorzar. Antes, durante una hora y media de charla y mate, el actual Presidente del Senado por el Frente Guazú se preocupa por contestar cada pregunta.


–¿Cómo ha sido su relación con la Iglesia y en especial con el Vaticano? Para dejar de ser obispo y dedicarse a la política hacía falta hablar con el Papa.


–Según la teología. yo no podía ser candidato a presidente. Porque hay dos sacramentos en la iglesia que imprimen carácter, o sea que tienen carácter indeleble, que no se borran nunca, y uno de ellos es el sacerdocio y el otro es el bautismo. Por eso no existe el re bautismo, no existe el re sacerdocio, uno es sacerdote in aeternum hasta la muerte.


–Su historia y su manera de pensar, ¿qué relación tuvieron con la revolución cubana, con Fidel Castro?


–Ninguna.. Ecuador me abre los ojos sobre la perspectiva Latinoamericana, aquí en Paraguay teníamos una formación muy cerrada, aquí nunca en los seis años de formación hemos escuchado hablar de la teología de la liberación. Yo fui el primer profesor de teología de la liberación cuando volví en el 82. Porque hice mi tesis sobre la teología de la liberación. Ecuador me abre los ojos. En el 78 se estaba preparando el Sínodo de Puebla y nació en Ecuador la famosa Coordinadora de la Iglesia de los Pobres. Con un grupo de sacerdotes pastoristas, muy de avanzada, biblistas. Eso marca una cierta conciencia pastoral, social también, muy comprometida .


–O sea que usted tardó en relacionarse con los movimientos de la Iglesia para la liberación


–Es verdad. Cuando ocurre la revolución sandinista vinieron a pedir alfabetizadores al Paraguay. Y se fueron como 100 muchachos de la parroquia, de ese grupo de fundadores de la iglesia de los pobres. Hasta ese momento no tenía ninguna relación con ningún movimiento socialista de América latina. Se escuchaba allá por el 76 cierta relación clandestina con ciertos movimientos que venían de Argentina de Chile, pero nunca tuvimos relación.


–¿Qué pensaba del peronismo?


–Yo nací en el 51, en un pueblito pequeño, tengo un recuerdo muy infantil, de un hombre muy generoso que quería a los pobres y que mandaba juguetes a los niños. Pero en América Latina también se sabía de la relación de Perón algunos líderes vinculados al fascismo.


–Bueno, la relación de Perón con Stroessner no era ningún secreto.


–Él estuvo aquí exiliado unos meses.


–¿Cómo dejó de ser militante religioso para convertirse en político y llegar a la presidencia de Paraguay?


–Yo nunca tomo una decisión solo, siempre tengo amigos compañeros, la familia, mi hermana, la que fue primera dama que vivió mi transformación. Recuerdo perfectamente lo que habíamos conversado con ella, ese día yo le pregunto a ella y a otro hermano, qué pensaban. Y me dijeron “si pudiste dedicarle treinta años a la iglesia, te podes dedicar a un país”. La misión era la de cargar un ingrediente ético a la política, evangelizar el ambiente político. En Diciembre del 2006, me iban a juntar unas diez mil firmas y me trajeron 120 mil. Y eso no me dejo dormir. Ahí decido pedir la reducción al estado laical para ocuparme del rol político. Para los obispos y sacerdotes es muy fácil criticar las falencias. Un profesor mío de teología me dijo “la política es una ciénaga de la cual nadie sale limpio.


–Y decidió meterse en el barro.


–Decidí embarrarme, entrar en la cancha con todas las normas y leyes. Jugar en cancha ajena, Soy el único político de Paraguay que no está afiliado a ningún partido. Estoy por afinidad ideológica, afinidad estratégica, en el frente Guazú.


–El tema de los campesinos y la reforma agraria siempre le han rondado en su cabeza.


