Seguridad contrainsurgente y construcción del enemigo interno

El 21 de octubre se realizó un Conversatorio sobre el tema de Seguridad y Defensa en Colombia. Concepciones y desafíos, que convocó la Comisión de la Verdad. Con antelación se nos enviaron seis preguntas (en realidad eran más, porque algunas de ellas tenían otras preguntas incorporadas). Desde el momento en que recibí las preguntas consideré que eran demasiadas y no habría ocasión de afrontarlas con profundidad por el poco tiempo disponible y por el número de personas que íbamos a participar en el Conversatorio. Y en efecto eso fue lo que aconteció, porque además de los cinco foristas que participamos, intervinieron otras personas (aunque en forma breve y puntual), con lo que el tiempo y las posibilidades de argumentar se redujeron en forma significativa.

De todas formas, yo escribí las respuestas, pensando en la brevedad de tiempo y el público general que participaba en la convocatoria, por lo que empleo un lenguaje coloquial y directo.

No se alcanzaron a afrontar todos los temas que se proponían en las preguntas y solamente se abordaron unos pocos. Dado que pensé con cuidado lo que iba a responder, decidí escribirlo como texto orientador y eso es lo que hoy ofrezco a los lectores interesados.  

Enfatizo en la construcción del enemigo interno como lógica contrainsurgente de larga duración en Colombia, porque ese fue el asunto que se me pidió en forma expresa que resaltara en el Conversatorio mencionado.

¿Cómo se entiende la seguridad en Colombia y cuál es su relación con la democracia?

La pregunta que habría que hacer a esta pregunta es de ¿quiénes se está hablando, cuando se nombra la relación entre seguridad y democracia? Si estamos hablando desde la lógica del bloque de poder contrainsurgente (formado por el Estado, las clases dominantes, las altas jerarquías de la iglesia católica, los gremios económicos y los medios de desinformación) que se ha construido en este país en los últimos 70 años tenemos un tipo de respuesta, en la cual existe una relación estrecha entre una forma de entender la seguridad (considerada como seguridad nacional, confeccionada en Estados Unidos) para defender los intereses de ese bloque de poder contrainsurgente y para ellos la democracia se reduce, cuando mucho a unas elecciones periódicas, en las que se escoja al representante de ese bloque de poder que va a ejercer la presidencia de la República.

Si, por el contrario, nos situamos en la perspectiva de las grandes mayorías sociales para las cuales la democracia no debería reducirse a un ritual electoral, sino a una forma sustancial de entender la sociedad, en la que la desigualdad no sea lo dominante, haya justicia, empleo, respeto a las libertades individuales y colectivas y no se persiga y mate a la gente por pensar distinto y tener otro proyecto de mundo y de sociedad. En ese caso se tiene otra idea de seguridad, referida a la garantía de esos derechos, para que puedan ejercerse realmente y no queden en el papel. De qué sirve, por ejemplo, hablar de Estado social de derecho y de “tradición democrática” si somos uno de los países más desiguales del mundo, en donde se asesinaron a 3000 dirigentes sindicales en los últimos 35 años, se exterminaron movimientos políticos y mataron a miles de sus militantes (UP, A luchar, Frente Popular, ahora el Partido de la Rosa), si somos el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, el segundo en asesinato de profesores, durante mucho tiempo el primer país del planeta en desplazamiento forzado de población. Un país donde el racismo, el clasismo, el sexismo son pan cotidiano, como se demuestra a diario, para no ir más lejos con el trato dado en estos momentos a la Minga indígena y popular. Y todavía se repite la mentira de que somos un país que una gran tradición democrática, cuando la democracia colombiana, como lo dijo el político liberal Darío Echandía “es como un orangután en Sacoleva”.

¿A partir de qué modelos se han diseñado históricamente las políticas de seguridad y defensa en Colombia?

Dos modelos, uno informal, y otro formal, que corresponden a dos épocas diferentes. Y aquí voy a presentar un punto de vista heterodoxo que puede escandalizar a los “expertos en seguridad”.

Un primer modelo, el impuesto durante la República Conservadora (1886-1930), tutelado por un poder extranjero: El Vaticano. Este modelo no tenía doctrina militar específica (que se llamara así de Seguridad), ni instructores militares, ni ejércitos en Italia, a donde se prepararan los policías y militares colombianos. Pero si irradiaba un dominio ideológico, cultural y simbólico de gran alcance que se transmitía a través de diversos sectores del Partido Conservador, y principalmente las jerarquías católicas, que tenían presencia nacional y controlaban en forma férrea la educación, los territorios nacionales con la “Reducción de salvajes”, manejaban prensa, y ejercían poder local en las parroquias y veredas. (en virtud del Concordato de 1887).

Los lineamientos venían directamente desde el Vaticano, a través de las encíclicas papales, en las que periódicamente se señalaban los enemigos de la iglesia católica, que se renovaban con relación a las grandes luchas sociales que se vivían en Europa. Las encíclicas las asimilan los obispos y las difunden con un mensaje de odio hacia el liberalismo (la revolución francesa) y lo que fuera considerado comunista o socialista y luego circulan por el país a través de los curas de parroquia, y llegan hasta los lugares más distantes y recónditos.

Esta concepción de seguridad reposa en la idea de fundar un orden teocrático, basado en la máxima Dios y Patria ‒que sigue siendo el lema de la Policía colombiana‒ que en lugar de formar ciudadanos moldea buenos cristianos, sumisos, obedientes, serviles, intolerantes, sectarios, autoritarios, machistas, antiliberales y anticomunistas. Esto hace que la iglesia católica como cancerbera de dicho orden teocrático imponga una noción clerical de seguridad dentro del país, que supone el control de lo que hace y piensa la gente. La iglesia católica controla desde el nacimiento hasta la muerte, tiene el monopolio del bautismo y de los cementerios y logró que durante cincuenta años no existiera otra forma de identificación que no fuera la Partida de Bautismo. Por eso, se va a oponer con saña a la expedición de la cedula de ciudadanía en 1936, y para rechazar ese documento (un reconocimiento elemental de derechos civiles) se alía con el partido conservador para que no se toquen sus privilegios de control de los cuerpos y las mentes. La Violencia de las décadas de 1940-1950 de alguna forma está relacionada con la negación de un derecho civil, que deja de ser un monopolio de la iglesia católica y los ciudadanos puedan tener un documento de identidad expedido por el Estado y no queden a merced de una corporación privada, como es la iglesia católica. Este saboteo al reconocimiento de un elemental derecho civil fue encabezado por Laureano Gómez, ese promotor de odio y de muerte, que se expresaba en la consigna falaz de que el “liberalismo tenía 1,800.000 cedulas falsas”.

De allí surge la doctrina de seguridad que el poder conservador y clerical tenía que enfrentar a sus numerosos y diabólicos enemigos, empezando por el Partido Liberal y poco después a todo lo que se involucraba con el vocablo gaseoso de comunismo.  Las implicaciones militares de esa concepción de seguridad se materializaron en las últimas guerras civiles del siglo XIX que asolaron al país, principalmente la más sangrienta y prolongada, la de los Mil Días (1899-1902), en donde se demostró lo que implicaban las enseñanzas clericales sobre la seguridad, que era la del partido conservador y la iglesia católica. Sus palabras de odio y muerte salieron de la boca santificada de Ezequiel Moreno, Obispo de Pasto, nacido en España, quien afirmó que “matar liberales no era pecado”.  Decía este mismo personaje en 1897: “No es posible la conciliación entre Jesucristo y el diablo, entre la Iglesia y sus enemigos, entre catolicismo y liberalismo. No; seamos firmes: nada de conciliación; nada de transacción vedada e imposible. O catolicismo, o liberalismo. No es posible la conciliación”[1].

Ahí está la esencia de esa doctrina de seguridad nacional, la que se corresponde con la defensa de los intereses del partido conservador y la iglesia católica. Quienes los criticaran y los cuestionaran eran enemigos de la nacionalidad católica, apostólica y romana y debían ser perseguidos, encarcelados o asesinados. Como las fuerzas militares y de policía eran conservadoras en su mayoría, a esas fuerzas también se trasladaba la lógica de que liberales y comunistas eran enemigos que había que combatir y exterminar como bacilos, enfermedades o plagas.

Señalemos un ejemplo. En un documento de 1932, que se encuentra en el AGN de 1932, el gobernador de Caldas transcribe las palabras del cura párroco de Mocatán, cuyos dichos llenos de “fraternidad cristiana” son de este tenor: “Es necesario negarles el agua y el pan a los liberales”; “es mejor ser asesino, es menor pecado clavarle un puñal a la madre que ser liberal”; “las mujeres de los liberales son iguales a las prostitutas. Es menos pecado ser adultera que ser mujer de un liberal”; “las leyes humanas castigan el robo, pero ante Dios no es pecado robar y si es pecado ser liberal”[2]. Esta lógica es trasladada a los comunistas y socialistas, con el mismo tipo de vocabulario, como lo han documentado diversas investigaciones. En esa dirección en 1949, Ernesto Reyes sacerdote de la Diócesis de Tunja aseguraba que el comunismo es “una lepra galopante y le declaraba la guerra a muerte”[3].

