América Latina y el mandato exportador

Economistas ortodoxos y neodesarrollistas tienen un punto de acuerdo: América Latina debe exportar. Pero el fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de una serie de condiciones asociadas al pago de las deudas, a la explotación de la fuerza de trabajo y a conflictos sociales y ecológicos existentes en toda la región.  

 

El desarrollo de las fuerzas productivas orientadas por el impulso de la demanda externa forma parte de América Latina y el Caribe desde su integración a la economía mundial. En ese origen, las necesidades metropolitanas se imponían sobre las locales a la hora de ordenar qué se produce y cómo se lo hace, lo cual implicó una trayectoria de más de trescientos que fue definiendo qué negocios privilegiar y generó estructuras productivas, actores sociales e imaginarios, todos ellos factores que pesan a la hora de pensar alternativas de desarrollo.

La modalidad primario-exportadora fue la privilegiada a la hora de establecer la inserción de la región en el mundo decimonónico, bajo el peso privilegiado no solo de los mercados externos sino de los capitales extranjeros en las economías recientemente nacionales. Las incipientes burguesías locales crecieron asociadas a este impulso. No es de extrañar entonces que aparecieran tan mezcladas las ideas de independencia nacional y la sociedad con los capitales extranjeros.

Esta fusión fue puesta en duda en todo el continente en las vísperas de los centenarios de las revoluciones independentistas, y fermentó en un clima con rasgos antiimperialistas más o menos generalizados. Este ánimo fue usado, a su vez, por muchos gobiernos de la época para renovar sus esfuerzos de nacionalización de la cultura, persecución de extranjeros «indeseables» y represión de la protesta social. Este reverdecer nacionalista se combinó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que fue un primer traspié para el hasta entonces motor de la acumulación, que terminó de desbaratarse durante el interregno abierto entre la crisis de la década de 1930 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Ese período abrió la oportunidad al desarrollo de industrias locales ante la interrupción del abastecimiento externo. Con dudas y reticencias de las elites locales, fueron décadas en las que la acumulación debió reorientarse ante la destrucción masiva de las economías centrales europeas y su desplazamiento por Estados Unidos. Fueron los años de la llamada industrialización por sustitución de impoertaciones, apoyada en la amplia red de talleres desarrollada en las márgenes durante la etapa previa. Casi todas las economías de la región atravesaron cierto impulso industrializador en esas décadas.

Sin embargo, a partir del final de la guerra, con la presión por volver a los negocios «como siempre» de las multinacionales, la continuidad del proceso se restringió a las economías de mayor tamaño relativo, cuyos Estados tuvieron un rol protagónico. Muchos de los proyectos iniciados en esos años madurarían décadas más tarde, dando lugar a «anómalas» producciones de alto valor agregado o composición tecnológica. Durante estas décadas, los flujos de intercambio externo jugaron un rol menos significativo que en el pasado, sin por ello dejar de tener importancia.

La deuda como organizadora de la producción

Esa desconexión relativa empezó a quebrarse en la década de 1970. Operó entonces una reconfiguración de la acumulación a nivel mundial. El ascenso neoconservador en Estados Unidos y Gran Bretaña pondría fin no solo a los arreglos internos en torno a los Estados de Bienestar, sino a los acuerdos monetario-financieros de Bretton Woods, que moldearon los intercambios internacionales por tres décadas. El inicio de las reformas de apertura en China se conjugó en este escenario, para facilitar la incipiente reestructuración de la producción, en forma de cadenas globales de valor y el despliegue de un vigoroso proceso de financiarización. En este momento crítico de quiebre, se inició lo que luego se conocería como neoliberalismo.

Vale resaltar que en un gran número de países de la región —incluidas las poderosas economías argentina y brasileña— la adaptación a estos cambios se dio de la mano de sangrientas dictaduras. No sería preciso suponer que se contaba con un modelo claro de antemano. Por supuesto, existían grupos de presión en el campo de las ideas, donde la ortodoxia neoliberal había ganado presencia con think tanks, becas, publicaciones y cuadros técnicos, todo en estrecho vínculo con las empresas de mayor porte. Pero también existían al interior de estas mismas dictaduras quienes daban relevancia a la industria y a ciertos sectores estratégicos por un problema de soberanía militar. La confluencia se encontraba en la orientación represiva, excluyente y contraria a la organización de las mayorías sociales.

La llave del cambio vino por un canal financiero. La acumulación de dólares excedentes en los sistemas financieros de los países centrales fue reciclada en forma de préstamos casi compulsivos a los países latinoamericanos. Pautados a tasas bajas, pero variables, renegociados anualmente, sin destino específico, sirvieron para responder al impacto de la suba de precios del petróleo como para financiar el terrorismo de Estado. En muy pocos casos los préstamos se canalizaron a la inversión productiva. También fueron a empresas estatales que no precisaban de esos fondos, pero luego deberían pagarlos, lo que reducía su capacidad operativa. Esta abundancia de fondos se vio abruptamente interrumpida a inicios de los años 80, tras la suba de las tasas de referencia en Estados Unidos. Los fondos se retiraron de la región de manera súbita, dirigiéndose a los países centrales. Así, como castillo de naipes, casi todos los países de la región entraron en problemas de pagos. Tanto la entrada masiva de capitales como su salida en estampida fueron definidas por prioridades y arreglos en los países centrales. Pero la crisis recayó sobre la periferia.

¿Por qué es importante remarcar esto? Porque la gestión de la crisis de la deuda en la década de 1980 terminó de dar forma al giro en torno al desarrollo de la región. A pesar de los intentos de organizar clubes de deudores, la presión de los acreedores se impuso. Durante la llamada «década perdida» la región prácticamente no creció, lidió con severos problemas de inflación y una regresividad manifiesta, debió ajustar sus presupuestos, enfrentó términos de intercambio desfavorables, pero al mismo tiempo transfirió valor en forma de pagos. Aun así, su deuda creció. Poco importó el origen de dudosa legalidad y legitimidad, las violaciones de derechos humanos de los gobiernos que recibían los fondos ni la corresponsabilidad de los acreedores.

La cesación de pagos generalizada ponía en crisis los balances contables en las casas matrices, lo cual podía hacer tambalear las economías centrales. Por eso, los Estados intervinieron de manera oficial, negociando durante una década hasta dar forma, tras el hito del plan Baker, al plan Brady, que permitió a inicios de la década de 1990 canjear la deuda en mora por nueva deuda en regla, a cambio de la aplicación de una serie de «recomendaciones» que ya se conocían como Consenso de Washington. Si durante la década de 1980 maduraron proyectos puestos en marcha por el Estado en décadas previas, y se aceleró el proceso de reconversión productiva para obtener divisas, en la de 1990 esto se terminó de organizar con la quita de mecanismos de regulación estatal, privatizaciones, «desregulación» de una multiplicidad de mercados (incluido el laboral), firma de tratados de inversión y de libre comercio, y apertura comercial. La mayor parte de estos cambios se sostuvieron en la región hasta el presente.

¿Qué exportaciones?

La nueva orientación exportadora se forjó no para sostener los niveles internos de consumo ni el desmanejo fiscal, sino para pagar deuda. Con matices, la región se consolidó como exportadora de materias primas, sobre todo de productos agropecuarios, piscícolas, forestales, metalíferos y mineros así como su procesamiento básico. Para ello ha sido clave la falta de estándares ambientales. Algunos pocos países lo combinaron con la exportación de hidrocarburos, en ciertos casos, con muy bajo grado de procesamiento (por ejemplo, México exporta crudo para luego comprar gasolinas procesadas).

Esto es lo que se suele llamar «extractivismo», a saber la explotación a gran escala de recursos naturales o comunes, con alto grado de estandarización, intensivos en capital, para obtener productos de bajo valor agregado normalmente destinados a la exportación. O «neoextractivismo», cuando se combina con captura parcial de la renta asociada por parte del Estado, a través de impuestos o mediante su participación en la producción. Esto no quita que, en algunos casos, en estas producciones se paguen salarios relativamente altos. Pero se hace a costa de segmentar el mercado de trabajo, estableciendo una creciente heterogeneidad entre sectores económicos, que terminan por obstruir cualquier otra actividad productiva: ¿qué otras producciones son compatibles con esta especialización? A esto se suma además del grado de precarización y menor remuneración de las actividades conexas en la cadena de valor, mayormente subcontratadas en condiciones más pauperizadas. Los salarios de estos sectores son relativamente altos respecto de una media social precisamente desvalorizada para garantizar cierto nivel de competitividad externa.

Es habitual que las comunidades ubicadas en torno a los grandes proyectos no sean consultadas. Se trata de un derecho reconocido internacionalmente en el caso de comunidades originarias. Incluso cuando tentadas por posibles puestos de trabajo las comunidades saben que los empleos vienen de la mano de la destrucción de fuentes alternativas (¿cuántas granjas ha arruinado la explotación petrolera por fractura hidráulica, por ejemplo?) y la afectación directa de la salud de las poblaciones vecinas a los emprendimientos extractivos. Las economías regionales devastadas por el huracán neoliberal hoy son presentadas así como zonas de sacrificio.

Muchas de estas críticas son descartadas, consideradas fatuas no solo por partidarios de visiones ortodoxas de la economía, sino por quienes se consideran neodesarrollistas. No se ha reparado lo suficiente en esta llamativa coincidencia en la veneración a las ventajas comparativas —basadas en la dotación dada de factores o recursos con que cuentan las naciones, como «dones» naturales—. Lo que la ortodoxia abraza como mandato, el neodesarrollismo parece aceptarlo como resignación. Aunque siempre se afirma la necesidad de agregar valor y crear empleo sobre estas ventajas, no se cuestiona la preeminencia de esta fuente de acceso a divisas por la vía exportable.

En algunos países, la especialización primaria se combinó con la provisión de fuerza de trabajo barata, a través del emplazamiento de industrias bajo el modelo de maquilas. Se trata centralmente de la industria textil, la electrónica y la del transporte, orientadas a la exportación a Estados Unidos, como ocurre en Centroamérica y México. Este conjunto de economías se especializa en el uso de fuerza de trabajo mal remunerada para la especialización orientada a la exportación. A este fenómeno Ruy Mauro Marini lo llamó superexplotación de la fuerza de trabajo. Menos teorizado se lo puede entender como el caso de quienes tienen empleos que no les permiten salir de la pobreza. Debe añadirse que en este caso que la desigualdad de género es particularmente explotada como fuente de ganancias: mujeres peor pagas y con peores condiciones laborales como motor de desarrollo.

Finalmente, el turismo es el único servicio en que la región obtiene superávit en el comercio exterior. Esto habilita a múltiples proyectos de inversión que aprovechan la belleza paisajística y la fuerza de trabajo relativamente barata. Al igual que la maquila, se distinguen de la explotación de recursos por ser más demandantes de trabajo, predominantemente mujeres, y en muchos casos con niveles de calificación relativamente bajos. Debe anotarse que, en materia de especializaciones en la provisión de divisas, se pueden anotar dos variaciones más: el envío de remesas por parte de migrantes que debieron irse de su país de origen por falta de oportunidades, y remiten fondos a sus familiares, y las economías que funcionan como guaridas fiscales, lo que les provee cierto excedente de divisas. Aquí, claro, la ventaja está en la baja tributación y escaso control de las operaciones financieras. Ninguno de estos casos parece poder proponerse de forma explícita como proyecto de desarrollo, de modo que se evita resaltarlos en la agenda económica.

