Las poblaciones de fauna salvaje han caído un 68% desde 1970

Pérdida de biodiversidad

Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) alerta de que la población de vertebrados ha descendido hasta un 94% en América Latina

 

La pérdida de biodiversidad es cada vez más alarmante. Tanto es así, que las poblaciones de fauna salvaje han caído una media del 68% desde 1970, según el Indice del Planeta Vivo publicado este jueves por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El ritmo en el que los vertebrados van desapareciendo ha crecido un 8% respecto a los datos del último estudio, que fue publicado hace dos años.

La situación en la región de Latinoamérica y el Caribe se presenta especialmente dramática, ya que allí el descenso de población animal ha caído una media del 94% entre 1970 y 2016. Lo mismo ocurre con la caída de especies de agua dulce, que han disminuido un 84% en todos estos años.

Las causas de esta degradación tienen que ver, según los expertos del grupo conservacionista, con la actividad humana, que ha dañado "gravemente" los hábitats y los recursos naturales de los que depende la vida silvestre. De esta forma, la publicación señala directamente a la deforestación, la agricultura intensiva y el tráfico de especies como principales causantes de la pérdida de biodiversidad.

El ser humano se ha expandido por todos los rincones del planeta, extrayendo sus recursos sin límites. Esta realidad ha propiciado que el 75% de la superficie terrestre no helada haya sido modificada por el hombre. Apenas quedan lugares vírgenes en este mundo, lamenta el informe, que señala pequeños resquicios territoriales donde la biodiversidad permanece intacta (en Rusia, Canadá, Brasil o Australia).

"La conclusión es clara: la naturaleza está siendo transformada y destruida a una velocidad sin precedentes en la historia, con un coste muy alto para el bienestar del planeta y de la humanidad. La pérdida de biodiversidad es un auténtico reto para la economía, el desarrollo y la seguridad global", ha señalado Enrique Segovia, Director de Conservación de WWF España.

La publicación recalca también que la pérdida de biodiversidad tiene unas consecuencias directas en las formas de vida de los seres humanos, sobre todo en términos de seguridad alimentaria, ya que la caída de poblaciones animales y vegetales rompe el equilibrio de los ecosistemas y disminuye los recursos alimentarios de los que dispone el ser humano. Es por ello que desde WWF reclaman un cambio de rumbo global que ponga fin a los sistemas agrícolas y ganaderos de tipo intensivo, principales causantes de esta crisis ecológica. 

"Sabemos que esta gran transformación requerirá un esfuerzo colectivo global sin precedentes; que el aumento de los esfuerzos de conservación es imprescindible, pero que debe sumarse a los cambios en la forma de producir y consumir nuestros alimentos y energía. Los ciudadanos, los gobiernos y los líderes empresariales de todo el mundo deberán formar parte de un movimiento por el cambio con una escala, urgencia y ambición nunca antes vistas", concluye Segovia.

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Los sitios con mayor biodiversidad poseen larga estabilidad ecológica

Estudio en región florística de Sudáfrica mostró que su riqueza se explicaba por no haber experimentado cambios importantes en el clima en 140 mil años

 

Una nueva investigación descubrió por qué los trópicos y otras áreas del mundo se han vuelto los lugares con mayor biodiversidad del planeta, según publicó la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Los investigadores sugieren que los puntos críticos de biodiversidad, como la selva tropical Daintree, en Australia, y los bosques nubosos de Ecuador, están repletos de especies porque han sido ecológicamente estables durante largos periodos, lo que permite que la evolución avance sin ser molestada.

Los hallazgos resaltan la amenaza que representa el cambio climático para algunos de los lugares más extraordinarios de la Tierra y la importancia de brindar a la naturaleza la protección que necesita para prosperar, señalan los autores del estudio.

Los ecologistas siempre han tratado de entender por qué algunas áreas del planeta son extraordinariamente ricas en especies. La investigación se propuso encontrar una respuesta al enfocarse en la Región Florística del Cabo, en Sudáfrica, corazón no tropical de biodiversidad con alrededor de 10 veces más especies de plantas nativas que el Reino Unido, todo constreñido en un área un poco más pequeña que Bélgica.

Desde proteas reales hasta orquídeas

El equipo internacional de investigadores, que incluye especialistas de la Universidad de York, Reino Unido, y de las sudafricanas Universidad Nelson Mandela y Universidad de Ciudad del Cabo, realizaron mapas de las distribuciones de casi todas las 9 mil 400 especies de plantas de la región, desde la protea real hasta las orquídeas.

Descubrieron que la riqueza de la región podría explicarse en gran medida por el hecho de que no había experimentado cambios importantes en su clima en los pasados 140 mil años.

Las teorías anteriores han sugerido que la productividad, donde grandes cantidades de energía fluyen a través de un ecosistema, podría explicar los puntos críticos de biodiversidad, pero los investigadores descubrieron que esto sólo desempeñaba un papel menor en la abrumadora variedad de vida de la Región Florística del Cabo.

Colin Beale, coautor del estudio e integrante del Departamento de Biología de la Universidad de York, explicó que la investigación se “centró en la increíble diversidad de esa región, porque las teorías competitivas de estabilidad versus productividad no se pueden desenredar en los trópicos, donde ambos son ciertos”.

Richard Cowling, autor principal del estudio y miembro de la Universidad Nelson Mandela, sostuvo: “Nuestro estudio muestra que la estabilidad ambiental del sudoeste de Sudáfrica, junto con la topografía accidentada de la región, explica los gradientes de diversidad en la región.

“La riqueza vegetal, la rotación y la diversidad evolutiva rastrean los gradientes de estabilidad y oportunidad ecológica en un centro de megadiversidad”, concluyeron los autores.

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Colombia celebra su biodiversidad mientras la deforestación se desboca en medio de la pandemia

El Gobierno de Iván Duque fue el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente

 

Con sus bosques bajo asedio, y en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno de Colombia puso su mejor cara para celebrar la reconocida biodiversidad de su territorio. En un 2020 marcado a fuego por la pandemia del coronavirus, el país fue elegido este año como “anfitrión” este viernes del Día Mundial del Medio Ambiente, promovido por la ONU. El presidente, Iván Duque, aprovechó esa vitrina –originalmente programada como un evento presencial en Bogotá– para hacer una pausa en la gestión de la emergencia y debatir de manera virtual con líderes y expertos mundiales sobre desafíos como la lucha contra la deforestación.

“No podemos pretender estar sanos en un mundo que está enfermo. Las heridas provocadas a nuestra madre Tierra son heridas que sangran también en nosotros”, reflexionó el papa Francisco en una comentada carta que envió al mandatario para la ocasión. El mensaje del pontífice se hace eco cinco años después de su encíclica Laudato Si. “No podemos permanecer mudos ante el clamor cuando comprobamos los altísimos costos de la destrucción y explotación del ecosistema. No es tiempo de seguir mirando hacia otro lado, indiferentes ante los signos de un planeta que se ve saqueado y violentado, por la avidez de ganancia y en el nombre –muchas veces– del progreso”, señaló en la misiva.

Los colombianos recitan de memoria algunas de sus muchas riquezas ambientales. Es un país con costas en dos oceános, que alberga cerca de la mitad de los páramos del planeta, con la mitad de su territorio revestido por selvas tropicales y bosques y un 30 por ciento de territorio amazónico, como recordó Duque. “Nuestras especies son un patrimonio incalculable”, dijo en una ceremonia virtual que contó con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres. Cerca del meridiano de sus cuatro años de mandato, el presidente de Colombia señaló que se propone pasar de 50 a 2.500 megas de capacidad instalada de energías renovables, postuló al país para liderar la transición de la movilidad limpia en América Latina y recordó la meta de sembrar 180 millones de árboles para agosto de 2022, cuando entregue el poder –en 2019 se sembraron 34 millones, según las cifras del Gobierno–.

Uno de los anuncios del día fue el aporte de 288.000 millones de pesos por parte del Reino Unido para apoyar la conservación de los bosques tropicales de Colombia por medio del programa ‘Territorios Forestales Sostenibles’. De acuerdo con el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, es la mayor donación bilateral en materia ambiental que ha recibido la administración Duque.

