Martes, 01 Junio 2021 05:58

Colombia o la hipocresía europea

Funeral en el Cauca durante las movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque. Xavi Suler

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población.

 

Un régimen que criminaliza la protesta social y que en su respuesta a la misma suma un reguero continuo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un régimen que ha añadido a la represión policial, que causa ya decenas de muertes, cientos de asesinados y miles de detenciones, nuevas formas de terror contra la población. Se generalizan así las desapariciones de manifestantes jóvenes que, semanas después, van apareciendo con signos de torturas y baleados en campos y cunetas; se cuentan también por decenas las personas que reciben disparos en los ojos, quedando de esta brutal manera marcados para el resto de sus vidas. Pero este es un régimen que también hace uso de las violencias machistas como herramienta para la represión social y se cuentan ya por decenas las mujeres jóvenes que han sido secuestradas y violadas por elementos policiales, llevando a alguna de ellas al suicidio.

Leyendo el párrafo anterior es posible que algunos se hayan situado inmediatamente en Venezuela. Una más, habrán pensado, del bárbaro régimen bolivariano que lleva años reprimiendo a la democrática oposición y sosteniéndose en su tiránico poder (esperamos se entienda la ironía). Al fin y al cabo, esto es lo que llevan años contándonos, y por lo tanto moldeando así la opinión pública, desde las tribunas mediáticas que controlan las élites económicas y políticas de Europa y América. En ese continente Venezuela encarna el mal y tiene su antónimo en el país vecino: Colombia, quien es suma de los valores de la democracia y el respeto más escrupuloso a los derechos humanos. Donde no hay intereses oligárquicos ni mezquinos que, desde posiciones ultraderechistas, sigan pugnando por enterrar el fallido proceso de paz, por estigmatizar a la población indígena, afro y campesina desde evidentes posiciones clasistas y racistas, estén detrás de la muerte de cientos de liderazgos sociales o sean la razón, con sus políticas económicas, del continuo empobrecimiento de la mayoría de la población colombiana que se ve abocada a mal vivir en su propio país o emigrar en busca del inexistente paraíso donde, por lo menos, quizá le respeten la vida.

Pero, dejemos de lado el sarcasmo y la ironía. La situación en Colombia es escandalosamente grave y este país ya no se puede clasificar ni tan siquiera como democracia de baja intensidad. Sabemos que su gobierno, así lo ha sido durante décadas, está protegido por los intereses geoestratégicos norteamericanos y europeos, que le permiten desarrollar una política de tierra quemada contra su propia población. No pretendemos entrar en una reiterada revisión de las causas más visibles de la protesta social, aquellas que tienen que ver con un nuevo intento por hacer pagar más a quienes menos tienen, mientras los que más tienen siguen engordando unas cuentas de beneficios que les permiten pasear el país en helicóptero o hacer las compras en Miami. Tampoco revisaremos las causas menos visibles, aquellas que se refieren a un régimen oligárquico que durante décadas ha respondido a una concepción patrimonial del estado, que hoy combina con los dictados más ortodoxos del modelo neoliberal. Sobre todo ello se ha escrito ampliamente en estas semanas, y se seguirá escribiendo en las venideras.

Sin embargo, hacemos aquí un alegato contra la hipocresía europea, especialmente de su clase política. Una clase siempre dispuesta para la denuncia del gobierno de Venezuela, o para poner el grito en el cielo por las detenciones de golpistas en Bolivia y a hacer votos por el respeto escrupuloso a sus derechos bajo amenazas al gobierno soberano de este país de sanciones de todo tipo. Y, sin embargo, una clase política que mira sistemáticamente para otro lado mientras en Colombia la juventud sale a las calles para denunciar la falta absoluta de perspectivas, no de futuro, sino en este presente duro al que ha sido condenada sin juicio alguno. Una clase política que mira para otro lado mientras se superan los 1000 liderazgos sociales asesinados desde la firma de unos Acuerdos de Paz (2016) que el gobierno de Iván Duque incumple sistemáticamente. Clase política europea que, acompañada de la económica y mediática, mira para otro lado desde que el 28 de abril la sociedad colombiana decidió optar por la protesta sostenida y pacífica, que ha sido respondida por la represión más salvaje y la militarización del país en un no declarado estado de excepción que suspende libertades y derechos, mientras se protege desde esos cuerpos policiaco-militares a civiles armados que asesinan impunemente manifestantes en las calles.

Colombia es un país en el que, en situación de pandemia, con índices de contagios y muertes provocadas por el virus de los más altos de América Latina, la gente prefiere salir a la protesta y asumir el riesgo que ello conlleva. Como se decía en los primeros días, este es un país en el que la gente teme más las decisiones perversas del gobierno que los efectos mortales de un virus. Al fin y al cabo, Colombia es país especializado en vivir en medio de múltiples virus: el de la violencia, el de la pobreza, el de la injusticia social, el de la desigualdad, el del neoliberalismo…

Pero para Europa nada de esto es grave. No habrá grandes conciertos de música solidaria, no habrá medidas que presionen al gobierno para frenar la represión, no habrá misiones de verificación de la situación de los derechos humanos, no sea que hagan su trabajo y le digan a la vieja Europa que Colombia es uno de los países donde esos derechos son más sistemática y masivamente violados. Esto, igual no se podría seguir escondiendo, y complicaría la consideración de Colombia como un país aliado, democrático y, sobre todo, donde la internacionalización de nuestras empresas puede seguir adelante, aunque ello no deje ningún beneficio ni entienda los intereses y demandas de la población.

En este escenario, la tónica general de Europa, tantas veces escuchada y sufrida, suele ser del tipo: “expresamos nuestra preocupación por la situación”, “seguimos de cerca la evolución de los acontecimientos”, o “llamamos a un diálogo para construir consensos”. Todo, como si lo que se estuviera produciendo fuera una discusión un poco subida de tono entre vecinos. Todo, obviando que el actual gobierno colombiano está en manos de la extrema derecha que representa el uribismo, contrario a la paz y que aboga por seguir considerando Colombia como su finca particular en la que se imponen, bajo una máscara de aparente sistema democrático, medidas siempre en detrimento de la vida de las grandes mayorías del país y, cuando éstas, protestan, se las reprime a sangre y fuego. Por supuesto, el rasero que se aplica a Colombia con miles de muertos e índices de pobreza en continua progresión no tiene nada que ver con las presiones diplomáticas, sabotajes, bloqueos económicos, denuncias internacionales y toda la larga serie de acciones y medidas concretas contra, por ejemplo, el gobierno venezolano.

Colombia sigue los pasos de Israel en su grado de impunidad y violación sistemática a los derechos humanos, con la única diferencia de que, si el segundo opera contra el ocupado pueblo palestino, Colombia lo hace contra su propia población. Y Europa, esta vez sí, aplica el mismo rasero en uno y otro caso: mirar para otro lado y dejar hacer.

por Jesús González Pazos

31 may 2021 12:48

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Extraoficialmente el Gobierno de EEUU ya le fijó fecha de caducidad al autoproclamado Guaidó

19.05.21 - La administración del presidente estadounidense Joe Biden, habría dado un finiquito al autoproclamado Juan Guaidó, como supuesto líder de la oposición venezolana, para “sacar” a Nicolás Maduro del poder antes del 1 de diciembre.


La decisión la notificó el embajador para Venezuela, James Story, al G-4 (coalición de los principales cuatro partidos de oposición) en una reunión que se llevó a cabo este martes en Bogotá, Colombia. Así lo informó Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, en entrevista concedida a PanAm Post.


“Tenemos información fidedigna y cierta de que hasta el 1 de diciembre le da plazo Estados Unidos al interinato. Es una decisión del Departamento de Estado y Story la hizo oficial en una reunión con el G-4 en Bogotá”, refirió.

El cambio de línea en la política de la Casa Blanca hacia Venezuela es evidente. Muñoz asegura que el Gobierno de Estados Unidos exigió a Guaidó “resolver” antes del 1 de diciembre. Agrega que esto no solo se traduce en un retiro del reconocimiento al líder opositor como presidente interino, sino también al acceso a los fondos de la nación bajo la protección de Washington.

Y es que bajo el auspicio de la Casa Blanca, el Tesoro y la Reserva Federal de EE.UU. se apropiaron de $342 millones en activos que pertenecen a Venezuela, de los cuales $245 millones han sido desembolsados al grupo de Guaidó.

El objetivo, promover la desestabilización institucional y social a lo interno de Venezuela, así como una supuesta ayuda humanitaria al país. De esta última en particular, no hay indicios reales, según denuncias del gobierno nacional.

Para el presidente del Grupo Editorial El Venezolano, que incluye medios impresos en varios países y El Venezolano TV en Miami, la Administración Biden podría reestablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro una vez que deje de reconocer oficialmente a Guaidó. Considera que la política de Donald Trump hacia Venezuela fue una “estafa” porque vendió la esperanza de una salida por la fuerza que nunca ocurrió.

Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Guaidó solicitó dialogar con él y las fuerzas revolucionarias, luego que fuera conformado el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El jefe de Estado venezolano señaló que evalúan varios puntos para la posible mesa de dialogo; el principal tema planteado es que Guaidó y su fracción renuncie a la violencia y reconozca las autoridades legítimas del país.

Otro punto que destacó es que debe retornar todos los recursos y activos venezolanos que con su promoción, la de Guaidó, han sido confiscados en el exterior, por ejemplo, Citgo en EE.UU. y Monómeros en Colombia.

Por: Aporrea | Jueves, 20/05/2021

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El canciller Serguei Lavrov anunció las medidas y repudió las sanciones.  ________________________________________ Imagen: EFE

Fuerte respuesta rusa a las sanciones de Biden

El Kremlin no permitirá el ingreso a Rusia de ocho funcionarios estadounidenses y limitará a las ONG y fundaciones que operan en el país.

 

Rusia anunció que expulsará a diez diplomáticos estadounidenses además de otras medidas en respuesta a las sanciones anunciadas ayer desde EE.UU. “El presidente ruso ha aprobado estas medidas en respuesta a los actos absolutamente inamistosos y gratuitos anunciados por Washington contra Rusia, nuestros ciudadanos, personas físicas y jurídicas, y nuestro sistema financiero", declaró Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en una rueda de prensa.

La respuesta del Kremlin viene un día después de que la administración de Joe Biden sorprendiera con la expulsión de diez diplomáticos rusos. El demócrata también amplió las restricciones a los bancos estadounidenses que negocian la deuda que emite el Gobierno ruso.

Según el ministro Lavrov, la expulsión de diez diplomáticos estadounidenses fue anunciada debido a las violaciones sistemáticas cometidas por los funcionarios norteamericanos, incluidos agregados militares. Desde la Cancillería de Rusia acusaron a EE.UU. de apostar por una continua degradación de las relación y su política que apunta a contener a Moscú.

Lavrov también hizo pública una lista de ocho funcionarios estadounidenses que no podrán ingresar al país por su política antirrusa. Entre ellos figuran Merrick Garland, fiscal general; Michael Carvajal, director de la Oficina de Prisiones; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional; Susan Rice, directora del Consejo de Política Doméstica; Christopher Wray, director del FBI, y Avril Danica Haines, directora de Inteligencia. También integran la lista John Bolton, quien fue asesor de Seguridad Nacional en la Administración de Donald Trump, y James Woolsey, antiguo director de la CIA.

