India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

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Domingo, 28 Febrero 2021 05:35

Ecuador: del horror al debate electoral

Ecuador: del horror al debate electoral

Entre denuncias y acusaciones arranca la campaña para el ballotage del 11 de abril

Aunque las miradas se centraron en el trágico saldo de los motines carcelarios, continuó la disputa electoral después de la primera vuelta del 7 de febrero. 

 

Desde Quito.Ecuador pasó del debate electoral a contabilizar muertos y dolor. Sucedió el martes en la noche con réplicas hasta el viernes: varios amotinamientos en cuatro cárceles del país dejaron un saldo de 78 muertos. No solamente fue la violencia, sino la forma: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas. El horror, filmado y difundido en redes sociales.

Junto a las imágenes de una violencia que recuerda a la que se ha hecho costumbre en países como Colombia con el paramilitarismo, las pantallas mostraron día tras día a familiares desesperados, con llantos, rezos, y denuncias hacia la inoperancia estatal. El gobierno, acostumbrado a reaccionar tarde ante las crisis, hizo lo que suele hacer: negar toda responsabilidad y acusar al correismo de estar detrás de los hechos.

“Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional (…) no es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador -a Andrés Arauz-, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país”, afirmó el presidente Lenin Moreno en un mensaje.

Moreno, que señaló que el sobrepoblamiento de las cárceles es obra de su combate contra la delincuencia, no mencionó algo que la mayoría de actores políticos, analistas y especialistas destacaron: la reducción del presupuesto para el sistema carcelario con todas sus consecuencias, la eliminación de ministerios como el de Seguridad, y los antecedentes recientes de masacres en varias cárceles del país.

Los hechos fueron titulares de todos los noticieros de Ecuador, dentro de un sistema de canales de televisión que transmiten poco o nada de lo que sucede en el país. Sin embargo, aunque las miradas se centraron en esos hechos traumáticos para presos, familiares y el país, continuó la disputa dentro del proceso electoral que tuvo su primera vuelta el siete de febrero, y tendrá el ballotage el próximo 11 de abril entre Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, y Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO y Partido Social Cristiano.

El resultado de la primera vuelta siguió siendo imputado por Yaku Pérez, tercero en la contienda, quien llegó el martes a las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, acompañado de una movilización. Allí anunció la presentación ante el poder electoral de irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil. Según Pérez y el partido Pachakutik, el fraude realizado le habría quitado el segundo lugar y, por ende, su pase a la segunda vuelta.

La denuncia de Pérez tuvo un giro el viernes en la noche, cuando el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas, que en realidad no habían sido 16 mil, con presuntas “inconsistencias numéricas y faltas de firmas”, sino 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.

De esta manera el CNE cerró la denuncia de fraude presentada por Pérez. El candidato por Pachakutik ya había anticipado que, en caso de suceder ese resultado, presentaría un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, e insistiría con el pedido de auditoría presentado ante la Fiscalía General para que investigue sobre el fraude denunciado. Junto con eso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que se movilizó con Pérez, y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el viernes en la noche, luego de una represión, el inicio de un paro nacional.

El anuncio de nuevas medidas de lucha estuvo, sin embargo, marcado por la simultaneidad de noticias acerca de la división entre Pérez, respaldado por Pachakutik y Ecuarunari, con dos de los principales dirigentes de la Conaie: Jaime Vargas y Leónidas Iza, ambos protagonistas principales, a diferencia de Pérez, durante el levantamiento de octubre del 2019. Iza, por ejemplo, no respaldó la denuncia de fraude, y atribuyó el hecho de que Pérez no haya llegado al ballottage por “una estrategia mal planteada desde la nacional”.

Las posibilidades de presión callejera de Pérez sin acompañamiento de un sector importante de la Conaie aparecen entonces limitadas, como se evidenció en las calles de Quito y algunos puntos de protesta en el país durante la semana. En cuanto a la Conaie, el movimiento anunció oficialmente que dará a conocer su posición política de cara al ballottage en un consejo ampliado que tendrá lugar el diez de marzo.

Así, las amenazas que aún existen sobre el proceso electoral, y en particular la candidatura de Arauz, se encuentran en la Fiscalía, tanto por el intento de realizar una auditoría, como por la operación internacional montada vía la Fiscalía colombiana y la Revista Semana contra el candidato de revolución ciudadana, para acusarlo de haber sido financiado por el ELN de Colombia. Pérez, marcadamente anti-correista, afirmó sobre esa denuncia que “hace que, si no cae la candidatura de Arauz antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”.

Ante el intento de auditoría de la Fiscalía, Unión por la Esperanza, coalición que lleva la candidatura de Arauz, anunció haber presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales, para la suspensión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía con motivo de la indagación por presunto fraude electoral. En el comunicado de la coalición se señaló que el intento de auditoría amenaza las fechas de la segunda vuelta, además de tratarse de una injerencia de una autoridad ajena a las elecciones.

Así, a tres semanas de haberse dado la primera vuelta electoral, aún existen amenazas sobre el desarrollo del proceso electoral, una situación que ha sido denunciada dentro y fuera del país. Ese peligro quedó de manifiesto, por ejemplo, en la declaración conjunta de los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quienes acordaron "seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que este culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”. Luis Arce, presidente de Bolivia, adhirió luego públicamente a la declaración.

Los próximos días y semanas estarán marcados por posibles nuevos acontecimientos dentro de una elección determinante para el país y la región. Está sobre la mesa la posibilidad de que Ecuador regrese a un proyecto progresista y latinoamericanista con Arauz, o avance en una profundización neoliberal con Lasso. Moreno, quien respalda a Lasso, intenta en ese contexto condicionar el futuro económico con una medida de última hora: la privatización del Banco Central.

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Elecciones en Bolivia: el MAS se fragmenta y los golpistas retendrían lugares claves

A casi una semana de las elecciones subnacionales, la ex presidenta del senado Eva Copa y actual candidata de "Jallalla" desafía a Evo Morales y se transforma en la candidatura más relevante de estas elecciones. Golpistas retienen posiciones estratégicas y amenazan conquistar algunas más. El voto del MAS se fragmenta en medio de una campaña electoral conservadora y conciliadora.

 

El domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales. Se elegirán a representantes de gobernaciones, de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los nueve departamentos y 339 municipios del país. Las disputas más marcadas se expresan en las ciudades capitales del eje central así como en ciudades intermedias como Huanuni, Lllallagua, Achachi, Montero y otras.

Mientras diversos analistas señalan que los votos en estos comicios serán fuertemente influenciados por las interpretaciones que las y los votantes tienen del 2019 y se abren preguntas de hasta qué punto los resultados expresarán (o no) una continuidad de las elecciones generales del 28 de octubre -en las que el MAS logró un nuevo gobierno con el 55% de los votos- lo cierto es que las elecciones subnacionales tenderán a expresar dos fenómenos combinados, de continuidad y discontinuidad, por lo mismo, aparentemente contradictorios.

El factor de continuidad, con respecto a las elecciones nacionales del 18 de octubre, se da en el sentido de que se mantendrá la polarización entre los que votaron al MAS -como una expresión de rechazo a todo el bloque golpista- y, los que votaron a las distintas variantes de derecha y centro derecha del golpismo, como rechazo al MAS. Sin embargo, dentro de esa “continuidad” hay elementos importantes de “discontinuidad” en el sentido que no todo esos votos del MAS se quedarán para este partido ya que se han venido profundizando y visibilizando tensiones y disputas internas y un cierto grado de fragmentación. El fenómeno de Eva Copa, que analizaremos más abajo, muestra, no sin contradicciones, esto último.