Y el segundo modelo, el de 1945 en adelante, tutelado por otro poder extranjero, los Estados Unidos, se instaura durante el período de la hegemonía conservadora y la dictadura militar (1946-1957) y traza los lineamientos básicos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta preserva de la fase anterior por lo menos cuatro aspectos: la contrainsurgencia, el anticomunismo, el miedo al pueblo y el miedo a la democracia. Estados Unidos se convierte en el formador de la mentalidad castrense (militar y policial) desde entonces hasta el día de hoy. Un momento clave de la instauración de esa doctrina se da en el período señalado, cuando las clases dominantes de este país se pliegan de manera incondicional a los Estados Unidos, incluyendo el plano militar. Las consecuencias de eso son bien conocidas y tienen que ver con los modelos de represión que se imponen en el país, entre los cuales están la persecución a todos los que son catalogados de comunistas y subversivos (trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesores, defensores de derechos humanos…). El trato militar y represivo a cualquier protesta, por justa y legitima que sea, la oposición a cualquier reforma real de la estructura económica y política del país, el aprendizaje de métodos de tortura que son enseñados en los manuales de guerra de Estados Unidos, que son traducidos y adaptados por las fuerzas armadas de Colombia, la creación de grupos paramilitares para combatir a lo que se denomina el “enemigo comunista”. Todo eso se da durante el Frente Nacional y se proyecta hasta el día de hoy, porque hay que decirlo en Colombia la guerra fría nunca ha terminado.

En resumen, en materia de la seguridad contrainsurgente y la construcción del enemigo interno, se “evolucionó” sustancialmente: mientras en la primera época de la seguridad vaticana matar liberales y comunistas no es pecado, en la segunda de estirpe estadounidense matar comunistas no es delito.

¿Qué sujetos han sido considerados como amenazas o enemigos de la seguridad nacional? ¿por qué?, ¿De qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Todos los sectores populares y quienes pudieran presentarse como sus voceros son concebidos como enemigos, siendo el típico miedo al pueblo y miedo a la democracia. Los primeros que entraron en la lista de enemigos fueron, por supuesto, los indígenas y la población negra, desde la misma conquista y eso se amplió y se reforzó durante todo el período republicano, y se proyecta hasta el presente (como lo podemos ver con la Minga). La Regeneración los considero menores de edad, salvajes, y dispuso su reducción por las misiones católicas, que se repartieron el país como un ponqué. En cuanto a la población negra, los esclavistas caucanos se negaron a la abolición de la esclavitud y organizaron una guerra civil en 1851 para oponerse a la misma. Entre esos traficantes de carne humana se encontraba la familia Arboleda que después seguiría explotando a los negros como agregados en las haciendas. Uno de eso prohombres era Sergio Arboleda, cuyo nombre hoy ostenta una universidad, en la misma que se graduaron Iván Duque y otros funcionarios del gobierno actual.

Luego, después de 1918 los trabajadores, sus movilizaciones, luchas, reivindicaciones. Con ellos se formularon desde el año mencionado afirmaciones de odio, provenientes de diversos sectores (empresarios nacionales y extranjeros, jerarquías católicas, prensa). Ese odio se expresó en diversas masacres, entre ellos vale recordar la del 16 de marzo de 1919 (a sastres y artesanos), la de 1928, las bananeras, la del 23 de febrero de 1963, el asesinato de nueve dirigentes sindicales durante el paro nacional estatal de 1998, entre ellos el de Jorge Ortega, vicepresidente de la CUT. En la visión contrainsurgente que domina en Colombia, ninguno de esas eran acciones legitimas, que tenían que ver con las reivindicaciones de los trabajadores, con mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, sino que eran planes bolcheviques, subversivos, de comunistas enemigos de la patria.

Desde la década de 1920, con las movilizaciones agrarias, se demoniza a los campesinos y pequeños propietarios y se coloca como estigma, que podía y puede conducir a la muerte, la lucha por la propiedad de la tierra para quienes la trabajan. Nunca se realizó una reforma agraria de verdad y las veces que se plantearon tímidos intentos, vino la reacción y revancha terrateniente, aupada por la iglesia, el partido conservador e importantes sectores del partido liberal, con miles de campesinos muertos y expulsados de sus tierras.

Los sectores urbanos pobres fueron considerados como enemigos a liquidar después del 9 de abril, aunque existieran manifestaciones anteriores. Pero fue ese día cuando se convirtieron en carne de cañón para las fuerzas represivas del régimen conservador, que dejo solo en las calles de Bogotá unos 5000 muertos. De ahí surge el epíteto despectivo de “chusma nueveabrileña”. Un escritor conservador de la época, Pedro Nel Giraldo, los catalogó como “negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos”[4].

Los estudiantes fueron convertidos en enemigos desde 1954, con la masacre del 8 y 9 de junio.

Los profesores universitarios después del 9 de abril, cuando fueron perseguidos intelectuales colombianos y extranjeros en la Universidad Nacional y en La Escuela Normal Superior. Y los profesores de primaria y bachillerado desde la década de 1960, a raíz de importantes luchas y movilizaciones en todo el país.

Y, en general, desde finales de la década de 1950 se amplía la noción del “enemigo interno” hasta incluir a la mayor parte de la población civil, a los que empezó a denominarse “guerrilleros de civil”, “guerrilleros sin armas”, “cómplices de la subversión”, “terroristas sin armas”, “brazo desarmado de la subversión”, “población civil insurgente”, en los que se incluyen  a sindicatos, asociaciones agrarias, movimientos reivindicativos de toda índole. Eso se define en el libro del francés Roger Trinquier (uno de los “grandes torturadores galos”),  titulado La Guerra Moderna y la lucha contra las guerrillas, que el ejército colombiano traduce en 1963 y donde se dice: “En la guerra moderna es difícil de definir el […] límite entre amigos y enemigos [que] está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces dentro de la misma familia […] Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo debe ser considerado traidor y tratado como tal”[5]

Esto conduce directamente a las campañas cívico-militares y a los crímenes de Estado, presentados con el eufemismo de “falsos positivos”, como resultado de lo cual han sido asesinados miles de colombianos desde la década de 1960, aunque esos asesinatos se hayan reforzado en el período 2002-2010, por una directriz del Ministerio de Defensa, en 2005, cuyo documento está a la vista de todos, en la que se pagaba con dinero y otras prebendas la muerte de los enemigos, en una clara muestra de imposición de la pena de muerte, cotizar la vida humana a un vil precio y medir el éxito militar en litros de sangre[6].

Enemigos son todos los jóvenes humildes y pobres, y a ellos se les persigue y mata y para justificar su muerte se afirma que no son mansas palomas que estaban recogiendo café, como lo dijo el principal responsable de esos crímenes de Estado, bautizados con el eufemismo benigno de Falsos Positivos.

La idea de incluir como enemigos a gran parte de la población civil, la planteó sin eufemismos el general Rafael Samudio Molina, Ministro de Defensa, en su informe al congreso del período 1987-1988: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativos, sindical y armado, con propósitos bien definidos […] los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”[7].

En el Manual de instrucciones generales para operaciones guerrilleras del Ejército, de 1979, se clasificó a la población civil en tres categorías: la que apoya al ejército (listas blancas), la que apoya a los grupos subversivos (listas negras), y la que tiene una imposición indefinida respecto a los dos bandos en conflictos (listas grises). A partir de allí se planteaba este procedimiento: una acción primordial con boletos (amenazas de muerte) al personal de la lista gris y de la lista negra, para obligarlos a abandonar la región o el país, o abandonar sus posiciones políticas. Y se agrega en ese Manual que la guerra revolucionaria se expresa en “paros y huelgas” y en “la motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos, etc.”[8].

Otro elemento, directamente relacionado con los Estados Unidos, en la construcción de un enemigo interno, es el de la supuesta “guerra contra las drogas”, en la cual se califica como peligrosos terroristas a los miles de campesinos cocaleros, a los que el estado ha declarado como enemigos, y contra los cuales viene librando desde hace varias décadas una campaña de criminalización, persecución y exterminio, como se pone de presente con el uso de glifosato, que se quiere volver a usar de acuerdo a los mandatos de Donald Trump.

Entre quienes han contribuido a construir esta imagen del enemigo interno se pueden señalar: las jerarquías de la iglesia católica, los empresarios del campo y la ciudad (grandes propietarios, ganaderos, industriales, comerciantes y sus gremios económicos), la prensa (escrita, radial y televisiva), Estados Unidos, importantes políticos liberales y conservadores o sus derivados y, por supuesto, el Estado colombiano y sus diversos órganos (ejecutivo, legislativo y judicial). Por eso, cuando se habla de la doctrina de seguridad nacional hay que remitirse al bloque de poder contrainsurgente, en el que están involucrados los sectores mencionados, todos funcionales y entrelazados. Al respecto, solo un ejemplo. En 1976 el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal decía: “No es lícito para ningún católico o simple ciudadano de buena fe y voluntad votar por las listas de quienes por principio, objetivos, formas de lucha o alianzas, sostienen doctrinas o políticas marxistas de cualquier tendencia o grado que sea”[9].

Y en cuanto a la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se construye un enemigo interno? La respuesta no es difícil de encontrar, y está en la configuración de una sociedad desigual, injusta y antidemocrática y para mantenerla se requiere generar la idea de que la propiedad y la riqueza se deben defender a sangre y fuego y quienes las cuestionen son enemigos que deben ser eliminados, porque son antipatriotas y representan intereses foráneos que conspiran contra la supuesta colombianidad que los dueños del país encarnarían.