–Sí, yo suelo decir que mientras no se lleve a cabo una genuina reforma agraria en Paraguay, acá no se podrá respirar cierta paz social. La tengo metido en los tuétanos, Eso fue el foco central, incluso de mi destitución.


–No me cabe ninguna duda.


–Con una inequidad en la tenencia, escandalosa, uno no puede callarse. Como decía San Pedro, si nosotros calláramos, la tierra gritaría.


–Entre la reforma agraria que soñó y la reforma posible ¿no había una negociación intermedia?


–Aquí el problema de la tenencia de la tierra es un problema muy complejo. Hay ocho millones de hectáreas de tierras mal habidas, distribuidas a mansalva en tiempos de la dictadura y esa gente sigue en el poder. Yo no quise hacer una reforma agraria, yo simplemente pedí a los grandes terratenientes que muestren sus títulos. Pero hay tantos títulos ilegales en el país que es imposible de demostrar que esas tierras las hayan podido adquirir legítimamente y legalmente.


– Hablemos del juicio político que usted ha vivido. ¿Cuál cree usted que es la verdadera explicación?


–En política muchas veces, es más importante lo que se calla que lo que se dice. Porque detrás de todo lo que se ha dicho de ese así llamado juicio político hay muchos silencios. ¿Por qué a Lugo? Por qué a Dilma? ¿Por qué intentaron con Correa? Por qué intentaron con Evo? Yo creo que Estados Unidos, la dominación del imperio, no se puede permitir que estos gobiernos pudieran crecer .


–¿Qué pasó con usted exactamente?


–Se pusieron a investigar hasta la última gota de combustible que yo usaba en la presidencia. Y ahí hubo un reconocimiento de que fui uno de los presidentes que no puso la mano en la lata. Y el sistema funciona con corrupción. Hay corrupción en Estados Unidos, en Ginebra, en Italia, en Argentina, en todas partes hay corrupción.
–Es más funcional al sistema la corrupción que la ética.


–Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.... Por qué? Porque es una manera de dominación también


–¿Cómo influyeron en usted y en la sociedad las denuncias acerca de su paternidad?


–Bueno, primero yo lo asumo con absoluta responsabilidad, lo dice Francisco con su libro sobre la tierra,(La Encíclica Laudato Si) en la página 58: “Fernando Lugo, un obispo tuvo un traspié, se arrepintió.” Eso ocurre en el 2002. El otro caso ocurre en el 2007. Cuando yo ya estaba afuera de San Pedro (la Iglesia). Por supuesto que la corporación mediática que responde a la oligarquía cargó la tinta demasiado, pero bien. Yo lo asumo. ¿Quién no tiene errores? Y los que más denunciaban son los que tenían hijos no reconocidos ahí en el Parlamento. Y los empresarios. “


–¿Se cuestionó alguna vez el celibato en la Iglesia?


–Yo creo que es una reflexión que se tiene que hacer dentro de la Iglesia, aquí incluso hay una experiencia de los diáconos casados. Yo reconozco que lo mío fue un traspié, fue un momento de debilidad, reconozco que no fui un buen ejemplo, digamos, en términos de asumir el compromiso de una vida casta dentro de la Iglesia y ser un testimonio. Mucha gente se ha escandalizado, mucha gente me decía que yo era como una puñalada en la espalda de la Iglesia.
–Durante su presidencia padeció de cáncer.


–Yo tuve cáncer en tres lugares, en el mediastino, en la ingle y en la columna. Me curé del cáncer porque reaccioné inmediatamente. Acá yo tengo dos, tres cosas, muy claras. Ahí está mi santo el patrono de los enfermos de cáncer, a quien rezo todos los días...Tengo una planta de Graviola, corazón de la India, Araticuguazu y la quimioterapia. Las tres cosas, una santisima trinidad que me limpió el cáncer y la profesionalidad de los médicos que me atendieron a tiempo.


– ¿Cómo se llevaba con Néstor Kirchner?


