Desregulación, ayudas a multinacionales y récord de milmillonarios: las recetas de Trump para la pandemia

La administración Trump ha centrado los paquetes millonarios de rescate por la covid19 en las multinacionales y ha aprovechado la pandemia para desregular sectores como el energético. Mientras que 45 millones de personas han perdido su empleo en la pandemia, los milmillonarios han incrementado sus fortunas un 20%.

 

Donald Trump declaró el estado de emergencia ante la expansión del coronavirus en Estados Unidos el 13 de marzo. En estos 99 días, el paro (en cifras testimoniales en febrero) ha contagiado a 45 millones de personas y 120.000 estadounidenses han fallecido a causa de la covid-19. Entretanto, los milmillonarios han aumentado su fortuna en 584.000 millones de dólares (un 20% más) mientras que 29 nuevos nombres se han añadido a la lista, que pasa a tener 643 miembros.

Junto a esto, la administración Trump ha aprobado sotto voce reformas legales para desregular sectores como el energético o el industrial o atacar los derechos de los transexuales, y ha aprobado tres paquetes de ayudas dotados con más de dos billones de dólares (prepara un tercero de 3 billones), una cuantía que ha sido orientada hacia las grandes corporaciones en vez de a las familias y las pymes, en virtud de la vieja fórmula de Ronald Reagan: alimentemos las grandes bocas y que los pajarillos se coman las migajas. Varias organizaciones vinculan esta gestión política al hecho de que al menos siete ministerios clave de la administración Trump están en manos de exmiembros o antiguos lobistas de grandes corporaciones, que ahora hacen caja con la crisis.

Así lo denuncia Public Citizen, una organización con sede en Washington que investiga la labor de los lobbies y sus relaciones con el gobierno. El Departamento del Tesoro, clave en la gestión de los paquetes de ayuda por la covid-19, está en manos de Steven Mnuchin, que viene de Goldman Sachs; Comercio lo dirige Wilbur Ross, un banquero millonario con inversiones en las industrias textil, del carbón, el acero o la automoción; al frente de Salud está Diane Foley, exejecutiva de la industria farmacéutica y opuesta al derecho al aborto; el director de la Agencia de Protección Ambiental es Andrew Wheeler, un exlobista del carbón; Interior lo dirige Michaela Noble, exlobista del sector petrolero; Defensa, el general Mark Esper, que lo fue de Raytheon, una de las firmas contratistas de defensa militares más grandes de Estados Unidos; y la Comisión Federal de Comunicaciones la dirige el exabogado de Verizon Ajit Pai, defensor a ultranza de la desregulación.

Prácticamente todos ellos han estado envueltos en polémica en las últimas semanas. El caso más sonado ha rodeado a Mnuchin, al frente del Tesoro. Éste se ha negado ante el Congreso a dar la información de cómo se estaban repartiendo las cuantiosas ayudas públicas fijadas en los paquetes de emergencia de la covid-19. Las dudas se centran especialmente en los 700.000 millones de dólares supuestamente destinados a las pymes y que muchas asociaciones de empresarios dicen que no se están recibiendo. Mnuchin alegó ante el Congreso que no puede dar esa información porque, dijo, es "de los dueños" y "confidencial". Se ha ganado con eso una demanda del Centro para la Integridad Pública, una ONG que investiga "la democracia, los privilegios y el poder", según se autodefinen en su página web.

El gobierno está gastando miles de millones de dólares para afrontar el impacto económico de esta crisis y el público merece saber quiénes se están beneficiando de esas ayudas y quiénes no, puesto que la pandemia amenaza con empeorar la desigualdad de Estados Unidos", explica en un comunicado la directora de esta organización, Susan Smith Richardson, que denuncia que "el programa de cheques de ayuda se previó para ofrecer préstamos cancelables a pymes de menos de 500 empleados, sin embargo, varias compañías grandes, como Shake Shack y Ruth's Chris Steak House, han revelado que han recibido millones de dólares bajo ese programa mientras que numerosas pymes no lo han hecho".

Entretanto, cubriéndose con el espesor de la crisis del coronavirus, la administración Trump ha seguido desmontando la legislación ambiental, que está dejando al país con la estructura normativa que tenía incluso mucho antes de la era Obama. Según la cadena de radios públicas NPR, en las últimas semanas se han eliminado las regulaciones que afectaban a la eficiencia de los combustibles fósiles en coches y camiones, sobre contaminación del aire por la actividad de las centrales de energía y sobre la contaminación de aguas, y se están expandiendo las actividades de fracking en Alaska, todo ello con el visto bueno de la Agencia de Protección Ambiental y otros departamentos vinculados.

En Estados Unidos la Constitución no reconoce la salud como derecho fundamental, de manera que el acceso a la sanidad se realiza de manera general a través del contrato de trabajo, una de cuyas condiciones, además del salario, es el vínculo con una póliza médica privada. Pero con la crisis del coronavirus hay ya 45 millones de parados (y subiendo) en el país, de los que más de 25 millones habrían perdido su cobertura; éstos se suman a los más de 80 millones que o no tenían cobertura o la tenían muy mala. Ante esta situación, frente a la propuesta del senador Bernie Sanders de lanzar un plan de emergencia para implantar una sanidad gratuita y universal mientras dure la pandemia, el gobierno de Trump optó por repartir ayudas millonarias entre los hospitales y el sector de salud privado con el argumento de que es un sector esencial que no puede quebrar.

El resultado ha sido que estas empresas están llenando sus arcas al tiempo que a millones de estadounidenses se les limita el acceso a la salud en una situación crítica como la actual. El grupo United Health, la primera aseguradora médica del país, hizo en abril balance del primer trimestre del año: obtuvo 164 millones de dólares en beneficios, un 3,4% más que en el mismo período de 2019. La compañía admitió que la pandemia de la covid-19 está teniendo un "impacto mínimo" en sus objetivos y, de hecho, afirmó que el grupo "mantiene sus perspectivas de ganancias […] para todo el año en 2020".

En la misma línea, Public Citizen advierte en un comunicado de que "después de recibir un rescate de mil millones de dólares de fondos federales, la Corporación Estadounidense de Hospitales (HCA Healthcare, en inglés) está despidiendo o recortando el sueldo de decenas de miles de médicos y enfermeros mientras que su director general está perdiendo menos del 1 por ciento de su compensación anual". La HCA obtuvo 7.000 millones de dólares en beneficios en los últimos dos años.

No sólo la administración Trump está atacando y desreglando sectores productivos con la excusa o bajo la espesa crisis de la covid-19, también está haciendo lo mismo con la legislación que afecta a asuntos ideológicos. El último zarpazo llegó a finales de la semana pasada, cuando el gobierno liderado por el magnate neoyorkino desmanteló las políticas de Obama que prohibían a las compañías de seguros médicos privadas discriminar a los pacientes transgéneros y a las mujeres que buscaban abortos. Según el medio Político, la Casa Blanca trabajaba con denuedo a finales de abril en esta medida, justo cuando Estados Unidos sumaba cada día 30.000 nuevas infecciones por coronavirus.

En cuanto al nuevo paquete de ayudas, éste fue ya aprobado por la Cámara de los Diputados, de mayoría demócrata, el 15 de mayo, pero el Senado, cámara que controlan los republicanos, aún no han fijado la fecha de su debate y votación. La propuesta aprobada por la cámara baja fijó una dotación inicial de tres billones de dólares, pero los republicanos en el Senado quieren dejarlo en un billón, mientras que Trump apuesta por dos. En cualquier caso, el paquete salió de la Cámara de los Diputados lastrado por el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, Pramila Jayapal, la promotora en esa cámara de el proyecto de sanidad pública gratuita y universal, que Bernie Sanders lidera en el Senado.

Jayapal explicó entonces en un comunicado que ese paquete de ayudas "no proporciona el suficiente alivio económico a las empresas, sobre todo las pymes, ni mantiene a los trabajadores en sus puestos de trabajo ni garantiza las nóminas. No podemos esperar a que la tasa de desempleo suba al 40% o 50%, lo que sucederá si no actuamos con audacia. Este es el nivel más alto de desempleo que hemos visto desde la Gran Depresión".

Además, la congresista denunció que el paquete de ayudas "tampoco garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para todos. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". Si la propuesta ha salido así de una cámara demócrata no parece probable que los republicanos del Senado o la administración Trump vayan a mejorar mucho el enfoque hacia el sentido reclamado por Jayapal y el sector progresista demócrata.

