El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

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Lunes, 14 Junio 2021 05:58

Nicaragua: la involución de Ortega

Nicaragua: la involución de Ortega

Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.

En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.

Todos ellos fueron detenidos por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación".

Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de "terroristas" por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.

Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.

Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.

Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.

Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.

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Viernes, 28 Mayo 2021 06:22

La caída

La caída

En los últimos días se ha recordado escena de la película “La caída” o “Der Untergang” por su título original. Y aunque ha sido utilizada desde las marchas de estudiantes universitarios en el 2011, hoy vuelve a tomar vuelo y mayor significado gracias a la parodia de “Juanpis González”, que recrea el momento en que el Führer es informado por sus lugartenientes que ha sido derrotado, entrando en cólera absoluta.

De la producción cinematográfica en mención, también se recuerda un fragmento desgarrador. En medio del feroz bombardeo en Berlín, Hitler decide salir de su bunker para “condecorar” por su “nacionalismo” a niños que eran utilizados como carne de cañón en medio de la confrontación militar. En el film que retrata el hundimiento del tercer Reich, el líder se aferra al poder y la violencia hasta las últimas consecuencias.

En Colombia más allá de la parodia y la ficción, podemos estar asistiendo a la caída del uribismo, proyecto político que empezó su hegemonía hace dos décadas con la “seguridad democrática”. En el 2002, Álvaro Uribe Vélez arrasó en primera vuelta obteniendo el 54,35 % del total de la votación. Fueron entonces 5.862.655 de colombianos que votaron por la promesa de derrotar aquel “enemigo común”, el terrorismo que amenazaba las instituciones democráticamente constituidas.

Este proyecto que contó con la asistencia militar norteamericana, la unanimidad del bloque del poder nacional, mayorías en el empresariado, las fuerzas militares, medios de comunicación, iglesias, el Congreso de la República, entes de control y las altas cortes, lo llevó a modificar la Constitución Política de Colombia, para poder presentarse a una segunda elección. En el 2006, obtuvo el 62.52 % del total de los votos, en esa ocasión fueron 7.397.835 colombianos los que reeligieron la promesa de encontrar solución a los problemas de la nación por la vía militar.

Sin duda alguna fue un octenio que dejó una estela de terror. La criminalización de la protesta social, agudización de la represión y violaciones de los Derechos Humanos, fueron una constante. Durante ese periodo, Colombia se constituyó en uno de los países más peligrosos para ejercer el sindicalismo, de acuerdo a los informes anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha informado que entre el periodo 2002 – 2008, “por lo menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinadas) para ser presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, en todo el territorio nacional", en lo que se ha conocido con el eufemismo de “falsos positivos”.

Este proyecto político que contó en el pasado con el favor de la población, se encuentra en pleno hundimiento. De acuerdo a la encuesta de Ivamer Poll publicada el lunes 24 de mayo del 2021, la desfavorabilidad de Álvaro Uribe Vélez es del 73%. La debacle se expresa en medios gobiernistas norteamericanos como CNN, cuando uno de sus periodistas lo confronta: “muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por su retórica”, refiriéndose a un trino que fue eliminado por Twitter en que alentaba a la fuerza pública a disparar en contra de los manifestantes del Paro Nacional, provocando la ira de Uribe. Días después, en este mismo canal, el presidente Duque fue impugnado como “títere de Uribe”.

En la actualidad el bloque de poder nacional que se encuentra fragmentado, cada vez toma más distancia de Uribe. Buscando en el centro político, si es que existe en la nueva realidad colombiana, las posibilidades de enviar un mensaje de cambio a la sociedad, pero en el cual el statu quo se conserve. En las fuerzas militares se comienzan a expresa algunas fisuras. En este contexto, el Director General de la Armada, el contralmirante Juan Francisco Herrera, sale por diferencias con el presidente Duque en relación a la protección del terminal portuario en Buenaventura. Es evidente que se pretendía profundizar el caos. El gabinete hace agua. El Alto Comisionado para La Paz Miguel Ceballos sale expresando diferencias con la intromisión de Uribe en las funciones propias de su cargo.

En medio de la caída, la reducida facción del uribismo se aferra desesperadamente al poder y la violencia. Pretenden establecer un estado de miedo y caos en las ciudades, estimulando la confrontación armada en lo urbano, y para eso necesitan una guerra urbana y mucha publicidad. El propósito es aparecer nuevamente como salvadores con el candidato del que diga Uribe. Hoy, el bloque de poder busca afanosamente su candidatura en el centro desmarcándose de Uribe, para competirle a Petro. Lo cierto es que Uribe no se encuentra en el centro de la ecuación como hace 20 años.

Cali-Valle del Cauca. Epicentro de la Resistencia. 24 de mayo de 2021

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Domingo, 09 Mayo 2021 05:10

Las capas del golpe en Myanmar

Las capas del golpe en Myanmar

El golpe de Estado perpetrado en Myanmar el 1 de febrero tiene que ver con el nacionalismo budista y el odio a los rohingya, dos elementos que paradójicamente comparten las partes implicadas. El mismo golpe tiene implicaciones regionales por cuanto afecta a la ASEAN y a China.

 

El 1 de febrero, una instructora de fitness emitía en streaming uno de sus entrenamientos con una gigantesca autopista de 20 carriles tras ella. En la ancha vía, sin que la mujer se percatara, aparecía un enorme convoy de vehículos militares que se dirigían al Parlamento de Myanmar: quedaba así testimonio gráfico del inicio del golpe de Estado en el país. El vídeo, viralizado, dio la vuelta al mundo.

Habitualmente, la ya famosa carretera está prácticamente desierta, reflejando las lagunas de la decisión que tomó la junta militar en 2005 de trasladar la capital de Myanmar a Naypyidaw. Esta ciudad viene experimentando un aumento vertiginoso de infraestructura desde aquel año que en absoluto se corresponde con el ritmo y el tamaño demográfico real de la ciudad, de unos 700.000 habitantes.

Esta excentricidad no desentona en absoluto con la política nacional de las últimas décadas. El golpe de febrero, de hecho, se enmarca en un contexto de múltiples clivajes, disputas de poder y polarización, donde la religión budista está imbricada a varios niveles. Tanto es así que el gran experimento marxista local, la vía birmana al socialismo de Maung Shu Mang Ne Win, combinó el budismo con un marxismo-leninismo que pretendía revisar las tesis de los clásicos y adaptarlas a su particular forma de entender lo birmano. Plantearon que el budismo era parte constitutiva de su identidad nacional y, sobre esa base, se justificó la exclusión de las minorías étnico-religiosas, con un especial ensañamiento contra la comunidad rohingya.

