Elecciones en Venezuela: legislativas vs. presidenciales

El gobierno y sectores de la oposición llaman a legislativas, mientras Guaidó asegura que sólo participará de presidenciales. 

Nicolás Maduro ha mantenido una constante desde el año pasado: afirmar que habrá elecciones legislativas en el 2020, como indica el calendario electoral. Si entonces se trataba de una fecha lejana tomando en cuenta la dinámica vertiginosa de la política venezolana, ya es un escenario cercano alrededor del cual se centran los debates.

Se trata de una cuestión compleja por tres razones centrales. En primer lugar, es una elección a la Asamblea Nacional (AN), espacio sobre el cual la oposición construyó su trinchera institucional desde el 2016 y que, desde el año pasado, fue nombrado por Estados Unidos como única institución legítima, ardid a partir del cual designaron a Juan Guaidó como presidente encargado.

En segundo lugar, porque desde el mes de enero existe un nuevo presidente de la AN, Luis Parra, miembro del partido opositor Primero Justicia, que sesiona en las instalaciones del poder legislativo. Pero Guaidó y los diputados articulados alrededor de su bloque no han reconocido esa victoria y realizan sesiones en plazas públicas atribuyéndose la verdadera presidencia legislativa.

En tercer lugar, esa misma división en filas opositoras responde no solamente a disputas por negocios y corrupción como se han acusado mutuamente, sino justamente a la estrategia ante las próximas elecciones. La AN presidida por Parra, así como la oposición nucleada en la denominada Mesa Nacional de Diálogo, trabaja hacia el escenario de las legislativas, mientras que el sector de Guaidó sostiene que las próximas elecciones deben ser las presidenciales.

La oposición que participará de las legislativas era minoritaria hasta el año pasado. Pero, desde septiembre hasta la fecha ha tomado fuerza, sumado dirigentes, partidos, y el efecto se ha invertido: Guaidó, que responde al plan trazado desde Washington, luce ahora en minoría.

Existe un punto central transversal a este debate: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta semana fue reactivada una comisión integrada por diputados del chavismo, de la AN presidida por Parra y diputados nucleados alrededor de Guaidó, para trabajar sobre la conformación del nuevo poder electoral.

Pero, mientras los diputados del chavismo y de la oposición alejada de Guaidó afirman que el nuevo CNE será para elecciones legislativas, Guaidó mantiene que, aunque sea parte de la comisión para el nuevo poder electoral, sólo participará de presidenciales.

Esa misma posición tiene su correlato internacional. El Grupo de Lima, por ejemplo, se reunió el día jueves en Canadá y expuso en la declaración final que “las parlamentarias solas son un problema y que lo necesario en este momento son unas elecciones presidenciales libres”.

Esa posición sigue la política norteamericana que sostiene que además de una elección presidencial, es necesario que sea sin Maduro en la presidencia. Es lo que, traducido en Venezuela, Guaidó afirma semanalmente desde hace más de un año: el cese de la usurpación, seguido de un gobierno de transición y elecciones libres, es decir la fórmula que sí resultó en Bolivia con el golpe de Estado.

Mientras el debate electoral avanza hacia un posible CNE y fecha de contienda, la estrategia norteamericana es agudizar el bloqueo contra la economía venezolana. El Departamento del Tesoro sancionó esta semana a la empresa petrolera rusa Rosneft Trading S.A, filial de Rosneft Oil, una acción que se suma al ataque a la empresa estatal de aviación Conviasa, anunciada pocas semanas atrás.

El objetivo de Estados Unidos es cercar la economía, impedir el funcionamiento de sus áreas vitales como la industria petrolera, la venta de oro, o el acceso a los sistemas financieros. Esa presión, junto con operaciones encubiertas y promesas de salvación a quienes traicionen, busca forzar al gobierno a ceder o lograr un quiebre interno.

El plan norteamericano no ha dado ese resultado y, en vez de contar con un respaldo mayoritario en Venezuela, ha ampliado rechazos tanto en la sociedad como en sectores de la dirigencia opositora política y económica. Quienes se oponen la política de asfixia son quienes a su vez se presentarán a las elecciones legislativas.

Quedan días, semanas y meses de negociación. El plan del chavismo y del sector con quien se dialoga es lograr traccionar a la mayor cantidad de fuerzas opositoras para darle mayor legitimidad a la contienda.

El desafío de Guaidó es el de frenar esa emigración política, para lo cual necesita poder ofrecer un plan que no sea únicamente asfixiar la economía, que brinde resultados concretos. Una vez más, quien podría tener la capacidad para hacerlo, no será él, sino el poder norteamericano, lo que dependerá de una superposición de cálculos electorales y geopolíticos. 

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Las manos visibles del capitalismo echan un pulso por el control del 5G

El fracaso de la estrategia punitiva de Trump con China podría llevar a Estados Unidos a buscar alianzas puntuales entre sus empresas y otros gigantes europeos.

 

Como sabemos por la publicidad de operadores móviles y grandes superficies, el 5G ya está aquí. ¿Pero en qué consiste esta tecnología? A nivel técnico, el término 5G hace referencia a la quinta generación de redes sin cable que, supuestamente, tendrá 100 veces mayor velocidad que las actuales redes 4G. Su despliegue total requerirá nuevas torres de emisión y baterías para los dispositivos móviles.

No hay muchas empresas en el mundo que puedan comprometerse a construir las infraestructuras necesarias. De este pequeño número, la líder en la mayoría de países es la china Huawei. Esto es porque su tecnología está ya presente en redes de generaciones anteriores. Así, Huawei es el contratista más fiable para implementar el 5G a ojos de muchos gobiernos.

En Washington no lo ven tan claro. Las primarias demócratas se están caracterizando por los esfuerzos de los candidatos para distanciarse de Trump. Pero, en el asunto 5G, todos respaldan al presidente. Tanto la portavoz demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como la administración Trump, coinciden en la peligrosa “sinificación” de la tecnología 5G y de futuros sistemas en la nube. El establishment norteamericano considera que construir sistemas informáticos clave sobre infraestructura china, ya sea para agencias públicas o empresas privadas, puede ser un riesgo para la seguridad nacional de los países de la OTAN

Así, los estadounidenses han tomado medidas sin precedentes contra Huawei, arrestando a su director financiero, acusándolos de robo de propiedad intelectual y en general difundiendo noticias sobre sus supuestas relaciones con Corea del Norte y otros regímenes autoritarios

Todo ello, a pesar del impacto de las sanciones sobre empresas autóctonas, como Apple. De hecho, dentro de la administración Trump, comercio (que promueve mayores sanciones) y defensa (dependiente de la tecnología china) pugnan por llegar a un acuerdo en el grado asumible de sanciones que se pueden imponer a China.

En el exterior, la ofensiva Trump se ha caracterizado desde el inicio por su campaña para reordenar las cadenas de valor global. Todas estas negociaciones comerciales se han producido de manera progresiva y relativamente informal; el reverso de la preferencia de Obama por grandes cumbres multilaterales y tratados como el TTIP. Al principio de su mandato, algunas voces en Wall Street y el mundo empresarial mostraron preocupación cuando el presidente Trump comenzó por centrar su atención en la Unión Europea. Los países exportadores del norte del continente dependen del mercado estadounidense, particularmente en el sector del automóvil.

Sin embargo, el foco estadounidense se redirige ahora a las incursiones de Huawei en el Viejo Continente. Paradójicamente, el primer golpe ha venido del “amigo especial” de Donald Trump, Boris Johnson.

A finales de enero de 2020, el Consejo de Seguridad de Reino Unido (presidido por Johnson y otros altos funcionarios) decidió aceptar a Huawei como suministrador de redes 5G en Gran Bretaña. Al mismo tiempo, se le aplicaron condiciones especiales de seguridad. Entre otras, se le prohibió superar el 35% de cuota de mercado, u operar en infraestructuras vitales como instalaciones nucleares. Esto se considera suficiente para prevenir posibles injerencias chinas. La decisión británica fue seguida por la de la Unión Europea, que ha permitido a sus miembros decidir unilateralmente su futura relación con Huawei.

