Chile ha cerrado las inscripciones para postular a la convención que redactará la nueva Constitución chilena, la primera en su historia escrita en democracia. El órgano de 155 miembros será electo el 11 de abril y tendrá características únicas: será paritario entre hombres y mujeres, como nunca antes había sucedido en el mundo, y tendrá 17 escaños reservados para los pueblos indígenas, la mayor cantidad que haya tenido un proceso constituyente. Como nunca antes en Chile, además, una gran cantidad de independientes buscan integrar la convención, al margen de los partidos políticos que sufren una crisis de representación profunda y estructural, que no han logrado revertir en la última década. De acuerdo con la información preliminar del Servicio Electoral (Servel), 2.213 personas se han postulado por fuera de las listas de las colectividades, las que fueron patrocinadas por medio millón de ciudadanos (480.977).
Es la primera vez en Chile que se permite a los independientes conformar sus propias listas. Sumando las de los partidos y bloques tradicionales, por lo tanto, llegan a 79 las listas que se han presentado en todo el país, de acuerdo al medio Tres quintos, lo que augura un alto nivel de diversidad y fragmentación.
Los independientes, sin embargo, no son un grupo homogéneo, aunque pertenecen sobre todo al centro y la izquierda, donde la sociedad se organizó por fuera de las colectividades del sector. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera, pese a los problemas del Gobierno y de la coalición Chile Vamos, logró juntarse en una sola lista con miras a la conformación de la convención constitucional, que debería empezar a funcionar entre mediados de mayo y comienzos de junio.
Entre los independientes se encuentra la lista FyF Vota Feliz –de Felices y forrados, una firma de asesorías previsionales–, cuya fórmula para la obtención de respaldos está siendo estudiada por el Servel, por posibles vulneraciones de la ley.
Pero una parte de los independientes son expresión de determinadas organizaciones sociales, como el movimiento No+AFP (críticos al actual sistema de pensiones) y la Coordinadora feminista 8M. Existen, además, listas de candidatos formados por asambleas territoriales que se originaron luego de las revueltas del 18 de octubre de 2019, como la Lista del pueblo. También la sociedad civil se ha organizado para tener representación en la convención, como lo hizo Independientes no neutrales, que llegó en poco tiempo a conformar una orgánica nacional. El movimiento ha presentado 105 candidatos en 23 de los 28 distritos que existen en todo el territorio, con el patrocinio de unas 78.000 personas.
“Evidentemente, no da lo mismo un independiente de otro”, comenta la periodista Patricia Politzer, integrante de Independientes no neutrales y candidata a la convención. Remarca la importancia de que medio millón de personas hayan respaldado candidaturas de independientes en solo tres semanas, en medio de una pandemia y de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
“Hay una parte importante de la ciudadanía, fuera de los partidos, que está interesada en participar de la política, pero no de la forma en que se ha estado ejerciendo en el último tiempo, por lo que está fuertemente desprestigiada”, señala la autora de libros como Altamirano, una de las independientes que obtuvo una mayor cantidad de patrocinantes. Lo ejemplifica: “En 2017, cuando los partidos fueron obligados legalmente a refichar a sus militantes, el conjunto de las colectividades no alcanzó las 400.000 personas en el plazo de un año”. Para Politzer, sin embargo, no se trata de dejar caer a los partidos: “Sin partidos la alternativa es el fascismo”, asegura Politzer. “Pero para la redacción de una nueva Constitución debe configurarse una convención diversa y muy pluralista que contenga la mayor cantidad de miradas posibles”.
Los partidos políticos y el Congreso sufren una crisis estructural de representación. De acuerdo al informe Diez años de auditoría a la democracia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con datos de 2008 a 2018, tanto las colectividades como el Parlamento son las dos instituciones en las que menos confianza tienen los chilenos. En el proceso de elección de candidatos a la convención constituyente, partidos de todos los sectores ocuparon las clásicas técnicas de negociación que alejan a la ciudadanía. No ayuda que el mismo día en que se elegirán a los convencionales, el 11 de abril, se celebren las elecciones de alcaldes, concejales y las primeras democráticas de gobernadores (elegidos hasta ahora por el gobierno nacional). En total, 2.768 cargos que se llenarán en tres meses.
“Un sector importante de la sociedad politizada y activada tiene una desconfianza muy grande en los partidos y, por lo tanto, no se ven representados. Esto explica tanto interés por inscribir listas y se ha instalado tan fuertemente un discurso de la importancia de la independencia y de apoyar a candidatos independientes”, asegura Marcela Ríos, representante asistente en Chile del PNUD. “Quizá en algunos distritos los partidos van a lograr mantener el predominio y la correlación de fuerzas habitual, pero en muchos otros lugares se podrían dar mezclas distintas. Una de las principales interrogantes de la convención está en si los partidos quedarán o no desplazados. El desafío de los independientes es transformar los respaldos en votación”, analiza la socióloga.
