Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los opioides

En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.

"Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides", dijo Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó. Más de 6.000 ciudadanos de Oklahoma han muerto por sobredosis de analgésicos desde el 2000. En los documentos judiciales el Estado sostuvo que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.

En la demanda presentada en 2017 por el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, acusó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) de causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de marketing agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó a J&J como la compañía “líder” del engaño, que actuó motivada por “la codicia”. La millonaria multa que deberá pagar la farmacéutica será destinada a ayudar a disminuir el problema en los próximos años.

Las otras dos compañías farmacéuticas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente.

Pero J&J no abandonará la batalla legal. Los abogados de la compañía han sostenido que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). El abogado principal, Larry Ottaway, dijo durante los argumentos finales del juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días. Más de 400.000 personas han muerto por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal desde 1999.

Por Antonia Laborde

Washington 27 AGO 2019 - 03:09 COT

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Altria, fabricante de los cigarrillos Malboro, se lanza al mercado de la mariguana

Nueva York. La compañía Altria, fabricante de los cigarrillos Marlboro y una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, se lanzó al mercado del cannabis con una inversión de mil 800 millones de dólares en Cronos Group, una empresa canadiense de mariguana medicinal y recreativa.


Esta inversión representa una nueva y emocionante oportunidad de crecimiento para Altria, comentó el presidente ejecutivo de la compañía, Howard Willard, en un comunicado publicado ayer al anunciar el acuerdo.


La firma tabacalera con sede en Richmond, Virginia, adquirió una participación de 45 por ciento en Cronos y agregó que pagará otros mil 400 millones de dólares por garantías que, de ser ejercidas, le darían a Altria una participación mayoritaria de 55 por ciento de la propiedad.


Eso significaría que la inversión de Altria estaría en el mismo nivel que los 4 mil millones de dólares gastados a principios de este año por Constellation Brands para adquirir acciones de Canopy Growth Corp, otro productor canadiense de mariguana.


La inversión realizada en agosto por Constellation, que fabrica Corona y otras bebidas, fue la mayor hasta la fecha por una corporación estadunidense importante en el mercado de cannabis.


La inversión de Altria ha animado a las empresas de cannabis que han empezado a establecerse en Canadá, donde las actividades relacionadas con la hierba han estado en auge, luego que desde el 17 de octubre de 2018 el país se convirtió en el segundo, después de Uruguay, en legalizar el consumo.


Cronos Group es una empresa con presencia en los cinco continentes que opera en el mercado de Canadá con productos relacionados con el uso recreativo del cannabis para adultos.
Se espera que el rápido crecimiento del mercado de cannabis continúe a medida que se extiende la legalización en Estados Unidos y cambian las normas sociales. El martes, el ultraconservador estado de Utah se convirtió en el sitio más reciente en legalizar el uso de la mariguana con fines médicos.


Arcview Market Research, una empresa de inversiones centrada en el cannabis, prevé que los consumidores gasten 57 mil millones de dólares al año en mariguana legal para 2027. En América del Norte, se espera que ese gasto aumente de 9 mil 200 millones de dólares en 2017 a 47 mil 300 millones en 2027.

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Estados Unidos cerca en los tribunales a las farmacéuticas por las miles de muertes por opiáceos

Estados Unidos ha declarado una guerra a las compañías detrás de la sangría de muertes por el consumo de opiáceos. Más de 400 ciudades, condados y organizaciones han interpuesto una demanda conjunta contra los fabricantes y distribuidores de los potentes analgésicos. Casi todos los Estados han lanzado investigaciones a la industria farmacéutica y varios de ellos tienen previsto unirse al litigio colectivo. El Gobierno federal apoya esa hoja de ruta y no descarta presentar su propia denuncia. Se acusa a empresas gigantescas de publicidad engañosa y de ocultar a los consumidores el potencial de adicción de las pastillas de opiáceos. De ser cómplices de una feroz epidemia que abruma a EE UU: cada día mueren por sobredosis más de 150 personas. El proceso evoca la ofensiva judicial en los años noventa contra los gigantes de la industria del tabaco.
“Es una crisis, es una epidemia. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo siente, así que creo que todos debemos empezar a trabajar conjuntamente”, dice en una entrevista telefónica el juez Dan Aaron Polster. Temido por las poderosas compañías farmacéuticas. Admirado por quienes conocen de primera mano la sangría de muertes por el consumo de opiáceos. Polster tiene uno de los trabajos más difíciles de EE UU. En su mesa en el juzgado federal del Distrito Norte de Ohio, en Cleveland, se acumulan 434 demandas contra la industria. “Mi objetivo es cambiar la trayectoria de esta crisis. No dije que fuera o fuéramos a solucionarla este año pero tenemos que dar algunos pasos. Más gente se está volviendo adicta. Es inaceptable”, clama.


Polster, de 66 años, ha optado por un enfoque heterodoxo desde que en diciembre una comisión judicial decidió agrupar en su tribunal casi todos los litigios en EE UU relacionados con las prescripciones de opiáceos. El juez ha comunicado a las partes de que su objetivo es lograr un acuerdo en vez de iniciar un largo y agresivo juicio, lo que ha soliviantado a la defensa de los grandes fabricantes, distribuidores y vendedores de fármacos. La estrategia se ha comparado con el acuerdo de 1998 que llevó a las grandes tabacaleras a pagar una compensación millonaria (206.000 millones de dólares) por los efectos nocivos del tabaco. El pacto también incluyó prohibiciones a la publicidad de cigarrillos y advertencias públicas sobre sus riesgos para la salud.


Las estadísticas son escalofriantes. En 2016, el último año con cifras completas, murieron alrededor de 64.000 estadounidenses por sobredosis. Tres cuartas partes fueron provocadas por el abuso de pastillas analgésicas, heroína o fentanilo. Los récords se rompen año tras año. La estimación provisional de 2017 alcanza las 66.000 muertes. Para hacerse una idea del alcance del drama, más de 58.000 estadounidenses fallecieron en toda la Guerra de Vietnam, 55.000 lo hicieron en accidentes de coche en 1972, un año récord, o 43.000 durante el pico de la epidemia de Sida en 1995. La crisis de los opiáceos ha costado al Gobierno estadounidense cerca de un billón de dólares desde 2001.


Las muertes por sobredosis de heroína se triplicaron entre 2010 y 2014 en EE UU. Alrededor de 435.000 ciudadanos aseguran haber consumido la droga en los últimos 30 días, según las encuestas disponibles. De fondo, subyace una poderosa conexión entre fármacos y heroína. Cuatro de cada cinco nuevos consumidores de heroína aseguran haber abusado antes de pastillas contra el dolor. Cuando se quedan sin recetas para comprarlas, la desesperación les lleva a pincharse. Y muchas miradas apuntan a la actuación de médicos, farmacéuticos y dispensarios: en 1992, se prescribieron 79 millones de recetas de opiáceos en el país, en 2012 fueron 217 millones.


El Gobierno de Donald Trump ha declarado la crisis de los opiáceos una emergencia de salud pública. Y el juez Polster apunta a la raíz de la tragedia. Su objetivo es lograr soluciones tangibles a corto plazo que no solo impliquen compensaciones económicas sino transformaciones en el sector. “Cuando das algunos pasos luego puedas dar otros más. En general, así es cómo uno soluciona un problema muy complejo. No te quedas sentado esperando a que alguien haya encontrado una gran solución para todo”, esgrime.

La presión ante una industria vigorosa pero que se sabe en el ojo del huracán está empezando a dar frutos. A los 10 días de una de las sesiones judiciales, Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, el más conocido de los opiáceos, anunció en febrero que dejaba de promocionar sus pastillas a médicos y recortaba por la mitad su equipo comercial.
Greg Williams, vicepresidente de Facing Addiction, una organización que ayuda a adictos, lo considera un paso insuficiente. “Ellos y otros fabricantes y distribuidores de opiáceos deben a nuestras comunidades miles de millones de dólares en reparación”, sostiene. “Necesitamos financiación para educación pública, profesionales de la salud, prevención y tratamiento”.


Anna Lembke, una experta en adicciones de la Universidad de Stanford que ha comparecido ante el juez de Cleveland, coincide en que el anuncio de Purdue supone una “gota en el océano” del conjunto de la crisis de los opiáceos. Pero subraya que “simbólicamente es muy importante” porque encarna, tras años negándolo, una admisión implícita de la farmacéutica de su impacto sobre qué recetan los doctores.


En la megacausa judicial, se acusa a Purdue y a otros fabricantes, como Johnson & Johnson, de publicitar durante años sus opioáceos pese a conocer perfectamente su potencial adictivo. A las compañías distribuidoras se las denuncia por enviar cantidades ingentes de fármacos sin avisar a las autoridades; y a las farmacéuticas de no advertir lo suficiente a los pacientes del producto que estaban comprando.