Inmediatamente, la administración Trump reaccionó con furia, amenazando con medidas punitivas contra aquellos que permitan la entrada del gigante chino. Estados Unidos también ha sugerido excluir de inteligencia vital al gobierno de coalición español si no prioriza los servicios de las europeas Ericsson o Nokia; o de la surcoreana Samsung. Sin embargo, ninguna de las tres alternativas tiene presencia suficiente en redes 3G y 4G españolas, italianas, francesas o británicas como para generar confianza a los gobiernos y operadoras de telecomunicaciones del continente.

Solo Australia y Japón, actores importantes en la contención de China en el Pacífico, han sucumbido a la presión y roto sus relaciones con la empresa china.

Para las autoridades en Bruselas, es irónico que el Presidente Trump busque la aquiescencia europea en el asunto Huawei mientras que sigue presionando por lo que considera normas europeas “injustas” en sectores como la agricultura o el automóvil

El fracaso de la estrategia punitiva podría llevar a los estadounidenses a buscar alianzas puntuales entre sus empresas y otros gigantes europeos, priorizando la zanahoria en lugar del palo.

Trump, como individuo, tiene una concepción de la política basada en su experiencia como heredero y magnate de los negocios. Su gestión del conflicto comercial con China se ha caracterizado por el énfasis en conseguir “el mejor trato posible”, como si se tratase de un intercambio inmobiliario. Incluso antes de la crisis del coronavirus, el presidente y su entorno concebían la relativa desaceleración industrial china como un síntoma de debilidad. Efectivamente, parecía el momento perfecto para lanzar un ataque agresivo.

Pero el poco entusiasmo que su visión genera en sus supuestos aliados constata la pérdida de hegemonía de los EE UU.

LA FALSA GUERRA COMERCIAL Y EL VERDADERO PROBLEMA DEL CAPITALISMO DIGITAL

La nueva directora del FMI, Kristalina Georgieva, lamentaba a principios de este año esta “guerra comercial” y sus efectos sobre la estabilidad de la economía mundial. Bajo los principios del Consenso de Washington, desarrollados durante los años 80 y 90, los aranceles o las sanciones de cualquier tipo son siempre negativas para el desarrollo económico.

Desde lo que llamaríamos “liberalismo vulgar”, además, sería hipócrita restringir a Huawei cuando técnicamente es un competidor más en un mercado global. Atendiendo a la reacción del establishment estadounidense, da la impresión que lo más flagrante es que una empresa de un país nominalmente comunista haya logrado competir y ganar a las empresas de los países capitalistas. Sería una suerte de “momento Sputnik” 2.0, cuando el liderazgo estadounidense de la postguerra se puso en jaque tras el lanzamiento del primer satélite artificial por parte de los soviéticos.

La lucha por el 5G, sin embargo, es mucho más que un momento Sputnik o una simple guerra comercial. Es obvio que, en paralelo al conflicto Huawei, existen una multitud de frentes en otros ámbitos. Tensiones marítimas en el Pacífico, restricciones a estudiantes chinos en Estados Unidos, capital chino adquiriendo infraestructuras en Europa… Hasta el testigo menos versado en política internacional puede advertir rápidamente que este asunto no es meramente un asunto de negocios.

De hecho, algunos economistas discrepan del apelativo “guerra comercial” para describir esta intensificada discusión sobre aranceles, subsidios y barreras. Desde un punto de vista pragmático, todos los países del mundo de facto intervienen de una manera u otra en el comercio global de siglo mercancías. Prueba de ello es que el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio es una de las entidades internacionales con mayor actividad.

En efecto, la acusación de que Huawei ha alcanzado su liderazgo por el apoyo estatal chino es simplemente la constatación de una obviedad. Desde el cambio de, la estrategia industrial de inversión público-privada china se ha esforzado por penetrar en las cadenas de valor de hardware y software; mientras que Occidente ha preferido centrarse en el mayor valor añadido del software (con la notable excepción de Apple). Sin embargo, las agencias estatales de los EEUU tampoco se han atado las manos en el asunto de las 5G. Como criticaba el campeón del libre comercio The Economist, Trump por ejemplo bloqueó la adquisición de Qualcomm (fabricante de chips 5G) por una empresa de Singapur. Paradójicamente, la misma Qualcomm ha sido acusada en varias ocasiones de prácticas monopolistas en el mercado estadounidense. 

En cualquier caso, está ampliamente documentado por economistas como Mariana Mazzucato o Robyn Klingler-Vidra que la revolución digital ha sido el resultado de décadas de inversiones estatales e intervencionismo público.

El siglo XX, el siglo del auge estadounidense, habría sido imposible sin una multitud de avances desde la cadena de montaje hasta los contenedores de transporte. Por el camino, sin embargo, los Estados occidentales han olvidado su rol de “emprendedor”. Líderes como Reagan, Thatcher, y sus sucesores han preferido ceder más espacio a las finanzas. Los fondos de inversión deciden dónde conviene dirigir el capital que producimos colectivamente con nuestro trabajo, o que los grandes rentistas extraen a través de alquileres o intereses. El Estado Chino y el Partido Comunista que lo dirige han preferido ignorar estas doctrinas neoliberales. Han emulado a los estados desarrollistas del occidente previo al desmantelamiento del consenso keynesiano, y participado selectivamente en la globalización. Hoy, aun con las enormes desigualdades y crisis puntuales como la del coronavirus, han demostrado el potencial de la política industrial a un Norte Global que todavía cree que la solución a todo es “más mercado”.

Al mismo tiempo, nadie debería ver espejismos progresistas en la gran estrategia china. A finales del siglo pasado, los pensadores del llamado “sistema-mundo”, como Wallerstein y Arrighi, supieron combinar la mirada doble al régimen económico y al geopolítico. Como Adam Smith, Polanyi y, por supuesto, Marx, entendieron la relación pendular del desarrollo tecnológico, la desigualdad entre naciones y los grandes conflictos.

El antiguo imperio está recuperando su viejo lugar en el mundo y ya no recurre al lenguaje maoísta de solidaridad entre países oprimidos. Más bien al contrario, empresas como Baidu o Alibaba emulan a Google, Facebook y Amazon en sus intentos por penetrar mercados Norte y Sur y sustituir a los Estados Unidos en sus esferas de debilidad. Los sistemas de penalización social digital y otras medidas de vigilancia auguran el surgimiento de nuevos Estados-plataforma, en que las tecnológicas aumenten sus usuarios y tasas de beneficio siempre y cuando colaboren con las autoridades para modelar la conducta de los ciudadanos. De nuevo, el teorema liberal de la competición como solución a la cartelización tecnológica es una proposición peligrosa. La competición, lejos de evitar la colonización de la vida, intensificará los intentos de las empresas como Huawei por ocupar los cuellos de botella que más datos gestionen, y por tanto más información factible de ser comercializada y aplicada ofrezca. La solución solo puede ser la democratización y colectivización de estos sistemas, como ya se hiciera con los grandes monopolios como el ferrocarril o el petróleo a comienzos del siglo pasado.

En cualquier caso, es patente que el capitalismo no ha logrado salir de su “estancamiento secular” desde la última gran crisis. Globalmente, reinan los bajos retornos de inversión y una contracción de los sectores productivos de la economía. En este contexto, albergar las empresas líder en la cadena de valor tecnológico como Huawei es un gran incentivo para gobiernos y sus apoyos en la gran empresa, por su alta tasa de retorno de capital.

Pero la carrera por asegurar el máximo número de usuarios posible esconde la privatización encubierta de la vida y los recursos comunes del modelo Silicon Valley. Desde un punto de vista sistémico, quizá no son los países los que están en “guerra comercial”; sino una nueva alianza entre el capital, las tecnológicas y los estados los que están en guerra contra la mayoría del planeta.