Ahora bien, las tres primeras especializaciones señaladas (extractivismo, maquila industrial y turismo internacional) estuvieron centradas en el desmantelamiento de las estructuras productivas internas. No respondieron a necesidades nacionales o a programas de desarrollo, sino a la crisis y la necesidad de obtener recursos externos y fiscales para pagar deuda. Es decir, no fueron puestas en marcha para sostener el consumo ni la inversión. En algunos casos, las exportaciones tienen baja demanda de fuerza de trabajo y en otras dependen de remunerar mal a la misma. No parecen ser promesas de desarrollo atractivas.

Un fetiche de exportación

Las especializaciones productivas de exportación en la región no se fundamentan en programas de desarrollo nacional, ni en el objetivo de superar las barreras impuestas por la escala de mercado, ni en prioridades internas de consumo o inversión, ni siquiera de recaudación. Tampoco se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos clave de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en la región. Se justifican en la urgencia de obtener divisas, como mandato ante la aparente escasez que limita el crecimiento. Sin embargo, la tracción importadora asociada al crecimiento está basada en la propia apertura temprana de las economías latinoamericanas, que desmanteló actividades que bien podrían realizarse localmente.

Más aún, la región no muestra una situación de déficit sistemático en su comercio exterior, ni tampoco los superavits y déficits están asociados a fases de crecimiento o crisis. Mientras que el saldo agregado tiene cierta variabilidad, la salida de divisas por el pago de intereses y de utilidades es sistemático. El saldo negativo de estas rentas se multiplicó por siete en las últimas cuatro décadas, permaneciendo en torno a 3% del PBI desde 1990. Esta brecha debe cubrirse de alguna manera, y es allí donde las exportaciones juegan el rol crucial, tanto para la ortodoxia como para parte de la heterodoxia, que no cuestionan la dinámica de la deuda o el rol del capital extranjero en general.

La inversión extranjera directa, muchas veces asociada a grandes proyectos de desarrollo, se muestra en las últimas décadas como una suerte de pinza, en la que cada vez se necesita más inversión para dejar un mismo aporte de divisas, descontando lo que se va en materia de utilidades remitidas al exterior. En la última década (2011-2020), esta inversión dejó un aporte neto de divisas similar a la fase 1994-2003, pero con un nivel de inversión dos veces y media mayor (lo que representa un menor aporte en el PBI total). Es decir, el esfuerzo para atraer inversiones es cada vez mayor. No en vano, la mayor parte de la región ha sostenido su adhesión a la institucionalidad de los tratados de inversión (con las excepciones de Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela). América Latina y el Caribe es la región con más demandada por inversores ante tribunales internacionales y 70% de resoluciones fueron favorables a sus intereses. Acumula 21.807 millones de dólares en arreglos desfavorables, lo que es equivalente a toda la inversión extranjera neta de 2020.

El fetiche de las exportaciones como fuente de desarrollo se basa en la omisión de esta clase de consideraciones. Por supuesto, para la ortodoxia económica y los defensores de las grandes corporaciones, esto no constituye un problema. Para una gran parte de la heterodoxia, que no ignora el problema, se trata de un mandato de realpolitik. Incluso cuando no ocupan cargos de gobierno. Esto es extraño, porque al mismo tiempo que reconoce la necesidad de incrementar exportaciones para pagar estas salidas de divisas, elude cualquier consideración respecto de la capacidad de lobby y el peso estructural que adquieren los actores asociados. Su promoción no parece compatible con posteriores controles o regulaciones, a menos que se tenga una idea precaria de las dinámicas de poder o ilusiones respecto de la capacidad de los Estados (en especial, los subnacionales) de eludir la captura por parte de estos actores poderosos. ¿Por qué motivo los actores económicos especializados en actividades tal como existen hoy cederían recursos económicos y políticos para su propio debilitamiento?

Ante la insuficiencia de argumentos para responder estas dudas, no pocas veces hemos visto la reacción conservadora, incluso agresiva, por parte de ortodoxos y heterodoxos que demandan exportar más, ahora mismo, relegando la distribución del ingreso a un «futuro promisorio» si se logra primero consolidar un modelo de crecimiento traccionado por exportaciones. La urgencia se basa en la imposibilidad de cambiar las relaciones externas o discutir procesos de largo alcance. Y al hacerlo, suelen ridiculizar las objeciones de ambientalistas, comunidades locales o incluso sindicatos. Está claro, nadie a esta altura supone que una economía puede sobrevivir aislada del intercambio con el mundo. La propuesta no es aislacionismo y primitivismo, sino desarrollo basado en las necesidades locales, en garantizar niveles de vida decentes para toda la población. Y en esto, la orientación exportadora de las últimas décadas, bajo gobiernos de diferentes ideologías, tiene un número elevado de cuentas pendientes. 

 
Julio 2021

Publicado enEconomía
Miércoles, 14 Julio 2021 06:16

Y Dios entró en La Habana

Una bandera cubana ondea en un barrio habanero, hoy lunes 12 de julio del 2021, en La Habana. EFE/Yander Zamora

Manuel Vázquez Montalbán aprovechó en 1998 la histórica visita de Juan Pablo II a Cuba para escribir todo un tratado sobre las distintas aristas de la Revolución Cubana. Lo tituló Y Dios entró en La Habana. En aquel viaje, el papa polaco dejaría para la posteridad un célebre adagio: "Que Cuba se abra al mundo (…) y que el mundo se abra a Cuba". La isla todavía se resentía por los estragos del Periodo Especial de inicios de los años 90 y la llegada del Pontífice auguraba una nueva era de cambios que, sin embargo, no fructificaron. Dos décadas después, una nueva deidad está obrando el milagro de los panes y los peces. Allí donde surgen demandas de cambios, las redes sociales las difunden y generan un efecto contagioso. Ocurrió en noviembre de 2020 con las movilizaciones de un grupo de artistas e intelectuales y ha sucedido ahora, de manera explosiva, con el rechazo popular más contundente que se recuerda en la isla desde hace mucho tiempo.

Cuando Fidel Castro enfermó gravemente a finales de julio de 2006 y delegó el poder en su hermano Raúl (a la sazón, ministro de Defensa), un runrún circuló por las calles de La Habana: "Esto con Raúl no aguanta". Al general se le achacaba una falta de conexión con el pueblo de la que Fidel andaba sobrado. Frente al carisma y la elocuencia del comandante para mantener a flote la Revolución, Raúl solo parecía proponer su férreo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pero el general se encargó pronto de acallar las voces más derrotistas con una habilidad política desconocida. Su gobierno no sería continuista sino reformista. En lugar de esperar un nuevo maleconazo (la protesta anticastrista de 1994 que el propio Fidel desbarató al presentarse en persona y disolver la concentración), Raúl fue proponiendo pequeños cambios en los modos de vida de una población exhausta tras años de austeridad económica y exigencias políticas.

El lento reformismo de Raúl y, más tarde, de su delfín político, el hoy presidente Miguel Díaz-Canel, ha generado más decepciones que esperanzas a lo largo de los últimos 15 años. En 2006 muy pocos cubanos tenían acceso a Internet. Una cuenta de correo electrónico era un objeto de deseo y un teléfono móvil, un artículo de lujo. La tímida apertura del régimen ha permitido un progresivo acceso de los ciudadanos a la Red. Era pues cuestión de tiempo que la creciente conectividad engarzara con el malestar de amplios sectores de la sociedad ante una crisis económica crónica, agravada por la pandemia.

En el hastío por un presente desolador y un futuro nada prometedor está el germen de las marchas del domingo. A diferencia de otras épocas en las que una protesta se localizaba en un lugar concreto y enseguida era aplacada por las autoridades sin que el resto del país se enterara, hoy Internet funciona como un altavoz difícil de silenciar. Las manifestaciones comenzaron en San Antonio de los Baños, un tranquilo pueblo próximo a La Habana y célebre por albergar la escuela de cine internacional. Y se reprodujeron en la otra punta de la isla, en el municipio de Palma Soriano, enclavado en ese oriente cubano donde arraigó la Revolución en los años 50 del siglo pasado. Y de ahí al mismo corazón de La Habana Vieja. La escasez de productos básicos y el preocupante aumento de los contagios por coronavirus han espoleado el descontento ciudadano. Las redes sociales han hecho el resto: convertir ese rechazo en un evento masivo.

Si la extensión de la protesta es fruto de la implantación de Internet en la isla, la primera respuesta del régimen parece extraída de los tiempos de la Guerra Fría. En su primera alocución televisada, Díaz-Canel volvió a culpar a Estados Unidos de la precaria situación económica de la isla. El embargo que todavía impone Washington a La Habana estaría en la raíz de un estallido social que, según el mandatario cubano, podría servir de excusa para una intervención extranjera.

Es incuestionable el daño económico y comercial que el bloqueo estadounidense ha causado en Cuba desde los años 60. Un perjuicio que se recrudeció en tiempos de Trump al dejar atrás la etapa del deshielo fomentada por Obama. Pero el malestar social ya no se circunscribe a la penuria económica. Lo demostraron a finales del año pasado los colectivos de artistas e intelectuales (San Isidro, 27-N), y lo expresaron este domingo los miles de manifestantes que gritaban "libertad". En ambos casos, las redes sociales fueron cruciales. Muchos jóvenes tienen hoy acceso a Facebook, Twitter o Instagram y se informan a través de estos canales de lo que ocurre en cualquier rincón del país.

El régimen debería prestar atención a ese cambio de época. Sin embargo, la retórica castrense no ha desaparecido del Palacio de la Revolución: "La orden de combate está dada", se despachó Díaz-Canel al llamar a los "revolucionarios" a tomar las calles. Es posible que la Policía y las brigadas parapoliciales puedan contener más protestas callejeras con represión y detenciones masivas. Pero aquellos que han salido a las plazas exigiendo una vida más digna, hartos de los apagones y de la escasez de productos de primera necesidad, aquellos que también demandan más libertad a un régimen enrocado en el pasado, cuentan con una herramienta nueva para potenciar su descontento. La protesta se ha hecho viral en Cuba. Las redes sociales van a modificar (ya lo están haciendo) las relaciones entre el poder y la ciudadanía. El combate debería ser dialéctico.

 

Por César G. Calero

Periodista. Ha sido corresponsal en México, Centroamérica, Cuba y Argentina.

12/07/2021


Cuba: malestar e injerencismo*

Miles de cubanos se manifestaron el domingo pasado contra el desabasto de artículos básicos, la carestía y los cortes intermitentes de la energía eléctrica, entre otras demandas. De manera completamente inusual en los actos de protesta que tienen lugar en la isla, durante las marchas se registraron saqueos de tiendas y ataques contra patrullas de policía, así como detenciones violentas de quienes causaban desmanes.

En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel se apersonó en la protesta realizada en la localidad de San Antonio de los Baños para escuchar las demandas de la población y explicar los motivos de las estrecheces que aquejan al país. El mandatario reconoció que no todos los manifestantes son "contrarrevolucionarios ni mucho menos", sino personas "insatisfechas", pero también denunció la campaña de desestabilización urdida por la mafia cubanoestadunidense, y sostuvo que "quienes alientan esas manifestaciones no quieren el bienestar de la gente, sino la privatización de la salud y la educación, el neoliberalismo".

Sería pueril negar que en ese país, como en muchos otros, existe un sector social descontento con las autoridades y decidido a tomar las calles para plantear sus exigencias; es sabido, por otra parte, que este malestar se ha exacerbado y ampliado a consecuencia de la prolongada pandemia que mantiene paralizado el turismo, una de las principales fuentes de ocupación e ingresos en la isla; por otra parte, es claro que las dificultades que experimentan millones de cubanos se origina, en parte, en las ineficiencias del gobierno y en las inercias burocráticas.