Sucede que al tratarse de elecciones departamentales y municipales han surgido y se han hecho visibles una diversidad de agrupaciones ciudadanas que tenderán a fragmentar el voto antigolpista. En este sentido, la discontinuidad se expresa en la perspectiva, según señalan las últimas encuestas, de que el voto del MAS se fragmente, aumentando las posibilidades de que los sectores afines al golpismo puedan retener alcaldías y gobernaciones importantes.

De esta manera, la situación hacia las subnacionales sigue expresando lo que se desnudó y profundizó a partir del golpe de Estado y es un escenario de profunda polarización política y social.

Según encuestas se fragmenta el voto del MAS

La última encuesta de intención de votos es la realizada por la empresa Ciesmori, encargada por la red televisa UNITEL y sus resultados fueron difundidos el viernes 25 de febrero por la noche. La recolección de datos fue vía telefónica y la ficha técnica indica que cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. Se consultó a 2595 personas, del eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con cobertura urbana y rural durante el periodo del 15 a 22 de febrero.

Los resultados arrojados por Ciesmori muestran que a nivel de las 4 alcaldías de las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) el MAS no ganaría en ninguna. Con relación a las gobernaciones, el MAS ganaría en Cochabamba y La Paz, aunque el resultado de esta última puede llegar a depender de una segunda vuelta. La gobernación de Santa Cruz quedaría en manos del ultra derechista Luis Fernando Camacho, un personaje que fue clave en la articulación del golpe de Estado y que expresa el avance de una derecha más militante y que se precia de ser una alternativa a los viejos políticos del país.

Hay que decir que en realidad estos posibles resultados no son tan nuevos. Es decir, el MAS por ejemplo ya desde el 2009 había perdido el control de la gobernación del Departamento de La Paz. En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales de este departamento, desde el 2010 ya había perdido la alcaldía paceña y desde el 2015 la alcaldía de El Alto que quedó en manos de Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN). Así también por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz el MAS no la tuvo nunca.

Desde este punto de vista que el MAS no conquiste las alcaldías del eje central y tampoco la gobernación de La Paz significa que mantendría, de alguna manera, las posiciones en el Estado que retenía hasta antes del golpe del 2019, pero con una diferencia importante: Luis Arce Catacora, aunque llegó el gobierno con el 55% de los votos, no goza de la misma fuerza y autoridad política con la que contaba Evo Morales.

El eje central: la clave de las disputas

El candidato del MAS para la gobernación de La Paz, Franklin Flores, se ubica en primer lugar con el 23,3 % de la intención de voto, seguido muy de cerca por el candidato de “Jallala” Santos Quispe con 17% y en tercer lugar, soplándole la nuca, se encuentra Rafael Quispe (el Tata Quispe) candidato del frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” (PBC-SP) con 16.7%.

La particularidad de la disputa por la gobernación del Departamento de La Paz radica en que los 3 candidatos con mayor intención de voto son de origen aymara y los 3 están tratando de hacer pesar, en esta elección, su identidad.

Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe Quispe “El Mallku”, intenta capitalizar el espacio político del indianismo radical que había conquistado su padre a lo largo de su vida. Recordemos que la candidatura de Felipe Quispe había logrado entusiasmar a vastos sectores populares y humildes, fundamentalmente de origen aymara, en el Departamento de La Paz, como ya había sucedido en la elección del 2002 donde con la sigla Movimiento Indígena Pachakuti había conquistado 6 diputaciones en el Parlamento. Para las subnacionales se tenía por descontada su victoria, no solo por su ubicación antigolpista sino también por toda su historia como uno de los máximos exponentes del indianismo aymara. Esta aspiración se vio truncada debido a que falleció en enero por un paro cardiaco.

La muerte de Felipe Quispe provocó un vacío no solo para el potencial electorado sino particularmente para su agrupación ciudadana Jallalla que ante la pérdida de su líder determinó nominar a su hijo, Santos Quispe, como candidato a gobernador. Sin embargo, es indudable que las ideas no se transmiten por los genes y Santos Quispe está aún muy lejos de las peleas que dio su padre.

En cuanto al Tata Quispe recordemos que es un ex funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez y su candidatura se encuentra en vilo debido a una reciente sentencia judicial por “calumnias” contra Felipa Huanca, ex funcionaria del Fondo Indígena, del MAS. Esto podría significar que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine su inhabilitación.

Por su lado Franklin Flores, ex diputado y ex concejal del municipio de Sica Sica, apoya su candidatura en haber sido el único que ha debatido la misma con las bases y que logró, gracias a eso, el apoyo de “2000 comunidades”. Es decir, se reivindica como un candidato producto del consenso y no resultado del “dedazo” de Evo Morales. Recordemos que Flores, el 31 de enero, afirmó a medios de prensa que era más difícil ser candidato del MAS que ganar una elección, en referencia a las feroces disputas entre los diversos caudillos de este partido.

Ahora bien hay que señalar que según esta encuesta, para la gobernación de La Paz, los indecisos llegarían a 18,1 %, nulos 1,8% y blancos 8,6% lo que hace pensar que puede haber importantes sorpresas el día de la elección, dejando abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

En Cochabamba, Humberto Sánchez del MAS se ubica en el primer lugar con 34% de intención de voto dejando en segundo lugar, y muy por encima, a Henry Paredes de “Súmate” que alcanzaría una votación de 8,8%. Igualmente llama la atención la cantidad de indecisos que para este departamento superan el 20%. Sin embargo hay que decir que según las estimaciones con votos válidos, éstas ubican a Sánchez con el 59% asegurando la victoria de esta gobernación para el MAS.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se ubica cómodamente en el primer lugar con el 40,1 % y le sigue el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con 24,8 %. La apuesta de Evo Morales y el MAS por Cronenbold, quién lejos de llevar adelante una dura lucha política contra la madriguera del golpismo, se dedicó a hacer una campaña basada en la gestión, las obras y la conciliación con el facho Camacho a tal punto que, en noviembre de 2020, amenazó con renunciar a su candidatura si el Gobierno de Luis Arce Catacora iniciaba proceso penales contra Camacho y los golpistas. Lejos de lo que pensaba el MAS de que con una campaña electoral “amarilla” y conciliadora le iba a dar buenos resultados lo que estamos viendo hoy es que la consolidación con los golpistas se está traduciendo en un importante retroceso electoral.

El MAS pierde en las alcaldías del eje central

A nivel de alcaldías la derrota del MAS, según esta encuesta, sería importante. En la ciudad de Santa Cruz se ubica en primer lugar el candidato de centro derecho, Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana (CC) con el 33,7% dejando lejos, en el tercer lugar, a la candidata del MAS, la ex senadora Adriana Salvatierra con un 10,2%. Hay que señalar que Adriana Salvatierra, optó por una campaña casi farandulera y muy al estilo tik tok pero al mismo tiempo tan conservadora, como Cronembold, llegando incluso a hacer suyo el slogan, derechista y anti derechos de las mujeres, de “defender la vida” cuando fue consultada si estaba a favor del aborto.

En Cochabamba, lidera la intención de voto el ex Capitán de las FF.AA, Manfred Reyes Villa con el 50,3%. Recordemos que Reyes Villa es el responsable de las muertes y la violencia ocurrida el 11 de enero de 2007, en la masacre de Cochabamba, cuando ejercía como gobernador. Con el Gobierno de Evo Morales, Reyes Villa salió al exilio y regresó luego del golpe de Estado de noviembre del 2019, recibido por Luis Fernando Camacho y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Sin embargo, mientras escribimos esta nota, el Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar la candidatura de Reyes Villa de “Súmate” debido a una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, más allá de que Reyes Villa continué o no en la carrera electoral, debido a que apelarán esta resolución, lo cierto es que el voto derechista es probable que se mantenga dejando muy lejos, en el segundo lugar, al candidato del MAS, el ex Defensor del Pueblo, Nelson Cox, con el 17,7%.