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2020-02-23 06:00

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La izquierda latinoamericana frente a Venezuela

Venezuela acabó por ser un peso político para las izquierdas, cada vez más y mejor aprovechado por las derechas para construir fantasmas de «venezuelización». Frente a un escenario en el que el proceso venezolano resulta cada vez más alejado de visiones emancipatorias, gran parte de las izquierdas carecieron de herramientas teórico-políticas para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo.

El 30 de enero de 2005, en el estadio Gigantinho de Porto Alegre, el presidente Hugo Chávez declaraba la necesidad del socialismo. Con su característica camisa roja, el líder venezolano dijo:

«Negar los derechos a los pueblos es el camino al salvajismo, el capitalismo es salvajismo. Yo cada día me convenzo más, [entre] capitalismo y socialismo… no tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo […] al capitalismo hay que transcenderlo por la vía del socialismo […].»

En estas declaraciones resonaba, lejanamente, aquella declaración del «carácter socialista» de la Revolución Cubana pronunciada por Fidel Castro en abril de 1961, en medio de fusiles y llamados a resistir la agresión imperialista. Venezuela no fue invadida, pero el chavismo extrajo una potente dosis de mística política de su victoria contra el golpe de Estado de 2002, apoyado por la oligarquía local y Estados Unidos, el paro patronal y la huelga en Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 2002-2003, que provocó un fuerte golpe a la economía.

Frente a Chávez no había milicianos sino militantes sociales agrupados en el Foro Social Mundial, una articulación de partidos de izquierda y movimientos sociales movilizada contra la «mundialización del capital» y en favor de un cambio en las relaciones de fuerza a escala global. En este nuevo escenario post-socialismo real, el presidente bolivariano anunció, y enfatizó, que la nueva transición al socialismo debía ocurrir «¡En democracia!». Pero acto seguido aclaró: «Ojo pelao y oído al tambor: ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia que míster Superman [por G. W. Bush] quiere imponernos desde Washington, no, esa no es la democracia». Y ahí subyace uno de los problemas neurálgicos del chavismo en sus dos décadas de hegemonía sobre la política venezolana. Si esa «no es» la democracia, ¿con qué tipo de democracia «superar» la democracia liberal? Y, en segundo lugar: además de la democracia, ¿qué diferenciaría a este «socialismo del siglo XXI» de las experiencias del socialismo real y las «democracias populares» del siglo XX en la Unión Soviética, el este de Europa, Asia y Cuba?

Se trataba entonces del momento épico de una «marea rosada» que se estaba completando. Ya estaban en el poder Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, y estaban por llegar Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, el enigmático Manuel Zelaya y, dos años más tarde, el más polémico Daniel Ortega. Venezuela parecía ocupar entonces el lugar de una suerte de «núcleo radical» alrededor del cual se iban ubicando regímenes nacional-populares o de izquierda democrática, más moderados y/o más novatos, que daban forma al inédito giro a la izquierda continental.

No obstante, el «socialismo del siglo XXI», que en sus comienzos contenía la promesa de una renovación de la izquierda que permitiera dejar atrás la historia del socialismo real, terminó por mostrar sus límites infranqueables. Lo que aparecía como una locomotora (la Revolución Bolivariana) para jalar a las fuerzas transformadoras latinoamericanas se fue transformando en un sistema crecientemente ineficiente y poco pluralista, y las semillas militaristas que contenía desde el comienzo terminaron por capturar el proceso político iniciado con el triunfo electoral de fines de 1998. En ese marco, Venezuela acabó por ser un peso político para las izquierdas continentales, cada vez más y mejor aprovechado por la derecha para construir fantasmas de «venezuelización» en cada país donde las fuerzas progresistas tienen posibilidades de triunfo. Como escribió el economista Manuel Sutherland: «En este infausto panorama, Venezuela constituye el mejor ‘argumento’ para las derechas más retrógradas. En cualquier ámbito mediático, aprovechan la situación para asustar a sus compatriotas con preguntas como: ‘¿Quieren socialismo? ¡Vayan a Venezuela y miren la miseria!’. ‘¿Anhelan un cambio? ¡Miren cómo otra revolución destruye un país próspero!’. Sesudos analistas aseveran que las políticas socialistas arruinaron el país y que la solución es una reversión ultraliberal de la revolución».

Frente a esta situación, las izquierdas carecieron de herramientas teórico-políticas para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, especialmente la izquierda congregada en el Foro de San Pablo. En el caso del Frente Amplio de Uruguay, existen visiones cada vez más críticas; en el Partido de los Trabajadores de Brasil, la detención de Lula da Silva y la llegada de la extrema derecha al poder parecen haber provocado un repliegue hacia posiciones más defensivas, lo que incluye la cuestión venezolana. En el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, el discurso es poco permeable a un balance crítico. Y aunque Bolivia estaba lejos de ser Venezuela, Evo Morales compartía algunas visiones no pluralistas del poder que lo llevaron a buscar la reelección una y otra vez, lo que a la postre desencadenó una crisis política y una ola de protestas que a su vez dieron lugar a un golpe de Estado policial-militar y a un giro conservador y un represivo gobierno dirigido por la senadora Jeanine Añez, quien entró en el Palacio con una enorme Biblia entre manos.

Mucho de lo que había hecho de Venezuela un modelo atractivo era profundamente contradictorio desde sus orígenes. El proceso venezolano combinó formas diversas de empoderamiento popular con el liderazgo ultracarismático de Chávez; redistribución de la renta petrolera con mecanismos de saqueo de los recursos estatales por parte de camarillas burocrático-militares que feudalizaron el Estado; democracia comunal «por abajo» con formas pretorianas y autoritarias «por arriba»; imaginación para impulsar proyectos posrentistas con absoluta incapacidad para llevarlos adelante; reforzamiento del rol del Estado con incapacidad de gestión pública. Y, desde la muerte de Chávez en 2013, un declive económico que condujo a una caída del PIB de más de 50% durante la gestión de Nicolás Maduro y una inflación de 130.000% en 2018 –según datos oficiales finalmente emitidos tras un largo silencio informativo oficial–.

Las izquierdas latinoamericanas leyeron –y aún leen– Venezuela a partir de los imaginarios del «cerco» construidos en relación con Cuba desde los años 60. De esta forma, el «socialismo petrolero» venezolano –tal como lo denominó el propio Chávez en 2007– es exculpado de manera regular por el retroceso al que está llevando a la sociedad venezolana. Predomina en estas visiones el antiliberalismo fuertemente afincado en las izquierdas regionales y que tiende a minimizar los problemas democráticos, en el marco de lo que en Francia denominan «campismo»: la sobredeterminación de las variables geopolíticas en el análisis de cualquier realidad nacional.

Así, el antiimperialismo se desacopla de su dimensión emancipatoria para asumir una dimensión justificatoria –e incluso celebratoria– de diversos regímenes supuestamente enemigos del Imperio (la popularidad de Muamar Kadafi en algunos sectores de las izquierdas continentales es un buen ejemplo de ello). La narrativa sobre el «poder popular» –a menudo abstracta– se vuelve una forma de encubrir los déficits democráticos y, más aún, las (abundantes) violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado. De este modo, el «silencio Cuba», al decir de Claudia Hilb, de muchas izquierdas latinoamericanas –y de más allá también– devino en un «silencio Venezuela», que no significó, como tampoco ocurrió en el caso de la isla, no hablar de Venezuela, sino evitar enfrentar los problemas, desechando los datos empíricos y apelando de manera mecánica a las «agresiones imperiales» como única variable explicativa, tras años de hacerlo del mismo modo con la hoy pasada de moda «guerra económica».