Pero otras señales no son tan prometedoras. La gran paradoja radica en que Colombia escenificó esa celebración de sus riquezas naturales justamente en momentos en que varios ambientalistas advierten que, a pesar de las medidas obligatorias de confinamiento decretadas por el Gobierno durante una cuarentena nacional que duró más de dos meses, la deforestación está desbocada. Esa es la principal causa de cambio climático en el país sudamericano, donde los bosques naturales cubren casi 60 millones de hectáreas.

El anterior Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) esperaba que el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016 tras casi cuatro años de arduas negociaciones, se tradujera muy pronto en dividendos ambientales. Sin embargo, luego de la firma de los acuerdos la deforestación aumentó en varias regiones, hasta alcanzar un máximo de unas 220.000 hectáreas en 2017. En un primer momento, el Gobierno Duque utilizó esa cifra récord como referencia en una movida criticada por los ambientalistas. Pero con el apoyo de Alemania, Reino Unido y Noruega, estableció metas algo más ambiciosas para reducir el fenómeno en la cumbre del clima de Madrid de finales del año pasado. Se comprometió a mantenerla en límites de hasta 100.000 hectáreas o menos para el 2025, y 155.000 hectáreas o menos para el 2022.

Colombia ya ha reducido la destrucción de bosques con respecto a ese pico de 2017, pero todas las alarmas están encendidas por lo que ha ocurrido en este año. “La deforestación en la Amazonia no se detiene”, concluía un reciente monitoreo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) que registró más de 75.000 hectáreas arrasadas solo hasta el 15 de abril. “Las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria son una alerta temprana de lo que se puede venir para los próximos años”, advertía en una reciente entrevista con este periódico Rodrigo Botero, director de la FCDS.

A la espera de los reportes oficiales sobre deforestación, diversas fuentes señalan que el fenómeno está desvocado y sigue afectando importantes enclaves de biodiversidad, incluyendo los territorios amazónicos, señalaba el mes pasado la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación porque quienes están talando y tumbando los bosques —actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros— están sacando provecho de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, las autoridades ambientales se encuentran con las manos atadas debido a las restricciones en la movilidad”, señalaba en su informe sobre las dinámicas de la confrontación armada y su impacto ambiental en los primeros cuatro meses de 2019.

La pesada herencia de la guerra agrava el panorama. Las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz han distribuido panfletos amenazantes en los que rechazan los proyectos de cooperación ambiental en varias regiones y han expulsado de áreas protegidas en la Amazonia al personal de Parques Nacionales Naturales (PNN). “No podemos cantar victoria”, suele repetir el presidente Duque en sus intervenciones diarias sobre los esfuerzos por contener el coronavirus. Un mensaje que bien podría replicar también en alusión a los desafíos ambientales.

Por SANTIAGO TORRADO

Bogotá - 06 JUN 2020 - 11:07 COT

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"La humanidad vive tiempos de descuento"  

La socióloga Maristella Svampa postula la idea de un "pacto ecosocial" como salida a esta "tragedia anunciada"

 El coronavirus puso de relieve las enormes desigualdades que se han consolidado en este sistema, así como la importancia de las causas socioambientales,

advierte Svampa.

 

El encierro no la encuentra aletargada ni confundida. Maristella Svampa no hace otra cosa que pensar en la pandemia y escribir. “La crisis abre procesos de liberación cognitiva”, dice. Y ella la tiene en la cabeza “desde la mañana hasta que se acuesta”. La conversación va a la velocidad de su pensamiento, porque sabe que este estado de excepción va a ser breve. La crisis del coronavirus es una oportunidad, un portal que se abre pero no por mucho tiempo, en el que eventualmente va a haber que elegir entre más “capitalismo del caos” o un New Green Deal, del que se está hablando acá y en el mundo, y que a su paso va sumando las firmas de intelectuales y políticos, como Bernie Sanders, Alexandría Ocasio Cortez, Noam Chomsky.

Es que esta crisis no es producto del azar, sino una tragedia que viene siendo anunciada desde la Organización Mundial de la Salud, entre otras agencias oficiales de Naciones Unidas. Y a las causas de la enfermedad que recorre el mundo hay que buscarla, dice Svampa, entre la relación depredatoria con la naturaleza, el modelo agroindustrial y las ansias de ganancia a cualquier precio.

-¿Por qué es éste un momento especialmente oportuno para pensar lo social en clave ambiental?

-La humanidad vive tiempos de descuento. Se ha convertido en una fuerza que impacta en términos destructivos en el tejido de la vida. Es una alarma que ha saltado hace bastante tiempo. La gravedad de la crisis climática y el colapso ecosistémico son evidentes. El coronavirus viene a poner de relieve las enormes desigualdades que se han consolidado en este sistema y, por otro lado, la importancia de las causas socioambientales. No estamos viviendo un Leviatán climático, pero sí un Leviatán sanitario. Las causas de este fenómeno sin precedentes tienen que ver con la devastación de los ecosistemas, las enfermedades zoonóticas, como lo han explicado tantos especialistas, y también se desprenden del modelo agroalimentario. Las megagranjas industriales que son un caldo de cultivo y de transmisión de estos virus. Es una crisis que abre interrogantes acerca de hacia dónde queremos ir como sociedad, cómo vamos a pensar los vínculos sociales desde ahora en adelante y nuestro vínculo con la naturaleza. Las grandes crisis son portadoras de demandas ambivalentes. Por un lado, hay demandas de transformaciones radicales. Las crisis tornan viable aquello que hasta hace poco era considerado inviable. Por otro lado, hay voces conservadoras que claman por un retorno a la normalidad. Cuando en realidad, el retorno a la normalidad significaría una falsa solución.

-No se habla de causas socioambientales en el prime time. ¿A qué se debe para usted esa invisibilización?

-En principio no aparecen en el discurso público de ningún político. Desde Angela Merkel a Alberto Fernández. Aparece sólo lo sanitario y ligado a un discurso bélico que tiende a obturar esta discusión. Es una crisis que ha abierto dos ejes. Primero, ha develado la profundidad de las desigualdades. No sólo entre el Norte y el Sur sino al interior de nuestras sociedades. Thomas Picketty subraya que la concentración de la riqueza hoy es comparable a la que había a fines del siglo XIX. Y están las causas socioambientales que anuncian, como dicen tantos investigadores, que habrá nuevas pandemias. Y que además debemos afrontar el cambio climático, que combinará muchos de estos elementos, además de las enfermedades ligadas a la contaminación y un proceso masivo de refugiados ambientales.

-¿De qué se trata el pacto ecosocial del que viene escribiendo, junto al abogado especialista en Derecho Ambiental Enrique Viale?

-Es algo de lo que se viene hablando en todo el mundo. También es conocido como Green New Deal. En Estados Unidos y en Europa hay un imaginario instalado relacionado con la necesidad de un gran pacto como salida de las crisis, como el New Deal y el Plan Marshall. En Argentina lo que tenemos es una tradición ligada a la concertación como, por ejemplo, la que promovía el Peronismo con los Planes Quinquenales. Pero no hay un imaginario ligado a un pacto social, entendido como una recuperación integral. Hoy, sí se está hablando más del tema. Es importante promover una visión integral, porque hay una tendencia a encapsular a los pactos en su dimensión social y económica, desliándolo de los temas ecológicos, que son el gran desafío que enfrenta la humanidad en los días por venir. Preferimos no llamarlo “Nuevo Pacto Verde” porque cada vez que aparece esa palabra se tiende a acotar, a pensar que sólo hablamos de la reducción de los gases del efecto invernadero. Cuando en verdad estamos hablando de abordar la desigualdad, la cuestión sanitaria, la educación y la dimensión socioambiental.

-¿Por qué cree que el tema de la transición energética es una discusión que sólo se plantea marginalmente en Argentina?

