Miembros del Partido Alternativa Feminista marchan frente el Servicio Electoral de Chile, en enero de 2020.EDGARD GARRIDO / Reuters

Las listas de candidatos que disputarán una banca en abril evidencia el descrédito de los partidos políticos tradicionales

Chile ha cerrado las inscripciones para postular a la convención que redactará la nueva Constitución chilena, la primera en su historia escrita en democracia. El órgano de 155 miembros será electo el 11 de abril y tendrá características únicas: será paritario entre hombres y mujeres, como nunca antes había sucedido en el mundo, y tendrá 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, la mayor cantidad que haya tenido un proceso constituyente. Como nunca antes en Chile, además, una gran cantidad de independientes buscan integrar la convención, al margen de los partidos políticos que sufren una crisis de representación profunda y estructural, que no han logrado revertir en la última década. De acuerdo con la información preliminar del Servicio Electoral (Servel), 2.213 personas se han postulado por fuera de las listas de las colectividades, las que fueron patrocinadas por medio millón de ciudadanos (480.977).

Es la primera vez en Chile que se permite a los independientes conformar sus propias listas. Sumando las de los partidos y bloques tradicionales, por lo tanto, llegan a 79 las listas que se han presentado en todo el país, de acuerdo al medio Tres quintos, lo que augura un alto nivel de diversidad y fragmentación.

Los independientes, sin embargo, no son un grupo homogéneo, aunque pertenecen sobre todo al centro y la izquierda, donde la sociedad se organizó por fuera de las colectividades del sector. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera, pese a los problemas del Gobierno y de la coalición Chile Vamos, logró juntarse en una sola lista con miras a la conformación de la convención constitucional, que debería empezar a funcionar entre mediados de mayo y comienzos de junio.

Entre los independientes se encuentra la lista FyF Vota Feliz –de Felices y forrados, una firma de asesorías previsionales–, cuya fórmula para la obtención de respaldos está siendo estudiada por el Servel, por posibles vulneraciones de la ley.

Pero una parte de los independientes son expresión de determinadas organizaciones sociales, como el movimiento No+AFP (críticos al actual sistema de pensiones) y la Coordinadora feminista 8M. Existen, además, listas de candidatos formados por asambleas territoriales que se originaron luego de las revueltas del 18 de octubre de 2019, como la Lista del pueblo. También la sociedad civil se ha organizado para tener representación en la convención, como lo hizo Independientes no neutrales, que llegó en poco tiempo a conformar una orgánica nacional. El movimiento ha presentado 105 candidatos en 23 de los 28 distritos que existen en todo el territorio, con el patrocinio de unas 78.000 personas.

“Evidentemente, no da lo mismo un independiente de otro”, comenta la periodista Patricia Politzer, integrante de Independientes no neutrales y candidata a la convención. Remarca la importancia de que medio millón de personas hayan respaldado candidaturas de independientes en solo tres semanas, en medio de una pandemia y de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Hay una parte importante de la ciudadanía, fuera de los partidos, que está interesada en participar de la política, pero no de la forma en que se ha estado ejerciendo en el último tiempo, por lo que está fuertemente desprestigiada”, señala la autora de libros como Altamirano, una de las independientes que obtuvo una mayor cantidad de patrocinantes. Lo ejemplifica: “En 2017, cuando los partidos fueron obligados legalmente a refichar a sus militantes, el conjunto de las colectividades no alcanzó las 400.000 personas en el plazo de un año”. Para Politzer, sin embargo, no se trata de dejar caer a los partidos: “Sin partidos la alternativa es el fascismo”, asegura Politzer. “Pero para la redacción de una nueva Constitución debe configurarse una convención diversa y muy pluralista que contenga la mayor cantidad de miradas posibles”.

Los partidos políticos y el Congreso sufren una crisis estructural de representación. De acuerdo al informe Diez años de auditoría a la democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con datos de 2008 a 2018, tanto las colectividades como el Parlamento son las dos instituciones en las que menos confianza tienen los chilenos. En el proceso de elección de candidatos a la convención constituyente, partidos de todos los sectores ocuparon las clásicas técnicas de negociación que alejan a la ciudadanía. No ayuda que el mismo día en que se elegirán a los convencionales, el 11 de abril, se celebren las elecciones de alcaldes, concejales y las primeras democráticas de gobernadores (elegidos hasta ahora por el gobierno nacional). En total, 2.768 cargos que se llenarán en tres meses.