Sin embargo, supondría una enorme ingenuidad creer que no hay una promoción de estas manifestaciones desde Washington y Miami, y resultaría absurdo ignorar el peso que han tenido en la gestación de este enojo social las seis décadas del bloqueo estadunidense contra la isla, toda vez que esta brutal y permanente violación a los derechos humanos de todos los cubanos está expresamente diseñada para generar malestar contra el régimen y doblegarlo mediante el hambre y la carencia generalizada.

En las actuales circunstancias, la hostilidad de Estados Unidos contra La Habana se inserta, además, como una fuerza extraña que enturbia los legítimos reclamos de la sociedad cubana y oscurece el entendimiento de sus malestares.

Por ello, el llamado del presidente Joe Biden a que el gobierno cubano "atienda a las necesidades" de su pueblo en este momento vital resulta de una perversidad inaudita: es el bloqueo estadunidense y no las autoridades cubanas lo que impide a la isla adquirir los insumos básicos para lidiar con la pandemia, y la primera medida para terminar con el "sufrimiento económico" que denuncia el político demócrata pasa por levantar el embargo que mantiene maniatados al comercio y las finanzas cubanas desde hace más de medio siglo.

Está claro que la única actitud sensata ante las dificultades que enfrenta la isla es dejar que sean los propios cubanos quienes decidan qué quieren hacer con su país. Como lo expresó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación del pueblo cubano no debe utilizarse para intervenir en los asuntos internos una nación independiente, libre y soberana, a cuyos gobierno y ciudadanos corresponde buscar una salida mediante el diálogo.

*Editorial diario La Jornada, México, martes 13 de julio/2021

 

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Venezuela: estrategias para sobrevivir en el límite

Con salarios que a menudo están por debajo de los mínimos de supervivencia, la población venezolana depende en gran medida de los bonos, las bolsas de alimentos y otros programas sociales, además de diversas estrategias que transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Pero, de la mano de la inmigración masiva, hoy una gran diferencia pasa por tener o no familiares en el exterior que envíen remesas.

 

Decir que en Venezuela existe una profunda crisis política, económica y social no constituye sorpresa alguna ni tiene un especial atractivo académico o político. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando hacia el resto del continente, y en general hacia muchos países del mundo, por la vía de las historias que llevan consigo quienes han decidido literalmente huir del país y refugiarse en otras latitudes, con la esperanza de encontrar afuera lo que sienten que les es negado en Venezuela. 

A pesar de ello, sigue siendo una asignatura pendiente para las ciencias sociales una explicación plausible acerca de cómo, en apenas 20 o 30 años, una nación que fue capaz de protagonizar una de las revueltas más duras contra el neoliberalismo, en los sucesos conocidos como el «Caracazo», asume hoy su condición de ruindad y una suerte que cualquiera podría considerar inmerecida, a medio camino entre el desespero y la resignación. Al menos en apariencia.

La principal dificultad que existe en Venezuela para analizar lo que acontece en cualquier ámbito de la vida pública es la extrema opacidad con que las entidades oficiales manejan la información. Ello incluye toda la esfera económica y, por supuesto, también la esfera social. Por ello, las posibilidades de construir una imagen lo más cercana posible a esa realidad tan cruda como la que se vive supone la necesidad de echar mano de una multiplicidad de fuentes, muy variadas, que incluyen la escasa información oficial que circula -mediante lecturas intersticiales, paralelas o superpuestas que puedan resultar indicativas de la situación-, y que deben ser complementadas con los cálculos y proyecciones que formulan investigadores o agencias especializadas y hasta referencias testimoniales de quienes viven y padecen la realidad cotidiana venezolana. Solo entonces podríamos tener una aproximación bastante razonable a lo que realmente ocurre. 

Como ya es costumbre en Venezuela, el pasado 1° de Mayo el gobierno de Nicolás Maduro anunció al país un incremento del salario mínimo mensual, que quedó fijado en siete millones de bolívares, así como un incremento del llamado bono de alimentación o «cestaticket», el cual fue fijado en tres millones de bolívares. Ese día el Banco Central de Venezuela fijaba el precio del dólar en 2.746.151,81 bolívares. Es decir, el anuncio gubernamental indicaba que el ingreso mínimo integral se ubica oficialmente en 3,64 dólares al mes (0,12 dólares diarios). Semejante nivel salarial mantiene a Venezuela como uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo. Como era de esperarse, el anuncio solo produjo decepción, frustración y una lluvia de críticas que expresaban el malestar existente en la sociedad venezolana respecto de la marcha de la economía y, particularmente, de los ingresos de los trabajadores. 

Como es sabido, el Banco Mundial considera pobre a toda persona cuyos ingresos estén por debajo de 1,90 dólares al día, o aproximadamente 57 dólares al mes. En ausencia de estadísticas oficiales que indiquen el valor de la canasta mínima alimentaria, solo nos queda utilizar los datos proporcionados por la única entidad que en Venezuela ofrece algún indicio creíble en esta materia. De acuerdo con un reporte del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), para el mes de marzo de 2021, la canasta mínima alimentaria tenía un costo aproximado de 230 dólares. Entidades privadas independientes han establecido en 55 dólares el ingreso promedio en Venezuela. 

Por supuesto, el gobierno es plenamente consciente de lo insuficiente que resulta el salario fijado, el cual puede alcanzar como mucho para adquirir un kilo de queso o un empaque de huevos. Por eso, implementó un conjunto de beneficios sociales y monetarios suministrados a la población de menores recursos como subsidio directo (en la forma de bonos), mediante una plataforma digital denominada Patria, que consiste en asignaciones monetarias que pueden alcanzar hasta unos 15 dólares mensuales en el mejor de los casos, además de una bolsa de alimentos suministrada a través de un programa social basado en los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP)

Estos programas son, sin duda, importantes, pero al no existir registro público verificable, no es posible saber cuántas personas están siendo realmente beneficiadas por ellos ni cuál es el impacto que tienen en la sociedad venezolana. Pero a juzgar por la situación social, es claro que distan mucho de constituir una verdadera solución al drama que vive el país. Ello sin mencionar que esos programas han sido denunciados como mecanismos de control social y manipulación político-electoral por quienes se oponen al régimen actual, y también se escuchan comentarios en este sentido en las redes sociales, las colas o las calles.

Un par de hechos recientes dejan ver con relativa rapidez y facilidad la magnitud y gravedad de la situación que se vive en Venezuela. Hace algunas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) divulgó su último Informe sobre perspectivas de la economía mundial, en el que Venezuela aparece como el país más pobre del continente, al menos en lo que respecta al producto per cápita. Más allá de la mencionada dificultad para acceder a datos, ya a mediados del año pasado, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2020, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostenía que la pobreza en Venezuela afectaba al menos a 94% de la población, y la pobreza extrema, a 67%. Estos datos contrastan radicalmente con una información suministrada por el presidente Maduro en enero de este año con motivo de la presentación de su Memoria y Cuenta 2020 ante la Asamblea Nacional. En su exposición, señaló que la pobreza general alcanzaba a 17% de la población, mientras que la extrema apenas a 4%.

Hace solo algunos días, se materializó un acuerdo entre el gobierno venezolano y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA-ONU) mediante el cual este último abastecerá de alimentos a 185.000 niños en edad escolar durante el presente año, cifra que deberá crecer hasta 1.500.000 en 2023. Respecto de este acuerdo, Maduro afirmó que venía siendo objeto de negociaciones desde hace varios años. Es de suponer que el soporte de información que hizo posible justificar el acuerdo con el PMA-ONU se basó en datos proporcionados por el propio gobierno.

Atrás quedó el tiempo en que Venezuela exhibía cifras de una economía relativamente próspera con un extraordinario impacto en cuanto a índices de desarrollo social o de desempeño de la economía. Hoy, en un país atravesado por la peor crisis de su historia republicana, que exhibe de manera persistente una hiperinflación de la cual no logra salir, azotado por una contracción económica igualmente persistente, y como el resto del mundo golpeado por la pandemia, los venezolanos literalmente sobreviven ensayando un sinfín de estrategias. 

No es el objeto de este artículo detallar ni analizar las causas de semejante catástrofe económica, social y humanitaria, en la que se mezclan una voraz corrupción estatal, un pésimo manejo por parte de las autoridades de la economía y en general, del Estado, y las consecuencias de un conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otro conjunto de países sobre la economía y algunos de los líderes gubernamentales. Nos proponemos radiografiar a vuelo rasante al menos una pequeña parte de la realidad de quienes sobreviven en el piso más bajo de la estructura socioeconómica del país.

Dicho esto, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿exactamente cómo es que logran vivir, o mejor dicho sobrevivir, en Venezuela aquellos cuyos ingresos no logran siquiera acercarse al precio de la cesta básica?

Remesas

Uno de los síntomas más emblemáticos de la crisis venezolana es el éxodo migratorio. Una significativa proporción de los venezolanos y venezolanas, acorralados por la crisis y frente a un futuro que luce sombrío e incierto, simplemente ha buscado otros horizontes, protagonizando uno de los flujos migratorios más intensos y significativos de los últimos años desde un país que no se encuentra en guerra, al menos no en una declarada. Esta migración, para 2020, alcanzaba aproximadamente unos 5,4 millones de personas, según ha registrado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), una cifra altamente significativa para un país cuya población es de unos 30 millones de personas. Conscientes de la situación en la que quedan sus familiares, una buena cantidad de quienes partieron envía remesas. La diferencia entre una familia que literalmente pasa hambre y otra que no lo hace puede estar asociada a tener o no un familiar en el exterior que le envíe algún tipo de ayuda. No se cuenta con cifras oficiales sobre el monto global de divisas que ingresan en Venezuela por concepto de remesas, pero algunas estimaciones ubicaban esa cifra para 2019 en unos 3.500 millones de dólares y para 2020, en 1.600 millones, debido a una fuerte contracción a causa de la pandemia.

Carmen tiene 62 años. Vive sola. Su esposo murió hace años, arrollado por un vehículo cuando se dirigía a su trabajo como albañil. Como pudo, se las arregló para criar dos hijos que para entonces tenían 12 y 10 años. El mayor murió asesinado por delincuentes hace tres años. El menor, que ahora tiene 20 años, se fue a Trinidad en 2019. Carmen recibe una pensión de 1.800.000 bolívares y, dependiendo de su suerte, algunos bonos que le asigna el gobierno a través de la plataforma Patria. Una vez al mes, recibe su bolsa del CLAP, «cada vez con menos productos», según dice. Vive en una casa que ocupaba como cuidadora y que luego fue abandonada por sus dueños, quienes se marcharon del país intempestivamente. Sus ingresos, aun siendo una mujer sola, le resultan insuficientes. Sus tres hernias discales y otros «achaques de vieja» le impiden trabajar como solía hacerlo, pero se las arregla para elaborar algunos dulces y venderlos los fines de semana. Su hijo le envía unos 50 dólares por mes. Dice que con lo que reúne entre pensión, bonos y remesas, le resulta suficiente para vivir, aunque comparte una porción de lo que reúne con su propia madre, que vive en otra ciudad con una hermana. No obstante, reconoce que siempre está en el límite. No se permite lujo alguno, sus gastos se limitan a comprar comida y unas pocas medicinas. No paga servicios públicos aunque su casa posee servicio eléctrico y agua mediante conexiones ilegales. Hace mucho que no compra vestido o calzado. Su indumentaria lo confirma. La vivienda empieza a necesitar al menos pequeñas inversiones en mantenimiento, pero dice que no lo hará. «Mijo, si lo que me llega apenas me alcanza pa' medio vivir y darle a mi mamá», justifica.