La candidatura de Cox, apadrinada por Evo Morales, fue el ensayo al igual que en Santa Cruz de hacer una campaña que intente seducir a las clases medias cochabambinas, en este caso, con una figura de clase media y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decir que Cox terminó siendo impuesto como candidato en lugar de Joel Flores, quien fue propuesto por los vecinos de K’ara K’ara que protagonizaron una destacada resistencia al gobierno golpista durante el 2020. Esto explica la deslucida campaña electoral del MAS debido a las fisuras internas que han aflorado luego de la caída de Evo Morales; estas fisuras, como en el caso de Cochabamba, expresan fracturas no solo políticas sino también de clase.

El perfil de un candidato de K’ara K’ara hubiera obligado al MAS a estar más a izquierda pero como estamos viendo no es el caso. La campaña electoral del MAS está basada fundamentalmente en promesas de hacer “gestión” y cada vez más desvinculada de los grandes problemas nacionales donde el golpe de Estado del 2019 ocupa un lugar central.

En la ciudad de La Paz se ubica en primer lugar Iván Arias, ex ministro de Obras Púbicas del gobierno golpista de Áñez, que hoy encabeza el frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” y obtendría una votación de 50,8%. Arias dejaría en segundo lugar, con una diferencia de más del 25%, al candidato del MAS, el ex militar y ex Gerente de la empresas de transportes “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler, que tendría una intención de voto de 24,3%.

En sintonía con la lógica conciliadora del MAS, Dockweiler era un intento de presentar un candidato “potable” para las clases medias paceñas, por su pasado militar y su papel en la gestión de los teleféricos así como por tener un perfil “menos político y más técnico”. Lo cierto es que, según los resultados, no habría logrado seducir a estas clases medias que como señalamos, y ese es un elemento de continuidad: prima el voto contra el MAS. Prefieren a Arias que fue uno de los responsables de la criminal gestión del gabinete de Áñez durante la pandemia y que además expresa muy bien el “transfuguismo político”. Es decir, Arias es parte de la vieja casta política en la que las ideas no valen nada lo que lo llevó a haber recorrido prácticamente todos los partidos desde su juventud.

Un lugar destacado, en estas elecciones subnacionales, lo ocupa el caso de la alcaldía de El Alto. El candidato del MAS, Zacarías Maquera, perdería contundentemente con 6,7% frente a Eva Copa, ex presidenta del senado por el MAS y hoy candidata de “Jallalla”, que ganaría la alcaldía alteña con 74,9% de los votos.

Caudillismos locales fragmentan el voto del MAS: El fenómeno “Eva Copa” el caso más representativo

El Alto lo que expresa es en última instancia una interna de caudillos del MAS, pero de forma abierta y pública. Desde este punto de vista, todo lo que viene afirmando la prensa hegemónica de que Eva Copa significaría la “sepultura” del MAS es falso. Eva Copa es el MAS.

El que Eva Copa haya dejado el MAS para ser candidata de Jallalla no expresa necesariamente diferencias políticas con el MAS sino que sería el resultado de un ajuste de cuentas con Evo Morales. Eva Copa logró notoriedad luego del golpe de Estado y tras la huida en desbandada de Morales, del ex vicepresidente García Linera y de la ex presidenta de senadores Adriana Salvatierra. Esta situación llevó a que Eva Copa asumiera la presidencia de la cámara de senadores, convirtiéndose de esta manera en el canal obligado de la política del MAS, que contaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y conquistando un espacio político que hoy busca transformar en votos.

Tanto en la legalización de los golpistas del 17 de noviembre del 2019, como en la rebelión antigolpista de agosto del 2020, Copa fue la artífice de la política de conciliación que desplegó Morales desde Argentina y Arce como candidato presidencial en Bolivia.

Recordemos que no solo Copa evitó hablar de golpe de Estado, incluso lo negó, sino que también, el mismo presidente Arce, durante su campaña electoral calificó al gobierno golpista de Áñez de “Constitucional”. Lejos de existir diferencias políticas entre Copa y Morales, lo que hay es una disputa entre caudillos locales, expresadas en las candidaturas y no una orientación divergente frente a cómo actuar ante los golpistas. Ya que en los hechos, desde Eva Copa, pasando por Evo Morales hasta el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, todos apuestan a continuar la política de negociación y pactismo con el bloque golpista.

Con todo esto, no es extraño entonces, que dirigentes de las Bartolinas -“Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa”-, como Segundina Flores, hayan calificado como un error el no haber nominado a Copa como candidata del MAS, deseándole no solo un pronto retorno al partido sino también suerte en la futura gestión de la ya asegurada alcaldía de El Alto.

Dicho en otras palabras, Eva Copa expresa un desafío al caudillismo de Evo Morales quien se dedicó a nominar o alentar a diversos candidatos que no pudieran hacerle “sombra” dentro del partido, desplazando a Copa por un verdadero desconocido: el “Ratuki” (Zacarías Maquera). La jugada, empero, no salió como pensaba Morales, sino que la decisión de dejarla afuera alentó a la ex presidenta del Senado a buscar que sean las urnas quienes diriman la disputa. No por nada los slogans más fuertes de su campaña y que la estarían llevando a arrasar con los votos para la alcaldía alteña enfatizan por un lado el romper con la “tradición” de que los cargos los ocupen los ´amarra huatos´, en referencia a funcionarios que llegaron al extremo de atarle los zapatos a Morales cuando era presidente. Y, por otro lado, el reivindicar que ella en lugar de huir como lo hizo toda la cúpula masista durante el golpe, se quedó “con su gente”. Esto se expresa muy bien en una reciente declaración de Eva, que se difundió ampliamente en la prensa y redes, durante su campaña:

Ahora bien, en las perspectivas se puede prever que tanto Arce desde el gobierno central como Eva Copa desde la alcaldía de El Alto, trabajarán juntos para hacer gestión y “contrarrestar” aunque sea parcialmente, las presiones de un desgastado Evo Morales cuyas maneras de hacer política alejan a las clases medias. En un reciente discurso de campaña en Trinidad, Morales afirmó que de ganar la gobernación del Beni, el MAS, empezará nuevamente las obras para construir la carretea sobre el TIPNIS, levantando con esto el repudio no solo de amplios sectores de clases medias “progres” sino también de sectores indígenas que ven como una amenaza tal carretera y por lo cual enfrentaron al MAS a partir del 2010.

Las declaraciones de Morales, dificultan los esfuerzos de Arce y el MAS de estabilizar su gobierno sobre la base de intentar mostrar un perfil más dialoguista y alejado de los métodos autoritarios de la pasada gestión de Evo. Recientemente incluso emitieron un comunicado en el que rechazaban la instrumentalización de empleados públicos para las campañas a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Morales.

Mientras importantes sectores de la población creen ver en Eva Copa un signo de renovación del MAS y a Jallalla como la expresión de la etnicidad aymara lo cierto es que Eva Copa como lo señalamos anteriormente, solo representa un desafío a Evo Morales para llevar adelante las mismas políticas de conciliación sin tener que pedirle permiso al “Jefazo”. Por su parte, Jallalla en los hechos ha devenido en un trampolín para catapultar a representantes de las más diversas políticas en tanto sean de origen aymara. No hay que olvidar que el reciente fallecido líder de Jallalla, Felipe Quispe, calificó de traición la labor de los parlamentarios del MAS –que estaban a la cabeza de Eva Copa- durante la rebelión antigolpista de agosto. Sin embargo parece que primó más la identidad aymara llevando a que meses después se sellara la alianza entre el Mallku y Eva Copa.