Por otra parte, limitará y ordenará el cese de actividades de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que interfieren en abiertamente en los asuntos internos de Moscú. Mientras que también se prevé que las sanciones demoren el retorno a Washington del embajador ruso Anatoli Antónov, que fue convocado por la administración de Vladimir Putin por consultas luego de que Biden lo llamara “asesino” en una entrevista televisiva.

"El embajador Antónov continúa las consultas. La situación es muy compleja", explicó Lavrov. El ministro agregó que el Kremlin recomienda al embajador de EE.UU., John Sullivan, regresar a su país para consultas con sus superiores.

El ministro de Exteriores apeló a la cordura de EE.UU. y pidió renunciar a la política de confrontación. "Los pasos dados son sólo una parte de los que están a nuestra disposición. A nosotros nos gustaría evitar una nueva escalada con EEUU", señala en el comunicado oficial.

“La realidad es que de Washington escuchamos una cosa y en la práctica vemos otra. No debe haber dudas. Ni una ola sancionadora quedará sin respuesta", continúa el comunicado del ministerio de Exteriores. También se refiere a la propuesta de Biden de llevar a cabo una cumbre ruso-estadounidense en un tercer país. “Cuando se hizo esta oferta, se recibió positivamente y ahora se está considerando en el contexto de los acontecimientos concretos”, afirmó el comunicado del ministro Lavrov.

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El Caribe, China y la geopolítica de las vacunas

¿Cuál es el secreto del éxito de las campañas de vacunación rápida en muchos países del Caribe? Ser el tercero cuando otros dos se pelean.

Para los pequeños Estados insulares del Caribe, la diplomacia de las vacunas es la clave para superar la pandemia de covid-19. A pesar de que su población apenas es equivalente a la de un barrio de la ciudad de San Pablo, países como Granada o Antigua y Barbuda son Estados soberanos y, como tales, tienen representantes y voto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los tienen Brasil o México. Sumados, los 14 países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) tienen más votos que toda América del Sur. La crisis actual muestra cómo esta soberanía estatal se puede convertir en un suministro de vacunas con el que los países más grandes solo pueden soñar.

Por ejemplo, Dominica (no confundir con la República Dominicana, que es mucho más grande): con sus 70.000 habitantes, esta isla había recibido, ya a principios de febrero, 70.000 dosis de vacunas provenientes de la India. Mientras tanto, China le envió más dosis de vacunas. El país tiene la epidemia bajo control como casi ningún otro: hasta ahora, ni una sola muerte; la cantidad de infectados es 161, no por semana, como en las islas vecinas de Guadalupe y Martinica, que pertenecen a Francia, sino en total desde que comenzó la pandemia.

No todos los Estados insulares del Caribe presentan un balance tan espectacular como Dominica. Sin embargo, muchos pueden sacar provecho de la competencia internacional desatada por la diplomacia de las vacunas. Barbados ha recibido de la India 100.000 dosis de vacunas como donación; se enviaron 40.000 dosis de vacunas a Antigua y Barbuda y más a otras naciones de la CARICOM. No son grandes cantidades para un país como la India, pero en los pequeños Estados insulares cubren una parte sustancial de la población adulta. Barbados ya ha vacunado a más de 20% de sus habitantes y se pretende llegar a principios de mayo con toda la población vacunada. Ahora mismo se está barajando la posibilidad de ofrecer luego vacunas a los turistas.

Numerosos Estados caribeños se aprovechan desde hace tiempo de la competencia entre Taiwán y China. Cinco de los únicos 15 países del mundo que reconocen a Taiwán como Estado y mantienen relaciones diplomáticas con él pertenecen al Caribe. Estos son Belice, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas. A cambio, pueden contar con préstamos y expansión de WLAN, obras públicas y programas para cursar estudios en Taiwán. Con el comienzo de la crisis del covid-19, a esto se sumaron mascarillas, tests rápidos y respiradores con etiquetas adhesivas en las que se leía «Taiwán ayuda». Sin embargo, el propio Taiwán depende de las importaciones para elaborar vacunas. Con el fin de compensar esta deficiencia, ya se están prometiendo generosos programas para la reactivación económica posterior a la pandemia. Desde 2016, Panamá, República Dominicana y El Salvador cambiaron de bando y ya no reconocen a Taiwán, que deberá afrontar algunos costos para evitar una reacción en cadena.

Cuando se trata de entregas de vacunas, China juega a fondo: República Dominicana cortó sus relaciones con Taiwán hace tres años. Ahora, un avión chino aterrizó en Santo Domingo con un millón de dosis de vacunas a bordo. La puesta en escena en el aeropuerto tuvo una grandiosidad análoga: fotos con banderas chinas al descargar la carga y discursos que hablan de amistad y solidaridad. O el caso de Guyana, que hace poco había permitido a Taiwán abrir una oficina comercial. Beijing no disimuló su enfado. Y tras haber «corregido» este error unas semanas atrás, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, recibió de Xi Jinping, por teléfono, la promesa de 20.000 dosis de la vacuna Sinopharm.

Casi simultáneamente a la entrega china de millones de dosis a República Dominicana, llegó también al Caribe el primer suministro de la iniciativa multilateral COVAX, en la que la Unión Europea tiene una participación sustancial: 14.000 dosis de vacunas entregadas a Jamaica el 15 de marzo. Si bien COVAX puede tener, con el tiempo, un impacto significativo, por el momento sus entregas son tardías y exiguas.

Estados Unidos también se unió a la iniciativa COVAX bajo la presidencia de Joe Biden, si bien las vacunas estadounidenses hasta ahora han tenido solo un papel secundario en el Caribe. Sin embargo, a medida que avanza la rápida campaña de vacunación en el país, esto puede cambiar en unos pocos meses, cuando Estados Unidos se convierta en un exportador de vacunas excedentes. De momento, no obstante, la dinámica de la campaña de vacunación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos muestra el papel periférico de estos territorios caribeños de propiedad estadounidense: su tasa de vacunación todavía es inferior a la de Georgia, el último de los 50 estados de la Unión.

Los demás territorios no soberanos del Caribe tampoco tienen casi posibilidades de llevar adelante una activa diplomacia de las vacunas. En las Antillas Neerlandesas o los departamentos franceses de ultramar reina la escasez europea de vacunas. Si bien la conexión con las metrópolis promete acceso a servicios sociales y de salud superiores, del «primer mundo», las islas se encuentran en la inusual situación de mirar con envidia la realidad de la vacunación, a menudo significativamente mejor, de sus vecinos independientes. Mientras que Argentina, Bolivia y México también usan vacunas de Rusia, estas hasta ahora no han llegado al Caribe: ni siquiera a San Vicente y las Granadinas, el primer país de la región en aprobar la vacuna Sputnik V.

La gran singularidad en la diplomacia de las vacunas del Caribe es Cuba. El gobierno socialista no importó vacunas, a pesar de que podría haberlas obtenido, sin dudas, de China o Rusia. Por el contrario, La Habana se juega por entero al autoabastecimiento. A pesar de la crisis económica generalizada, la tecnología médica y la biotecnología siguen siendo sectores modernos y eficaces. El gobierno se enorgullece de que Cuba sea el único país latinoamericano que ha desarrollado sus propias vacunas. La más avanzada (Soberana 2) se encuentra actualmente en la fase 3 de prueba con 44.000 personas en Cuba y otro grupo de prueba en Irán. Si estas pruebas tienen éxito –tal como se espera–, la campaña de vacunación a escala nacional podrá comenzar en el segundo trimestre.

Y luego está la gran esperanza: que la vacuna cubana sea un éxito de exportación y una fuente de divisas. Se producirán 100 millones de dosis para fin de año, según lo anunciado. Ya se ha filmado un vídeo que invita a los extranjeros a pasar sus vacaciones en Cuba «con sol, playa y vacunación». Por supuesto, también se habla de la intención de ayudar a otros países de América Latina, África y Asia con entregas solidarias de vacunas gratuitas.

Cuba tuvo tasas de infección muy bajas durante 2020. Desde enero, sin embargo, la propagación del virus se ha acelerado mucho. Además de la precaria situación del abastecimiento, también existe una tensa situación epidemiológica. La apuesta total al autoabastecimiento –y, por lo tanto, también a rechazar toda importación de vacunas– es una estrategia de alto riesgo y muchas incógnitas. ¿Qué tan efectiva será la vacuna y qué tan segura? ¿Cuándo estará disponible en cantidades suficientes? Porque no solo es un enorme desafío el desarrollo, sino también la producción masiva, por no mencionar la certificación internacional.

El Caribe es la región del mundo que más depende del turismo. El colapso del tráfico aéreo sumergió toda la región en una profunda crisis económica. Sin embargo, la pandemia de covid-19 no parece lograr que se replantee la estrategia de desarrollo. Por el contrario, estos países quieren promocionarse nuevamente como destinos turísticos seguros lo antes posible a través de las vacunas.

Muchos Estados insulares del Caribe han logrado un éxito notable mediante una hábil diplomacia de las vacunas. Estados Unidos y la Unión Europea juegan en todo esto un papel secundario. El hecho de que la ayuda para los nuevos amigos de Asia pueda no ser completamente desinteresada, sino que más bien lleve a esperar una conducta acorde de estos países a la hora de votar en la ONU o bien otros gestos de solidaridad, asustará a pocos en el Caribe, dada la actual situación de crisis. A lo sumo, será presentado como una «diversificación de dependencias».

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China y EE.UU. se cantan las cuarenta en público

La elección de la gélida Alaska como escenario del primer encuentro entre Estados Unidos y China desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no auguraba exactamente un deshielo de sus relaciones, pero la virulencia de la tormenta desatada en el hotel Captain Cook de Anchorage tan pronto como sus representantes se sentaron cara a cara pilló por sorpresa al mundo.

El descalabro diplomático, que confirma que la relación entre ambos países será aún más antagonista en el futuro, se produce días después de que unos comentarios de Biden abrieran una crisis con Rusia, cuyo presidente, Vladímir Putin, le exige una disculpa por haberlo tratado de asesino. De hecho, le retó a discutir sus diferencias en un debate en directo por internet, como el inédito cruce de reproches entre americanos y chinos en Alaska.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, había prometido “franqueza” de cara al encuentro y cumplió su palabra. La “poco hospitalaria” acogida de los estadounidenses, en palabras de los asiáticos, provocó un largo monólogo por parte de su homólogo chino, Yang Jiechi. Luego llegó la furiosa réplica de la delegación americana, que pidió a las cámaras que no se fueran y no dejaran de grabar. Dicen que a puerta cerrada, ambos rebajaron el tono tanto el jueves como ayer, jornada final de la reunión.

“Vamos a hablar sobre nuestra profunda preocupación por las acciones de China en Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, los ciberataques a EE.UU. o la coerción económica a nuestros aliados”, disparó en su introducción Blinken, que acababa de viajar a Asia para mostrar la fuerza de sus alianzas en la región. Las acciones de China “amenazan” el orden mundial global basado en las reglas, por eso no son meros “asuntos internos y nos sentimos obligados a sacar el tema”, insistió. Aplicar la ley del más fuerte nos llevará a “un mundo más inestable y violento”, remató Blinken.