Y, por último, ¿de qué manera ha influenciado la vida social, política y cultural de la sociedad colombiana la configuración de enemigos de la seguridad nacional?

Los impactos en el largo plazo son amplios. Se genera un ambiente de violencia generalizada, de persecución a quienes son señalados como enemigos, se entroniza la intolerancia, el odio como patrones de la vida cotidiana, que busca resolver los problemas mediante la fuerza física directa.

Se generaliza el fanatismo que se basa en la ignorancia y el odio, y lleva a que se considere la eliminación del que es diferente como normal, puesto que es mostrado como un virus que debe erradicarse.

Se justifica la formación de los grupos paramilitares, que hacen justicia por sus propios medios, a nombre de la defensa de los supuestos valores de patria y libertad que encarnarían ellos mismos y sus patrocinadores. Cuando se mata a un sindicalista, a un campesino, a un ambientalista… de labios para afuera muchos dicen en Colombia: “por algo será”, “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “quien lo manda…pensar, criticar, oponerse a los ricos” … Esta es la generalización de la impunidad, que se convierte en un nuevo sentido común, que justifica los supuestos valores de grandeza de los colombianos, que tenemos algo especial, un no sé qué, que nos diferencia de los otros países. Que el colombiano se distingue por su viveza, que si se da papaya hay que aprovecharla. Es una mezcla entre neoliberalismo y la lógica traqueta que se ha impuesto en la vida colombiana. Que se difunde además como un gran logro a través de los medios de comunicación, que ensalzan el enriquecimiento fácil, el todo vale, con tal de ser exitosos y triunfadores. Los exitosos pueden ser violentos y criminales pero el éxito y la riqueza ocultan y justifican ese ascenso, y eso es lo que representan Pablo Escobar y los uribeños.

No otra cosa se puede pedir, si desde las altas instancias del poder se exalta la violencia y el crimen, se premian a los que delinquen y se llama a la población a que repliquen esa conducta. Eso se comprueba en momentos críticos, tal como sucedió durante la masacre del 9 y 10 de septiembre, cuando el subpresidente se fue a un CAI (Centro de Asesinato Inmediato) y se disfrazó de policía, lo cual quería decir que legitimaba los lugares, las armas y, sobre todo, a la institución que perpetró una acción criminal contra colombianos humildes e indefensos, por el solo hecho de que se atrevieron a protestar con indignación por el asesinato de un colombiano, Javier Ordóñez, en el interior de un CAI.

¿Por qué desde la perspectiva de seguridad nacional se ha privilegiado la militarización de algunos territorios y procedimientos relacionados con la seguridad ciudadana?

Porque esa doctrina se basa en la lógica de la militarización de la vida interna de una sociedad y supone que cualquier problema que se presente no responde a causas que se origen en el malestar que genera la desigualdad y la injusticia sino a acciones del “comunismo internacional”. Y a ese enemigo hay que enfrentarlo con instrumentos militares y paramilitares, como lo enseñaron sus maestros estadounidenses y en menor medida franceses. Esa una contrainsurgencia que abarca muchos aspectos, pero que refuerza el poder de lo militar y de la represión. El resultado está a la vista, Colombia es uno de los países más militarizados del mundo en su vida cotidiana. Tiene unas fuerzas armadas hipertrofiadas, con unos 450 mil miembros directos (sumando ejército y policía), sin contar los indirectos, que devora buena parte del presupuesto nacional. Se gasta más dinero en formar soldados que en preparar profesores, médicos o enfermeros.

No es que se militaricen solo unos territorios, son todos en el plano geográfico, pero peor aún es la militarización en el plano mental y cultural. De ver militares y policías a granel y a diario, nos han acostumbrado a su presencia permanente como si fueran parte natural del paisaje social. Se militarizan universidades, huelgas, movilizaciones, protestas y acciones populares.

Todo asunto o problema social se pretende solucionar con militarización, e incluso la presencia del Estado se reduce a ese componente militar, pero se dejan de lado las soluciones a las cuestiones de fondo de injusticia, desigualdad, pobreza, distribución de la propiedad territorial…

¿Cómo se relacionan las políticas de seguridad y defensa con el impulso estatal de proyectos agroindustriales y minero energéticos en algunos territorios?

Dentro de la guerra mundial por los recursos que está en marcha, Colombia ha vuelto a ser una economía minero-exportadora (una buena parte de sus ingresos en el comercio exterior provienen de la venta de carbón, petróleo, níquel, oro) y se anuncia con gran bombo nuestra conversión en un “país minero” (como Perú o Chile). En este contexto extractivista (recordemos que Colombia ya no es un país cafetero, y han existido momentos recientes en que incluso se ha tenido que comprar café en el exterior para abastecer el mercado interno). El Plan Colombia, entre otras cosas ha estado ligado a ese proyecto de limpiar el territorio para dejarlo libre a multinacionales y a algunos capitales nacionales (entrelazados y subordinados a esas multinacionales y a Estados Unidos) y como parte de esa limpieza del territorio, habitado por indígenas, campesinos, comunidades raizales, se ha extendido la militarización por el territorio nacional. Los batallones minero-energéticos son una expresión de ese hecho. Y hablamos de unos batallones que protegen los enclaves mineros y petroleros con una gran cantidad de personal militar destinado a ello: 70 mil soldados (algo así como un tercio de la fuerza militar). Para que ese proyecto extractivista sea posible se necesita ocupar militarmente el territorio (y despejarlo) a nombre de la seguridad inversionista. Eso se encubre con el sofisma de la “guerra contra las drogas”. Quienes se opongan van a ser sacados a las buenas o a las malas, porque no pueden ser enemigos del progreso, que beneficia a sectores minoritarios de la población. Presentar esa estrategia de control territorial como un asunto de la “guerra contra las drogas” permite que siga fluyendo la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y que se use justamente en algo que beneficia a sus empresas: la inversión minero- energética. Y al mismo ritmo siguen fluyendo armas, asistencia militar, glifosato, odio y muerte. Todo eso para mantener lo que Germán Castro Caycedo denomina en un libro Nuestra guerra ajena.

¿Es necesaria una transformación de la doctrina militar en Colombia?, ¿Por qué? ¿Qué debería cambiar?

Por supuesto, si se quiere democratizar de verdad a la sociedad colombiana, hay que abandonar la doctrina contrainsurgente y anticomunista presente en las fuerzas armadas, debe reducirse su pie de fuerza, debe eliminarse el servicio militar obligatorio (que es de clase, excluyente), cesar los pactos con los Estados Unidos, dejar de enviar militares a la Escuela de las Américas (allí se instruyeron los responsables militares de los falsos positivos, por ejemplo). Que cese la presencia de tropas de Estados Unidos en nuestro territorio, y se revele la documentación interna y externa sobre esos vínculos. Que se desclasifiquen los archivos de las fuerzas armadas y de las agencias de inteligencia del Estado.

La policía debe dejar de ser una fuerza militar y convertirse en una fuerza civil y abandone su lema de Dios y Patria. Tarde o temprano tendrá que asumirse el asunto de la legalización de las llamadas drogas ilícitas (cocaína, marihuana), por lo que representa en términos militares y represivos para este país, así como por sus elevados costos económicos y destrucción ambiental.

Para terminar, cómo no va a ser necesaria una transformación de la doctrina militar y de las fuerzas armadas, luego de conocer lo sucedido los días 9 y 10 de septiembre con la masacre perpetrada por la policía en Bogotá y Soacha, con un saldo trágico de 14 colombianos asesinados y decenas de heridos y detenidos. Como no se a requerir de una modificación de esa doctrina militar, luego de conocer la denuncia de la periodista Adriana Villegas Botero en La Patria del domingo anterior (18 de octubre de 2020), en el artículo “No es Broma, es violencia”. Ella presenció y escuchó lo que describe a continuación:

Hacia las 7:30 p.m. del lunes festivo un grupo del Batallón Ayacucho trotó 60 vueltas en una calle cerrada. Sé la cantidad porque al cruzar por un punto gritaban: “van 25, faltan 35”, y luego “van 26, faltan 34”. El espacio entre cada conteo lo llenaron con cantos en los que los reclutas repetían en coro lo que gritaba su jefe: su dragoneante, su cabo, su sargento, su teniente, su capitán, su mayor, su coronel, su general. Da igual.

El vecindario entero oyó al pelotón. Cantaron sobre los bigotes de Lucifer, matar delincuentes, la sed de sangre subversiva, la guerra, el betún de las botas, “sube sube guerrillero, que en la cima yo te espero con granadas y morteros”, “los hombres cuando ven un buen trasero” y “taca t ca taca taca taca taca ta”. Izquier, 2, 3, 4.

Un minuto antes de morir / Escuché la voz de mi novia / Que con voz de perra me decía /Si te mueres se lo doy al policía. Porque yo soy, ja, soy, ja, el vampiro negro / Yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré / Si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué. / Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré, / Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué[10].