Así que la red de seguridad social de los paquetes de ayudas se ha puesto, pero fundamentalmente por arriba, donde hacen negocio las grandes bocas de Reagan. Según el Instituto de Estudios sobre Políticas, los milmillonarios de Estados Unidos (aquéllos cuyas fortunas superan los mil millones de dólares) han incrementado su riqueza un 20% desde que empezó la pandemia; esto es, han acumulado 584.000 millones de dólares más. Ajenos a cualquier crisis, desde el 18 de marzo se han añadido a la lista de milmillonarios 29 nombres nuevos y ya componen ese club 643 nombres. Sus fortunas acumulan un total de 3,5 billones de dólares, es decir, siete veces el presupuesto de gasto de España de 2019.

Washington

22/06/2020 07:45 Actualizado: 22/06/2020 09:07

Por Manuel Ruiz Rico

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El impuesto a los ricos como sentido común

Un fantasma recorre América Latina en forma de nuevo sentido común de época: los superricos deben aportar una parte de sus colosales recursos para afrontar la crítica situación económica y social que vivimos. Se trata de un consenso emergente nacido en medio de esta pandemia y que ha tomado forma de iniciativa tributaria en muchos países. Con gran variedad de términos y con especificidades legales propias de cada país, esta propuesta de política pública cuenta hoy en día con gran aceptación en la región.

En Chile, el impuesto a los más altos patrimonios es una iniciativa del Partido Comunista, y ya ha sido aprobada en el Congreso; en Argentina, se viene discutiendo desde hace semanas la propuesta del Frente de Todos del impuesto a las grandes fortunas, y está a las puertas de entrar a debate en la Cámara legislativa; en México, el subsecretario de América Latina ha propuesto públicamente una contribución extraordinaria que afectaría a los grandes patrimonios; también ha aparecido en Brasil como iniciativa en el Senado por parte del Partido de los Trabajadores; en Perú, se ha presentado como proyecto de ley en el Congreso; en Bolivia, lo ha expuesto el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce.

Lo interesante de este fenómeno regional es que no está disociado de lo que piensa la gente. Es decir, no son propuestas legislativas sin base ciudadana. Y es por ello que tienen mayor fuerza y posibilidades para que sean plenamente implementadas.

Si observamos las tres últimas encuestas realizadas por el Celag en los pasados dos meses, en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: 1) en Argentina, 78 por ciento estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; 2) en Chile, este valor es de 72 por ciento; 3) en México, de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública. Y seguramente esto responde no sólo a un criterio de justicia sino también de eficiencia. Recuperar la economía también se logra gracias a este tipo de medidas que permiten poner a circular recursos ociosos, que en la mayoría de los casos no son utilizados para el buen desempeño económico, social y productivo de un país.

El impuesto a los superricos no es un hecho aislado en este nuevo tiempo. La explicación está en sintonía con la mayor demanda de más Estado en medio de esta pandemia. Según datos de las encuestas del Celag, en Argentina 90 por ciento cree que el Estado debe intervenir y estar presente en la economía; en Chile, 68 por ciento, y en México, 60 por ciento.

Como casi siempre ocurre en la Historia, cada idea o propuesta es fruto de sus circunstancias. Como ocurrió luego de la gran crisis de 1929 con la subida de los tipos impositivos marginales para las rentas más altas (tal como lo describe Piketty en Ideología y capital), ahora sucede algo similar: lo que hasta hace poco era una idea minoritaria, ahora se transforma en idea mayoritaria.

*Por Alfredo Serrano Mancill, doctor en economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

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Un mundo acelerado ¿Bipolaridad o nueva Guerra Fría?

Más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Puede que estemos asistiendo a los inicios de un «bipolarismo entrópico» entre Estados Unidos y China. De esta relación depende parte del futuro global. Y América Latina no es la excepción en ese proceso.

 

Los principales expertos en relaciones internacionales parecen haber llegado a un consenso: más que cambiar el mundo, la pandemia de covid-19 acelerará tendencias preexistentes en el plano global. Los desacuerdos están en la intensidad, la velocidad y el alcance que puedan adquirir esas tendencias, así como también en la posibilidad de controlarlas en mayor o menor medida.

Para dar respuesta a estos interrogantes es preciso comprender dos características centrales del orden internacional actual, cuya configuración es previa a la pandemia, pero que con la emergencia del covid-19 quedaron evidencia e incluso tomaron mayor fuerza. Estas dos características están íntimamente vinculadas con dos procesos simultáneos de transformación en el poder global que tienen lugar en el siglo XXI y fueron oportunamente identificados por el académico estadounidense Joseph Nye en su libro The future of power publicado en 2011. La primera de las características se vincula con el carácter entrópico (desordenado) del mundo actual, naturalmente asociado al proceso de «difusión del poder», en tanto que la segunda se refiere a la bipolaridad emergente entre Estados Unidos y China, vinculada con el proceso de «transición del poder».

A la hora de describir la agenda y la distribución del poder en la política internacional, Nye recurre a una analogía muy gráfica y sugiere pensar en un ajedrez tridimensional, en el que es posible jugar tanto horizontal como verticalmente, con un tablero militar, otro económico y, por último, uno transnacional. Es justamente en el tablero transnacional donde el poder se vuelve difuso, la agenda se torna difícil de aprehender para cualquier actor y los Estados tienen poco o casi nulo control sobre las dinámicas que se generan. En este tablero se incluyen aquellas amenazas que trascienden la lógica estatal tradicional, tales como el crimen organizado, el terrorismo y los desafíos a la seguridad cibernética, entre otras. Al mismo tiempo se agregan nuevas amenazas como el cambio climático y las pandemias. La ampliación de este tablero y sus dinámicas puso claramente de manifiesto el carácter entrópico del mundo actual y mostró su peor rostro en 2020 mediante la rápida propagación por todo el globo del covid-19.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) con sede en Basilea, advirtió a inicios de este año que los gobiernos, empresas, bancos, fondos de inversión y aseguradoras debían prepararse para afrontar la emergencia de los denominados «cisnes verdes», entendiendo a estos como eventos disruptivos vinculados a desequilibrios medioambientales, sociodemográficos y de salud ambiental, entre otros aspectos. En estos días, el BIS incluyó al covid-19 en la categoría de «cisne verde». El avistamiento de esta nueva especie promete ser más frecuente e impone nuevos desafíos para el mundo.

Tal como se destacó, el carácter entrópico resultante del proceso de difusión del poder no es la única característica relevante a considerar en el orden internacional actual: también es necesario prestar atención a la bipolaridad emergente. El vertiginoso ascenso de China en el escenario internacional y la identificación en el interior de Estados Unidos de que tal fenómeno representa una clara amenaza a su primacía global, colocan la co-evolución del vínculo entre Washington y Beijing en el centro de la escena de la política internacional. Esto fue así antes del covid-19, lo está siendo durante y lo será también en la pospandemia.

Además de su poderío económico y militar, ambos países son los únicos en el planeta que comparten simultáneamente la disputa por el liderazgo de la denominada Cuarta Revolución Industrial, también llamada «industria 4.0» (5G, inteligencia artificial, internet cuántica, automatización, etc). Asimismo, son los únicos actores en todo el globo que cuentan con recursos suficientes y capacidad para ofrecer bienes públicos globales e impulsar proyectos de alcance planetario (atlantismo versus Ruta de la Seda).

Tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, estamos presenciando una nueva bipolaridad pero no una nueva Guerra Fría. La disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue una manifestación de un particular orden bipolar, más no el único posible. Son múltiples las diferencias entre aquel período y el actual, siendo una de las más importantes el alto grado interdependencia alcanzada. La relación entre Estados Unidos y China es probablemente hoy el vínculo bilateral más imbricado del mundo. Intentar hacer una cirugía allí -como pretende Trump- es algo sumamente difícil y complejo, además de altamente riesgoso. En 1945, lo único que unía a Estados Unidos y la Unión Soviética era el espanto del nazismo. Desaparecida esta amenaza, la Cortina de Hierro no fue inicialmente traumática ni costosa.