Todos alegan que los fármacos han sido autorizados por el Gobierno y que son los médicos quienes los recetan. Sin embargo, los críticos argumentan que no se informa suficientemente a los doctores sobre los riesgos. Y las compañías han financiado a lobbies médicos que minimizaban los posibles problemas de las pastillas, según un informe del Senado.


De hecho, Purdue se declaró culpable en 2007 ante un juez federal de engañar a médicos y pacientes sobre el riesgo de adicción y el potencial de abuso de OxyContin tras una investigación que terminó en 2001. Pagó una multa de 600 millones de dólares. El diario Los Angeles Times reveló en 2016 que, durante dos décadas, Purdue conocía que su fármaco podía tener un efecto más corto del anunciado, lo que aviva el riesgo de adicción, pero lo ocultó para no perder cuota de mercado. OxyContin supone el 80% de las ventas de la compañía por un valor de 1.700 millones de dólares en 2017.


Un portavoz de Purdue no contestó a las preguntas de este periódico.


La farmacéutica se ha embarcado en las últimas semanas en una campaña para tratar de mejorar su imagen. Ha publicado anuncios en los principales diarios, ha hablado de una “responsabilidad en unirse a la lucha” contra la epidemia de opiáceos y ha asegurado que hay demasiadas pastillas entre la población. Purdue también ha promovido en algunos Estados el uso de productos que palian sobredosis, el desecho de fármacos y ha hecho campañas de información sobre adicción.


La compañía, sin embargo, ha rechazado la reclamación de algunos de los demandantes de dejar de vender su versión más fuerte de OxyContin y los expertos advierten de que sigue publicitando su fármaco en otros países.


Lembke enfatiza que la solución a la adicción rampante de opiáceos llevará “años sino décadas en llegar”. Pide actuar en múltiples ámbitos, más allá de atajar la influencia del sector farmacéutico, y abordar asuntos incómodos, como lo que llama “medicalización de la pobreza” o la estigmatización del dolor, que contribuyó a que a partir de los años noventa proliferaran las prescripciones de opiáceos ideadas contra las dolencias crónicas. Lo que nadie imaginaba es que de esa intención inicial se pasaría a la pesadilla actual.



La polémica familia de patronos artísticos detrás de OxyContin


Los orígenes de Purdue Pharma, el fabricante del opiáceo OxyContin, están en una pequeña compañía científica impulsado por la familia Sackler. Los Sackler son conocidos por su riqueza y sus generosas donaciones a museos y universidades. Pero en los últimos años la epidemia de muertes por consumo de opiáceos los ha colocado ante un espejo incómodo. Por ejemplo, la fotógrafa Nan Goldin, una antigua víctima de la adicción de OxyContin, lideró el pasado fin de semana una protesta en un ala del museo Metropolitan de Nueva York que lleva el nombre de la familia. Los manifestantes exhibieron carteles, como “Vergüenza en los Sackler”, y otros que pedían que el clan financie programas de rehabilitación.


Los herederos de Arthur Sackler aseguran que él murió antes de que se desarrollara OxyContin y que ellos no se han beneficiado económicamente del fármaco. Pero una de las hijas, Elizabeth Sackler, ha elogiado el activismo de Goldin y ha considerado “moralmente aberrante” el papel de Purdue en la crisis de los opioáceos.

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La guerra contra las drogas es la verdadera culpable

 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

El 1 de julio de 2001, Portugal promulgó una ley que despenalizaba las drogas. Según esta ley, nadie puede ser detenido ni fichado por tenencia o consumo de narcóticos. Ni el consumo ni la posesión de drogas se considera un delito. En cambio, los usuarios pueden acceder a asesores y terapeutas que les ofrecen distintas opciones de tratamiento.

En 2008, siete años después de la aprobación de la ley, viajamos a Lisboa para estudiar sus efectos y elaborar uno de los primeros informes globales sobre esta política, que fue publicado por el Instituto Cato. Las conclusiones fueron claras y sorprendentes: este cambio radical en la legislación sobre drogas había obtenido un éxito substancial e innegable.

Mientras en la década de los noventa, Portugal (como la mayor parte de los países occidentales) se consumía debido a las muertes por sobredosis y a la por violencia y las enfermedades relacionadas con las drogas, cuando dejó de perseguir y tratar como delincuentes a los consumidores, alcanzó una de las primeras posiciones de todo tipo de estadísticas positivas. Estos resultados ofrecían un agudo contraste con los de los países que seguían usando el enfoque de la criminalización: cuantos más adictos detenían y más se insistía en la “guerra contra la drogas”, más empeoraban los problemas derivados de ella.

Con todo el dinero derrochado por Portugal en la persecución y detención de los consumidores de drogas ahora disponible para programas de tratamiento, y habiendo trocado el gobierno el miedo por la confianza, los que habían sido consumidores impenitentes empezaron a superar su adicción y a recobrar la salud, y los mensajes contra las drogas del gobierno empezaron a escucharse. El aumento previsto en los índices de toxicomanía nunca se llegó a producirse y, en algunas categorías demográficas, de hecho se redujo. El estudio de 2009 concluía que “los datos muestran que el modelo de despenalización de Portugal ha sido un éxito rotundo en prácticamente todas las variables”.

Durante el fin de semana, el enviado especial en Lisboa del New York Times, Nicholas Kristoff, revisó estas estadísticas, ahora más abundantes e incuestionables incluso que en 2009. Sus conclusiones fueron todavía más rotundas que las del informe Cato ocho años antes: Portugal había demostrado definitivamente lo ineficaz, irracional y contraproducente que es la prohibición de las drogas.

Esta conclusión se basa en el éxito absoluto obtenido por Portugal al descriminalizarlas, si se comparan sus datos con los trágicos fracasos de países como Estados Unidos y Brasil que continúan considerando la adicción como un problema moral y un delito más que como un problema de salud. Kristoff escribe:

“Después de más de 15 años de experiencia, es evidente qué enfoque funcionó mejor. El programa de narcóticos estadounidense ha fracasado espectacularmente y el país ha tenido tantas muertes por sobredosis (unas 64.000) como las que produjeron las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak todas juntas.

Por el contrario, Portugal parece estar ganando la guerra contra las drogas, dándola por finalizada. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad estima en unos 25.000 la cifra de consumidores de heroína en el país Cuando se inició el programa eran 100.00.

La cifra de muertos por sobredosis se desplomó más de un 85 por ciento antes de ascender ligeramente a consecuencia de la crisis económica de los últimos años. A pesar de ello, la tasa de mortalidad por drogas de Portugal es la más baja de los países de Europa Occidental: una décima parte de la británica o la danesa y alrededor de una quinceava parte de los datos más recientes en EE.UU.

Kristoff da una explicación a este triunfo: “Es incomparablemente más barato tratar a las personas que encarcelarlas”. Pero hay otras razones, incluyendo el hecho de que las iniciativas para persuadir a los adictos de someterse a una terapia “son mucho más sencillas cuando el consumo está despenalizado, porque ya no temen que les detengan”.

Pero tal vez la prueba más contundente del éxito portugués no sean los datos empíricos, sino la realidad política: a pesar de que la ley resultó muy polémica cuando fue aprobada hace 16 años, ahora apenas hay grupos políticos que promuevan su derogación o aboguen por una prohibición del consumo.

Esta evidencia es de crucial importancia para los ciudadanos de cualquier país que siga considerando a los consumidores y adictos como delincuentes. Es totalmente inadmisible romper las familias, obligar a los hijos a estar separados de los padres recluidos en prisión y convertir a los toxicómanos en delincuentes no aptos para el trabajo, cuando los datos demuestran que dichas políticas logran los resultados opuestos a los que pretenden.

Pero, cuestiones morales aparte, la violencia relacionada con las drogas que está arrasando Brasil, y en concreto la terrible guerra que está devorando la favela de Río de Janeiro Rocinha –apenas unas semanas después de que se declarara su “pacificación”– subrayan la importancia y la urgencia de que los brasileños y los ciudadanos de cualquier país consideren el tema (¿?). Brasil ha sido testigo de repetidos estallidos de gran violencia en las favelas de sus mayores ciudades, muchas de las cuales llevan tiempo gobernadas por bandas de narcotraficantes bien armadas. Pero la guerra de la pasada semana [18-24 de septiembre] en Rocinha (y eso es exactamente: una guerra), favela situada en mitad de la Zona Sul de Río, barrio de moda, ha sido particularmente impactante.

Las bandas rivales han “invadido” la favela y han mantenido una guerra abierta por el control del narcotráfico, forzando al cierre de las escuelas, a que los residentes se refugiaran en sus casas y a que las tiendas permanecieran cerradas. Tal y como informó Misha Glenny en The Intercept, “la causa inmediata de la violencia es la continua lucha entre facciones e incluso entre miembros de la misma facción”, pero la violencia presagia una guerra general por el control del comercio de drogas.