-Entra y sale de las agendas de muchos países y se ve cercado por tensiones e intereses. Acá Vaca Muerta ha obturado la posibilidad de pensar una transición hacia energías limpias. Es un punto ciego que atraviesa diferentes gobiernos, con sus modalidades. Se instaló la idea de que, explotándola, Argentina se va a convertir en una potencia energética exportadora. Esa imagen se ha venido desmoronando y hoy está en su mínima expresión. Pero no sólo porque en todo el mundo hay fuertes controversias ambientales, sino porque en términos económicos y financieros Vaca Muerta es inviable. No sólo por la caída del precio del barril de petróleo. Es necesario salir de esa encerrona y pensar en una línea diferente en sintonía con las energías limpias y cómo transicionamos hacia ellas.

-Hay toda una discusión sobre el litio que todavía no se ha dado en Argentina, por lo menos, no cabalmente…

-Se está dando en muchos países. Se piensa cómo crear una Agencia Nacional del Litio que promueva un entramado tecnológico y productivo diferente, con métodos de extracción no contaminantes y acuerdos con las comunidades indígenas del norte argentino. Si no pensamos cómo implementarlo acá, lo que haremos, que ya está pasando, es destruir nuestros territorios, atropellar a las comunidades que viven allí y facilitarles la transición energética a los países más poderosos como China, Japón y Alemania.

-¿Se abre con este nuevo gobierno las posibilidades de dar esos debates?

-Sí, son temas que bien podrían ser abordados. Sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura. También soy consciente de que estos son procesos cortos. Son oportunidades, portales que, así como se abren, también se pueden cerrar en muy poco tiempo. Pero podría suceder que la respuesta sea reactivar la economía con más extractivismo, por ejemplo. Durante el confinamiento ha habido más desmonte en el Norte y también en provincias como Chubut, donde se le ha dicho que no a la mega minería, se está aprovechando la crisis para promover la minería como una solución. Insisto con que la transición es un proceso complejo y no tenemos un manual. La vieja imagen de YPF sirvió, a mi entender, hasta los años 70. Hoy los combustibles fósiles no forman parte del futuro. En el caso del litio es diferente, pertenece a los dos mundos. Por un lado, es minería de agua y es altamente insustentable. Para su extracción se utiliza millones de litros de agua en ecosistemas frágiles como son las salinas. Pero, por otro lado, es una de las claves para acceder a energías limpias, libres de combustibles fósiles. Ahí hay un dilema. Tendríamos que tratar de pensar en un escenario con energías post fósiles, limpias, renovables, para construir una sociedad solidaria y resiliente. Si queremos pensar en términos de justicia distributiva y de transición energética, lo que el Gobierno arregló, cediendo a la presión de las compañías petroleras, como un precio especial al crudo o un "barril criollo", es un total desatino. Un grave retroceso. Los costos que va a traer al país son enormes. Estoy incluyendo en esto a los gobernadores. Hay que pensar cómo desarticular esa alianza perversa entre grandes compañías, gobernadores y sindicatos petroleros, para volver a pensar en el país, en los trabajadores del sector, en los consumidores y en la transición.

-Al calor del confinamiento, mucha gente cuenta que se está replanteando su relación con el consumo…

-Es que si vamos a reemplazar los combustibles fósiles por el litio pero vamos a conservar el mismo modelo de consumo, centrado, por ejemplo, en automóviles individuales, no cambiamos nada. No sólo el planeta es limitado. El litio también es limitado y en algún momento se va a agotar. Es lógico que todos nos estemos replanteando la diferencia entre aquello que es accesorio y aquello que es necesario. Por eso digo que la pandemia es una oportunidad de rever la insustentabilidad y todas las injusticias que implica este modelo de consumo tan ligado a la globalización neoliberal.

-Otro de los ejes que entreteje la propuesta del Pacto Ecosocial y Económico es el Ingreso Universal Ciudadano.

-También lo pensamos como un proceso. Implicaría una salida de la trampa de la pobreza y el clientelismo, tan ligados a los planes sociales focalizados. Debe ser pensado junto a una reforma fiscal progresiva. No somos los únicos que hablamos del tema. Intelectuales como José Nun lo han trabajado históricamente, Rubén Lo Vulo, inclusive Beatriz Sarlo. La idea sería que no se castigue a los sectores más vulnerables, a través de impuestos indirectos como el IVA. Sino impuestos a las grandes fortunas, a los daños al medio ambiente, al capital financiero, a la herencia. No tenemos impuesto a la herencia porque Martínez de Hoz lo voló de un plumazo. Cuando decimos que América latina tuvo una oportunidad de crecimiento económico durante el ciclo progresista y usó renta extraordinaria proveniente del extractivismo en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares, hay que decir también que no se promovió mayor justicia social a través de la reforma del sistema fiscal. El tercer eje del pacto es la deuda externa. Argentina está en virtual default, gracias a lo que nos dejó el Gobierno anterior. Muchos organismos internacionales están llamando a contemplar la situación de fragilidad que atraviesan los países del Tercer Mundo. Algunos hablan de un jubileo de deudas como la nuestra, que es insustentable y que ni siquiera mejoró la situación de los sectores menos favorecidos.

-La idea de reforma fiscal que grave a la renta financiera suena muy bien, pero estamos viendo la resistencia quye provoca un impuesto a las grandes fortunas. ¿Le parece practicable? 

-Estamos ante una crisis civilizatoria. Ni hablar de la recesión económica que ya se está instalando en el país. A eso hay que sumar que el virus está llegando a las poblaciones más vulnerables. Estamos a una situación de tal gravedad que queda claro que los sectores que tiene que aportar son los que más tienen. El impuesto a las grandes fortunas no es una locura peronista, como se quiere instalar, sino una cuestión lógica de justicia distributiva. Es necesario salir a apoyar esa medida desde todos los sectores. Las cartas no están marcadas.

-También han hecho foco en el tema de los cuidados, desde la perspectiva de la economía feminista.

-Creemos que se debe implementar un sistema nacional público de cuidados. Es central para pensar la nueva sociedad en la que se pongan en juego el respeto y la reciprocidad como elementos fundamentales para la reproducción social. Se trata de plantear otra mirada de las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, una visión que no piensa al ser humano como alguien autónomo, sino como alguien que necesita del otro para poder sobrevivir. Las feministas populares lo han dejado en claro cuando colocan la ética del cuidado en un lugar central. Hoy el cuidado aparece en el discurso oficial y de hecho este Gobierno ha incorporado a numerosas mujeres profesionales, economistas, intelectuales. Ojalá sus presencias en esos puestos colaboraren a profundizar esta visión.

-Mientras tanto se organiza una “marcha contra el comunismo”, se cacerolea contra la prisión domiciliaria para presos en situaciones vulnerables, y podríamos seguir…

-Todas esas personas siempre estuvieron ahí. Vivimos un momento de regresión política en el cual hay corrientes sociales ligadas a un pensamiento reaccionario de derecha y derecha extrema, que buscan una expresión política partidaria. Y que, en algunos países, como Brasil, la ha encontrado. La crisis de 2008 en Europa y Estados Unidos abrió la puerta a una reconfiguración económica y social negativa: se hizo en beneficio de los sectores financieros y perjudicó a sectores medios y populares. Esos sectores buscaron otras soluciones por la vía de una narrativa xenófoba y nacionalista. En América Latina lo vimos en Bolivia: a partir del derrocamiento a Evo Morales se hizo presente una derecha radical, anti-indígena, que creíamos derrotada. El modelo de la globalización neoliberal se agotó. Corremos el peligro de avanzar a un colapso ecosistémico de la mano de una derecha radical y nacionalista que propone un cierre cognitivo a través del miedo. En 2011, cuando surgieron movimientos como Ocupy Wall Street o los indignados en España, una de las consignas era “Somos el 99 % de la población contra el 1 % de los súper ricos”. Luis González Reyes, un ecologista español, dice que hay que complejizar esa consigna: hay un 20% de la población que es permeable al mensaje fascista. Entonces, en verdad, somos el 79% versus el 21%. No se puede negociar con los fascismos, al fascismo se lo combate a través de frentes políticos.

¿Por qué Maristella Svampa?