En la actualidad existen alrededor de 140 etnias reconocidas en la periferia de Myanmar, teniendo un papel protagónico los ya mencionados rohingya, que vienen sufriendo, según la ONU, una limpieza étnica desde 2017. Cuatro meses después de la insurgencia de este pueblo que marcó el inicio de su persecución ya se registraban cerca de 650.000 personas desplazadas hacia campamentos en Bangladesh. Para sorpresa de la comunidad internacional, una de las responsables de esto fue la Premio Nobel de la Paz (1991) Aung San Suu Kyi, quien llegó al poder de facto en 2015 en unas elecciones en las que se retiró a los rohingya su derecho al voto. Resaltar el carácter fáctico del poder de Suu Kyi no es baladí: al ser sus dos hijos ciudadanos británicos, no puede acceder a la presidencia formal de la nación. Es por eso que ha tenido que construir su autoridad en términos de influencia y accediendo a “cargos menores” como la Consejería de Estado.

El liderazgo de Aung San Suu Kyi se ha sostenido sobre un frágil equilibrio entre ella y su partido —la Liga Nacional por la Democracia (LND)— y el Tatmadaw —las Fuerzas Armadas—. La figura de Suu Kyi se forjó durante la dictadura militar que siguió al golpe de Estado de 1988 contra el gobierno del Partido del Programa Socialista de Birmania. Durante el periodo de la Junta militar se agravaron los conflictos entre etnias que venían desde antes del gobierno socialista-budista y se fijó definitivamente a los rohingya como el enemigo interno.

En 2010 se cerró el tibio proceso aperturista que se había iniciado unos años antes, aunque el verdadero hito fue la victoria de la LND en las elecciones generales de 2015. Ahora bien, es primordial apuntar que la Constitución garantiza al Tatmadaw un 25% de los escaños y varios puestos ministeriales, por lo que tan pronto accedió la LND al gobierno comenzó una difícil relación política entre el partido, Aung San Suu Kyi y la Junta que tantas veces la había perseguido y arrestado y cuyo aparato se mantiene gracias al expolio de recursos tales como los rubíes o el oro.

El budismo es uno de los lazos entre los liberales de la NLD y las Fuerzas Armadas: ambos sostienen la construcción del Estado en torno a la predominancia de los bamar (budistas), autopercibidos como la única etnia auténticamente birmana. En realidad, este nacionalismo étnico-religioso ha pasado de mero garante de una cierta cohesión social de carácter exclusivista a ser un verdadero clivaje político. De forma similar a lo acontecido en la India de Narendra Modi con el nacionalismo hindú —también enfrentado con los indios musulmanes—, esta cuestión es ya un aspecto central de la política nacional. Los últimos años han visto una cooptación de las bases nacionalistas, históricamente ligadas al Tatmadaw, por parte de Aung San Suu Kyi, que ha conseguido capitalizar el odio contra la minoría rohingya, llegando a blanquear ante a la Corte Penal Internacional la limpieza étnica perpetrada por los militares.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En las elecciones generales de 2020, Aung San Suu Kyi revalidó su mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. El líder de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) —vinculado al Tatmadaw— declaró que impugnaría el resultado electoral alegando fraude y solicitó a las Fuerzas Armadas que velaran por unas “elecciones justas”. Progresivamente, el propio ejército fue ensuciando el debate, llegando a hablar de “fraude electoral masivo”. “No decimos que el Tatmadaw tomará el poder, pero tampoco que no lo hará”, llegó a declarar un portavoz. Apelando a la Constitución, su discurso fue incorporando elementos golpistas y fueron desplegando unidades militares en algunos puntos del país.

Horas antes de que la asamblea legislativa tomara posesión comenzó una persecución militar sobre líderes políticos. Ese mismo día, el 1 de febrero, fue arrestada Aung Saan Suu Kyi, concretándose un golpe de Estado que podía palparse días antes. Bajo tal clima, U Myint Swe —hasta entonces vicepresidente— asumió la presidencia y traspasó el poder a Min Aung Hlaing, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

La polarización política sacudió definitivamente al país y masas de trabajadores urbanos salieron a repudiar el golpe, encontrándose de frente con la represión de la Junta. La escalada de violencia estatal dejó episodios como el del 14 de marzo, en el que los trabajadores textiles de Hlaing Tharyar fueron atacados por francotiradores. La clase obrera industrial ha sido la triste protagonista de algunos de los más cruentos capítulos que ha dado de sí el golpe en Myanmar. En la fecha de redacción de este artículo, la cantidad de asesinados por el gobierno de facto del Tatmadaw asciende a más de 760. Pueden consultarse diariamente los datos a través de AAPP Burma.

Concretamente, la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos birmana cifró en su informe diario del 5 de mayo en 769 los asesinados y en 4766 los detenidos.La virulencia en el accionar de la Junta ha sido condenada por organizaciones como la Unión Nacional de Karen, la cual narró a través de un comunicado oficial cómo se habían perpetrado ataques aéreos sobre población civil en los distritos de Mutraw y Kler Lwee Htoo, arrebatando la vida de niños, estudiantes y destruyendo la infraestructura y las viviendas de múltiples poblaciones, provocando además la huída de más de 12.000 personas. La crueldad de los golpistas ha tratado de ser visibilizada por varias figuras públicas. Tal es el caso de Han Lay —Miss Myanmar 2020— quien, entre lágrimas, dedicó su discurso en la ceremonia celebrada a finales de marzo a condenar la represión militar. Paradójicamente, la misma Han Lay llegó a declarar que Aung Saan Suu Kyi era una inspiración para ella. Sirva esto como ejemplo de la polarización política en Myanmar.

La delicada situación de la ASEAN

Para entender el Sudeste Asiático se torna imprescindible conocer la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incorpora a día de hoy a Vietnam, Camboya, Filipinas, Malasia, Brunéi, Singapur, Tailandia, Indonesia, Laos y el propio Myanmar. Fundada en 1967 tras conflictos como la konfrontasi entre Malasia e Indonesia, fue en gran parte la dialéctica socialismo-capitalismo la que precipitó su creación. La región concentró gobiernos de múltiple índole que percibieron como necesario un instrumento de cooperación y control del conflicto. Finalizada la Guerra Fría, se aplicó dentro de la organización un tratado de libre comercio que facilitó el crecimiento de las distintas economías de la región.