Existen diversas correas de transmisión del discurso oficial venezolano hacia el resto de la región. Además de medios como Telesur, durante años la Revolución Bolivariana, al igual que en su momento la cubana, organiza diversos eventos de solidaridad, que sirvieron para organizar a una masa intelectual disponible para diversos tipos de pronunciamientos «solidarios», más o menos automáticos. Algunos han sido más organizados, e incluso apéndices de las embajadas, y otros menos, pero en general se fue construyendo un discurso sobre Venezuela que congeló la foto del golpe de 2002 y es incapaz de ver las aporías del bolivarianismo y los desplazamientos en la coyuntura política.

Hoy es imposible, por ejemplo, pensar el clivaje que atraviesa el país como un enfrentamiento «transparente» entre la izquierda y la derecha, o el pueblo y la oligarquía. En gran parte de las izquierdas regionales, se subestima la profundidad y la multidimensionalidad de la crisis, así como la degradación –política y moral– de la elite cívico-militar bolivariana. La «gente común» puede ser sacrificada sin problemas en el altar antiimperialista y funcionan eficazmente latiguillos como «la oposición es peor», «el problema son las sanciones estadounidenses», etc. Junto con ello, se minimizan los ataques al Estado de derecho y a la propia institucionalidad nacida de la Constitución bolivariana de 1999: la Asamblea Nacional Constituyente actúa como un poder supraconstitional y sin contrapesos, un poder de facto que no se concentró en redactar una Constitución sino en legitimar cualquier medida del gobierno sin necesidad de enmarcarse en una república constitucional.

Esto no significa, sin duda, que no existan agresiones e injerencias imperiales. Ni que los neocons que rodean a Donald Trump, como Elliot Abrams o John Bolton (quien finalmente terminó distanciado del presidente), no sean peligrosos. Pero precisamente esto ilumina otra cuestión: el discurso antiimperialista latinoamericano tiene como contrapartida un débil interés por estudiar el «Imperio» realmente existente, sus dinámicas políticas, sus (in)consistencias y sus intereses geoestratégicos concretos. Tampoco se trata de negar que en la oposición haya sectores financiados por Estados Unidos, halcones anticomunistas estilo Guerra Fría, antipopulistas racistas y elitistas retrógrados. Ni tampoco apelar al ni-nismo: «ni con Maduro ni con el Imperio». Sino, por el contrario, se trata de pensar la realidad venezolana en una doble clave: antiimperialista y democrática, sin sacrificar ninguno de los términos de la ecuación. La pregunta es sencilla: incluso si Maduro sale airoso de esta última batalla contra el «presidente encargado» Juan Guaidó, ¿qué tipo de futuro se puede esperar para Venezuela? ¿Qué energías vitales tiene la Revolución Bolivariana para encarnar los «nuevos comienzos» que Maduro promete una y otra vez para enfrentar la degradación societal que vive el país? El último nuevo comienzo es la dolarización informal de la economía.

Sin una izquierda más activa y creativa respecto de Venezuela, la iniciativa regional fue quedando, sin contrapesos, en manos de las derechas del continente. En la última reunión del Foro de San Pablo en La Habana, la secretaria ejecutiva, Mónica Valente, dijo que el vigésimocuarto encuentro de este espacio que reúne a gran parte de las izquierdas de la región «puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín». No se refería específicamente a Venezuela, sino al «giro a la derecha» latinoamericano. Pero si se puede hablar de un Muro de Berlín regional, este se vincula de manera directa a la implosión de la Revolución Bolivariana –precisamente en el primer país que se declaró socialista después de 1989–. Por este solo hecho, el balance de esta experiencia es indispensable para cualquier renovación política y teórica de las izquierdas latinoamericanas.

Esta es una tarea importante, aunque las victorias de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina hayan matizado la idea de un giro a la derecha tout court en la región.

Por Pablo Stefanoni | 22/02/2020 

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Julian Assange reveló que Trump le ofreció indultarlo si lo desvinculaba de la "trama rusa"

Julian Assange denunció que el presidente norteamericano Donald Trump le ofreció un indulto si negaba la denominada “trama rusa” en las elecciones presidenciales de 2016. La revelación vuelve a poner en la mira al titular de la Casa Blanca, quien hace semanas salió airoso de un juicio político por maniobras de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

La denuncia fue hecha ayer por los abogados del creador de Wikileaks, quien hace cuatro años año publicó una serie de documentos secretos que revelaron que hackers rusos habían pirateado varios correos electrónicos de dirigentes demócratas con el objetivo de desacreditar a la entonces candidata presidencial Hillary Clinton.

Trump fue vinculado a esa maniobra que luego fue confirmada por los servicios de inteligencia estadounidenses y que le valió a Washington la acusación por un affaire del que el gobierno de Vladimir Putin salió a despegarse.

Lo que Assange denunció ayer fue que Trump le ofreció “un indulto u otra salida” a su situación judicial -por la que podría ser extraditado y condenado a 175 años de prisión- si decía que Rusia no estaba implicada en esa filtración de correos.

Durante una comparencia ante el tribunal británico que resolverá si se lo envía o no a Estados Unidos, Assange aseguró ayer por video conferencia que tiene documentación que probaría que la oferta de Trump le llegó a su abogada Jennifer Robinson a través del congresista republicano estadounidense Dana Rohrabacher.

El documento afirma que el legislador "fue a ver a Assange y le dijo, siguiendo instrucciones del presidente, que le proponía un indulto u otra salida, si Assange (...) decía que Rusia no tenía nada que ver con las filtraciones del Partido Demócrata". El juez lo aceptó como prueba.

Luego de esta revelación, el congresista salió a hablar: "Cuando hablé con Julian Assange le dije que si podía darme pruebas sobre quién le había dado realmente los correos electrónicos del Partido Demócrata, entonces llamaría al presidente Trump para que lo indultara", afirmó en su página web.

Inmediatamente, la Casa Blanca negó ese hecho y prácticamente desconoció a Rohrabacher. "El presidente (Trump) apenas conoce a Dana Rohrabacher, excepto que es un excongresista. Nunca habló con él sobre este tema y prácticamente sobre ningún otro asunto. Es una pura invención y una mentira absoluta", denunció la vocera Stephanie Grisham, en un comunicado.

Assange está detenido en Belmarsh, en el sur de Londres, desde su detención en abril de 2019, cuando el presidente ecuatoriano Lenin Moreno le quitó el asilo por el cual se mantuvo protegido en la embajada de Ecuador en Londres.

Washington solicita su extradición por una filtración de 250 mil mensajes diplomáticos y alrededor de 500 mil documentos confidenciales hecha en 2010, sobre las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

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Domingo, 16 Febrero 2020 06:10

Occidente en el diván

Policías alemanes vigilan las inmediaciones del Bayerischer Hof, el hotel donde se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich. Jens Meyer AP

Líderes mundiales advierten en la Conferencia de Seguridad de Múnich de la erosión del orden occidental, amenazado desde dentro y desde fuera

Un mundo más peligroso, con un Occidente ensimismado en su propia crisis de identidad y desgarrado por las tensiones internas y las amenazas externas. “El mundo se ha vuelto menos occidental”. Las palabras elegidas por el embajador Wolfgang Ischinger para inaugurar la Conferencia de Seguridad de Múnich marcaron el tono de un ejercicio de introspección política colectiva poco esperanzador. Decenas de mandatarios de todo el mundo se dieron cita en la capital bávara en busca de respuestas al retraimiento occidental y a la cesión en el escenario global a otros actores. El tono de la conferencia ha sido este año irremediablemente sombrío.