PULSO ESTRATÉGICO

Formado en Inglaterra, a Yang no le hacía falta traducción pero la interpretación de las palabras de Blinken le dio tiempo para afinar su respuesta. La réplica china confirma el afianzamiento de la asertividad de Pekín, su convencimiento de que “Oriente está en alza y Occidente, en declive”.

“Esta no es manera de recibir a un invitado”, protestó el jefe de la delegación china, que acusó a Washington de ser el “campeón de los ciberataques” y usar su fuerza militar y hegemonía financiera “para extender su jurisdicción y suprimir a otros países”, así como incitar a otros a atacarles. “Nosotros no creemos en las invasiones con el uso de la fuerza, el derrocamiento de regímenes y las masacres”, subrayó Yang, cuestionando que Occidente y Estados Unidos puedan erigirse en representantes del orden global.

Washington, zanjó el ministro chino, debería mirarse al espejo y dejar de presumir ante el mundo. “Mucha gente en Estados Unidos tiene escasa confianza en su democracia”, espetó a la delegación americana, evocando su historial de racismo y las protestas de Black Lives Matter. Su intervención se prolongó durante más de un cuarto de hora en lugar de los dos minutos pactados. La “ruptura del protocolo” por parte de Blinken, alegó Yang, justificaba la larga réplica. Sus comentarios no fueron “normales” y por tanto los suyos tampoco lo habían sido. “¡Esperen un momento!”, pidió Blinken a las cámaras cuando se disponían a abandonar la sala.

“Lo que yo oigo [en el mundo] es una gran satisfacción porque Estados Unidos haya vuelto”, así como “preocupación por algunas de las medidas que ha tomado su Gobierno”, respondió el secretario de Estado. “Somos un país maduro capaz de afrontar sus deficiencias y siempre buscando mejorar, ese es el secreto de América”, apostilló el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Yang reclamó la palabra una vez más para negar tajantemente que, como dijo Blinken, Estados Unidos se dirija a China desde “una posición de fuerza”.

DE CRISIS EN CRISIS

Mientras perfila su política hacia Pekín, la Casa Blanca ha mantenido sin cambios los aranceles adoptados por Donald Trump, ha aprobado esta semana nuevas sanciones contra funcionarios chinos por la represión en Hong Kong y nada apunta, en definitiva, al reset que pedían los asiáticos cuando se convocó la cita de Alaska. Ben Rhodes, exasesor de Barack Obama, ve paralelismos en la reacción de China y Rusia a los contactos con la nueva Administración. “Se han acostumbrado a que EE.UU. esté ausente de la defensa del orden internacional y no hable de temas como los derechos humanos y la democracia”, y querían ver si podían intimidar al nuevo equipo norteamericano.

Ambas delegaciones se acusaron de haber recurrido al “drama” televisivo pensando en sus respectivas audiencias nacionales. A falta de discusiones sobre el fondo de sus diferencias, un pulso estratégico total, esta parece ser la hora del postureo diplomático. Biden se declaró ayer “muy orgulloso” de Blinken.

Por Beatriz Navarro | Washington

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Rogelio Mayta: “Subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro en la OEA”

El canciller del gobierno de Arce afirma que Bolivia quiere tener una presencia fuerte en distintos escenarios y organismos, y que la relación con Estados Unidos no ha tenido un cambio significativo tras la asunción de Biden. 

 

Rogelio Mayta es aymará, tiene 49 años y un pasado como abogado defensor de las víctimas asesinadas en El Alto durante la llamada Masacre de Octubre Negro en 2003. Militante del MAS, llegó desde el llano a uno de los cargos más altos en el gobierno de Luis Arce Catacora. Fue elegido canciller de un país que se había convertido en paria después del derrocamiento de Evo Morales. Hoy tiene que desandar ese camino, pero en un escenario internacional más propicio para recuperar la integración continental que habían desmontado los golpistas. Un tablero regional donde los victimarios de Sacaba y Senkata en 2019, ahora empiezan a rendir cuentas.

-¿Cuál es su opinión sobre la reciente detención de la ex presidenta de facto Jeannine Áñez y algunos ministros de la dictadura?

-Ese proceso está en manos de la justicia boliviana. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público varios meses atrás y transcurrió de manera normal. Las autoridades policiales cumplieron un requerimiento para detener a la señora Áñez y a otras personas del gobierno de facto. Al ejecutivo le corresponde generar un ambiente donde ese proceso pueda seguir su curso normal. Esperamos que así sea y se resguarden sus derechos constitucionales y derechos humanos.

-¿Qué nos puede explicar de la presunta injerencia británica en el golpe de Estado de 2019 que informaron medios de Inglaterra?

- Ante la publicación del periodismo de investigación que difundió la desclasificación de ciertos documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, convocamos al embajador de ese estado a la CancilLería y le solicitamos por escrito que nos pudiera hacer entender esa situación. El viernes 12 de marzo nos llegó una nota escrita respondiendo a ese requerimiento y estamos en el proceso de evaluar la información que se nos está dando para saber si es satisfactoria o no. Como estado vamos a manejar el tema con mucha prudencia. Aunque acá en Bolivia ha caído muy mal en varios sectores de nuestra sociedad. Se ha llegado a pedir desde las organizaciones sociales la expulsión de este diplomático, pero nosotros vamos a seguir lo que establecen las reglas del derecho internacional.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro que mantuvo con Felipe Solá en La Paz, su par argentino, hace una semana?

-Fue una reunión muy importante para nosotros porque viene a reencaminar la relación bilateral entre nuestros estados que se había deteriorado en extremo cuando asumió el gobierno de facto. La visita del canciller Solá concluyó con una declaración conjunta que firmamos los dos. Tiene varios puntos y abarca el aspecto multilateral sobre lo que preocupa a ambos países en distintos campos como ciencia, tecnología, cultura, el tema de género, la energía atómica, el litio, un espectro bastante amplio. Por otra parte, la comitiva argentina nos presentó un proyecto de acuerdo que renueve nuestras relaciones bilaterales un poco en el marco que ya veníamos trabajando y con miras a suscribirse lo más pronto que podamos.

-¿Cuál es la política que se ha fijado el gobierno boliviano sobre organismos multilaterales como Mercosur, Unasur, Celac, Alba o la Comunidad Andina?

-El gobierno de facto por su misma naturaleza tendió a un aislamiento, se excluyó de varios organismos multilaterales como Unasur, como Mercosur, como el Alba y las relaciones bilaterales no solo las tensó en el caso de Argentina, España, México, Cuba, Nicaragua, Irán, y otros países en un posicionamiento bastante ideologizado, poco pragmático. Enfrió las relaciones con China, con Rusia, que a la postre es un enfriamiento que resulta muy negativo y más si lo vemos desde el momento actual en que los principales proveedores de vacunas e insumos médicos precisamente son la federación Rusa y China. En cambio se apoyó significativamente en Estados Unidos. Queremos tener relaciones con todos los países de la comunidad internacional con la condición de que se respete nuestra soberanía. Buscamos potenciar a la Celac, repensar Unasur para ver si podemos volver a ponerla a punto y superar el mal momento que está enfrentando. En el caso del Mercosur estábamos en proceso de adhesión pero el golpe de Estado suspendió esa posibilidad y nosotros la retomamos porque nos decidimos a tener calidad de miembros plenos. También estamos nuevamente presentes en el Alba.

- ¿Cuál es su visión de la OEA?

- Queremos tener una presencia fuerte en diferentes escenarios y no solo en esos organismos que mencioné, sino también en otros como la OEA en relación a la cual tenemos una visión más bien crítica por nuestra mala experiencia con la misión de observación electoral y la auditoría electoral practicada en 2019 y subrayamos el papel nefasto de Luis Almagro como su secretario general.

- ¿Cómo es la relación con Brasil, la potencia regional de nuestro continente y con la cual Bolivia comparte 3.400 kilómetros de frontera común y tiene a un presidente como Jair Bolsonaro que apoyó el golpe de Estado desde el primer día?

- En este momento no tenemos una relación muy fluida, tampoco resulta negativa. Vamos a trabajar para procurar puntos de interés común que nos permitan avanzar en algunos aspectos, como por ejemplo el tema de nuestra inclusión en el Mercosur. Tenemos pendiente el tratamiento en el Congreso brasileño de esta posibilidad. Vamos a intentar ser positivos y constructivos en esta relación más allá de que podamos tener diferente visión política en distintos aspectos.

-¿Lo que está pasando con la pandemia en Brasil, no es un factor preocupante adicional por el descontrol a que ha llegado?

-A nosotros nos preocupa la pandemia en general y eso nos obligó a tomar algunas medidas restrictivas. Nos preocupan todas nuestras fronteras y obviamente que haya algunas más complicadas como el caso que apuntaba de Brasil por la extensión, pero estamos tomando las previsiones necesarias y haciendo un constante monitoreo.

- ¿Cómo es la relación con Estados Unidos desde que cambió el gobierno en Washington con la asunción de Biden en lugar de Trump?

- Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. De nuestra parte manifestamos que queremos establecer relaciones constructivas y positivas con todos los países de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Siempre bajo el respeto de la soberanía boliviana y estamos ahí, un poco con la mano abierta para estrechar lazos. Lastimosamente pasa a depender más de la voluntad de los Estados Unidos porque tienen malos antecedentes, realizan injerencias políticas, tratan de tener cierto grado de control sobre determinados aspectos de interés regional o de determinados países. Hay un montón de pruebas y documentos desclasificados que nos muestran eso en las últimas décadas. Es más, en nuestra memoria reciente hay gobiernos de facto, gobiernos militares que tuvimos acá en Latinoamérica que han sido motivados por acciones de EE.UU. Aún así estamos dispuestos a generar relaciones constructivas y positivas, creo que eso, como quien diría, está más en la cancha de Estados Unidos que en la nuestra.

- EE.UU tiene agencias que actúan en nuestros países como la USAID, la NED, ni que hablar del papel que cumplen la CIA o la DEA. ¿Ustedes las han expulsado incluso durante el gobierno de Evo. ¿Qué opina de ellas?

- Está claro que son tan negativas y execrables como el accionar mismo del Estado. Que solamente tienden a camuflar o tratar de esconder el accionar o los intereses que determina un estado o potencia hegemónica como ha sido Estados Unidos. Para nosotros todo eso no debería ocurrir y creo que estamos en un momento de la historia en que conocemos perfectamente esos mecanismos. De ahí que en 2008 cuando acá viviamos un momento de tensión política se tuvo que sacar gradualmente a una agencia supuestamente antidrogas como la DEA y después a la USAID. Las conocemos ya y las rechazamos. Vamos a cuidar que en Bolivia no vuelvan a darse ese tipo de situaciones. El mundo está cambiando. Desde la década del 90 en que Fukuyama decía que era el fin de la historia y que teníamos una potencia hegemónica en un mundo unipolar, en este momento advertimos que estamos en un mundo multipolar o tripolar ya que la Federación rusa y China tienen pesos específicos.

- El presidente Arce cuando era ministro de Economía tenía una posición muy clara sobre la defensa de los recursos naturales de Bolivia como el litio ¿Esa política se supone que quedará ratificada?