Otra gran diferencia radica en el hecho de que el mundo bipolar propio de la Guerra Fría estaba signado por un alto grado de certidumbre y, en consecuencia, por una menor complejidad, tanto en lo que refiere a las agendas como a los actores y sus dinámicas. Ya en las décadas de 1950 y 1960 las dos potencias tenían un control relativo sobre las dimensiones externas, en tanto que las esferas de influencia de cada actor estaban perfectamente delimitadas. Poco quedaba fuera de ellas.

Bipolarismo entrópico

El mundo de hoy es diferente. La crisis del covid-19 deja en evidencia un mundo desordenado y caótico, en el que la yuxtaposición de actores, agendas y dinámicas reflejan un inaudito grado de incertidumbre. Por otro lado, es posible identificar dos polos de poder estatal bien definidos, de cuya dinámica de cooperación o conflicto dependerá el manejo y el nivel de control de las tendencias globales disruptivas que emergen con cada vez mayor frecuencia. La combinación de ambas características nos permite advertir la configuración de un orden internacional signado por un «bipolarismo entrópico». A diferencia de la Guerra Fría, muchos aspectos de la compleja dinámica internacional actual desbordan a las potencias. Están lejos de tener el control sobre todo su entorno. Pero incluso en un mundo entrópico, existen dos actores estatales que tienen cada vez mayor influencia para cambiar resultados, modificar acciones y moldear las preferencias de otros actores.

Richard Haass advierte correctamente que buena parte de los mayores desafíos y amenazas que enfrenta el mundo en general y Estados Unidos en particular, son de carácter transnacional y van más allá de China y de la lógica estatal. Ahora bien, también es cierto que ninguna de las nuevas amenazas de un mundo entrópico pueden ser manejadas y controladas de manera efectiva sin el concurso de ambos poderes.

La cuestión del cambio climático constituye un claro ejemplo en este sentido. La falta de acuerdo entre las dos grandes potencias ha impedido el logro de cualquier avance sustantivo. En el futuro inmediato parece utópico pensar en un verdadero acuerdo político global sin el entendimiento de los dos grandes emisores de CO2. El tablero estatal está profundamente entrelazado con el transnacional. En otro plano, pero con la misma lógica, es posible apreciar la forma en la que esto se ha vuelto muy claro para las empresas multinacionales, que han comenzado a moverse cada vez más al ritmo de la geopolítica global. La relocalización productiva y la reorganización de las nuevas cadenas globales de valor ya no se enfocan solo en el tradicional análisis de costos laborales, logísticos y transaccionales, sino que también incluyen en la ecuación a los costos y riesgos derivados del entorno político. Los deseos de Washington y Beijing, así como los niveles de tensión bilateral, están en cualquier plan de negocios de toda firma multinacional.

En otras palabras, el proceso de difusión del poder y el desorden remiten a la mayor complejidad de las agendas, mientras que el proceso de transición del poder y la configuración de una dinámica bipolar remiten a los desafíos para gestionar las diferentes agendas. Es aquí en donde la relación bilateral entre Estados Unidos y China se torna clave y central para la evolución del orden internacional en un ambiente claramente entrópico.

Probablemente, uno de los principales desafíos inmediatos que enfrentará el mundo en la pospandemia sea el de evitar caer en la «trampa de Kindleberger». Charles Kindleberger, uno de los arquitectos intelectuales del Plan Marshall, sostuvo que la década desastrosa de 1930 se originó cuando Estados Unidos sustituyó al Reino Unido como la mayor potencia global pero no pudo asumir el rol del Reino Unido como proveedor de bienes públicos globales (liderazgo). Hoy, en un contexto global en crisis, no alcanza con que una potencia cumpla ese rol. Eso no es suficiente.

En los tiempos que corren, la relación sino-estadounidense es indispensable para gestionar y controlar la intensidad, la velocidad y el alcance del proceso de aceleración de los riesgos y desequilibrios globales. Estos desequilibrios pueden, de hecho, afectar seriamente a América Latina. La actual pandemia parece ser un primer gran test para un orden internacional impregnado por un «bipolarismo entrópico». Todavía no está claro que sucederá.

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Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico

Las expectativas de una salida rápida del poder de Nicolás Maduro difundidas por la oposición se desvanecieron una vez más en Venezuela luego del «efecto Guaidó». Hoy el país asiste a una combinación de militarización autoritaria con un pragmatismo económico que llevó a una dolarización de hecho de la economía, que al tiempo que hizo «aparecer» nuevamente los productos en las tiendas y permitió reducir las tensiones sociales, es una nueva fuente de desigualdades. Entretanto, el coronavirus puede ser un factor de endurecimiento de los mecanismos de control social.

 

La oposición venezolana dio como un hecho que la debacle económica y la crisis humanitaria llevarían a masivas protestas de calle, las cuales, junto con la proclamación del líder opositor Juan Guaidó como «presidente encargado» y, más recientemente, con las sanciones y el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, posibilitarían un cambio político. Pero esto no solo no ha ocurrido, sino que la oposición se encuentra debilitada, mientras el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir adaptándose a una de las peores crisis de la historia venezolana mediante la «liberalización» de la economía y el fortalecimiento de la represión y la militarización, ahora en el marco de la pandemia.

Crisis multidimensional, cambios económicos e incertidumbre política

El escenario venezolano de 2020 es sumamente complejo y cambiante. Se caracteriza por una gran incertidumbre, en el marco de la cual la crisis multidimensional de carácter económico, político, social y humanitario ha venido agravándose desde la llegada de Maduro al poder en 2013. A ello se suma la aplicación de sanciones económicas por parte de EEUU. Para enfrentar tal crisis, el gobierno ha desplegado desde fines de 2019 un nuevo discurso y ha implementado prácticas económicas que algunos economistas identifican como un «giro neoliberal». Su rasgo más significativo, pero no el único, es la acentuación de la dolarización, que venía dándose en la práctica, aunque en menor escala y de manera informal.

La nueva narrativa y el laissez faire económico de facto se apartaron más del proyecto discursivo de Hugo Chávez. Aunque estos no se plasmaron formalmente en una reforma económica, la dolarización, junto con la desregulación de los precios y la apertura hacia el sector privado, constituyó una válvula de escape que respondió a una estrategia de supervivencia política dirigida a ganar tiempo para desactivar las tensiones y aliviar la presión social, de forma de ejercer el control político y mantener el poder. «Gracias a Dios que existe la dolarización», llegó a decir el presidente, que la consideró una «bendición». No obstante, las recientes protestas e intentos de saqueo resultantes de una cada vez más crítica escasez de alimentos a raíz de la pandemia de covid-19 llevaron nuevamente al gobierno a tratar de regular los precios, esta vez en dólares, de los productos de la canasta básica y otros rubros.

En contra de la expectativa de la oposición, que consideraba estas transformaciones económicas atadas al cambio político, el escenario de este año no ha variado; por el contrario, la tendencia hacia el autoritarismo y el control militar se han acentuado. Dada la fragilidad económica y política del régimen, una estrategia para mantenerse en el poder ha sido establecer alianzas con el sector económico y el militar. Para sobrevivir a la crisis y al bloqueo económico, se «dejó hacer» en la economía, y para mantener el poder, se reprimió con más fuerza a los disidentes en un intento por desactivar los liderazgos políticos y las redes de influencia. Por otro lado, en contraste con la unidad de la oposición alrededor de Guaidó del primer semestre de 2019, en 2020 esta se encuentra más debilitada, dividida, desmovilizada y centrada en la búsqueda de soluciones individuales.

A partir de enero de 2019, la prensa internacional, EEUU, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, entre otras instancias, dieron visibilidad a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela a raíz del desconocimiento del segundo periodo presidencial de Maduro y del reconocimiento de Guaidó por más de medio centenar de países. Si bien a comienzos de 2020 otros conflictos regionales e internacionales desplazaron en importancia al caso venezolano, en plena crisis del covid-19 Venezuela volvió al primer plano debido al recrudecimiento de la crisis humanitaria, al embargo petrolero, al endurecimiento del bloqueo económico y, sobre todo, a estar en el medio de la disputa geopolítica entre EEUU y Rusia. Algunos analistas internacionales destacan que tal interés proviene del hecho de que Venezuela es considerada una amenaza a la paz y seguridad de la región y de algunos países del hemisferio occidental.