Para los 17 escaños reservados para pueblos indígenas se han presentado 199 candidatos, de acuerdo a los datos preliminares del Servel. Los elegidos conformarán un solo distrito a nivel nacional. Se aseguró un cupo para cada una de las 10 etnias, pero la mapuche tendrá siete escaños, mientras que la aymara obtendrá dos. “Ocuparemos un porcentaje relevante dentro de la convención, que se aproxima al 12,8% que representa la población indígena del país”, asegura Salvador Millaleo, abogado constitucionalista mapuche, académico de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo partido –el socialista– dejó fuera de las candidaturas a la convención. Millaleo explica que nunca antes a nivel mundial un órgano constituyente tuvo este número de escaños reservados para sus etnias originarias, lo que resulta especialmente llamativo en un país como Chile, “con una historia hostil a los derechos de los pueblos indígenas”.
Millaleo describe el engorroso proceso de negociación que con mucha dificultad terminó con el acuerdo de los 17 escaños reservados. La ley recién se promulgó el 23 de diciembre pasado y, pese a las dificultades, como la ruralidad y la pandemia, en solo algunas semanas todas las etnias originarias lograron levantar a sus candidatos a la convención. “Considerando las postulaciones de los partidos y las independientes, los candidatos de los pueblos indígenas son dirigentes y representan a sus bases y territorios”, asegura el académico.
Los independientes, sin embargo, tienen un camino cuesta arriba para superar a los partidos, que tienen oficio, estructura y financiamiento para ganar elecciones. En la franja electoral, por ejemplo, todos los independientes tendrán el mismo tiempo disponible que el partido que obtuvo menor votación en las últimas elecciones. Marta Lagos, fundadora del sondeo Latinobarómetro, es escéptica: “Existe una sensación de que el llamado a la convención constitucional había cambiado esta condición estructural de la democracia chilena –una democracia representativa que se organiza a través de los partidos– y que se podría modificar esta condición a través del concurso de los independientes. Pero la convención constitucional estará mayoritariamente ocupada por miembros elegidos a través del sistema de partidos, lo que va a producir una tremenda reacción negativa en contra de la convención”, analiza Lagos. “Va a haber renovación y tiraje de la chimenea, sin duda, pero va a ser minoritario”, concluye Lagos, que dirige hace 25 años la mayor encuestadora de América Latina.
Po Rocío Montes
Santiago de Chile - 15 ene 2021 - 15:44 UTC
Hace un año, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, recibió con todos los honores durante una ceremonia en Oslo el Nobel de la Paz. Ayer de madrugada, Abiy utilizó su página de Facebook para declarar la guerra a la región norteña de Tigré, de seis millones de habitantes. “El ejército de Etiopía -escribió- ha sido enviado a la misión de salvar al país”. El motivo, subrayó el propio Abiy poco después en una aparición en la televisión estatal, fue el ataque a dos bases militares en las ciudades de Mekelle y Dansha que dejó a un número indeterminado de soldados muertos y heridos.
El primer ministro señaló como responsables del ataque al Frente de Liberación del Pueblo Tigré (FLPT), partido que gobierna la región, a quien acusó de “traición” y de “haber cruzado la última línea roja”, por lo que anunció una respuesta militar. “La situación ha alcanzado un nivel en el que ya no se puede prevenir ni controlar con los mecanismos regulares de aplicación de la ley”. Aunque sorprendente por la rápida precipitación de los acontecimientos, la declaración de guerra nace de una creciente tensión interna en los últimos años, con raíces políticas, étnicas y de sed de poder, entre el gobierno de Addis Abeba y los mandatarios de la provincia de Tigré.
Ayer era imposible saber la situación en el Norte, aislado en las conexiones por teléfono e internet
Ayer era imposible confirmar la situación exacta en el norte ya que después de las palabras del presidente, el gobierno etíope cortó las conexiones de teléfono e internet y las autoridades locales prohibieron la circulación de vehículos y cerraron el aeropuerto. Girmay Genru, de la oficina de la BBC en lengua tigré en Mekelle, capital regional, reportó sonidos de explosiones y disparos la mañana del miércoles.
A pesar de que Abiy esgrimió el ataque a las casernas militares como motivo de la intervención, los preparativos ante una eventual escalada de la tensión se habían producido desde hace días, con envíos de tropas desde la capital etíope hacia el norte. De hecho, el domingo, el presidente tigré acusó al gobierno etíope de querer intimidarles y añadió que “si la guerra es inminente, estamos preparados no solo para resistir sino para vencer”.
El conflicto tiene su raíz en la historia reciente del segundo país más poblado de África, con más de 100 millones de habitantes. Aunque el pueblo tigré es minoría en Etiopía, el partido del FLPT, líder de una coalición desequilibrada, gobernó durante 27 años el país y ocupó los principales cargos políticos, económicos y militares. La llegada en el 2018 de Abiy al poder, después de una serie de revueltas, cambió las tornas: Abiy, un líder oromo, echó a varios mandatarios del antiguo régimen, tomó el control del partido en el gobierno e incluso le cambió el nombre por el de Partido de la Prosperidad. El descontento de los Tigré fue en aumento con la firma de la paz de Etiopía con Eritrea después de un conflicto de varias décadas, que provocó acusaciones de los mandatarios díscolos de que la entente entre los presidentes buscaba desestabilizar su región.