“Un sector importante de la sociedad politizada y activada tiene una desconfianza muy grande en los partidos y, por lo tanto, no se ven representados. Esto explica tanto interés por inscribir listas y se ha instalado tan fuertemente un discurso de la importancia de la independencia y de apoyar a candidatos independientes”, asegura Marcela Ríos, representante asistente en Chile del PNUD. “Quizá en algunos distritos los partidos van a lograr mantener el predominio y la correlación de fuerzas habitual, pero en muchos otros lugares se podrían dar mezclas distintas. Una de las principales interrogantes de la convención está en si los partidos quedarán o no desplazados. El desafío de los independientes es transformar los respaldos en votación”, analiza la socióloga.

Pueblos indígenas

Para los 17 escaños reservados para pueblos indígenas se han presentado 199 candidatos, de acuerdo a los datos preliminares del Servel. Los elegidos conformarán un solo distrito a nivel nacional. Se aseguró un cupo para cada una de las 10 etnias, pero la mapuche tendrá siete escaños, mientras que la aymara obtendrá dos. “Ocuparemos un porcentaje relevante dentro de la convención, que se aproxima al 12,8% que representa la población indígena del país”, asegura Salvador Millaleo, abogado constitucionalista mapuche, académico de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo partido –el socialista– dejó fuera de las candidaturas a la convención. Millaleo explica que nunca antes a nivel mundial un órgano constituyente tuvo este número de escaños reservados para sus etnias originarias, lo que resulta especialmente llamativo en un país como Chile, “con una historia hostil a los derechos de los pueblos indígenas”.

Millaleo describe el engorroso proceso de negociación que con mucha dificultad terminó con el acuerdo de los 17 escaños reservados. La ley recién se promulgó el 23 de diciembre pasado y, pese a las dificultades, como la ruralidad y la pandemia, en solo algunas semanas todas las etnias originarias lograron levantar a sus candidatos a la convención. “Considerando las postulaciones de los partidos y las independientes, los candidatos de los pueblos indígenas son dirigentes y representan a sus bases y territorios”, asegura el académico.

Los independientes, sin embargo, tienen un camino cuesta arriba para superar a los partidos, que tienen oficio, estructura y financiamiento para ganar elecciones. En la franja electoral, por ejemplo, todos los independientes tendrán el mismo tiempo disponible que el partido que obtuvo menor votación en las últimas elecciones. Marta Lagos, fundadora del sondeo Latinobarómetro, es escéptica: “Existe una sensación de que el llamado a la convención constitucional había cambiado esta condición estructural de la democracia chilena –una democracia representativa que se organiza a través de los partidos– y que se podría modificar esta condición a través del concurso de los independientes. Pero la convención constitucional estará mayoritariamente ocupada por miembros elegidos a través del sistema de partidos, lo que va a producir una tremenda reacción negativa en contra de la convención”, analiza Lagos. “Va a haber renovación y tiraje de la chimenea, sin duda, pero va a ser minoritario”, concluye Lagos, que dirige hace 25 años la mayor encuestadora de América Latina.

Po Rocío Montes

Santiago de Chile - 15 ene 2021 - 15:44 UTC

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Abiy Ahmed durante su alocución televisiva ayer, poco después de declarar la guerra (ETHIOPIA BROADCASTING COPORATION / Reuters)

Hace un año, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, recibió con todos los honores durante una ceremonia en Oslo el Nobel de la Paz. Ayer de madrugada, Abiy utilizó su página de Facebook para declarar la guerra a la región norteña de Tigré, de seis millones de habitantes. “El ejército de Etiopía -escribió- ha sido enviado a la misión de salvar al país”. El motivo, subrayó el propio Abiy poco después en una aparición en la televisión estatal, fue el ataque a dos bases militares en las ciudades de Mekelle y Dansha que dejó a un número indeterminado de soldados muertos y heridos.