Estas no son manzanas podridas, es el árbol completo que está irremediablemente descompuesto, por las doctrinas de odio y muerte Made in Usa y remarcadas por la contrainsurgencia nativa. Si eso no requiere ser cambiado, en qué tipo de país queremos que vivan nuestros hijos y con qué noción de seguridad, acaso la seguridad de las fosas comunes, de los asesinatos de Estado, del genocidio permanente,  de la violación de niñas indígenas, en una palabra, una seguridad simbolizada por los huesos y las calaveras que convoca a la población a honrar la muerte fratricida y el odio perpetuo.

Por Renán Vega Cantor | 27/10/2020

 

[1]. Ezequiel Moreno, O catolicismo o liberalismo. No es posible la conciliación, Contra la segunda carta del señor presbítero Baltasar Vélez, Imprenta de La Verdad, 1898.

[2]. Archivo General de la Nación, Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera, Tomo 1024, f. 371.

[3].Boletín diocesano, mayo – junio de 1948, Tunja, citado por Andrés Felipe Manosalva, Los obispos colombianos en la época de la violencia: paz, guerra y anticomunismo (1945-1965), Tesis de Maestría en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013, p. 47.

[4]. Pedro Nel Giraldo, Don Fernando. Juicio sobre un hombre y una época, Granámerica, Medellín, 1963, p. 217.

[5]. Roger Trinquier, La guerra moderna, Librería del Ejército, Bogotá, 1963, pp. 32-33.

[6]. El documento con el título de “Circular del Ministerio de Defensa sobre recompensas (Falsos Positivos)” lleva la firma de Camilo Ospina Bernal. Lo hemos publicado como anexo en nuestro libro Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. Informe presentado a la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV), Ocean Sur, Bogotá, 2016, pp. 280-297.

[7]. Ministerio de Defensa, (Rafael Samudio), Memoria al Congreso, 1987-1988, Imprenta Nacional, Bogotá, 1988, pp. 14 y 15.

[8]. Comando General de las Fuerzas Militares, Instrucciones generales para las operaciones de contraguerrilla, Bogotá, 1979, p. 188. Citado en Movice, Paz sin crímenes de Estado. Memoria y propuestas de las víctimas, Bogotá, 2013, p. 111.

[9]. Citado en “El ideario común. Los intereses del hampa”, Alternativa No. 77, abril 5-12 de 1976, p. 7.

[10]. Adriana Villegas Botero, “No es broma, es violencia”, La Patria, octubre 18 de 2020. Disponible en: https://www.lapatria.com/opinion/columnas/adriana-villegas-botero/no-es-broma-es-violencia  

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Gerhard Müller, cardenal y antes prefecto de la Congregación Doctrina de la Fe. EFE

- En el Vaticano existe una lucha entre los ultraconservadores que alcanzaron el poder con Juan Pablo II y los 'vencedores' del Concilio II, donde se ubica a Francisco

 

- El cardenal alemán Gerhard Müller es el enemigo más poderoso del Papa. Le calificó de "hereje" cuando él fue ambiguo sobre que los divorciados vuelvan a casarse 

 

Hace justo un año, mientras regresaba de un durísimo viaje a Irlanda en el que tuvo que enfrentarse con la lacra de los abusos a menores, y al tiempo que veía la luz el 'Informe Pensilvania' –en el que se demostraba que más de un millar de sacerdotes habían violado a niños durante décadas, con total impunidad–, el ex nuncio Carlo Maria Viganò lanzó la que se esperaba fuera la 'bomba definitiva' contra el pontificado del Papa Francisco. Una dura andanada, cuidadosamente elaborada por los sectores más ultracatólicos de la Curia vaticana, con el apoyo de grupúsculos mediáticos orquestados por el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon. En ella, acusaban a Jorge Mario Bergoglio de encubrir los abusos sexuales de un cardenal norteamericano, Theodore McCarrick, al que meses atrás él mismo había expulsado de la Iglesia.

El ataque contra Francisco era, o eso pensaban sus enemigos, la guinda final a cinco años de ataques continuados –primero, bajo el anonimato; posteriormente, con luces y taquígrafos– de un sector que había liderado la Iglesia católica con mano férrea desde la repentina –y nunca aclarada– muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II en octubre de 1978. Un sector que pretendía devolver a la Iglesia católica a los tiempos anteriores al Concilio Vaticano II.

Sin embargo, la jugada no salió bien: casi de inmediato, Viganò fue desacreditado, y las supuestas pruebas contra Francisco jamás aparecieron. Es más: se comprobó que Bergoglio sí había actuado contra McCarrick, quitándole la condición de cardenal, mientras que había sido el propio Viganò –defenestrado por el Papa como nuncio de EE.UU.– quien no había hecho cumplir unas supuestas sanciones impuestas por Benedicto XVI.

La lucha interna del Vaticano

¿Cuales son las razones de los enemigos del Papa? Simple y llanamente, una lucha en el interior de la Iglesia entre ese sector que alcanzó el poder tras la llegada de Juan Pablo II en 1978, apostando por la involución, la condena de teólogos díscolos y una férrea moral sexual; y los 'vencedores' del Concilio Vaticano II (1962-1965), que abogan por una Iglesia abierta al mundo, menos preocupada por el sexo y en diálogo con otras religiones. En el segundo grupo se ubica al Papa Francisco. Su apertura a los divorciados vueltos a casar o los gays, y las posibilidades de que se apruebe, durante el próximo Sínodo de la Amazonía –arranca el 6 de octubre–, la ordenación de curas casados o la concesión de algún tipo de ministerio –¿diaconado?– a las mujeres, hacen que la 'guerra civil' en la Iglesia, antes soterrada, se haga evidente para cualquier observador de la realidad.

La situación ha llegado a tal punto que el propio general de los jesuitas –la mayor congregación religiosa del mundo–, Arturo Sosa, denunció hace unos días en el Meeting de Rimini la existencia de un "complot" en el interior de la Iglesia para "que el Papa Francisco renuncie". "Él no lo hará", subrayó el llamado 'Papa negro', quien advirtió que la lucha va más allá: "Creo que la estrategia final de estos sectores no es tanto forzar al Papa Francisco a renunciar, cuanto afectar a la elección del próximo pontífice, creando las condiciones para que el siguiente Papa no continúe profundizando el camino que Francisco ha indicado y emprendido en su lugar".

¿Quién está detrás del complot contra el Papa? ¿Quiénes son, con nombres y apellidos, los 'enemigos' de Francisco? Aunque resulta difícil –la mayoría de ellos no se atreven a dar un paso adelante–, hay algunos 'capitanes' en esta lucha, que pretenden dar un golpe de Estado en la Iglesia y han llegado a acusar al Papa Francisco de "hereje" y de "promover un cisma".

Müller, el más poderoso

El más conocido de todos, y el que más poder atesoró, fue el cardenal alemán Gerhard Müller, quien fuera prefecto de la todopoderosa Congregación para la Doctrina de la Fe (la antigua Inquisición) hasta 2017. Desde entonces Müller aprovecha cualquier ocasión para arremeter contra Francisco, ya sea con su proyecto de reforma de la Curia que calificó de "error fatídico"–, ya sea con el borrador del documento que se debatirá en el Sínodo de la Amazonía, cuyas afirmaciones calificó de "herejías".

Tras su cese, Müller abandonó los cuarteles de invierno y se sumó, públicamente, al coro de prelados que ya advirtieron al Papa con declararle "hereje" después de que en 2015 se publicara la exhortación postsinodal 'Amoris Laetitia'. Un texto que abre la puerta a que los divorciados vueltos a casar por lo civil puedan comulgar. Una cuestión superada en todos los ámbitos de la sociedad, pero que en ciertos sectores de la Iglesia es considerado una "traición al mensaje de Cristo", como lo definió otro de los líderes de la oposición al Papa, el cardenal norteamericano Burke.

Burke fue uno de los cuatro cardenales de los 'Dubia' –documento en el que exigían a Francisco que aclarase su postura sobre los divorciados vueltos a casar, y que Bergoglio nunca contestó–, junto a Brandmuller –que también ha declarado "herético" el próximo Sínodo–, y los ya fallecidos Caffarra y Meissner. Todos ellos han criticado cada una de las decisiones de Francisco que supusieran algún avance en lo relativo a la moral sexual, la "ideología de género" o el papel de la mujer. Incluso, llegaron a impulsar un movimiento de personalidades católicas para declarar "heréticas" algunas de las decisiones de Bergoglio, que apenas lograron sumar unos centenares en todo el mundo. Son pocos, pero muy influyentes, y con tentáculos de poder en todos los organismos curiales, algo con el que el Papa quiere acabar con su proyecto de reforma de la Curia que, previsiblemente, verá la luz en marzo próximo.

Presión sobre el Papa emérito, Benedicto XVI

La situación ha llegado hasta tal punto que los ultraconservadores han utilizado la figura del papa emérito, Benedicto XVI (92 años) para contraponerlo a Bergoglio. Aunque Ratzinger ha querido dejar claro en más de una ocasión que "solo hay un Papa, y es Francisco", lo cierto es que las pocas visitas que recibe en el monasterio vaticano donde vive recluido son de los sectores más ultraconservadores, y las pocas declaraciones que concede se alinean, punto por punto, con los más rigoristas.