–Cristina vino cuando yo asumí, pero con Néstor después, en la Secretaría de Unasur, tenía muy buena relación, vino a Paraguay, teníamos largas conversaciones con él, lo mismo que con Lula y con Chávez, los tres presidentes que, de alguna manera, me enseñaron muchísimo lo que es política, lo que es el gobierno, lo que son las relaciones internacionales. Por supuesto también tengo una buena amistad con Correa, con Evo, eh, con Michelle, con Tabaré.


–¿Como ve el gobierno de Horacio Cartes?


–Es un gobierno diferente al nuestro, es un gobierno para unos pocos. Lo más revolucionario nuestro era hacer un gobierno para todos, nuestro lema era “Un Paraguay para todos y todas”. Este es un gobierno para algunos, un gobierno para los pudientes, acá hay gente que vive muy bien, los agronegocios, los bancos, las financieras, los inversionistas, eh, tienen un Paraguay fantástico, ¿no es cierto? Un país de maravilla. Yo suelo decir que el presidente es un empresario, no es un político. No va a dejar de ser un empresario, va a seguir pensando como un empresario y lastimosamente quiere manejar el país como si fuese su empresa. No dialoga, no pregunta. Lastimosamente le dio mucho poder a sus gerentes y no a la clase política


–¿Se parece a Mauricio Macri?


–Conozco poco lo de Macri, ¿verdad? No tengo la información desde dentro. Pero sí, yo creo que más que Macri hay una matriz, un poco con Brasil, Argentina, Paraguay.
–¿Cómo es ser presidente del Senado en franca minoría?


–El Palacio de gobierno era como una olla de presión, porque tenía la presión de todo el país y acá es una olla de presión donde tengo cuarenta y cuatro colegas, colegas, de igual a igual, yo soy el directivo inter pares, no soy más que ellos, hay dos vicepresidentes de dos partidos diferentes y soy presidente de todos, de los cuarenta y cuatro. Tengo que escuchar a los cuarenta y cuatro, estar al servicio de los cuarenta y cuatro, con diferentes signos políticos. Podemos coincidir en ciertas votaciones, en ciertos intereses, o estar totalmente en desacuerdo, pero intento generar un ambiente de convivencia democrática,


–¿Usted se puede presentar como candidato a presidente?


–Tengo las puertas cerradas para ser Presidente. Muchos del entorno político mío dicen que ven una esperanza, pero yo no creo. Yo quiero ser realista, no quiero vender espejitos, no quiero vender ilusión a la gente.


–¿En este país se puede en este país pensar en el matrimonio igualitario?


–La gente es conservadora, el Paraguay es un país conservador. También hay una cuestión, quizás muy personal. Yo no le daría a la unión entre hombres o entre mujeres el estatus jurídico de matrimonio Porque la finalidad del matrimonio, la primera finalidad es la felicidad, la segunda es la procreación, que ellos están imposibilitados para la procreación.


–¿En qué cree que se ha equivocado?


–Yo llegué a ser presidente fuera de tiempo, llegué ingenuamente. Sin la viveza política, sin saber los vericuetos, sin saber cómo se solucionan los problemas políticos. Acá había una práctica política muy activa de toma y daca... y yo no lo entendí.

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Martes, 11 Julio 2017 06:22

Temer, un poco más cercado

Temer, un poco más cercado

La coalición gubernamental da muestras de fisura. Aunque la denuncia contra Temer aún debe ser analizada en comisión y por el pleno de Diputados, si prospera podría terminar en la suspensión por seis meses del cargo de presidente.

 

El legislador encargado de instruir la denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer votó ayer a favor de procesar al mandatario. “Tiene que haber una investigación de los hechos bajo sospecha”, sostuvo el diputado Sergio Zveiter al recomendar a la Comisión de Ciudadanía y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados que se pronuncie a favor de la investigación de las denuncias formuladas por la Fiscalía General. “Voto por la admisibilidad de la denuncia”, concluyó el diputado que pertenece al Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma fuerza que integra Temer, despertando una ovación de los legisladores de la oposición. Aunque la denuncia todavía debe ser analizada en comisión y por el pleno de la Cámara baja, en caso de prosperar podría terminar en la suspensión por seis meses del cargo de jefe del Estado. La defensa de Temer calificó de infamia la acusación por corrupción en su contra.