-Más que una posición política de un gobierno es una determinación constitucional. Los recursos naturales son de los bolivianos y de las bolivianas y vamos a resguardar en todo momento que sus beneficios lleguen al pueblo. Que no se vayan con las transnacionales como ocurría antes. Eso no quiere decir que estemos cerrados a la inversión extranjera, a establecer relaciones que nos permitan una mejor explotación de nuestros recursos, pero como lo venimos sosteniendo hace más de una década, no como extranjeros en nuestra propia tierra, sino en un rol de socios, de iguales. Probablemente otros tengan capital y tecnología, pero nosotros tenemos los recursos naturales.

- ¿Cómo sigue la búsqueda de una solución a la salida al océano Pacífico con Chile que para Bolivia es una reivindicación histórica?

- La reivindicación marítima para Bolivia es irrenunciable. Está incluso definida en nuestra constitución política del Estado. Pero la relación entre Chile y Bolivia no se acaba en el tema marítimo, eso lo tenemos también claro. Compartimos una importante frontera, flujo de personas que van y vienen de un país para otro, utilizamos puertos chilenos para exportar productos bolivianos y eso hace que debamos buscar acercamientos que nos permitan dentro de todas las diferencias que podamos tener, mantener el trato de dos países vecinos y hermanos, en definitiva.

 

Por Gustavo Veiga

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Biden y el rompecabezas de las relaciones con China

El presidente Joe Biden deberá afrontar en lo inmediato una serie de crisis interiores extraordinarias –una pandemia que se dispara, una economía en punto muerto y punzantes heridas políticas, en particular tras el reciente ataque de los trumpistas al Capitolio–, pero pocos desafíos son susceptibles de resultar más graves que la gestión de las relaciones de Estados Unidos con China. Aunque suelen ser consideradas como una lejana preocupación de política exterior, estas relaciones son de hecho omnipresentes y afectan a la economía, al coronavirus, al cambio climático, a la ciencia y la tecnología, a la cultura popular y al ciberespacio.

Si la nueva administración continúa la vía trazada por la precedente, una cosa será segura: Estados Unidos se verá arrastrado a una nueva e insidiosa guerra fría con este país, lo que dificultará los progresos en casi todos los ámbitos importantes. Para lograr verdaderos avances en el actual desorden mundial, el equipo de Biden deberá ante todo evitar este conflicto futuro y encontrar medios de colaborar con su poderoso adversario. Pero algo es seguro: la búsqueda de una forma de navegar por esta vía minada resultará muy exigente para los más experimentados responsables del equipo dirigente de Biden.

Aun sin los corrosivos efectos de la diplomacia hostil de Donald Trump en estos últimos años, China plantearía un desafío enorme a cualquier nueva administración. Se jacta de ser la segunda economía mundial y, según algunos analistas, pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la número uno. Aunque haya muchas razones para condenar la forma como Pekín ha abordado la pandemia del coronavirus, el severo confinamiento autoritario a escala nacional (después de que China rechazase inicialmente reconocer la existencia del virus y el alcance de su propagación) ha permitido al país recuperarse de la covid-19 más rápido que la mayoría de los países. En consecuencia, Pekín registró ya un fuerte crecimiento económico durante el segundo semestre de 2020, la única gran economía del planeta en hacerlo. Esto significa que China está más que nunca en condiciones de dictar las reglas de la economía mundial, una situación confirmada por la reciente decisión de la Unión Europea de firmar un importante acuerdo de comercio e inversión con Pekín [acuerdo de finales de 2020 concluyendo unas negociaciones comenzadas en 2013], dejando simbólicamente de lado a Estados Unidos, justo antes de la entrada en funcionamiento de la administración Biden.

Después de años de aumentar sus gastos de defensa, China posee ya el segundo ejército más importante del mundo, dotado de un moderno arsenal de todos los tipos. Aunque no sea capaz de enfrentarse a Estados Unidos en alta mar o en regiones alejadas, su ejército –el Ejército Popular de Liberación, EPL– está ya en condiciones de desafiar la antigua supremacía de América en regiones más cercanas, como el extremo oeste del Pacífico. Desde la expansión imperial de Japón en los años 1930 y comienzo de los 1940, Washington no se había encontrado con un enemigo tan temible en esta parte del mundo.

En algunos ámbitos críticos –avances científicos y tecnológicos, influencia diplomática y finanzas internacionales, entre otros–, China cuestiona ya, incluso supera, la primacía mundial largo tiempo asumida por Estados Unidos. En otras palabras, en muchos frentes, tratar con China plantea un enorme problema al nuevo equipo dirigente estadounidense. Peor aún, las nefastas políticas de la administración Trump respecto a China, combinadas con las políticas autoritarias y militaristas del presidente chino Xi Jinping, plantean desafíos inmediatos a Joe Biden a la hora de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La herencia tóxica de Trump

Donald Trump hizo campaña por la presidencia comprometiéndose a castigar a China por su pretendida voluntad sistémica de construir su economía robando la de Estados Unidos. En 2016 juró que, si era elegido presidente, utilizaría el poder del comercio para poner fin a las prácticas nefastas de este país y restaurar la primacía mundial de Estados Unidos. Una vez instalado en la Casa Blanca, efectivamente, impuso una serie de derechos de aduana sobre el equivalente a unos 360.000 millones de dólares de importaciones chinas –un gran obstáculo para la mejora de las relaciones con Pekín–. Joe Biden debe decidir si mantiene estas barreras aduaneras, las suaviza o las elimina por completo.

Las restricciones impuestas al acceso de empresas chinas a la tecnología americana, en particular a programas y microchips punteros, necesarios para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones de quinta generación (5G), son aún más amenazantes para unas futuras relaciones cordiales. En mayo de 2019, afirmando que las grandes empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE Corporación tenían vínculos con el EPL y representaban por tanto una amenaza para la seguridad nacional americana, Trump aprobó un decreto prohibiendo a estas empresas comprar a empresas estadounidenses microchips y otros equipamientos de alta tecnología. Le siguieron una serie de decretos y otras medidas. Pretendían restringir el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana.

En el marco de estas acciones y de otras iniciativas conexas, el presidente Trump y sus principales asociados –sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Peter Navarro, asistente del presidente en el White House Nacional Trade Council– afirmaron que actuaban para proteger la seguridad nacional contra el riesgo de operaciones de información llevadas a cabo por el EPL. No obstante, según sus declaraciones de la época, era evidente que su verdadera intención era la de obstaculizar el progreso tecnológico de China para debilitar su competitividad económica a largo plazo. También aquí, Biden y su equipo tendrán que decidir si mantiene las restricciones impuestas por Trump, lo que afectaría todavía más a las relaciones chino-americanas, o da marcha atrás en un esfuerzo por mejorar estas relaciones.

La crisis china: dimensiones militar y diplomática

Un desafío aún mayor para el presidente Biden serán las iniciativas militares y diplomáticas agresivas emprendidas por la administración Trump. En 2018, su secretario de Estado de Defensa, Jim Mattis [que entró en el 20 de enero de 2017 y dimitió en febrero de 2019], publicó una nueva doctrina militar con el título de “Concurrencia de grandes potencias”. Debía regular la futura planificación del Ministerio de Defensa. Tal como enunciaba la política oficial de defensa nacional del Pentágono de dicho año, la doctrina preveía que las fuerzas estadounidenses debían concentrarse en adelante no ya en la lucha contra los terroristas islamistas en las regiones atrasadas del tercer mundo, sino en la lucha contra China y Rusia en Eurasia. “Aunque el Ministerio sigue adelante en la campaña contra los terroristas”, declaró Mattis el 26 de abril de 2018 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, “el principal objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo es la concurrencia estratégica; no el terrorismo”.

Conforme a esta política, durante los años siguientes se ha recentrado y reorganizado considerablemente el conjunto del establishment militar, pasando de una fuerza antiterrorista y antiinsurreccional a una fuerza armada equipada y concentrada en la lucha contra los ejércitos chino y ruso, en la periferia de estos mismos países. “Hoy día, en esta era de competición entre las grandes potencias, el Ministerio de Defensa ha dado prioridad a China, y después a Rusia, como nuestros principales competidores estratégicos”, declaró el secretario de Defensa Mark Esper el 16 de setiembre de 2020, poco antes de ser sustituido por el presidente por haber apoyado, junto a otros, un llamamiento a reducir el número de bases militares americanas que siguen llevando hoy en día el nombre de generales confederales durante la guerra civil. Hecho significativo: cuando todavía estaba en el poder, Mark Esper identificó a China como el competidor estratégico número uno de Estados Unidos, una distinción que Jim Mattis no llegó a hacer.

Para asegurar la primacía de Washington en esta competición, Mark Esper destacó tres grandes prioridades estratégicas: la militarización de las tecnologías punta, proseguir la modernización y la mejora del arsenal nuclear del país, y el reforzamiento de los lazos militares con los países aliados que rodean a China. “Para modernizar nuestras capacidades”, declaró, “hemos conseguido obtener financiación para tecnologías que cambian la situación, como la inteligencia artificial, la hipersónica, la energía dirigida [por ejemplo radiación electromagnética, láseres, haz de partículas, etc.] y las redes 5G”. También se han realizado progresos significativos, afirmó, en la “recapitalización de nuestra tríada nuclear estratégica”: el redoblado amplio arsenal de misiles balísticos intercontinentales con base en tierra (ICBM), misiles balísticos lanzados por submarinos (SLBM) y bombarderos nucleares de largo alcance. Además, con el objetivo de cercar a China con un sistema de alianzas hostil dirigido por Estados Unidos, Mark Esper se jactó: “Ponemos en marcha un plan coordinado, el primero de este tipo, para reforzar a los aliados y construir socios”.

Para los dirigentes chinos, el hecho de que la política militar de Washington apele en adelante a semejante programa con tres componentes de modernización de armas no nucleares, de modernización de armas nucleares y de cerco militar, significa una cosa evidente: están confrontados a una amenaza estratégica a largo plazo que necesitará una gran movilización de sus capacidades militares, económicas y tecnológicas para poder responder. Lo cual es, desde luego, la definición misma de una nueva competición de tipo guerra fría. Y los dirigentes chinos han dejado bien claro que se opondrán a cualquier iniciativa de este tipo, tomando las medidas que juzguen necesarias para defender la soberanía y los intereses nacionales de China. No es sorprendente por tanto enterarse de que, al igual que Estados Unidos, están adquiriendo un amplio abanico de modernas armas nucleares y no nucleares, así como militarizando las tecnologías emergentes para asegurar el éxito o al menos una apariencia de paridad en un choque futuro con las fuerzas de Estados Unidos.

Paralelamente a estas iniciativas militares, la administración Trump ha pretendido perjudicar a China y frenar su desarrollo por medio de una estrategia coordinada de guerra diplomática –esfuerzos que incluyen sobre todo un mayor apoyo a la isla de Taiwán (reivindicada por China como una provincia secesionista), lazos militares cada vez más estrechos con India y la promoción de vínculos militares comunes entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, un acuerdo conocido con el nombre de “the Quad” [Foreign Policy, 8/10/2020, The Quadrilateral Security Dialogue].

La mejora de los lazos con Taiwán era un objetivo particular de la administración Trump (y una provocación particular hacia Pekín). Desde que el presidente Jimmy Carter aceptó reconocer como el gobierno legítimo de China al régimen comunista de Pekín en 1978, y no a los taiwaneses, todas las administraciones americanas han intentado evitar la apariencia de una relación oficial de alto nivel con los dirigentes de Taipéi, aunque Estados Unidos haya continuado vendiéndoles armas y manteniendo otras formas de relaciones intergubernamentales.