Su capacidad de ejercer como bloque hacia fuera es una de las grandes fortalezas de una organización que es asumida como ejemplo por muchos internacionalistas. Los tratados de libre comercio con Corea del Sur, India o China, su papel en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o su voluntad de ejercer como mediador entre Estados Unidos y Corea del Norte han legitimado su existencia interna y externamente.

El factor de la diversidad no estuvo ausente en el largo proceso de consolidación de la ASEAN. Repúblicas socialistas, repúblicas democrático-liberales y monarquías constitucionalistas y absolutistas comparten este espacio regional. También países cristianos, musulmanes, budistas, no religiosos e incluso un crisol como Singapur. Es esta diversidad la que, en cierta medida, explica las limitaciones que la organización ha tenido a lo largo de su historia para diseñar posturas unitarias sobre asuntos internos. El pragmatismo de la ASEAN, aceptando como integrante a Myanmar en 1997 cuando todavía estaba regida monolíticamente por la Junta, ayudó a la apertura del país. Ahora, afronta un dilema similar al de aquellos años: poner o no en riesgo la reputación de la propia organización por apoyar a un miembro desacreditado internacionalmente.

Varios elementos están sobre la mesa para la ASEAN: en primer lugar, la relación con Estados Unidos, que mantenía un estrecho vínculo con Aung Saan Suu Kyi; en segundo lugar, las imágenes de la violencia del Estado contra la clase trabajadora del país ponen en evidencia al bloque frente a la comunidad internacional por su tibieza, especialmente llamativa en una organización que llevó la defensa de los Derechos Humanos por bandera desde el momento de su fundación; y, en tercer lugar, el potencial riesgo de una crisis de refugiados que afectaría a países de la asociación y a otros como India, China o Bangladesh.

El resultado de esta combinación de factores es la dificultad de diseñar y aplicar una posición conjunta al respecto del golpe, lo que complica cualquier tipo de intervención. Como ejemplo, Tailandia, Camboya, Filipinas y Vietnam han mantenido una postura cauta hablando de ello como un asunto interno, Malasia e Indonesia condenaron explícitamente el golpe y Singapur pidió no imponer sanciones económicas sobre el país. En términos generales, el único consenso hacia dentro de la ASEAN pareciera ser la no injerencia directa y el pedido de un “diálogo constructivo” entre las partes implicadas.

¿Y China?

Siempre se mira con lupa lo que hace China en materia internacional. El economista Giovanni Arrighi plantea que Estados Unidos se convirtió, mediante tratados de defensa bilateral dirigistas, en el Estado central de un sistema vertical que incluía a estados como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Filipinas en el que estos hubieron de especializarse en el comercio y la búsqueda de beneficios, y aquel lo hizo en el suministro de protección. Desde que tomara forma ese sistema constitutivo de la Guerra Fría hasta hoy han cambiado muchas cosas en la región. Quizá la más importante sea la ya indiscutible centralidad de China.

El gigante asiático ha mantenido una relación compleja con Myanmar desde hace varias décadas. Habiendo sostenido vínculos simultáneos con la Junta y con algunas etnias del país, el Estado chino ha sido capaz de consolidar su papel de mediador entre ambas aprovechando las lagunas que deja un Estado como el birmano, desbordado en materia de seguridad. A esto cabe sumar el enorme peso político y económico que Beijing tiene sobre Naypyidaw a través de, por ejemplo, sus inversiones en zonas especiales como Shan, que inclina la balanza de las decisiones de los gobiernos de Myanmar.

La reacción china al golpe no ha cambiado sustancialmente desde el propio 1 de febrero, cuando Wang Wenbin —portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores— señaló simplemente su deseo de que todas las partes “manejen adecuadamente sus diferencias a la luz de la Constitución y del marco jurídico”. Eso sí, a medida que avanzaron las semanas se ofreció como mediadora y reconoció su voluntad de coordinar para “promover conversaciones pacíficas”. Sin que deba pasarse por alto, además, el 2 de mayo arribó al aeropuerto internacional de Yangon un avión de Air China cargado con vacunas frente al COVID-19 donadas por el gobierno de Xi.

Ahora bien, aunque China haya sido especialmente cauta a la hora de calificar el golpe como tal, lo cierto es que no se encuentra estrictamente cómoda con los militares. Durante los años de liderazgo de Suu Kyi, las relaciones diplomáticas mejoraron profundamente, Myanmar experimentó un gran crecimiento económico en el que las inversiones chinas jugaron un papel protagónico y China encontró un mercado en el que vender sus productos. Un gran número de proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda salieron adelante después de que la NLD ganase las elecciones en 2015, pero el golpe los rodea de dudas, pudiendo retrasarlos o incluso deslegitimarlos si China no define una posición política específica con respecto de la violencia de la Junta.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

9 may 2021 06:00

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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Las guerrillas rompen el pacto con la junta

Rebeldes armados se distancian de los golpistas de Myanmar

La creciente represión a las protestas por el golpe del primero de febrero ya causó al menos 550 muertos. Las facciones anunciaron que pueden volver a tomar las armas.

Diez de las principales facciones rebeldes de Myanmar van a "revisar" el acuerdo de paz firmado en 2015 con el ejército, como respuesta a la represión del régimen militar al movimiento prodemocracia que ya dejó al menos 550 muertos desde el golpe del 1 de febrero. Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del ejército durante los últimos días, aseguró hoy uno de estos grupos, la poderosa Unión Nacional Karen (KNU), que llamó a las minorías étnicas del país a unirse contra la junta.

Desde la independencia de Myanmar, la antigua Birmania, en 1948, muchas facciones étnicas armadas estuvieron en conflicto con el Gobierno central por una mayor autonomía, el reconocimiento de su especificidad, el acceso a los muchos recursos naturales del país o una parte del lucrativo tráfico de drogas. En 2015, el ejército alcanzó un acuerdo de alto el fuego con diez de las facciones, entre ellas la KNU, uno de los grupos armados más grandes del país.

Poco después del golpe del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, estos grupos rebeldes habían asegurado que continuarían con el alto el fuego, pese a que los generales empezaron a reprimir. Desde entonces, "cientos de civiles, menores, adolescentes y mujeres han sido asesinados" por las fuerzas de seguridad, indicaron en un comunicado. Por ello, las diez facciones, que iniciaron este sábado una reunión de dos días, van a "revisar" su posición en el acuerdo del alto el fuego, agregaron.

"Los líderes de la junta militar deben rendir cuentas", advirtió el general Yawd Serk, líder del grupo rebelde Consejo de la Restauración. La KNU es especialmente virulenta contra la junta y la semana pasada ya se apoderó de una base militar en el estado de Karen, en el sureste del país, y mató a 10 soldados. Otros grupos armados ya respaldaron la movilización democrática y amenazaron con volver a tomar las armas contra la junta, que reprime a sangre y fuego la sublevación.

La emisaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió esta semana del riesgo "sin precedentes" de "guerra civil" en este país. Al menos 550 civiles murieron por disparos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP). Podría haber muchos más, ya que más de 2.700 personas fueron detenidas, sin acceso a familiares y abogados. Muchas están desaparecidas. 

Los militares tomaron el poder el 1 de febrero tras derrocar al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi, al que acusan de cometer "fraude" en las últimas elecciones. Desde entonces la represión fue en aumento ante un Consejo de Seguridad de la ONU que se mantiene dividido: China y Rusia se oponen a las sanciones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a favor y ya las impusieron de forma bilateral. 

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Una motocicleta en llamas en una de las protestas acontecidas esta semana en Mandalay, Myanmar. — REUTERS

Dos meses después del golpe de estado en el país asiático, el conflicto parece cada vez más violento, con cientos de muertos y miles de heridos en las calles de las grandes ciudades.

 

La brutal represión del Ejército de Myanmar contra el movimiento de desobediencia civil pacífico desatada tras el golpe del 1 de febrero está sumiendo al país asiático en un estado de guerra civil. Los más de 500 manifestantes asesinados por las Fuerzas Armadas y la Policía desde el inicio de las protestas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, nos revela una guerra enormemente desigual: el Tatmadaw (como se conoce al Ejército) cuenta con casi todas las armas pero carece casi totalmente de apoyo popular, mientras que la oposición al golpe ha logrado unir a un país profundamente dividido por las diferencias étnicas, religiosas y económicas.

Ciudades como Yangon, la antigua capital, o Mandalay, están tomadas por el Tatmadaw, una fuerza de ocupación que considera a cualquier ciudadano como un enemigo en potencia. La violencia y el caos tras el golpe han llevado a varios países, entre ellos España, a urgir a sus nacionales que abandonen Myanmar lo antes posible. Pero el Ejército no ha logrado tomar el control de todo el territorio, pero sí se han sucedido huelgas de diversos sectores que han paralizado la economía. Por ejemplo, el puerto de Yangon está totalmente paralizado por el paro de los estibadores y transportistas, según informa el medio birmano Frontier Myanmar.

La asonada se produjo dos meses después de las elecciones del pasado noviembre, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, volvió a obtener la mayoría tras sus primeros cinco años en el Gobierno. El Ejército había acusado sin pruebas a al Gobierno de fraude electoral y finalmente el comandante en jefe, Min Aung Hlaing, tomó el poder horas antes de la primera sesión parlamentaria y arrestó a Suu Kyi, a decenas de diputados electos de su partido y centenares de conocidos activistas.

Min Aung Hlaing predica que la toma de poder es constitucional y que su intención es celebrar nuevas elecciones tras un año de gobierno. Pero sus promesas de defender la democracia suenan cada vez más vacías a medida que se acumulan los muertos. Este golpe supone, paradójicamente, el desmantelamiento del sistema constitucional diseñado por la anterior junta militar (que gobernó entre 1988 y 2011), y que ha sido enormemente beneficioso para los generales desde que decidieron embarcarse hace un decenio en una transición a lo que denominaron una "democracia disciplinada".

La Constitución asegura al Tatmadaw el control de tres ministerios clave (Defensa, Interior y Fronteras), una autonomía casi total con respecto al Gobierno civil y el 25% de los escaños en el Parlamento. Además, los generales han contado con una aliada inesperada en su transición: Aung San Suu Kyi, quien, tras 15 años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen, en 2011 decidió aceptar las reglas del juego impuestas por la junta militar, lo que culminó con la victoria electoral de su partido en 2015.

Suu Kyi y su ‘laissez faire’ a los militares

La Dama, como se conoce a Suu Kyi en Myanmar, nunca ocultó su intención de cambiar la Constitución para poner al Ejército bajo control civil, pero la Carta Magna está blindada para que cualquier enmienda sea imposible sin el asentimiento del Ejército. Entretanto, Suu Kyi y su partido mostraron tener más en común con el Ejército de lo que parecía durante la época de la dictadura.

En primer lugar, Suu Kyi apoyó sin reservas las operaciones militares de 2016 y 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rakhine, que provocaron miles de muertos y el éxodo de casi 800.000 refugiados a la vecina Bangladesh. Los rohingya llevan sufriendo un régimen de apartheid desde hace décadas y abunda el racismo contra ellos en Myanmar, donde son considerados erróneamente ‘inmigrantes ilegales’ de Bangladesh. La LND de Suu Kyi no es ajena a ese racismo y ha contribuido enormemente a exacerbarlo.

Suu Kyi también apoyó al Ejército en sus conflictos con las decenas de guerrillas etnonacionalistas que luchan por la autonomía de las regiones fronterizas del país. Desde que Myanmar se independizara de los británicos en 1948, ha estado dominada por los bamar, la etnia mayoritaria que ha intentado imponer un modelo centralista sobre minorías que históricamente han pertenecido a reinos de las periferias. Durante su mandato, la Dama intentó poner en marcha un proceso de paz con los distintos grupos armados, pero fracasó estrepitosamente, en gran medida debido a que no tenía control sobre el Ejército, pero también por su negativa a hacer concesiones políticas, como señalaba en su día un informe de International Crisis Group.

Por otra parte, Aung San Suu Kyi nunca se atrevió a tocar los intereses económicos de los generales, que controlan gran parte de la economía y son protagonistas del expolio de los recursos naturales a través de empresas privadas y grandes conglomerados de su propiedad, lo que organizaciones como Justice for Myanmar llevan años denunciando.

Hasta el golpe de estado del 1 de febrero, los militares y la LND habían alcanzado un incómodo, pero conveniente, modus vivendi, como explica el historiador Thant Myint-U en su reciente libro The Hidden History of Burma. Ello hace de la asonada un misterio, aún más difícil de resolver dada la absoluta opacidad del Tatmadaw, como reconocen expertos en el Ejército de Myanmar como el australiano Andrew Selth. Más allá de la ambición personal de Min Aung Hlaing, es muy posible que, ante una LND cada vez más asertiva tras su segunda victoria electoral, los generales perdieran la paciencia y decidieran "poner en su sitio" al gobierno civil.

Ahora, con Aung San Suu Kyi incomunicada, tras su arresto después del golpe, el movimiento de desobediencia civil ha cobrado vida propia y nadie quiere volver a la "democracia disciplinada" de los generales, esa que pactó la Dama.