El parecer de Zveiter debe ser sometido, en principio esta semana, al voto de los 66 miembros que componen la Comisión de Ciudadanía y Justicia. Más allá de la conclusión a la que arriben los legisladores, corresponde al plenario de la Cámara de Diputados decidir si el caso debe ser transmitido al Supremo Tribunal Federal (STF), la única instancia capaz de abrir un juicio contra Temer. Tras el debate en la comisión, que puede consumir hasta cinco días, el informe de Zveiter será votado en el pleno de la Cámara baja y si es apoyado por dos tercios de los diputados (342 de los 513 diputados). En caso de que la causa contra Temer llegara a la Suprema Corte y los 11 jueces de esa instancia dieran continuidad al proceso, Rodrigo Maia (titular de Diputados, del derechista Partido Demócrata), asumiría el cargo durante los hasta 180 días que Temer debería ser suspendido. Si Temer fuera declarado culpable, sería destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.


Zveiter dejó de lado su condición de miembro del PMDB, que lidera el propio Temer, y elaboró su informe, según dijo, sobre la estricta base de los documentos en que la Fiscalía se apoyó para formular la denuncia. El instructor aclaró que la admisión de la denuncia no supondría culpabilidad, sino el inicio de un proceso penal que esclarecerá la verdadera responsabilidad del presidente, a quien la Constitución le garantiza “el más amplio derecho a la defensa”.


El fiscal general, Rodrigo Janot, fundamentó su acusación en testimonios dados por ejecutivos del grupo cárnico JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación afirmaron que sobornan a Temer desde 2010 a cambio de favores políticos. Además, entregaron un explosivo audio grabado por el dueño de ese grupo, Joesley Batista, durante una reunión que mantuvo con el mandatario en la residencia oficial de la Presidencia y en el que relata, frente al silencio del jefe de Estado, diversas maniobras ilegales que hacía en beneficio de esa empresa ante ministerios e incluso algunos jueces.


La acusación también sostiene que Temer sería el destinatario de 500.000 reales (unos 152.000 dólares) que su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures recibió del grupo JBS y estaban en un portafolios que le fue entregado en una pizzería de San Pablo, situación que fue filmada por la Policía Federal, que ya entonces lo vigilaba. Rocha Loures, acusado en el mismo proceso que implica a Temer, está bajo libertad vigilada y admitió la recepción del dinero, pero aún no aclaró por qué le fue entregado ni tampoco si en realidad era para el mandatario, como sostiene Batista. El Ministerio Público afirma que ese monto estaba destinado al presidente, algo que negó categóricamente.


“Es mentira, es infamia, es indigna”, señaló el abogado Antonio Claudio Mariz ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja después de que el diputado Zveiter recomendara recibir la denuncia y la apertura de un juicio penal contra Temer. “Reto a la Fiscalía a que diga cuánto, dónde y cómo el presidente recibió ese dinero”, manifestó el abogado, quien enfatizó que si Rocha Loures entregó a la justicia la suma recibida, entonces está claro que no llegó a manos de Temer. El abogado alertó sobre el peligro para la gobernabilidad de un eventual juicio contra el mandatario y aseguró que “un jefe de Estado no puede ser procesado por simples hilaciones” apoyadas en pruebas falsas y fraudulentas, como se refirió en particular a los audios presentados por Batista.


Temer se mostró confiado en tener mayoría suficiente para archivar el caso en el plenario. Sin embargo, la coalición gubernamental ha dado muestras de cierta ruptura desde la difusión a mediados de mayo del mencionado audio. Prueba de ello es la posición del propio Zveiter, así como los numerosos reemplazos hechos a última hora en la CCJ de aparentes miembros díscolos de partidos de la coalición.