Mientras que los esfuerzos de los diferentes países y bloques que han reconocido a Guaidó y concuerdan en la necesidad de «una salida democrática, pacífica y electoral» para Venezuela no han rendido su fruto hasta el momento, la estrategia del gobierno de implementar algunos de los cambios económicos largamente demandados por la oposición, junto con la agudización de la represión y el control militar, parecen haberle servido para mantenerse en el poder. Se trata, sin embargo, de un equilibrio precario, pues los cambios económicos no han permitido superar la grave crisis humanitaria, que la comunidad internacional ha calificado de «emergencia humanitaria compleja»; además, hasta el momento, poco han beneficiado a los sectores populares, los más afectados por la crisis, quienes continúan dependiendo del sistema clientelar de bonos y bolsas de alimentación que el gobierno viene implementando desde hace años. Adicionalmente, estos cambios están contribuyendo a profundizar las diferencias sociales entre quienes pueden participar de una economía dolarizada y quienes no, al mismo tiempo que sirven para afianzar las lealtades de los sectores populares hacia al gobierno a través del control «biopolítico».

Pragmatismo económico: causas e impactos del giro ¿neoliberal?

Han pasado más de 20 años desde el arribo al poder de Chávez, quien propuso el proyecto bolivariano y, años más tarde, el denominado «socialismo del siglo xxi», con el fin de sustituir al modelo económico neoliberal. Sin embargo, ambos se han ido desdibujando debido a la inviabilidad del modelo económico rentista petrolero subyacente. A ello debe agregarse, según la oposición, la incapacidad gubernamental para reorientar la economía, el elevado gasto público y la corrupción y, según el gobierno, la «guerra económica» de EEUU y la caída de los precios del petróleo, los cuales recientemente se han desplomado aún más por la pandemia de covid-19. La crisis económica ha profundizado la crisis humanitaria a punto tal que el gobierno no es capaz de cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios básicos de una gran parte de la población.

El colapso de la actividad petrolera y la fuerte contracción de la industria manufacturera, de construcción y del sector privado han llevado a una gran fragilidad externa y a la caída brusca del pib: según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se contrajo 35% en 2019 y se contraerá 15% en 2020; otras fuentes, como Asdrúbal Oliveros, de la consultora y firma de investigación Ecoanalítica, pronostican 25% si se incluye el impacto del coronavirus. De acuerdo con Petróleos de Venezuela (PDVSA), la actividad petrolera experimentó un repunte el último trimestre de 2019, con un total de producción de 907.000 barriles diarios. Sin embargo, ello representa una disminución de 40% con respecto a la producción del año anterior; además, este crecimiento no se sostuvo en el primer trimestre del año 2020 pues la producción petrolera disminuyó a unos 700.000 barriles diarios en febrero. Los economistas y expertos petroleros estiman que el impacto del coronavirus, junto con las estrictas sanciones para exportar el petróleo, podría reducir la producción aún más debido a las severas limitaciones que existen en Venezuela para el almacenamiento del crudo. No solo han mermado los ingresos petroleros sino que también se han reducido, como resultado de la pandemia, los ingresos no petroleros formales e informales, así como los provenientes de remesas y minería.

En el contexto de la reducción de los precios internacionales del petróleo resultante de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, que ha afectado más a Venezuela que a otros países debido a las sanciones y al bloqueo económico, el 19 de febrero de este año Maduro decretó la «emergencia energética», a los fines de «adoptar las medidas urgentes y necesarias para garantizar la seguridad energética y proteger a la industria de la agresión imperialista»1.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de diversificar el aparato productivo, la estrategia del gobierno ha sido diversificar el extractivismo acelerando el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una extensión de 111.842 kilómetros cuadrados, lo que representa un poco más de 12% del territorio nacional. El AMO se ubica en una zona de gran diversidad biológica y cultural, rica en minerales como oro, diamantes y coltán, entre otros; se estima que participan unas 150 empresas provenientes de 35 países en su desarrollo. Dado que su explotación es relativamente reciente, del año 2017, y que no existen datos oficiales, se desconocen los niveles de producción y su aporte al PIB. Según algunos investigadores, gran parte de la regulación legal que rige la explotación minera en esta zona es violatoria de la Constitución, lo que facilita «una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales»2. Entre las consecuencias del desarrollo del AMO se encuentran el reforzamiento del papel de las transnacionales y el control por parte de los militares sobre las áreas mineras, aunque esto no ha impedido la acción de «grupos irregulares».

La inflación, que a fines del año anterior mostraba una tendencia descendente, sigue ahora un rumbo incierto. En ausencia de datos fidedignos del Banco Central de Venezuela (BCV) para este año, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional estimó que la inflación acumulada en los primeros tres meses fue de 145,3%. A pesar de haberse cuasi estabilizado el valor del dólar con respecto al bolívar a comienzos del año, desde que el país entró en la cuarentena ordenada por Maduro a mediados de marzo se observa un aumento vertiginoso del valor de la moneda estadounidense, que de unos 74.000 bolívares por dólar pasó a 176.000 bolívares para el 29 de abril, según el BCV, lo que supone una variación de 237% en un mes y medio.

Frente al recrudecimiento de la crisis económica, en noviembre de 2019 el presidente Maduro aceptó públicamente la dolarización que ya se venía dando informalmente, señalando que «ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía». A raíz de estas declaraciones, se comenzaron a aplicar nuevas reglas de juego caracterizadas por el pragmatismo y la adaptación a la crisis. A la flexibilización cambiaria de facto, pues la legislación que la regula aún no se ha completado, se sumaron medidas como la eliminación de aranceles, la apertura hacia el sector privado, la eliminación de los controles de los precios de los productos y la comercialización del oro y del petróleo no solo por vías formales, sino también informales. Ecoanalítica ha señalado que, a fines de 2019, las transacciones en dólares se estimaban en 53%, y la encuestadora Datanálisis indicó que para 2020 estas podrían ascender a 70%, aunque es probable que esas cifras se reduzcan como consecuencia de la pandemia de covid-19.

Dado el éxodo de casi cinco millones de venezolanos en los últimos años ‒cerca de 20% de la población‒, las remesas en dólares han sido importantes para la precaria economía, aunque se espera que se reduzcan como resultado de la pandemia. Si bien una parte de la población pobre también tiene acceso a divisas como pago por los servicios que presta, la dolarización ha visibilizado aún más las diferencias sociales según la cuantía de divisas que cada grupo social maneja. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, ha identificado tres grupos que se distinguen por su acceso diferencial a los dólares: 15% de la población que maneja divisas en cantidades mayores a 400 dólares mensuales, 35% que maneja dólares en menor cantidad como resultado de la dolarización de sus servicios, empleos u oficios, y 50% en situación precaria, que no tiene acceso al dólar3.

El nuevo régimen cambiario, junto con la liberación de los precios, estimuló el aumento de los precios de los productos no subsidiados, lo que creó mayor desigualdad en el acceso a alimentos, bienes y servicios entre los diferentes grupos sociales de la población. Quienes tienen suficientes dólares pueden acceder a los bienes de consumo no subsidiados por el gobierno, los cuales son escasos e incluyen artículos suntuarios y productos importados en establecimientos denominados «bodegones», donde se paga en divisas. También, los sectores de clase media y alta que poseen suficientes dólares pueden con mayor frecuencia paliar la escasez de algunos servicios básicos como el agua o las comunicaciones, entre otros, por vías alternas privatizadas. Además, perdura una injusta e histórica distribución de las redes de los servicios básicos que resulta del hecho de que algunas zonas pobres no están conectadas o están conectadas deficientemente a tales redes; por esta razón, la escasez de agua, luz y gas es mayor en los sectores populares. Por otro lado, dada la mayor visibilidad e impacto político de las protestas en la capital del país, el gobierno la ha privilegiado en el otorgamiento de los servicios básicos, en detrimento del interior del país.

En contraste con la minoría altamente dolarizada, quienes sobreviven con un salario básico tienen una capacidad de compra severamente menguada, aunque reciban bonos especiales del gobierno y productos subsidiados. Al referirse a estos sectores, Maduro señaló en una entrevista televisiva que a ellos «los salva la patria» mediante los bonos y las bolsas de alimentación (CLAP)4.

La flexibilización cambiaria ha reducido en el corto plazo las tensiones y la presión social vinculadas a la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes y ha contribuido al «apaciguamiento», sobre todo de los grupos sociales que tienen acceso a la economía dolarizada. En el caso de los sectores populares, ha contribuido al perfeccionamiento del control biopolítico, pues las necesarias divisas le sirven al gobierno para seguir alimentando, y también controlando políticamente, a una población cada vez más vulnerable mediante las prebendas de supervivencia ya mencionadas.