La inesperada solidaridad interétnica

Las protestas también se han extendido a la mayoría de las regiones donde habitan las minorías étnicas, que demandan una nueva constitución federalista. Mientras tanto, los bamar que viven en las zonas centrales, alejados de los conflictos en las fronteras, están sufriendo ahora la misma brutalidad por parte del Ejército que las minorías han padecido durante decenios, lo que está generando un incipiente movimiento de solidaridad interétnica sin apenas precedentes en Myanmar.

Hasta los rohingya están recibiendo muestras de apoyo por parte de los bamar, que en algunos casos han manifestado su arrepentimiento por no haberlos apoyado cuando el Tatmadaw los estaba masacrando hace cuatro años, algo impensable hace solo unos meses.

Asimismo, un grupo de diputados electos en las últimas elecciones ha formado un gobierno clandestino, el Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (Parlamento, CRPH) que está tratando de crear un ejército federal que una a todos los grupos armados para combatir al Tatmadaw. Muchas de las guerrillas han expresado su solidaridad con el movimiento de desobediencia civil, pero formar dicho Ejército supondría un trabajo diplomático casi titánico, ya que algunos de estos grupos rebeldes parecen poco dispuestos a luchar y otros están enfrentados entre sí, tal y como advierte el experto David Mathieson.

La población de Myanmar está prácticamente sola frente al Ejército en un contexto internacional en el que la ONU muestra una vez más su impotencia. En este escenario, una intervención extranjera es poco probable y las sanciones contra los generales por parte de países occidentales son escasamente efectivas mientras cuenten con el apoyo de poderosos aliados como China o Rusia, dos de los ocho países que enviaron representantes a las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas en la capital, Naipidó, el 27 de marzo, mientras el Ejército mataba a más de 100 civiles en otras localidades.

Aunque se han producido algunas deserciones de oficiales de bajo rango, es poco probable que se produzca una rebelión dentro de un Ejército muy cohesionado, casi totalmente aislado de la sociedad y acostumbrado a considerarse el único garante de la unidad nacional, como muestra una investigación publicada por New York Times. Esa posibilidad disminuye a medida que el Tatmadaw comete más crímenes y más oficiales están implicados en ellos; pocas cosas unen tanto como la responsabilidad compartida en crímenes de lesa humanidad. Mientras Myanmar parece sumirse en una guerra civil, solo una unión de los diferentes grupos armados y el movimiento de protesta podría alterar el desequilibrio de fuerzas actual frente al brutal Ejército de Min Aung Hlaing, pero queda por ver si eso será posible.

Madrid

02/04/2021 22:04 Actualizado: 02/04/2021 23:02

Carlos Sardiña Galache//twitter.com/@CSGalache">@@CSGalache

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El monumento al General Manuel Baquedano en llamas, durante una protesta contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera, en Santiago de Chile. EFE/Esteban Garay

Tras derogar la Constitución de Pinochet, las marchas ciudadanas quieren desmontar los símbolos fundados por el militarismo, el patriotismo y las dictaduras. El monumento al militar, situado desde 1928 en la Plaza Italia, ha sido descabalgado de su pedestal para restaurarlo tras un año y medio de vandalización

 

Durante año y medio lo rayaron, disfrazaron, pintaron, intervinieron en él y, finalmente, lo quemaron. El monumento al general Manuel Baquedano (1823-1897), en la Plaza Italia de Santiago de Chile, rebautizada por la ciudadanía sublevada como Plaza Dignidad, ha sido vandalizado sin descanso, cada viernes, desde el estallido de las protestas el 18 de octubre de 2019, en un intento de reconversión simbólica del lugar.

El 8 de marzo, tres días después de rodearla con neumáticos y prenderle fuego, los manifestantes llegaron con una radial de batería autónoma a los pies de la estatua ecuestre de bronce, que honra desde 1928 la actuación del militar en la Guerra del Pacífico (entre 1879 y 1884, Chile luchó contra los aliados Perú y Bolivia). Sacaron la herramienta y durante unos minutos atacaron los tobillos de las patas delanteras de Diamante, el caballo del militar. Uno de los cortes quedó a dos centímetros de rebanar la pata por completo. La escultura de dos toneladas y media de bronce, que el escultor Virginio Arias (1855-1941) había fundido en Francia, quedó a punto de desplome. Hasta entonces no habían conseguido derribarla ni con sogas. 

“El monumento no tiene daño estructural y aquí hay terremotos fuertes. Toda construcción en Chile se hace para que no se caiga y los monumentos que se caen es porque están mal hechos. Esta escultura es una fundición perfecta”, asegura a este periódico uno de los técnicos implicados en el desplazamiento y bienestar de la estatua, que prefiere no desvelar su nombre.

Con las patas malheridas y el peligro de desmoronamiento, el Consejo Nacional de Monumentos (CNM) -que en enero de 2020 ya había recomendado su retirada preventiva para proteger el monumento y los riesgos de su posible volcamiento- se movilizó de urgencia para salvar la escultura. El plan diseñado por los técnicos con la supervisión de Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, consistía en actuar el viernes de madrugada, aprovechando el toque de queda que recluye a la población durante la pandemia de la COVID-19, y descabalgar la escultura de su pedestal para llevársela para su restauración. 

“No teníamos más tiempo, estábamos limitados a las horas del toque de queda y hubo que ejecutar un plan de urgencia para rescatar la escultura. Apenas cinco horas. Lo más rápido era separar la escultura de su base de bronce, unida al pedestal de piedra. Retirarla con la base habría sido mucho más complicado y lento. Decidimos cortar bajo las pezuñas del caballo y llevárnosla sin base para restaurarla. Todo salió tal y como estaba previsto”, explica a este periódico el mencionado técnico involucrado en la operación de salvamento. Los restauradores elaboran en estos momentos el diagnóstico de los daños, en el que ya se señalan capas de pintura, golpes de martillo en la pata trasera izquierda, en la pierna izquierda del jinete, la cola del equino y el sable. 

Valentina Rozas-Krause, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Michigan, critica la nocturnidad con la que fue retirada la pieza, “sin proceso ciudadano, sin presenciarlo, sin compartirlo”. Para la investigadora sobre monumentos públicos, anular a la ciudadanía en la extracción de la estatua fue un acto tan violento como quemarla. Cuenta que la salida de Baquedano es la prueba del nuevo símbolo que se está constituyendo en la plaza, epicentro de las manifestaciones desde el 18 de octubre de 2019. 