Cuando nos enfrentamos a la violencia relacionada con las drogas, existe la tentación de agarrarse a la solución aparentemente más sencilla: intensificación de la guerra, más arrestos de traficantes y de adictos, más policía y más prohibición.

Quienes propugnan este enfoque quieren que la gente se trague una secuencia lógica bastante simplona: la causa de los problemas relacionados con las drogas, como la violencia de las bandas de narcotraficantes, son las drogas. Por tanto, debemos eliminar las drogas. Por tanto, cuantos más problemas tengamos por las drogas, más empeño ponemos en deshacernos de ellas y de quienes las venden y las consumen.

Pero esta mentalidad se basa en una trágica y evidente falacia: que la guerra contra las drogas y su criminalización conseguirá eliminarlas o, al menos, reducir su disponibilidad. No obstante, décadas de fracasos demuestran la falsedad de esta hipótesis; más bien se produce el efecto contrario. Como en Estados Unidos, en Brasil existen cientos de miles de ciudadanos encarcelados por delitos relacionados con las drogas –la mayor parte de ellos, pobres y no blancos– y, aún así, el problema no ha hecho sino empeorar. Cualquier persona con un mínimo de sensatez tendría que admitir que este razonamiento es falso.

Apoyar una política fracasada con la esperanza de que algún día funcione por arte de magia es irracional por definición. En el caso de las leyes sobre drogas ­que generan miseria y sufrimiento, no solo es irracional sino cruel.

Un informe de 2011 del Comité Global de Política Antidrogas (que incluye a múltiples líderes mundiales entre los que están el exsecretario general de la ONU Kofi Annan y el expresidente de Brasil Henrique Cardoso) estudió todas las pruebas relevantes y fue muy claro: “La guerra global contra las drogas ha fracasado y ha provocado consecuencias devastadoras para individuos y sociedades de todo el mundo”.

El dato primordial de esta conclusión es de vital importancia. La causa fundamental de todas las patologías relacionadas con las drogas –en particular la violencia entre bandas del tipo que ahora devasta Rocinha– no son las propias drogas, sino la política de criminalización de las mismas y la guerra librada en su nombre.

La propia naturaleza de las drogas –su pequeño tamaño, la facilidad para traficar con ellas, el atractivo que tienen para los humanos– supone que nunca podrán ser eliminadas o reducidas significativamente mediante la fuerza. Únicamente los cambios en el comportamiento humano, que pueden producirse mediante el tratamiento prolongado y profesional, pueden promover esta mejora. El único resultado de la criminalización de las drogas, aparte del enorme despilfarro humano y financiero que supone encerrar a los adictos, es el aumento del poder y el enriquecimiento de las bandas de narcotráfico, al asegurarles que los beneficios que reporta la venta de un producto ilegal sigan siendo irresistiblemente elevados.

Por ese motivo, los más fervientes adversarios de la legalización o descriminalización son las propias bandas de narcotráfico. Nada conseguiría eliminar el poder de las bandas (como las que se enfrentan en Rocinha) tan rápida y radicalmente como la despenalización de las drogas. Los traficantes, como buenos empresarios que son, lo saben bien.

En 2016, el periodista Johann Hari, autor de uno de los libros más influyentes sobre adicción a las drogas, escribió un artículo en el Huffington Post titulado: “Lo único a lo que tienen miedo las bandas y los cárteles de las drogas es a la legalización”. En sus propias palabras:

“Cuando se penaliza una droga que cuenta con un gran mercado, esta no desaparece. El comercio, simplemente, se desplaza de los locales autorizados, las farmacias y los doctores a las bandas armadas de delincuentes. Con el fin de proteger su parcela y sus rutas de abastecimiento, dichas bandas se pertrechan y matan a cualquiera que se cruce en su camino. Se puede ver cualquier día en las calles de los barrios pobres de Londres o Los Ángeles, donde las bandas de adolescentes se apuñalan o disparan para conservar el control de un producto que ofrece márgenes de 3.000 por ciento de beneficios.

Hay una analogía histórica perfecta que demuestra este punto: la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años veinte. La ilegalización del alcohol no provocó su desaparición. Lo único que cambió fue el control de su venta y distribución: de la tienda de comestibles de la esquina a las bandas violentas del tipo a la que hizo famoso a Al Capone.

Es decir, la ilegalización del alcohol no hizo que la gente dejara de consumirlo. Lo que hizo fue aumentar el poder de las bandas del crimen organizado, capaces de hacer cualquier cosa o matar a cualquiera para proteger los enormes beneficios obtenidos por su venta.

Lo que finalmente acabó con esas peligrosas bandas de la prohibición no fue la policía ni la reclusión de los comerciantes o consumidores ilegales; durante la prohibición, cuando las bandas no podían sobornar a la policía, la disparaban. Lo que acabó con ellas fue la legalización del alcohol. Al regularizar su venta, el fin de la prohibición restó relevancia a las bandas, y estas desaparecieron.

Las bandas del narcotráfico no temen la guerra contra las drogas sino todo lo contrario. Como señala Hari, les encanta. Es la criminalización lo que hace su comercio tan rentable. Hari cita a un veterano agente antinarcóticos de Estados Unidos: “En la grabación encubierta de una conversación, el máximo jefe de uno de los cárteles, Jorge Román, se mostraba agradecido por la guerra contra las drogas y la calificaba de ‘una farsa montada de cara al contribuyente estadounidense´ que resultaba en realidad ‘buena para los negocios´.

En 2015, Danielle Allen, una teórica política de la Universidad de Harvard, escribió una columna de opinión en el Washington Post titulada “Por qué la guerra contra las drogas genera violencia”. En ella explicaba que una de las principales razones para despenalizar las drogas era el hecho de que su combate producía crímenes violentos, lo que a su vez aumentaba la cifra de reclusos y generaba otras consecuencias sociales indeseadas”. Según ella: “Es imposible interrumpir el manejo de 100.000 millones de dólares de un producto ilegal sin llevar a cabo un montón de operaciones armadas y homicidios. Esto debería ser fácil de entender o defender”.

¿Por qué Rocinha está llena de armas y controlada por bandas capaces de actuar con tanta violencia? ¿Cómo puede un influyente político brasileño, relacionado con algunas de las figuras más poderosas del país, contratar a un piloto previamente detenido por transportar un alijo de cocaína valorado en millones de dólares en un helicóptero propiedad de dicho político, y todo ello sin que nadie tenga que rendir cuentas?

La respuesta es evidente: porque las leyes que ilegalizan las drogas garantizan que el tráfico sea una actividad extremadamente rentable, lo que a su vez permite a las bandas del crimen organizado armarse y asesinar para mantener el control. Es lógico que Rocinha, situada en medio de la Zona Sul y con salidas fáciles, se convierta en un refugio de la droga para turistas ricos, profesionales de clase media y adictos empobrecidos. Las enormes sumas de beneficios que procura la guerra contra las drogas aseguran que las fuerzas de policía no solo estén pobremente armadas sino también que sean tan corruptas que sus acciones fracasen inevitablemente.

Ahora ya es indudable que es la propia guerra contra las drogas la que provoca la continua violencia relacionada con las drogas.

Si le horroriza la violencia que se ha adueñado de Rocinha o de lugares similares en el resto del mundo, lo último que debería hacer es respaldar nuevos programas que alimenten la violencia: a saber, la criminalización y la guerra contra las drogas. Hacerlo es como quejarse del cáncer y animar a la gente a fumar. Las estadísticas con las que contamos son suficientes para afirmar que quienes respaldan la actual criminalización son cómplices de esta violencia relacionada con las drogas y los problemas de adicción y sobredosis que conllevan.

Puede parecer ligeramente paradójico a primera vista, pero los datos no dejan lugar a dudas: la única manera de evitar violencia como la de Rocinha es la despenalización total de las drogas. Ya no es necesario que sigamos especulando sobre el tema. Gracias a Portugal, los resultados están ahí; y no podían ser más claros.

 

Glenn Greenwald es cofundador de The Intercept y veterano periodista e investigación, ganador de múltiples premios y difusor de las filtraciones de Snowden por todo el mundo.

David Miranda está casado con el anterior y es concejal del Ayuntamiento de Río de Janeiro.

 

Fuente:https://theintercept.com/2017/09/26/brazils-latest-outbreak-of-drug-gang-violence-highlights-the-real-culprit-the-war-on-drugs/

 

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se nombre a sus autores, a su traductor y Rebelión como fuente de la traducción

 

 

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Estados Unidos y el uso problemático de las drogas: De la paja en el ojo ajeno a la viga descomunal

El tema de la coca, su persistente sembrado en nuestro país y la problemática de salud que registran los Estados Unidos por el consumo de opioides, vuelve a primer plano. Aunque las cifras confirman que en el consumo de cocaína no está la explicación de tal problemática, todo parece indicar que su potencial geopolítico no será desaprovechado por el gobierno de Trump.