El primer ministro señaló como responsables del ataque al Frente de Liberación del Pueblo Tigré (FLPT), partido que gobierna la región, a quien acusó de “traición” y de “haber cruzado la última línea roja”, por lo que anunció una respuesta militar. “La situación ha alcanzado un nivel en el que ya no se puede prevenir ni controlar con los mecanismos regulares de aplicación de la ley”. Aunque sorprendente por la rápida precipitación de los acontecimientos, la declaración de guerra nace de una creciente tensión interna en los últimos años, con raíces políticas, étnicas y de sed de poder, entre el gobierno de Addis Abeba y los mandatarios de la provincia de Tigré.

Ayer era imposible saber la situación en el Norte, aislado en las conexiones por teléfono e internet

Ayer era imposible confirmar la situación exacta en el norte ya que después de las palabras del presidente, el gobierno etíope cortó las conexiones de teléfono e internet y las autoridades locales prohibieron la circulación de vehículos y cerraron el aeropuerto. Girmay Genru, de la oficina de la BBC en lengua tigré en Mekelle, capital regional, reportó sonidos de explosiones y disparos la mañana del miércoles.

A pesar de que Abiy esgrimió el ataque a las casernas militares como motivo de la intervención, los preparativos ante una eventual escalada de la tensión se habían producido desde hace días, con envíos de tropas desde la capital etíope hacia el norte. De hecho, el domingo, el presidente tigré acusó al gobierno etíope de querer intimidarles y añadió que “si la guerra es inminente, estamos preparados no solo para resistir sino para vencer”.

El conflicto tiene su raíz en la historia reciente del segundo país más poblado de África, con más de 100 millones de habitantes. Aunque el pueblo tigré es minoría en Etiopía, el partido del FLPT, líder de una coalición desequilibrada, gobernó durante 27 años el país y ocupó los principales cargos políticos, económicos y militares. La llegada en el 2018 de Abiy al poder, después de una serie de revueltas, cambió las tornas: Abiy, un líder oromo, echó a varios mandatarios del antiguo régimen, tomó el control del partido en el gobierno e incluso le cambió el nombre por el de Partido de la Prosperidad. El descontento de los Tigré fue en aumento con la firma de la paz de Etiopía con Eritrea después de un conflicto de varias décadas, que provocó acusaciones de los mandatarios díscolos de que la entente entre los presidentes buscaba desestabilizar su región.

La gota que colmó el vaso fue el anuncio de Abiy en junio que, a causa de la Covid-19, retrasaba hasta el 2021 las elecciones presidenciales de agosto del 2020. El ejecutivo tigré denunció que era una treta para extender su mandato y decidió celebrar unilateralmente las elecciones en la región.

Por Xavier Aldekoa | Kampala, Uganda. Corresponsal

05/11/2020 01:24 | Actualizado a 05/11/2020 03:38

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La Paz, 12 de mayo. La Central Obrera Boliviana (COB) se encontraba dividida hoy luego de un acuerdo firmado anoche con representantes del gobierno, mediante el cual se realizarán ajustes al incremento salarial del 5 por ciento ofrecido inicialmente, además de que se reducirá la edad de jubilación de los trabajadores, establecida actualmente a los 60 años.

Los trabajadores de la salud, fabriles y los maestros discreparon con el acuerdo, por lo que estos últimos decidieron continuar la marcha que el lunes salió de Caracollo, en Oruro, hacia La Paz, con la participación de unos 400 docentes.

Asimismo, continúan las huelgas de hambre de trabajadores fabriles en cinco ciudades además que se determinó realizar un paro de maestros rurales y urbanos el jueves y el viernes en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Tarija, Oruro, Cochabamba y Potosí, pese a que el ministerio de Educación reiteró que día no trabajado no será pagado.

Dirigentes de fabriles, maestros y trabajadores de la salud calificaron al ejecutivo de la COB, Pedro Montes, como traidor y exigieron su renuncia por haber firmado un acuerdo mediante el cual los trabajadores que ganan menos de mil bolivianos recibirán un incremento salarial del 8 por ciento, y del 3 por ciento los que ganan más.

La COB también aceptó la propuesta de ley de Pensiones que determina como edad mínima de jubilación 58 años y de 51 años para los mineros, con la posibilidad de bajar más aún contabilizando dos años por uno de trabajo al interior de la mina.