Una ciudad para todos

“Es una oportunidad otros relatos no representados en el espacio público, como la mujer y el pueblo mapuche. Ahora debemos pensar cómo vamos a diseñar la nueva ciudad. Debemos participar todos de una construcción no autoritaria. Porque no es un problema de esta escultura, sino del diseño de una ciudad, que debe ser más igualitaria”, añade.

Para Valentina Rozas-Krause, los monumentos no son capaces de resolver conflictos, sino de silenciarlos. Por eso dice que los procesos de memorialización son tan importantes, sobre todo en países como Chile, porque en ellos víctimas y ciudadanos construyen un relato común. “Pueden ser mecanismos de reconciliación, pero no de propaganda política”, explicó Rozas-Krause en un evento organizado este miércoles por el Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica. 

El director de este instituto es Ronald Harris y asegura que “en diversos países del mundo se han derribado estatuas en sintonía con el cuestionamiento a la oficialidad y a las instituciones”. En el contexto chileno, añade, “es necesario considerar que muchas esculturas hacen referencia al mundo militar y, debido a las experiencias traumáticas asociadas a la institución, se han visto desprestigiadas en el espacio público”. Harris también es partidario del debate público para definir las figuras homenajeadas en el futuro. “La historia está cambiando y la leemos de acuerdo a afinidades y sensibilidades actuales. Cada generación tiene derecho a modificar los héroes que se reconocen en el espacio público”, sostiene.

El Ejército de Chile no opina lo mismo. Tras el incendio de la figura, emitió un comunicado en el que definió a los manifestantes como “antisociales”, “cobardes desadaptados” y “antichilenos”: “Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos”. Les acusa de “ignorantes” de la historia y de los logros de Baquedano.

Sin embargo, la pelea por el símbolo ha superado al mismo símbolo original, transformado en nuevos significados. Es algo que no había ocurrido hasta el momento en otros procesos de conflicto monumental como el derribo de la estatua de Sadam Husein, las miles de Lenin tras la caída del Muro, el general confederado Robert E. Lee, el esclavista Edward Colston o Cristóbal Colón.

El subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, en enero de 2020, declaró que el Ministerio de las Culturas ha sido “enfático” al señalar que “el patrimonio cultural es dinámico”. “Cada generación puede someter a revisiones, a debate o a nuevas miradas los bienes simbólicos, pero esa acción se debe hacer por la vía de un diálogo tolerante y respetuoso de la institucionalidad vigente, y no a través de la violencia. Rechazamos cualquier tipo de daño ejercido sobre los bienes públicos, que son parte del alma, de la memoria y de la historia de la sociedad”, dijo De la Cerda. Y reconoció daños en 230 monumentos nacionales en el último año. Valentina Rozas-Krause cuestiona el alma de los monumentos de bronce y de piedra, así como que sean la historia del país. Cree que desmonumentalizar no es perder la memoria y que los actos iconoclastas no eliminan necesariamente la memoria, sino que la transforman. 

Batalla de símbolos

El monumento a Baquedano fue inaugurado -algo más de cuatro décadas después de los acontecimientos que homenajea- por el dictador Carlos Ibáñez (pero aprobado por el Gobierno de Emiliano Figueroa), y se ha convertido en un punching ball golpeado por dos fuerzas que leen el símbolo de manera diferente (e irreconciliable). El escritor Rafael Gumucio escribió el día después de las llamas una columna de opinión, en The Clinic, en la que aseguraba, con ironía, que el incendio fue el “acto más bello de lo que ha ido ocurriendo todos los viernes” en la plaza: “Quemar algo que no se quema es la metáfora perfecta de lo que ha devenido el estallismo”.

A Gumicio, autor de Nicanor Parra, rey y mendigo (Literatura Random House), le parecen “patéticos” tanto manifestantes como Ejército, y apunta que en esa resignificación del monumento y del espacio público Baquedano se ha convertido en Pinochet, en los milicos, en las torturas, en la oligarquía y en las injusticias sin fin “de las que somos siempre víctimas y nunca responsables”. 

Las metáforas no dejan de sucederse in situ con cada movimiento de los manifestantes y sus réplicas gubernamentales. Mientras los restauradores realizan su trabajo -durante varios meses-, el Gobierno ha ordenado levantar un muro de acero de tres metros -y protección policial-, alrededor del pedestal decapitado, para encerrar la estatua cuando regrese reparada. Hasta entonces el vacío también alterará el sentido del símbolo.

La imaginación ciudadana también se ha desatado con esta medida del presidente Sebastián Piñera y los resultados pueden verse en el perfil de Instagram de la asociación Monumentos Incómodos, cuya portavoz es Magdalena Novoa, doctora en Arquitectura y profesora de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, y se muestra contraria a la restauración de la escultura, porque es volver a instaurar una representación cuestionada por una parte de la ciudadanía.

“Necesitamos desarrollar mecanismos de participación ciudadana para la construcción de la memoria pública y profundizar en el debate de la desmonumentalización de la ciudad. Debemos pensar estos monumentos en museos y no en el espacio público, donde violentan y borran otras historias de nuestro territorio”, explicó Novoa en el encuentro del Instituto de Estética. Habría sido una buena ocasión desplazar la estatua vandalizada al Museo Histórico de Santiago de Chile, como reflejo de un momento histórico único, en el que la presión de la ciudadanía fue capaz de derogar la Constitución de Pinochet

En el enfrentamiento entre monumento y reivindicación, el arte es una víctima de las víctimas usada por los intereses políticos y de la reacción que provocan. Los primeros lo usan para garantizar su inmortalidad, los segundos para acabar con un símbolo injustificable en el presente. El arte puede ser garante de ideologías trasnochadas sin pretende ser eterno.

La artista Catalina Mena, que acaba de inaugurar una instalación en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile sobre la violencia contra las mujeres, se siente dolida cuando el patrimonio es violentado. “No me parece que nadie tenga derecho a creer que su postura ideológica deba ser la predominante y que se sienta con derecho a vandalizar el monumento”, indica. “El escultor de dicho monumento proviene del campo, viaja con una beca a París, sobresale y todo ello gracias a sus méritos y perseverancia. Al violentar la escultura, se violenta su trayectoria y obra. Lo triste es que creo que los que hacen esto ni siquiera saben que tras un monumento como éste hay un artista”, añade Mena. 