Aliados de Temer, principalmente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroderecha, señalaron últimamente que veían a Maia como alguien capaz de completar el accidentado mandato hasta fines de 2018. La cúpula del PSDB, fuerza a la que pertenece el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, tenía previsto reunirse ayer por la noche en San Pablo, para definir si permanece en la coalición, aunque algunos medios daban por descontado que el encuentro podría posponerse. Recientemente, Cardoso le pidió a Temer que presente su renuncia, como gesto de grandeza.


La crisis política causada por las sospechas de corrupción apuntadas contra el mandatario demoraron el avance de un paquete de medidas prometidas por Temer para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia, iniciativas que son reclamadas por el mercado, como la reforma del sistema de jubilaciones. El Senado debería aprobar hoy la reforma de la legislación laboral, una medida tendiente a flexibilizar las reglas de contratación y que podría dar a las negociaciones sectoriales o internas de la empresa preeminencia sobre la legislación vigente.


Entrevista al senador brasileño Paulo Paim, referente del Partido de los Trabajadores

“Este Congreso está de espaldas a la población”

 

El ex secretario de la Central Unica de los Trabajadores de Brasil afirma que el gobierno de Temer “está acabado” y que el Congreso “está de rodillas al Ejecutivo”, ya que pretende aprobar una reforma laboral que suprime derechos.

Por Dario Pignotti

Desde Brasilia


“Los grupos económicos que pusieron a Michel Temer en la Presidencia quieren instalar una lucha de clases abierta” asegura el senador Paulo Paim, ex secretario de la Central Unica de los Trabajadores que nunca vio un “gobierno tan cruel con el pueblo, ni siquiera en la dictadura se atacó tanto a la legislación laboral”.


“Nadie sabe cuanto durará Temer, su gobierno está acabado, él es una marioneta al servicio de los intereses del cinco por ciento de la población para la cual es necesario acabar con el legado de la era Lula cuando la desocupación era del 4,5 por ciento y ahora llegó al 13,3 por ciento”.


Paim conversó durante casi una hora con este diario en el café ubicado junto al Plenario de la cámara alta donde son incesantes las negociaciones previas a la reforma laboral que se va a discutir hoy.


“Espero que impere la sensatez y se postergue el debate (...) estamos frente a una canallada que afectará a 100 millones de trabajadores” señala pausadamente el único senador afrodescendiente de un país con más del 52 por ciento de su población negra, parda o mulata.


“Mañana podríamos repartir rosas a los senadores para que recapaciten, las rosas son simbólicas como las camelias fueron el símbolo de la resistencia a la esclavitud (abolida den 1888)” dijo ayer el legislador en el recinto del Senado.


A unos metros de allí, en Diputados, la policía impedía que sindicalistas protestaran en la Comisión de Constitución y Justicia donde el legislador instructor del caso Temer recomendó que éste sea juzgado por el escándalo de corrupción que puso en jaque su continuidad en el cargo (ver aparte). El Legislativo es una caldera.


El oficialismo se afana en aprobar con urgencia, sin debate, las reformas laboral y previsional (ésta más demorada) mientras el gobierno se extingue como una vela ante una oposición que intenta garantizar la discusión sobre esos proyectos.


Paim es la voz cantante del Partido de los Trabajadores (PT) en la desigual contienda para impedir un “programa de cambios estructurales monstruosos, perfectamente calculado cuando se dio el golpe contra la presidenta Dilma (Rousseff), las reformas previsional y laboral y previsional son el núcleo de este proyecto de país”.


“Temer sigue en el Palacio para proteger a su gavilla y las élites le consienten seguir gobernando siempre que les garantice la destrucción de la CLT”.


–¿CLT es la legislación del presidente Getulio Vargas?