Maristella Svampa se define como intelectual anfibia, todo terreno, pero oriunda de la Patagonia. Es Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, magister en Filosofía en la Universidad de París I y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de París. Es investigadora principal del Conicet y tiene una veintena de libros publicados, entre ensayos, investigaciones y novelas. Svampa es una pensadora, se diría, especializada en crisis: en la crisis del mundo popular y el desarrollo de las organizaciones piqueteras en la convulsionada Argentina post 2001 (pero también, su contracara: la vida en los countries y barrios privados), la crisis del peronismo (La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo) y, desde hace años, su gran tema ha sido el de la devastación medioambiental. Sus últimos libros lo demuestran: Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking y Las fronteras del neoextractivismo en América Latina

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La ética del cuidado, el pacto ecosocial y el pacto ecoeconómico como futuro posibles post covid-19

En esta etapa de la Pandemia del covid-19, la constante observación de noticias ha despertado mi interés no solo en el seguimiento y evolución de cómo los Gobiernos del mundo abordan y enfrentan el desafío de contener la propagación del virus, los diferentes mecanismos de prevención, las estrategias para evitar el colapso de los sistemas de salud, y de otro lado, los escenarios futuros y posibles postpandemia.

Partamos del postulado que en este periodo de crisis es necesario abandonar sí o si, el discurso bélico, el cual una vez aplanada la curva de contagios, al menos en los Estados Unidos, se generará como un sofisma distractor. Donald Trump empezará a materializar y fundamentar sus acusaciones contra el gobierno de China y China a su vez tratará de demostrar que el virus fue producido en una base militar americana, distrayendo a la sociedad de lo realmente relevante postpandemia.

Los Gobiernos una vez superada en una primera fase la crisis, deberían de inmediato asumir las causas ambientales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colocarlas también en la agenda política, esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, y a pensar en un gran pacto ecosocial y ecoeconómico.

El 2020 ha patentizado la encrucijada civilizatoria en curso. Frente a nuevos dilemas políticos y éticos, nos permite repensar la crisis económica y climática desde una nueva óptica, tanto en términos multiescalares (global/nacional/local) como en ámbitos geopolíticos (relación norte/sur bajo un nuevo multilateralismo). Creo que todo se reduce a formular dos posibles escenarios: O bien vamos hacia una globalización neoliberal más autoritaria, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de la construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma de la ética del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales e internacionales; de políticas públicas orientadas a un «nuevo pacto ecosocial y ecoeconómico», que aborde conjuntamente la justicia social y ambiental.

Las crisis y las revoluciones, no hay que olvidarlo, también generan procesos de «liberación cognitiva», toda revolución y toda crisis siempre han generado ganancias incalculables para la sociedad. En la mayoría de los casos las ganancias esperadas son distantes de los objetivos y sentidos que motivaron dichos movimientos. Esto hace en gran medida posible la transformación de la conciencia de los potenciales afectados; esto hace posible, también, superar el fatalismo o la inacción y tornar viable y posible aquello que hasta hace poco era inimaginable.

Esto supone entender que la suerte no está echada, que existen oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Lo peor que podría ocurrir es que nos quedemos en casa convencidos de que las cartas están marcadas y que ello nos lleve a la inacción o a la paralización, como el trinomio (cuarentena-miedo-parálisis), pensando que de nada sirve tratar de influir en los procesos sociales y políticos que se abren, así como en las agendas públicas que se están instalando. Lo peor que podría suceder es que, como salida a la crisis sistémica producida por esta emergencia sanitaria, se profundice «el desastre dentro del desastre». Debemos partir de la representación de que estamos en una situación extraordinaria, de trance sistémico, y que el horizonte civilizatorio no está cerrado y todavía está en disputa.

En esa línea, varios expertos en el mundo consideran que ciertas puertas deben no abrirse (por ejemplo, no podemos aceptar una solución como la de 2008, que beneficie a los sectores más pudientes, corruptos y contaminantes), y otras que deben abrirse más y potenciarse (un Estado que valorice el paradigma de la ética cuidado y la vida), tanto para pensar la salida de la crisis como para imaginar otros mundos posibles. Se trata de proponer salidas a la actual globalización, que cuestionen la actual destrucción de la naturaleza y los ecosistemas, que cuestionen una idea de sociedad y vínculos sociales marcados por el interés individual, que cuestionen la mercantilización y la falsa idea de «autonomía». En mi opinión, las bases de ese nuevo lenguaje deben ser tanto la instalación del paradigma del cuidado como marco sociocognitivo como la implementación de un gran pacto ecosocial y económico, de ámbito nacional y global.

En primer lugar, más que nunca, se trata de valorizar el paradigma del cuidado, un paradigma relacional que implica el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Como manifiesta Maite Pérez Echarri “Solo aquel que comprende que es incompleto, indigente y vulnerable es capaz de cuidar”. La ética del cuidado puede ayudarnos a repensar los vínculos entre lo humano y lo no humano, a cuestionar la noción de «autonomía» que ha generado nuestra concepción moderna del mundo y de la ciencia; a colocar en el centro nociones como la de interdependencia, reciprocidad y complementariedad.

Esto significa reivindicar que aquellas tareas cotidianas ligadas al sostenimiento de la vida y su reproducción, que han sido históricamente despreciadas en el marco del capitalismo patriarcal, son tareas centrales y, más aún, configuran la cuestión ecológica por excelencia. Lejos de la idea de falsa autonomía a la que conduce el individualismo liberal, hay que entender que somos seres interdependientes y abandonar las visiones antropocéntricas e instrumentales para retomar la idea de que formamos parte de un todo, con los otros, con la naturaleza. En clave de crisis civilizatoria, la interdependencia es hoy cada vez más leída en términos de ecodependencia, pues extiende la idea de cuidado y de reciprocidad hacia otros seres vivos, hacia la naturaleza.

En este contexto de tragedia humanitaria a escala global, el cuidado no solo doméstico sino también sanitario como base de la sostenibilidad de la vida cobra una significación mayor. Por un lado, esto conlleva una revalorización del trabajo del personal sanitario, mujeres y hombres, médicos generales, internistas, infectólogos, epidemiólogos, enfermeros, conductores de ambulancia, camilleros, en fin, el conjunto del cuerpo humano de trabajadores de la salud, que afrontan el día a día de la pandemia, con las restricciones y déficits de cada país, al tiempo que exige un abandono de la lógica mercantilista y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado y asistencia. Por otro lado, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la relación que existe entre salud y ambiente, con vistas al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y al agravamiento de la crisis climática. Hay que pensar que la medicina, pese a la profunda mercantilización de la salud a la que hemos asistido en las últimas décadas, no ha perdido su dimensión social y sanitarista, tal como podemos ver en la actualidad, y que de aquí en más se verá involucrada directamente en los grandes debates societales y, por ende, en los grandes cambios que nos aguardan y en las acciones para controlar el cambio climático, junto con sectores ecologistas, feministas, jóvenes y pueblos originarios.

En el contexto de esta pandemia, ha habido algunas señales. Por ejemplo, Chris Stark, jefe ejecutivo del Comité sobre Cambio Climático del Reino Unido (CCC), sostuvo que la inyección de recursos que los gobiernos deben insuflar en la economía para superar la crisis del covid-19 debe tener en cuenta los compromisos sobre el cambio climático, esto es, el diseño de políticas y estrategias que no sean solo económicas sino también un «estímulo verde». En Estados Unidos un grupo de economistas, académicos y financistas agrupados bajo la consigna del estímulo verde (greenstimulus) enviaron una carta en la que instaron al Congreso a que presione aún más para garantizar que los trabajadores estén protegidos y que las empresas puedan operar de manera sostenible para evitar las catástrofes del cambio climático, especialmente en una economía marcada por el coronavirus.