Por Peio H. Riaño

20 de marzo de 2021 21:11h

@PeioHR

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Myanmar vive la jornada de huelga y protestas más importantes contra el golpe

Las movilizaciones y la huelga general de este lunes tienen lugar en medio de las amenazas del Ejército de desatar una violenta represión. El fin de semana dos personas fueronasesinadas por la Policía, sumando cuatro desde que comenzaron las protestas contra el golpe.

 

A pesar de las amenazas del Ejército, que advirtió a los "manifestantes que se arriesgan a morir en las marchas", y de la represión del fin de semana, Myanmar vive este lunes la jornada de protestas y huelga más importante desde que comenzaron las movilizaciones contra el golpe de Estado.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía, sumando así cuatro manifestantes asesinados por la represión del Gobierno golpista.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los manifestantes luchan contra el golpe y por la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600, entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi, como llevan haciendo a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se celebraron hoy de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores enfrentamientos y represión, según vídeos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Ante la convocatoria de este lunes, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias arterias de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

Revolución 22222

La convocatoria ha recibido el nombre de "la revolución 22222" al celebrarse el 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de hoy, que ha paralizado casi todo el país, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que el viernes falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que recibió un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró el domingo en Naipyidó.

En respuesta a estas muertes, la junta militar acusó a los manifestantes de "aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica" y les advirtió de que se podrían perder más vidas, en una clara amenaza para amedrentar a los manifestantes, que al juzgar por la masividad de este lunes, no ha surtido efecto.

Como viene ocurriendo desde el primer día de protesta y, a pesar de la impotencia de Aung San Suu Kyi que no llama abiertamente a tirar al gobierno militar, los jóvenes y trabajadoras, muchas de ellas de los sectores más precarizados como las de fábricas textiles, han jugado un rol central en las protestas. Impulsándolas y poniéndose a su cabeza no solo enfrentan la represión policial y militar, sino que le dan fuerza a todo el movimiento para seguir en las calles.

Lunes 22 de febrero | 10:00

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Viernes, 30 Octubre 2020 05:44

Recién comienza

Recién comienza

CHILE TRAS EL ROTUNDO TRIUNFO DEL APRUEBO

 

Con la luz verde a la redacción de una nueva constitución y en un plazo de apenas dos meses, deberán presentarse las candidaturas para la convención que se encargará de esa tarea. Sujetado por los amarres del pacto partidario, el proceso impone varios obstáculos a los postulantes surgidos de los movimientos sociales. Antiguos rostros de una política deslegitimada podrían retornar con bríos renovados.

El apabullante triunfo del apruebo (78,27 por ciento) en el plebiscito del domingo 25 abrió de inmediato el apetito de los partidos políticos tradicionales para perfilar sus candidaturas a la Convención Constitucional, órgano que la ciudadanía eligió, también por abrumadora mayoría (78,99 por ciento), para que escriba la nueva carta magna que reemplazará a la de 1980. El histórico referéndum convocó a las urnas a más de 7.500.000 electores (50,9 por ciento del padrón), la participación más alta desde que existe el voto voluntario en Chile.

Tras los festejos en la Plaza de la Dignidad y en las calles del país, arranca una carrera contra el tiempo. El 11 de enero de 2021 –en poco más de dos meses– expira el plazo para presentar candidaturas a la Convención. El 11 de abril del próximo año se celebrarán nuevos comicios para elegir a los 155 constituyentes, número que podría variar si el Congreso aprueba una normativa que otorga escaños reservados a representantes de pueblos originarios.

El problema para los más de 5.800.000 electores que el domingo marcaron apruebo con un lápiz azul es que sus preferencias no necesariamente se verán reflejadas en la votación de abril. Según Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad de Talca, «el domingo la gente votó por opciones de futuro, mientras que en abril de 2021 lo hará por candidatos que se desplegarán territorialmente para conseguir los votos. Las campañas serán mucho más personalizadas y en eso la derecha chilena es fuerte. Tanto es así que históricamente ha bordeado el 40 por ciento de los votos. No veo por dónde la izquierda pueda arrasar en esos comicios, ya que irá dividida en varias listas y, en un sistema de representación proporcional, las listas unidas de varios partidos tienden a cosechar más votos».

Morales refiere al método D’Hondt, el sistema de representación proporcional que se aplicará en Chile para escoger a los constituyentes, según estableció el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, celebrado a un mes del inicio del estallido social. Lucía Dammert, doctora en Ciencia Política e investigadora de la Universidad de Santiago, alerta que «puede suceder algo bastante paradójico: si la oposición se divide en muchas listas, es posible que el rechazo tenga más representación en la Constituyente que el apruebo».

¿Los marginales a la Constituyente?

Quienes ven contratiempos en este escenario son aquellos posibles candidatos con una trayectoria reconocida en organizaciones de base, pero que no militan en un partido político. Aunque la ley 21.216 –promulgada en marzo de 2020 y que aseguró la paridad de género de la Convención– consigna que las candidaturas independientes pueden conformar listas propias, ciertamente estas no compiten en igualdad de condiciones con aquellas postulaciones provenientes del establishment partidista.

En este momento, y en atención al contexto de pandemia, en el Congreso existe un proyecto de reforma constitucional que, entre otras medidas adicionales, permitiría a los independientes reunir las firmas requeridas para su postulación a través de un trámite online –la norma establece que para registrar una candidatura independiente deben presentarse las firmas del 0,4 por ciento de los votantes del distrito electoral en cuestión (véase «De nuevo en primavera», Brecha, 24-IX-20­)–. «Lo sucedido en el plebiscito fue un triunfo ciudadano y de las mayorías silenciadas. Por lo tanto, uno de los puntos en que se juega la legitimidad de la Constituyente pasa por que los partidos establezcan mecanismos efectivos de participación de los independientes», asegura Dammert. De hecho, una opción alternativa para los candidatos surgidos del movimiento social que irrumpió el 18 de octubre de 2019 es registrarse dentro de los cupos que entregarán las formaciones partidistas.

Pero por ahora, quienes más despuntan para candidatos a la Convención son caras conocidas de la política de la posdictadura. Por ejemplo, la exministra de Educación Mariana Aylwin (hija del expresidente Patricio Aylwin) ya anunció su postulación. Aunque históricamente militó en la Democracia Cristiana, figura ahora como independiente. Esta semana declaró a Televisión Nacional que hoy se siente más afín a Evópoli, un partido autodefinido como de centroderecha y que el domingo dividió sus votos entre el apruebo y el rechazo.

n contraposición a estas reconversiones de última hora, aparecen nuevas voces en los territorios más precarizados del país. Sol Danor es activista, feminista, líder territorial y poeta de la población La Legua, en la comuna santiaguina de San Joaquín, perteneciente al distrito 10. Desde ese sector emblemático por su extraordinario nivel de articulación social, Sol pretende levantar una candidatura a la Constituyente sin aliarse con ningún partido político: lo hará a través de una lista con otras postulaciones independientes.