–Exacto, es la Consolidación de las Leyes del Trabajo ( CLT) de los años 40 con la que se dio un poco de equilibro en la relación capital-trabajo. Luego vino la Asamblea Constituyente de 1988, con el debate sobre el derecho de huelga y otras conquistas importantes. En el 88 fui diputado constituyente con Lula, con Fernando Henrique Cardoso, con Ulysses Guimaraes, nuestros proyectos no buscaban profundizar la lucha de clases, y en esa época había un diálogo con la derecha que ahora se perdió, esta derecha que está gobernando es brutal.


Lo que se está proponiendo es algo monstruoso, el proyecto oficial hizo 200 modificaciones a la CLT, volveremos a una situación de total desprotección del trabajador como antes de los años 40.


–¿Cuáles son los artículos más representativos del proyecto?


–Hay cosas que parecen pensadas con perversidad como autorizar que las mujeres embarazadas trabajen en área insalubres junto con otros artículos que de hecho terminarán con las negociaciones colectivas porque se autorizará que lo negociado en un lugar de trabajo no respete lo que dice la ley . Y están haciendo una propaganda diciendo que el empleado tiene la libertad de elegir. ¿Qué libertad es esa? La libertad de no tener aguinaldo, la libertad de no tener vacaciones, la libertad de no tener estabilidad. Se engaña al pueblo diciéndole que la flexibilización traerá trabajo, y no es así, traerá más garantías para que el patrón lo pueda despedir: hoy tenemos casi 14 millones de desocupados, a este paso en un tiempo tendremos 15 millones.


Es un proyecto criticado en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) porque desprotege al empleado que sufre un accidente, siendo que Brasil ya es uno de los campeones mundiales en accidentes de trabajo en el mundo.


Michel Temer será recordado como el presidente más impopular de la historia brasileña, el que llegó al gobierno a través de un golpe y el que hizo de todo para implantar el Estado mínimo.


–¿El gobierno logrará aprobar la reforma?


–Probablemente sí, no creo que la podamos frenar a menos que surja otro hecho, escándalo, que altere el cuadro de situación. Pero tal vez podamos introducirle cambios al proyecto para que tenga que volver a Diputados.


–¿Por qué no tuvo gran respaldo la huelga de fines de junio?


–Porque después de la primera huelga del 28 de abril, que fue exitosa, los patrones amenazaron con despedir al empleado que adhiriera al segundo paro, y la gente tiene miedo a perder el trabajo. Creo que será difícil hacer otra huelga en el corto plazo, pero creo que habrá más protestas puntuales.


–¿En Brasil hubo un Estado de Bienestar?


–Sí, fue el que se construyó durante los gobiernos de Lula (2003-2010), se multiplicó por diez el número de estudios, se crearon decenas de escuelas técnicas, por no hablar de los programas sociales como la Bolsa Familia que ahora Temer acaba de informar que no será reajustada con la excusa de que faltan recursos que sí los hay para pagar los banqueros las tasas de interés más altas del mundo. El Banco Mundial, estoy diciendo el Banco Mundial, llegó a criticar la reducción del dinero disponible para la Bolsa Familia. Brasil fue una referencia con el programa Más Médicos (con miles de profesionales cubanos) que está encogiéndose poco a poco.


–¿Estos programas explican la popularidad de Lula?


–El pueblo tiene memoria de lo que hizo Lula, por supuesto. Su liderazgo viene de antes del gobierno, Lula es el mayor líder de este país desde de San Bernardo (tras huelgas de años 70), enseguida se destacó como el mayor personaje de la vida nacional que sigue siéndolo hasta hoy, Y sigue siendo un candidato presidencial prácticamente invencible. Desde mi punto de vista no hay nadie en la derecha que pueda vencerlo en elecciones directas anticipadas, que es lo que pedimos desde el PT, o en las elecciones previstas para octubre del año que viene.


–¿Le permitirán ser candidato?


