¿Qué hay detrás de los apagones en Venezuela?

Un nuevo corte de luz de escala nacional dejó este lunes a 15 estados del país caribeño sin energía eléctrica, incluida Caracas. La situación, que provoca grandes pérdidas económicas en un país ya castigado por la crisis, se asemejó a lo acontecido a partir del pasado 7 marzo y hasta el 9 de abril, con cortes masivos que se prolongaron hasta una semana en algunas regiones. Tanto entonces como ahora el gobierno venezolano adujo ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. El artículo que reproducimos a continuación fue publicado originalmente en abril de este año.

 

El final del ciclo de expansión rentístico se evidencia en el período 2014-2018, un quinquenio que se caracterizó por cinco caídas sucesivas en el Pbi, algo nunca antes visto en la economía venezolana. Para los años 2017 y 2018 se observa un agravamiento de la crisis, con la irrupción de una hiperinflación que ha roto récords en América Latina. La caída estimada del Pbi en el primer trimestre de 2019 puede rozar el 45 por ciento, según pronósticos moderados. Todo ello podría generar una caída anual de alrededor de 25 por ciento, lo que podría llevar a la pavorosa cifra de 62,5 por ciento de caída de la producción para el período 2013-2019.

De forma extremadamente sintética, puede decirse que:

 

—  por quinto año consecutivo el país exhibirá la inflación más alta del mundo, estimada, según la Asamblea Nacional (AN), en 1.698.488,2 por ciento para 2018. De este modo, el país detenta el decimosexto mes consecutivo con hiperinflación (noviembre de 2017 a febrero de 2019);

—  aunque es posible sostener que la estimación de la AN es exagerada, en el mejor de los casos la inflación de 2018 fue de alrededor de 90 mil por ciento, considerando una depreciación de similar magnitud en el tipo de cambio;

—  el valor del dólar paralelo (que sirve para fijar casi todos los precios de la economía) se incrementó en más de 88 mil por ciento en 2018, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo;

—  el salario real para el período 2013-2018 descendió 95 por ciento.

 

Esta dramática situación económica ha herido gravemente los servicios públicos “gratuitos”. La crisis ha hecho insostenible la transferencia de la exigua renta petrolera por la vía de gigantescos subsidios, lo que ha redundado en su contracción.

¿POR QUÉ VENEZUELA SUFRE BLACKOUTS?

En el país, apenas 1 por ciento de la generación de energía primaria proviene de biocombustibles y residuos, y sólo 11 por ciento se explica por la energía hidroeléctrica; 54 por ciento proviene del petróleo y 34 por ciento, del gas natural (2015), pese a que Venezuela tiene un enorme potencial hidroeléctrico subutilizado. Entre 2000 y 2015 el uso de petróleo se ha incrementado 20 por ciento y la utilización de gas ha descendido en la misma proporción. El cambio hacia energías menos contaminantes se ha frenado por el forzado sostenimiento de dantescos subsidios a la energía.

Aunque lamentablemente no es posible contar con el presupuesto de la nación, que no se publica desde 2016, se podría decir que la energía se regala a través de tarifas que reflejan precios irrisorios. Se puede decir, como ejemplo, que con un dólar (paralelo) se pueden llenar unos 200 mil tanques de gasolina de 40 litros cada uno. Con la electricidad sucede algo similar. De acuerdo a un estudio realizado en 2014, el país pierde (como costo de oportunidad) 51.000 millones de dólares al año para mantener el subsidio en gasolina, diésel, energía eléctrica y gas.

El bajo precio de la gasolina le costó al país 17.000 millones de dólares anuales, lo que representó 98,4 por ciento del costo real del combustible; ahora esta cifra ha empeorado porque la gasolina es aun más barata en términos reales. Por el obsequio del diésel se dejan de percibir 13.000 millones de dólares anuales. En total, anualmente, el país gastó (año 2014) aproximadamente 34.000 millones de dólares en la subvención de los combustibles. Ni hablar de que la gran compañía estatal Cadafe pierde 40 por ciento de su electricidad (energía no facturada) por sostenidos robos en conexiones ilegales.