La última prueba fue la publicación de un documento, tras la famosa cumbre Antipederastia de febrero, en la que Benedicto XVI achaca a la teología surgida del Concilio Vaticano II un "colapso" que permitió una "moral laxa" que dejó la puerta abierta a abusadores y a la "revolución sexual". Un texto que molestó, y mucho, entre los cercanos a Francisco. Muchos ven en estos movimientos la mano de su secretario, Georg Ganswein, y del cardenal Robert Sarah, uno de los pocos opositores al Papa que aún mantiene un puesto relevante en la Curia, como prefecto del Culto Divino.

¿Y en España? Como ya desveló eldiario.es, no son pocos los prelados que muestran, en privado y con significativos silencios, su oposición a Bergoglio. Reig (Alcalá de Henares), Sanz (Oviedo), Herráez (Burgos), Demetrio (Córdoba) o Asenjo (Sevilla) son algunos de los más conocidos entre los obispos de hierro.

También, los en otros tiempos todopoderosos, cardenal Rouco Varela y obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino, ambos alineados en el sector más conservador, y que de cara a las elecciones de marzo buscan colocar al arzobispo de Oviedo como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. De este modo, la Iglesia española se convertiría en la más potente de las iglesias occidentales en mostrar (sin decirlo abiertamente, pero sí con la fuerza de los hechos) su oposición al Papa Francisco.

Más información en religiondigital.org

Por Jesús Bastante

04/09/2019 - 21:49h

Publicado enInternacional
Jueves, 04 Julio 2019 08:33

Cuestiones de doctrina militar

Cuestiones de doctrina militar

El ascenso del general Nicacio de Jesús Martínez y los videos de campos de concentración del Ejército colombiano publicados por Gustavo Petro, son la evidencia concreta de la prolongación de una doctrina militar que legitima la violencia y el crimen, conducido bajo los principios anticomunistas que alientan la eliminación del enemigo interno a toda costa.

 

Una votación en el Senado de 64 contra 1, fue contundente para darle los cuatro soles y con ellos el ascenso al general Nicacio Martínez, en la mira de la opinión pública por la denuncia sobre las “Cincuenta Órdenes Comando” dadas a las tropas militares, que exigían doblar los resultados (2018-2019) en el número de bajas, capturas y rendiciones. De la misma manera, sonaron voces denunciando su vinculación con casos de falsos positivos, cosa que no es nueva, en tanto meses atrás Human Rights Watch ya lo había denunciado, junto a otros nueve oficiales ascendidos en el gobierno de Iván Duque –como lo advertíamos en el artículo ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!, desdeabajo junio de 2019–.

 

Retorno de una política criminal

 

No sorprende que la política militar en curso retome los caminos de los falsos positivos, transitados por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tiempo durante el cual las fuerzas militares y de policía –dirigidas por Juan Manuel Santos, por entonces Mindefensa– ejecutaron crímenes de guerra con prácticas como engañar a jóvenes de barrios populares ofreciéndoles empleo en zonas rurales recogiendo café, para luego asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

Estos hechos eran el pan de cada día en Colombia. Procederes ampliados a prácticas como retener jóvenes en retenes militares y de policía, los mismos que luego aparecían muertos, como lo denuncia Omar Eduardo Rojas Bolaños, coautor del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010”, en el cual explica el accionar del Ejército para cometer estos crímenes, que no vinculan únicamente a esta institución pues se sabe de la participación de otras como el Inpec, quienes entregaban presos para que fueran ejecutados, o la Fuerza Aérea que transportaba las víctimas en helicópteros; así mismo está involucrado el poder judicial que ayudaba a justificar los asesinatos1.

Un accionar legitimado. Aunque se niegue, lo que se está generando con la exigencia a los militares de doblar resultados es la reaparición de falsos positivos, pues de cumplirse las “metas” se darán beneficios a quienes las cumplan, beneficios que al igual que en la primera década del 2000 serán desde permisos, vacaciones, medallas y hasta asensos. Esta práctica criminal se reactivaría en el país como consecuencia de los niveles de evaluación de efectividad, los cuales entienden los resultados en “litros de sangre, tanques de sangre” como lo sostuvo el excoronel Gabriel de Jesús Rincón al brindar testimonio ante la JEP de la práctica de los falsos positivos que vinculan directamente al excomandante del Ejército Mario Montoya2.

 

Doctrina militar, cuestión de fondo

 

Los videos de los soldados torturados en campos de concentración –supuestamente de la guerrilla del Eln–, instalados por el propio Ejército Nacional (ver recuadro Historia de un buen anticomunista), dejan en evidencia el anticomunismo reinante al interior de las Fuerzas Militares. Canciones de Víctor Jara y banderas de la guerrilla sirven como armas psicológicas para generar el odio contra el comunismo y la izquierda.

Estos “entrenamientos” tampoco son nuevos y no deberían alarmar mucho, pues es conocido que en distintos ejércitos del mundo –de distintas ideologías– se realizan(ron) este tipo de prácticas, y hasta peores, como comer excremento, animales vivos, practicar torturas con prisioneros políticos y hasta realizar experimentos químicos en humanos.

El problema de fondo en este momento en Colombia, más allá de los “entrenamientos” –que por supuesto deben ser denunciados y expuestos a la opinión pública– es la doctrina militar imperante en nuestro país. Doctrina que considera enemigo interno a todo aquel que reclama el respeto de los derechos humanos, el derecho a la tierra, así como a quien cuestiona o integra organizaciones sociales en procura de un cambio social, todos ellos calificados como “comunistas” y, por tanto, como enemigos3.
En ese proceder, la preocupación fundamental es la defensa del status quo y el control militar de los territorios. Proceder de una estructura que se supone debe responder al conjunto social, no a los más ricos del país, pero que está de espaldas a ese conjunto, actuando como una fuerza privada, a favor de la minoría de empresarios (nacionales y extranjeros) y políticos que detentan el poder del Estado.

Es un proceder en el cual, para garantizar más eficacia, potencian el funcionamiento de estructuras paramilitares, en una actividad cuerpo a cuerpo, como lo denunció recientemente Gustavo Petro, de lo cual además dan fe infinidad de evidencias –como las que una y otra vez entrega a la comunidad nacional e internacional la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pero también las sentencias de las Cortes internacionales que han condenado al Estado colombiano una y otra vez por acciones de tal naturaleza, y en tiempos más recientes el documento militar del Batallón de Artillería Palacé, el cual explicita la estrategia de la penetración de las Águilas Negras en acciones futuras. Al ser así, ¿será posible que el asesinato de líderes sociales encuentre respuesta judicial efectiva, o que los mismos crímenes lleguen a su final?

 

Militarización de la Policía Nacional, un debate crucial

 

Desde hace décadas nuestra sociedad padece una estructura policial que funciona como un cuerpo de ocupación militar y que no opera como debiera ser, como un órgano civil al servicio del conjunto social, para garantizar sus libertades y derechos, en procura de la convivencia pacífica. Contrario a ello, sus más de cien mil integrantes, militarizados, son formados bajo los lineamientos de las fuerzas militares y, obvio, el resultado es similar: ven como enemigos (internos) a los sectores críticos del actual estado de cosas, están alimentados por patrones anticomunistas, la fuerza se impone a la prevención, operan con un mando totalmente vertical, disciplinario, y los ascensos también se obtienen, además de tiempo, por la efectividad operativa, que es diaria.

Con la Constitución de 1991, se dividió la Fuerza Pública en: 1. Las Fuerzas Militares, garantía de la soberanía nacional y de la integridad de su territorio, como prioridad. Preparación para la guerra es su rutina. 2. La Policía Nacional que funciona como un cuerpo armado de naturaleza civil, en el que debe primar el cumplimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas para que los habitantes puedan vivir en paz4.

Como puede concluirse, sin separar de manera efectiva y real ambos cuerpos, y sin aprobar una doctrina totalmente diferente para la policía, su rol civil nunca será posible de concretarse. Mientras ello no suceda, el encuentro tantas veces pretendido entre esta institución y el conjunto nacional será imposible.

 

Un reto para la sociedad, un sueño de otra realidad

 

Lo que tenemos ante nosotros es un reto que implica discutir y debatir entre el conjunto nacional el papel de lo militar en una sociedad como la nuestra, que aborde el tema de la doctrina militar imperante, y la misma noción de seguridad.

¿Tiene sentido que el cuerpo militar y su presencia creciente, en infinidad de territorios, prosiga? ¿Por qué, a pesar de su presencia y poder en los territorios, la violación de los derechos humanos es regla, los desplazamiento de campesinos e indígenas no cesan, y por qué el asesinato de líderes sociales prosigue? ¿Por qué, a pesar de su presencia, el narcotráfico no se ve arrinconado ni menguado?

En nuestros hombros cargamos una historia de violencia que por lo visto no cesará en un futuro cercano, no es gratuito entonces que asumamos el reto del debate sobre la razón de ser de los ejércitos, así como de cuerpos que debieran ser civiles, como la policía. Debates que deben ir de la mano de otros, como los enfocados en el modelo económico, los territorios, el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria, el sistema de educación y de salud para la vida digna, participación política, mecanismos de gobiernos propios. Estas y muchas otras discusiones más, son las que necesitamos dar para construir una democracia real, una muy otra democracia que nos lleve a vivir en un país con dignidad y justicia para quienes lo habiten.
1 Ver en: https://lanzasyletras.org/2018/06/07/ni-falsos-ni-positivos-asesinatos-y-politica-en-el-gobierno-de-alvaro-uribe-velez/
2 Ver en: https://noticias.caracoltv.com/colombia/mi-me-tienen-que-dar-son-muertos-el-testimonio-contra-gral-mario-montoya-en-la-jep?fbclid=IwAR1wUG23aCDVGxvjKVg-NsOwVQWVOYraNq5EE0u1IgM12UFOtKVon112MAI
3 Se sugiere leer el siguiente artículo para comprender parte de la historia de la doctrina militar en Colombia y los lineamientos de la actual Doctrina Damasco: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36958-es-la-doctrina-militar-no-quien-la-aplica.html
4 Ver: Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 73-88.