Varios académicos proponen pensar en términos de un gran pacto ecosocial y económico. Sabemos que, en nuestras latitudes, el debate sobre el Green New Deal es poco conocido, por varias razones que incluyen desde las urgencias económicas hasta la falta de una relación histórica con el concepto, ya que en América Latina nunca hemos tenido un New Deal, ni tampoco un Plan Marshall. Así que, no hay en América Latina un imaginario de la reconstrucción ligado al recuerdo del Plan Marshall (Europa) o el New Deal (Estados Unidos). Lo que existe es un imaginario de la concertación social, en el cual la demanda de reparación (justicia social) que tanto auge y renombre tuvo en el proceso de paz colombiano, continúa asociada a una idea hegemónica del crecimiento económico, que hoy puede apelar a un ideal industrializador, pero siempre de la mano del modelo extractivo exportador, el agronegocio y a la minería a cielo abierto. La presencia de este imaginario extractivista/desarrollista poco contribuye a pensar las vías de una «transición justa» o a emprender un debate nacional en clave global del gran pacto ecosocial y económico. Antes bien, lo distorsiona y lo vuelve decididamente peligroso, en el contexto de crisis climática.

De lo que se trata es de construir una verdadera agenda nacional y global, con una batería de políticas públicas, orientadas hacia la transición justa. Esto exige sin duda no solo una profundización y debate sobre estos temas, sino también la construcción de un diálogo norte-sur, con quienes están pensando en un Green New Deal, a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad e igualdad.

Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. El debate y la instalación de una agenda de transición justa pueden convertirse en una bandera para combatir no solo el pensamiento liberal dominante, sino también la narrativa colapsista y distópica que prevalece en ciertas izquierdas y la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas. La pandemia del coronavirus y la inminencia del colapso abren a un proceso de liberación cognitiva, a través del cual puede activarse no solo la imaginación política tras la necesidad de la supervivencia y el cuidado de la vida, sino también la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas (sociales, étnicas, feministas y ecologistas), todo lo cual puede conducirnos a las puertas de un pensamiento holístico, integral, transformador, hasta hoy negado.

Referencias.

  1. Henri Acselrad: «Movimiento de justicia ambiental. Estrategia argumentativa y fuerza simbólica» en Jorge Riechmann (coord.): Ética ecológica. Propuestas para la reorientación, Nordman, Montevideo, 2004.
  2. David Schlosberg: «Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario» en Ecología Política, 18/6/2011.
  3. Ramón Fernández Durán: «Fin del Cambio Climático como vía para ‘Salvar todos juntos el Planeta’» en Ciudades para un Futuro más Sostenible, 2010.
  4. Carosio, A., «La ética feminista: más allá de la justicia», Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 12, nº 28, junio 2007.
  5. Koggel, C., y Orme, J. «Care Ethics: New Theories and applications», Ethics and Social Welfare,Vol. 4, nº 2, 2010, pp. 109-114, p. 109.81.

 Por: Daniel Nicolás Cabral Bonilla[1]

[1]Magister en Dirección de Personas y Recursos Humanos. Universidad de Barcelona – España, Magister en Direccionamiento Estratégico de la Organizaciones. Universidad de Barcelona y EAE (Escuela de Administración de España). Barcelona España. Colombiano, residente en la ciudad de New York.

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Política agroalimentaria para un mundo saqueado

Hay un debate relevante planteado sobre la agricultura que tiene posibilidades (o no) de alimentar a un mundo sobrepoblado. Y hay fundamentalmente dos modelos que se contraponen con modalidades intermedias: la agroindustria global, heredera de la revolución verde del siglo pasado, y la agroecología, con un enfoque sistémico integrador y diverso.

Sobre esto, una reflexión previa. La biología, que es la ciencia de la vida, se acerca a la naturaleza desde distintas ópticas. De modo integrador y sistémico, analizando la naturaleza como una sutil red de relaciones complejas que implican tanto componentes vivos como inertes y su interacción con la energía solar que activa el funcionamiento de la biosfera. O de modo no integrador sino reduccionista, como hace la biotecnología, que se aplica, como si fuese una ingeniería, a corregir, recombinar y reprogramar los componentes genéticos de la vida para crear organismos mas eficaces y útiles al servicio de la humanidad.

En base a estos enfoques en el análisis y estudio de la vida (biología o biotecnología), podemos decir que se llega a prácticas agronómicas bien diferentes.

En Agricultura, los biotecnólogos moleculares experimentan con formas de modificar la información génica de los cultivos insertando genes o, editando genomas. El objetivo es conseguir cultivos más nutritivos, o que resistan a herbicidas, plagas, bacterias y hongos. Se asume que todo gira alrededor del organismo cultivado. El éxito del sistema es altamente dependiente de insumos externos como energía, fertilizantes y fitosanitarios con un uso pautado y efectos muy predecibles, usando al suelo como soporte de la actividad o prescindiendo de él.  Es una agricultura basada en el control. Mientras que una agricultura basada en una aproximación ecológica desarrolla un manejo que aprovecha los recursos endógenos del sistema: agua, suelo y diversidad, reduciendo así la dependencia de insumos y energía externa. El control es menor al ser el sistema y su manejo más complejos, pero es menos dependiente de insumos y preserva los servicios ecosistémicos. Éstos servicios son recursos o procesos de los ecosistemas naturales que nos benefician, como agua potable limpia; o procesos como la descomposición de desechos.

La agroecología aplicaría este modelo, añadiéndole el elemento social imprescindible, siendo los agricultores depositarios y corresponsables de la diversidad cultivada. En contraposición, la agricultura industrial derivada de la revolución verde y su versión más biotecnológica basada en la aplicación de los Organismos Modificados Genéticamente (OMG), priman la producción y el control, considerando los alimentos como mercancías.

Añadamos que los derechos de propiedad intelectual que se aplican sobre semillas, especialmente las modificadas genéticamente por biotecnología, suponen también una limitación al uso y gestión de un recurso básico para los agricultores, que es la diversidad cultivada, necesaria para asegurar el derecho a la alimentación.

Son de suma importancia en el uso de OGMs los marcos normativos. Y estos marcos, surgen de la aplicación de distintas políticas nacionales e internacionales, no sujetas a control ciudadano. En especial, aquellas políticas relacionadas con la existencia y aplicación de Tratados de Libre Comercio. Siendo esto así, resulta evidente que el debate sobre el papel de las plantas transgénicas en agricultura trasciende ampliamente el marco de las disciplinas biológicas, de la investigación, de la I+D y de una supuesta neutralidad científica, ya que tienen consecuencias que van mas allá. Esta es una de sus perniciosas derivadas.

Al respecto, hay que decir que la ciencia es un sistema potente de generación de conocimiento. Pero no es neutral. Entre otras causas porque no lo es su financiación, ni las reglas que operan en la comercialización de sus derivados, o la aplicación de derechos de propiedad intelectual, como las patentes. Rigen por encima, las reglas de mercado.  Reglas que se aplican a la agricultura y la producción de alimentos. Y cuando entra el mercado, sale fuera la soberanía alimentaria de los pueblos.

El modelo de producción agrícola industrial regido por un mercado global donde los productos agrícolas viajan miles de kilómetros desde sus lugares de producción a los de consumo, tiene una insostenible huella de carbono, y, aunque el coste económico y ambiental no se considera, lo pagamos todos. Grandes superficies de cultivo a nivel mundial y dependientes de gran cantidad de insumos, -la mayoría monocultivos-, son las que tienen más valor de mercado para el desarrollo de semillas transgénicas. Esto implica alejarse de la sostenibilidad de los ecosistemas agrarios. Se han hecho estimaciones sobre la inversión necesaria para poner una planta transgénica en cultivo comercial y suponía una inversión de 136 millones de dólares y unos 13 años, en un cálculo hecho para el periodo entre 2008 y 2012. Estos datos son bastante elocuentes respecto a los intereses que mueve.