En este escenario, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación que impulsa La Izquierda Diario, en los lugares en los que estamos presentes llamaremos a votar nulo o blanco. Esto debido a que el conjunto de las expresiones políticas tanto desde los golpistas como desde el MAS y las diversas agrupaciones ciudadanas que se le desprendieron vienen actuando para preservar y mantener intactos los negocios y privilegios de las castas políticas que lucran administrando el Estado y que, en el caso del MAS, lejos de representar un proyecto socialista solo ofrece –como ya lo ha demostrado- una alternativa malmenorista para “contener” un poquito a los proyectos abiertamente reaccionarios y neolibearales.

Por todo esto, llamamos a las organizaciones sindicales y de trabajadores, del campo y de la ciudad, al movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como al movimiento indígena, campesino y a la juventud precarizada a empezar a discutir cómo construir una herramienta revolucionaria y anticapitalista, que se proponga derrotar a los golpistas y no convivir y conciliar como lo vino haciendo el MAS desde el inicio de su gobierno a costa de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, necesitamos sostener bien alto las demandas de justicia y castigo para las víctimas de las masacres de noviembre y cárcel para los asesinos. Esto sin embargo no es suficiente, necesitamos construir una herramienta política para impulsar la movilización que busque avanzar en afectar la propiedad empresarial, agroindustrial y financiera, que es en última instancia lo que preserva a la derecha y los golpistas.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Viernes 26 de febrero | 19:52

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Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

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China e India: dos gigantes condenados a relacionarse

Las relaciones entre China e India pueden rastrearse muy lejos en la historia, aunque adquirieron un cariz especialmente complejo desde finales de los años 40 con la independencia de la India y el establecimiento de la República Popular China.

 

El monje budista Xuanzang visitó en el siglo VII la ciudad de Nalanda, hoy ubicada en el estado indio de Bihar. La fama de este religioso Ch’an ayudó enormemente a que algunas de sus reflexiones sobreviviesen al paso del tiempo. La forma más común entonces para referirse a India dentro de China era probablemente Tianzhu, aunque Xuanzang convino en utilizar Yìndù (印度), nombre que mantiene vigencia hasta nuestros días. “Todos los seres vivos giran sin cesar en la rueda de la transmigración a través de la larga noche de la ignorancia, sin una estrella que los guíe. [...] La brillante luz de hombres santos y sabios, que guía al mundo como el resplandor de la luna, ha hecho que este país sea eminente, y por eso se llama Yìndù. [...] La luna tiene muchos nombres, y este es uno de ellos”. Lo dijo sin cortapisas: India es la brillante luna del mundo.

La influencia del budismo, nacido de las entrañas mismas de India, a lo largo de la historia china es incuestionable. Y aunque estos antecedentes pudieran llevar a pensar lo contrario, las relaciones entre los dos estados en las últimas décadas distan mucho de ser tranquilas, viéndose empapadas de una resbaladiza mezcla de conveniencia y desconfianza.

La virtud es un elemento central en el pensamiento confuciano que alcanza a su misma visión sobre el mundo y sobre las relaciones entre países. La máxima “Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tianxia”, o “cultivar el yo, regular la familia, gobernar el estado y armonizar el mundo” aparece en el Gran Saber (Dà xuě) como una línea maestra: todas las personas, todos los países y, en general, todos los sujetos pueden favorecer a la armonía global. Es precisamente la armonía en el sistema-mundo uno de los elementos confucionistas que el Partido Comunista Chino viene rescatando para su accionar desde antes del liderazgo de Jiang Zemin (1993-2003). Presumir de Confucio pareciera más amable que hacerlo del poder nuclear.

Hay un punto en común en este sentido con el gobierno de Narendra Modi. India dispone de cerca de 150 ojivas nucleares, algo menos de la mitad que la República Popular China. Y lo que es más relevante: unas pocas menos que Pakistán. La primera prueba de un arma nuclear de fisión en el caso de India se produjo en 1974: su nombre, “Smiling Buddha”. La de China, en 1964, fue apodada simplemente “596”. Sin pasar de ser una mera anécdota, este contraste se conecta con dos formas diferentes de operar en la escala internacional. Al tiempo que China ofrece al resto del mundo lo que define como relaciones de mutua ganancia (obviando a menudo su propio tamaño y poder), el gobierno del Chaiwalla Modi ha decidido llevar por bandera Bollywood, ayurveda y mucho yoga.

El elefante y el dragón

En 2015, la ONU celebró el Día Internacional del Yoga tras una intensa campaña del recién asumido Primer Ministro indio. Tan relevante le parece a su gobierno esta disciplina que fue la punta de lanza de su primera intervención frente a la Asamblea General de la ONU en 2014, una puesta en escena que no hacía sino advertir lo que sería la espina dorsal de su proyecto político: el nacionalismo hindú o hindutva. “El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza”, dijo. Es precisamente el enaltecimiento de esta identidad hindú como un objeto totalizante donde contener a través de la negación las diversas formas de ser indio lo que choca con el esfuerzo de muchos gobiernos desde Gandhi de amalgamar las diferencias y convertir esta pluralidad en la Marca India. Fuera de las fronteras indias Modi se esfuerza en mostrar el lado amistoso e inclusivo del hinduismo, al tiempo que no se priva de dificultar el acceso a la ciudadanía de la población no hindú.

Si es importante la imagen que un país ofrece al resto, tanto o más lo es la precaución y las reservas con las que el mismo mira hacia fuera. Desde buena parte de los espacios de pensamiento político en China se percibe la desconfianza que muchos gobiernos y sociedades occidentales tienen hacia el proyecto del PCCh. A través de “valores universales”, se cree, las “fuerzas occidentales hostiles” buscan torcer el rumbo del país y su reforma.

En 2014 Xi Jinping propuso que el PCCh se adhiriera al concepto de la Perspectiva General de Seguridad Nacional. “Observando la seguridad de la gente como el objetivo; la seguridad política como el principio fundamental; la seguridad económica como la base; la seguridad militar, cultural y social como las garantías; y la promoción de la seguridad internacional como una fuente de apoyo, forjaremos el camino de la seguridad nacional con características chinas”. No por repetido pierde importancia el concepto de “características chinas”. En este caso, la seguridad nacional incluye la noción de seguridad ideológica. Es decir, aquella situación en la que la ideología dominante está relativamente segura y libre de amenazas internas y externas.

Y si en China se hizo explícita la voluntad de asegurar el socialismo con características propias como guía de la nación, en India el gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) ha abandonado su moderación inicial y ha intentado erigir el hindutva en ideología de Estado. Esta radicalización coincide con la victoria de Modi en 2019, que le otorgó 303 de los 545 diputados que forman el Lok Sabha. En realidad, el hindutva hunde sus raíces en el período colonial o Raj británico (1858-1947). Intelectuales como Madhavrao Golwalkar creían que los tiempos dorados de la civilización hindú fueron “contaminados” por las invasiones cristianas, musulmanas y británicas, fundamentalmente. Golwalkar y otras figuras fundaron en 1925 el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización en la que el propio Modi militó, que posibilitó su paso de vendedor de té a gobernador del complejo estado de Bujarat (2001-2014) y que hoy él mismo emplea como fuerza de choque no oficial.

La impronta de las ideas fundacionales de las RSS en el gobierno de Modi se hace palpable en su visión de la población musulmana como enemigo interno “contaminante” al excluirla de la identidad india, y externo, al colocar el conflicto con la República Islámica de Pakistán en el centro de su política exterior. En el siempre tenso equilibrio nuclear, militar y propagandístico entre el propio Pakistán y el Estado indio juega un papel crucial la voluntad de la RP China de aumentar el tamaño de su esfera de influencia en la región, especialmente desde que la segunda revolución del PCCh, liderada por Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang y otros sectores del partido catapultara el crecimiento económico del dragón.