Como Carmen, decenas de miles de personas y de familias venezolanas sobreviven gracias a los recursos que les envían familiares residenciados en el exterior. Algunos un poco más afortunados pueden llegar a recibir remesas significativamente mayores que ella. Fuera de toda duda, y al margen de la ausencia de cifras oficiales, puede decirse que la catástrofe humanitaria venezolana sería ostensiblemente peor de no ser por esta fuente de ingresos.

Bonos y bolsas CLAP

Como parte de una política asistencial, el gobierno de Maduro, mediante la mencionada plataforma Patria, hace entregas periódicas de recursos monetarios directamente a un número indeterminado de personas en el país. Los montos que se entregan mediante depósitos a cuentas bancarias de los beneficiarios son siempre un misterio, pues se desconocen los criterios que determinan las asignaciones (que varían de uno a otro beneficiario). A modo de conjetura y sobre la base de la opinión recogida entre distintas personas que son beneficiarias de este tipo de políticas, podríamos suponer que por la vía de los bonos, una persona podría estar percibiendo entre cinco y 15 dólares mensuales, pero sin la regularidad de un ingreso fijo. Los montos, además, pueden variar drásticamente de un mes al otro sin explicación alguna. También se sabe de personas que, aun estando registradas en la plataforma, jamás han recibido ingresos pese a estar en situaciones muy precarias.

La familia de Laura se compone de cuatro personas. Ella, de 44 años, está desempleada; su esposo, de 50 años, no tiene trabajo estable y sus dos hijas menores, de 11 y 8 años, estudian en una escuela pública. Viven en las afueras de Higuerote, un pueblo costero de vocación turística en el estado Miranda. Laura se define como opositora al gobierno, mientras que su esposo, aunque con muchas críticas y casi expresando cierta vergüenza, dice ser chavista. Tenían un pequeño restaurante junto con la madre de Laura en su mismo pueblo. El negocio se vino a pique cuando en 2017 la crisis económica, y sobre todo el desabastecimiento, liquidó prácticamente toda actividad económica sin margen para resistir. Desde entonces, Laura solo logra trabajar eventualmente en trabajos de limpieza en las villas vacacionales ubicadas en su zona de residencia, pertenecientes a cierto sector pudiente, casi todo residenciado en Caracas y compuesto hoy en día casi totalmente por personas vinculadas directa o indirectamente con el gobierno. Su esposo, a partir de la quiebra del restaurante, trabajó como empleado en un yate que pertenece a «un chivo del PSUV [Partido Socialista Unido de Venezuela]», pero renunció hace algunos meses acusando un trato continuamente degradante y paga baja (100 dólares mensuales). Hoy en día «se rebusca» algún ingreso con la venta de guacucos, una pequeña almeja que extrae manualmente luego de una muy exigente faena a las orillas de la playa, y por lo cual puede llegar a percibir unos 25 dólares semanales; también ofrece sus servicios haciendo «lo que sea» en las urbanizaciones vacacionales de la zona. Con un gran dejo de amargura, Laura dice que soportan demasiadas limitaciones y penurias, pero no se atreve a marcharse del país, asustada por lo poco agraciada que ha resultado esa experiencia para algunas personas que conoce. El miedo a pasarla afuera peor de lo que la pasa en su país los inhibe de intentar esa alternativa, aunque no la descartan. A Laura casi siempre le llegan los bonos. A su esposo, nunca. Reciben la bolsa del CLAP, pero «prácticamente solo trae carbohidratos y en muy poca cantidad».

Oscar tiene 72 años. Vive solo, aspecto de su vida del cual no habla. Tiene una hija de 23 años, casada y con un hijo que vive en el mismo pueblo. Ella es bombera. Prácticamente no tienen comunicación. Oscar sufre de un cáncer de próstata de lento desarrollo y de una hernia inguinal que le impide moverse con cierta soltura. Toda su vida fue taxista, pero entre su situación de salud y el encarecimiento de los repuestos automotores, debió abandonar su oficio y vendió su vehículo al no poder repararlo y cambiarle los cauchos. Hoy en día vive casi exclusivamente de la pensión y los bonos que le entrega el gobierno a través de la plataforma Patria, de la bolsa del CLAP y de la ayuda que algunos vecinos le prestan regalándole algo de comer con cierta regularidad. Aunque su situación es objetivamente de penuria, no habla mal del gobierno. Con claros signos externos de desnutrición, de alguna manera está convencido de que su única posibilidad de supervivencia, o de ralentizar su final, está asociado a las ayudas que le da el gobierno, aun cuando ello no le alcanza para sus medicinas, y el sistema de salud público que debe atenderlo simplemente no lo hace por carecer de insumos. 

Sonia es una joven maestra de escuela que vive en Caracas. A pesar de provenir de una familia de muy modestos recursos, en la década de 1990 logró estudiar en la universidad y posteriormente realizar estudios de maestría. En su momento, consiguió adquirir un apartamento en una zona popular de Caracas y ayudar a su madre a adquirir el suyo. Hoy en día, soltera, con una hija de 12 años, entre salario y bonificaciones dice no llegar a redondear ni siquiera 20 dólares al mes. Su rostro no solo refleja una gran tristeza, sino sobre todo depresión. Aprovechando la cuarentena y que no tienen que asistir presencialmente a dar clases, desde hace un año deambula por las calles de Caracas con algunos termos de café ofreciéndolos como parte de su estrategia de supervivencia. Esta actividad le permite un ingreso extra de no menos del doble de lo que percibe por su trabajo. Decidió no cancelar servicios públicos, más por imposibilitada que como acto de rebeldía, pero dice que hasta su último día luchará contra la «dictadura de hambre» que es el gobierno de Maduro. 

Derrota en proceso

Ejemplos como los anteriores abundan en Venezuela. Prácticamente cada venezolano es no solo testigo sino protagonista de las más impensables estrategias de subsistencia ensayadas en el marco de esta terrible experiencia. Es la creatividad la que impulsa a un ser humano a no rendirse y a inventarse cada día nuevas formas de supervivencia. 

No siempre legales, no siempre bien vistas, no siempre suficientes ni siempre efectivas. Pero se trata de la lucha por ganar la carrera contra el hambre. Desde hurgar entre la basura de restaurantes y mercados y recuperar de allí lo que aún pueda ser comestible, hasta vender objetos de toda índole, incluidos los propios electrodomésticos del hogar. Desde rastrear en  el principal río de la ciudad capital, el Guaire, en busca de objetos que puedan ser vendidos, hasta habitar sobre losas en cementerios. Desde incorporarse a tareas totalmente ajenas a aquellos oficios o profesiones en las que fueron formados, hasta participar de actividades ilegales de diversa índole: tráfico de drogas, prostitución, contrabando, etc. Ensayando múltiples modalidades de trueque, reduciendo de tres a dos o a una comida al día; reduciendo a la vez la calidad, variedad y cantidad de alimentos que se consumen; eliminando drásticamente el disfrute de actividades recreativas y culturales; limitando la movilidad al mínimo necesario; limitando o eliminando los gastos en materia de calzado y vestido, e incluso medicina; optando por alternativas naturales de curación cuando las enfermedades atacan. Para quienes trabajan, la realidad es muy difícil; para quienes carecen de empleo, es simplemente dramática: según el Fondo Monetario Internacional, el desempleo en Venezuela se sitúa en 2020 en 58,3%, y sería el más alto del mundo. De nuevo, carecemos de cifras oficiales sobre este indicador. Incluso las diferencias podrían elevarse hasta quienes prestan servicios para el Estado y quienes lo hacen para el sector privado. Analistas económicos e investigadores dan cuenta de una notable diferencia en el salario que se paga en el sector privado respecto del que paga el sector público.

No es difícil advertir que esta lucha por la supervivencia no todos la ganan, y que aún dando batalla, muchos exhiben en su humanidad la prueba fehaciente de una derrota en proceso.

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en la Asamblea Nacional, este martes.MANAURE QUINTERO / Reuters

La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional

 

Venezuela ha dado un paso más en la dolarización del país este martes. El presidente, Nicolás Maduro, ha anunciado la intención de “avanzar 100% hacia un sistema de pagos digital en el país”, en el cual siga aumentando la creciente influencia del dólar sobre la maltrecha economía venezolana. La divisa estadounidense podrá ser depositada en la banca nacional. “Ya estamos por autorizar, bajo la supervisión de la Superindentencia de Depósitos Bancarios, la apertura de cuentas en dólares a todos los niveles”, afirmó.

El mandatario venezolano hizo estos anuncios con motivo de su visita a la Asamblea Nacional, recién electa en los cuestionados comicios del pasado diciembre y controlada ahora por el chavismo, en ocasión de la presentación de su Memoria y Cuenta, el informe anual de gestión, un gesto institucional que Maduro no había hecho durante los años en los cuales la oposición controló el Poder Legislativo.

La intención de Maduro por digitalizar totalmente las transacciones comerciales y estandarizar la influencia del dólar –presente ya en un 70% de la economía– tiene lugar en un país con cuatro años de hiperinflación, una hacienda pública devastada por la corrupción y una grave caída en sus ingresos petroleros. El bolívar, la moneda nacional, prácticamente no existe en papel moneda y buena parte de las transacciones y pagos cotidianos se hacen con puntos de venta [tarjetas de crédito], transferencias bancarias y mecanismos alternativos como el pago móvil.

El uso del dólar está autorizado, pero son poco comunes los billetes de baja denominación, lo cual dificulta operaciones comerciales elementales ante la ausencia de cambio. En este contexto, Maduro anunció que el transporte público del país será cancelado con los sistemas de pagos digitales V-Ticket y V-Pos. El Gobierno ya tiene digitalizadas asignaciones salariales, bonos oficiales y subsidios añadidos de la administración pública mediante el denominado Carné de la Patria, estimula el uso de las criptomonedas y ha creado otros mecanismos similares de pago como la Billetera Móvil.

“El Gobierno de Maduro tiene hoy mucho interés en minimizar en lo posible el uso del efectivo”, afirma Leonardo Vera, docente y miembro de la Academia Venezolana de Economía. “La razón principal es que, en un contexto de hiperinflación, esta mecánica de estar imprimiendo billetes a cada rato es muy costosa. La vida útil de cada billete es muy corta, es un gasto enorme para el Estado.” Cada dólar se vende en este momento en un millón y medio de bolívares. El billete venezolano de más alta denominación es de 50.000. El bolívar, la moneda latinoamericana más fuerte durante buena parte del siglo XX, hoy no vale nada.

“Se ha hablado de la dolarización de la economía. Yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape,” afirmó Maduro, cuya administración sigue dando pasos apurados y silenciosos para atraer capitales, congraciarse con el sector privado y dinamizar el comercio exterior en medio del extendido cuestionamiento a su Gobierno. Hasta 2017, tanto Maduro como la plana dirigente chavista culpaban casi diariamente “al dólar criminal”, y “la guerra económica de la burguesía”, como presuntos responsables del naufragio económico del país.

Desde que asumió el poder, en 2013, el Gobierno de Maduro ha impreso dos familias de billetes que al poco tiempo han quedado completamente obsoletos, devorados por un descontrolado aumento de precios que ya parece parte del paisaje, y para el cual no se ha anunciado ninguna estrategia económica en particular.