Son varios los cultivos transgénicos que llevan tiempo en producción por lo que se puede ver lo que ha supuesto su introducción. Sirva de ejemplo el cultivo de la soja. Los principales productores son EEUU, Brasil y Argentina y el porcentaje de plantación proveniente de semilla transgénica es del 90% o superior. El 75% de la producción mundial se dedica al forraje animal, a pesar que se sabe que las dietas basadas en ingesta de proteína animal son perniciosas por la huella hídrica y el uso de suelo requerido por caloría consumida. Este modelo favorece la destrucción de grandes superficies del Bosque Atlántico y de la Amazonía brasileña. La intensificación de su cultivo ha producido deterioro de suelos, disminución de la cantidad y calidad del agua, y efectos negativos evidentes en biodiversidad. Además, han aparecido malezas resistentes al glifosato y se han desarrollado variedades transgénicas con resistencias a más de un herbicida. Ninguno de estos efectos es aceptable, si asumimos que necesitamos una agricultura resiliente y que nos permita contrarrestar las emisiones de GEI causantes del cambio climático, además de alimentarnos.

Si metemos en la ecuación cuestiones socioeconómicas y siguiendo con la soja, se constata que las explotaciones dedicadas a su producción, en Norte y Sudamérica, son mayoritariamente de escala industrial propiciándose una concentración de la tierra en menos manos. Esto ha desplazado a los pequeños y medianos propietarios. En relación al empleo, en algunas regiones argentinas se estima que la conversión a la soja ha destruido cuatro de cada cinco trabajos agrícolas (ver informe de 2014 de WWF «El crecimiento de la soja, impacto y soluciones» y citas en él contenidas). Transcurridos 6 años de ese informe, el deterioro de ecosistemas y de empleo es mayor.

Hay quien piensa que los transgénicos no son el principal problema, lo son quienes ostentan el control de su uso y hacen negocios con los OGM. Admitir esto es un primer paso. El siguiente es constatar el poder del oligopolio que concentra la producción de material vegetal de reproducción, y el sistema de patentes que rige y controla la industria biotecnológica. Añadamos los diferentes tratados comerciales firmados al amparo del proceso de globalización desde los 90 del siglo pasado.

Si un investigador decidiera por su cuenta, poner a libre disposición del mundo, plantones de fresas transgénicas con frutos de textura mejorada, sería muy improbable que lo consiguiera. La razón es el empleo de ideas, métodos y materiales que otros han patentado internacionalmente, de manera que, aunque permitan investigar y publicar en el tema, si el desarrollo logrado pretende entrar en producción, aparecerá la reclamación de los derechos de propiedad. Tendría que negociar y pagar a obtentores de varias patentes, desde las metodológicas hasta las que tienen que ver con el empleo de los genes. Se tiene patentado el uso de todas sus aplicaciones prácticas conocidas.

También se patenta la naturaleza. Se ha permitido patentar semillas como si fueran un invento, una nueva máquina. Las semillas cultivadas, además de seres vivos, son un recurso renovable, como el agua y el suelo. Los tres son imprescindibles para la producción de alimentos. Desde el punto de vista de su gestión, las semillas cultivadas encajan en la categoría de bienes comunes, tal como se refiere a ellos la premio Nobel de Economía 2009, Elinor Oström. No son ni del estado ni del mercado, y su custodia y protección son necesarias. Tienen en común con el agua, que son un recurso que fluye en el tiempo y en el espacio. Las semillas de uso agrícola, algunas cultivadas miles de años por generaciones de campesinos, ofrecen diversidad de especies y variedades como resultado de las decisiones de los agricultores al seleccionar semillas para el siguiente cultivo, además de cruces genéticos fortuitos, de los procesos de adaptación de los cultivos a manejos y condiciones ambientales locales, intercambios, etc. Esta agro-biodiversidad está en grave peligro por un efecto colateral de la revolución verde del siglo pasado que concentró sus esfuerzos en muy pocos cultivos y variedades que desplazaron muchas de esas especies y variedades tradicionales al ser menos productivas cuando los insumos no son limitantes o por no tener mercado suficiente. Y ahí es donde operan los OGM.

Con todas estas consideraciones ¿qué modelo de agricultura promoveremos? Urge que, desde la responsabilidad política no se hurte este debate fundamental.

Por Carmen Molina Cañadas | 02/05/2020 

Fuente: https://blogs.publico.es/ecologismo-de-emergencia/2020/05/01/politica-agroalimentaria-para-un-mundo-saqueado/

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Barrios en Mumbai. Foto cortesía de @johnny_miller_photography

Un nuevo estudio de la Universidad de Leeds calcula la distribución de la huella energética entre distintos países y grupos de ingresos.

En tiempos de crisis climática -y en estos momentos, sanitaria- los que más sufren son los que menos responsables del desastre y los que menos recursos tienen. La energíael sector que más contribuye en España al calentamiento global de la atmósfera, es el ejemplo perfecto para mostrar la enorme disparidad entre los que más tienen y los que menos: el 10% más rico consume aproximadamente 20 veces más energía que el 10% más pobre.

Así lo concluye un estudio publicado este lunes en la revista científica Nature Energy. Realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Leeds, combinaron los datos de la Unión Europea y del Banco Mundial para calcular la distribución de las huellas energéticas y conocer en qué bienes y servicios de alto consumo energético tienden a gastar su dinero los diferentes grupos de ingresos. En total, se analizaron 86 países, desde los muy industrializados hasta los que están en vías de desarrollo, revelando una extrema disparidad en los resultados, tanto dentro de los países como a nivel mundial.

A medida que aumentan los ingresos, apunta el estudio, la gente gasta más de su dinero en bienes de alto consumo energético, como paquetes de vacaciones o vehículos, lo que conduce a una gran desigualdad energética. En este sentido, los autores hallaron que el 10% más rico de los consumidores con más recursos utilizan 187 veces más energía de combustible para vehículos que el 10% más pobre.

Enorme brecha energética en el transporte

Aunque las desigualdades son patentes en todos los sectores de consumo, es en el transporte donde se hace más evidente. Según la investigación, el 10% de los consumidores más ricos usaron más de la mitad de la energía relacionada con la movilidad, estando la gran mayoría basada en combustibles fósilesEstos últimos generan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas a nivel global. En cuanto a aquellos combustibles usados en el hogar, ya sea para cocinar, la calefacción o la electricidad, se distribuyen de forma mucho más equitativa: el 10% más rico consume aproximadamente un tercio del total.

«Sin reducir la demanda de energía» de sectores como el transporte, «ya sea mediante gravámenes a los viajeros frecuentes, la promoción del transporte público y la limitación del uso de vehículos privados, o la tecnología alternativa como los vehículos eléctricos, el estudio sugiere que a medida que los ingresos y la riqueza mejoren, nuestro consumo de combustibles fósiles en el transporte se disparará», señala Yannick Oswald, autor principal del estudio. En el caso de la calefacción y la electricidad, el estudio apunta a que podría reducirse mediante programas de inversión pública a gran escala para la rehabilitación de viviendas.

Desigualdad energética entre países

El estudio pone también en relieve la distribución desigual de la huella de energía entre los distintos países analizados. Mientras que el 20% de los población española y británica pertenece al 5% de los principales consumidores de energía, en Alemania esta cifra asciende hasta el 40%, y en el caso de Luxemburgo al 100%. Estos datos contrastan con los de China, donde sólo el 2% de la población está en ese 5%, y con lo de India, donde la cifra se sitúa en el 0,02% de la población.

Estas grandes diferencias se hace aún más palpables al constatar que el 20% más pobre de la población del Reino Unido sigue consumiendo más de cinco veces más energía por persona que el 84% más pobre de la India. 

Asegurar una transición energética justa

Durante la última Cumbre de Clima celebrada en Madrid, un informe de Oxfam Intermon ponía en evidencia cómo la desigualdad extrema y la crisis climática van de la mano, siendo imposible entender la una sin la otra. Así, la investigación señalaba que solo el 10% más rico del planeta es 60 veces más responsable de las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera que el 10% más pobre. En el caso de España, las emisiones por consumo del 10% de los hogares más ricos superan en 2,3 veces las del 10% más pobre.

En esta línea se manifiesta la doctora Anne Owen, coautora de la investigación. «El crecimiento y el aumento del consumo siguen siendo objetivos centrales de la política y la economía actuales», afirma. Para ella, «la transición a una energía con cero emisiones de carbono se verá facilitada por la reducción de la demanda, lo que significa que los principales consumidores desempeñarán un papel importante en la reducción de su consumo excesivo de energía».