El vicepresidente Alvaro García ponderó la madurez y actitud revolucionaria de trabajadores de la COB que firmaron el acuerdo con el gobierno, y criticó a un sector troskista que, dijo, busca trabar el proceso de cambio.

Luego de que en el poblado de Panduro se diera a conocer ayer el preacuerdo al que habían llegado el gobierno, representado por el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, y la dirigencia de la COB, los mineros, que aceptaron el aumento salarial del 5 por ciento, decidieron retirarse de la marcha hacia La Paz.

Los sectores fabriles, magisterial y de salud empezaron a gritar estribillos contra el gobierno y Montes, pero los mineros regresaron y los dispersaron con disparos de cartuchos de dinamita, informaron medios locales.

En rueda de prensa, García Linera aseveró hoy que la vanguardia minera con el convenio firmado hace viable un gran proyecto de Ley de Pensiones totalmente favorable a la clase trabajadora que se enviará en unas semanas a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Sin embargo, los trabajadores fabriles mantienen su demanda de incremento del 12 por ciento, así como sus huelgas de hambre en las oficinas de sus federaciones en esta ciudad -donde ya son 25 los ayunantes- y en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Riberalta, departamento del Beni. Anunciaron, además, movilizaciones para este jueves en La Paz, mientras el ejecutivo de los fabriles, Angel Asturizaga, indicó ayer que se desconocerá el liderazgo de Montes.

A su vez, el magisterio urbano de Oruro desconoció esta tarde a Montes como dirigente por traicionar la lucha de los trabajadores del magisterio nacional, ratificó la huelga general indefinida, y anunció que masificará la marcha a La Paz, en la que participará la mitad de maestros de cada unidad educativa. Trabajadores de salud de ese departamento se unirán también a la marcha.

La asamblea del magisterio cochabambino reiteró su demanda de incremento salarial del 10 por ciento y ratificó el paro de 48 horas, mismo que acatarán también los fabriles, además con bloqueo de caminos.

Medios locales reportaron que en el departamento de Pando los maestros pararon labores desde el lunes y pidieron a los padres de familia que los apoyen en sus movilizaciones. La organización de juntas escolares de padres de familia convocó para esta tarde una reunión para determinar qué medidas tomar frente al paro, ya que algunos están a favor y otros en contra de la suspensión de clases.

Por otra parte, el presidente Evo Morales reveló hoy que fue el Papa Benedicto XVI quien le pidió una audiencia y que por esa razón viajará al Vaticano el próximo fin de semana para reunirse con el pontífice el lunes 17 de mayo a fin de tratar una agenda de varios puntos, informó la red Erbol.

Morales, en conferencia de prensa en la población de Colcapirhua, Cochabamba, recordó que en 2007 pidió una audiencia al jefe de la Iglesia Católica pero le fue negada; y ahora, tres años después, fue el líder religioso quien le solicitó una. Anunció que explicará al Papa los resultados de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático efectuada en abril en la población cochabambina de Tiquipaya.

?Yo soy católico, aunque el comportamiento de los jerarcas de la iglesia me desmoraliza, pero cuando voy a misa en pueblo es importante escuchar al padre sus recomendaciones y su mensaje”, dijo. 

Por Roas Rojas, corresponsal
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Miércoles, 13 Enero 2010 09:15

La sionización de Jerusalén

Frente a los atropellos de Israel contra los palestinos en la ciudad vieja de Jerusalén, y los territorios ocupados de su lado oriental (Cisjordania), hay voces que suelen usar el término "judeización". Típico error de quienes acostumbran, como los sionistas y los fundamentalistas islámicos o cristianos, a manipular la religión con propósitos políticos y militares puntuales.

Desde siempre, todas las empresas de conquista y anexión territorial han tergiversado los credos de fe para facilitar el embrutecimiento de los pueblos sometidos, o no sometidos. Y en sus matices perversos, escogen pretextos de toda índole para justificar todas las infamias, empezando por la mayor: Dios lo quiere.