La política exterior de los dos gigantes asiáticos se cruza en muchos puntos por la propia inercia. Es tan grande la influencia que ambos Estados ejercen a su alrededor, tan masiva la gravedad que generan, que de forma inevitable se condicionan mutuamente. A pesar de la divergencia ideológica de partida, Pakistán vio desde su fundación en 1947 con buenos ojos la posibilidad de que China creciera en tamaño y poder para servir de contrapeso de India. En 1956, Zhou Enlai y Huseyn S. Suhrawardy firmaron el Tratado de Amistad sino-pakistaní, paso fundamental en una estrecha relación que ha ido consolidándose hasta nuestros días.

La partición del Raj británico dio lugar a la que todavía hoy es una de las fronteras más tensas del planeta: la indo-pakistaní. Las batallas de “baile” que a menudo se dan entre militares de uno y otro lado bajo los vítores de las hinchadas nacionales que asisten a la línea divisoria pueden confundir a un espectador ajeno, pero el conflicto se siente tan cotidiano como el panipuri en las calles de Delhi. Y, cómo no, la presencia de China en el conflicto se hace notar. En la práctica, apoya a Pakistán en la cuestión de Cachemira, mientras este se posiciona del lado del PCCh en lo que a Taiwán, el conflicto del Tíbet y las cuestiones de Xinjiang se refiere.

En este idilio, el elemento militar es central. Como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní reconoce en su página web, “la colaboración en Defensa constituye la columna vertebral de la relación. [...] La cooperación abarca intercambios militares de alto nivel, conversaciones estructuradas de defensa y seguridad, ejercicios conjuntos, capacitación de personal en las instituciones de ambos, producción conjunta de defensa y comercio de defensa”. Por otro lado, el comercio entre los dos países es amplio y fluido, lo que no es baladí. Que China sea el principal socio comercial de Pakistán no es una gran sorpresa. Al fin y al cabo, lo es de muchos países en vías de desarrollo a través de sus inversiones en infraestructura. Uno se asegura la inversión y la energía que necesita, mientras el otro obtiene una privilegiada puerta de acceso al mercado islámico. Ahora bien, ser el principal socio comercial de uno de tus vecinos al tiempo que éste mantiene tira y aflojas con otro más poderoso enrarece la convivencia regional. China trata de ser neutral atendiendo a su doctrina para las relaciones internacionales, pero la estrechez de sus vínculos con Pakistán atiranta su relación con India.

Por otra parte, Mao decía que todo es dialéctica. Es decir, cualquier fenómeno tiene su opuesto a través del cual se explica su existencia. Sucede que India también influye a través de su política exterior en asuntos que llevan décadas enquistados en la sociedad china. En 1951 China completó la anexión del Tíbet tras derrocar a su débil y solitario ejército, acabando con el que había sido el territorio “tapón” entre ella e India durante siglos. Desde entonces el ejemplo de la, en adelante, Región Autónoma del Tíbet, reforzó en la India el recelo ante lo que conciben como una esencia expansionista que acompaña a China. Es popular en la India, aunque de difícil rastreo, la noción de los “cinco dedos”. Según esta creencia Mao y, en consecuencia, el Partido Comunista de China tendrían una voluntad expansionista que alcanzaría los territorios de Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhután y Arunachal Pradesh. Pese al alto grado de especulación que rodea a esta convicción, lo cierto es que arroja información de interés al respecto de cómo India percibe a China.

En tibetano, China es llamada “Gyanak”, que puede traducirse como “Tierra Ominosa” o “Tierra Impía”, al tiempo que a la India se le dice “Gyakar”, “Tierra Sagrada” o “Tierra Blanca”. En 1959, tras la disolución del gobierno local tibetano por parte de Beijing y el exilio del decimocuarto Dalai Lama a India bajo el paraguas de la CIA, el líder del budismo tibetano conformó allí un gobierno en el exilio que permanece hasta nuestros días. No obstante, el volumen de la influencia china en el planeta dificulta enormemente que los tibetanos sumen Estados a su causa —no así celebridades—.

Ni siquiera India da soporte explícito al impulso secesionista, aunque sí ofrece refugio a monjes y migrantes. Se estima que 100.000 tibetanos viven exiliados bajo la protección que les brinda el elefante asiático. El gobierno chino, como se puede intuir, no ve con buenos ojos este accionar ya convertido en una política de Estado. Si algo caracteriza a los países socialistas es su afán por rechazar las injerencias de terceros Estados, tanto más el PCCh. Este hecho, unido al mencionado vínculo sino-pakistaní, tensa todavía más el precario equilibrio existente en varios puntos de la frontera entre las dos potencias.

Hindi Chini bhai bhai

Jawaharlal Nehru fue el Primer Ministro de India desde la independencia en 1947 hasta su muerte en 1964. A él se le atribuye en la cultura popular nacional el eslogan “Hindi Chini bhai bhai”, que pudiera ser traducido como “la India y China son hermanos”. Su postura frente a las pretensiones territoriales del vecino, ingenua en primer lugar y perdedora más adelante, hizo que quedase colgada sobre su figura histórica la pesada etiqueta de tibio. Algunos sectores de la sociedad india ven todavía hoy en Nehru a un presidente que consintió a China avanzar militarmente sobre territorios indios para completar su “esfuerzo liberador” en Asia.

Las grandes amistades a veces son más fáciles de enunciar que de sostener, planteamiento que es reforzado al observar el desarrollo histórico de las relaciones sino-indias. El nacionalismo de dos países antaño coloniales pero que hoy ostentan el cargo de, como mínimo, potencias regionales, condujo inevitablemente a choques de intereses. Atrás quedaron los años del “Hindi Chini bhai bhai”, si es que alguna vez llegó a tener esta idea algo de profundidad. La línea McMahon, diseñada bajo criterios arbitrarios y coloniales por el Reino Unido, se mantiene hoy como frontera oficial entre los dos Estados. Los territorios de Aksai Chin y Arunachal Pradesh fueron testigo de la guerra sino-china de 1962 y desde entonces se han ido sucediendo pequeños núcleos de conflicto allí y en zonas como Ladakh. Si bien durante décadas después de la guerra se vivió una realidad de paz tensa en la frontera, desde 2013 la disputa se ha intensificado enormemente.

Coincidiendo con la entrada de Xi Jinping y Narendra Modi al liderazgo de una y otra nación se ha venido produciendo una escalada de tensión que desembocó finalmente en las escaramuzas de 2020. Que los dos Estados acordasen la no utilización de armas de fuego en la frontera no imposibilita de manera tajante la aparición de violencia, como pudo constatarse en varios puntos de Ladakh y Sikkim, aunque sí parece acotar las posibilidades para el ascenso a conflicto armado. El establecimiento de campamentos en los laterales de la línea divisoria entorpece el nexo y afecta a la política interna de ambos países. Adentro de India, de hecho, ciertas fracciones nacionalistas —especialmente ubicadas en Twitter y otras redes sociales— comenzaron a referirse al Primer Ministro como “ModiXi”, en un juego de palabras con tres aristas: “ModiXina”, “ModiXi Jinping” y “Modiji”, siendo “ji” una coletilla cariñosa, a menudo empleada en tono sarcástico idéntica a la que se emplea a veces para referirse a Nehru(ji).

En definitiva, tan descomunal es la influencia que China e India ejercen en el Asia oriental, el sudeste asiático y el Asia central como decisivas son las relaciones entre ambos: de hecho, existen muchos actores secundarios especialmente dependientes de las decisiones que tomen el uno respecto al otro, como Pakistán o Corea del Norte. Además, pareciera que del tipo de vínculo que llegue a diseñar un gobierno con el país vecino se extrae una parte crucial de su legitimidad, especialmente desde el lado indio, tal como Modi está padeciendo en carne propia.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

26 feb 2021 06:46

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Ecuador: ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas  

El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones 

La Contraloría y la Fiscalía realizarán auditorías de la votación, con lo cual el correísmo denunció una “intromisión al proceso electoral” por parte de otras instituciones del Estado. 

 

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.