Desde el equipo investigador advierten de que si no se reducen el consumo y no se realizan intervenciones políticas de calado, para 2050 -cuando el mundo debe alcanzar la neutralidad de emisiones- la huella de energía podría duplicarse con respecto a las de 2011, aunque mejore la eficiencia energética.

En esta línea, podría haber un aumento del 31% del consumo atribuido sólo al combustible de los vehículos, y otro 33% a la calefacción y la electricidad. Si el transporte sigue dependiendo de los combustibles fósiles, «este aumento sería desastroso para el clima«, señala el estudio.

Otra de las autoras del estudio, la profesora de Ecología Social y Economía Ecológica Julia Steinberger, incide en la idea de adoptar medidas detalladas sobre esta desigualdad para garantizar una transición energética equitativa y justa. Por ello, apunta a la necesidad de «considerar seriamente» el hecho de cómo «cambiar la distribución sumamente desigual del consumo mundial de energía y hacer frente al dilema de proporcionar una vida decente para todos y al mismo tiempo proteger el clima y los ecosistemas». 

Si bien es crucial pensar en términos de emisiones para la mitigación del cambio climático, esto pasa a ser secundario cuando se piensa en los niveles de vida, remarcan los autores.

Fuente: https://www.climatica.lamarea.com/el-10-mas-rico-consume-aproximadamente-20-veces-mas-energia-que-el-10-mas-pobre/

Por Eduardo Robaina | 17/03/2020

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Viernes, 13 Diciembre 2019 06:28

Papa, Bolivia y el enigma del silencio

Papa, Bolivia y el enigma del silencio

“A nombre de Dios nos están matando, están haciendo masacre. La Biblia es un adorno en la mano del gobierno de facto. El problema de nuestro presidente Evo Morales ha sido ser indio...”, exclama un líder aymara durante una marcha en La Paz (bit.ly/343PehW).

En cuestión de días queda claro que el golpe en Bolivia (bit.ly/2Py5kui) no es sólo cívico-policiaco-militar, sino también eclesiástico. El particular fundamentalismo católico –ojo, no evangélico (bit.ly/2YDJREp)− cruceño es su spiritus movens, la Iglesia boliviana (Conferencia Episcopal) al avalarlo y bendecir la brutal represión se vuelve su cuarta pata ((bit.ly/35ea6DS) y uno de los objetivos de los golpistas −cuya acción cobra todos rasgos de una reconquista y revangelización− no es sólo borrar lo indio (wiphala, etc.) y dar marcha atrás con avances sociales de los años recientes, sino también con la separación de la Iglesia y el Estado, siendo la laicidad uno de los fundamentos del nuevo Estado plurinacional −Dios está fuera del poder, fuera del palacio gubernamental... (bit.ly/2PvXAc3)− y del proceso de descolonización encabezado por Morales.

Allí está el golpista ultracatólico Luis Fernando Macho Camacho entrando como un cruzado al palacio de gobierno, arrodillándose ante una bandera boliviana y una Biblia −¡Dios vuelve al palacio! (bit.ly/35eezXg)− y haciendo sus rituales de purificación cristiana de todo lo pagano −indio y, desde luego, comunista− en Bolivia: “¡Satanás fuera!, ¡ Pachamama nunca regresará!, ¡La patria es del Cristo!” (bit.ly/2YDIQMw).

Allí está la proclamada presidenta provisional, Jeanine Áñez, asumiendo el cargo frente a un enorme crucifijo, velas encendidas y una Biblia abierta –en ausencia de una legitimidad institucional los golpistas apelan a la divina (bit.ly/2RG5fHw)−, que luego, junto con Camacho y otros líderes de extrema derecha, agita en el aire desde el balcón del palacio presidencial (otra vez: Dios vuelve a...).

¿Y dónde está en todo esto el papa Francisco, que hasta ahora mantuvo un silencio sepulcral (sic) respecto al golpe en Bolivia, limitándose a llamar a rezar por la situación allí y pedir paz y serenidad? No es que tenga ilusiones respecto a él –tanto Bergoglio como Francisco siempre se han regido por silencios reaccionarios...−, pero sí tengo unas preguntas (aunque sean retóricas):

¿De verdad es posible que Francisco permanezca callado ante la instauración de una dictadura –transicional− en Bolivia? ¿Será porque incluso respecto a la suya, la brutal dictadura argentina también salida de un golpe (1976) y apoyada ferozmente por la Iglesia y el Vaticano, nunca ha dicho una palabra?

¿Es posible que este Papa latinoamericano, gran amigo de procesos progresistas en la región, no salga a la defensa del proceso boliviano y sus logros? ¿Será porque él... nunca era su amigo y vino más bien para neutralizarlos y cooptar sus bases (bit.ly/35fEEF7) nunca para fortalecerlos ni trabajar con ellos?

¿Es posible que este gran amigo de los indígenas no salga a la defensa del primer presidente indígena (bit.ly/2rvzbf7) ni de los indígenas masacrados por el régimen racista de Áñez? ¿Será porque siempre le gustaban más los indígenas −y los pobres− como objetos de caridad, no sujetos que luchan por sus derechos (bit.ly/34bWVSr)?

¿Es posible que Francisco ni siquiera le conteste a Evo su llamado de mediar, el mismo que fue bautizado como Papa comunista por la izquierda biempensante cuando Evo le regalaba una escultura de hoz y martillo en 2015?

¿Es posible que este gran crítico del sistema neoliberal no diga ni una palabra sobre la brutal restauración del neoliberalismo en Bolivia? ¿Será porque su crítica siempre ha sido light, superficial y se detenía allí donde tendría que pasar a la denuncia concreta?

¿De verdad es posible que este gran defensor de la naturaleza ( Laudato si’, etc.) no diga ni una palabra sobre la deposición de un gobierno que quizá mejor encarnaba la defensa de la Madre Tierra, aun con todas las contradicciones de su modelo extractivista y neodesarrollista (bit.ly/2E30SP0)? Al final tampoco ha dicho nada acerca del asesinato de Berta Cáceres, la luchadora ambiental indígena hondureña: su visión fue moldeada por su mano derecha, el cardenal golpista (sic) Rodríguez Maradiaga que aparte de bendecir el golpe contra Zelaya (2009) mantenía, en un buen estilo paranoico de la guerra fría, que aquél, Berta y otros líderes sociales en Honduras eran comunistas y títeres de Chávez (bit.ly/2PCc5vb).

¿Qué sentido tiene denunciar valientemente −en el reciente Sínodo de la Amazonia− la avidez de nuevos colonialismos y colonizaciones ideológicas destructoras y reductoras hacia los pueblos originarios y luego estar callado ante la recolonización real y la denigración sistemática de las culturas indígenas en Bolivia emprendidas por supremacistas blancos-criollos?

¿De veras es posible que el Papa permanezca callado –su silencio de por sí avala la postura golpista de la Iglesia boliviana− frente a un aberrante proceso de recatolización del país en curso por parte de sectores religiosos fanáticos y ultraviolentos que traicionan el núcleo emancipatorio del cristianismo (bit.ly/2PtpCF9)?

Y, finalmente, ¿cuántos silencios cómplices más harán falta para que se reconozca la verdadera −intrínsecamente conservadora (¡allí está la clave al enigma!)− anatomía de este Papa?

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El Sínodo, iniciado el pasado 6 de octubre, tiene por tema “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”. Foto: ACI Prensa

Los 184 obispos reunidos en el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, convocado por el papa Francisco, prevén aprobar este sábado en Roma un documento final entre cuyos puntos están la introducción del “pecado ecológico” y la posibilidad de ordenar curas casados y contar con mujeres diácono, a lo que se oponen sectores católicos conservadores.

Los “padres sinodales”, entre obispos y cardenales, la mayoría latinoamericanos, en representación de la Iglesia católica de los nueve países de la cuenca amazónica, deberán votar un documento final con casi 200 puntos.

Cada punto será sometido a voto y deberá superar los dos tercios de los 184 votos para ser aprobado.