Si vamos por ahí, convendría detenerse en algunas profecías. David: Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi mano mi destreza (Salmos, 137:5). Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieras a aquel que sirve a tu paz (Lucas 19:41-44). Mahoma: Oh Jerusalén, tierra elegida por Alá y patria de tus siervos, desde tus muros el mundo se convirtió en mundo.

¿Qué intuía aquel trío de iluminados acerca de un conflicto irreductible y permanente que ya cuenta con 6 mil años de historia? Jerusalén vivió tres milenios en manos de tribus cananeas. Una de ellas, la de los jebuseos, levantó el primer emplazamiento al que llamaron "Orsalim". Lugar mencionado en una de las tablillas egipcias de Tall Amarna, con fecha de principios del siglo 14 adC, antes de la llegada de los hebreos a Palestina.

David venció a los jebuseos en 1000 adC, y los hebreos se radicaron en Palestina durante poco menos de tres siglos. Hasta que los asirios acabaron con Judea y Samaria, los dos reinos de Israel. Luego, la ciudad estuvo 300 años bajo dominación helénico-egipcia, 600 años fue romana-bizantina, 880 años árabe, 400 años turca y 24 años británica.

En 1947, las Naciones Unidas partieron Palestina en un Estado judío y otro árabe, con una tutela especial sobre Jerusalén. Pero en mayo de 1948, los sionistas proclamaron unilateralmente la independencia, y ocuparon por vía armada el sector oeste de Jerusalén con la pretensión de instalar su capital en la llamada Ciudad Santa.

En diciembre de 1949, la Asamblea General decidió que Jerusalén sería un “…corpus separatum bajo un régimen internacional especial administrado por las Naciones Unidas” (resolución 303). Israel rechazó la iniciativa, pero la protesta mundial obligó a que el gobierno sionista se instalara en Tel Aviv.

En junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, el sector oriental de Jerusalén (bajo jurisdicción de Jordania), cayó en manos de Israel. Anexión que hasta hoy prosigue ininterrumpidamente, con la apropiación ilegal de tierras palestinas.

Por 99 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones, la Asamblea General manifestó que "los medios utilizados por Israel para cambiar el estatuto de Jerusalén son nulos y no avenidos". Años más tarde, la segunda Conferencia Cumbre de los Países Islámicos (Pakistán, 1974), publicó una resolución sobre Al Quds (Jerusalén, en árabe): "La retirada de Israel de Jerusalén es la condición inicial más importante e insustituible para restablecer la paz en el Cercano Oriente".

Meses después, la UNESCO expulsó a Israel "por sus trabajos tendientes a desvirtuar el carácter árabe de la ciudad vieja de Jerusalén". Medida que, por otro lado, denunciaba la hipocresía del líder David Ben Gurion, cuando en la declaración de la independencia (14/5/48) dijo que el nuevo Estado protegería "los lugares santos de todas las religiones, y aplicará sucesivamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Que Israel jamás respetó y acató, despreciando sistemáticamente sus resoluciones. En 1980, el Parlamento israelí (Knesset) trasladó la sede de gobierno a Jerusalén oeste, y proclamó su anhelo de convertir a toda la ciudad en "capital eterna e indivisible de Israel". La ONU condenó a Israel, y la mayoría de los países que mantenían sus embajadas en Jerusalén las trasladaron a Tel Aviv.

Washington, en tanto, recurrió al rutinario derecho de veto que acostumbra emplear en las votaciones desfavorables a Israel. No obstante, el secretario de Estado de James Carter, Edgard Muskie, pronunció un discurso ambivalente al decir: "Necesitamos que Jerusalén no sea dividida, con libre acceso de todas las religiones a los lugares santos".

El premier israelí Menahem Begin y el canciller Yitzhak Shamir (ambos con frondoso expediente de terrorismo) saludaron el galimatías imperial, pues precisamente eran las crecientes dificultades de acceso a la Ciudad Santa, las que empezaron a representar un dolor de cabeza para los peregrinos y, especialmente, para los palestinos de Jerusalén oriental.

México asumió un papel digno. Porfirio Muñoz Ledo, su representante en la ONU, manifestó: "El problema no es optar por una Jerusalén unificada o dividida. Hoy, la ciudad está unificada de hecho, pero como resultado de una conquista que no genera derecho alguno".