 

Artículos consultados

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36957-la-nueva-maquina-de-asesinar-civiles-del-gobierno-de-duque.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36965-el-jefe-del-ejercito-de-colombia-dirigio-una-brigada-acusada-de-matar-a-civiles.html
https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
https://www.las2orillas.co/del-adoctrinamiento-militar-y-los-falsos-positivos/
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf

 


Recuadro


Historia de un buen anticomunista*


Nos dejaron en medio de la selva como parte de la misión de entrenamiento, estábamos entusiasmados porque habíamos llegado a la última fase del curso contrainsurgente que nos permitiría por fin ser parte los “tropeleros”, esos soldados que no le temen a nada ni nadie y que siempre están en primera fila para combatir al enemigo.

Habían pasado varios meses desde que nos dijeron que se abría la posibilidad de participar en el curso de combate denominado “Lanceros”. Fuimos pocos los voluntarios, sabíamos que no era fácil, pues ya conocíamos varios “lanzas” que se habían presentado y habían vuelto completamente cambiados a como se fueron, eso sí con la moral en alto y la lealtad y el honor para servir a la patria. A otros nunca los volvimos a ver, nos decían que no habían aguantado el rigor del entrenamiento, se escuchaba que otros habían muerto.

Cuando aceptamos irnos de voluntarios nos convertimos en “Chulos”, pues así llamaban a los aspirantes. Después de cinco meses ya habíamos pasado las tres fases del Curso de Lanceros, la primera fue en Tolemaida, donde entramos a la Escuela de Lanceros; la segunda cursó en el Centro de Entrenamiento de Lancero (CEL) y luego pasamos la montaña y nos llevaron al Batallón de Artillería Usme, en Bogotá. Cada una de estas fases era más dura que la anterior, los entrenamientos físicos eran desgastantes, la disciplina era más severa que cualquiera que hubiéramos conocido, pero al mismo tiempo entendíamos –por lo cual debíamos esforzarnos– el peligro que corrían las instituciones de la patria por la amenaza comunista y la importancia de acabar con cualquier rastro de insurgencia en el territorio nacional.


Cuando pasamos a la última fase nos dijeron que era en la selva, y que allí debíamos demostrar todo lo que habíamos aprendido, pues en ese momento no iríamos a instalaciones militares sino que realizaríamos una misión en campo, posiblemente en Leticia, Amazonas.

Nos enviaron sin equipaje ni munición a la fase de supervivencia, teníamos que pasar esa prueba y terminábamos el curso. Aunque el entusiasmo de terminar el Curso de Lanceros se sentía, muchos tenían la moral baja y algunos de mis “cursos” estaban cansados, querían renunciar y devolverse a Bogotá; otros decían que apenas salieran iban a pedir la baja. Yo siempre los alentaba a seguir, daba ánimo y recordaba el honor de pertenecer a esta gloriosa institución.

Cuando estábamos pasando la noche en medio de matorrales, los “lanzas” encargados de la guardia escucharon ruidos y nos pusieron alerta, estábamos en zona roja. La orden fue quedarnos despiertos y avanzar en silencio. Teníamos las coordenadas a donde debíamos llegar, y entre más rápido mejor. El calor era sofocante y la noche no dejaba ver nada. Caminamos unos 20 metros y escuchamos una voz:

–“Quietos hijueputas, tírense al piso”, nos gritaron.

Un cimbronazo pasó por todo mi cuerpo. Tratamos de reaccionar, pero fue imposible. Usaban botas pantaneras y camuflados. Tenían barba y el pelo largo. Nos apuntaron con AK-47 y nos obligaron a quitarnos las botas y amarraron nuestras manos. Entre insultos y patadas caminamos alrededor de 10 kilómetros y llegamos a un campamento, nos tiraron a una jaula.
Se escuchaba música guerrillera. Nos despertaron a golpes. Semidesnudos nos golpearon con látigos, hacían que cantáramos consignas comunistas, nos llevaban a interrogatorios donde preguntaban sobre nuestros mandos y ubicaciones. Nos colgaban de los pies a unos palos, como castigo, nos pisaban la cara contra el piso, nos hicieron comer mierda. Todos estábamos asustados y sin saber qué hacer. Algunos lloraban.

Después de dos semanas de tortura uno de los guerrilleros nos levantó y nos hizo formar. Empezó a dar las instrucciones, como cualquiera de mis mayores. No entendíamos lo que estaba pasando, pues nuestra rabia y odio contra aquellos terroristas cada día crecía más.

El comandante guerrillero nos mira, sonríe y nos dice: “Bienvenidos al Laboratorio Experimental de Resistencia del Ejército Nacional”. Nadie entendía nada. Después de un momento todos los supuestos guerrilleros se quitan sus prendas y nos dijeron que habíamos pasado la última fase del Curso de Lanceros. Allí entendimos que quienes estaban ahí eran soldados y se hacían pasar por guerrilleros. Muchos se pusieron a llorar y al final algunos parecían se habían descompensado psicológicamente y tuvieron que llevarlos de urgencia al centro de salud más cercano; otros dejaron de hablar para siempre. Sin importar esto, yo estaba convencido de que al fin nos habíamos vuelto parte del glorioso Ejército Nacional de Colombia, y nuestra misión ahora era acabar con el comunismo que quiere arruinar nuestra patria.

* Inspirado en los relatos de los dos militares entrevistados por el equipo de Gustavo Petro.

Publicado enColombia
Domingo, 29 Diciembre 2019 10:00

Cuestiones de doctrina militar

Cuestiones de doctrina militar
 Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

 

El ascenso del general Nicacio de Jesús Martínez y los videos de campos de concentración del Ejército colombiano publicados por Gustavo Petro, son la evidencia concreta de la prolongación de una doctrina militar que legitima la violencia y el crimen, conducido bajo los principios anticomunistas que alientan la eliminación del enemigo interno a toda costa.

 

Una votación en el Senado de 64 contra 1, fue contundente para darle los cuatro soles y con ellos el ascenso al general Nicacio Martínez, en la mira de la opinión pública por la denuncia sobre las “Cincuenta Órdenes Comando” dadas a las tropas militares, que exigían doblar los resultados (2018-2019) en el número de bajas, capturas y rendiciones. De la misma manera, sonaron voces denunciando su vinculación con casos de falsos positivos, cosa que no es nueva, en tanto meses atrás Human Rights Watch ya lo había denunciado, junto a otros nueve oficiales ascendidos en el gobierno de Iván Duque –como lo advertíamos en el artículo ¡Es la doctrina militar, no quien la aplica!, desdeabajo junio de 2019–.

 

Retorno de una política criminal

 

No sorprende que la política militar en curso retome los caminos de los falsos positivos, transitados por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), tiempo durante el cual las fuerzas militares y de policía –dirigidas por Juan Manuel Santos, por entonces Mindefensa– ejecutaron crímenes de guerra con prácticas como engañar a jóvenes de barrios populares ofreciéndoles empleo en zonas rurales recogiendo café, para luego asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate.

Estos hechos eran el pan de cada día en Colombia. Procederes ampliados a prácticas como retener jóvenes en retenes militares y de policía, los mismos que luego aparecían muertos, como lo denuncia Omar Eduardo Rojas Bolaños, coautor del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010”, en el cual explica el accionar del Ejército para cometer estos crímenes, que no vinculan únicamente a esta institución pues se sabe de la participación de otras como el Inpec, quienes entregaban presos para que fueran ejecutados, o la Fuerza Aérea que transportaba las víctimas en helicópteros; así mismo está involucrado el poder judicial que ayudaba a justificar los asesinatos1.

Un accionar legitimado. Aunque se niegue, lo que se está generando con la exigencia a los militares de doblar resultados es la reaparición de falsos positivos, pues de cumplirse las “metas” se darán beneficios a quienes las cumplan, beneficios que al igual que en la primera década del 2000 serán desde permisos, vacaciones, medallas y hasta asensos. Esta práctica criminal se reactivaría en el país como consecuencia de los niveles de evaluación de efectividad, los cuales entienden los resultados en “litros de sangre, tanques de sangre” como lo sostuvo el excoronel Gabriel de Jesús Rincón al brindar testimonio ante la JEP de la práctica de los falsos positivos que vinculan directamente al excomandante del Ejército Mario Montoya2.

 

Doctrina militar, cuestión de fondo

 

Los videos de los soldados torturados en campos de concentración –supuestamente de la guerrilla del Eln–, instalados por el propio Ejército Nacional (ver recuadro Historia de un buen anticomunista), dejan en evidencia el anticomunismo reinante al interior de las Fuerzas Militares. Canciones de Víctor Jara y banderas de la guerrilla sirven como armas psicológicas para generar el odio contra el comunismo y la izquierda.