La gota que colmó el vaso fue el anuncio de Abiy en junio que, a causa de la Covid-19, retrasaba hasta el 2021 las elecciones presidenciales de agosto del 2020. El ejecutivo tigré denunció que era una treta para extender su mandato y decidió celebrar unilateralmente las elecciones en la región.
Por Xavier Aldekoa | Kampala, Uganda. Corresponsal
05/11/2020 01:24 | Actualizado a 05/11/2020 03:38
Frente a los atropellos de Israel contra los palestinos en la ciudad vieja de Jerusalén, y los territorios ocupados de su lado oriental (Cisjordania), hay voces que suelen usar el término "judeización". Típico error de quienes acostumbran, como los sionistas y los fundamentalistas islámicos o cristianos, a manipular la religión con propósitos políticos y militares puntuales.
Siete días pasaron desde el asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien acusó a través de un video post mortem al presidente Alvaro Colom y a su entorno más cercano de su muerte y desató una crisis política en el país centroamericano. La tensión se acumuló durante toda la semana y ayer más de 50 mil personas coparon las calles de la capital divididas en dos marchas distintas. Una, a favor del presidente de centroizquierda y en defensa de la democracia frente a lo que denuncian como intentos de desestabilización por parte de la oposición, y otra, unida bajo el reclamo de justicia y esclarecimiento del crimen en la cual también se pidió la renuncia del mandatario.
La Plaza Constitución, frente a la Casa de Gobierno, albergó a unas 40 mil personas que llegaron desde diversos puntos del país en defensa del oficialismo. La convocatoria fue lanzada por el partido oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y, según el diputado Juan Alfaro, uno de sus organizadores, el respaldo del pueblo a Alvaro Colom fue masivo.
Con pancartas en las manos luciendo imágenes del presidente Colom, decenas de miles le manifestaron su apoyo al jefe de Estado. “Colom, amigo, el pueblo está contigo” y “Alvaro, presidente amigo, Guatemala entera está contigo”, fueron algunas de las consignas que pudieron escucharse entre este grupo de gente.
La mayoría de los que corearon durante toda la mañana su adhesión al oficialismo fueron indígenas y comunidades enteras de campesinos llegados a la Capital desde el interior del país y sus zonas rurales; allí es donde la pobreza registra sus índices más altos en Guatemala; no obstante, es también en esas zonas, según informes de diversas ONG, donde se concentró la mayor parte de la ayuda y los programas sociales del gobierno durante los dos años de su gestión.
Como contracara, y a poco más de un kilómetro de distancia, unas 15.000 personas, en su mayoría sectores de clase media y clase alta, se vistieron de blanco y marcharon hacia Plaza Italia, frente a la Alcaldía capitalina, reclamando el esclarecimiento del asesinato del abogado Rosenberg, en un país donde el 98 por ciento de los asesinatos queda sin resolver y las muertes violentas alcanzan 17 por día.
Sin embargo, al tiempo que muchos clamaban por justicia, un sector pedía directamente la renuncia del presidente. No estamos pidiendo que se destituya al presidente ni organizamos un golpe de Estado ni queremos una revolución”, precisó Oscar Díaz, uno de los jóvenes que organizaron la marcha en contra del presidente a través de foros de Internet. “Sólo queremos justicia”, agregó.
Pero el accionar de algunos grupos en las calles pareció desmentirlo: varios grupos de manifestantes pedían a gritos la renuncia de Colom o bien un juicio para desaforarlo y así permitir que se investiguen las acusaciones del abogado. Para ello, no se quedaron quietos: un grupo de voluntarios anunció ayer que había recogido más de 30 mil firmas –del millón que se necesitan– para pedir el juicio político en contra de Alvaro Colom.
Ana Isabel Mata Castillo, una ama de casa que estuvo en la marcha opositora, quiso diferenciarse de aquellos que pedían la cabeza del mandatario y aclaró que ella salió a las calles únicamente por la violencia que se vive en su país y por el fin de la impunidad. “Aquí no estamos por la renuncia del presidente; aquí estamos luchando por todos, por los choferes que matan, por la gente a la que roban en los autobuses del servicio público. Estamos luchando por toda Guatemala”, explicó la mujer.
En su video grabado tres días antes de morir, el abogado Rodrigo Rosenberg señaló como eventuales responsables de su muerte al presidente Alvaro Colom, a su esposa, Sandra Torres, y al secretario privado del mandatario, Gustavo Alejos. De acuerdo con la versión del abogado, él habría descubierto una red de corrupción al más alto nivel en el Estado que estaría desviando fondos públicos a través de un banco estatal para programas sociales inexistentes.
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Le Monde diplomatique, edición Colombia Nº207 Febrero 20 de 2021 |
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