Antes de que el dólar fuese aceptado abiertamente en Venezuela, hace tres años, la ausencia de bolívares en efectivo dio paso a enardecidas protestas de la población afectada, particularmente en pueblos pequeños al no poder cobrar sus salarios.

“Hay una tendencia en curso, acentuada con el covid, para que muchas economías del mundo digitalicen sus transacciones”, afirma Vera, quien afirma que, contrariamente a lo que pueda pensarse, ya hay un trecho avanzado en Venezuela en estos temas al estar presionado el Gobierno por la necesidad.

Para el asesor financiero Henkel García, director de la firma Econométrica, el Gobierno va a encontrar problemas para masificar esta digitalización: “En cualquier caso, al no resolverse el problema económico del país, mucha gente va a quedar por fuera. La gente necesita bolívares. Gente que no tiene teléfono inteligente, que no quiere usarlo en la calle por miedo al hampa. Es imposible plantearse una meta del 100 por ciento de la digitalización de los pagos. Ni Suecia, país vanguardia en el mundo en estos temas, ha podido hacerlo”.

“Tendremos un gran problema para este objetivo: la debilidad de las plataformas tecnológicas venezolanas y los pocos recursos existentes para ponernos al día”, afirma Vera. “Puede que a futuro tengamos un sistema diversificado de medios digitales, pero con plataformas muy inestables”, concluye.

Por Alonso Moleiro

Caracas - 13 ene 2021 - 16:01 UTC

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Criptomonedas para «dummies» Preguntas y respuestas sobre Bitcoin

Las extensión de las criptomonedas, sobre todo de bitcoin, plantea diversos interrogantes. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? ¿Qué significa la jerga que está detrás? ¿Qué consecuencias tienen para los Estados, e incluso para la democracia?

 

Bitcoin nació en 2008, el mismo año que Lehman Brothers declaró su quiebra. El 31 de octubre de ese año, un usuario identificado como Satoshi Nakamoto publicó en la lista de correo «Cryptography» un mensaje que decía: «He estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico que es totalmente peer-to-peer, sin terceros de confianza». Además, contenía un enlace al documento alojado en el sitio bitcoin.org conocido como «white paper» donde se explicaba punto por punto el funcionamiento del sistema. En realidad, nadie conoce la verdadera identidad de Nakamoto.

Bitcoin fue la primera moneda digital que logró transferir valor entre usuarios sin necesidad de una autoridad central que verifique las transacciones. La idea, tan sencilla como suena, dio origen a una revolución monetaria sin precedentes. El 9 de enero de 2009, Nakamoto liberó la versión 0.1 del cliente de Bitcoin (hoy conocido como Bitcoin Core), un software de código abierto que conectaba varias computadoras entre sí, y esto dio origen a la red que soportaría la criptomoneda. Las tareas de la red eran, en apariencia, sencillas: permitir transacciones entre usuarios, hacer una lista de todas las transacciones, verificar que no se gaste dos veces la misma moneda y emitir nuevas unidades monetarias.

Ese mismo día, a las 00:54, se minó el primer bloque de bitcoin y con él se crearon las primeras unidades. Tres días más tarde, el 12 de enero de 2009, Hal Finney, uno de los miembros más destacados de la lista de correo «Cryptography», recibió la primera transacción de bitcoin de la historia. El 26 de abril de 2011, Nakamoto envió su último mensaje y desapareció de la vista del público. Tres años más tarde, el 28 de agosto de 2014, Finney murió producto de un cuadro avanzado de esclerosis lateral amiotrófica. Su cuerpo se preserva en estado de criogenia en los laboratorios de la Alcor Life Extension Foundation.

Junto a Nick Szabo, Finney es reconocido como uno de los pioneros de Bitcoin y uno de los principales sospechosos de ser Satoshi Nakamoto o, al menos, de haber tenido contacto estrecho con el personaje anónimo.

¿Qué es bitcoin?

Bitcoin, además de ser el nombre de la moneda, es la red que la soporta: una red entre pares (p2p), sin intermediarios, que permite mandar valor de una parte del planeta a otra sin pedir permiso a nadie, a un costo relativamente bajo, de forma semianónima, rápida y totalmente irreversible. Estas características le permiten a Bitcoin ser inmune a los intentos de censura de cualquier nación, empresa o autoridad.

Los usuarios pueden transferir bitcoins a través de la red para hacer casi cualquier cosa que se pueda hacer con las monedas convencionales, como comprar y vender bienes y servicios o enviar dinero a otra persona, e incluso algunas plataformas permiten recibir u otorgar crédito usando bitcoins. Los bitcoins se puede comprar, vender e intercambiar por otras monedas en casas de cambio especializadas. A diferencia de las monedas tradicionales, Bitcoin es totalmente virtual. No hay monedas físicas que lo representen.

Los usuarios de la red poseen una serie de claves (conocidas como claves privadas) que permiten demostrar la propiedad del bitcoin. Con estas claves se pueden realizar transacciones a otros usuarios de la red. Las claves se guardan en billeteras digitales, que pueden estar en una computadora personal, en el teléfono e incluso en un hardware específico diseñado con tal fin. Las claves privadas que permiten realizar transacciones son el único requisito previo para enviar bitcoins, dejando así el control total de sus fondos en manos de los usuarios.

¿Qué es la minería?

Cada unidad de Bitcoin se crea en un proceso llamado «minería». Determinados nodos de la red, llamados mineros, compiten para encontrar la solución a un problema matemático mientras se procesan las transacciones de bitcoins. Cualquier participante en la red Bitcoin puede convertirse en minero, en tanto que ponga a disposición el poder de procesamiento de su computadora para verificar y registrar transacciones.

Cada diez minutos, en promedio, un minero de Bitcoin compite por validar todas las transacciones de los últimos diez minutos y, si logra validarlas, obtiene una recompensa en forma de bitcoins. Esta función es conocida como «prueba de trabajo», o en inglés, proof of work.

En la actualidad, la recompensa consiste en 6,25 bitcoins por bloque minado, y cada 210.000 bloques, la recompensa se reduce a la mitad. De esta forma Bitcoin alcanzará un límite de unidades cercano a los 21 millones. Este límite se deduce de la propia velocidad de emisión de nuevas unidades de Bitcoin, que está establecida en el software de la red. Además, cada unidad de Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes, es decir que podemos fraccionar un bitcoin hasta obtener el 0,00000001 de cada unidad. Esa unidad mínima se llama satoshi.

El protocolo de bitcoin incluye algoritmos que regulan la función de minería en la red. La dificultad de resolución del problema matemático que permite minar un bloque se ajusta de forma automática para que el tiempo de validación entre un bloque y otro sea de diez minutos, sin importar la cantidad de mineros que estén compitiendo en ese momento. El número de bitcoins en circulación adquiere la forma de una curva predecible que se acerca a los 21 millones para el año 2140. Dado que la tasa de emisión es decreciente, a largo plazo, Bitcoin es deflacionario. No se puede inflar «imprimiendo» dinero nuevo más allá de la tasa de emisión esperada.

Pero que sea una moneda virtual no significa que no haya «materialidad» detrás. Minar bitcoins requiere del uso de energía eléctrica. Con las condiciones actuales donde la competencia es muy extendida, el minado de bitcoins se vuelve rentable en regiones que tengan alguna ventaja comparativa, como por ejemplo, energía eléctrica muy barata. A mayor potencia de computación hay mayores probabilidades de resolver un bloque y, por tanto, de obtener la recompensa. Por eso se crearon «pools de minería» para concentrar ese poder de fuego.

Esa es una de las razones por las cuales Paraguay, por ejemplo, se volvió uno de los lugares desde donde «minar bitcoins» resulta rentable. «En Paraguay sigue siendo rentable minar bitcoins debido a que tenemos el más bajo costo de energía eléctrica de la región», dice Luis Pomata, CEO y cofundador de Nano Mining Paraguay. «El costo normal es de 5 centavos de dólar el KW/h y puede llegar inclusive a los 3 centavos de dólar el KW/h. Es algo que solamente se ve en países asiáticos o en algunos lugares de Norteamérica». Y agrega que el país sudamericano tiene también «bajos costos de mano de obra técnica y por último se pueden comprar o alquilar depósitos/galpones para utilizarlos como centros de datos que cumplen con los requisitos necesarios para albergar las máquinas mineras a un precio muy accesible».

¿Cómo obtiene su valor?

Una de las preguntas más frecuentes acerca de Bitcoin es «cómo obtiene su valor» o «qué respaldo tiene». Para poder responder esto, debemos dar un pequeño rodeo histórico. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la necesidad de crear un sistema de comercio internacional que evitara los desequilibrios que habían llevado a la Primera Guerra, al crack de los años 30, al auge del fascismo y, finalmente, otra vez al enfrentamiento bélico y el Holocausto.

Estados Unidos, con la doctrina del globalismo liberal a la cabeza, sostuvo la hipótesis de que un mundo abierto al comercio era un mundo de paz. Así, en las conferencias de Bretton Woods, el dólar estadounidense se convirtió en el garante del comercio internacional y, por lo tanto, de la paz. Hasta ese entonces el dólar contaba con una fracción de oro que garantizaba su «valor». Los dólares, en definitiva, eran convertibles a una porción de oro. Pero en 1971 Richard Nixon decretó la salida de Estados Unidos del patrón oro y entonces la moneda estadounidense dejó de ser convertible al metal precioso. Así, ya ninguna moneda global podía ser convertible, vía el dólar, al oro. Este tipo de dinero es conocido como dinero fiat o fiduciario.

El «respaldo» de nuestras monedas proviene de la capacidad de los Estados de forzar su uso y declarar ilegales el resto de las monedas. El cambio radical entre patrón oro y dinero fiduciario (que viene del latín fides, es decir, fe) es aún hoy en día, a casi medio siglos de distancia, un hecho desconocido para una gran porción del público. Nuestro dinero no tiene respaldo alguno más que la credibilidad en quién lo emite y el acuerdo entre las partes que lo usan. En definitiva, el valor del dinero es una relación social y de ahí, por lo tanto, su carácter ineludiblemente político.

El valor de Bitcoin, más allá de sus características particulares como la escasez, la seguridad, la resistencia a la censura, la inmutabilidad y la fiabilidad, depende del acuerdo de todos los usuarios. En ese sentido, Bitcoin también es, de alguna forma, una forma de fe. La única diferencia con el dinero que imprime el Estado o un banco (como puede ser el caso de Hong Kong) es que el valor no está asociado a la confianza en determinado gobierno, sino a la confianza puesta en un sistema de prueba criptográfica.

Esto implica la destrucción del monopolio del dinero por parte de bancos y Estados, y la demostración empírica de que un grupo de personas que no se conoce, que no tiene contacto entre sí y que ni siquiera tiene los mismos intereses ni ideología puede generar consenso a través de una tecnología lo suficientemente robusta y unos incentivos alineados de la forma correcta.

¿Puede surgir una «oligarquía» del bitcoin?

Si bien Bitcoin es una red descentralizada, el miedo a la centralización siempre existió y es un problema que tiene muchos matices. En principio, se podría sospechar que los desarrolladores que actualizan, escriben y mantienen el código de Bitcoin pueden tener un poder especial sobre el resto de la comunidad. Pero lo cierto es que cada cambio puede o no ser aceptado por esta, en tanto que para aplicarse es necesario que cada nodo actualice la versión completa del software Bitcoin Core. En ese sentido, un cambio que no cuente con el suficiente consenso de la red puede ser rechazado.