Se estima que los subsidios totales entregados por concepto energético entre 2014 y 2016 alcanzaron los 75.000 millones de dólares, alrededor de diez veces la deuda externa completa de Bolivia en 2016. Vistos de forma acumulada, equivaldrían a cerca de 20 por ciento del Pbi promedio de esa tríada de años. Esto es evidentemente insostenible y una invitación al derroche. El gasto estatal en educación, salud y vivienda (sumados) apenas alcanzó en 2013 el 9,6 por ciento del Pbi, muy por debajo del subsidio general otorgado.

ALGUNAS RAZONES ESTRUCTURALES.

Para la mayoría de las grandes ciudades (excepto las ubicadas en el estado Zulia), los apagones eran excepcionales hasta finales de 2018. Sin embargo, muchas ciudades y pueblos lejos de la capital han venido sufriendo un fuerte racionamiento eléctrico que los ha dejado días sin ese esencial servicio. Esa “administración de carga”, como ahora llama el gobierno al racionamiento, tiene al menos diez años manifestándose sotto voce. Entre los años 2001 y 2005 ya habían ocurrido 316 interrupciones mayores de 100 megavatios en el Sistema Interconectado Nacional.

Aunque la vigente ley eléctrica, que data del 14 de diciembre de 2010, dice que el acceso a la electricidad es un derecho humano, este se ha venido vulnerando en repetidas ocasiones, lo que causa graves daños al país. En setiembre de 2015 murieron siete bebés prematuros en el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, por causa de una prolongada falla eléctrica. Un caso análogo ocurrió en el pediátrico Menca de Leoni, el 14 de febrero de 2018, en Guayana, donde la falla eléctrica duró cuatro horas: la planta eléctrica del pediátrico no funcionó y por lo tanto fallaron las presiones del aire comprimido y del oxígeno, y el saldo fue de seis recién nacidos muertos.

Podría pensarse que no hubo dinero para invertir en el sistema eléctrico. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Según Víctor Poleo (ex viceministro de Energía y Minas), hubo un despilfarro estimado en 40.000 millones de dólares en inversiones que sólo sirvieron para enriquecer a una burguesía corrupta asociada a la alta burocracia estatal. Para muchos, la debacle del sistema deviene de la desnacionalización de Electricidad de Caracas (Edc), por una venta írrita realizada por el gobierno de Hugo Chávez en 2000 a la empresa estadounidense Aes. La Edc estuvo en manos de Aes hasta 2007, cuando fue recomprada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La operación fue de 1.200 millones de dólares, pero lo que Aes vendió no fue lo que compró en 2000, pues ya había vendido muchas partes a empresas de España y Colombia.

Obviamente, hubo un ingente sobreprecio que dejó jugosas comisiones. Dennis Vásquez, presidente de Aes, dijo que nunca habían hecho un negocio tan bueno como ese. Infaustamente, las “nacionalizaciones” del gobierno bolivariano fueron pingües negocios con monumentales comisiones que enriquecieron a una elite y que de ningún modo fueron parte de una “revolución socialista” o de algo remotamente similar.

La clase obrera del sector también alertó sobre los gravísimos problemas que no tenían ninguna respuesta gubernamental. Los obreros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corporelec), la central que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, tienen, desde 2012, sin firmar su contrato colectivo. Obreros técnicos que en 2011 ganaban más de diez salarios mínimos ahora sólo reciben cerca de dos salarios mínimos y, a la sazón, ganan 12 dólares mensuales (al tipo de cambio oficial).

Con un salario tan bajo, los obreros técnicos más calificados han decidido emigrar. Se estima que de 50 mil empleados ahora quedan 30 mil, y lamentablemente subsisten los menos preparados o los más cercanos a la jubilación. En el Centro de Atención Eléctrica trabaja menos de un tercio del personal que trabajaba hace seis años, y con menos herramientas, uniformes y equipos. Manifestar descontento o una vocación política adversa al gobierno pueden granjearles persecución, los típicos insultos de “apátrida” y “traidor” o, peor aún, puede ser motivo de sospecha de una actividad de sabotaje, como el emblemático caso de Elio Palacios, sindicalista (chavista) que denunció la falta de mantenimiento e inversiones en el sector y vislumbró la posibilidad de colapso eléctrico. Palacios fue detenido y llevado a la cárcel, según el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), por la difusión de “información falsa (…) destinada a causar pánico y zozobra en la ciudadanía”.

RAYOS ELECTROMAGNÉTICOS O SIMPLE INCENDIO.