Sin embargo, durante los años Trump, Washington se ha implicado en cierto número de acciones muy mediáticas con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno taiwanés. Contrariando con ello a los dirigentes chinos. Entre estas acciones figura la visita a Taipéi, el pasado agosto, del secretario de Salud y Servicios Sociales Alex Azar II, la primera visita de este tipo efectuada por un secretario de gabinete desde 1979. Otro gesto provocador quería ser la reunión con altos responsables taiwaneses en Taipéi por parte de la embajadora americana ante Naciones Unidas, Kelly Craft [este encuentro fue anulado a comienzos de enero]. La administración también ha intentado obtener para Taiwán la condición de observador ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales para reforzar su imagen de nación de pleno derecho. Igualmente preocupante para Pekín, la administración ha autorizado durante los dos últimos años nuevas ventas de armas avanzadas a Taiwán, por un total de 16.600 millones de dólares, incluyendo una venta récord de 8.000 millones de dólares por 66 aviones de caza F-16C/D.

El reforzamiento de los lazos de Estados Unidos con India y otros miembros de la Cuadrilateral (Quad) ha sido también una prioridad de política exterior de la administración Trump. En octubre de 2020, Mike Pompeo acudió a India por tercera vez como secretario de Estado y aprovechó la ocasión para denunciar a China, promoviendo vínculos militares más estrechos entre India y Estados Unidos. Recordó a los veinte soldados indios muertos en un enfrentamiento fronterizo con fuerzas chinas en junio de 2020, insistiendo en el hecho de que “Estados Unidos estará al lado del pueblo indio frente a las amenazas que pesan sobre su soberanía y su libertad”. El ministro de Defensa Mark Esper, que acompañó a Pompeo en este viaje a Nueva Delhi, habló de una cooperación creciente con India en el ámbito de la defensa, incluyendo ventas potenciales de aviones de caza y sistemas aéreos sin tripulación.

Ambos responsables felicitaron al país por su futura participación en Malabar, los ejercicios navales conjuntos de la Quad que tendrán lugar en noviembre en la bahía de Bengala. Aunque nadie lo diga explícitamente, este ejercicio ha sido ampliamente considerado como el primer ejercicio de la alianza militar naciente para contener a China. “Es más importante que nunca un enfoque colaborativo de la seguridad y de la estabilidad regionales, con el fin de disuadir a todos aquellos que rechazan una región indo-pacífica libre y abierta”, comentó Ryan Easterday, comandante del destructor de misiles dirigidos USS John S. McCain, uno de los navíos participantes.

Ni que decir tiene que todo esto representa una herencia compleja y formidable a superar para el presidente Biden, que pretende establecer una relación menos hostil con los chinos.

El problema Xi Jinping del presidente Biden

Queda claro que la herencia perturbadora de Trump hará difícil para el presidente Biden detener la pendiente descendente de las relaciones chino-americanas y el régimen de Xi Jinping en Pekín no le facilitará la tarea. No es este el lugar para un análisis detallado del giro de Xi en los últimos años hacia el autoritarismo o de su creciente dependencia de una perspectiva militarista para asegurarse la lealtad (o la sumisión) del pueblo chino. Se ha escrito mucho sobre la supresión de las libertades civiles en China y la reducción al silencio de todas las formas de disidencia. Igualmente inquietante es la adopción de una nueva ley sobre seguridad nacional para Hong Kong, utilizada ahora para detener todas las críticas al gobierno de China continental y las voces políticas independientes de todo tipo. Y nada es comparable al intento de extinción brutal de la identidad musulmana uigur en la región autónoma del Xining, en el extremo oeste de China. Ha supuesto el encarcelamiento de un millón de personas, incluso más, en equivalentes a campos de concentración.

La supresión de las libertades civiles y de los derechos humanos en China hará particularmente difícil para la administración Biden reconectar con Pekín, ya que él es desde hace mucho tiempo un ardiente defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, lo mismo que la vicepresidenta Kamala Harris y muchos de sus colaboradores cercanos. Les resultará prácticamente imposible negociar con el régimen de Xi sobre cualquier cuestión sin plantear el tema de los derechos humanos; y ello, a su vez, no dejará de suscitar la hostilidad de los dirigentes chinos.

Xi ha recentralizado también el poder económico en manos del Estado, invirtiendo así la tendencia de sus predecesores inmediatos a una mayor liberalización económica. Las empresas de Estado continúan recibiendo la parte del león de los préstamos y otras ventajas financieras del Estado, lo que desfavorece a las empresas privadas. Además, Xi ha intentado obstaculizar a las grandes empresas privadas como el Ant Group, la exitosa empresa de pagos electrónicos fundada por Jack Ma [fundador de Alibaba], el empresario privado más famoso de China.

A la vez que consolidaba su poder económico en el país, el presidente chino ha logrado establecer relaciones económicas y comerciales con otros países. En noviembre, China y catorce naciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur (pero no Estados Unidos), firmaron uno de los mayores pactos de librecambio en el mundo, la Asociación Económica Regional Global (RCEP). Considerada como sucesora de la desgraciada asociación transpacífica de la que se retiró el presidente Trump al poco de comenzar su mandato, la RCEP facilitará el comercio entre países que representan una población de unos 2.200 millones de personas, más que cualquier otro acuerdo precedente de este tipo. Y después está el acuerdo de inversión que acaba de ser concluido entre la Unión Europea y China, otro megaacuerdo que excluye a Estados Unidos, así como la ambiciosa iniciativa china Belt and Road [la Ruta de la Seda], por un total de más de un billón de dólares, que pretende unir más estrechamente a Pekín con las economías de los países de Eurasia y África.

En otras palabras, para la administración Biden será tanto más difícil ejercer un efecto de palanca económica sobre China o permitir a las grandes empresas de Estados Unidos actuar como socios para hacer presión en favor del cambio en este país, como lo hicieron en el pasado.

 Las opciones del presidente Biden

El propio Joe Biden no ha dicho gran cosa sobre lo que tiene pensado respecto a las relaciones americano-chinas, pero lo poco que ha dicho sugiere una gran ambivalencia en cuanto a sus principales prioridades. En su declaración más explícita sobre política exterior, un artículo aparecido en el número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs, habló de “mostrarse duro” con China en materia de comercio y derechos humanos, a la vez que buscar un terreno de entente sobre cuestiones clave como Corea del Norte y el cambio climático.

Aun criticando a la administración Trump por haberse enfrentado a aliados de Estados Unidos como Canadá y potencias de la OTAN, afirmó que “Estados Unidos debe ser duro con China”. Si China hace lo que quiere, continuó, “seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos su tecnología y su propiedad intelectual [y] seguirá utilizando subvenciones para dar a sus empresas de Estado una ventaja competitiva injusta”. El enfoque más eficaz para contestar a este desafío, escribió, “es construir un frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China, incluso aunque intentemos cooperar con Pekín sobre cuestiones en que convergen nuestros intereses, como el cambio climático, la no proliferación [nuclear] y la seguridad sanitaria mundial”.

Esto suena bien, pero es una posición intrínsecamente contradictoria. Si algo temen los dirigentes chinos –y a lo que resistirán con todo el peso de sus poderes– es la formación de un “frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos de China”. Es más o menos lo que la administración Trump ha intentado hacer sin producir ventajas significativas para Estados Unidos. Biden deberá decidir dónde sitúa su principal prioridad. ¿Se trata de poner un freno a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China o de obtener la cooperación de la otra gran potencia del planeta sobre las cuestiones más urgentes y potencialmente devastadoras en el orden del día mundial en este momento: el cambio climático antes de que el planeta se recaliente de forma desesperada; la no proliferación antes de que se pierda el control de las armas nucleares, hipersónicas y otros tipos de armas avanzadas, y la seguridad sanitaria en un mundo golpeado por una pandemia?

Como en tantos otros ámbitos que deberá abordar después del 20 de enero, para progresar en cualquier cuestión, Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológicas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas militares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una guerra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una versión climática de esta en un planeta en delicuescencia.

Por Michael T. Klare, veterano investigador en cuestiones relacionadas con la geopolítica de los recursos

https://alencontre.org/asie/japon/le-casse-tete-des-relations-chine-etats-unis-pour-joe-biden.html

Traducción: Javier Garitazelaia

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Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Es por "incumplimiento" de convenios de la OEA con el país andino

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció este martes que su gobierno decidió llevar a juicio al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por "incumplimientos" de convenios de la entidad con la nación andina.

"Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro", afirmó Lima.El titular de la cartera de Justicia detalló que el gobierno se encuentra "evaluando los caminos jurídicos", que "probablemente no sean excluyentes y podamos seguir todos simultáneamente", y que pretenden llegar hasta "las instancias que correspondan".

Lima aludió al informe preliminar que la OEA publicó sobre las elecciones de octubre de 2019, que, en última instancia, provocaron una crisis política en Bolivia y la dimisión del expresidente Evo Morales. Según el informe, hubo "irregularidades" en los comicios.A juicio del ministro, el informe no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y el organismo y, "peor aún", el informe final se publicó en diciembre de 2019, fuera de plazo.

Lima adelantó que se emprenderá acciones legales contra Almagro, ante lo que considera como "persistentes acciones de injerencia" en el país y por las declaraciones hechas por Almagro sobre el supuesto fraude electoral de 2019. Así, espera que rinda cuentas por la "gravedad de sus afirmaciones y la irresponsabilidad" que supuso el informe realizado por la organización.

La OEA ha planteado recientemente crear una comisión internacional que investigue los casos de corrupción en Bolivia desde el gobierno de Morales hasta la actualidad, incluyendo el periodo de Jeanine Áñez. Por otra parte, la organización cuestionó el sistema judicial boliviano y afirmó que no existen garantías de un juicio "justo", de "imparcialidad ni debido proceso" contra los ahora antiguos altos cargos del Gobierno.

Un comunicado de la secretaria general de organismo, cargo que ocupa Almagro, este jueves había criticado la detención de Añez aunque sin nombrar a la expresidenta de facto. " La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno," arranca el texto.

El comunicado también acusa a la justicia boliviana de favorecer al partido gobernante. "En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno. Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos" lanzó la oficina que ocupa Almagro.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no tardó en responderle a Almagro. "Una vez más, Luis Almagro se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos," se pronunció la cancillería boliviana. "El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019. Sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad, que ha desprestigiado a tan importante instancia para los países de nuestra América."

El texto de la secretaría general de la OEA también recibió una dura respuesta de Oscar Laborde, presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Laborde acusó a Almagro de actuar con "descaro" y "pretender inmiscuirse desembozadamente en la situación política de Bolivia", tras "haber propiciado un golpe de Estado con masacres, asesinatos, persecución política y proscripciones".

Según Laborde, "a estas alturas resulta claro que Almagro se presenta como el jefe de la oposición política al gobierno de MAS". El parlamentarioargentino agregó que las recomendaciones que hizo hoy la OEA no muestran "ningún tipo de conocimiento ni de precisión" sobre el funcionamiento del sistema judicial boliviano.