“El futuro de Oriente Próximo ya no se decide en Ginebra o en Nueva York. Se decide en Sochi o en Astana”, constató el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas. Apenas un síntoma, un ejemplo de los males que se enumeraron una y otra vez el viernes en Múnich: el repliegue nacionalista, el unilateralismo, las libertades cercenadas y la democracia amenazada. Son procesos, dijeron los participantes, que avanzan fuera y dentro de una Europa crecientemente dividida.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, contribuyó al desaliento colectivo al considerar que “la gente está perdiendo la fe en sus mandatarios”, que “el proteccionismo crece y el comercio se ha convertido en un arma de guerra” y que “las ansiedades políticas se convierten en turbulencias”. Una comunidad internacional menos cohesionada debe hacer frente a la proliferación de amenazas globales, con la crisis climática y transfronteriza a la cabeza, en un contexto en el que gana terreno la idea fuerza de la Administración estadounidense del interés nacional en su acepción más raquítica como motor único.

La conferencia inaugural corrió a cargo del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien habló de la propagación del discurso del odio en Alemania, pero también en el resto del mundo, y de una erosión del orden internacional en los últimos dos años. “Tenemos que pelear por nuestras sociedades abiertas […] las grandes potencias ya no actúan como garantes de la ley y el orden”. Steinmeier advirtió de que “la comunidad internacional no se puede dar por sentada".

La debilidad de las relaciones trasatlánticas, con un aliado estadounidense que abdica de su rol tradicional, según los participantes en Múnich es la gran fractura que debilita a Occidente. “El cambio real no es el auge chino, sino que Estados Unidos ha dejado de ser el policía global”, interpretó Maas, quien puso de ejemplo los conflictos en Siria, Afganistán o África. Ese vacío, continuó, lo ocupan ahora “Rusia, Turquía e Irán con principios y valores diferentes”, añadió.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, la demócrata Nancy Pelosi, pidió desde el escenario “ser beligerante con las fuerzas autocráticas”. Hizo causa común con el presidente Donald Trump, al acusar a China de “exportar su autocracia digital a través de Huawei”. “Tener un 5G dominado por una autocracia es la forma más insidiosa de agresión”, consideró Pelosi.

Dependencia tecnológica

El gigante tecnológico chino, al que EE UU acusa de robar secretos comerciales, y su participación en las redes de comunicación extranjeras fue uno de los protagonistas, cuando arrecia en las capitales europeas, y sobre todo en Alemania, el debate sobre cómo proteger las infraestructuras estratégicas. “¿Está la competencia ideológica siendo reemplazada por la competencia por la dependencia tecnológica?”, se preguntó Ivan Krastev, el brillante politólogo búlgaro, autor de La luz que se apaga.

“Hay una guerra fría entre China y Estados Unidos y los europeos tenemos que decidir dónde queremos estar”, sostuvo en el bar del Bayerischer Hof, el hotel donde se celebra la conferencia, el historiador Timothy Garton Ash. “Es una cuestión de soberanía digital”, indicó a este diario Norbert Röttgen, presidente de la comisión de Exteriores del Bundestag. Röttgen cree que el desarrollo de infraestructuras digitales podría convertirse en una oportunidad para desarrollar proyectos transatlánticos conjuntos y demostrar que la cooperación es posible.

China fue el gran elefante en la habitación, pero a la vez, ejerció de constatación y ejemplo máximo del cambio de los tiempos y de que ahí fuera hay una modernidad alternativa. Lo dijo Sebastian Kurz, el canciller austriaco conservador. “Lo que ha cambiado es que vemos que hay otros sistemas que pueden ser exitosos económicamente. China ha construido un hospital en diez días”, recordó.

Por eso, Wolfgang Schäuble, el presidente del Bundestag alemán, advirtió de que la erosión de los valores occidentales es solo una de las caras de la moneda. La otra tiene que ver con “la competencia económica”. Las libertades, dijo, deben ir acompañadas de “mercados eficientes y con crecimiento”. La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, participó en un debate sobre el futuro del comercio internacional, donde defendió la cooperación para gestionar la interdependencia.

En Múnich hubo autocrítica, declaraciones de intenciones y promesas, pero por momentos la cita sonaba a una cámara de eco. Los participantes hablaban de tender puentes a los que piensan diferente, de un Occidente más diverso, de la necesidad de un diálogo profundo con los otros. El problema es que esas otras voces apenas se escucharon el viernes en Múnich, donde el mensaje monocorde corría el riesgo de ejercer de profecía autocumplida.

Ante tanto pesisismo, Krastev fue el encargado de arrojar algo de luz al final del túnel. Habló de la resiliencia de los sistemas democráticos, que se resisten a morir –“miren a Hong, Hong”, dijo–. Y habló también de cómo en el Este de Europa hay cada vez más líderes liberales, como reacción a las corrientes nacionalistas. “El nacionalismo es una vacuna”, se consoló. “Ahora hablamos y nos tomamos más en serio la democracia que hace cinco años”.

Por Ana Carbajosa

Múnich 14 FEB 2020 - 15:50 COT

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A su regreso, Guaidó fue recibido con gritos de "fuera" y "vendepatria".    ________________________________________ Imagen: AFP

Juan Guaidó regresó a Venezuela luego de su gira por Europa y Estados Unidos (EEUU). Ingresó por el aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, a media hora de Caracas. Su llegada fue anunciada en la mañana y el recibimiento por parte de la oposición fue pequeño.

En el hall del aeropuerto lo esperaron más chavistas para gritarle “fuera” y “vendepatria” que sus propios seguidores. Entre quienes rechazaban su presencia estaban trabajadores de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana sancionada recientemente por el gobierno norteamericano como parte del bloqueo económico.

Guaidó, como se esperaba, no tuvo inconveniente para entrar por el aeropuerto internacional, tal como había sucedido el año pasado, luego de su salida vía Colombia organizado a través del gobierno colombiano y el grupo paramilitar Los Rastrojos. Ingresó nuevamente por los canales regulares migratorios.

El autoproclamado llegó con la narrativa en alto luego de su viaje internacional que abarcó Colombia, varios países de Europa, Canadá y EEUU. Fue en la última escala, en particular en Washington, donde logró las fotografías más esperadas por la oposición golpista: el aplauso bipartidista en el discurso del estado de la unión en el Congreso, y la reunión con el presidente Donald Trump.

Al salir del aeropuerto se dirigió al municipio Chacao, en Caracas, uno de las principales zonas opositoras de la ciudad, para llevar adelante un acto. La asistencia al acto fue pequeña y volvió a evidenciar la distancia entre su construcción mediática y diplomática sostenida por los resortes de poder norteamericano, y la realidad dentro del país.

Guaidó mostró su incapacidad para lograr adhesiones masivas -o medianas- a pesar de su discurso ultimatista y triunfalista: carga con el peso de los errores políticos, los casos de corrupción, las desilusiones y hastíos, que no son patrimonio suyo sino del conjunto de la oposición.

Durante el acto anunció que habrá nuevas medidas de presión, pero sin especificar cuales serán: “hay cosas que tenemos que decir en su momento (…) los mecanismos de presión solo van a aumentar, por polémicos que sean”, afirmó.

También realizó un llamado de unidad a los diferentes sectores de oposición, un pedido central en un escenario donde se han multiplicado las fracturas entre partidos, al interior de los partidos, y, sobre todo, en cuanto a la hoja de ruta a seguir, donde un sector creciente opositor ya no lo reconoce como presidente encargado ni como liderazgo.

Los próximos días serán importantes para la estrategia Guaidó, donde el objetivo será conectar lo internacional con lo nacional, generar un escenario de movilizaciones, algo que no ha logrado desde hace casi un año, y se ha agravado con la perdida de la presidencia de la Asamblea Nacional a principios de enero.

Fue, en gran parte por esa derrota legislativa, que Estados Unidos creó la agenda internacional de Guaidó con el objetivo de relegitimarlo e indicarle a ese sector de la oposición cuáles serán los próximos pasos a dar para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro o, en caso de no lograrlo, cambiar la actual correlación de fuerzas.

Mientras tanto avanzan los debates entre el gobierno, sectores de la oposición cada vez más amplios, con respaldo internacional como el de Rusia, manifestado a través de la visita del canciller Serguei Lavrov, para llevar adelante las elecciones a la Asamblea Nacional que tendrán lugar este año.