La lista de los miembros con derecho al voto está compuesta por los 113 obispos procedentes de las diócesis de la región Panamazónica, los 13 jefes de los dicasterios de la Curia romana, los miembros del Consejo presinodal y los miembros nombrados por el papa Francisco.

No tienen derecho al voto los expertos, los auditores y auditoras, los delegados fraternos que representan otras iglesias y confesiones religiosas y los miembros de la comisión para la información.

El papa Francisco tampoco vota, ya que el documento final contiene las propuestas que se le entregan a él.

El documento final -con el resultado de las votaciones- se entrega el sumo pontífice, quien decide si hacerlo público o no. En las recientes asambleas sinodales, Francisco siempre ha hecho público este texto final.

El pecado contra la naturaleza

Después de tres semanas de reuniones a puerta cerrada en el Vaticano, en las que se ha hablado de los grandes males de la Amazonía, los obispos consideran que ha llegado el momento de darle un carácter propio a la Iglesia de esa inmensa región amenazada por incendios, devastación y miseria.

Además de un “rito amazónico” para las comunidades del Amazonas, con más de 400 pueblos indígenas, han propuesto la introducción del “pecado ecológico”.

Con ello se pide impulsar una “conversión ecológica” de los católicos, al considerar como un pecado la destrucción del medio ambiente, ya que consideran que devastar la naturaleza es pecar contra Dios, contra los demás y contra el futuro.

“Los pecados ecológicos son algo nuevo para la Iglesia. Debemos comenzar a confesarlos”, afirmó monseñor Pedro Brito Guimaraes, arzobispo de Palmas (Brasil) ante los religiosos.

Los obispos escucharon el testimonio de indígenas, expertos, misioneros y monjas, quienes denunciaron la destrucción de la selva, y reconocieron su preocupación por la contaminación del agua con mercurio y por la violencia contra las mujeres indígenas.

“La Iglesia se ha puesto en una lucha que no tiene retorno por la defensa de la tierra, del agua y del aire; y a la vanguardia de la defensa del clima”, dijo a la prensa el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea.

Un rito amazónico

Junto al pecado se introduciría el rito amazónico. “No podemos seguir comunicando con esquemas ajenos”, explicó a la prensa el sacerdote mexicano Eleazar López, experto en teología indígena.

La idea de emplear estatuas y símbolos de las poblaciones amazónicas en los ritos litúrgicos ya generó reacciones, sobre todo por parte de los sectores más conservadores.

Varias estatuas sagradas para los indígenas y usados durante algunas celebraciones en el Vaticano fueron robadas la semana pasada de una iglesia y arrojadas al río Tíber, en un gesto de provocación que fue condenado por el papa, quien además pidió perdón.

Todo parece indicar que el papa argentino está de acuerdo con un rito amazónico, ya que al abrir el sínodo al que asisten varios representantes de comunidades indígenas defendió que usen sus trajes tradicionales tanto en las reuniones como en las ceremonias.

“No hay ninguna diferencia entre las plumas en la cabeza de un indígena de la Amazonía y el sombrero que llevan los jerarcas de la Iglesia”, comentó Francisco.

Hombres casados, como sacerdotes

Uno de los temas que generan críticas entre los conservadores y ha sido abordado ampliamente en el sínodo es el de la posibilidad histórica de ordenar como sacerdotes a hombres casados, los llamados “viri probati”, muchos de ellos indígenas, para hacer frente a la escasez de curas.

Se haría con base en dispensas otorgadas por el papa, similares a las dadas a los pastores anglicanos casados que luego se convirtieron al catolicismo, indicó un obispo.

Mujeres diácono

Otro tema que genera controversia es el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia del papel clave que desempeñan las mujeres laicas para difundir la fe católica en la Amazonía.

Parte de los obispos de la región amazónica desean la creación de “ministerios laicos” para las mujeres, o mujeres diácono en la práctica, que viven en la selva debido a la escasez de sacerdotes.

Se trataría de reconocer oficialmente lo que ya sucede en muchas comunidades de la Amazonía.

En una carta dirigida al papa, las 35 mujeres invitadas al sínodo pidieron poder votar el documento final. En caso de autorización, sería un hecho histórico para la Iglesia.

Desde que fue elegido pontífice en el 2013, Francisco se ha propuesto abrir las puertas a las mujeres en la Iglesia, ha designado a algunas en puntos relevantes y les ha dado la palabra en el sínodo, pero sin conceder el voto.

Muchas de las participantes viven en la selva, recorren trochas, bautizan, celebran bodas, escuchan confesiones y conviven con la violencia, el narcotráfico, la prostitución y la explotación de la tierra, tal como han narrado algunas de ellas en Roma y el Vaticano.

El sínodo concluye este domingo con una Santa Misa en la Basílica de San Pedro.

26 octubre 2019  

(Con información de AFP y ACI Prensa)

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Por primera vez en mil años, el Vaticano recomienda sacerdotes casados

El sínodo de obispos católicos reunido en el Vaticano aprobó recomendar al papa Francisco que permita que hombres casados sean ordenados sacerdotes. La medida se limita a las diócesis de la cuenca del Amazonas, pero es la primera vez que se abandona una prohibición de aproximadamente mil años, y nada menos que por el voto de una asamblea de obispos. Si Francisco acepta la recomendación, estas zonas remotas de Sudamérica se transformarían en un laboratorio de ideas que pueden cambiar la estructura de la Iglesia a futuro.

El sínodo de Roma trabajó sobre documentos preparados durante la Asamblea Especial del Sínodo de Obispos de la región Panamazónica, que duró tres semanas. Entre sus recomendaciones más polémicas estuvo la de adaptar ciertos aspectos del rito romano a las creencias e iconografías indígenas, lo que no fue aceptado en el Vaticano. La reunión en Roma también votó en contra de la idea de ordenar mujeres como diáconos. Ordenar mujeres es un paso que tendría repercusiones teológicas profundas.

Pero los reunidos en Roma aceptaron el argumento de que llevar el catolicismo a las selvas profundas requiere flexibilidad. La tarea ya está en buena medida a cargo de diáconos casados, que ahora podrían ordenarse como sacerdotes. Un argumento que resultó convincente fue la fuerte competencia de las iglesias evangélicas carismáticas en la región. Los 181 obispos votaron unánimemente.

El resultado de la reunión de ayer es fruto de una política del papa que recomienda escuchar a los obispos locales en temas antes dirigidos desde Roma. Dos tercios de los prelados de la región defendieron en la Asamblea Especial la ordenación de diáconos casados, citando la dificultad de encontrar sacerdotes dispuestos a servir en lugares tan difíciles y la cantidad de muertes que hubo entre misioneros en los últimos años.

Se espera que Francisco, que ya en 2014 había dicho que estaba dispuesto a discutir el celibato, apruebe antes de fin de año la recomendación del sínodo. De hecho, el papa inauguró el evento pidiendo renovación y diciendo que si todo sigue igual "porque siempre hicimos esto así", el resultado es las vocaciones se apagan "asfixiadas por la ceniza del miedo y la preocupación por defender el status quo".

Los diáconos que se puedan ordenar no serán los únicos en servir en la iglesia católica. Los sacerdotes anglicanos casados que se conviertan al catolicismo ya tienen el permiso de seguir casados y mantener su investidura, como los padres de grupos ortodoxos de Medio Oriente y el Cáucaso que reconocen al papado. 

El límite actual parece ser la ordenación de mujeres. Ayer, el papa mismo tocó el tema al clausurar la reunión de obispos diciendo que "todavía no terminamos de entender el rol de la mujer en la iglesia. Su rol debe estar más allá de toda duda en el futuro". La misma idea fue muy criticada por sectores conservadores enfrentados a estas ideas renovadoras de Francisco.

De hecho, el lunes pasado, apenas inaugurada la reunión, un grupo de vándalos entró en una iglesia cercana a la de San Pedro y robó figuras de fertilidad ahí colocadas por indígenas que participaban del evento. Los ladrones se filmaron tirando las esculturas al Tíber y el video fue viralizado entre católicos conservadores.

 

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