Por otra parte, tal como se deriva de la experiencia en otros países e incluso del propio caso venezolano, las sanciones económicas han agudizado la crisis, han llevado a los sectores pobres a una mayor dependencia del gobierno y podrían contribuir a afianzar la lealtad política progobierno de estos sectores y desmovilizarlos. Adicionalmente, proporcionan una excusa al gobierno para no asumir su responsabilidad en la crisis y, como veremos más adelante, no han producido los cambios políticos ansiados por la oposición.

Incertidumbre política: ¿«transición» o permanencia?

La propuesta para una «transición política» de Guaidó al proclamarse como presidente «encargado» contenía tres condiciones básicas: «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Esta propuesta reavivó las esperanzas de la oposición por un cambio político. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron, por lo que al iniciarse esta nueva década se produjo un declive significativo del liderazgo político de Guaidó. Además, no se logró repetir las multitudinarias movilizaciones opositoras del primer semestre del año pasado, sea por el riesgo de la creciente represión policial, porque la oposición se ha debilitado y dividido, por el cansancio de no obtener los resultados esperados o porque el foco de la mayor parte de la población está puesto en la supervivencia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) destacó que para febrero de este año las protestas habían descendido 51% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Otro rasgo que viene agudizándose desde el segundo semestre de 2019 y que caracteriza el año 2020 es la fragmentación interna de los liderazgos políticos tanto de Guaidó como de Maduro, así como también el aumento significativo de un grupo que no se identifica ni con el chavismo ni con la oposición. Los resultados de las entrevistas a hogares realizadas por la empresa de estudio Delphos entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2019 a escala nacional indican que tanto el apoyo al liderazgo político a Guaidó como el apoyo a Maduro han bajado en cada bloque: entre el 40% que se identifica como oposición, solo 24% apoya el liderazgo de Guaidó, y del 23% que se identifica con el chavismo, solo 14% apoya a Maduro5. Existe un tercer grupo de más de un tercio de la población entrevistada (36,3%) que no apoya ni al gobierno ni a la oposición, aunque esto no significa que no asuman una posición política en caso de darse elecciones.

Otra característica a destacar es la acentuación del centralismo y las instituciones paralelas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promovió el gobierno en 2017 tenía la función de redactar una nueva Constitución. No obstante, en los hechos utilizó sus facultades plenipotenciarias para asumir las funciones de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, dado que esta fue declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen. La ANC, que fue tildada de inconstitucional por la oposición, sigue vigente a pesar de que ya se cumplió el periodo asignado de dos años.

La reacción del gobierno frente a la Asamblea Nacional, que continuó sesionando y confrontando al gobierno a pesar de su desconocimiento por parte de Maduro, ha sido la represión y persecución de los diputados más influyentes, muchos de los cuales están presos o han huido del país; más recientemente, la represión se ha dirigido contra el entorno de Guaidó. Más aún, en enero de este año, fecha en que la Asamblea Nacional debía renovar su directiva, el gobierno promovió la división de los diputados opositores, lo que resultó en la elección de una directiva paralela que en la actualidad trata de competir y de restarle legitimidad a la directiva elegida por el grupo mayoritario de diputados de la oposición, que reeligió a Guaidó como presidente de la Asamblea. De esta forma, en 2020 en Venezuela se da la sorprendente situación de contar con dos presidentes del país, con dos parlamentos y con una ANC que supuestamente está por encima de todos los poderes públicos.

La creación de instituciones paralelas no es una práctica exclusiva de la oposición, sino que el propio régimen también la está utilizado para afianzarse en el poder. En ese proceso, el gobierno ha venido vulnerando la institucionalidad vigente para crear una nueva legitimidad que le sea favorable y le permita desactivar los últimos baluartes de poder en manos de la oposición.

Militarización y milicias

Otra tendencia del escenario político 2020 es la creciente subordinación de los criterios técnicos a los de seguridad y control por parte del Estado. Ello ha resultado en la creciente importancia de los militares, a los que se sigue transfiriendo tanto poder político, mediante el nombramiento de uniformados para los cargos de más alta jerarquía, como poder económico, a través de la gestión y el control de las actividades económicas más importantes, como la petrolera estatal, PDVSA, y el AMO. A fines de 2017, Maduro sustituyó a los gerentes técnicos civiles por militares y nombró a un general de la Fuerza Armada Bolivariana como ministro del Petróleo y presidente de PDVSA. Su gestión, que continuó hasta fines de abril de este año, ha sido evaluada negativamente por expertos petroleros, quienes aducen que su falta de experiencia llevó a cometer errores graves en las distintas fases del proceso de producción. La razón de los nombramientos militares, tal como lo expresó Maduro en la ANC en mayo de 2018, fue la construcción de «una PDVSA socialista» y el hecho de que, según él, los militares son «menos corruptos». No obstante, la razón implícita fue otorgar poder económico a los militares con el fin de ganar su confianza y apoyo para mantener el control político. No obstante, frente a la crisis de la falta de gasolina, el 27 de abril de este año, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA (pues compartía ambos cargos) fue sustituido por dos civiles. Uno de ellos es el vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, quien fue nombrado ministro de Petróleo aunque tampoco es un experto en el área.

Maduro ha señalado reiteradamente que su gobierno se sustenta en la unión cívico-militar, cuya expresión es la Milicia Nacional Bolivariana, compuesta por voluntarios civiles en reserva, ex-militares y oficiales, y cuya misión es la «defensa de la patria». La milicia fue creada por el presidente Chávez en 2005; sin embargo, no fue hasta el 4 de febrero de este año cuando se hizo efectiva la Ley Constitucional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), que la incorporó como el quinto componente de ese cuerpo. Aunque las cifras no son muy confiables ni precisas, para este año el ministro de la Defensa estimó el número de milicianos en 2.300.000 y Maduro, en 3.700.000. Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, ha tildado a la Milicia como «la más poderosa arma política partidista» y destaca que, en vez de fortalecer a la Fuerza Armada Nacional, va a destruirla debido a la tendencia a sustituir a los soldados profesionales por milicianos6. La Milicia es la componente de la FANB con el mayor número de miembros, por lo que podría servir como contrapeso a las fuerzas armadas profesionalizadas en caso de que estas dejaran de apoyarlo; de nuevo, la lógica del régimen se despliega para mantener el poder «a toda costa».

Coronavirus

A todo esto se le suma la pandemia de covid-19. La grave crisis humanitaria, el precario sistema de salud, las críticas deficiencias de los servicios básicos de luz, agua y gas entre otros, la falta de recursos económicos y, sobre todo, la incapacidad del gobierno para hacer frente a los problemas anteriores hacen que el país sea especialmente vulnerable a la pandemia según los organismos internacionales La temprana cuarentena instalada en Venezuela puede considerarse un acierto del gobierno y, hasta el momento, parece estarse cumpliendo el objetivo pues las cifras de infectados son las más bajas de la región, si nos guiamos por las cifras oficiales. La información sobre el tema está sumamente controlada por el gobierno, que ha sancionado a aquellos periodistas y trabajadores de la salud que se salgan del reporte «oficial» diario sobre el número de contagiados, enfermos y fallecidos. Sin embargo, la cuarentena que se inició el 16 de marzo no ha resuelto el dilema que se le presenta a la población pobre, que no dispone de un empleo en el sector formal de la economía: ¿cómo resolver sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación? Por otro lado, el gobierno ha implementado la medida de que toda persona que salga a la calle para actividades «necesarias» debe llevar mascarilla pero no las ha provisto, destacando que pueden elaborarse artesanalmente. Tampoco ha dicho nada sobre la grave deficiencia de agua, a pesar de que representa uno de los mayores obstáculos para seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Algunos de los grupos más afectados por la falta de alimentos o por las carencias de luz, agua, gas y, recientemente, gasolina están saliendo a protestar, y en general son reprimidos por la Guardia Nacional que ha tomado las calles. El manejo del coronavirus se ha tornado autoritario y la pandemia ha servido para ejercer aún más control sobre la vida de los ciudadanos a través de los distintos cuerpos de seguridad del Estado.