Por José Steinsleger /I
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Estoril, 29 de noviembre. Las elecciones en Honduras y su eventual reconocimiento dividieron este domingo a los países iberoamericanos, cuyos cancilleres sostuvieron un fuerte debate al respecto, previo a la apertura de la Cumbre Iberoamericana, en el balneario portugués de Estoril.

El secretario de la comunidad iberoamericana, Enrique Iglesias, intentó matizar la tensión durante el encuentro, y dijo que los cancilleres "han presentado las distintas posiciones de sus gobiernos en busca de una solución de consenso que será trabajada" este lunes.

Luego del debate que se suscitó a nivel de ministros, la postura común de aceptar o rechazar las votaciones celebradas hoy en Honduras y organizadas por el régimen golpista dependerá de los presidentes, agregó Iglesias.

El canciller portugués Luis Amado adelantó que a pesar de lo ríspido del encuentro, los representantes de todos los países lograron un acuerdo y aprobaron la Declaración de Lisboa, documento con el que cerrará el martes la cumbre.

El jefe de la diplomacia portuguesa admitió que "hubo un debate candente y muy importante en este momento crítico para Honduras", sobre la situación política en ese país, en el que el pasado 28 de octubre un comando militar detuvo y expulsó al presidente Manuel Zelaya.

Las discusiones se prolongaron más de lo previsto, de las 3:30 de la tarde a las 7 de la noche, justo a tiempo para el acto de inauguración oficial del encuentro, añadió.

"A pesar de dificultades en uno u otro punto", la declaración fue firmada, y además de la cuestión hondureña incluyó 12 comunicados especiales, entre ellos uno relativo a la candidatura de Portugal para un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

Amado explicó que en el debate afloraron las divergencias entre los cancilleres respecto de Honduras, "no en cuanto al repudio al golpe militar, ni al reconocimiento del presidente Manuel Zelaya", sino en cuanto a los comicios de este domingo.

En todo caso, el canciller portugués recomendó "esperar que el proceso electoral transcurra para sacar una conclusión", y dijo que el consejo de ministros de la cumbre "estará en condiciones de continuar el debate" este lunes.

Aunque formalmente la cumbre tiene como temas centrales la innovación, el conocimiento y el futuro económico de América Latina, las pláticas giraron casi por completo en torno de la compleja situación política en el país centroamericano, y el debate cobró más fuerza luego que Estados Unidos rompió el consenso regional, en especial en relación con las elecciones.

La canciller hondureña, Patricia Rodas, hizo el viaje a Estoril para pedir a los integrantes de la comunidad iberoamericana que no reconozcan las elecciones, postura que comparte un grupo de naciones, encabezado por Brasil.

El mandatario venezolano Hugo Chávez, quien no asistió a la cumbre, dejó bien claro su rechazo a los comicios hondureños en el programa dominical de radio Aló, Presidente.

"No reconoceremos ningún resultado de esas elecciones. El presidente de Honduras para nosotros sigue siendo Manuel Zelaya", afirmó.

En el mismo sentido se manifestó su par uruguayo, Tabaré Vázquez, quien junto con su futuro sucesor, también del izquierdista Frente Amplio, José Pepe Mujica, dijo que los comicios hondureños no tienen legitimidad, al ser organizados por un gobierno de facto, y por ende no los reconocerá, informó la enviada de La Jornada a Montevideo, Stella Calloni.

"No sé cuál fue el resultado en Honduras, pero el hecho de que los golpistas no permitieron volver al presidente (Zelaya) para continuar el proceso electoral es una señal muy peligrosa y muy delicada", dijo el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, desde Portugal, poco antes de que se conocieran los sondeos a boca de urna que daban ventaja a Porfirio Pepe Lobo en la nación centroamericana.

Bolivia y Ecuador confirmaron también que no reconocerán el ejercicio electoral de este domingo en Honduras, mientras el canciller argentino Jorge Taiana declaró que la cumbre de Estoril "debe tener una expresa condena al golpe de Estado y no admitir la validez de los comicios".

Taiana informó que pudo platicar sobre el tema con su par estadunidense, Hillary Clinton, quien señaló que "las elecciones pueden ser un paso y que hay que dar muchos más".