Para Poleo, lo que ocurrió el 7 de marzo fue una serie de incendios en el tramo de Guri a Malena, subestación que está a 120 quilómetros de la represa en la desembocadura del río Caura en el Orinoco. Las imágenes tomadas por satélite muestran ámbitos con 700 o más grados centígrados, es decir, varios incendios en ese tramo y también en el Malena-San Gerónimo (Guárico). Los incendios quebrantan mecánica y eléctricamente los conductores, y los sistemas de protección disparan la salida. Ese día, a las 16.30, desconectaron el Caroní. Pero ese volumen de carga se devolvió violentamente contra la casa de máquinas y sacó de servicio las turbinas del Guri, Caruachi y Macagua; el sistema entró en situación de inestabilidad y, como no hay termoeléctricas, se produjo una demanda en vacío y el país se apagó.

Nicolás Maduro comentó, en cadena nacional, que el Sistema Eléctrico Nacional (Sen) había sufrido un ciberataque. Pero todos los expertos en el área eléctrica lo consideraron por completo imposible, debido a que los sistemas de control del Sen no están conectados a ninguna red externa con posibilidad de conexión atacable a través de Internet. En la misma cadena, Maduro aseveró que habían sido ataques con rayos de pulso electromagnético, que a través de dispositivos, naves o algo así habían sido disparados contra estaciones de transmisión eléctrica por órdenes de Trump y Guaidó. Sin embargo, la posibilidad de un rayo electromagnético destructor es completamente descartable, por no decir ridícula, debido a que la energía necesaria para que este rayo pueda destruir partes del Sen requiere de una liberación de energía equivalente a la que una bomba nuclear desarrolla en su explosión. De haber sido así, serían visibles los rastros de algún estallido, que nadie vio, fotografió (ni oyó) en Venezuela.

*    Economista, magister scientiarum en ingeniería industrial y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (Cifo) en Venezuela.

(Tomado de Nueva Sociedad, con autorización del medio. Brecha reproduce fragmentos.)

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Lunes, 21 Enero 2019 06:11

Entre el fin y el principio

Entre el fin y el principio

A veces uno cree que el deterioro de un país ya tocó fondo, que las cosas han llegado a un nivel tan extremo que o hay una rebelión popular para rescatar a todos o ya no hay salvación. Esta semana –como en tantas otras– hubo ambas cosas.

Un informe oficial del inspector general del Departamento de Salud emitido el pasado jueves reveló que la política de separación de menores de edad de sus padres que migraban a Estados Unidos empezó casi un año antes (en septiembre de 2017) de lo que el gobierno había dicho, que continúan las separaciones aun después de que un juez suspendió esta práctica y que afectó a miles más de pequeños (el gobierno antes dijo que fueron poco menos de 3 mil) y que el número total de niños separados de un padre o tutor por autoridades de inmigración es desconocido .


Poco después, el senador Jeff Merkley divulgó un memorando oficial fechado a finales de 2017 que demuestra, acusó, que el gobierno de Trump tenía la intención de traumatizar a niños y crear intencionalmente una crisis humanitaria en la frontera.


Otro momento: al concluir un acto de activistas indígenas estadunidenses en el Monumento a Lincoln, en Washington, fueron rodeados por adolescentes blancos, algunos con camisetas de escuelas católicas y casi todos con gorras rojas con el lema de Trump, “ Make America great again” que habían llegado a Washington a participar en una marcha contra el aborto. Empezaron a burlarse del canto tradicional, imitándolo, brincando, y de repente empezaron a corear: construyan el muro, construyan el muro, en referencia al muro fronterizo de Trump. Uno, con una sonrisa agresiva, se paró directamente frente al reconocido líder indígena Nathan Phillips, quien continuó con su canto tocando su tambor. Todo fue capturado en video.


Con lágrimas, Phillips, del pueblo Omaha, veterano de la guerra de Vietnam, ex director de la Alianza de Jóvenes Indígenas, defensor de los derechos indígenas de toda la vida, incluida la resistencia histórica de Standing Rock, comentó a periodistas que era un momento de gran tristeza enfrentar a estos jóvenes, y afirmó que en estas tierras nunca hubo muros.
No podría haber expresiones más claras de la vida nacional en el régimen de Trump. Pero peor aún es la falta de una respuesta lo suficientemente masiva ante cuestiones tan atroces, bárbaras y crueles que hacen surgir la pregunta de que si esto es tolerable tal vez ya no hay remedio en este país.