«Los marginales tenemos que pintar de colores esta Convención. Peleamos contra una maquinaria gigantesca encarnada en rostros de famosos. Me interesa participar de este proceso, pero si no soy elegida, intentaré incidir de todos modos. Así como está planteada la elección, la Convención no tendrá legitimidad, ya que los mismos partidos políticos deslegitimados tienen todo amarrado. Proponemos desde La Legua que quienes pertenecemos a organizaciones de base trabajemos por un proyecto común, a través de una vocería que nos apoye en los territorios para escribir la Constitución», explica Danor.

Giovanna Grandón, quien se hizo conocida por bailar vestida con un traje del personaje Pikachu en la Plaza de la Dignidad, también piensa postularse a la Constituyente sin la anuencia de un partido político. La Tía Pikachu, como graciosamente la apodan, lleva toda una vida en la población Lo Hermida, en la comuna de Peñalolén, y durante la pandemia ha apoyado a las ollas comunes que se han organizado en todo Santiago (véase «Las ollas de la dignidad», Brecha,19-VI-20). Revela que nunca figuró entre sus planes postularse a un cargo político, pero que sus mismos vecinos la convencieron.

«La gente me empezó a decir: “Tía, usted tiene calle, sabe lo que son las necesidades”. Y ahí decidí postular. Necesitamos personas que sepan la realidad de las poblaciones y los campamentos. Si participan los mismos de siempre –la gente letrada– no sirve de nada cambiar la Constitución. Mi idea es formar una lista de independientes. Ya tengo un staff, aunque sabemos que es difícil: no tenemos la plata para campañas. Yo tengo la ventaja de que soy un poco más conocida por mi personaje», cuenta Grandón, cuya prioridad es inscribirse en el distrito 11 al que pertenece Peñalolén. Aún vacila, porque ese distrito también incluye a La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Estas tres últimas fueron las únicas comunas de Santiago donde ganó el rechazo y en ellas viven personas de altos ingresos.

Ilustración: Ombú

Para mejorar las condiciones de quienes no militan en un partido, apunta el politólogo Mauricio Morales, la estrategia de la ciudadanía pasa por continuar la senda de la protesta y manifestación en las calles. «Es la presión que más ha rendido frutos», dice el experto, para quien «el casi 80 por ciento obtenido por el apruebo deberá ser considerado por los partidos, tanto al momento de conformar sus listas electorales como al de ofertar su plan programático». En eso concuerda Danor, para quien es clave «no soltar la calle» y «reactivar las asambleas y cabildos territoriales» que florecieron al calor del 18-O.

La estrategia de las Elites

Tanto la ex-Nueva Mayoría (heredera de la Concertación que gobernó durante cinco de los siete períodos presidenciales de la transición posdictadura) como Chile Vamos (coalición de partidos de derecha) han sido ambiguas respecto de los cupos que cederían a candidaturas de la esfera social sin militancia partidista. En respuesta a la aparición de algunos nombres que ya ocuparon cargos públicos, un grupo de diputados de oposición presentó el 28 de setiembre un proyecto de ley que busca impedir que parlamentarios, ministros, subsecretarios o intendentes en ejercicio compitan por un escaño en la Constituyente.

Por el lado de la ex-Nueva Mayoría, el senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes no se pronuncia sobre si su colectividad abrirá o no un porcentaje de cupos para candidaturas independientes del espectro social. Por el contrario, acota Montes, «no soy de aquellos que creen que todas las virtudes están en no ser militante de un partido». La propuesta del PS es la «diversidad» de sus candidaturas y ahí entran a tallar tanto dirigentes de base como militantes socialistas con experiencia. Tampoco Montes detecta oportunismo en que su sector se haya plegado a las celebraciones por la rotunda victoria del apruebo, a pesar de que los socialistas fueron una pieza clave de los gobiernos posdictadura que se sucedieron bajo la Constitución de 1980.

Desde Chile Vamos, el diputado de Renovación Nacional y cara visible de la campaña del rechazo, Sebastián Torrealba, descarta que haya habido una derrota de su sector en el plebiscito. «Es absolutamente irracional pensar que detrás de la votación del apruebo hubo sólo personas de izquierda, de manera que no hay que dramatizar el resultado. Fue la ciudadanía pidiendo cambios y eso no se lo puede adjudicar la derecha ni la izquierda», afirma Torrealba, quien también se cuadra con la diversidad en las inscripciones para la elección del 11 de abril: «Llevaremos nuevos rostros y personas que tienen participación histórica en la política. Yo no concibo la democracia sin partidos políticos».

Mauricio Morales no tiene dudas respecto de la estrategia diseñada por los partidos para incluir a los independientes en sus listas: «No lo harán por convicción, sino por obligación y oportunismo. Seguramente serán independientes conocidos que simularán una renovación en las elites, pero esta solución es de corto plazo». De igual modo, aunque existe cierto consenso en rebajar las barreras de entrada para que los independientes formen listas propias, «los partidos comenzarán a abrir cupos a fin de disuadir a esos independientes de que compitan por sus propios medios».

Para Dammert, «cuando uno ha tenido el poder durante tantos años, es muy difícil dejarlo. Los partidos políticos sólo conocen ciertas prácticas y están tratando de repetirlas para ver si les funcionan». Morales, en tanto, opina que, incluso en el acuerdo de noviembre que encauzó el plebiscito, los líderes políticos supieron «traducir hábilmente ese malestar ciudadano y canalizarlo hacia la Constitución en circunstancias en que la rabia era contra ellos y también contra la clase empresarial. El texto constitucional fue un cortafuegos para evitar una crisis mayor y salvarse del descabezamiento total […]. Sin embargo, la rabia sigue latente», indica.

A juicio del politólogo, la contundente victoria del apruebo «es ciudadana y ningún segmento ideológico se la puede atribuir». Pero también añade que el proceso «ha implicado la derrota absoluta e histórica del pinochetismo y de la derecha más radical». Dammert apunta que el resultado del referéndum sepulta la idea de la polarización del país en dos mitades, ya que «la diferencia es de 80 a 20 por ciento». Lo que sucede, dice, es que «ese 20 por ciento tiene lobby, empresarios, medios de comunicación, pesa el doble».

Pör Cristian González Farfándesde Santiago 


30 octubre, 2020

Publicado enInternacional
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