Consideraciones finales

Los cambios económicos se dirigieron a incorporar algunas de las demandas de los grupos económicos con mayor poder y de una parte de la oposición más beligerante que se encarna en la clase media con mayor acceso a la economía dolarizada; su objetivo último fue desactivar las tensiones y evitar el cambio político deseado por la oposición. Paradójicamente, el cambio económico que la oposición vio como prerrequisito para un cambio político fue interpretado por el gobierno como una condición para lograr evitar este último. De esta forma, los cambios en la economía han tenido efectos divergentes para el gobierno y para la oposición: tal como esperaba el gobierno, han contribuido a bajar la presión social de un grupo importante de opositores y, por tanto, a ganar tiempo en el poder, pero no han logrado concretarse en el cambio político visionado por la oposición, la «salida» de Maduro.

A pesar de la creciente pérdida de apoyo popular, el gobierno se mantiene gracias al apoyo militar, pues ha logrado transformar la relación cívico-militar concebida por Chávez en una relación en la que los civiles están subordinados a los militares, quienes ejercen el control político y constituyen el principal sustento del régimen. Por ello, los analistas señalan que cualquier cambio político debería pasar por un acuerdo con los militares, más que por sanciones económicas o de otra índole.

Pero, en primer lugar, cualquier cambio político debe pasar por acuerdos entre la oposición y el gobierno, para lo cual es preciso definir quiénes son los interlocutores válidos de la oposición, dada su diversidad. No existen instancias articuladoras debido a la fragmentación de la oposición tras la crisis de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y al virtual fracaso de esfuerzos más recientes, como los del Frente Amplio (FA), que pretendía articular a los partidos políticos opositores y a la sociedad civil, y las Mesas de Diálogo Nacional de 2019. Por otro lado, Guaidó y su gabinete paralelo no representan en estos momentos a todos los sectores de la oposición.

En mayo de 2019, Noruega reinició esfuerzos exploratorios para entablar una posible mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Si bien estos esfuerzos abrieron un espacio para encontrarse, hasta el momento no han tenido mayores resultados. La rigidez de la propuesta de una parte importante de la oposición, que sigue requiriendo, como condición sine qua non para negociar, la salida del poder de Maduro, junto con la acusación de que el diálogo forma parte de una manipulación del gobierno para ganar tiempo, contribuyó a que las iniciativas en marcha no avanzaran de manera significativa. También en esas fechas, la UE auspició el grupo de contacto internacional que viajó a Caracas para reunirse con todos «los actores nacionales relevantes» para evaluar la posibilidad de una «ruta electoral» negociada, enfatizando su compromiso político con una solución democrática a la actual crisis. Esta última propuesta fue apoyada por el Grupo de Lima, constituido originalmente en 2017 por representantes de 14 países con el objetivo de encontrar una salida pacífica a la crisis venezolana. La más reciente propuesta formulada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha sido el «Marco para la Transición Democrática y Pacífica en Venezuela», en el que se propone una transición política con un consejo de Estado que no incluiría ni a Maduro ni a Guaidó y que tendría como tarea convocar a elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de un año. A diferencia de las anteriores, esta última propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno.

A pesar de que los esfuerzos anteriores no han logrado avanzar o avanzan muy lentamente, se han abierto nuevas vías de encuentro, tanto en el terreno político como en la sociedad civil. En enero y febrero de este año, se reunieron diputados de distintas tendencias políticas con el fin de elegir la lista para el Comité de Postulaciones y poder elegir al Consejo Nacional Electoral con miras a las elecciones legislativas que deberían llevarse a cabo este año. Desafortunadamente, este complejo proceso de acuerdos se paralizó al iniciarse la cuarentena por el coronavirus. En esta misma dirección, diversos actores políticos y sociales nacionales, entre los que se incluyen políticos, ONG y personalidades de la sociedad civil con diferentes tendencias ideológicas, se han agrupado en los últimos meses alrededor del «Diálogo Social» y, junto con la comunidad internacional, convergen en la necesidad de una especie de tregua a corto plazo para llegar a acuerdos que se estiman urgentes para enfrentar la crisis humanitaria; también coinciden en la necesidad de una salida electoral en el mediano y largo plazo.

La incertidumbre acerca de la duración y los efectos económicos y políticos de la pandemia hace difícil visualizar el futuro de estos últimos esfuerzos en el corto plazo. Además, la respuesta del gobierno podría depender del éxito o no que tenga en resolver la emergencia sanitaria, reactivar el aparato productivo y satisfacer necesidades básicas de la población, en una situación de grave crisis en la que los bonos y otros beneficios que otorga no son suficientes. (Uno de los desafíos será contener las protestas sociales que ya han comenzado a producirse debido a las dificultades para satisfacer las necesidades básicas). Un último interrogante que dejamos abierto es si tanto el gobierno como la oposición, que hasta el momento han mantenido posiciones antagónicas que implican la exclusión del «otro» y su consideración como el enemigo a derrotar, estarán dispuestos a establecer una «tregua humanitaria» ante el creciente descontento y las tensiones políticas que podrían alimentar estallidos sociales debido al agravamiento de la crisis humanitaria. ¿Cómo transformar al enemigo en adversario con quien puedan construirse acuerdos en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis económica, política y humanitaria y abrir una ruta electoral?

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Acuerdos de apoyo de Angela Merkel y Xi Jinping a la OMS, así como a la promoción de la cooperación internacional en la ONU, habrían irritado a Donald Trump. Foto Ap

El catalán y socialista Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea (UE), definió su nueva política con China y EU como doctrina Sinatra, quien inmortalizó la canción My way, que no toma partido en la confrontación de Washington contra Pekín.

La autoría de la canción es del sirio-estadunidense Paul Anka y ya había sido enunciada dos semanas antes de la caída del muro de Berlín en 1989 por Guennadi Guerasimov (GG), portavoz de Gorbachov, ex mandamás soviético.

GG optó por la doctrina Sinatra –en contraste a la doctrina Brejnev, donde la URSS imponía su ley a los países satélites– que en forma cándida le otorgaba a Polonia y a Hungría, independientemente de la legitimidad de sus veleidades geopolíticas, la latitud de escoger una vía diferente, lo cual marcó el inicio de la balcanización de la URSS (https://bit.ly/3efv5dY).

Sylvie Kauffmann (SK), editorialista del rotativo galo Le Monde, explaya la doctrina Sinatra e incurre en acrobacias lingüísticas, en medio de las tensiones noratlánticas en la fase de Trump, para diferenciar el no-alineamiento de la UE en la disputa de EU y China, lo cual no significa equidistancia cuando existe una franca asimetría, que se agudizó con la pandemia del Covid-19, que debe poner freno a las ambiciones de Pekín, sin caer en la trampa de una confrontación entre China y EU que se ha vuelto estructural (sic).

A inicios de junio, en una conversación telefónica, el mandarín Xi Jinping y la canciller alemana Angela Merkel (AM) –por tercera vez desde el brote del Covid-19– acordaron varios puntos, como el apoyo a la OMS, que es anatema para Trump, y la promoción de la cooperación internacional en la ONU y con el G20, además de acelerar los intercambios geoeconómicos (https://bit.ly/3eiLVbS).

Se espera la visita del mandarín Xi a Alemania para septiembre –sea en forma presencial o por una videocumbre– para dialogar con los 27 miembros de la UE.

El Covid-19 profundizó la relación franco-alemana, y la reciente visita de AM a su homólogo francés Emmanuel Macron expuso eldeseo mutuo de mantener relaciones estables y sanas con China, pese a las fuertes presiones de la dupla Trump/Mike Pompeo para adoptar una confrontación de corte sinofóbica (https://bit.ly/3hLZGCa).

Es probable que la resurrección europea con su doctrina Sinatra y el coqueteo de la canciller AM con el mandarín Xi hayan contribuido a la exasperación de Trump, quien acaba de ordenar el retiro de 9 mil 500 efectivos de Alemania para septiembre –de un total de 34 mil 500 y que en un momento dado de rotación pueden alcanzar 52 mil (https://on.wsj.com/3dlrqKe)–, debido al incumplimiento, según sus decires, de aumentar su gasto militar en el seno de la OTAN. Coincidentemente, cuando se gesta la cumbre entre el mandarín Xi y la UE-27 que presidirá Alemania, es cuando EU retira sus tropas, de las que se ignora cuál será su nuevo destino (https://bit.ly/3eiMKS0).