Estos “entrenamientos” tampoco son nuevos y no deberían alarmar mucho, pues es conocido que en distintos ejércitos del mundo –de distintas ideologías– se realizan(ron) este tipo de prácticas, y hasta peores, como comer excremento, animales vivos, practicar torturas con prisioneros políticos y hasta realizar experimentos químicos en humanos.

El problema de fondo en este momento en Colombia, más allá de los “entrenamientos” –que por supuesto deben ser denunciados y expuestos a la opinión pública– es la doctrina militar imperante en nuestro país. Doctrina que considera enemigo interno a todo aquel que reclama el respeto de los derechos humanos, el derecho a la tierra, así como a quien cuestiona o integra organizaciones sociales en procura de un cambio social, todos ellos calificados como “comunistas” y, por tanto, como enemigos3.
En ese proceder, la preocupación fundamental es la defensa del status quo y el control militar de los territorios. Proceder de una estructura que se supone debe responder al conjunto social, no a los más ricos del país, pero que está de espaldas a ese conjunto, actuando como una fuerza privada, a favor de la minoría de empresarios (nacionales y extranjeros) y políticos que detentan el poder del Estado.

Es un proceder en el cual, para garantizar más eficacia, potencian el funcionamiento de estructuras paramilitares, en una actividad cuerpo a cuerpo, como lo denunció recientemente Gustavo Petro, de lo cual además dan fe infinidad de evidencias –como las que una y otra vez entrega a la comunidad nacional e internacional la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, pero también las sentencias de las Cortes internacionales que han condenado al Estado colombiano una y otra vez por acciones de tal naturaleza, y en tiempos más recientes el documento militar del Batallón de Artillería Palacé, el cual explicita la estrategia de la penetración de las Águilas Negras en acciones futuras. Al ser así, ¿será posible que el asesinato de líderes sociales encuentre respuesta judicial efectiva, o que los mismos crímenes lleguen a su final?

 

Militarización de la Policía Nacional, un debate crucial

 

Desde hace décadas nuestra sociedad padece una estructura policial que funciona como un cuerpo de ocupación militar y que no opera como debiera ser, como un órgano civil al servicio del conjunto social, para garantizar sus libertades y derechos, en procura de la convivencia pacífica. Contrario a ello, sus más de cien mil integrantes, militarizados, son formados bajo los lineamientos de las fuerzas militares y, obvio, el resultado es similar: ven como enemigos (internos) a los sectores críticos del actual estado de cosas, están alimentados por patrones anticomunistas, la fuerza se impone a la prevención, operan con un mando totalmente vertical, disciplinario, y los ascensos también se obtienen, además de tiempo, por la efectividad operativa, que es diaria.

Con la Constitución de 1991, se dividió la Fuerza Pública en: 1. Las Fuerzas Militares, garantía de la soberanía nacional y de la integridad de su territorio, como prioridad. Preparación para la guerra es su rutina. 2. La Policía Nacional que funciona como un cuerpo armado de naturaleza civil, en el que debe primar el cumplimiento del ejercicio de los derechos y libertades públicas para que los habitantes puedan vivir en paz4.

Como puede concluirse, sin separar de manera efectiva y real ambos cuerpos, y sin aprobar una doctrina totalmente diferente para la policía, su rol civil nunca será posible de concretarse. Mientras ello no suceda, el encuentro tantas veces pretendido entre esta institución y el conjunto nacional será imposible.

 

Un reto para la sociedad, un sueño de otra realidad

 

Lo que tenemos ante nosotros es un reto que implica discutir y debatir entre el conjunto nacional el papel de lo militar en una sociedad como la nuestra, que aborde el tema de la doctrina militar imperante, y la misma noción de seguridad.

¿Tiene sentido que el cuerpo militar y su presencia creciente, en infinidad de territorios, prosiga? ¿Por qué, a pesar de su presencia y poder en los territorios, la violación de los derechos humanos es regla, los desplazamiento de campesinos e indígenas no cesan, y por qué el asesinato de líderes sociales prosigue? ¿Por qué, a pesar de su presencia, el narcotráfico no se ve arrinconado ni menguado?

En nuestros hombros cargamos una historia de violencia que por lo visto no cesará en un futuro cercano, no es gratuito entonces que asumamos el reto del debate sobre la razón de ser de los ejércitos, así como de cuerpos que debieran ser civiles, como la policía. Debates que deben ir de la mano de otros, como los enfocados en el modelo económico, los territorios, el acceso a la tierra y la soberanía alimentaria, el sistema de educación y de salud para la vida digna, participación política, mecanismos de gobiernos propios. Estas y muchas otras discusiones más, son las que necesitamos dar para construir una democracia real, una muy otra democracia que nos lleve a vivir en un país con dignidad y justicia para quienes lo habiten.
1 Ver en: https://lanzasyletras.org/2018/06/07/ni-falsos-ni-positivos-asesinatos-y-politica-en-el-gobierno-de-alvaro-uribe-velez/
2 Ver en: https://noticias.caracoltv.com/colombia/mi-me-tienen-que-dar-son-muertos-el-testimonio-contra-gral-mario-montoya-en-la-jep?fbclid=IwAR1wUG23aCDVGxvjKVg-NsOwVQWVOYraNq5EE0u1IgM12UFOtKVon112MAI
3 Se sugiere leer el siguiente artículo para comprender parte de la historia de la doctrina militar en Colombia y los lineamientos de la actual Doctrina Damasco: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36958-es-la-doctrina-militar-no-quien-la-aplica.html
4 Ver: Cruz Rodríguez, Edwin, (2016), Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Ediciones Desde Abajo, pp. 73-88.

 

Artículos consultados

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36957-la-nueva-maquina-de-asesinar-civiles-del-gobierno-de-duque.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36965-el-jefe-del-ejercito-de-colombia-dirigio-una-brigada-acusada-de-matar-a-civiles.html
https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
https://www.las2orillas.co/del-adoctrinamiento-militar-y-los-falsos-positivos/
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf

 


Recuadro


Historia de un buen anticomunista*


Nos dejaron en medio de la selva como parte de la misión de entrenamiento, estábamos entusiasmados porque habíamos llegado a la última fase del curso contrainsurgente que nos permitiría por fin ser parte los “tropeleros”, esos soldados que no le temen a nada ni nadie y que siempre están en primera fila para combatir al enemigo.

Habían pasado varios meses desde que nos dijeron que se abría la posibilidad de participar en el curso de combate denominado “Lanceros”. Fuimos pocos los voluntarios, sabíamos que no era fácil, pues ya conocíamos varios “lanzas” que se habían presentado y habían vuelto completamente cambiados a como se fueron, eso sí con la moral en alto y la lealtad y el honor para servir a la patria. A otros nunca los volvimos a ver, nos decían que no habían aguantado el rigor del entrenamiento, se escuchaba que otros habían muerto.

Cuando aceptamos irnos de voluntarios nos convertimos en “Chulos”, pues así llamaban a los aspirantes. Después de cinco meses ya habíamos pasado las tres fases del Curso de Lanceros, la primera fue en Tolemaida, donde entramos a la Escuela de Lanceros; la segunda cursó en el Centro de Entrenamiento de Lancero (CEL) y luego pasamos la montaña y nos llevaron al Batallón de Artillería Usme, en Bogotá. Cada una de estas fases era más dura que la anterior, los entrenamientos físicos eran desgastantes, la disciplina era más severa que cualquiera que hubiéramos conocido, pero al mismo tiempo entendíamos –por lo cual debíamos esforzarnos– el peligro que corrían las instituciones de la patria por la amenaza comunista y la importancia de acabar con cualquier rastro de insurgencia en el territorio nacional.


Cuando pasamos a la última fase nos dijeron que era en la selva, y que allí debíamos demostrar todo lo que habíamos aprendido, pues en ese momento no iríamos a instalaciones militares sino que realizaríamos una misión en campo, posiblemente en Leticia, Amazonas.

Nos enviaron sin equipaje ni munición a la fase de supervivencia, teníamos que pasar esa prueba y terminábamos el curso. Aunque el entusiasmo de terminar el Curso de Lanceros se sentía, muchos tenían la moral baja y algunos de mis “cursos” estaban cansados, querían renunciar y devolverse a Bogotá; otros decían que apenas salieran iban a pedir la baja. Yo siempre los alentaba a seguir, daba ánimo y recordaba el honor de pertenecer a esta gloriosa institución.

Cuando estábamos pasando la noche en medio de matorrales, los “lanzas” encargados de la guardia escucharon ruidos y nos pusieron alerta, estábamos en zona roja. La orden fue quedarnos despiertos y avanzar en silencio. Teníamos las coordenadas a donde debíamos llegar, y entre más rápido mejor. El calor era sofocante y la noche no dejaba ver nada. Caminamos unos 20 metros y escuchamos una voz:

–“Quietos hijueputas, tírense al piso”, nos gritaron.

Un cimbronazo pasó por todo mi cuerpo. Tratamos de reaccionar, pero fue imposible. Usaban botas pantaneras y camuflados. Tenían barba y el pelo largo. Nos apuntaron con AK-47 y nos obligaron a quitarnos las botas y amarraron nuestras manos. Entre insultos y patadas caminamos alrededor de 10 kilómetros y llegamos a un campamento, nos tiraron a una jaula.
Se escuchaba música guerrillera. Nos despertaron a golpes. Semidesnudos nos golpearon con látigos, hacían que cantáramos consignas comunistas, nos llevaban a interrogatorios donde preguntaban sobre nuestros mandos y ubicaciones. Nos colgaban de los pies a unos palos, como castigo, nos pisaban la cara contra el piso, nos hicieron comer mierda. Todos estábamos asustados y sin saber qué hacer. Algunos lloraban.