Pero, pero, pero… no se puede despreciar el coro feroz de críticas, condenas y promesas de acciones judiciales en torno a la noticia sobre la separación de niños y, por supuesto, la ira y la denuncia del acto de agresión racista de los jóvenes. En otras esquinas continúa la masiva huelga de maestros en Los Ángeles, con un maravilloso nivel de apoyo no sólo en esa ciudad, sino a través del país, que busca rescatar el sistema de educación pública de las garras de los multimillonarios y sus políticos que durante los últimos años han intentado controlar, privatizar y lucrar con ese sector. Miles participaron en la tercera edición de la Marcha de las Mujeres en decenas de ciudades el sábado (a pesar del debilitamiento del primer repudio masivo a Trump por divisiones internas, para variar).


O sea, hay señales del otro Estados Unidos que podrían ser avisos, aún, de un nuevo principio. De hecho, algunos ya tienen listos los titulares de un periódico nacional sobre el triunfo de un movimiento multirracial encabezado por mujeres.


Más de 25 mil ejemplares de un Washington Post diferente fueron distribuidos el miércoles en la capital, incluso frente a la Casa Blanca, junto con una versión online, la semana pasada, con lo que muchos desean sean las próximas noticias en un futuro muy cercano (la edición especial está fechada 1º mayo de 2019), insistiendo en que “lo de Trump se acabó, si eso quieres”.
Así están las cosas, entre fin y principio.

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Domingo, 24 Junio 2018 06:48

La macdonalización de la universidad

La macdonalización de la universidad

Muchos observadores consideran que la situación actual de la universidad es consecuencia de un plan general que se pone en práctica desde la implantación, sin financiación, del llamado Plan Bolonia —educación barata—, que consiste en debilitar a la universidad pública, con la puesta en marcha de un proceso de macdonalización —fast education—, recurriendo a la formulación acuñada por Ulrich Beck.

¿Cómo conseguirlo? Mediante la reducción de las horas lectivas (lo que antes se estudiaba en cinco años, ahora se estudia en cuatro), con cursos de media docena de asignaturas comprimidas por cuatrimestre, con horarios maratonianos de clase y sin tiempo suficiente para estudiar entre el fin de las clases y los exámenes.
Por el contrario, hay quién considera esta interpretación fruto de una visión exagerada e insiste en la matraca de que tenemos la juventud más preparada de la historia. Una cháchara complaciente, “estamos mejor que nunca”, que a veces suena interesada y para indicar que no queda bien mantener una actitud crítica, o que la crítica se hace solamente para mantener un postureo decorativo. No menciona, sin embargo, que los recortes derivados de la crisis económica se han ensañado con las plantillas y con la investigación; que los profesores son cada vez más viejos; que en los contratos de los profesores jóvenes predomina la precariedad, mientras que los laboratorios se han quedado vacíos y el tejido investigador de los departamentos (“la hojarasca”) está desapareciendo. Un análisis de la situación actual de la universidad nos indica que sí, que hay razones para la preocupación, y que las universidades han perdido estos últimos años un 20% de financiación pública.


El mayor reto, no obstante, viene desde dentro de la propia institución. La universidad, que ha quedado tocada, tiene que dar síntomas de cambio. Si no emitiera señales de renovación, de querer realizar algunas reformas imprescindibles para lograr el interés de la sociedad y, eventualmente, conseguir el apoyo social que necesita, el desencuentro se percibiría cada vez más como insalvable. Si esto no fuese urgente, no estaríamos reclamando restaurar la credibilidad del sistema universitario español como si fuera uno de los desafíos importantes de nuestro país. Hay ciertas actividades clientelares, verdaderos tejemanejes que han salido a la luz con los últimos escándalos, que se tienen que terminar. Los episodios vergonzosos que se han producido han puesto de manifiesto una subordinación inaceptable del mérito al amiguismo, además de una actitud de sometimiento a intereses espurios de nuestros gobernantes. Y a esto se suma otro hecho, al menos tan determinante: ha habido connivencia de profesores universitarios.