 

El incremento tanto del uso de cocaína como las muertes por sobredosis en Estados Unidos (EU) fue la conexión interna que William Brownfield estableció luego de denunciar el fuerte aumento del número de hectáreas de coca (130%) y del potencial de producción de cocaína (200%) de Colombia. Brownfield es el Secretario de Estado para Asuntos de Narcóticos y Cumplimiento de la ley de EU y expuso su argumento en una audiencia del Subcomité de Relaciones Exteriores en el Hemisferio Occidental sobre Asuntos de Crimen Transnacional, Seguridad Ciudadana, Democracia, Derechos Humanos y temas relacionados con la Mujer a nivel Global el pasado 2 de agosto de 2017. Este Subcomité es presidido por Marco Rubio, connotado senador conservador de la Florida.


La narrativa sobre drogas del funcionario establece una correlación entre producción colombiana y comportamiento de la demanda dentro de EU en razón a que el 90 por ciento de la cocaína incautada por la Drug Enforcement Administration DEA proviene de Colombia. El subsecretario guardó absoluto silencio sobre la intermediación de esa cocaína en manos de narcotraficantes mexicanos, cuya capacidad de traspaso fronterizo y distribución en el interior de EU crece vertiginosamente, sobre todo en la costa oeste, para luego ser distribuida hacia diferentes puntos del mercado interno. Esta intermediación compromete redes complejas de contactos, puntos seguros intermedios, corrupción extendida sobre todo en Centroamérica y el Caribe y en la misma frontera con México. Obviando este entramado, Brownfield sólo estableció una correlación entre cultivos de coca en Colombia y consumo de cocaína.


El argumento del consumo interno


Según informes de la DEA, la disponibilidad de cocaína en los EU se mantiene por debajo de los niveles de 2006. De acuerdo con indagaciones de las 21 oficinas regionales de campo (DEA Field Divisions Report) sólo en 5 lugares se reporta un incremento en el primer semestre de 2015 (Houston, New York, Philadelphia, Phoenix, y Washington) y comparado con el segundo semestre de 2014, solo una División (Dallas) de las 21, reporta una mayor disponibilidad de cocaína.Las 20 restantes señalan que ha sido estable.


Desde el punto de vista de precios y pureza de la cocaína, el contexto nacional refleja una situación sostenida de incrementos de precios hasta posicionarse en un alto nivel (149% entre enero de 2007 y marzo de 2015, es decir de US$98 a US$244 dólares por gramo) y una pureza que decreció en 35 por ciento al pasar de 67.1 por ciento a 43.6 por ciento en este período. Cabe recordar que la estrategia de reducción de la oferta que actualmente predomina en el contexto global busca, como efecto, generar precios altos y baja pureza como dos indicadores clave que disuadirían a los usuarios del uso de este y demás psicoactivos prohibidos. (Véase gráfico Nº1).

 


Tampoco los registros sobre casos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína dan cuenta de una situación epidémica, sino todo lo contrario. Si se observa el gráfico Nº 2 puede apreciarse que el uso de cocaína es cada vez mejor manejado evitando estados de emergencia por sobredosis y que sus estados de salud puedan alterarse con gravedad tal como sucedía, por ejemplo en 2006, cuando se alcanza uno de los picos más altos de atención hospitalaria para este psicoactivo.


Es probable que esta situación se deba también a la pérdida de peso del consumo adictivo que prevaleció desde finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se generalizó la demanda de crack y una cocaína mal manejada que produjo daños en la salud, demanda que era sostenida por una generación de adictos y presidiarios y el surgimiento de nuevos usuarios ocasionales.


A modo de síntesis, tomando indicadores de disponibilidad, precio, pureza y contextos de emergencia hospitalaria por uso de cocaína, no existe en absoluto una situación que rompa abruptamente las tendencias, relativamente estables, de media y larga duración, que muestran las estadísticas que evalúan con detalle el comportamiento de esa sustancia en EU.


El problema de uso de drogas en EU mayor impacto


Estados Unidos presenta una realidad muy compleja en materia de uso problemático de algunas sustancias y en primer lugar de opioides tanto ilícitos como legales. El indicador de alarma son las muertes por sobredosis que han crecido dramáticamente entre 2000 y 2014. De manera muy sintética pueden observarse tres contextos donde se presenta una fuerte demanda de atención hospitalaria de emergencia por uso de opioides, escenarios todos interrelacionados: en primer lugar, un incremento exponencial del uso de heroína que creció sobre todo entre 2013 y 2014, generando casos de emergencia hospitalaria. En segundo lugar, un complejísimo problema de desviación de opioides con prescripción médica(POD por sus siglas en inglés) que también ha disparado los servicios de atención médica y, finalmente, una dramática situación de incremento del uso de heroína u opioides con cocaína, conocido como speedball, generando una mezcla letal y que ha incrementado el peligro de muerte de sus usuarios.


En el primer escenario (ver gráfico Nº3), se presenta un repunte en el número de usuarios sobre todo entre 2013 y 2014. Puede decirse que es una tendencia creciente desde 2002, confirmada por las cifras que muestran un incremento de 1.6 por 1.000 personas a 2.6 por 1.000 (1).

 

 


Al contrastar ese devenir con casos de emergencia hospitalaria, el problema de la heroína crece en la zona del Nor-Este específicamente en Nueva Inglaterra (Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut), con un aumento sobre todo en la población hispana y blanca así como para esta última en el medio Atlántico (Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey). En la parte central del Nor-Este se observa un incremento sobre todo en la población negra. En este caso, especialistas creen que hay una correlación entre el auge de la demanda opioides con prescripción (POD por sus siglas en inglés) y el uso exponencial de heroína.


En el caso del segundo escenario, la desviación de los POD con un uso problemático se torna dramático en la región del Atlántico Sur pero sobre todo en el Sur Este Central (Estados de Kentucky, Tennessi, Misisipi y Alabama) con una dramática afectación de población blanca, generalmente desempleada y empobrecida. En las estadísticas sobre las sustancias con prescripción aunque fuertemente controladas se encuentran 5 opioides (narcóticos) y dos drogas estimulantes sintéticas (2). De acuerdo con el Instituto sobre Abuso de Drogas, más de 90 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opiáceos, calificando el problema como una crisis de salud pública (3). Este escenario compromete seriamente las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en EU.
Finalmente, en el tercer escenario reaparece un contraste muy fuerte: las muertes por sobredosis de cocaína en donde no se involucran opioides se incrementaron de 0.37 a 0.91 por 100.000 habitantes desde el 2000 al 2006 y luego declinaron a 0.78 por cien mil en el 2015 (4).


De otro lado, las muertes por sobredosis de uso de opioides en donde se combinó cocaína se incrementó de 0.37 a 0.91 entre el 2000 y 2006, declinó luego en el 2010 a 0.57 pero luego se disparó en 2015 a 1.36 contribuyendo a configurar una situación que junto con la explosión del opioide sintético Fentanyl y la desviación de las POD (véase gráfico Nº4), prende las alarmas y lleva incluso a que la presidencia declare una “emergencia nacional” por epidemia de heroína (5).

 

 

Esta información ratifica los hallazgos de la DEA y muestra el fuerte contraste entre la magnitud de las emergencias hospitalarias por uso de heroína y la fuerte reducción que se observa en el caso del uso de cocaína sin otros aditivos que pueden hacerla muy riesgosa (véase gráfico Nº 5).

 


De nuevo la perspectiva colombiana


Como se ha podido observar, el complejo entramado que hay detrás del crecimiento exponencial incluso epidémico de sustancias opioides tanto legales como ilegales hunde sus raíces en una múltiple y simbiótica relación con problemas socioeconómicos, culturales y de experiencias en el uso de drogas en donde son notorias circunstancias personales críticas. Allí mismo se percibe el uso de prácticas que denotan desconocimiento pero a la vez de aprendizaje en el manejo de psicoativos pero también, intereses comerciales salvajes que atropellan mínimos éticos frente al mercado, corrupción, crisis institucional, todo envuelto en contextos de vigencia de estrategias prohibicionistas, que claramente oscurecen e incluso agravan la posibilidad de un manejo desde una perspectiva de salud pública y de protección a derechos fundamentales de usuarios.


Lo anterior sin referir las estructuras de redes que caracteriza el tráfico mayorista y el mercado al detal de sustancias psicoactivas declaradas ilegales o legales bajo control, contexto en el cual se observa una multiplicidad de responsabilidades de diferentes instancias de control, principalmente de orden estatal.