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Domingo, 21 Febrero 2021 06:15

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Según la ONU, son crímenes contra la humanidad los que constituyen ataques generalizados o sistemáticos a la población civil, así como los exterminios, la esclavitud, la deportación o expulsión forzosa, la privación de la libertad física e intelectual que viola el derecho internacional o las torturas, las violaciones, la prostitución y la violencia sexual, la persecución de un colectivo (incluido su “linchamiento mediático”) por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos que atenten contra la integridad de las personas y de los grupos sociales. Por ejemplo el bloqueo, aunque lo llamen “embargo”. Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí. Es delito de lesa humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los derechos y la dignidad de las personas… y los bloqueos son una de las formas de las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo, aunque inventen ideólogos, tratados y legislaciones para camuflarse.

Combatir al bloqueo no es asunto sólo “legal”, de poco han servido el repudio en Naciones Unidas ni las proclamas airadas de las voces más indignadas. La batalla contra el bloqueo es una lucha política que no se detiene a las puertas de las burocracias y que implica una batalla radical contra el capitalismo, su modo y sus relaciones de producción. Sin duda el capitalismo, en su desarrollo, luego de la Segunda Guerra Mundial, produjo iguales o peores horrores contra la especie humana. Produjo usurpaciones, invasiones y hurtos. Todo tipo de engañifas, manipulaciones y humillaciones. Destrucción de países y de culturas. Miseria y desamparo, secuestros, usurpaciones y bloqueos. ¡Imposible maquillar tantos horrores! Las consecuencias empeoran y se comportan como pandemia. No hay futuro para la humanidad bajo un sistema así. Y para castigar a quienes se niegan a aplaudir sus horrores, el imperio impone “embargos” y bloqueos. Formas de una guerra despiadada contra los pueblos. Por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque ha sido condenado sinnúmero de ocasiones nada pasa; lo mismo sucede contra Venezuela y contra todo aquel que intente desarrollar nexos con ambos países.

Algunos se conduelen sólo por los “daños económicos” ocasionados por el bloqueo, pero es insuficiente para comprender y denunciar los estragos en salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. El bloqueo es parte de la guerra sicológica imperial contra toda rebeldía. No olvidemos la obligación ética que tenemos todos de denunciar el ataque sistemático contra el estado de ánimo de los pueblos sometidos al bloqueo. Está más clara que nunca la urgencia de una nueva proclama planetaria por los derechos humanos; que despeje toda huella de individualismo para ascender a una práctica humanista que aprenda a no reducir los derechos y, a cambio, aprenda a expandir todas sus nociones a su carácter social necesario. Es hora de habilitarnos con un programa humanista mundial nuevo, con carácter vinculante, en todos los cuerpos constitucionales y jerarquías éticas con que debe armarse una justicia social verdadera que nos ponga a salvo de las formas despiadadas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes.

Necesitamos una declaración de los derechos humanos de nuevo género que condene al bloqueo, esta vez democrática, suscrita por las organizaciones de los trabajadores, aceptada por los movimientos sociales en pie de lucha contra la separación de la humanidad en clases sociales. Un sistema humanista nuevo, de capítulos subordinados a una concepción dinámica e integral, capaz de perfeccionarse con su práctica objetiva y con la organización democrática permanente de veedores, supervisores y controladores organizados en comités éticos para el desarrollo de los derechos y las responsabilidades colectivas. Romper con toda “letanía de falsa democracia” para democratizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, renovarla desde los consensos. Es un paso obligado en el corto plazo. Romper con la idea de que tal declaración ha de mantenerse enjaulada en la verborrea diplomática, para ascender a una que se vuelva “carne de las luchas” humanistas de base socialista y que sea sinónimo de fortaleza práctica sostenida con pensamiento crítico. Necesitamos una declaración que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores.

Hasta hoy, “los derechos humanos –escribe Marx– son los de miembros de la sociedad burguesa, es decir, de individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad”… pero los derechos del ciudadano “sólo pueden ejercerse en comunidad. Su contenido es la participación en ella, y concretamente en la comunidad política, en el Estado”. Ninguno de los derechos humanos trasciende en individuos replegados en sí mismos. Necesitamos una declaración que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción cuyas proclamas luchen en el sentido fundamental del respeto inalienable por el trabajo: “todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo” o a un “reparto equitativo del fruto de éste”.

Necesitamos un acuerdo internacionalista, de las bases, para refundar los derechos humanos de manera crítica contra el carácter limitado e inhumano de la lógica del capital. Para luchar contra toda forma de bloqueo, que constituye un crimen, flagrante y sistemático. Humanismo que sea más que un compendio de “buenos propósitos” filantrópicos; que sea una manera más de ascender a la práctica emancipadora. Como lo pensaba Marx, a la luz de la historia, inseparable del contenido insuflado por las fuerzas sociales en sus luchas emancipadoras. Humanismo de “nuevo género” como acción deseable, posible y realizable para las fuerzas que se fundamentan en la democracia participativa. Humanismo para no sucumbir a la opresión ideológica más feroz implícita en la sustracción de plusvalía. Humanismo que no se detenga ante nada, que defienda a la naturaleza, que proteja al patrimonio cultural, que combata a los negocios de las guerras, de los bancos buitres y de los mass media, máquinas de guerra ideológica. No traguemos más engaños, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y hay que frenarlo, sancionarlo y obligarlo a reparar los daños, globalmente.

Por Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:43

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

Reconfiguraciones del MAS en Bolivia

El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber regresado al poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, este partido de base campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos.

 

El próximo 7 de marzo se celebrarán en Bolivia los comicios subnacionales que elegirán a las principales autoridades ejecutivas y legislativas de las nueve gobernaciones departamentales y los 337 municipios. Según el régimen autonómico, el nivel subnacional de gobiernos autónomos constituye la estructura vertical de organización del Estado y desde hace más de dos décadas viene adquiriendo una creciente relevancia política e institucional. Primero, fue la descentralización municipal cuyo antecedente data de la década de 1990, y luego, de manera incremental, la implementación del nuevo régimen autonómico establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En suma, la descentralización y la reorganización territorial del poder ampliaron y profundizaron la configuración de los sistemas políticos en el nivel subnacional. 

Las elecciones de marzo serán la segunda versión de comicios departamentales y municipales bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica tan solo en la progresividad de la edificación institucional de las autonomías, sino en que son parte de una serie de acciones que, en el fondo, buscan resolver la crisis política provocada por la caída de Evo Morales en noviembre de 2019. Una primera acción de canalización institucional de la crisis fue la organización de las elecciones nacionales que, después de reiteradas postergaciones, se llevaron adelante en octubre de 2020. La crisis sanitaria del covid-19 fue la principal causa y justificación de los continuos aplazamientos en la celebración de las elecciones, una situación que de facto extendió el mandato del gobierno transitorio de Jeanine Añez por el lapso de 11 meses, y el de las autoridades subnacionales, por más de un año, puesto que el cambio de estas, según la normativa electoral, debería haberse realizado a inicios de 2020. 

Asimismo, al igual que los comicios generales, las elecciones subnacionales se realizarán en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 que aún azota al país y del deterioro de los indicadores de estabilidad y crecimiento económico de los que, hasta hace apenas un año, gozaba Bolivia. En ese sentido, estas elecciones son consideradas como el segundo momento político-electoral en el que, a través de la participación y el voto ciudadanos, se buscará encaminar y cerrar la ya larga crisis política que arrastra el país. 