Después de dos semanas de tortura uno de los guerrilleros nos levantó y nos hizo formar. Empezó a dar las instrucciones, como cualquiera de mis mayores. No entendíamos lo que estaba pasando, pues nuestra rabia y odio contra aquellos terroristas cada día crecía más.

El comandante guerrillero nos mira, sonríe y nos dice: “Bienvenidos al Laboratorio Experimental de Resistencia del Ejército Nacional”. Nadie entendía nada. Después de un momento todos los supuestos guerrilleros se quitan sus prendas y nos dijeron que habíamos pasado la última fase del Curso de Lanceros. Allí entendimos que quienes estaban ahí eran soldados y se hacían pasar por guerrilleros. Muchos se pusieron a llorar y al final algunos parecían se habían descompensado psicológicamente y tuvieron que llevarlos de urgencia al centro de salud más cercano; otros dejaron de hablar para siempre. Sin importar esto, yo estaba convencido de que al fin nos habíamos vuelto parte del glorioso Ejército Nacional de Colombia, y nuestra misión ahora era acabar con el comunismo que quiere arruinar nuestra patria.

* Inspirado en los relatos de los dos militares entrevistados por el equipo de Gustavo Petro.

Publicado enEdición Nº258
La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque

“Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia” fue la respuesta amenazante del comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times (NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su ‘Plantemiento de Objetivos 2019' [1]. 

El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, se basa en testimonios de altos mandos militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el número de acciones militares y de bajas, con la visión de “no exigir perfección”, lanzar operaciones contando apenas con el “60 o 70 por ciento” de credibilidad o exactitud, y “hacer lo que sea, incluyendo alianzas con grupos criminales armados” [2], evidencia una vez más, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.


Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de “subversivos dados de baja en combate”. Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010 durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.


Sigue el margen de error para asesinar civiles


La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las “Cincuenta Órdenes de Comando”, con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para conducir las operaciones militares donde “no exigir la perfección” [5] dejan un margen de error de 40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el manto de ser daños colaterales.


Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.


¿Seguridad y Defensa para quién?


No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales” [7], puesto que la visión de seguridad del Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los pobladores y sus comunidades.


Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del incremento de rutas y carteles del narcotráfico.


Régimen de impunidad


La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en temas que son de su competencia como la “Defensa Nacional y la Fuerza Pública” [8], por el contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa Humanidad.


Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].


Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre los que “existen evidencias creíbles” que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados de la década de los 2000 [10].


Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del “Body Count” aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.


¡Sí es posible el cambio!


Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de “hacer lo que sea” para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.


Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.
La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes Comunes y los derechos de los colombianos.

 

Notas
[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/
[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf
[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf
[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473
[6] https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad-%E2%80%93-PDS.pdf
[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976
[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda
[9] https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-con-los-asesinatos-de-civiles/617129
[10] https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vinculados-con-falsos-positivos

 

Publicado enColombia
Los alcances imperiales del Comando Sur en AL

El almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, compareció el 15 de febrero de este año ante el Comité Senatorial de Fuerzas Armadas [Senate Armed Service Committee] de ese país, y para esa reunión elaboró un documento no clasificado [de acceso público], en el que presenta su posición respecto a condiciones, actores y variables actuales o posibles que afectan o están relacionadas con la seguridad y defensa [de Estados Unidos, obviamente] en el área "bajo su responsabilidad" que abarca 31 países de América Central, Sudamérica y el Caribe. El documento exhibe –detrás de la retórica de la supuesta defensa de la democracia, la ayuda humanitaria, la lucha contra las drogas y el terrorismo– las conocidas perspectivas imperialistas enraizadas históricamente en el Destino Manifiesto y, para el caso de nuestro continente, en la llamada Doctrina Monroe que, reconstituidas y remozadas, nutren las ideologías y los imaginarios de los grupos gobernantes actuales que consideran a Estados Unidos como la "única nación indispensable", y se arrogan el derecho de intervención militar abierta o clandestina en el ámbito planetario para proteger sus intereses estratégicos y su seguridad nacional; esto es, el papel de policía del mundo. El jefe del Comando Sur expone ante el Comité del Senado: “Todos los días, nuestros hombres y mujeres trabajan para avalar nuestros enfoques sobre el Sur y construir una red de seguridad regional a partir de asociaciones inclusivas y basadas en principios. […] Dependemos de esta red para ayudar a mantener nuestra propia seguridad y defender nuestra tierra a profundidad”. No obstante, se queja de que son insuficientes los esfuerzos diplomáticos y en favor del "desarrollo" para mantener esa red, y que la percepción de sus aliados y competidores en el área [China, Rusia, Irán, Corea] es que Estados Unidos no está cumpliendo con sus compromisos, renunciando a su posición estratégica y sin tomar en cuenta seriamente los desafíos de la región. Por ello, sostiene que deben considerarse los riesgos de seguridad para seguir prevaleciendo como poder hegemónico en este hemisferio y evitar que una crisis disminuya la habilidad de Estados Unidos para encarar otros cometidos "aún más importantes" en el ámbito internacional. Advierte que no es deseable para su país abrir "nuestro flanco sur" a un rango variado de vulnerabilidades. El almirante descubre que América Latina es una región de tendencias contrastantes, a la vez positivas y preocupantes, con sociedades democráticas, modernas, diversas, con clases medias en aumento y con "militares capaces y profesionales". Estas sociedades todavía enfrentan "retos de gobernanza" [sic], que incluyen corrupción política, metas de desarrollo no logradas, y niveles de violencia criminal impactantes, que crean espacios permisivos para actividades ilícitas de todo tipo: el extremismo global ha establecido una base reducida entre la población musulmana de América Latina, reclutando activistas para que realicen ataques; la inseguridad y las dificultades económicas continúan ocasionando un incremento de la migración y, claro,

destaca Venezuela como un riesgo permanente por su "inestabilidad interna", que puede ocasionar conmociones regionales significativas. En este contexto, el militar devenido en científico social de altos vuelos distingue una combinación de pruebas y amenazas que provienen de actores estatales y no estatales que conforman redes, como los traficantes de drogas, armas y personas; simpatizantes y militantes terroristas, así como lavadores de dinero, quienes –se señala– usan rutas comunes de ingreso a Estados Unidos y conducen todo tipo de operaciones en el territorio de ese país. Curiosamente, este jefe castrense considera que los cárteles del crimen organizado actúan como cualquier corporación trasnacional que, "sin fronteras", diversifican, descentralizan y distribuyen franquicias para perpetrar sus acciones delictivas. Acorde al almirante, estas redes y sus efectos acumulativos, juegan un papel cardinal en el fortalecimiento de la corrupción e inseguridad, y en la erosión de la fe de los ciudadanos en la democracia y los valores democráticos básicos, especialmente en países con los niveles de violencia criminal más altos. El almirante Tidd advierte que su país se enfrenta, asimismo, a los desafíos tradicionales de actores estatales, y se lamenta de que China, Rusia e Irán están cortejando a los socios latinoamericanos y caribeños estratégicamente más importantes y apoyando regímenes antiestadunidenses autoritarios. De parte de China, preocupa su avance e influencia económica en la región, así como su tecnología en telecomunicaciones que puede usarse en la recolección de inteligencia. El papel cada vez más visible de Rusia en el hemisferio también intranquiliza, dadas sus capacidades cibernéticas y de inteligencia; molesta a los talantes imperiales, igualmente, que Moscú intente cambiar "falsamente" el ámbito informativo de América Latina mediante sus medios de información en español y, claro, no hace ninguna gracia a los militares estadunidenses el acceso progresivo a puertos y espacios logísticos, "santuarios", en Cuba y Venezuela y, en suma, causa alarma "una proyección de fuerza visible [de Rusia] en el hemisferio occidental". Las posibles actividades ilícitas de Corea del Norte en "su región" inquieta a los militares, al igual que la expansión de relaciones diplomáticas y comerciales de Irán.

Pero, las "amenazas" para Estados Unidos no sólo provienen de actores estatales extrahemisféricos. Tidd señala que en campo de la seguridad nacional: "Cuba ha demostrado una clara intención de atacar los intereses de Estados Unidos, mediante actividades de recolección, vigilancia y contrainteligencia en países de la región. La planeada transición política en esta primavera [se refiere a la llegada de Díaz-Canel a la presidencia], no parece que cambiará el punto de vista de Cuba, en el sentido de disminuir la influencia de los militares [en el gobierno] o alterar la cooperación continua con Rusia, China y Corea del Norte, en materia de seguridad, política y economía". Naturalmente, no podía faltar en el rango de las amenazas, la "influencia negativa" de Cuba en Venezuela, de manera notable, según el almirante, en los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas.

Los pueblos quedan fuera de esta visión imperial del mundo, ausentes sus luchas y utopías; no existen como actores protagónicos que forjan su historia, marcada por las innumerables invasiones y agresiones militares de los defensores del "mundo libre y la democracia".

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