Las circunstancias presentadas, desconocidas por miembros de alto rango de las decisiones sobre drogas de orden internacional, en este caso de EU, los lleva a que centren su discurso en una narrativa simplista, unívoca y de señalamiento acusador de la reiterada amenaza externa, en este caso la producción de hoja de coca en Colombia. Narrativa que culmina en descargar el centro del problema en un eslabón extremadamente débil como son los productores, acusando que la estrategia de uso de la fuerza colombiana “no guarda el ritmo frente a la explosión de los cultivos de coca, debiendo ser direccionada, actuando con el mismo vigor como lo hace la misión de interdicción”(6). Demandan por encima de todo, la reducción de áreas con plazos perentorios bajo la amenaza de la intervención coercitiva de las FFAA. Los productores son una parte vulnerable de la cadena de las drogas porque son sujetos de explotación económica por parte de intermediarios y compradores de materia prima; deben someterse a grupos armados ilegales que prestan servicios de seguridad; son objeto de la acción de cuerpos de seguridad del Estado tanto policía como fuerzas armadas, que erradican sus plantaciones aún después de haber firmado pactos de sustitución con el gobierno. En consecuencia, los cultivadores reciben las prácticas de una institucionalidad que manda señales confusas, al combinar indiscriminadamente el uso de la fuerza con iniciativas de sustitución, cuya sostenibilidad está directamente relacionada con soluciones complejas para los problemas estructurales que explican el crecimiento de áreas de cultivos de uso ilícito. Incrementos que se motivan y sostienen por la presencia de un mercado internacional en auge, donde EU sólo representa menos de una tercera parte (7).


De manera concluyente, se reitera que en materia de drogas no hay hechos en sí mismos sino hechos interpretados, verdades instauradas desde una posición de poder, es decir caracterizaciones que contienen su propio criterio de validación. Así se observa en las apreciaciones del funcionario de narcóticos internacional del Departamento de Estado, cuyo propósito estratégico puede inferirse a partir de la comprensión de su narrativa:

 

• Oxigenar una estrategia de reducción de la oferta en crisis, incorporando de nuevo el tema de drogas a una agenda de seguridad donde Washington se hace fuerte.
• Poner bases políticas para demandar el restablecimiento de las aspersiones aéreas con glifosato u otro herbicida en Colombia.
• Como efecto colateral, potenciar los discursos internos de orden político que demandan una vuelta a las acciones propias de la guerra contra las drogas y que indemostradamente reclaman disminuciones efectivas de áreas de coca por el uso de aspersiones y criminalización de productores.

 

El punto 4º de los acuerdos de paz sigue siendo central en la consolidación de la paz. Si el Estado colombiano, además de los problemas que ya tiene en el proceso de implementación sobre todo en los asociados a temas económicos y sociales principalmente del orden rural, permite la injerencia que se anuncia por parte de Washington y que violenta la autonomía nacional en el manejo de asuntos internos, sería un retroceso políticamente muy costoso y llevaría la construcción de paz a escenarios difícilmente manejables.


Esto supone reconocer que el tema de las drogas será un punto nodal en el seguimiento que estará haciendo Washington sobre el desenvolvimiento político interno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 2018, observando con beneplácito las posiciones más afines a la restauración de la guerra antidrogas. Esto conduce a que las coaliciones alrededor de la implementación de los acuerdos de paz deben tener una postura muy clara frente a la continuidad de las presiones que ya se vislumbran por parte de la administración Trump y que hace gala hoy de un unilateralismo desafiante frente a países latinoamericanos como México e incluso en el marco de la crisis en Venezuela. 

1. Jay Unick, Ciccarone, Daniel, “US regional and demographic differences in prescription opioid and heroin-related overdose hospitalizations”, International Journal of Drug Policy, Nº46, 2007, pp. 112,119.
2. Se trata de los opioides: hidrocodona, oxicodona, metadona, morfina y codeína (categoría 2 en la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas de EU. Entre los estimulantes Metifenidato (MFD) y Anfetamina (Categoría 2N). Véase “Drug Classifications, Schedule I, II, III, IV, V”. Fuente: https://medshadow.org/resource/drug-classifications-schedule-ii-iii-iv-v/
3. Véase Morgenson, Gretchen “Hard Questions for a Company at the Center of the Opioid Crisis, Fair Game”, The New York Times, julio 21, 2017.
4. Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., Mc Call, C., Baldwin, G., Compton,W., “Recent Increases in Cocaine-Related Overdose Deaths and the Role of Opioids”, American Journal of Public Health, Vol 107, Nº 3, marzo 2017, pp. 430-432.
5. Véase, “Trump declara “emergencia nacional” la epidemia de heroína”, El País en https://elpais.com/internacional/2017/08/10/actualidad/1502396000_722428.html
6. Brownfield, W., “Assessing the Colombia Peace Process: The Way Forward in US-Colombia Relations”, agosto 2, 2017.
7. Vargas Ricardo, “Colombia y el Mercado mundial de la cocaína”, Razón Pública, julio 23 de 2017.

*Sociológo, consultor internacional en temas de desarrollo, ilegalidades y seguridad.

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Domingo, 30 Octubre 2016 05:53

Amy, mucho más que una figura trágica

Amy, mucho más que una figura trágica

Cuando se cumplen diez años de la publicación de ‘Back to Black’ y cinco de su prematuro fallecimiento, repasamos la importancia de una artista irrepetible como Amy Winehouse.



El 4 de octubre de 2006 aparecía en el mercado el álbum Back to Black, el retorno discográfico de la joven cantante y compositora británica Amy Winehouse. Uno de esos trabajos llamados a trascender géneros musicales y a situar a la artista en el lugar que merecía, al nivel de las grandes damas del jazz y del soul. De las Etta James, Sarah Vaughan o Billie Holliday. Pero, como les había ocurrido –con matices– a todas ellas, su trayectoria iría indisolublemente unida al drama. Como explica la periodista musical Patricia Godes a Diagonal, “las historias de los grandes mitos de la herstory, de las protagonistas musicales femeninas, son trágicas. En el rock y en el jazz son siempre más trágicas las figuras femeninas, y se les glorifica por la tragedia”. En cierta medida, reconoce Godes, el mito creado en torno a Amy contribuyó a devorar a la persona que creaba aquellas intensas canciones que pasaron a formar parte del imaginario popular. “Hay un cierto sadismo, como con Kurt Cobain, Janis Joplin o Sid Vicious, de refocilarse en la muerte, en la desgracia, en el drama. Ya se veía que Amy iba a acabar mal. Ya se veía que Amy era una figura trágica y que se había convertido en un mito descomunal, y no valorado por su buen hacer musical, por la gracia de sus canciones, por su extraña y novedosa técnica musical, su manera de interpretar tan peculiar, sino por las noticias contradictorias, dramáticas”.

 

Genuina


Más allá del drama y de la mitificación con él relacionada, Amy tenía una forma genuina de sentir, crear, hacer y transmitir. Y ésta es una afirmación con la que coincide Errukine Olaziregi, vocalista de Amythology, una formación madrileña creada hace unos meses con el propósito de honrar el legado de la británica. “Ojalá la industria apostara siempre por gente con un talento como el que tenía Amy, y los medios ayudarían a que el gran público empezara a consumir música como la que hacía ella. Otra cosa es que el star system y todas las tonterías que rodean a una artista de semejante éxito, la acaben asfixiando e impidiéndole llevar una vida normal, terminando por convertirla en un personaje, y, si se tiene tan fatal desenlace, en un mito. Pero esto no le resta ni un poquito de calidad a una de las, en mi opinión, artistas imprescindibles de los últimos años”.

Abunda en esa idea Aurora García, vocalista de una banda que se sumerge, con criterio propio, en las profundidades de la música de raíz afroamericana, Aurora & the Betrayers. “El talento y la personalidad vocal de Amy son innegables, por no hablar de su magnetismo como artista a todos los niveles. Sus letras son muy muy buenas y ves verdad a través de lo que canta”. Susana Ruiz, activista y vocalista más conocida en el circuito de salas madrileño como Funkwoman, considera que es en esa autenticidad, en ese marchamo de realidad vivida, donde radicaba aquello que la hacía digna de encomio: “Lo que su voz esconde y su manera genuina y auténtica de vivir, pese al tormento de drogas y alcohol al que estaba sometida. Su autenticidad como ser humano. Eligió destruirse y me parece tan lícito como no hacerlo”. Olaziregi suma su voz a la de sus dos compañeras de profesión: “Me atrevería a decir que Janis, Etta y Billie son tres de mis cinco artistas favoritas –Amy también está en ese grupo–, por ser tan de verdad, pero en el caso de Amy me admira que además escribiera tanto y de una manera tan personal y verdadera. Habiéndose muerto tan joven, hizo tanto... No me puedo ni imaginar cómo hubiera sido su carrera de no haberse ido tan pronto”.


‘Revival’ del soul


Back to Black, su esperado segundo trabajo tras un esperanzador debut con Frank (2003), tuvo el acierto de ser publicado en un momento en el que la industria musical –muy hábil en este movimiento estratégico– comenzaba a fijar de nuevo su foco en el denominado “revival” del soul, abriendo la espita para que artistas como Eli ‘Paperboy’ Reed, James Hunter o Joss Stone –por mencionar sólo algunos de los nombres más relevantes– se colaran en radios y festivales, pudiendo así gozar de un cierto reconocimiento social que alcanza hasta la actualidad. Sin embargo, en palabras de Godes, “ella tenía su propia personalidad: no era una más detrás de Mary Wilson, de Tracey Ullman, etc. Creo que el disco llamó la atención primero por la imagen, por la excelente campaña de promoción, y después porque tocaban los Dap Kings y tenía un sonido raunchy muy chulo”.