"Lo que está proponiendo Almagro es el comienzo de una conspiración contra un gobierno democrático (por el que preside Luis Arce), buscando el apoyo de algunos países de la región", afirmó Laborde, quien además es diputado del Parlasur, donde ocupa una de las vicepresidencias.

Y luego alertó sobre Almagro: "Está proponiendo una intervención lisa y llana sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, no sólo sobre su poder Judicial".

Evo Morales, por su parte, acusó a Almagro de cometer crímenes de lesa humanidad. "Nunca se pronunció por los 36 asesinatos, los más de 800 heridos, los 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos", manifestó en su cuenta de Twitter. "Las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia, que es delito de lesa humanidad. No se puede ignorar la lucha del pueblo humilde," tuiteó.

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Las políticas exteriores de América Latina en tiempos de autonomía líquida

El debate político y académico en torno de la noción de autonomía que se inició en la Guerra Fría vuelve a cobrar vigencia, pero partiendo de diagnósticos y supuestos diferentes. Las políticas exteriores de América Latina sufren hoy un doble acoso sistémico: los embates de Westfalia y Mundialización, con procesos de concentración y de difusión del poder. En un contexto de agudización de la dependencia de la región, las políticas exteriores deberán prepararse para los escenarios más restrictivos y adversos, fortaleciendo las capacidades de resiliencia frente a acontecimientos inesperados, mitigando riesgos y aprovechando oportunidades.

 

Introducción

En la tercera década del siglo xxi, las políticas exteriores de América Latina están sometidas a un doble acoso sistémico: la intensificación de la disputa hegemónica Estados Unidos-China, con sus consecuentes turbulencias, y la aceleración de una tendencia global hacia el caos y la entropía, con sus derivaciones e incertidumbres críticas. La multiplicación y transversalización de los riesgos globales, así como los desafíos geopolíticos, geoeconómicos y geotecnológicos que plantea la disputa sinoestadounidense, demandarán de mayores capacidades de resiliencia de los Estados-nación para adaptarse y salir adelante de escenarios más restrictivos y adversos. Ese doble juego, en un contexto de deterioro económico-social y de múltiples crisis en los países de la región, introduce nuevas presiones y tensiones en los espacios de autonomía. 

Sobre el final de la segunda década del siglo xxi, el declive relativo del poder estadounidense en el hemisferio occidental viene acompañado de la amenaza del uso de la fuerza, interferencia militar, ruptura de consensos de posguerra y mayor inclinación a la imposición por sobre la consulta y el respeto a las decisiones de los socios. La novedad de esta transición hegemónica con respecto a anteriores es el avivamiento de la rivalidad con China, una potencia no occidental en ascenso que desafía en los campos económico, financiero, tecnológico y comercial a eeuu. Aunque se desconoce la duración del proceso y si China finalmente trasladará su poder económico al campo militar con mayor presencia fuera de sus fronteras, uno de los escenarios plausibles podría ser la elevación de los niveles de pugnacidad como consecuencia de una mayor asertividad y de un más frecuente uso de la diplomacia coercitiva.

Si hoy las narrativas de unidad latinoamericana como Patria Grande, Nuestra América o Indoamérica están en franco retroceso frente a un mosaico de realidades desagregadas sin vínculos con acciones colectivas, ¿ingresamos en una era de postautonomía? ¿Es posible, entonces, seguir pensando en términos de instancias regionales necesarias para preservar la autonomía? ¿Es necesario desarmar los marcos políticos que dieron forma a las concepciones de autonomía y comenzar a diseñar los trazos de nuevas experiencias menos arraigadas en los dogmas, las utopías o las dicotomías, y más realistas, graduales, acotadas o parciales, pero internacionalmente viables? Estos interrogantes constituyen la materia de reflexión de este artículo.

Un mundo de arenas movedizas

Para entender el sistema global contemporáneo, es necesario remitirse a la caída del Muro de Berlín en 1989. El mundo que devino con la Posguerra Fría era lo más parecido a un cosmos para Washington: liderazgo global indiscutido, primavera democrática liberal y auge de la economía de mercado. El famoso «fin de la Historia» era, en realidad, una vuelta de página y un anuncio de futuro redentorio sin contrapesos: la idea de que era posible una sociedad cosmopolita mundial y, en consecuencia, una mayor confianza en el futuro de la paz y la democracia en el mundo. Sin embargo, aquella transición solo trajo consigo un espejismo de mediano plazo: la aparente reducción de la incertidumbre mundial estaba asentada en un excesivo optimismo de las elites occidentales sobre las oportunidades de la globalización.

La era de la entropía en la que están ahora inmersos los Estados-nación es una versión pesimista, en términos normativos y filosóficos, de la famosa teoría de la «interdependencia compleja»1. El crecimiento exponencial de los canales de contacto transnacionales no es fuente exclusiva de beneficios, sino que también multiplica las incertidumbres y transversaliza los riesgos globales. Los más importantes en términos de impacto son ambientales: calentamiento global, fallas en la acción climática, desastres naturales, pérdida de biodiversidad, desastres ambientales provocados por los seres humanos y crisis del agua. A estos se suman los geoeconómicos, geopolíticos, socioespaciales y geotecnológicos: fraude o robo de datos, ciberataques, fallas de la gobernanza global, crisis alimentarias, fallas de planeamiento urbano, armas de destrucción masiva, migración forzada, flujos financieros ilícitos, crisis financieras y pandemias2. Antes, se suponía que la noción de riesgo era un intento de regular el futuro; hoy, los desafíos son del presente y del corto plazo, lo que acorta los tiempos para la cooperación internacional y el diseño de políticas públicas destinadas a mitigarlos.

El escenario actual se parece a una contienda entre dos polaridades: el mundo de las interacciones entre Estados, o Westfalia, de un lado; y el mundo de la globalización y las interacciones transnacionales más allá de los Estados, o Mundialización, del otro. Las tensiones y contradicciones entre un proceso de concentración del poder internacional que supone el primero y un proceso de difusión de ese mismo poder que introduce el segundo son bien palpables. Westfalia pone el acento en los Estados-nación, las fronteras, el territorio, la soberanía y el control de los flujos transnacionales. Mundialización diluye la noción de fronteras, dejando traslucir el papel de los actores no gubernamentales, las grandes corporaciones digitales, la banca financiera multinacional, las organizaciones criminales y los movimientos sociales transnacionales de ambientalistas, feministas o de derechos humanos, entre otros. En este contexto, asistimos a una situación crítica en la que coexisten fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas del orden internacional. La competencia geopolítica y la globalización del capital aumentan las tensiones y plantean desafíos de escala macroscópica y microscópica a la autonomía de los Estados-nación.

Una región en caída libre

A medida que los cambios sistémicos toman cuerpo, se consolida la tendencia a la pérdida de gravitación política de América Latina en el mundo. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas (onu) en 1945, 20 de los 51 miembros iniciales eran países latinoamericanos. Hoy, son 193 países miembros y la dispersión del voto de la región, así como el menor peso específico del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (grulac), le restan aún más influencia como bloque. Según el índice de poder militar de Global Firepower de 2006, Brasil, México y Argentina ocupaban, respectivamente, las posiciones 8, 19 y 33; en 2020, Brasil está en el puesto 10, México en el 38 y Argentina en el 433. En el Soft Power Index, Brasil se ubicó en el lugar 23 en 2015, en el 24 en 2016 y en el 26 en 2019; mientras que Argentina mantuvo el puesto 304. Hoy asistimos a un escenario políticamente fragmentado, en el que las iniciativas de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (can), la Alianza del Pacífico (ap), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) atraviesan situaciones de irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento, según el caso.

Al tiempo que la región declina y pierde peso político en Westfalia, se observa una preocupante tendencia a la desinserción económica en Mundialización. Sobresale, en ese mundo, el pronunciado declive de la participación de América Latina en las cadenas globales de valor. De una participación en el total de exportaciones mundiales de 12% en 1955, la región pasó a 6% en 2016, para llegar a su peor performance de 4,7% en 20185. Las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas provenientes de la región equivalían a 3% del total global en 2006, bajaron a 2% en 2016 y llegaron a un insignificante 0,62% en 20186. Los gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del pib en el transcurso de dos décadas se mantuvieron estancados en un promedio de 0,65%7. La pandemia de covid-19 llevará a la mayor contracción económica de la historia de la región, por lo que revertir esa trayectoria declinante de siglos será aún más difícil.

La impotencia que experimenta la región es, además, consistente con una tendencia que persiste hacia la desintegración y la fragmentación política y económica. El menor volumen del mercado regional y la escasa participación en cadenas de valor regionales se explican por el perfil de especialización productiva y de los socios comerciales predominantes de los países de la región. La especialización se centra en «cadenas cortas» (de pocos países) y de baja complejidad económica, con escaso o nulo valor agregado, como las agroindustriales, en las que el grueso de las exportaciones son bienes finales o intermedios que suelen ser consumidos en el país de destino, lo que disminuye la participación regional «aguas abajo» o en futuras exportaciones de los países que compran a la región. Las dinámicas comerciales empujadas por el ascenso económico de China (el primer socio comercial de Sudamérica, salvo para Colombia, Ecuador y Venezuela, que mantienen a eeuu como primer socio) refuerzan la «primarización» o la escasa diversificación de las economías e incrementan los incentivos para buscar atajos bilaterales fuera de los espacios de convergencia regionales8.

En la tercera década del siglo xxi, los obstáculos a la integración regional serán enormes; es la era de la Cuarta Revolución Industrial, en la que unas pocas potencias tecnológicas y unas pocas empresas digitales tendrán un peso cada vez mayor. La tendencia a la concentración de mercado y geográfica de los polos de innovación en tecnologías disruptivas es alarmante. China y eeuu detentan 90% de las 70 principales plataformas digitales, 78% de las patentes de inteligencia artificial, 75% de las patentes de tecnología blockchain, 50% del gasto global de internet de las cosas y 75% del mercado de computación en la nube9. Si se consolida la tendencia que muestra la región a la dependencia tecnológica, la adquisición de proyectos de transferencia de tecnología «llave en mano» y la falta de inversión en infraestructura y desarrollo científico para la producción y la difusión de tecnologías disruptivas, se estará ya no en una situación de periferia, sino de marginalidad en Mundialización.

Un tablero de disputas

Para abordar la situación geopolítica regional, hay que subrayar un cambio de rango y ritmo en la política de los Estados-nación. La región pasó de un sistema predecible, relativamente constante, con ciertos principios de concertación interestatal y de resolución autónoma y pacífica de conflictos hacia uno inherentemente desconocido, errático, fragmentado y desprovisto de regularidad de comportamientos. Ni escenarios de equilibrio de poder ni de hegemonía regional son ya esperables. Quizás resulte más adecuado referirse a la noción de «vacíos regionales» que son ocupados por potencias extrarregionales y/o empresas transnacionales y actores no estatales, según las capas y tejidos de la geopolítica que estén en tensión. 