Efectos de la victoria electoral del MAS en 2020

Si durante la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2020 el contexto político se caracterizaba por una alta polarización discursiva, la situación que enmarca las elecciones subnacionales es diferente. Los efectos inmediatos de los resultados nacionales y las particularidades de la contienda subnacional establecen un nuevo contexto de pulsiones y expectativas políticas. La victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, con 55,1% de los votos, estableció un margen amplio de distancia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las dos principales fuerzas contendientes: Comunidad Ciudadana (CC), del ex-presidente Carlos Mesa, que obtuvo 28,8%, y Creemos, de Fernando Camacho, el dirigente cruceño que encabezó las protestas y movilizaciones sociales contra Morales en 2019, que logró tan solo 14%. Así, las dos figuras que fueron importantes protagonistas de oposición frente a un Evo Morales que buscaba conseguir un cuarto mandato en el poder fueron a la vez derrotadas por el binomio electoral presentado por el MAS. Este dato resulta relevante, ya que fue la primera vez que esta organización política lidió sin la candidatura de su principal líder y jefe nacional y, por ende, sin el apoyo que recibía del poder estatal cuando Morales fungía como presidente del Estado. 

De esta manera, el éxito electoral del MAS reconfirmó su importancia estratégica en el acontecer político. Un factor que confirma este aserto es el impacto de los resultados electorales de octubre de 2020. La marcada diferencia de más de 25 puntos frente a Mesa ha provocado el relajamiento de la polarización discursiva que ciertamente predominó a lo largo del gobierno de Jeanine Áñez. La narrativa ampliamente difundida que presentaba la polarización «dictadura» versus «democracia», en la que el MAS expresaría el primer polo y el bloque anti-MAS el segundo, se desvaneció tras los comicios. Lo mismo sucedió con la idea de que el MAS no podía ganar sin el aparato estatal en su favor.

Después de las elecciones nacionales, se ha producido una revaloración de la democracia como valor y sistema de gobierno que se expresa en la emergencia de una serie de pulsiones internas y externas, y el MAS no escapa a ellas.

MAS: disputa por el reequilibrio en la gestión del poder 

A lo largo de los últimos 20 años, el rol de Evo Morales en el MAS fue central para garantizar los éxitos electorales, así como la continuidad de su gobierno a partir de la victoria de 2005. No era un mito la idea de que sin él no había posibilidades de conseguir y garantizar la articulación «nacional-popular». La importancia y el rol de Morales, tanto en el camino hacia el poder como en la gestión estatal y la negociación del conflicto social, fueron una realidad efectiva que, luego, se asumió como un mito. En unos casos, para reafirmar el dominio y la centralidad de la figura del propio Morales dentro de la articulación política propiciada por el MAS; en otros, para dar lugar a la ficción opositora de que, sin el presidente, el MAS sería fácilmente derrotado. Ambas apreciaciones partían de un presupuesto analítico y sociológico equivocado: la subestimación de la política que se procesa en y desde abajo. 

Como se sabe, la figura de Morales, apoyada en la fuerza movilizada de los campesinos cocaleros e «interculturales» (anteriormente denominados colonizadores), fue un referente articulador del conglomerado de organizaciones sociales que, desde inicios del siglo XXI, desembocaron con mayor contundencia en el MAS considerado como su «instrumento político». Estas organizaciones eran y son básicamente de base territorial/campesina, y a ellas se sumaron, según intereses tácticos, diversos sectores sociales de raigambre popular. La estructura organizativa que refleja esta articulación fue y es aún el denominado Pacto de Unidad, en el que convergen las principales organizaciones campesinas indígenas y populares del país. Sin esta articulación, resultaba impensable llegar al poder de la manera en que llegaron en 2005 y, asimismo, lograr gobernar el país durante 14 años de manera continua. 

No es un dato menor que a lo largo de este periodo Morales haya gestionado con eficacia esta articulación nacional-popular. Hoy mismo, a pesar de las fracturas que aparecen dentro del MAS, el ex-presidente es aún el actor central para la cohesión de las organizaciones campesinas y populares, puesto que en el espectro político del campo popular aún no hay un sustituto que ocupe o dispute su espacio directivo.

Los resultados electorales de octubre de 2020, como mencionamos, demuestran que el MAS, o mejor, lo que hay detrás de él, es más que Evo Morales. En contra del mito establecido y difundido por unos y otros, el movimiento logró la victoria electoral sin su candidatura y, además, sin su presencia en el país, ya que en el momento de las elecciones se encontraba asilado en Argentina. Esto no implicó, sin embargo, que su importancia en el acontecer político fuera superflua. No hay que perder de vista que fue y es aún el presidente del MAS y, además, jefe de campaña tanto de la victoria electoral lograda en octubre de 2020 como de la confección de la estrategia electoral para la contienda de marzo. Sin embargo, es claro que su poder no es el mismo que ostentaba en el pasado, cuando no solo era la cabeza del MAS sino que además ejercía con efectividad la función de primera autoridad del Estado. 

Tras su retorno a Bolivia y, en particular, durante el armado y la confección de las listas de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, se hicieron visibles una serie de conflictos que erosionaron la imagen y autoridad del ex-presidente. Hay distintas y nuevas pulsiones que fueron saliendo de su control y que, actualmente, se hacen cada vez más visibles. 

No es que exista una desarticulación de las organizaciones sociales y un desencanto respecto de la figura de Morales, sino que, al parecer, existe una disputa cada vez más intensa por el replanteo del equilibrio de fuerzas, que hasta hace poco giraba en torno de su imagen, a través de la cual controlaba la articulación de los intereses corporativos en el interior del MAS. 

Ante la renuncia de Morales y la implosión de la estructura gubernamental en noviembre de 2019, fueron emergiendo nuevas figuras y narrativas que actuaron de manera independiente, o bien, con un mayor margen de autonomía, en respuesta a los desafíos inmediatos que demandaba la coyuntura critica. En ese ámbito, aparecieron personalidades que si bien se hallaban dentro de las filas del MAS, estaban invisibilizadas, como fue el caso de Eva Copa, senadora que asumió la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la renuncia de sus colegas de partido al momento del estallido de la crisis política. En un contexto de persecución contra el MAS, Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial y Copa se posicionó como una figura central, segunda en la línea de sucesión, con un discurso más moderado que el de Morales desde el exilio. No hay que olvidar que el Parlamento, en el que el MAS tenía dos tercios de las bancas, siguió funcionando tras la caída de Morales y la asunción de Áñez.

Con el retorno de Morales y su presencia en el escenario político, se reactivó el accionar del bloque de poder que tradicionalmente hegemonizó al MAS a lo largo de los últimos 14 años. La realización de actos masivos de bienvenida, como su ratificación como responsable de la conducción partidaria, buscaron asentar el rol directivo de su figura política. Sin embargo, por primera vez, a poco tiempo de su retorno al país, se escenificaron resistencias y/o tensiones en torno de la efectividad de su presencia e incidencia política, en contraste con el tradicional esquema en el que Morales resultaba siempre el actor predominante y central. 

Por ello, la estructura lineal que daba coherencia al accionar del MAS viene siendo dislocada y quizás, en parte, rebasada. Un primer dato de esta situación es la existencia de dos figuras nacionales alternas al liderazgo de Morales: David Choquehuanca, vicepresidente del Estado y, en menor medida, el propio presidente Luis Arce. Ambos actores, al ocupar los primeros espacios del poder político, disputan márgenes de autonomía relativa en la gestión y toma de decisiones, ya que se resisten a ser seguidores pasivos de la denominada «línea dura» del MAS y de las directivas de Morales. Esta disputa ciertamente modifica o, mejor, distorsiona la eficacia del modelo establecido y, posiblemente, deseado por este. Así, en el interior de la articulación nacional-popular vienen emergiendo un conjunto de pulsiones que dan lugar a una abierta expansión de intereses y corrientes favorables a la renovación de liderazgos y formas de gestión que ponen en tensión a la estructura de restauración del poder político de Evo Morales. 