A Trump le ha irritado que Alemania no haya detenido el gasoducto NordStream2 proveniente de Rusia, y no faltan legisladores pugnaces del Partido Demócrata, como Bob Menendez y Eliot Engel, quienes disparatan de que el retiro de tropas estadunidenses beneficia al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2YWzNXs).

En su más reciente artículo, SK comenta que la pandemia del Covid-19 hizo mover las líneas en Europa que podría salir transformada, mientras en el campo de la geopolítica mundial “la crisis exacerbó las grandes tendencias en curso sin cambiar fundamentalmente la sustancia (https://bit.ly/2YinsOe)”, por cierto, tesis de Bajo la Lupa.

SK confiesa que la UE estuvo a punto de desintegrarse, pero se recuperó y después del estadio de sideración (sic), eligió el camino inverso, el de una integración más profunda, para levantar sus economías y resistir mejor los futuros choques.

Falta mucho por avistar si las rediseñadas tendencias centrípetas superan a las fuerzas centrífugas, así como ver qué tanto funciona la doctrina Sinatra, que ya fracasó una vez y comporta el grave error de menospreciar a Rusia.

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Por una condonación de la deuda pública externa de América latina

Documento de un grupo de investigadores de diferentes países*

 

De autoría colectiva, el texto señala que la deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América latina, sobre la base una deuda impagable. Apunta que resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda. Y propone que ha llegado el momento de transformar el sistema de que las deudas se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, con lo que la deuda total crece sin más límite hasta hacerla impagable. 

 

  1. El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción.

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

  1. El pago de la deuda como genocidio.

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2,0 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1,1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60 por ciento del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32 por ciento del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

  1. Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento.

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

  1. El Acuerdo de Londres de 1953.

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la Covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

  1. El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

  1. Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina.

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

* Este artículo fue publicado por Franz Hinkelammert (Alemania-Costa Rica) , Orlando Delgado (México), Yamandú Acosta (Uruguay), Henry Mora (Costa Rica), William Hughes (Panamá) y Jorge Zúñiga M. (México), este martes 16 de junio en forma coordinada en diferentes medios gráficos de América latina.

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Lunes, 15 Junio 2020 06:45

"Nueva normalidad"

"Nueva normalidad"

Dice Michael Sanders que la filosofía tiene "un carácter ineludible y arroja luz sobre nuestra vida cotidiana"; así entendida, "pertenece no sólo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común". Peter Sloterdijk, en otro tenor, reivindica el punto de vista de Nietzsche acerca de que la filosofía "es el intento incansable de dañar la estupidez" y añade que esa definición parece ser la más bella. No está mal en ambos casos.

En una entrevista reciente preguntaron al filósofo coreano Byung-Chul Han si la incidencia del Covid-19 ha democratizado la vulnerabilidad humana. Este no fue un cuestionamiento bien planteado y el popular pensador perdió la oportunidad de ser categórico, como exigía el diálogo y su propio oficio. Respondió que la pandemia muestra que "la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas", e insistió: "La muerte no es democrática". De esta manera, la filosofía no alumbra ni daña. Claro que, como siguió diciendo, la pandemia no ha cambiado nada y exhibe "los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad". Esa aseveración es un truismo, o ¿es que podía esperarse otra cosa?

La pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y políticas engloban de una u otra manera a toda la gente en el mundo. Cada sociedad, por supuesto, la asimila conforme a su estructura, grado de cohesión, la desigualdad existente, el carácter de las decisiones políticas y el comportamiento de la población, no sólo en materia de civismo, sino inducido de forma relevante por las necesidades que se han de satisfacer.

Esas condiciones tienen, por necesidad, implicaciones de índole prácticas de suma relevancia y diferenciadas, como enfermar, perder el empleo, empobrecerse y la relación que se establece con el gobierno. Esas diferencias también tienen consecuencias anímicas de distinta naturaleza y en la manera en que se asimilan.

En muchas partes se ha iniciado el proceso de apertura denominado con el eufemismo de la "nueva normalidad". Los argumentos para abrir giran en torno a la necesidad de sacar a la gente del confinamiento y remprender la actividad económica.

Eso es comprensible. No obstante, tiene una serie de consecuencias que no debieran relegarse fácilmente. En Brasil el presidente Bolsonaro ha dicho desde el inicio de la pandemia que estaba en contra del confinamiento, pues el costo económico sería superior al provocado por el contagio del virus. No explicó cómo es que mide esos costos relativos y, menos aún, el marco para compararlos. Tampoco se esperaba de él que lo hiciera. Hoy ese país es el que tiene más fallecimientos, luego de Estados Unidos.

Donald Trump ha impulsado la apertura en un entorno de fuertes enfrentamientos políticos con los gobernadores de varios estados y relegando la postura de los científicos contraria a la suya. La consecuencia económica de la pandemia ha provocado una recesión que acabó con el periodo de expansión productiva más larga de ese país. Esto ocurre a pesar de que el gobierno y el banco central han intervenido con billones de dólares para amortiguar el golpe. Pero las cifras de contagios y muertes han aumentado en días recientes, de modo notorio en Texas y Florida, asociadas con la apertura. Esto se agrava con los enfrentamientos en torno al conflicto racial y la violencia policial. El entorno está marcado a las claras por la lucha para relegirse en la presidencia en noviembre próximo.

En México las decisiones acerca de la gestión de la pandemia se toman también optando por abrir las actividades en plena expansión del contagio y de los fallecimientos. Se debate cada día si la curva del comportamiento del virus se ha aplanado, pero no parece haber evidencia concluyente. Ahora se incita a salir de modo explícito.

Como es claro, mucha gente ha salido ya desde hace varias semanas por la necesidad ingente de obtener recursos y subsistir. No necesitan ser incitados. No se sabe en esas condiciones de qué manera se propagan los contagios, cuánta gente no llega a los hospitales y tampoco el número de muertos por Covid-19. La parte de la población que puede cuidarse más debería hacerlo, como un modo de amortiguar el contagio general, manteniendo de algún modo el confinamiento, usando mascarilla y evitando aglomeraciones. Eso es lo que indica el bien común.

La nueva normalidad es una expresión confusa, aunque se admita de modo literal, por su conveniencia. Por una parte, hay que establecer qué es lo que habrá de novedad y, por otra, el significado de lo que será normal. Esta idea se usa en todas partes, lo cual indica, en buena medida, la confusión reinante entre quienes gobiernan y entre los ciudadanos.

Lo nuevo no significa que haya una dirección clara y única que además entrañe el surgimiento de condiciones sociales diferentes, significativas y, sobre todo, mejores. Eso requiere de otro tipo de acciones y arreglos. Lo normal podría tender a un acomodo temporal del que ahora somos incapaces de delinear sus condiciones y menos aún asegurar que será rápido y sin fricciones.

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Visitantes recorren la exposición de fotografía del patrimonio cultural mundial en el Museo de Hainan, en el sur de China. La actividad social empezaba a tomar estabilidad, en esa nación hasta que ayer se anunció un brote de Covid-19 en la central de abasto de Pekín. Foto Xinhua

Asegura el abasto de una de las 10 fórmulas inmunológicas que están en desarrollo // Espera el biológico para finales de este año

 

Berlín. Alemania, Francia, Italia y Países Bajos firmaron un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca para garantizar el suministro a la Unión Europea (UE) de 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, indicó el gobierno alemán.

El contrato prevé la distribución de las dosis de forma proporcional a la población de cada país de la UE en cuanto esté disponible la vacuna, que en el mejor de los casos se espera para finales de este año.

Para que los inmunológicos estén disponibles en gran cantidad y muy rápido tras su aprobación este año o el próximo, la capacidad de producción debe ser garantizada desde ya por contrato. Muchos países del mundo tienen ya garantizada su vacuna, pero Europa aún no, explicó el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, su homólogo italiano, Robert Speranza, también se refirió al acuerdo, pero indicó que la cifra de dosis pactadas es de 400 millones que estarán a disposición de toda la población europea. La estadística del Banco Mundial sitúa en 447 millones los habitantes de la Unión Europea.

La vacuna de AstraZeneca es desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford y es sólo una de las 10 vacunas en proceso de pruebas clínicas. La empresa anglo-sueca firmó recientemente acuerdos similares con Gran Bretaña, Estados Unidos y diversas organizaciones para fabricar 700 millones de dosis.