Por otro lado, el mayor riesgo de concentración se encuentra del lado de los mineros, dado que Bitcoin puede mantener su autonomía mientras todos los nodos mantengan la cooperación. Existe la posibilidad de que la red sufra un tipo de ataque conocido como «ataque del 51%» en el que alguien que logre concentrar la mitad más uno del hashpower de la red pueda reescribir la blockchain a su antojo. El riesgo de que un pool de minería logre alcanzar esa cantidad de poder de «hash» es real, aunque si así lo hiciera, estaría atacando, y por lo tanto destruyendo valor, de parte de la red en la que está invertido. Por lo tanto, sería una especie de autodestrucción.

Otros posibles candidatos para ser «oligarcas del bitcoin» son aquellos usuarios que minaron o compraron muchos bitcoins cuando no valían casi nada. Estos usuarios son conocidos en la jerga como whales (ballenas) y durante mucho tiempo, el movimiento de sus fondos provocaba grandes tensiones en el precio del bitcoin. A medida que la red crece en usuarios, el poder de las whales va disminuyendo, pero siguen siendo un factor que es preciso tener en cuenta. Pese a que existe la posibilidad de que una persona o un grupo de personas se «apoderen» de Bitcoin, es importante entender que el mayor activo de la red es el consenso, y cualquier cosa que atente contra el consenso de Bitcoin afectará su precio. Por lo tanto, todos los actores tienen un incentivo muy fuerte para no tomar medidas que puedan destruir la confianza de la red.

¿Qué lo diferencia de otras criptomonedas? ¿Hay una competencia entre ellas?

Al ser la primera criptomoneda, el bitcoin tiene una preponderancia singular. Es la que más tiempo lleva existiendo, la más conocida y la que más momentos complicados logró superar. Además, tiene varios elementos que alientan su crecimiento, entre ellos, el pico del precio en 20.000 dólares, que podría ser superado. Existen miles de nuevas criptomonedas, pero son pocas las que realmente aportan algo singular y significativo al espacio.

Ethereum, por ejemplo, es hoy por hoy la plataforma más elegida por desarrolladores interesados en blockchai, dado que no es solo una criptomoneda, sino que es una computadora descentralizada con la capacidad de ejecutar programas informáticos inmutables conocidos bajo el nombre de «contratos inteligentes». Más que competencia, la aparición de proyectos diferentes de bitcoin, con otros alcances y metas, fortalece el espacio, brinda alternativas y permite encontrar soluciones que quizá no puedan ejecutarse de forma tan sencilla en el software de Bitcoin.

¿Qué consecuencias puede tener para los Estados?

De mínima, los Estados van a tener que aprender a lidiar con estas tecnologías y entender que sus ciudadanos las van a empezar a usar en su vida cotidiana. De máxima, el Estado perdería el control de su sistema monetario. Esta perspectiva, animada por algunas utopías libertarias, es muy exagerada, porque demasiadas cosas deberían salir bien en el ecosistema de las criptomonedas (y los Estados no deberían hacer nada) para que esa situación se vuelva real.

Ya hoy las medidas que se exigen a las casas de cambio cripto (también conocidas como exchanges o brokers), como el KYC (know your customer, «conoce a tu cliente») y AML (anti money laudering, «anti lavado de dinero»), funcionan como una buena herramienta para regular el comercio entre dinero estatal y criptoactivos. El cambio de dinero fiat a cripto es el cuello de botella en el que el Estado puede intervenir y obtener algún tipo de beneficio. La prohibición, en cambio, empuja a los usuarios a manejarse por completo en el mercado negro y en dinero en efectivo. Con la aparición del renmi digital, también conocido como «cripto yuan», China se pone a la cabeza de los Estados que buscan crear su propia criptomoneda para competir, o amortiguar, el impacto de esta tecnología. Actualmente, 65% de la minería de bitcoin proviene de China.

¿Por qué no se puede usar para transacciones corrientes?

Esto depende mucho de la tecnología y del precio. Mientras que en sus inicios bitcoin se usó como medio de pago, había algunas cuestiones que lo hacían bastante incómodo. La cuestión es que solo se valida un bloque cada diez minutos, y que el límite en el tamaño del bloque permite solo tres transacciones por segundo, lo que limita la capacidad del sistema y lo hace ineficiente si pensamos en compras o ventas en locales como cafeterías, almacenes, verdulerías, etc. Nadie se va a quedar esperando ahí a que su transacción se valide. Además, se suma el problema de la comisión por transacción.

Si bien en una transacción de, por ejemplo, dos bitcoins el costo es ínfimo, para transacciones pequeñas (recordemos que un bitcoin se puede dividir en hasta 100 millones de unidades) la comisión podría superar el valor de la transacción. En ese sentido, existen varias propuestas para solucionar esto y convertir de nuevo el bitcoin en un medio de pago. La más interesante, que usa la misma blockchain de Bitcoin, se llama lightning network y es un protocolo que funciona en una segunda capa de la blockchain y permite la creación de canales de pago en los que se pueden hacer miles de pagos en segundos y sin costo. El único pago se haría cuando el canal se cierra y sería el equivalente a una comisión normal de la red.

¿Las criptomonedas son una especie de paraísos fiscales radicales?

Cuando pensamos en paraísos fiscales, nos remitimos a una ubicación geográfica con una estructura jurídico-administrativa que permite a empresas, familias, organizaciones o individuos mantener su capital fuera del alcance del gobierno del país en donde se generó ese dinero. Panamá, Malta, pequeñas islas, a veces paradisíacas, e incluso estados de Estados Unidos como Delaware o Nuevo México pueden caer en esta categoría. En realidad, la expresión en inglés es refugio o guarida fiscal (tax haven) y no paraíso (heaven).

En este sentido, las criptomonedas funcionan de forma similar. Uno puede guardar su poder adquisitivo fuera del control de los Estados, aunque esto tiene algunas implicancias un poco más fuertes. En primer lugar, el dinero que se guarda en un paraíso fiscal es dinero fiduciario; por otro lado, quienes acceden a este tipo de jurisdicciones cuentan con una estructura legal y económica de cierta envergadura para lograrlo. Si bien los Estados dicen estar en contra, los paraísos fiscales más grandes del planeta son jurisdicciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido. Lo cual no deja de llamar la atención. En el caso de las criptomonedas, estas están abiertos a cualquier ciudadano, cuente o no con una estructura jurídico legal, sea o no parte de los ricos que suelen fugar su dinero a los paraísos fiscales. Y por otro lado, el poder adquisitivo atesorado en criptomonedas no está en dinero impreso por el Estado y nunca lo estuvo. En ese sentido, es muy parecido a comprar oro: el oro es escaso, su cantidad no está controlada por el Estado, no se puede emitir a gusto y placer, resiste el paso del tiempo, etc.

Lo que permite Bitcoin, por poner un ejemplo, es obtener las mismas características de un resguardo de valor como el oro pero con algunas ventajas: es más fácil de transportar, no requiere interacción física con nadie y es resistente a cualquier tipo de «censura» estatal. En ese sentido, Bitcoin representa la posibilidad de salir por completo del esquema económico controlado por el Estado, la política y los bancos. Es un «afuera» total del sistema bancario y estatal. Y se puede acceder desde una computadora o celular que se guarda en el bolsillo.

En definitiva, es mucho más que un paraíso fiscal, porque incluso está por fuera de las relaciones de poder entre bancos y Estados. Es de alguna forma una democratización total de la banca, ya que se anula por completo la necesidad de un intermediario para transferir valor a cualquier parte del mundo. Se podría decir que es una forma radical de dinero controlado por sus usuarios.

¿Qué consecuencias podría tener para la democracia debido a la complejidad de su uso?

La principal afrenta que representa bitcoin y cualquier criptomoneda, como decíamos más arriba, es la amenaza al monopolio de la emisión de dinero que hoy tienen los Estados. Como quedó claro en la crisis de 2008 y ahora con la pandemia, Wall Street, los bancos y demás instituciones financieras son too big to fail [demasiado grandes para quebrar]. La caída del sistema bancario también sería la caída de los gobiernos de turno y un punto de inflexión para cualquier democracia.

Quienes vivimos la crisis de 2001 en Argentina lo pudimos ver. El sostén del sistema bancario actual implica aumentar la circulación de dinero, en forma de impresión, crédito, bonos, etc. La única manera que tienen las personas comunes de resguardarse contra esos aumentos de circulante es comprando oro, criptomonedas u otro tipo de objetos. En este sentido, por primera vez en años, las personas comunes tienen una herramienta para resguardarse de las malas desiciones de política económica por un lado, y de desafiar el statu quo financiero por otro. En el caso de economías fallidas como Venezuela, por ejemplo, el bitcoin funcionó casi como un oasis para quienes podían acceder a la criptomoneda mediante envíos del exterior.

En este sentido, Bitcoin podría considerarse como una versión radical del sistema de bancos centrales independientes, en línea con lo que planteaba Milton Friedman, donde la cantidad de dinero esté completamente escindida de las necesidades políticas. Habría que ver si un sistema de estas características permite crecer a las economías de los países periféricos. En principio, no habría nada estructural que impidiera que existan gobiernos democráticos sin un control total o parcial de su política monetaria.

Respecto al problema del uso, hoy Bitcoin se encuentra todavía en una etapa bastante temprana. Si pensamos la transición que sufrió internet de ser solo un sistema para programadores de universidades de Estados Unidos a ser la mayor plataforma de comunicación mundial en solo 40 años, podemos tomar dimensión del proceso que deben atravesar las criptomonedas. Hoy, cualquier niño o niña que no sabe leer toma un teléfono y puede abrir YouTube sin problema. Aunque los padres atribuyan esto a una inteligencia especial de sus hijas e hijos, en realidad quien logró eso es el diseñador de la interfaz. Con esto quiero decir que, a medida que una tecnología evoluciona, también lo hace su interfaz, que se vuelve cada vez más sencilla. No hace falta saber cómo funciona internet para usarla, o conocer la tasa de transferencia de bits para ver una película en Netflix, o conocer los pormenores del protocolo TCP/IP para enviar un correo electrónico. Esto es así, precisamente, por la evolución en lo que ahora se llama «interfaz de usuario» y «experiencia de usuario» (en inglés UX/UI).

Lo que realmente necesita Bitcoin para volverse aún más «democrático» es ir eliminando, dentro de lo posible, el nivel de conocimiento necesario para operar en la plataforma. Hoy por hoy, si bien existen billeteras de bitcoin muy sencillas para teléfonos inteligentes, el proceso de transformar bitcoins a monedas fiduciarias y viceversa sigue siendo bastante friccionado.

Pero este problema posiblemente se irá eliminando, y la importancia de las criptomonedas se destacará aún más cuando la mayoría del dinero del mundo se vuelva digital. Cuando casi toda la población reemplace el efectivo por dinero digital (fiduciario, estatal y centralizado), la adopción de bitcoins será mucho más sencilla y, además, muchos preferirán tener dinero digital anónimo.

Los hoy tan popularizados pagos con códigos QR, que requieren casi nula comprensión de cualquier usuario respecto de la tecnología que está detrás, nacieron con las billeteras de Bitcoin. Cualquiera puede enviar y recibir bitcoins desde cualquier teléfono mediante códigos QR. En ese sentido, lo que queda por pulir es la fricción para adquirir nuevas unidades. Algo que, de a poco, empieza a suceder a escala global. En octubre de 2020, la empresa de pagos digitales Paypal anunció que pronto integrará Bitcoin a su billetera. La aplicación Cash App (una especie de Mercado Pago estadounidense propiedad de Jack Dorsey, CEO de Twitter) desde finales de 2018 permite operar en bitcoins.