De forma más ambigua se expresó el mandatario salvadoreño Mauricio Funes; rechazó el golpe contra el gobierno de Zelaya, a quien "habría que devolverle sus poderes institucionales", pero al mismo tiempo afirmó que el ganador de las elecciones en Honduras deberá formar un "gobierno de unidad nacional".

Finalmente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, informó que el 4 de diciembre se reunirá en Washington el consejo permanente para analizar el desarrollo del conflicto hondureño.
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Lunes, 18 Mayo 2009 06:40

Dos marchas, dos Guatemalas

Siete días pasaron desde el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien acusó a través de un video post mortem al presidente Alvaro Colom y a su entorno más cercano de su muerte y desató una crisis política en el país centroamericano. La tensión se acumuló durante toda la semana y ayer más de 50 mil personas coparon las calles de la capital divididas en dos marchas distintas. Una, a favor del presidente de centroizquierda y en defensa de la democracia frente a lo que denuncian como intentos de desestabilización por parte de la oposición, y otra, unida bajo el reclamo de justicia y esclarecimiento del crimen en la cual también se pidió la renuncia del mandatario.

La Plaza Constitución, frente a la Casa de Gobierno, albergó a unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país en defensa del oficialismo. La convocatoria fue lanzada por el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, según el diputado Juan Alfaro, uno de sus organizadores, el respaldo del pueblo a Alvaro Colom fue masivo.

Con pancartas en las manos luciendo imágenes del presidente Colom, decenas de miles le manifestaron su apoyo al jefe de Estado. “Colom, amigo, el pueblo está contigo” y “Alvaro, presidente amigo, Guatemala entera está contigo”, fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse entre este grupo de gente.

La mayoría de los que corearon durante toda la mañana su adhesión al oficialismo fueron indígenas y comunidades enteras de campesinos llegados a la Capital desde el interior del país y sus zonas rurales; allí es donde la pobreza registra sus índices más altos en Guatemala; no obstante, es también en esas zonas, según informes de diversas ONG, donde se concentró la mayor parte de la ayuda y los programas sociales del gobierno durante los dos años de su gestión.

Como contracara, y a poco más de un kilómetro de distancia, unas 15.000 personas, en su mayoría sectores de clase media y clase alta, se vistieron de blanco y marcharon hacia Plaza Italia, frente a la Alcaldía capitalina, reclamando el esclarecimiento del asesinato del abogado Rosenberg, en un país donde el 98 por ciento de los asesinatos queda sin resolver y las muertes violentas alcanzan 17 por día.

Sin embargo, al tiempo que muchos clamaban por justicia, un sector pedía directamente la renuncia del presidente. No estamos pidiendo que se destituya al presidente ni organizamos un golpe de Estado ni queremos una revolución”, precisó Oscar Díaz, uno de los jóvenes que organizaron la marcha en contra del presidente a través de foros de Internet. “Sólo queremos justicia”, agregó.

Pero el accionar de algunos grupos en las calles pareció desmentirlo: varios grupos de manifestantes pedían a gritos la renuncia de Colom o bien un juicio para desaforarlo y así permitir que se investiguen las acusaciones del abogado. Para ello, no se quedaron quietos: un grupo de voluntarios anunció ayer que había recogido más de 30 mil firmas –del millón que se necesitan– para pedir el juicio político en contra de Alvaro Colom.

Ana Isabel Mata Castillo, una ama de casa que estuvo en la marcha opositora, quiso diferenciarse de aquellos que pedían la cabeza del mandatario y aclaró que ella salió a las calles únicamente por la violencia que se vive en su país y por el fin de la impunidad. “Aquí no estamos por la renuncia del presidente; aquí estamos luchando por todos, por los choferes que matan, por la gente a la que roban en los autobuses del servicio público. Estamos luchando por toda Guatemala”, explicó la mujer.

En su video grabado tres días antes de morir, el abogado Rodrigo Rosenberg señaló como eventuales responsables de su muerte al presidente Alvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos. De acuerdo con la versión del abogado, él habría descubierto una red de corrupción al más alto nivel en el Estado que estaría desviando fondos públicos a través de un banco estatal para programas sociales inexistentes.
 

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