El término raunchy podría definirse como ese sonido impuro, crudo, orgánico, imperfecto pero creíble, en el que el equipo involucrado tuvo bastante que ver con el resultado, si nos atenemos, una vez más, a las palabras de García. “Las canciones de ese disco son muy buenas y producidas de una manera magistral. Mark Ronson supo ver cómo hacer brillar al máximo estas canciones, desde contar con los Dap Kings como banda hasta el tratamiento del sonido”.

Los neoyorquinos The Dap Kings, con su director musical Binky Griptite a la cabeza, fueron la banda seleccionada tanto para registrar aquel álbum, como para defender el repertorio en directo. En la actualidad siguen siendo los abanderados del “soul revival” a escala mundial, ejerciendo como banda de estudio del sello Daptone y de directo que acompaña a vocalistas como Sharon Jones o Saun&Starr. Ruiz ¬zanja la cuestión sobre la vigencia de este género tan popular en las décadas de los 50 y 60: “Creo que el sonido soul es algo que jamás pasará de moda, y, desde luego, la producción perfectamente mezclada con la calidad extrema de su voz, han hecho que ese disco sea un súper ventas. Es como estar en el sitio exacto en el momento perfecto”.

Si Amy fue una artista que trascendió con mucho el alcance de este resurgimiento del soul, entonces cabe preguntarse qué es lo que la hacía tan apetecible para el gran público. ¿Podría achacarse a saber adaptar a la actualidad su background musical, como insinúa Olaziregi? “En lo musical, creo que es fundamental el hecho de que fuera una melómana apasionada por el jazz, el ska y el rocksteady clásico, pero fiel al tiempo en el que vivía, atravesada por sonidos de su tiempo, como el hip hop. Yo creo que ahí radica su aportación”.

¿Podría deberse a la magia que desprendía, como apunta García? “Creo que es genuina por su manera de concebir la música, por la música que ha escuchado y la manera en que la ha filtrado, pero, sobre todo, porque la magia no se compra, y ella y su voz la tenían. Era auténtica y consecuente con su manera de ver la música”.

¿O, influían, además los aspectos extra-musicales, como complementa en su apreciación Godes? “Amy es muy importante porque el drama de su vida le hizo saltar del mundo de la música al mundo de los cotilleos, a los tabloids, a la prensa amarilla británica. En unos tiempos en los que la música iba para abajo, las ventas iban para abajo, de lugares comunes, de repetición de tópicos, ella consiguió llegar al público mayoritario”.

Sea como fuere, afirma García, “Amy Winehouse ha sido una de las artistas más magnéticas que ha habido en mucho tiempo. Pocos artistas llegan a tanto público hoy en día con un disco. Creo que Back to Black es uno de esos grandes discos atemporales que no envejecerá con los años como mucha música que se hace hoy en día”.

 



La fundación de Amy


Coincidiendo con el que habría sido el 28º cumpleaños de Amy, en septiembre de 2011 se puso en marcha la fundación que lleva su nombre con el fin de prevenir un mal uso y/o abuso del alcohol y las drogas entre los jóvenes dentro y fuera del Reino Unido. La fundación trabaja fundamentalmente en tres áreas concretas: a) apoyar a jóvenes desfavorecidos a desarrollar su potencial de forma íntegra, b) apoyar a aquellos jóvenes que son más vulnerables o tienen un elevado riesgo de hacer un mal uso de estas sustancias, y c) educar e informar acerca de las consecuencias del abuso en el consumo del alcohol y las drogas.

 

 

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La vida en la calle no se la deseo ni a mi peor enemigo

El consumo de drogas entre los jóvenes empieza como una experiencia, para luego convertirse en un problema difícil de afrontar y casi imposible de solucionar.

La Unidad, Catalina, Catalina II, El Perpetuo Socorro, Las Luces, El Rubí, Villa de los Sauces y Villa Rica, barrios de Ciudad Roma, sector populoso de la localidad Kennedy en Bogotá, colindan; los límites que los separan son casi imperceptibles, y mucho tienen en común. Su gente, su proyección como sectores inundados de comercio, sus problemas de movilidad y transporte, la inseguridad que no cesa, los embarazos en adolescentes, el vandalismo juvenil, la drogadicción y el microtráfico que vincula cada vez más a menores mucho más jóvenes. Territorio complejo, pero con características casi que universales entre los sectores populares de Bogotá.

En este particular, estos barrios pertenecen a la Unidad de Planeación Zonal 48 de Timiza, que suma una extensión de 431,38 hectáreas, un aproximado de 147.000 habitantes –de los cuales cerca de 36.000 están entre los 10 y 24 años: 17.500 mujeres y 18.500 hombres. Sector que cuenta con 8 colegios distritales, 1 centro de desarrollo comunitario (Parque Lago Timiza) 1 biblioteca comunitaria, 3 CAI y 40 JAC y un centro médico de atención primaria. Al igual que el resto de los barrios que integran la UPZ 48, aquí se vive una tendencia a la densificación no planificada y al constante cambio de los usos del suelo, de residencial a comercial, a través del cual las familias que allí habitan buscan mejorar sus ingresos diarios y con ello poder responder a las demandas de gastos que acarrea el deseo de una vida cada vez mejor.

 

 

Barrios con más similitudes. Entre las cotidianidades que los identifican existen historias como las de El mono, de las que soy testigo y con las que he crecido. Es una realidad incómoda, con la que convivimos todos los vecinos, pero de la que ninguno quiere hablar, mucho menos enfrentar.

El mono es un joven de 21 años, no ha terminado el bachillerato pues dejó el colegio en undécimo grado. Tiene un hermano mayor que trabaja y uno pequeño que vive con su madre; su padre está en la cárcel. Dice que probó la marihuana a los 11 años y desde hace más de cuatro ha consumido todo tipo de droga, excepto la heroína. Desde su nacimiento es vecino del barrio La Unidad y desde hace un año vive en la calle.

Su vida no ha sido fácil. Seguro. Aunque en apariencia ha tenido las mismas oportunidades que cualquier niño o muchacho de barrio, con una familia con recursos suficientes como para mantener a sus hijos y darles educación; sin embargo, es difícil explicar las razones por las cuales muchos jóvenes, como El mono, optan por una vida sin responsabilidades pero, definitivamente, bastante compleja.

Explorando las razones que permitan comprender el porqué de su decisión de vida, llego al barrio Catalina II de Kennedy casi las 8 de la noche y El mono llega a la cita como habíamos acordado en horas de la tarde, luego de días de insistencia, para conversar un poco de él, de su experiencia de lo que es vivir en la calle y de lo que ha percibido del narcotráfico y las redes de distribución, en el barrio y en el sector.

 

Daniel Vargas –DV–.: ¿Con quién vivía en su casa?

El Mono –EM–.: Con mi mamá y mi hermano menor, mi papá está en la cárcel y mi hermano ya tiene su familia, y trabaja.

 

DV.: ¿Hace cuánto consume y hace cuánto vive en la calle?

EM.: Empecé a fumar marihuana como a los 11 años, pero por curiosidad y porque siempre he sido casposo, pero hace como cuatro años, cuando estaba en el colegio, metía perico, pepas en las farras, nunca he probado heroína; metí hasta que me quedó gustando y me salí del colegio en once. Hace un año me fui de la casa porque me daba pena pedirle a mi mamá para vicio, además ella tiene que mantener a mi hermano pequeño porque mi papá está preso.

 

DV.: ¿Cómo consigue la plata para poder consumir, para comer y para pasar la noche?

EM.: Pido trabajo paleando o cargando material de construcción por acá, en las obras del barrio, lo que salga, si no hay camello me toca “retacar”: pedirle a la gente del barrio. La dormida si me toca en la calle, donde caiga, y lo de la comida, eso sí, gracias a Dios, la gente del barrio es de buen corazón y me regalan cuando les pido; tengo una amiga que trabaja en un restaurante, ella me guarda comida y me la regala; hambre si no he aguantado, gracias a Dios.

 

DV.: ¿Cómo ha sido su vida en la calle?

EM.: No se la deseo ni a mi peor enemigo. Pero fue una decisión que tomé y nadie me obligó; al principio fue por gusto pero ahora ya no puedo evitarlo.

 

DV.: Siendo usted relativamente nuevo en esto, ¿cómo lo han recibido los demás habitantes de calle del barrio?