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Medios japoneses: China y Rusia desdolarizan su comercio para avanzar hacia una "alianza financiera"

En 2015, la participación de la moneda estadounidense en las transacciones bilaterales era de alrededor del 90 por ciento, y ahora se ha reducido al 46 por ciento.

 

Rusia y China unen esfuerzos para reducir su dependencia del dólar, lo que, según algunos expertos, podría llevar a una "alianza financiera" entre ambas naciones, escribe en un artículo para la revista japonesa Nikkei Asian Review el politólogo estadounidense Dimitri Simes.

Moscú y Pekín han reducido drásticamente su uso del dólar en el comercio bilateral durante los últimos años. En 2015, aproximadamente el 90 % de las transacciones bilaterales se realizaban en dólares estadounidenses. Sin embargo, tras el comienzo de la guerra comercial declarada por Washington y un impulso comun por parte de Rusia y China para alejarse del dólar, la cifra había caído al 51 % en 2019.

En el primer trimestre de 2020, la participación del dólar se ha reducido al 46 %, mientras que la participación del euro alcanzó un máximo histórico del 30 % y la de las monedas nacionales, el 24 % (este también es un nuevo máximo), señala el medio.

En junio del año pasado, ambos países firmaron un acuerdo interestatal para usar sus monedas nacionales en el comercio bilateral, en el marco del proceso de desdolarización anunciado en 2018.

Alexéi Máslov, director del Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, aseguró a la revista que la desdolarización del intercambio comercial entre Rusia y China se acercaba a un "momento decisivo" que podría elevar su relación a una alianza de facto.

El inicio de la desdolarización se remonta a 2014, cuando Occidente impuso sanciones a Rusia por la reunificación de Crimea con el país. Pekín, por su parte, se vio obligada a unirse al proceso después de que el presidente Donald Trump impusiera aranceles a los productos chinos por valor de varios cientos de miles de millones de dólares, reseña el medio.

8 ago 2020 19:49 GMT

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La alternativa al dólar: el trabajo pendiente de la transición a un nuevo orden económico

El ascenso de China y el retroceso de Estados Unidos se perciben con mayor claridad si comparamos dos fechas: 2008 y 2020.

En este breve lapso, la transición hacia un mundo centrado en Asia no ha dejado de progresar, pero para cerrar este ciclo falta una alternativa a la previsible, y no necesariamente cercana, "muerte del estándar del dólar".

Los datos sobre la producción material hablan solos.

Según la World Steel Association, en 1991 China producía el 9,6% del acero del mundo, pero en 2019 ya produce el 53,3%, mientras los países del NAFTA apenas llegan al 6,3%. Esa abrumadora diferencia no ha hecho más que ensancharse durante la pandemia: en junio China alcanzó el 61% de la producción, mientras Occidente retrocede.

El punto de inflexión fue la primera década de 2000, ya que en 2007 producía ya el 36,5% del acero mundial.

Si ponemos la lupa en la producción de vehículos, el ascenso chino es tan impresionante como el estancamiento de Occidente: las fábricas del Dragón lanzaron dos millones de vehículos en 2000 para ascender a 29 millones en 2019. En tanto EEUU, Alemania y Japón retrocedieron o se estancaron.

Para quienes crean que el ascenso chino está focalizado en la producción masiva de mercancías de baja y mediana tecnología, la lista top500.org que analiza las 500 supercomputadoras más potentes del mundo, es más que ilustrativa. Recién en 2002 China entró en la lista, cuando EEUU sumaba el 48,6% de las mejores supercomputadoras.

En junio de 2020, la última lista difundida, China obtiene el 45,5%, duplicando a EEUU que obtiene sólo el 23,4% de las supercomputadoras.

Si nos fijamos en el sector financiero, en 1999 EEUU copaba la lista de los 10 mayores bancos por capitalización, con seis bancos, encabezados por Citigroup. Entre los 20 mayores no había ninguno chino. En julio de 2020, la lista la encabezan cuatro gigantes chinos, con el ICBC a la cabeza, habiendo sólo dos estadounidenses entre los diez mayores.

El diplomático Alfredo Toro Hardy nos recuerda en el Observatorio de la Política China, que el Dragón es ya una superpotencia tecnológica, que "posee nueve de las 20 mayores empresas de alta tecnología en el mundo", encabezadas por Alibaba, Tencent, AntFinancial, Bytendance y Baidu, pero a renglón seguido nos dice que "las 11 remanentes son todas estadounidenses".

El último dato es importante porque EEUU está en declive, pero en modo alguno es una potencia derrotada, ni siquiera en lo económico. China es el segundo mayor inversor del mundo en investigación y desarrollo tecnológico después de Estados Unidos, aunque el Dragón crece cuatro veces más deprisa.

Por eso, Toro Hardy concluye: "Estados Unidos y China mantienen una competencia en la que el primero lleva aún la delantera, pero donde la segunda descuenta aceleradamente la ventaja. Como en las carreras de caballos, quien alcanza gana".

Creo que es un buen ejemplo que echa luz sobre los conflictos en curso. Sin embargo, la gran ventaja de Washington es el dólar. Como destaca el Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), "el tema más crítico de toda la transición mundial, es la reforma del sistema monetario internacional".

Según este think tank francés, luego de la crisis de 2008 que golpeó al dólar, el mundo se ha abocado a "resolver la paradójica obligación de liberarse de su dependencia de la moneda estadounidense, protegiendo, al mismo tiempo, el valor de las inmensas reservas de divisas denominadas en dólares, acumuladas en las arcas de los bancos centrales".

Más de una década después, aún no está claro cómo se resolverá la sucesión del dólar. Uno de los cambios más notables, anotados por el LEAP, es que el mercado de futuros del petróleo, que cotizan en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai, ya representan el 10% de los volúmenes de hidrocarburos comercializados en el mundo.

Se trata de un importante avance, pero insuficiente. El último boletín del LEAP anticipa que "las monedas vinculadas al dólar perderán; mientras que las monedas vinculadas a la potencia china y al euro serán áreas de estabilidad monetaria".

Estamos en un punto decisivo y delicado. El ascenso de China es un hecho, pero EEUU aún tiene la capacidad de impedir que siga avanzando. Si nos basamos en la historia de las transiciones hegemónicas (de España a Inglaterra y de ésta a EEUU, por mencionar las más recientes), todas implicaron guerras que consagraron las tendencias de fondo.

En este momento, todo apunta al Mar del Sur de China como escenario de una conflagración entre ambas potencias. El analista Pepe Escobar cita un informe chino no publicado, que asegura que la aviación del Pentágono está siendo neutralizada por "dispositivos de interferencia electrónicos ubicados en islas y arrecifes en el Mar del Sur de China".

Añade que "no hay absolutamente ninguna manera de que la Flota del Pacífico de EEUU pueda ganar una guerra de disparos en el Mar del Sur de China".

Es posible que sea así, aunque el anti-imperialismo suele exagerar las capacidades de quienes se oponen a EEUU y desconsiderar las fortalezas que conserva y desarrolla aún la superpotencia.

Por el contrario, el especialista en seguridad mundial Michael T. Klare, considera que la principal limitación de EEUU es su frágil situación interna. Si la guerra fría en curso se deslizara hacia una guerra caliente, EEUU afrontaría la limitada capacidad de reclutamiento del Pentágono:

"A diferencia de la Guerra Fría original, los hombres jóvenes en este país ya no están obligados a servir en el ejército de los EE. UU", argumenta Klare.

En efecto, en las guerras de EEUU desde el 11S, se utilizaron incentivos económicos para alentar a los soldados profesionales y así "evitar la protesta pública por esas guerras", como sucedió en Vietnam, una guerra perdida en las ciudades y campus estadounidenses.

Eso fue posible, agrega Klare, "porque el número de soldados que participaron en combate no era enorme en comparación con las épocas de la Guerra de Corea o Vietnam". Pero una guerra contra China, y probablemente también contra Rusia, necesita de un nivel de reclutamiento que sería imposible en la situación interna que vive EEUU.

Una sociedad quebrada por el empobrecimiento de la clase media y el brutal enriquecimiento de los más ricos y la 'epidemia de opioides', que se traducen en la disminución de la esperanza de vida, un caso único entre los países desarrollados.

Un país que está "demasiado roto para combatir el coronavirus", como señala una columna de The New York Times, no puede encarar ninguna empresa seria. El casi amotinamiento que vivió la tripulación del portaaviones Theodore Roosevelt, en apoyo al comandante Brett Crozier, ante el brote de coronavirus en la tripulacion y desobedeciendo al alto mando, es una pequeña muestra de lo que puede suceder en una sociedad en pie de guerra contra el 1%.

15:32 GMT 07.08.2020URL corto

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Vladimir Putin, presidente de Rusia, primer país en planear la venta de bonos en yuanes.Foto Ap

Desde 2017, "Rusia planea(ba) la primera venta de bonos en yuanes" con el fin de atraer a los inversionistas en búsqueda de fondos, según The Wall Street Journal (on.wsj.com/2OBTDm8 ). Por alguna razón, la sonada venta por mil millones de dólares a 5 años no se concretó.

El "roadshow" había sido encabezado por el chino ICBC, primer banco del mundo (bit.ly/3fFc9pz),), con Gazprombank de Rusia.

A los bonos en yuanes emitidos fuera de China se les conoce en forma simpática como “bonos dim-sum” –en alusión a las botanas gastronómicas chinas– y que serán listados en la bolsa de Moscú. Ello conlleva la virtud de acelerar la"internacionalización" del yuan, que pronto será la segunda divisa de reserva global, debido a que China ostenta las "mayores reservas y oro (sic)" en el mundo, con US$3.4 millones de millones (trillones en anglosajón) (dato de 2020; bit.ly/3eJ5rgZ), cuando Estados Unidos se encuentra muy por detrás en un raquítico lugar 20 con US$123 mil 300 millones, inclusive detrás de México con US$175 mil 300 millones (cifras del 2017; bit.ly/2ZFf6Rq).

Cuando se suma todo el "circuito étnico chino" –China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y Macao– sus reservas alcanzan unos azorantes US$4.6 millones de millones. ¡Las reservas son ya "amarillas"!

Debido a las sanciones de Occidente, Rusia busca seducir a los inversionistas chinos cuando los bancos chinos han invertido en las firmas rusas del sector del gas y petróleo desde 2016 (on.wsj.com/3h7vgcr).

SCMP, propiedad de Alibaba, con sede en Hong Kong, exhibe una fascinante gráfica de cómo las potencias imperiales desde el año mil 400 han perdido su estatuto de imponer su divisa de reserva al mundo: Portugal y España entre 1400 y 1575; Holanda y Francia a partir de 1750; Gran Bretaña desde finales del siglo XIX hasta 1925, y Estados Unidos desde Bretton Woods (1944) hasta la fecha.

De nueva cuenta, Rusia intenta lanzar a finales de 2020 o a inicios de 2021 los bonos soberanos denominados en yuanes (bit.ly/3hbrlLy): Rusia y China buscan romper el cordón umbilical con el dólar debido a que "Washington usa el acceso al sistema de pagos global con los dólares como arma para castigar a los países e individuos por quebrantar sus leyes, aun fuera de Estados Unidos".

Moscú y Pekín todavía no consiguen implantar un nuevo sistema para los pagos directos de sus divisas: el yuan y el rublo.

En forma insólita, JP Morgan y el Banco Central Británico "han sugerido que es tiempo para que el dólar ceda su estatuto de reserva global de divisas, ya que la alternativa amenaza al mundo como una supernova (sic) deflacionaria (sic)".