A medida que se hace más pronunciado el declive de la región, aumenta su nivel de exposición y vulnerabilidad frente a la interferencia externa. La presencia de eeuu en Centroamérica y el Caribe, así como los lazos con Colombia y Brasil, tienen como pretexto la «guerra contra las drogas» y el acorralamiento a Venezuela, pero su verdadero propósito es incrementar la injerencia militar en la región. La internacionalización de la crisis venezolana y su no resolución tienen como protagonistas a tres grandes potencias extrarregionales: eeuu, China y Rusia. Brasil puede ser un potencial espacio de conflicto para Francia, su vecino de la frontera norte en la Guayana Francesa, que arremete contra la deforestación del Amazonas. La mayor exposición a ciberataques, la presencia ilegal de varias potencias y buques pesqueros en el espacio marítimo del Atlántico Sur, el rearme de Reino Unido en las islas Malvinas o una batalla geopolítica que podría librarse por los recursos naturales en la Antártida ante un eventual escenario de vencimiento del Protocolo de Madrid en 2048 sobre prohibición de la explotación de recursos minerales y la protección del medio ambiente, dejan traslucir el principal dilema de Westfalia en la región: ¿cómo ejercer un control efectivo de los entornos terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial que al mismo tiempo preserve la autonomía, en un contexto de declinación pronunciada y de deterioro económico y social?

La competencia geopolítica no es exclusiva del ámbito estratégico y militar. Westfalia intenta, además, domar a Mundialización, llevándola hacia su propio reducto con medidas que tienden a una mayor politización o «securitización» del comercio, las finanzas y las transferencias tecnológicas. El nexo entre seguridad, comercio y finanzas se hace evidente tras el lanzamiento, en 2019, de la iniciativa «América Crece» de eeuu, que busca ofrecer una plataforma para financiar a su sector privado y contrarrestar el avance de proyectos chinos en la región, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (conocida también como la nueva Ruta de la Seda), propuesta en 2013, y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, creado en 2014. En tanto, la vinculación entre seguridad, control de datos y tecnología es palpable en el intento del Departamento de Estado de prohibir a Huawei y detener el avance de la tecnología 5g de origen chino en la región. Como respuesta, existe una decisión de Beijing de impulsar activamente una diplomacia más coercitiva y asertiva. La denominada «diplomacia de los lobos guerreros»10 es reflejo de un discurso más confrontativo de los embajadores chinos, pero también síntoma de una elevación de los niveles de tensión con eeuu y Taiwán, de una mejor calibrada y quirúrgica penetración política y económica en la región a través de acuerdos con gobiernos subnacionales y de una todavía resistente agenda política que vincula asistencia o ayuda con objetivos diplomáticos, como muestran los casos de establecimiento de relaciones con Panamá en 2017, República Dominicana y El Salvador en 2018, o la mayor presión recibida por Paraguay durante la pandemia en 2020; todos estos, países que tenían estrechas relaciones con Taiwán, considerado por China como una provincia. 

Si bien son palpables una elevación de los niveles de pugnacidad y una ampliación de los rangos de disputa en la región, sería errado sostener que la politización de Mundialización coloca a los gobiernos latinoamericanos frente a una disyuntiva o cálculo de elección entre pertenecer a uno u otro bloque. No asistimos a una segunda Guerra Fría, sino a una intensificación de una disputa hegemónica en un marco de profunda interdependencia económica entre ambas potencias. Las capas económicas, financieras, comerciales, tecnológicas y migratorias entre Washington y Beijing están imbricadas. Washington y Moscú intercambiaron solo 4.000 millones de dólares en 1979, el mejor año. Hoy, eeuu y China comercian ese monto en solo tres días de intercambios. Las inversiones entre ambos alcanzaron los 260.000 millones de dólares, y la tenencia de bonos del Tesoro en manos chinas es de 1,6 billones11. De allí emerge la gran contradicción de este tiempo: mientras Westfalia y las batallas geopolíticas dividen a eeuu y China, Mundialización y las dinámicas de la economía política internacional los unen.

Surfeando en la autonomía líquida

A lo largo de la historia, para América Latina, la noción de poder no ha estado centrada principalmente en la influencia, sino en la autonomía. Como señala Benjamin Cohen, la influencia es poder sobre otros, la autonomía es poder para implementar políticas y resistir presiones12. Las conceptualizaciones convencionales sobre las grandes potencias se preguntan cómo lograr lo primero, los enfoques teóricos que abordan como objeto de estudio a los países de la periferia se plantean cómo incrementar lo segundo. Por eso, la autonomía ha estado siempre en el corazón de las investigaciones sobre política exterior del Sur global.

La conceptualización de la autonomía en América Latina se inicia en la Guerra Fría y tiene como padres fundadores a Juan Carlos Puig en Argentina y a Helio Jaguaribe en Brasil. Aquellas interpretaciones partían de dos premisas fundamentales en el campo de las relaciones internacionales: a) el sistema internacional es jerárquico, y no anárquico, como sostienen los realistas y los liberales, y b) los proyectos nacionales y las creencias de las elites determinan el tipo de relaciones a que aspira un país con las grandes potencias. La noción de «autonomía heterodoxa» se caracterizaba, así, por una disposición de la elite a no confrontar totalmente con los intereses estratégicos de la potencia dominante, pero en simultáneo postular un proyecto en gran medida disidente, especialmente en lo que hace a la defensa de los intereses nacionales13

Una segunda ola de estudios sobre la autonomía hace su aparición en la Posguerra Fría. En el «realismo periférico» de Carlos Escudé, la noción de autonomía aparece asociada a la idea de confrontación producto de una sobreestimación del margen de maniobra de los Estados débiles, que no distinguía entre la autonomía que un Estado posee (que es consecuencia de su poder) y el uso de esa autonomía14. En la primera década del siglo xxi, Roberto Russell y Juan Tokatlian retoman ese debate, planteando la noción de «autonomía relacional». A diferencia de Escudé, sostienen que la «autonomía relacional» no es confrontación ni aislamiento, sino disposición de un país a actuar de manera independiente y en cooperación con otros, en forma competente, cooperativa y responsable15. Los autores proponen, además, una escala de grados a lo largo de un continuo cuyos extremos son dos situaciones ideales: dependencia total o autonomía completa. La autonomía, desde esta categorización, es siempre una cuestión de grado que depende fundamentalmente de las capacidades, duras y blandas, de los Estados y de las circunstancias externas a las que se enfrentan16.

Hay, finalmente, una tercera ola de estudios que aporta una diferenciación analítica de la autonomía, ya no en cuestión de grados, sino en la clasificación de los subtipos de autonomía. Los académicos brasileños Tullo Vigevani y Gabriel Cepaluni clasifican la noción de autonomía para explicar la evolución del caso brasileño en tres formas: «autonomía en la distancia», cuando el país confronta con las normas e instituciones internacionales y con la gran potencia, a la vez que tiende al aislamiento y el desarrollo autárquico; «autonomía en la participación», cuando la orientación externa se basa en un compromiso por la gobernanza global y las instituciones multilaterales; y «autonomía en la diversificación», cuando se asienta principalmente en las relaciones con el Sur global17. La «autonomía con adjetivos» habilita la comparación sincrónica entre países y la comparación diacrónica de un mismo país a lo largo del tiempo. 

El debate sobre la autonomía hoy continúa vigente, pero parte de diagnósticos y supuestos diferentes de aquellos que dieron origen a las reflexiones de los padres fundadores en el Cono Sur. En primer lugar, las actuales tensiones entre Westfalia y Mundialización son una manifestación de las contradicciones que genera un orden internacional en el que coexisten fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas, tanto en el plano estatal como en el no estatal, que combina simultáneamente niveles de concentración y difusión del poder, dinámicas de conflicto y de interdependencia, de competencia geopolítica y de cadenas de inserción en la globalización, de control territorial y de flujos transnacionales, en escalas macroscópicas y microscópicas18. En segundo lugar, la autonomía ya no es una disposición que ejerce de manera libre y deliberada exclusivamente una elite: las sociedades son más complejas y la política exterior no es distinta del resto de las políticas públicas. En la actualidad, las fronteras que definen la orientación externa de un país están abiertas a la influencia e interposición de distintas e intrincadas dinámicas multiactorales (entre actores estatales y no estatales) y multinivel (entre gobiernos nacionales y subnacionales).

Lejos de la solidez inquebrantable de la «autonomía heterodoxa» de la Guerra Fría, la autonomía hoy sigue siendo posible, pero es más líquida y frágil. La sociología reflexiva del cambio ofrece una interpretación válida sobre el comportamiento de los Estados19. En un mundo entrópico, las condiciones de actuación de los países pueden cambiar antes de que las formas de actuar se consoliden en conductas determinadas. Frente al doble acoso sistémico que plantean los procesos de transición hegemónica y de entropía e incertidumbre –los embates de Westfalia y Mundialización– en un escenario de agudización de la dependencia de la región, las políticas exteriores latinoamericanas tienen menor margen para la contestación o la resistencia. Sin embargo, eso no debe llevar a un juicio imposibilista y paralizante que únicamente preste atención a los limitantes de estructura y subestime las potencialidades de agencia. La construcción de horizontes posibles y viables para la acción externa está tanto en reconocer la fragilidad de los escenarios globales y regionales como en la capacidad de los Estados de anticiparse y ser resilientes frente a la adversidad y los acontecimientos inesperados, mitigando riesgos y aprovechando oportunidades.

El no alineamiento o la neutralidad como alternativa a una subordinación automática, ya sea a Beijing o a Washington, aparece hoy en la retina de académicos y políticos20. La prescripción normativa de mantener una posición equidistante frente a las dos potencias es correcta, pero insuficiente para un mundo y una región que cambiaron. Para mejorar la capacidad negociadora y fortalecer la respuesta frente a la multiplicación y transversalización de riesgos globales, los países de la región que busquen preservar márgenes de maniobra deben pensar menos en el «espíritu de Bandung» y más en un «espíritu de abacc Plus». La agencia de control nuclear entre Argentina y Brasil (abacc), creada en los años 90, es un ejemplo que perdura en un terreno dominado por potencias nucleares. También la reciente alianza entre México y Argentina para producir la vacuna contra el coronavirus o el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (cabbio) son muestras del potencial de las agendas de nicho. Sin embargo, será también necesario que esas agendas técnicas escalen hacia una comunidad de sentido que solo surgirá de la existencia de un sustrato político, económico y social cimentado por valores comunes, intereses mutuos y objetivos estratégicos compartidos entre países de la región.

Reflexiones finales

El horizonte futuro de América Latina estará signado por un conjunto de tensiones que se derivan de la confluencia de crisis simultáneas asociadas a riesgos globales: crisis sanitarias, crisis de desigualdad social, crisis climáticas y de pérdida de biodiversidad, y crisis de endeudamiento y de inestabilidad financiera. La convergencia de esas crisis compromete las perspectivas de desarrollo sostenible de los países, multiplicando los riesgos, aumentando la imprevisibilidad de los escenarios futuros y reduciendo la capacidad de respuesta del Estado y de la sociedad. Estos riesgos sistémicos repercuten, además, en una disminución de las propiedades de resiliencia y las capacidades de adaptación de las políticas exteriores, las cuales resultan estratégicas frente a los escenarios de concentración del poder en Westfalia y a las tendencias de difusión del poder en Mundialización. Para preservar los márgenes de autonomía y limitar al máximo la interferencia externa, las políticas exteriores tendrán que jugar inteligentemente en las deficientes instituciones regionales existentes, pero de manera complementaria forjar sociedades estratégicas múltiples con distintos países que podrán encabezar, según sus trayectorias, diferentes agendas temáticas, tales como salud, género, reducción de desigualdades sociales, ambiental, infraestructura, regulación de la tecnología, protección de recursos naturales, financiamiento externo, transferencia tecnológica, entre otros. Se deberá seleccionar y priorizar «enclaves de autonomías» a través de diplomacias de nicho. No solo gobiernos centrales, también provinciales y locales, actores de la sociedad civil, científicos, empresarios y ciudadanos pueden contribuir a reforzar una renovada «diplomacia 3m» (multidimensional, multiactoral y multinivel). Será necesario anteponer las cuestiones temáticas a las dogmáticas, trazando lazos entre los campos técnicos y los ámbitos políticos, económicos y sociales de la cooperación regional.