Aún no se sabe cuándo será la contienda y, antes de eso, debería tener lugar la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. EEUU ya anunció que no reconocerá esa elección y buscará escalar las presiones para lograr el derrocamiento del gobierno de Maduro.

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Brexit: las consecuencias económicas y financieras

Reino Unido ha abandonado definitivamente la Unión Europea. El referéndum del 23 de junio de 2016 ha llegado a su culminación. Los ciudadanos de Reino Unido ya no son ciudadanos de la Unión Europea (UE). Es un acontecimiento de gran importancia tanto para el proyecto de una Europa democrática como para Reino Unido. Y las repercusiones se harán sentir en el mundo entero.

Por el momento, sin embargo, en la vida cotidiana los ciudadanos de Reino Unido no van a experimentar grandes cambios. Eso se debe a que ahora se ha abierto un periodo de transición de 11 meses para negociar los términos de la relación que mantendrán en el futuro Reino Unido y la UE. Es decir, hasta diciembre de este año Reino Unido permanecerá en el mercado integrado y la unión aduanera de la UE. Mercancías y capitales, así como personas, seguirán circulando libremente dentro de la UE y de Reino Unido, tal como sucedía anteriormente. Transcurrido este plazo el nuevo paisaje dependerá de las negociaciones entre la Comisión de la UE (con sede en Bruselas) y Londres dentro del periodo de transición.

Las posturas de ambas partes para estas negociaciones se darán a conocer esta semana. El tema más urgente es el de las relaciones comerciales, y tanto para Bruselas como para Londres lo que se busca es un acuerdo comercial con cero cuotas y sin aumentos de aranceles a lo largo de toda la nomenclatura arancelaria. Pero aquí es donde comienzan las complicaciones. La Unión Europea no estará dispuesta a regalar a Reino Unido todas las ventajas de un acuerdo comercial reservadas para sus miembros. Además, la Comisión Europea, en Bruselas, buscará hacer las cosas difíciles a Londres para dejar bien claro a cualquier otro miembro de la Unión que la salida es muy costosa. Ese mensaje puede estar particularmente dirigido a países como Grecia.

Bruselas buscará un acuerdo comercial en el que Londres se comprometa a no socavar las normas sociales y ambientales para competir con la UE sobre bases desiguales. El primer ministro, Boris Johnson, ha manifestado que no piensa constreñirse por las reglas de Bruselas, lo que anuncia una confrontación con los halcones de la Comisión Europea. De no llegar a un acuerdo, el comercio entre Reino Unido y la UE tendrá que regirse por las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio. Para muchos rubros eso se traducirá en un aumento no despreciable de aranceles.

Otros temas delicados incluyen el acceso de la flota pesquera de la UE a las aguas de la zona económica exclusiva de Reino Unido. Los temas de seguridad, política exterior e intercambios escolares también pueden hacerse muy complicados. Pero, sin duda, el más problemático está en el capítulo de los servicios financieros, porque la integración financiera entre la City y la UE es muy profunda.

Un informe encargado por la City concluyó en 2016 que 23 por ciento de ingresos de la City provenían de actividades relacionadas con la UE. El estudio reveló que la mitad de esos ingresos se podría perder con la salida de la UE (véase Informe Wyman en www.oliverwyman.com). Junto con esos recursos desaparecerían hasta 32 mil empleos. Esas proyecciones no han cambiado mucho en análisis más recientes.

Los efectos del Brexit sobre la City ya se han comenzado a sentir. En las evaluaciones más recientes (septiembre 2019) la City descendió al segundo lugar, detrás de Nueva York, en el volumen de transacciones financieras, y Hong Kong está en tercer sitio. Pero, curiosamente, la incertidumbre que se había pronosticado desde hace tres años para el sector financiero no ha tenido los efectos anunciados.

Todo cambiará, porque la UE ya ha manifestado su oposición a incluir los servicios financieros en un acuerdo comercial con Reino Unido. Y es que la UE busca promover la mudanza de empresas y bancos de la City hacia otras capitales europeas. Eso contribuiría a erosionar las economías de escala que tiene la City y que le han permitido mantener su proyección global, sobre todo en el mercado de divisas. El Brexit va a transformar todo esto y llevar al desmembramiento de una parte de la red de servicios financieros que han hecho de la City un centro financiero global. La pérdida de economías de escala sería un golpe fuerte para los negocios y la rentabilidad de los operadores de la City, porque habría otros competidores que se beneficiarían. Las autoridades negociadoras de la UE esperan obtener algo de este proceso, que podría conducir a mudar parte del complejo de operaciones y servicios prestados por la City a otras capitales europeas. París y Fráncfort se han estado relamiendo los bigotes desde el día del referéndum.

La City, en Londres, tiene su propio estatuto jurídico en Reino Unido y las grandes aventuras imperiales fueron financiadas y aseguradas por esta entidad única en su género. Los nostálgicos de aquellas épocas se verán defraudados al darse cuenta que esos tiempos no volverán con el Brexit.

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Diálogo post Brexit: Johnson descartó un acuerdo de libre comercio con la UE  

A tres días de la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea , de los buenos deseos mutuos y las promesas de paz y cooperación, empezaron los ladridos. De cara a la negociación sobre el futuro de la relación bilateral, el primer ministro británico Boris Johnson fue enfático al decir que no habría alineamiento regulatorio con la Unión Europea cuando termine el actual período de transición el 31 de diciembre, ni libre acceso para la pesca europea en aguas británicas. 

"No hay ninguna necesidad para alcanzar un acuerdo de libre comercio que el Reino Unido acepte la política europea respecto a subsidios, competencia, la protección social o medioambiental. Tendremos nuestra propia regulación, igual o mejor que la europea", dijo Johnson.

Unos minutos antes, en una conferencia de prensa en Bruselas que terminó superpuesta con el comienzo del discurso de Johnson, el negociador europeo Michel Barnier reafirmó una posición diametralmente opuesta respecto a las reuniones que comenzarán el 3 de marzo. 

El jefe de negociadores europeos indicó que la igualdad de reglas para un futuro tratado de libre comercio estaba contemplada en la declaración política firmada por las dos partes, que esperaba que el Reino Unido respetara la tradicional pesca europea en aguas británicas y que el Peñón de Gibraltar, cuya devolución reclama España al Reino Unido, no formaría parte de las negociaciones.

La síntesis de ambas declaraciones es que el diálogo post-Brexit empezó a los gritos y con cara de perro. Suele suceder en la apertura de toda negociación comercial que las partes expresan su posición de máxima para que cualquier concesión sea valorada y debidamente reciprocada. En este caso el problema es que el principio nodal del diálogo es una dicotomía excluyente: alineamiento o divergencia regulatoria. 

La UE exige un alineamiento regulatorio dinámico que obligaría al Reino Unido a seguir el mismo esquema regulatorio a nivel laboral, social, medioambiental, de ayuda estatal y tributario, entre otros temas. La posición británica, delineada por Boris Johnson y anticipada el domingo por el canciller Dominique Raab, es que esto no va a suceder porque el Reino Unido quiere divergir de estas normas. Según el gobierno el Brexit – la separación de la UE - no tiene sentido si el Reino Unido no puede establecer sus propias reglas.

En juego están más de ocho mil productos de un intercambio que constituye la mitad del comercio británico global a nivel industrial y agrícola en una negociación que deberá también lidiar con la pesca y los servicios, en especial el sector financiero, tan central en la economía británica. Boris Johnson quiere un acuerdo que le dé pleno acceso al mercado europeo, pero que no le impida tener un marco regulatorio propio. 

La UE ha dejado en claro desde el referendo de 2016 que eso atentaría contra la unidad del mercado común europeo que se basa precisamente en que todos los miembros respetan las mismas reglas de juego: ¿qué precedente se daría si a un ex miembro se le permite exportar con los mismos derechos que a los miembros, pero con regulaciones más laxas?