William Pesek, autor del libro La Japonización: lo que el mundo puede aprender de las décadas perdidas de Japón (amzn.to/2WyIGX8)”, quien por obviedad es proclive a la sinofobia, aduce que "el malestar del dólar no es aún la ganancia del yuan", ya que, mientras los mercados tienen razón en perder la fe en el dólar, el yuan chino no es aún una alternativa de paraíso seguro (bit.ly/3jawNAp).

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr (WB), arremetió contra el Partido Comunista de China por "tener éxito en sus políticas económicas depredadoras" al haberse convertido en la matriz manufacturera del mundo y, supuestamente, practicar un “blitzkrieg económico” para sustituir a Estados Unidos como la "prominente superpotencia" global (bit.ly/3h7IjKQ).

WB comentó que Estados Unidos se ha vuelto “peligrosamente dependiente de China para los materiales de tierras raras (bit.ly/30pHk25)”, primordialmente “usadas en tecnología, medicina y aun en las industrias del hardware militar”.

Mientras WB despotricaba contra el comunismo chino, Pekín daba a conocer su recuperación en su fase post-Covid-19 con un crecimiento de 3.2 por ciento al segundo trimestre de 2020, dejando atrás al resto del mundo.

A diferencia del sobre-endeudado G-7 y su esquema especulativo e hiperconsumista, Rusia ostenta muy poca deuda: 19.5 por ciento de su PIB –una de las más bajas del mundo– frente a Estados Unidos con 104.3 por ciento.

Se acerca el fin de la hegemonía del dólar.

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China desafía al dólar con una moneda digital que utilizará en transacciones internacionales

China se encamina a cancelar el dólar estadounidense en las transacciones bursátiles y comerciar oficialmente con una nueva moneda digital estatal e-RMB, el nuevo yuan chino, en lugar de la moneda estadounidense.

La idea va más allá de sumarse a la tendencia mundial de la reducción del uso del efectivo -fenómeno que el coronavirus aceleró-, busca convertirse en una alternativa al dólar para el comercio internacional, aseguraron informes publicados en la prensa china.

Un comunciado publicado por China Daily la semana pasada señaló que el Banco Central advirtió que en esta primera etapa "no emitirá una gran cantidad" y negó que pueda generar inflación. En tanto que una columna de análisis en el mismo medio explicó que "Una moneda soberana digital provee una alternativa funcional al sistema de pagos del dólar y morigera cualquier amenaza de exclusión o sanción a nivel país o nivel empresa.

También puede facilitar la integración hacia mercados globales de divisas con bajo riesgo de ruptura por causas políticas. La estabilidad del yuan chino durante la crisis del Covid-19 mejoraron su atractivo para muchos inversores. Estos dos sistemas de pago -el del dólar estadounidense y la moneda digital china- pueden coexistir o si fuera necesario hacerlos sobre una base recíprocamente excluyente".

Para The Guardian “este es un paso audaz e importante en la historia económica de China”, pues significa que el dólar se volverá inexistente en el comercio chino. Se prevé que la moneda estadounidense caerá bruscamente frente al yuan chino y podría afectar los mercados mundiales, sorprendidos por la decisión.

China, se informó, comenzará a probar pagos en su nueva moneda digital en cuatro ciudades importantes a partir de la próxima semana, según los medios nacionales.

En los últimos meses, el banco central de China ha intensificado su desarrollo del e-RMB, que se convertirá en la primera moneda digital operada por una gran economía.

Hasta ahora en China eran frecuentes las billeteras electrónicas, pero no reemplazaban a la moneda. Esta iniciativa le permitiría al Banco Central tener seguimiento de las transacciones en tiempo real. De acuerdo al medio británico, el profesor Xu Yuan del instituto de investigación para el desarrollo nacional de la Universidad de Peking aseguró a la señal CCTV que: "Aunque el cambio es mínimo desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la supervisión del Banco Central, las futuras formas de finanzas, pagos, negocios y gobernanza social entre otras, este es el mayor cambio jamás".

“Una moneda digital soberana proporciona una alternativa funcional al sistema de liquidación en dólares y mitiga el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión tanto a nivel de país como de empresa”, dijo el informe de China Daily de la semana pasada.

Por: Agencias / Aporrea | Martes, 05/05/2020 11:11 AM |

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El presidente argentino, Alberto Fernández, pagó 250 millones de dólares de deuda externa a finales de marzo. Después abrió un proceso de renegociación con acreedores. CASA ROSADA

Las enormes cantidades desembolsadas por Ecuador y Argentina en época de crisis sanitaria y social recuperan el debate de si es legítimo negarse a pagar los pasivos que históricamente acompañan a la región.

 

La Asociación de Cartoneros de Guayaquil se preparaba para elaborar los primeros doscientos ataúdes de cartón, una vez colapsado el sistema sanitario municipal y la estructura funeraria, mientras el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pagaba una cuota de 326 millones de dólares de deuda externa. Desesperante desde el prisma social y humano, escrupuloso desde la óptica del capitalismo liberal.

También a finales de marzo, con la covid-19 llamando a la puerta, pagó 250 millones de dólares Argentina, atrapado sin remedio en una deuda pública externa (multilateral, bilateral y privada) que se difumina en las estadísticas oficiales. Los números –a 31 de diciembre de 2019– marcan una deuda bruta de la administración central de 323.065 millones de dólares, de los cuales 73.399 millones correspondían a deuda externa con organismos multinacionales y bilaterales. Todavía habría que sumar la deuda pública externa en manos de bancos y fondos de inversión extranjeros, porque el 77,89% de esa deuda pública bruta es en moneda extranjera (251.635 millones de dólares).

En los años setenta, con las crisis del petróleo, se inauguró la nueva era de la deuda externa en América Latina. "Masas de capital del petróleo fueron depositadas en el sector bancario, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos", describe para Público el economista José Castillo, de Izquierda Socialista. "De estas inmensas masas de capital especulativo salen los préstamos al tercer mundo, con una tasa de intereses flotante, que en el origen era bastante baja". En 1981, Paul Volcker, director de la Reserva Federal de Estados Unidos, subió los tipos de interés hasta más allá del 20%: "A partir de entonces, la deuda se convierte en impagable".

Ya estaba a todo vapor también la maquinaria de préstamos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La excusa de la necesaria modernización de los países en vías de desarrollo sirvió para apuntalar también la fase multilateral de la deuda externa pública de América Latina. "Estas deudas fueron tomadas, en la mayoría de los casos, por las dictaduras militares", recuerda Castillo. "En las sucesivas transiciones a regímenes democráticos, los países, en lugar de rechazar la deuda, la terminan aceptando".

La estrategia brasileña para su deuda pública externa

Haciendo frontera con casi todos los países en problemas, pero en las antípodas en lo que a posición deudora se refiere, se encuentra Brasil, que consiguió transformar deuda en dólares a deuda en reales. "Fue un proceso largo de acumulación de reservas y cambios en la estructura de emisión de deuda brasileña, hasta que en 2006 o 2007 se alcanzó la posición de acreedor", afirma Livio Ribeiro, economista del Instituto Brasileño de Economía (IBRE) de la Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Lo relevante, según Ribeiro, "no es la deuda pública externa" en sí misma, "sino la cantidad de deuda indexada en moneda extranjera, que puede ser tanto interna como externa". Es precisamente uno de los laberintos de Argentina, que "sigue estancada en los años ochenta, con el mismo mix de políticas económicas, con el mismo tipo de problema que se observaba a finales de los ochenta en Brasil". Livio Ribeiro valora, en conversación con este periódico, que Argentina "no ha conseguido alcanzar durante los años noventa y los años dos mil un nivel de atracción, seriedad o seguridad que permitiera a los inversores extranjeros tener confianza para colocar dinero en su economía y financiar la deuda en moneda doméstica".

Brasil aumentó, durante ese mismo periodo, su base de activos en dólares –reservas internacionales–, al mismo tiempo que disminuía pasivos en dólares. "Se mostró atractivo al capital extranjero, lo cual permitió que el Banco Central comprara dólares para guardar. Así se consiguió voltear la situación: de deudor líquido pasó a ser acreedor líquido", apunta el analista del Instituto Brasileño de Economía. La mayor parte de los países de América Latina no lo logró.

Explicaba el presidente ecuatoriano el último episodio macabro de la relación de América Latina con la deuda externa con un razonamiento basado en que gracias a abonar al día las cuotas de la deuda, Ecuador sería reconocido por fin como un buen pagador, pudiendo optar con más facilidad a nuevos créditos. Y, aunque se trate de un callejón sin salida, pronto anunció el presidente la renegociación de cuotas con los acreedores, y la llegada de 700 millones de dólares prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros 643 millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional.

Mónica de Bolle, economista brasileña, trasladaba hace unos días una lectura similar a la de Ribeiro. Para Brasil, la parte menos mala de la crisis –desde el punto de vista financiero– es que, dado que la mayor parte de la deuda pública brasileña está en su propia moneda, dado que existen grandes reservas internacionales y además no hay problema en el balance de pagos, "no hay riesgo de que el país necesite acudir al Fondo Monetario Internacional para acceder a mayor liquidez".

No han podido salvarse de esa embarazosa petición al FMI, además de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras. Todas estas líneas de crédito, excepto la de Colombia, son emergenciales –la de Honduras pertenece a un marco diferenciado: por encontrarse el país entre los 77 países más pobres del mundo, su deuda sí que podrá aplazarse durante unos meses–.

Consecuencias de negarse a pagar la deuda pública externa

El primer país en dejar de pagar la deuda pública externa, en 1982, fue México, provocando un efecto dominó. A partir de ahí se encadenan una sucesión de planes de ajuste para intentar renegociar y pagar esas deudas. "En los noventa ya se reconoce que es imposible", cuenta José Castillo, incluso con agresivos planes de ajuste e intervención de grandes compradores de deuda –a base, por ejemplo, de privatizaciones de lo público en los países afectados–. Ni vendiendo los países por pedazos se conseguía rebajar la deuda.

"Las cesaciones de pago (default) han sido una constante en la historia de la deuda pública externa de América Latina. Hay muchos casos, del más diverso tipo, de gobiernos revolucionarios y de gobiernos normales". En palabras de Castillo, que en 2001 llegara el momento del no pago de la deuda en Argentina "facilitó que una masa de fondos pudiera ser aplicada a la recuperación económica y social".

Consecuencias comerciales, según el economista argentino, "puede haber". Eso sí: "Las consecuencias apocalípticas –te invaden, te aíslan–, no existen. A Argentina le embargaron una fragata, y hubo años después un juicio en Estados Unidos contra los fondos buitre". Tanto él como su partido abogan por dejar de pagar la deuda externa. "En la relación costo-beneficio, hoy sale mejor no pagar. ¿Quién tiene crédito en el mundo de hoy? A escala mundial de están rompiendo las cadenas de pago". El Ejecutivo de Alberto Fernández, de momento, ha iniciado un proceso de renegociación con todos sus acreedores.

Argentina, Ecuador, en su día también Brasil, Uruguay, y el resto de países de la región saben por experiencia que los préstamos habitualmente llegan con severas condiciones. La mayoría de programas de las instituciones financieras internacionales, además de solicitar cuadrar el balance de pagos, exigen certezas, austeridad y ajustes, que traducido al español de América Latina significa recortes, pérdida de derechos y opresión.

06/05/2020 08:19

Por VÍCTOR DAVID LÓPEZ

@VictorDavLopez

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