EM.: Normal, aquí la gente va y viene, cada uno es libre de hacer lo que quiere. Aquí nadie se mete con nadie, si uno no busca problemas puede vivir tranquilo. Uno no puede llegar a robar, porque es robar a los vecinos y a uno lo conocen y, obviamente, lo van a buscar. Hay que tener cuidado con quién se habla y de quién se habla, de resto es muy calmado.

 

DV.: ¿Ha notado cómo operan las redes de distribución en el barrio? ¿Cómo controlan el sector?

EM.: Llevo poco tiempo en la calle, pero sí se nota mucho el uso de la violencia, aquí ajustan al que miró feo, al que vendió sin permiso o al que debe plata, al que se “boletea”, como le dije, si se pone a robar lo van parando. Pero es como en todo lado, hay un jíbaro que es el que le surte al que le pide.

 

DV.: ¿Cómo contacta a su vendedor?

EM.: Uno empieza con el intermediario o el conocido que ya ha comprado, después me rotaron el número del man que vende en el Socorro y aquí en Catalina, entonces uno lo llama y cuadra el punto, le da la plata y se la entrega. Eso sí, toca ser muy cuidadoso para no dar visaje.

 

DV.: ¿Qué hace la Policía? ¿Lo han parado?

EM.: La Policía no hace mucho, si a uno lo conocen no lo joden; yo sí he visto que cuadran con el jíbaro para que lo dejen vender y dejen sanos a los que metemos.

 

DV.: ¿Qué es lo más barato y lo más caro que venden en el barrio?

EM.: Lo más caro es el “Tucd”, que es perico de colores que vale 40 lukas los dos o tres gramos, ese lo compran los gomelitos o los que farrean, los que quieren tomar y aguantar días tomando. Lo más barato, el bazuco y la marihuana, que es lo que compramos la mayoría de los que vivimos en la calle.

 

DV.: ¿Cuánto gasta al día en dosis? ¿Dónde se droga?

EM.: Depende, hay días que camello y me gasto hasta 10 o 15 mil pesos, por lo general 5 mil, en papeletas de bazuco o porros de marihuana. Por lo general voy a la olla de El Socorro, allá me trabo y paso el rato, a veces cerca al cementerio, allá va la mayoría de la gente a meter porque nadie lo molesta a uno.

La conversación fluye sin dificultad. Mientras El mono responde a las preguntas que le dirijo, miro a sus ojos, percibiendo una mirada perdida, ensimismada y con algo de estupor. Rara vez hace contacto visual, su mirada cansada es consecuente con lo que trasmite su ropa sucia, su aspecto andrajoso y lo delgado que luce. No parece un joven de 21 años, pues aparenta más de treinta; por sus palabras y la naturalidad con la que me cuenta esta parte de su historia, pareciera que llevara años en este mundo, como intentando esconder la pena que lleva por dentro. A pesar de su espontaneidad al conversar, hay cosas de las que prefiere no hablar, sobre su padre, por ejemplo.

Las horas pasan. Al finalizar la charla me despedí de mi vecino, le agradecí por el espacio que me brindó, me dio la mano y, antes de despedirse, me dijo entre risas “nos vemos, porque me vieron hablando con usted y no falta el que se ponga de chismoso”. Al final, cada uno tomó su camino, no sin antes pedirme “la liga” para un cigarrillo.

La historia de El mono es una fotocopia de la realidad que viven muchos jóvenes en Bogotá. En un artículo publicado por el periódico El Tiempo se informa que el 72 por ciento de los estudiantes de seis colegios públicos de Bogotá, consultados en medio de una investigación de la Universidad de La Sabana, ha consumido o consume alcohol; el 43 fuma cigarrillo; el 11 por ciento marihuana; el 7 aspira inhalantes; el 6 por ciento ácido LSD, y el 4 restante inhala cocaína, prueba éxtasis o consume bazuco. Según la investigación, los niños no solo consumen por primera vez alcohol entre los 12 y 13 años, sino que comienzan a hacerlo de manera permanente, por lo menos una vez a la semana, a partir de los 14. “En el estudio se evidencia que el cannabis es la droga de más fácil acceso dentro y fuera de la institución educativa”, advierten Obando y Trujillo1.

Algunos jóvenes logran superar esa etapa experimental mientras que otros terminan engrosando las cifras de drogadictos que existen por miles en la capital, pasando a ser una cifra más dentro del mercado sin fin del narcotráfico. Lo que demuestra que la legislación para reprimir la venta y distribución de narcóticos no logra ni limitar ni acabar con su consumo, y que la problemática asociada a estos es más compleja que lo percibido a primera vista.

 

1             Ángela Trujillo y Diana Obando, profesoras de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana.

Publicado enEdición Nº221
Una nueva epidemia de heroína sacude Estados Unidos

Una epidemia de heroína y drogas similares golpea Estados Unidos. Al contrario que hace unas décadas, las víctimas no viven en zonas urbanas degradadas sino en barrios residenciales blancos. Ya no se las estigmatiza. Insólitamente, en los debates de la campaña para las elecciones presidenciales los candidatos no discuten sobre políticas represivas sino de rehabilitación. Las muertes por sobredosis casi se han cuadruplicado desde 2000. En este país mueren más personas por sobredosis —de esta y otras drogas— que por accidentes de tráfico.

Durante años la epidemia de heroína y opiáceos se ha gestado en silencio, lejos de los focos políticos y mediáticos de Washington. Ahora es una prioridad de la Casa Blanca y de los candidatos a las presidenciales de noviembre. "Esta crisis quita vidas. Destruye familias. Destroza comunidades por todo el país", dijo en octubre el presidente Barack Obama, durante una visita a Virginia Occidental, uno de los Estados más afectados.

En 2014 murieron en EE UU más personas por sobredosis de drogas (47.055) que en ningún otro año registrado, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Un 60% murieron por sobredosis de opiáceos, que incluye medicamentos que pueden adquirirse con receta, y la heroína.

"En los últimos 8 o 10 años hemos visto un aumento de las personas que consumen opiáceos", dice por teléfono Meghan Westwood, directora ejecutiva del Centro de Tratamiento de Avery Road en Rockville, en el condado de Montgomery, cerca de Washington.

"Muchos han empezado usando y abusando de opiáceos recetados", dice Westwood. "Lo que la gente no sabe es que actúa en el cerebro del mismo modo que la heroína".

El auge de los analgésicos legales está en el origen de la actual epidemia, según los expertos. Las ventas se dispararon en la década pasada, cuando algunos médicos empezaron a recetar opioides con ligereza. A veces subestimaron sus efectos adictivos. En 2012, se escribieron 259 millones de recetas para estos medicamentos, una media de casi una por habitantes de este país. El debate sobre el papel de médicos, farmacias y farmacéuticos llevó a un mayor control. Los adictos encontraron en la heroína una alternativa barata procedente de México. "Una historia que oímos con frecuencia es que jóvenes comienzan con recetas y se pasan a la heroína", dice Westwood.
El nuevo adicto es blanco

Una novedad de la epidemia es el perfil del adicto. En los años setenta su imagen pública era la de un adicto al crack y negro, asociado a la violencia. La respuesta de los poderes públicos era la mano dura: arrestos y encarcelamiento. El adicto de 2015 es distinto. El 90% de los nuevos usuarios en la última década son blancos. Viven en pueblos y en suburbios: los barrios residenciales de clase media en las afueras de las grandes ciudades. No se asocia a los adictos con la violencia: el aumento de la adicción ha coincidido con un declive en las tasas de crimen. Y no suscitan condena sino compasión y, a derecha e izquierda, los políticos piden prevención y tratamiento, no represión. Los adictos ya no son yonquis: son enfermos que padecen "desorden por abuso de sustancias".

"Muchas personas se sorprenderían si viesen cómo son los adictos a la heroína", dice Westwood. "Hay que desestigmatizar el debate. Son nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestras hermanas". Westwood constata una presencia significativa de blancos de clase media, pero añade que entre las víctimas hay personas de todas las razas y etnias.

Los candidatos del Partido Demócrata a la Casa Blanca abordaron el problema en el último debate, el 19 de diciembre en Nuevo Hampshire. "Por todo New Hampshire he conocido abuelas que están educando a niños que han perdido a su padre o madre por una sobredosis", dijo Hillary Clinton.

Para algunos candidatos, la adicción es una cuestión personal. Una hija del candidato republicano Jeb Bush fue detenida en 2002, cuando su padre era gobernador de Florida, por comprar medicamentos con recetas falsificadas y pasó diez días en prisión por esconder crac en sus zapatos. "Vivió un infierno", dijo Bush en una entrevista reciente. "Y su mamá y su papá también".

Publicado enSociedad
Última teoría sobre causas del cáncer apunta a estilo de vida

El medio ambiente y el estilo de vida del paciente podrían ser las causas de las tres cuartas partes de los casos de cáncer. Por tanto, solamente entre el 10 y el 30 por ciento de los casos, la enfermedad surge debido a factores aleatorios.