–Ellos, quiero decir la derecha y los que dieron el golpe, trabajan 24 horas al día para que Lula no pueda presentarse, será una dura batalla hacer que Lula pueda volver a la presidencia.


–El juez Sergio Moro, a cargo de la causa Lava Jato, posiblemente presentará en breve la primera condena contra Lula de quien es un evidente adversario.¿Moro puede ser candidato en 2018?


–Realmente no creo que el juez Moro se presente en las elecciones, pienso que el seguirá actuando como juez en Lava Jato. Yo no soy afecto a colocar a Lula y Moro como antagonistas políticos, creo que cada uno desempeña un papel. Claro que toda actuación pública es también política.


“Quiero decir, Moro es un líder del poder judicial y hace su papel de juez en una causa que tiene impacto en la vida política, no se puede ignorar que Lava Jato tiene un gran prestigio popular, esto es real”, apunta Paim .


Ingresar al Congreso brasileño no es tarea fácil debido a los controles ordenados por sus autoridades que son el titular del Senado Eunicio de Oliveira y el jefe de Diputados Rodrigo Maia, considerado un posible sucesor de Temer en caso de que éste no logre sobrevivir a la tempestad política y rechazo popular que enfrenta.


Este reportero tuvo que sortear tres requisas hasta poder ingresar al Palacio en cuyos pasillos se observaba un nutrido número de efectivos de seguridad.


“Cada vez que se tratan temas espinosos el Congreso es rodeado de policías, se colocan vallas, un montón de medidas para que no ingrese el pueblo. Esto pasa porque tenemos un congreso que está de rodillas al Poder Ejecutivo y de espaldas a la población”, plantea Paulo Paim.


–¿Lo sorprendió la represión contra la protesta del 24 de mayo por la renuncia de Temer?


–Lo que pasó el 24 es una fotografía de un país que vive en un estado casi de excepción, la policía montó una barrera que impedía acercarse al Congreso, ni siquiera nosotros los parlamentarios éramos autorizados a entrar. Una barbaridad. Se lanzaban bombas de gases lacrimógenos, machetazos, gente sangrando, las fuerzas de seguridad atacando a la población, un jubilado herido de bala. La represión es una de las características de este gobierno. Y después de esa agresión contra la población que se movilizó pacíficamente el gobierno irresponsable, para demostrar que tiene fuerza, llamó al Ejército. Fue algo totalmente injustificado.

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Brasil entra en su quinto año de crisis política sin atisbo de solución

La agonía del presidente Temer, acosado por la corrupción, hunde más al país en la incertidumbre que se prolonga desde 2013

¿Puede sobrevivir un presidente con el rechazo del 80% de los votantes, una denuncia del fiscal general por recibir sobornos y un programa de reformas impopulares? Ese presidente –que ni siquiera ganó en las urnas, sino que llegó al poder por una conjura parlamentaria- tiene además ocho ministros investigados por corrupción. Todo el país ha podido oírle hablando a escondidas con un multimillonario corrupto, quien le relata sus chanchullos mientras el presidente da muestras de asentimiento. El país entero ha visto las fotos de su principal asesor recogiendo una maleta con 150.000 euros de manos de un enviado del empresario corrupto. Sobre su relación con ese millonario, al que ahora trata de “bandido notorio”, el presidente ha mentido de forma ostensible: negó, por ejemplo, que le hubiese prestado su jet privado, hasta que las pruebas lo dejaron en evidencia.