En tiempos de «autonomía líquida», la preservación de márgenes de maniobra dependerá más de la anticipación y la adaptación que de la rigidez. El debate en relación con las políticas exteriores parece haber dejado atrás la dicotomía entre autonomía y dependencia, para girar en torno de una diferenciación analítica de grados y tipos de autonomía. Ello implica considerar que existen constantes transacciones entre ambas lógicas ante una complejización de los actores, las agendas y las dinámicas externas. La «autonomía líquida» es un tipo de «autonomía con adjetivos» que supone proactividad, variaciones y flexibilidad ante los desafíos y las oportunidades que plantean los escenarios de Westfalia y Mundialización. También puede implicar cierto tipo de pragmatismo defensivo para ofrecer concesiones en temas específicos que serán funcionales para ganar márgenes de maniobra y resultados en otras batallas. Hoy no se trata de «autonomía en la resistencia», sino de «autonomía en la resiliencia». Quizás el desafío de estos tiempos sea prepararse para los escenarios futuros más restrictivos o adversos, comprendiendo las potencialidades y los limitantes que plantean los entornos mundiales y regionales, para poder articular políticas que contribuyan a alcanzar los escenarios más deseables con objetivos estratégicos de cooperación regional modestos, alcanzables y realizables en el corto y el mediano plazo.

  • 1.

Randall L. Schweller: «The Age of Entropy» en Foreign Affairs, 16/6/2014.

  • 2.

Foro Económico Mundial: «Global Risks Report 2020», 12/2020, disponible en https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/.

  • 3.

Global Firepower: «Military Strength Ranking», Ginebra, 12/2020, www.globalfirepower.com/countries-listing.asp.

  • 4.

Soft Power Index: «The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2019», Portland / Facebook / USC Center on Public Democracy, 12/2020, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf.

  • 5.

Banco Mundial: «Solución comercial integrada mundial (WITS)», 12/2020, https://wits.worldbank.org/default.aspx?lang=es.

  • 6.

WIPO: «Solicitudes internacionales de patente por país de origen», 12/2020, www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/es/documents/pr_2020_848_annexes.pdf#annex2.

  • 7.

Banco Mundial: «Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB)», 12/2020, https://datos.bancomundial.org/indicador/gb.xpd.rsdv.gd.zs?locations=zj-z4,.

  • 8.

Daniel Schteingart, Juan Santarcángelo y Fernando Porta: «La inserción argentina en las cadenas globales de valor» en Asian Journal of Latin American Studies vol. 30 No 6, 2017.

  • 9.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): Digital Economy Report 2019, Ginebra, 12/2020, https://unctad.org/es/node/27419.

  • 10.

Xhou Zhu: «Interpreting China’s ‘Wolf-Warrior Diplomacy’» en The Diplomat, 12/2020.

  • 11.

Congressional Research Service: «US-China Trade and Economic Relations: Overview, 2020» en Focus, 12/2020, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/if/if11284.

  • 12.
  1. Cohen: Currency Power: Understanding Monetary Rivalry, Princeton UP, Nueva Jersey, 2015.
  • 13.

María Cecilia Míguez: «La autonomía heterodoxa y la clasificación de las políticas exteriores en la Argentina» en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad vol. 12 No 2, 2017.

  • 14.

José Briceño Ruiz y Alejandro Simonoff: «La Escuela de la Autonomía, América Latina y la teoría de las relaciones internacionales» en Estudios Internacionales vol. 49 No 186, 2017.

  • 15.
  1. Russell y J. Tokatlian: «De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur» en Perfiles Latinoamericanos No 21, 2002.
  • 16.

Letícia Pinheiro y Maria Regina Soares de Lima: «Between Autonomy and Dependency: The Place of Agency in Brazilian Foreign Policy» en Brazilian Political Science Review vol. 12 No 3, 2018.

  • 17.
  1. Vigevani y G. Cepaluni: «A política externa de Lula da Silva: a estratégia da autonomia pela diversificação» en Contexto Internacional vol. 29 No 2, 2007.
  • 18.
  1. Tokatlian: «Crisis y redistribución del poder mundial/Crisis and Redistribution of World Power» en Revista CIDOB D’Afers Internacionals No 100, 2012.
  • 19.

Zygmunt Bauman: Modernidad líquida, FCE, Ciudad de México, 2015.

  • 20.

Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami: «Latinoamérica: no alineamiento y la segunda Guerra Fría» en Foreign Affairs Latinoamérica vol. 20 No 3, 7-9/2020.

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Sin Trump, Bolsonaro oscila entre EEUU y China

El diputado bolsonarista Daniel Silveira está preso por exaltar el Acta Institucional 5 de la dictadura militar (1964-1985) que anuló el poder de los jueces, además de amenazar en un vídeo al sistema judicial. En los hechos, se trata de un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y la máxima institución judicial, que muchos consideran un intento para "contener los ataques a la democracia" del actual Gobierno.

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el momento más grave de la pandemia, con unidades de tratamiento intensivo desbordadas y un crecimiento exponencial de contagios y muertes.

Brasil enfrenta una crisis en la estatal Petrobras, ya que nombró a un militar en la presidencia y las acciones cayeron de forma abrupta, y otra con la justicia por el encarcelamiento de un diputado amigo, acusado de amenazar a jueces del Tribunal Supremo Federal.

La crisis en Petrobras se debe a la incertidumbre con que el Gobierno maneja el futuro de la principal empresa del país, comandada ahora por el general Joaquim Silva e Luna, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018). En un año los precios de la gasolina aumentaron un 35% porque la dirección de la petrolera decidió atarlos a los precios internacionales del crudo, lo que implica un fuerte lastre para la economía y un creciente descontento de los camioneros que amenazan con paros.

La crisis entre poderes se viene agravando y todo indica que se va a profundizar. El último día de febrero el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, realizó su ataque más duro contra la Operación Lava Jato (que llevó a la cárcel a Lula, a la cúpula del PT y de Odebrecht), al comparar sus métodos con el Primer Comando de la Capital, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el Club Militar se despachó con un comunicado de apoyo al diputado encarcelado. Tanto el presidente Bolsonaro como su vice, Hamilton Mourao, son miembros destacados del Club Militar, que acusa al Supremo de arbitrariedad y de ser un aliado de la izquierda. "¿Por qué los amparados por el Poder Judicial siguen siendo los criminales condenados?", dice la carta, en clara alusión a Lula y otros acusados por Lava Jato.

Pekín y Washington tironean a Bolsonaro

El principal problema de Bolsonaro se encuentra en el escenario internacional. La derrota de Donald Trump lo dejó en la orfandad, a la defensiva y sin saber cómo posicionarse, ya que sus críticas e ironías contra China se le vuelven en contra, incluyendo las que lanzó contra la vacuna Sinovac que se fabrica en Brasil y es la que está permitiendo la vacunación masiva.

La académica Karin Costa Vázquez, del Centro de Estudios BRICS de la Universidad de Fudan (Shanghái, China) y directora ejecutiva del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos y del Caribe en Jindal Global University (India), sostiene que a pesar de las coincidencias sobre China, el Gobierno de Biden sigue con "preocupación" el alineamiento de Brasilia con Trump.

Costa Vázquez analiza una carta del senador estadounidense Robert Menéndez a Bolsonaro, sobre las declaraciones del canciller Ernesto Araújo, que cuestionó la limpieza de las elecciones con idénticos argumentos a los de Trump. Menéndez preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pidió a Bolsonaro que se una a EEUU para "condenar la incitación a la violencia", en referencia al ataque del 6 de enero al Capitolio por partidarios de Trump.

Pese a todo, la carta mantiene un tono amistoso, ya que para la Casa Blanca cuenta con Brasil "para contener la creciente influencia tecnológica, económica y comercial de Pekín en Latinoamérica". En efecto, Brasilia y Washington coinciden en dejar fuera a China en el proceso de licitación de las redes 5G así como en la sospecha de que los préstamos para infraestructuras son un modo de China para posicionarse en los países de la región.

Sin embargo, la presión de la Casa Blanca "empuja aún más a Bolsonaro y Araújo contra la pared", estima Costa Vázquez en South China Morning Post. Un Gobierno frágil como el de Biden, acosado internamente por el trumpismo y más aislado en lo internacional que los anteriores Gobiernos demócratas, rechaza el apoyo de Bolsonaro a gobernantes de extrema derecha. A medida que los vientos soplan en otras direcciones, Brasil y Bolsonaro "se encuentran cada vez más aislados".

¿Se sumará Bolsonaro a la ofensiva de Biden?

Sin duda la Administración Biden está dispuesta a negociar con Bolsonaro su apoyo a la ofensiva antichina, pero puede exigirle algún gesto que lo desmarque de las huestes de Trump. La columnista de South China Morning Post estima que Bolsonaro se verá cada vez más presionado para reemplazar al canciller antiglobalista, Ernesto Araújo, por un diplomático más moderado, a expensas de su decisión de convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, en una plataforma para mantener movilizados a sus seguidores más radicales.

En efecto, el canciller parece un fusible adecuado. Se sitúa en el bando más ideologizado y radical del espectro de Bolsonaro, es enemigo de la globalización, de Rusia y de China, esgrimiendo un discurso de la guerra fría muy similar al de Trump.

Según la nota de South China Morning Post, se abren tres escenarios estratégicos ante el Gobierno de Brasil.

El primero consiste en continuar su alineamiento automático con EEUU en detrimento de China, aún suavizando la retórica contra la globalización. La desconfianza con China está instalada y no va a retroceder.

El segundo escenario sería que Brasil optara por una estrategia propia de expansión y diversificación en Asia, estrechando alianzas con la India pero sin alejarse de China. Como señala Costa Vázquez, el ministro de Economía, Paulo Guedes, apuntó en esa dirección para ampliar la presencia de Brasil en la agroindustria global. "Si podemos tener el mismo flujo comercial con la India que tenemos con China, Brasil alimentará a la mitad de la población del planeta".

Un tercer escenario en el que Brasil no aparezca alineado con ninguna de las dos potencias parece poco probable. China necesita a Brasil y Brasil necesita a China. Las relaciones con EEUU no van tanto por el lado económico, financiero y comercial, sino por los viejos lazos diplomáticos y, sobre todo, militares.

Sin embargo, a medida que el escenario global y regional va cambiando, el margen de maniobra de Bolsonaro parece estrecharse. Brasil ya no es la potencia regional capaz de liderar a los países suramericanos y las elecciones se acercan de forma peligrosa para el presidente: el próximo año puede ser el último de su Gobierno, si no consigue acotar las crisis antes mencionadas (internas e internacionales), que pueden ser tan depredadoras como está siendo la pandemia del COVID-19.

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