Con estos puntos de partida, se dispara la posibilidad de un “hard Brexit”, es decir que el 31 de diciembre las dos partes lleguen a acuerdos sectoriales mínimos o directamente a ningún acuerdo y que los intercambios se rijan por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Termómetro habitual, la libra esterlina reaccionó al mediodía con una caída de un punto ante las declaraciones de Johnson y Barnier. ¿Hay posibilidades de salir de este punto de partida aparentemente inconciliable?

Los especialistas consultados por Página12 coinciden en que, a menos que una de las dos partes dé marcha atrás (y ambas tienen fuertes razones para no moverse de lugar), el 31 de diciembre llegará con un acuerdo ínfimo o sin acuerdo. “Hay que recordar que los acuerdos de libre comercio toman normalmente mucho tiempo. Es cierto que acá hay un punto de partida teóricamente promisorio porque tras 47 años en que el Reino Unido formó parte de la UE hay por el momento un pleno alineamiento regulatorio. La pregunta es qué margen hay para apartarse de eso y tener un acceso similar a los mercados. Mi propia percepción es que habrá un acuerdo limitadísimo, pero que también es muy posible que haya ningún acuerdo”, indicó a este diario Richard Whitman, experto en temas europeos y comerciales de Chatham House, uno de los “think- Tanks” más antiguos del Reino Unido.

Otro experto, Thomas Sampson, de la London School of Economics, alerta sobre el impacto económico. “Un acuerdo muy elemental es possible porque hay sectores en los que la Unión Europea no tiene ni aranceles ni cuotas para la cantidad a importar, caso de los productos farmacéuticos y libros. En cambio hay sectores fuertemente regulados donde el impacto será muy fuerte como agricultura y finanzas. Y en caso de que no haya acuerdo, hay sectores como la industria automotriz que pasarían a regirse con las reglas de la OMC con aranceles de hasta el 10% mientras que con los productos agrícolas los aranceles podrían llegar a un 80%. Esto les quitaría competitividad a estos sectores y encarecería la producción interna ya que el Reino Unido importa gran parte de sus alimentos”, señaló a Página12.

Una síntesis de este dilema sería buscar una fórmula sector por sector que combine alineamiento regulatorio y divergencia. Mientras que la industria automotriz, la aeroespacial, la farmacéutica y la de productos químicos han manifestado su deseo de mantener el alineamiento regulatorio, desde el viernes surgieron voces tanto pro-europeas como pro-Brexit que reivindicaron áreas como Inteligencia Artificial o high tech en los que la divergencia regulatoria podría ser beneficiosa para el Reino Unido .

El semanario “The Economist”, el ex primer ministro laborista Tony Blair en el campo pro-europeo y Larry Elliot, un pro-brexit de centro izquierda, editor económico del pro-europeo matutino “The Guardian, están de acuerdo sobre ese punto a pesar de que parten de premisas ideológicas muy diferentes. “El Reino Unido es uno de los líderes mundiales en Inteligencia Artificial. El primer ministro sugirió que el gobierno puede usar su libertad regulatoria para dar más ayuda estatal a este sector, algo que no estaría permitido en la regulación europea que es muy estricta respecto a la asistencia estatal. De hecho este fue en los 70 uno de los argumentos más importantes de la izquierda laborista para oponerse al ingreso a la UE. Pero además la creación del mercado común europeo no llevó a un crecimiento económico sostenido porque está muy centrado en dos obsesiones germanas: el control de la inflación y el déficit fiscal”, escribió Ellliot en su columna en el "The Guardian".

En caso de "Hard Brexit" o de acuerdos muy elementales, el modelo económico-social británico, que reformateó el Thatcherismo en los 80, podría terminar con una variante más extrema que convertirá al Reino Unido en un gigantesco paraíso fiscal con el objetivo de competir con bajos costos frente a los productos de la UE. 

La City de Londres, con su red asociada de paraísos fiscales, ya es uno de los grandes responsables de la evasión fiscal y el lavado de dinero a nivel mundial, pero ahora Boris Johnson planea la creación de 10 "freeports" que estarán en términos tributarios fuera del Reino Unido y servirán como imán para la inversión extranjera y la nacional. “El proyecto de Johnson es lo que él ha llamado un Singapur en el Támesis. Lo que quiere decir con esta frase es un lugar donde haya bajos o nulos impuestos y una degradación de la regulación laboral, medioambiental y social existente, todo lo que impactará muy fuerte en el Estado de Bienestar Social británico. Los beneficiarios serán un núcleo oligárquico nacional y extranjero. Los grandes perjudicados el resto de la población y la posibilidad de supervivencia del Estado de Bienestar. La única posibilidad que tiene Europa de evitar el impacto de esta política es adoptar una posición dura respecto al alineamiento regulatorio”, dijo a este diario John Christensen director y fundador de la organización líder de la lucha contra los paraísos fiscales Tax Justice Network.

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Un simpatizante del Brexit cruza una calle en el centro de Londres.  Imagen: AFP

Un país atravesado por el deseo de aislarse y a la vez de pertenecer

A las 11, la proyección digital sobre la fachada de 10 Downing Street de un reloj llegó al momento culmine luego de un conteo descendiente coreado en la Plaza del Parlamento como si fuera la llegada de año nuevo

 

 Desde Londres.A las 11 de la noche, el Reino Unido dejó oficialmente de pertenecer a la Unión Europea (UE). Una hora antes, en un mensaje pre-grabado en su página de Facebook, Boris Johnson exaltó la salida del bloque europeo con un llamado a la unidad nacional y al “comienzo de una nueva era en la que el futuro de cada uno no dependa del azar del lugar de nacimiento”. A unos pasos de su residencia oficial, 10 Downing Street, el ala durísima del Brexit, las huestes de Nigel Farage, no querían saber nada con este mensaje conciliador: la fiesta que congregó a miles de personas en la Plaza del Parlamento era para celebrar la "liberación de las cadenas de la Unión Europea". Al borde del Támesis en Londres y en vigilias con velas encendidas en todo el país, los pro-europeos hicieron sus postreras manifestaciones ante lo inevitable. A las 11, la proyección digital sobre la fachada de 10 Downing Street de un reloj llegó al momento culmine luego de un conteo descendiente coreado en la Plaza del Parlamento como si fuera la llegada de año nuevo: el Reino Unido ya no pertenecía al bloque europeo.

La salida es a la vez formal – hay un período de transición hasta el 31 de diciembre – e irreversible: no existe la posibilidad de marcha atrás. Si este año el Reino Unido tuviera un masivo arrepentimiento, tendría que renegociar su entrada en la UE. En la Plaza del Parlamento, la mera posibilidad causaba risa. “Nos fuimos y no volveremos. Por fin se respetó el mandato democrático. Somos libres”, aseguró eufórica una jubilada vestida con los colores de la bandera del Reino Unido.

La celebración de los pro-Brexit fue entusiasta y colorida, pero limitada porque regía la prohibición municipal de fuegos artificiales, música con altoparlantes y alcohol, aunque difícilmente en el Reino Unido baste un edicto para evitar la presencia de este último ingrediente, sea de contrabando o por consumo en los atestados pubs de la zona. En todo caso la prohibición fue funcional al gobierno que buscó un festejo moderado que no exacerbe el rencor acumulado durante la larga saga del Brexit, tan larga que es difícil medirla en años, saber si comenzó con el referendo de junio de 2016, con la insidiosa ofensiva mediática de los 90, con Margaret Thatcher en los 80 o con algún atávico instinto insular.

En horas de la tarde el gobierno buscó reforzar su mensaje de una "nueva era" con una reunión de gabinete en el National Glass Centre, un museo y centro de arte de Sunderland, el norte del país. Las reuniones de gabinete siempre se hacen en 10 Downing Street. El honor en este día trascendental le correspondió a Sunderland porque es una localidad emblemática: fue la primera en anunciar la victoria del Brexit. Pero además representa a ese norte pobre e históricamente laborista que en diciembre votó a Johnson con tal de asegurarse la salida de la UE.