Todo eso –y bastante más- aqueja al presidente de Brasil. La situación de Michel Temer parece desesperada, pero él no se rinde. Con un lenguaje casi bélico ha anunciado que peleará por su cargo hasta el fin, aun a riesgo de profundizar la interminable crisis política que sacude el país desde hace cuatro años. Temer ha ido perdiendo apoyos políticos y económicos. Algunos tan importantes como el del imperio mediático O Globo o el del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Pero aún le queda un puñado de aliados. El primero, el Congreso, donde decenas de parlamentarios, empezando por los presidentes de sus dos cámaras, comparten las penalidades de ser investigados por corrupción. También algunos grupos empresariales que contribuyeron de forma decisiva, hace 14 meses, a la caída de la presidenta Dilma Rousseff. Los movimientos sociales presuntamente apartidistas que en 2016 inundaron la calle contra la insoportable corrupción del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), después de 13 años en el poder, se conforman ahora con poner memes en Facebook. En el Tribunal Supremo hay magistrados que ya han demostrado su disposición a sacar a Temer del apuro. Y tampoco flaquea la fidelidad de la derecha, convencida de que “es peor un honrado incompetente que un corrupto competente”, en palabras de su gurú periodístico Reinaldo Azevedo. Hasta respetables voces internacionales como The Economist han pedido que continúe con el argumento de que tampoco es para tanto. “La política en Brasil es como un House of Cards bajo los efectos del ácido”, declaró al Financial Times el director del banco de negocios BTG Pactual, Steve Jacobs, defensor de Temer.


“El mercado aún lo apoya”, conviene Thiago de Aragão, director de inteligencia de la consultoría de análisis político Arko Advice. “La situación es inestable pero lo sería más aún si se produjese una medida tan drástica como la caída de un presidente”. La crisis detonó hace justo cuatro años, en junio de 2013, con las primeras protestas populares contra Rousseff. Se agravó luego con el estallido de la Operación Lava Jato, que poco a poco fue revelando una monumental trama de corrupción que envuelve a los principales partidos. Más tarde se abatió sobre el país la peor recesión de su historia. Y finalmente, el impeachment de Rousseff. Entonces llegó la hora de Temer, vicepresidente con el PT, y de su Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una las anomalías del sistema político de Brasil: pese a ser el mayor partido, en los años anteriores había renunciado a competir por la cúpula del poder y prefería obtener sus réditos con alianzas de conveniencia a derecha o izquierda.


“El mercado vio en Temer la oportunidad de poner en marcha reformas económicas y alejar el riesgo de medidas populistas como las del PT”, apunta De Aragão. La necesidad de esas reformas ha sido el mantra del Gobierno y de los sectores que lo respaldan cerrando los ojos a la corrupción. Con Temer tan debilitado, el programa está en peligro, pero los inversores aún confían en salvar algo. De Aragão da por hecho que el Gobierno sacará adelante la reforma laboral en trámite y, aunque no logrará apoyos en el Congreso para la más cuestionada reforma de las pensiones, “puede implementar entre un 25% y un 35% de su contenido con medidas provisionales [por decreto]”.


La Lava Jato, que comenzó castigando casi por entero al PT, fue avanzando hasta manchar al núcleo central del sistema de partidos. Y no pocos en Brasil creen que ese fue el factor que desencadenó el impeachament. “A Temer lo colocaron para intentar parar la Lava Jato”, defiende Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de São Paulo. Limongi afirma que los grandes partidos brasileños se habían sumergido en “una estrategia suicida, irracional, una política de destrucción mutua que consistió en alimentar las investigaciones para perjudicar al contrario cuando en cualquier momento se podrían volver contra ellos mismos, como así ocurrió". “Todo cambia tan rápido que es difícil hacer previsiones. Hasta hace poco pensaba que Temer aguantaría, pero ahora me inclino por creer que caerá”, señala Limongi.


La defenestración del presidente tampoco sería el final de la crisis. La sombra de la corrupción envuelve a casi todos, incluido al candidato mejor situado en las encuestas para las elecciones de 2018, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, que estos días espera la que puede ser la primera condena de los cinco procesos judiciales abiertos contra él. El país no entrará en una cierta normalidad hasta que elija un presidente sin el lastre de las sospechas, apunta Limongi, quien concluye con un poso de ironía: “Yo soy optimista, pero la situación es trágica”.

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