Los científicos internacionales recuerdan que la caótica división de las células madre, que es la consecuencia del cáncer, es provocada tanto por fallas internas del organismo como por causas externas: el tabaquismo, el alcohol o la radiación ultravioleta.


"Los factores externos juegan un papel muy importante, y la gente no debe escudarse en la mala suerte. No pueden seguir fumando y creer que el cáncer es solo mala suerte", explica el doctor Yusuf Hannun. "Si comparamos las causas de la enfermedad con una ruleta rusa, entonces las razones internas son solamente una bala de seis. Los fumadores añaden en el cargador dos o tres balas más y aprietan el gatillo".


Los investigadores señalan que no es terminante que si alguien está expuesto a factores de riesgo externos padecerá de cáncer.
Sin embargo, siempre existe esa posibilidad, así que no se debe confiar en la buena suerte. "A pesar de que hábitos saludables como no fumar, mantener una dieta sana y reducir la cantidad de alcohol no garantizan la protección contra el cáncer, reducen seriamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad", asegura la investigadora Emma Smith.


Investigaciones anteriores habían dicho demostrar todo lo contrario, o sea que el cáncer surgía de manera aleatoria, por tanto la "mala suerte" era la principal causa de la enfermedad, en tanto el estilo de vida sólo influía en un pequeño por ciento.


(Con información de Russia Today)

Publicado enCultura
Miércoles, 24 Septiembre 2014 07:31

Más salud pública que represión

Más salud pública que represión

El último documento que acaba de lanzar la Comisión Global de Políticas de Drogas señala que "los enfoques previos que se basaban en el paradigma punitivo han fracasado enfáticamente". Opina el documento de los expertos que "la aplicación de este modelo ha tenido como resultado más violencia, el aumento de la población carcelaria y la erosión de los gobiernos alrededor del mundo". Al mismo tiempo, "los daños a la salud derivados del consumo de drogas no han disminuido, sino incluso han empeorado". Por eso, "la Comisión aboga por un enfoque centrado en la salud pública, la seguridad ciudadana, los derechos humanos y el desarrollo".

El documento puede ser leído completo haciendo click en el link http://bit.ly/1trl13r.


En el prólogo, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso dice que sería malo llegar a 2016, cuando se celebrará una reunión especial de la Asamblea General de la ONU, con "una declaración trillada" o la promesa de una solución facilista para el problema. "No existen respuestas fáciles para el problema de la droga", sostiene.


El facilismo no sólo sería ineficaz. También peligroso, porque se sumaría a los obstáculos que hoy impiden reformar la política de drogas. Una traba reside en "las poderosas burocracias nacionales e internacionales a cargo del control de las drogas", porque "son acérrimas defensoras de las políticas del statu quo y rara vez cuestionan la posibilidad de que su rol y sus tácticas puedan hacer más daño que bien". Otro obstáculo son los medios de comunicación, que "con frecuencia exhiben una tendencia al sensacionalismo ante cada nueva 'alarma de droga'". En cuanto a los políticos, "normalmente se adhieren a la atractiva retórica de la 'tolerancia cero' y a la creación de sociedades 'libres de drogas', en lugar de buscar enfoques informados, basados en la evidencia de lo que funciona". El riesgo estaría, por ejemplo, en repetir la asociación entre drogas ilícitas y minorías étnicas y raciales, porque siempre el miedo inspira "leyes severas".


El criterio recomendado sería reemplazar "las medidas duras con base en ideologías represoras" por políticas "más humanas y eficaces, diseñadas teniendo en cuenta la evidencia científica, los principios de salud pública y los derechos humanos".


Un ejemplo apuntaría a no penalizar más la tenencia o el consumo de drogas y a esquivar recetas como el tratamiento obligatorio en beneficio de una mayor oferta de informaciones y servicios de salud.


Bolivia se retiró de la Convención sobre Estupefacientes en defensa del cultivo de coca. Volvió recién cuando su reserva sobre el tema fue admitida por el resto de los países.


Pensar que la solución es apresar a los elabones más débiles de la cadena, como las mulas que transportan pequeñas cantidades o los campesinos forzados por la miseria a producir materias primas, también según la comisión es una perspectiva equivocada.
En cambio, no está mal alentar la experimentación de regulaciones de ciertas sustancias como el cannabis.
Tratamiento sin llegada


Los expertos se proponen insistir en su plataforma de ideas, aunque a la vez reconocen que el mundo ya comenzó a trabajar con ellas en oposición a lo que llaman "narrativa de la amenaza y el miedo".


La comisión que preside Cardoso está integrada por el ex secretario general de la ONU Kofi Anan, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la ex alta comisionada para Derechos Humanos Ghana Louise Arbour, el ex intendente de Praga Pavel Bém, el fundador del grupo Virgin Richard Branson, la ex secretaria de la Cámara Internacional de Comercio Maria Cattaui, la ex canciller suiza Ruth Dreifuss, el ex presidente colombiano César Gaviria, el ex director del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida Michel Kazatckine, el ex presidente polaco Aleksander Kwasniewski, el ex presidente chileno Ricardo Lagos, el ex premier griego George Papandreu, el ex presidente portugués Jorge Sampaio, el ex secretario de Estado norteamericano George Schultz, el ex funcionario de la Unión Europea Javier Solana, el ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo.


Para ese mosaico de dirigentes políticos, el enfoque punitivo y hasta de guerra sobre las drogas, que rige desde la década de 1960, fracasó y al mismo tiempo evitó que los tratamientos posibles llegaran a sus destinatarios.


Está el caso de Rusia, donde el 37 por ciento de los casi dos millones de personas que se inyectan drogas están infectados con VIH. Y como existe la tendencia a penalizar a los usuarios, "los servicios de reducción de daños que salvan vidas, como los programas de intercambio de jeringas y agujas, son sumamente limitados o, en el caso de los programas de tratamiento con derivados opiáceos (PTDO), totalmente prohibidos".


En los Estados Unidos, en 2010 hubo 10 mil muertes por sobredosis con drogas.


En China y países del sudeste asiático hay 235 mil personas detenidas en causas relacionadas con drogas.


La Argentina figura como ejemplo en el informe. Un 68 por ciento de las mujeres encarceladas lo está por cuestiones vinculadas con las drogas.


En los Estados Unidos, los afrodescendientes representan el 13 por ciento de la población. Pero ocupan el 33 por ciento de los arrestados por drogas.


El comercio mundial mayorista llegó a los 94 mil millones de dólares en 2005, una cifra mayor que el comercio de granos, vino, cerveza, café y tabaco.


Desde que México transformó la política de drogas en una guerra, en 2006, murieron entre 60 mil y 100 mil personas.
Desde 2011 los narcos mexicanos y colombianos lavaron por año alrededor de 39 mil millones de dólares. En 1998 los mexicanos gastaron unos 500 millones de dólares en sobornos, más que el presupuesto de la procuración antidrogas.


Una interpretación lúcida de este panorama produjo cambios en todo el mundo. El informe los detalla.


Avances


En los propios Estados Unidos, veintitrés estados legalizaron la marihuana para uso medicinal y diecisiete despenalizaron la tenencia y el consumo.


Holanda regula la venta minorista de drogas desde 1976. Muchos gobiernos municipales quieren que se regule también la producción.
Colorado y Washington ya tienen mercado regulado de cannabis sin fines medicinales desde 2012. Uruguay lo puso en práctica en 2013.
Suiza, Alemania, Dinamarca y Holanda avanzaron en reducción de daños, desde el cambio de jeringas para evitar contagios hasta la sustitución con opiáceos y la heroína administrada. Lo mismo sucede en la India con la población en general y en Irán y Moldavia con la población carcelaria. En 2004 se sumaron a la reducción de daños países de la magnitud de Vietnam y, sobre todo, China.


Puestos a sugerir políticas de difusión, los expertos creen que el "decile no a la ignorancia" es mejor que los lemas al estilo de "decile no a las drogas", sobre todo si este último viene acompañado de represión.


También recomiendan garantizar el acceso a medicamentos contra el dolor derivados del opio.


En otras de sus críticas al simplismo punitivo argumentan en favor de la selección de blancos. "Los gobiernos deben ser mucho más estratégicos, anticipando las maneras en que ciertas iniciativas de aplicación de la ley, en particular las operaciones de mano dura militarizadas, pueden muchas veces exacerbar la violencia criminal y la inseguridad pública sin de hecho detener la producción, el tráfico o el consumo de drogas. Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios. Los objetivos de la represión de la oferta deben reorientarse desde la inalcanzable erradicación del mercado hacia posibles reducciones de la violencia y los daños asociados con el tráfico. Los recursos de la aplicación de la ley deben dirigirse hacia los elementos más violentos, perturbadores y problemáticos del mercado, juntamente con la cooperación internacional para combatir el lavado de activos y la corrupción. Militarizar los esfuerzos antidrogas rara vez es efectivo y a menudo es contraproducente."


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