Esta situación preocupante no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en que los programas de becas posdoctorales sirvieron para que los profesores jóvenes ampliasen su formación e investigasen en universidades extranjeras. Paralelamente, muchos proyectos de investigación de pequeños grupos que se formaron en los departamentos por toda la geografía universitaria española recibieron una financiación adecuada. Eso impulsó a la universidad española de una manera determinante. ¿Para qué han servido los recortes en inversión pública de los últimos años que han hundido el gasto en investigación? Para que muchos laboratorios hayan tenido que cerrar y para que la financiación se concentre en pocas manos, sobre todo en los grandes grupos que se han ido formando en centros e institutos de investigación, muchas veces alejados de los departamentos y del control de las propias universidades. Se ha producido una gran pérdida de masa crítica dedicada a la I+D: los investigadores de los departamentos universitarios que no han seguido la senda oficial y no se han ido con los grandes grupos, se han quedado en su mayoría sin poder continuar sus proyectos. Hay que recordar que son los responsables de esos grupos “del vértice de la pirámide” (como han sido denominados), mediante su presencia en los comités de decisión, quienes deciden las fórmulas de adjudicación de los fondos públicos destinados a la I+D, muchas veces atendiendo más a sus intereses corporativos que a intereses generales.


Urge volver a dotar a las universidades de un amplio tejido de grupos de investigación y financiarlos oportunamente mediante convocatorias especiales, cofinanciadas por las comunidades autónomas. Para este camino, y para que nuestro país no se quede definitivamente rezagado en la carrera tecnológica, sería esencial conectar la universidad y la investigación con las prioridades y los sectores sociales. En el mundo investigador español se pone el énfasis fundamentalmente en publicar artículos, obsesionados por los índices de impacto, y mucho menos en transferir la investigación para que la sociedad se beneficie de la misma. Se trata de unos requisitos básicos a los que sería importante prestarle atención. Ahí habría margen de mejora en nuestra universidad y no en derivar cada vez más capacidad de decisión a agencias opacas (ANECA y CNEAI) con evaluadores nombrados a dedo, que no se someten a dictado público alguno ni tampoco investigan a los profesores que falsean sus méritos, reparten títulos como en una tómbola y ascienden académicamente de forma meteórica y fraudulenta, para saber si se merecen los méritos que les reconocieron.


Ya Manuel Sacristán, en La universidad y la división social del trabajo (1972), cuando todavía no dominaba la dictadura de los índices de impacto de las publicaciones científicas, aludía a este fenómeno perverso que es el carácter parasitario de una buena parte de la investigación, determinada por la necesidad de las cátedras de ganar honores en la carrera universitaria.


Mientras tanto, se ha logrado uno de los objetivos, no proclamado pero principal, del Plan Bolonia: el descrédito de la universidad pública ha sido de grandes proporciones (hasta el extremo que se ha ido de las manos con los últimos episodios). Y no deberíamos olvidar una de las enseñanzas más alegóricas de nuestro refranero: la de que siempre hay pescadores que obtienen ganancias a río revuelto. Aquí la ganancia es en forma de trasvase hacia las universidades privadas que se han creado al calor de la mercantilización de los másteres que trajo consigo el nuevo plan. En España, ninguna de ellas tiene prestigio y, sin embargo, imparten másteres con unos precios de matrícula muy elevados, con lo que todo esto significa de cristalización en desigualdad social. Las universidades privadas imprimen la huella de la clase social en el éxito educativo y profesional. La educación, que ha de servir para favorecer la igualación social, la movilidad social ascendente, sirve así para perpetuar las diferencias de clase. Y no hay que olvidar que en nuestro país llueve sobre mojado, porque el desplazamiento del ascensor social desde el esfuerzo hacia el dinero empieza mucho antes: desde que la inversión en educación encarama a la educación concertada frente a la pública.


Ante esta preocupante realidad, la Universidad debe adoptar un compromiso firme de renovación con la sociedad y esta debe hacer y exigir una defensa firme de los valores que siempre han definido a la educación y a la formación de las personas: el respeto por el saber para ser libres e iguales, para no tener que avergonzarnos de vivir en un país con unas élites gobernantes que menosprecian el esfuerzo de los títulos universitarios y que dan más importancia al hurto de dos botes de crema en un supermercado.

 

Por,

Gaspar Llamazares Trigo
Promotor de Actúa
Miguel Souto Bayarri
Profesor de la Universidad de Santiago

24/06/2018

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