La visita tenía la espectacularidad que necesitaba este mensaje de nueva aurora de Johnson, pero no pudo ocultar las profundas divisiones de un país polarizado. Un grupo de estudiantes se manifestó con carteles de “Boris you are not welcome here” y “Tory cuts not welcome here”. Una pareja de pro-europeos, James y Janet Sheetin, de 58 años, se desviaron de su viaje desde otra ciudad del norte, Newcaste, para plantarse en las puertas del National Glass Center con la bandera europea al grito de “long live Europe”. Empleado de un supermercado, James Sheetin le dijo al periódico local “Sunderland Echo” que la visita de Johnson era un golpe de efecto barato. “Su partido no hizo nunca nada en su vida por el Noreste del país”, dijo Sheetin.

Esta mezcla de escepticismo y alegría, desazón, euforia e incertidumbre es una clara muestra que el Reino Unido está hoy peligrosamente desunido como demostraron anoche las voces que llegaban de las otras dos naciones y de la provincia que constituyen el Reino. En la frontera irlandesa, el punto más álgido de las negociaciones del Brexit porque une a la República de Irlanda, miembro de la UE y a Irlanda del Norte, cuarta pata del Reino Unido, militantes de las Comunidades Fronterizas contra el Brexit, revelaron en un acto un gigantesco cartel con la consigna “fight goes on” (la lucha continúa).

En Escocia, la primer ministro Nicola Sturgeon, dijo que Escocia “es arrancada de la Unión Europea contra los deseos de la enorme mayoría” que votó en el referendo a favor de permanecer en el bloque. En Gales, que votó a favor de la salida, el primer ministro Marrk Drakeford dijo que seguirían formando parte de Europa. Un recorrido que hizo el matutino "The Guardian" por varias localidades pro-Brexit muestra la misma mezcolanza de emociones. En el norte del país, Birkenhead es uno de esos lugares que ha desafiado la comprensión de los analistas políticos: beneficiario neto de subsidios de la UE, votó a favor de la salida (lo mismo ocurrió en Gales). “Estoy aliviada. Ya estábamos hartos de tanta regulación que venía de gente que no conocíamos. El pueblo quería recobrar el control”, le señaló al matutino Hazel Harris de 78 años. En Barry Island, otra localidad pro-brexit, Emma Page, de 42 años, confesaba su incertidumbre y las divisiones familiares. “Soy la única que votó a favor de salir. Mi padre todavía me reprocha que es por gente como yo que está pasando lo que pasa. Espero haber tomado la decisión correcta y que se curen las heridas, pero va a tomar tiempo”, le dijo al diario The Guardian.

Según John Curtice, el especialista de sondeos de la BBC, que a diferencia de muchos de sus colegas alrededor del mundo viene acertando en sus predicciones, las encuestas muestran claramente que si la votación se celebrara hoy ganarían los que quieren seguir en la UE. "La última media docena de sondeos le dan a los pro-europeos un 53 por ciento y a los pro-Brexit un 47 por ciento. La mayoría de los que votaron en 2016 votarían de la misma manera. La diferencia radical es con los que no votaron. Entre este grupo los pro-europeos son el doble", señala Curtice. Entre ellos están los que no pudieron votar en 2016 por su edad: cuanto más joven, más decididamente pro-europeo el perfil del votante. La confusión en este grupo es inevitable. Un ferviente pro-europeo, Timothy Garton Ash, trataba de lidiar con el asunto exhortando ayer en una columna en el The Guardian “a desear que el Brexit sea exitoso y que la Unión Europea sea más exitosa aún”.

En medio de esta marea emocional de los tradicionalmente circunspectos británicos una cosa está clara. Sea por la historia, la geografía o la conveniencia, el Reino Unido no podrá librarse de su vecino. Hasta fin de año tendrá que negociar cómo será la relación al final de la transición. Y luego, de una manera u otra, pase lo que pase, tendrá que seguir el diálogo. El mismo Timothy Garton Ash citaba en The Guardian las palabras del historiador RW Seton-Watson en 1937 para caracterizar la ambivalente relación británica con el continente. “El deseo de aislamiento. Y la conciencia de que es imposible. La aguja del compás británico sigue oscilando entre estos dos polos” A más de 80 años nada ha cambiado ni nada cambiará.

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Reino Unido prepara acuerdo comercial con EU, a unas horas de dejar la Unión Europea

El bloque perderá un miembro por primera vez y ganará un competidor

 

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, se reunió ayer en Londres con el secretario estadunidense de Estado, Mike Pompeo, para preparar el terreno de la negociación de un gran acuerdo comercial, a unas horas de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Pompeo subrayó los "enormes beneficios" para ambos países, ya que Reino Unido se encuentra a las puertas de un "cambio histórico".

Como miembro de la UE, hay cosas que Reino Unido "estaba obligado a hacer; ahora será diferente. Creo que es fantástico. Podremos reducir los costos de transacción y compartir de una manera que no podíamos", indicó Pompeo en un panel conjunto con su homólogo británico, Dominic Raab.

Después de que el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de divorcio en una sesión cargada de emoción el miércoles, Reino Unido saldrá oficialmente hoy a la medianoche del bloque europeo, aunque en la práctica casi nada cambie durante el periodo de transición, hasta finales de diciembre.

Londres pondrá fin a casi 47 años de complicada relación con la UE y ésta, por primera vez en su historia, perderá un miembro y ganará un poderoso competidor comercial y financiero.

Uno de los principales argumentos de los defensores del Brexit desde la campaña del referendo de 2016 en que se decidió la salida de la UE con 52 por ciento de votos, ha sido recuperar el control de su política comercial para negociar libremente acuerdos con otros países.

Japón podría ser el primero en firmar un tratado con Londres, durante la visita del emperador Naruhito en primavera a Reino Unido, pero el presidente estadunidense, Donald Trump, considera una "prioridad absoluta" alcanzar un ambicioso acuerdo de libre comercio con Reino Unido y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, esperara concretarlo este año.

Aunque un acuerdo entre Washington y Londres tiene varios obstáculos en el camino, como la decisión británica de permitir al fabricante chino de telecomunicaciones Huawei participar, aunque sea de manera limitada, en su red 5G, y el proyecto de imponer un impuesto a los gigantes estadunidenses de Internet.

Eso, por un lado, y por el otro, cuestiones como la negativa estadunidense de extraditar a Anne Sacoolas, esposa de un diplomático implicada en un accidente de tráfico en Inglaterra que mató al adolescente Harry Dunn, o la denuncia de un fiscal neoyorquino de que el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, no coopera con una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones sobre el pederasta Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión.

"Tenemos muchos temas a discutir con Reino Unido en el momento en que entre en una nueva fase de soberanía", reconoció Pompeo en el avión que lo transportaba a Londres, incluidas "enormes cuestiones comerciales".

Además, en la negociación de un acuerdo con Estados Unidos, Reino Unido podría verse obligado a aceptar productos con normas alimentarias más laxas sobre la salud y el medioambiente que las actualmente impuestas por la UE.

En tanto, los países que conforman el bloque ratificaron por escrito el acuerdo del Brexit, lo que completa el procedimiento.

La comisaria europea de Competencia, la danesa Margrethe Vestager, aseguró que echará de menos el "sentido del humor" británico, así como su cultura.

Este viernes bajarán las banderas británicas de los edificios de la UE en Bruselas, mientras los defensores del Brexit las harán ondear en Londres para celebrar la salida.

Reino Unido se adhirió a la Comunidad Económica Europea el primero de enero de 1973 y después de firmar en 1992 el Tratado de Maastricht, se convirtió en miembro de la UE.

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