Tres eventos ampliamente difundidos por la prensa pusieron de manifiesto esta tensión y disputa. En ellos se escenificaron el descontento y el desacuerdo respecto a las decisiones directivas de Evo Morales y de las cúpulas dirigenciales por parte de nuevos actores del MAS-IPSP. Los hechos se dieron al momento de dirimir la designación de las candidaturas para las elecciones de marzo. El primero se registró en el departamento de Potosí, donde Morales, junto con los dirigentes locales, tuvo que resguardarse y, virtualmente, huir del evento de proclamación de los candidatos ante las crecientes protestas respecto a las decisiones tomadas. El segundo, bastante sintomático, fue la decisión de proceder con la designación de los candidatos del departamento de Santa Cruz en el Trópico del departamento de Cochabamba, en un espacio supuestamente «neutral» y bajo el resguardo de las seis federaciones de cocaleros de las cuales, también, Morales es el presidente ejecutivo, para evitar la confrontación de fuerzas. En esa oportunidad se produjo el famoso «sillazo», que le llegó a Morales como parte de la trifulca que provocó la decisión de favorecer a uno de sus ex-ministros como candidato a la gobernación departamental. 

Por último, posiblemente el suceso de mayor consecuencia política para el MAS y, quizás, para el futuro político de Morales fue la decisión de apartar a la propia Eva Copa de la candidatura a la Alcaldía en la emblemática ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Esta decisión provocó una amplia y masiva movilización social en esa ciudad y departamento a favor de la ex-presidenta del Senado, quien de manera inmediata se habilitó como candidata por fuera del MAS y, con ello, provocó una importante ruptura partidaria, que dio lugar a su expulsión. Tras esa crisis, Copa aparece a la cabeza de las encuestas con una enorme diferencia frente al candidato del MAS.

Lo acontecido en El Alto no es de menor importancia en términos político-electorales, ya que se trata de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz. En ese sentido, gran parte de las candidaturas del MAS en curso se perfilan a engrosar las disputas por el replanteo estratégico del equilibrio de poder, con efectos en la gestión gubernamental y la articulación nacional-popular. Hay candidatos y corrientes que en estas elecciones buscarán a través de su éxito electoral empujar procesos de renovación, ampliación y democratización interna. También existen candidatos y corrientes que se dirigen a reforzar el asentamiento de los tradicionales operadores políticos que en el pasado sacaron réditos de la estructura de poder y liderazgo de Evo Morales. En ese sentido, los resultados del 7 de marzo terminarán de delinear el campo de tensión del MAS y del devenir político del país, para dar lugar al posible cierre de un ciclo de gestión hegemónica que, en retrospectiva, abarcó más de una década y media.

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Ecuador: Lasso ya no quiere el recuento masivo de votos

El candidato de la derecha intimó al poder electoral a "proclamar los resultados de la primera vuelta". El viernes había acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la OEA que se revisaran casi seis millones de votos. 

 

Ecuador vive horas de río revuelto y especulación. Lo que parecía claro el viernes en la tarde ya no lo fue el domingo en la noche, o, al menos, así parece. Esa tarde del viernes tuvo lugar un pacto entre el segundo en las elecciones del pasado siete de febrero, Guillermo Lasso, el tercero, Yaku Pérez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Allí, sin presencia de ningún otro candidato, acordaron realizar un recuento de votos en 17 provincias del país: 100% en Guayas y 50% en las demás, para un total de cerca de seis millones de votos, en un proceso de cerca de 15 días que debería comenzar este martes. Eso último fue explicado el sábado en la tarde por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, es decir, un día después del breve anuncio sobre el recuento anunciado sin detalles.

El sábado en la tarde ya se habían producido los reconocimientos de Luis Almagro, secretario de la OEA, recordado por su rol central en el golpe de Estado en Bolivia en el 2019, y del gobierno estadounidense, a través de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, quien afirmó que la decisión del CNE permitiría una “mejora de las garantías para los candidatos y la ciudadanía”.

El escenario de un pacto de recuento quedó, sin embargo, bajo pregunta, cuando Lasso publicó una carta el domingo en la tarde dirigida a Atamaint. Allí, en un cambio de posición, intimó al CNE a “proclamar los resultados de la primera vuelta electoral”, señaló el carácter supralegal del acuerdo y el peligro que el poder electoral caiga en “actos ilegales y hasta delictivos”, afirmó que el conteo de votos debía ser en siete provincias en lugar de las 17 inicialmente acordadas, y señaló que Pérez podía estar intentando “fraguar un fraude” con el proceso de recuento.

La carta fue seguida de un intercambio de acusaciones entre Pérez y Lasso por las redes sociales, donde este último acusó nuevamente de “intento de fraude y caos a la democracia”. El candidato de Pachakutik, por su parte, acusó a Lasso de querer realizar un fraude: “con qué autoridad moral usted aspira a ser presidente si hace fraude, primero dice que abran las urnas porque quien ‘nada debe, nada teme’ y ahora que no abran las urnas, fraude tras fraude, una burla al CNE, a la OEA y al pueblo de Ecuador”.

El cambio de situación, sumado a la poca claridad ofrecida por parte del poder electoral, arrojó así un cuadro de confusión que, en horas del lunes, sumó un nuevo elemento: el anuncio de una movilización para el martes por parte de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) -de la cual fue presidente Pérez entre el 2013 y 2019, cuando ganó la gobernación de Azuay- debido al “retracto del señor Lasso” expresado el domingo.

“Nos movilizaremos en los territorios y caminaremos a la ciudad de Quito para defender los intereses de los 18 millones de ecuatorianos (…) si hay que pelear tenemos que pelear, si hay que ir a la cárcel iremos a la cárcel, si nos asesinan seremos asesinados, pero de rodillas jamás”, afirmó Carlos Sucuzhañay, presidente de Ecuarunari, que forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

De esta manera el escenario pasó de un pacto anti-correísta, objetivo compartido entre Pérez y Lasso como afirmaron en la misma reunión del viernes, a una diferencia entre los candidatos con, a su vez, tensiones en la misma CONAIE, donde ciertos sectores se mostraron opuestos a un “acuerdo con la derecha (…) que sería ilegítimo e inconsulto con las bases”.

Una pregunta, que se ha mantenido desde el domingo en la noche, ha sido: ¿por qué Lasso dio marcha atrás en el acuerdo del viernes? ¿Fue por presiones internas, por ejemplo, de sus aliados del Partido Social Cristiano? ¿Una posibilidad real de perder su segunda posición al finalizar el recuento? En las respuestas a esa pregunta parecen estar las claves para comprender cómo pueda evolucionar el conflicto electoral en Ecuador.

Existe, además, otro elemento en la agenda de la contienda: la reciente visita a Quito realizada por el Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, quien, a pedido de la Fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, trajo lo que denominó como “información” sobre el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano a la campaña de Andrés Arauz. La visita del Fiscal de Colombia, relacionado con el partido del presidente Iván Duque, Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe, levantó señales de alarma acerca de la existencia de posibles maniobras para impedir una participación de Arauz en el ballottage del 11 de abril.

“Quienes han cogobernado el país junto a Lenín Moreno quieren aferrarse al poder, por eso han intentado, por vías anti-democráticas, descalificar nuestra candidatura, ahora, con mentiras quieren presionar al sistema de justicia para un nuevo episodio de persecución (…) Toda esta patraña tiene una sola intención: impedir que el binomio Arauz-Rabascall que lidera la preferencia electoral participe de la segunda vuelta”, afirmó Arauz este lunes.

Los próximos días podrían estar marcados por nuevas noticias y cambios, en el marco de una elección presidencial en un país marcado por la persecución vía lawfare sobre la revolución ciudadana, una institucionalidad cuestionada transversalmente, la interferencia de actores internacionales, y una oscilación entre el intento de pactos electorales anti-correístas -con posibles proyecciones a planes de gobierno- y giros repentinos -al menos en la superficie- como el que ocurrió el domingo.  

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