Confinan barrios de Pekín por rebrote

Por otra parte, las autoridades chinas detectaron seis casos de infección local, vinculados en su mayoría al mercado Xinfadi, en el distrito de Fengtai, al sur de Pekín, que fue cerrado mientras las 11 zonas residenciales que lo rodean fueron confinadas.

Otros nuevos 57 casos fueron identificados tras realizarse pruebas a unos 2 mil empleados del mercado, indicó una responsable de salud local, Pang Xinghuo. Xifandi, el mayor centro de abasto mayorista de productos agrícolas en la capital, será sometido a labores de desinfección.

España mantiene congelada desde el 7 de junio su cifra de fallecidos, lo que genera incertidumbre sobre el estado real de una pandemia que dejó, según el gobierno, más de 27 mil decesos.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se declaró totalmente sereno y subrayó que no teme ser investigado por la justicia por su gestión del coronavirus, en una entrevista publicada por el diario La Stampa.

Alemania, Francia y Grecia levantará mañana los controles fronterizos con sus vecinos europeos. Al tiempo que cientos de turistas volvieron a Venecia con motivo de la reapertura del Palacio de los Dogos, tras cuatro meses de confinamiento.

Más de 225 mil personas se han contagiado y más de 6 mil han fallecido en África, de acuerdo con las últimas estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del continente.

La Organización Mundial de la Salud, el Programa de Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre VIH/Sida y la agencia de la ONU para Refugiados emitieron un comunicado conjunto en el que urgieron a líderes políticos a atender el incremento en la vulnerabilidad de la población carcelaria y de otras personas privadas de la libertad durante la pandemia y a reducir el hacinamiento en estos entornos. Hasta ayer, a escala global, había 429 mil 161 muertos por la pandemia, 7 millones 757 mil 740 contagiados y 3 millones 679 mil 534 pacientes recuperados, según la Universidad Johns Hopkins.

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Detenido en Cabo Verde el empresario colombiano Álex Saab, considerado por EEUU como uno de los testaferros de Maduro

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos del líder venezolano.

 

El empresario colombiano Alex Nain Saab Moran, señalado por la justicia de Estados Unidos de ser uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario 'El Tiempo'.

La detención, cuya fecha exacta no se ha concretado, ocurrió después de que su avión, de carácter privado pero con identificación venezolana, fuera aprehendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo, corroborada según el medio por el entorno del empresario.

El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Maduro. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por el presidente venezolano para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán.

Saab ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano, Tareck El Aissami, según informaron en su momento a Bloomberg fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía, a través del envío de 900 millones de dólares en oro en 2018.

En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.

Hace apenas tres días la Fiscalía colombiana confiscó a Saab bienes por valor de 10 millones de dólares, tras acusarle de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas la textilera Shatex, para lavar millones de dólares en activos.

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Viernes, 12 Junio 2020 06:13

Marx y Piketty: adendum

Marx y Piketty: adendum

Hablando hace poco de la pandemia del Covid-19 y debatiendo si la crisis actual "nos llevará a una sociedad más justa" (sic), Thomas Piketty confirmaba de manera sintomática cómo el discurso de las "desigualdades" ya funge el papel ideológico en el capitalismo (véase: Marx, Piketty y los ladrones de conceptos, bit.ly/3gL1ACo) ocultando mecanismos sistémicos, relaciones de poder reales y agencia detrás de diferentes procesos a fin de asegurar su reproducción. Se situaba allí donde verdaderamente pertenece: en los antípodas del marxismo, a pesar de seguir –con obstinación digna de una causa mejor− fingiendo "ser un marxista" (bit.ly/2LurMTr). Subrayando que se requiere una movilización social y política "para empujar las sociedades en dirección de más igualdad" −¡ chin!, ¿por qué nadie había pensado en esto antes?− recordó a la pandemia de la "gripe española" de 1918, remarcando que “lo que falta en pensar en las pandemias es la desigualdad (sic), o sea que no todos los grupos sociales quedan afectados de la misma manera –¡ chin!,¿por qué nadie había pensado en esto antes tampoco?−: mientras en 1918 en EU y en Europa pereció de 0.5 a 1 por ciento de la población, en India murió casi 6 por ciento”. Según él, la pandemia de hoy "está revelando niveles de desigualdad igualmente chocantes" (bit.ly/3cs5D45).

Si la premisa "que no todos quedan afectados igual" es más que correcta (regresaremos a ella), para saber qué ocurrió en India en 1918 hay que buscar en otro lado. Mike Davis –¡ suprise, suprise!: un verdadero marxista (bit.ly/3gv9xLN)−, escribiendo sobre Covid-19 apunta que durante el brote de la "gripe española", que mató más gente que la Primera Guerra Mundial, más de 60 por ciento de sus víctimas globales, hasta 20 millones de personas, provenían de la parte occidental de India y ya estaban debilitadas por la hambruna inducida por el colonialismo británico. El virus vino justo cuando brutales requisiciones y exportaciones forzosas de granos coincidieron con una sequía: "millones de pobres cayeron víctimas de una sinergia mortal entre el colonialismo, la malnutrición que suprimió sus sistemas inmunes y una rampante neumonía viral" (bit.ly/36PxIAp). Pensar en esta pandemia en India y otros países, víctimas del imperialismo europeo de principios del siglo XX como Irán, en términos de la "desigualdad" (sic) ofrece explicaciones estériles que dejan off the hook no sólo a los corresponsables de esta atrocidad (colonizadores británicos), sino al sistema y su ideología −...que Piketty supuestamente "desnuda" en El capital y la ideología (2019)− abrazada por ellos: ya en Late victorian Holocausts. El Niño famines and the making of the Third World” (2001), Davis demostró cómo aferrarse a los mitos del "libre mercado" y el laissez-faire provocó otras horrorosas hambrunas en India.

Lo irónico –y, otra vez, sintomático− es que este oscurecimiento ocurre cuando Piketty se propuso en su nuevo libro "aumentar el alcance de su mirada" y analizar –como él no deja de subrayar, arrojando de paso más generalidades sobre el Covid-19 (bit.ly/2T482do)− la historia del colonialismo, la esclavitud y "desigualdades a escala global", ofreciendo unos pasajes bien incómodos para el liberalismo, pero que carecen de fuerza de la denuncia, p.ej. de D. Losurdo (véase Liberalism. A counter-history, 2011), ni son “fruto de ‘turbo- Annales’”, como había laudado su método un comentarista, sólo para admitir luego que aquellas partes son... "poco convincentes" (bit.ly/3gINEZM). Al final, tratando de aumentar el espectro del análisis Piketty más bien "amplió el campo de lugares comunes", algo que... ya le había pasado (bit.ly/35XowJQ) en El capital en el siglo XXI (2013) (la alusión a La ampliación del campo de la lucha, uno de los títulos de Houellebecq, epítome de la degringolade intelectual de Francia, es desde luego muy intencional).

En fin. Si hay algo que ayuda a pensar en esta pandemia es este puñado de premisas (marxistas): 1. nuestras sociedades son sociedades clasistas – vide: "no todos quedan afectados..." (los ricos en sus casas de retiro, la clase media en sus depas, los trabajadores en las maquiladoras o en las calles...)−, pero claro de "clase" no hay nada en Piketty: “es un concepto passé”; 2. el trabajo importa: el Covid-19 reconfirmó su centralidad ("trabajadores esenciales", etc.) animó una ola de activismo laboral y huelgas demostrando ser la brecha central en el sistema a la luz de llamados a "reabrir la economía" (bit.ly/2UgjN1l), pero claro, en Piketty, en más de 2 mil páginas de sus dos opus magnums no hay nada sobre el trabajo: en el mundo según Piketty "el dinero hace el dinero" (M-M’); 3. los flujos financieros y la producción capitalista "moldean" nuestros ecosistemas: fue el capital neoyorquino que tras el crack de 2008 forzado a "expandirse o morir" se movió a China produciendo nuevas condiciones en la agricultura que propiciaron el surgimiento de Covid-19... (bit.ly/2BofoCO).

Pensar en términos de las "desigualdades" –un discurso adoptado ya por la OCDE o The Economist, el portavoz de la ideología capitalista (sic)− es ocultar los mecanismos sistémicos y tapar el conflicto central entre los trabajadores asalariados y los capitalistas (¡Marx!), la verdadera fuente de la dominación/subordinación en el capitalismo, no la "desigualdad monetaria" ( bit.ly/30tOqUI). Igual lo es pensar así en las pandemias.

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