AL, la región más afectada en economía y salud por Covid-19: BM

Los gobiernos deberán atender a los más vulnerables y reorientar el gasto a generar empleo, señaló

 

América Latina y el Caribe son la región más castigada en el mundo por la pandemia de Covid-19, lo que pone de relieve la necesidad de proteger a la población mientras se recupera el rumbo de crecimiento, sostuvo el Banco Mundial (BM). Para esto se necesitará una combinación de medidas de salud pública y gestión económica, añadió. El organismo anticipa para México una caída del producto interno bruto (PIB) de 10 por ciento en 2020, más profunda que el 7.5 por ciento que calculó en junio.

La contracción esperada para México supera al promedio regional para este año, que será de 7.9 por ciento, expuso.

Las economías de la región se ven afectadas por la caída de la demanda externa, mayor incertidumbre económica, colapso del turismo y las consecuencias de meses de confinamiento para contener la propagación de la enfermedad, apuntó.

Con una pandemia que se prevé continúe por un tiempo prolongado, plantea que los sistemas de salud deben considerar reformas tendientes a mejorar la efectividad y reducir los costos que deben asumir gobiernos e individuos, señala el organismo en el reporte El costo de mantenerse sano, publicado este viernes.

Asimismo, plantea que los gobiernos deberán hallar la manera de retomar la consolidación fiscal, es decir, la reducción de la deuda respecto del tamaño de sus economías, luego de un periodo de gasto elevado en estímulos económicos y transferencias sociales de emergencia.

"Nuestra región soporta el peor impacto económico y en salud debido al Covid-19 de todo el mundo, algo que exige mayor claridad respecto a cómo combatir la pandemia y recuperar el rumbo económico de cara a una rápida recuperación", sostuvo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe. "Debemos repensar el futuro para volver a construir mejor", señaló.

El BM prevé que, debido a la pandemia, el producto interno bruto (PIB) en América Latina y el Caribe (excepto Venezuela) retroceda 7.9 por ciento en 2020. La previsión es más negativa que la de junio, cuando calculó una contracción de 7.2 por ciento. Para 2021 espera un crecimiento de 4.0 por ciento.

Para México espera que la economía crezca 3.7 por ciento el próximo año y 2.8 por ciento en 2022. El resultado de esos años será insuficiente para compensar el desplome previsto para 2020.

Esta crisis llega tras años de lento crecimiento económico y escaso progreso en términos de indicadores sociales e inmediatamente después de una ola de disturbios sociales en muchos países de la región, señaló el organismo.

Además, destacó, el impacto de las medidas de confinamiento recayó con desproporción en hogares con trabajos informales, lo que reafirma la necesidad de políticas que apunten a promover la formalización, sin penalizar la tan necesaria creación de empleo.

En su informe advirtió que para lograr una recuperación sustentable, los gobiernos deberán atender a los más vulnerables y al mismo tiempo reorientar los gastos a sectores que generen empleo. Si no lo hacen, advirtió, "podría ser el presagio de nuevas olas de descontento social y el posible retorno de las políticas populistas a la región, y ése sería el peor costo de la pandemia de Covid-19".

Esta pandemia puso el foco en aquellos sistemas de salud fragmentados que no proporcionan cobertura de calidad a toda la población. Mejorar los servicios de salud debería formar parte de las políticas diseñadas para enfrentar esta crisis, planteó.

El BM aborda el impacto de la crisis sanitaria en una región con países muy poblados y con altas tasas de mortalidad y de contagios como Brasil, México y Perú. En la región “el número de muertos por millones de personas es tan alto como en las economías avanzadas, pero los recursos disponibles para hacer frente al golpe son mucho más restringidos.

"Los medicamentos representan una parte sustancial de los gastos de bolsillo (es decir, el gasto familiar) en atención médica. Un sistema público para la adquisición de medicamentos, incluidas las vacunas contra el Covid-19, será clave para el regreso a la normalidad", indicó.

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Sábado, 10 Octubre 2020 05:43

Donald Trump, espejo del mundo

Donald Trump, espejo del mundo

Desde París.Donald Trump (foto) no es el mensajero retrogrado del pasado, ni un representante de la nostalgia de una potencia achicada, ni siquiera el sepulturero del presente, el héroe de los desesperados o el mercenario con la misión de preparar el futuro: Trump es el interruptor que nos hace ver el mundo tal y como es. Despiadado, grosero, colonizado aquí y allí por fascismos y xenofobias, un mundo en la plenitud de su desfiguración y de su ocaso ecológico, amordazado por los intereses y en manos de una tecno minoría tan hambrienta como insaciable. El trumpismo ha venido a certificar una verdad intensa: el mundo no nos pertenece más. ”Ya no es mágico el mundo”, escribió Borges en su poema "1964". Pero no ya porque nos han dejado, sino porque nos han ocupado. A cada segundo nos habita un ente que convierte nuestras vidas intimas en una inversión que luego es explotada por algoritmos. Saben lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que consumimos o lo que leemos para luego modelizar una propuesta, un deseo, una conducta o un flujo de opiniones. Las plataformas de las redes sociales son el lugar donde el sistema se reinventa, donde intercepta todo conato de resistencia política, lo manipula y reorienta el rumbo de la sociedad. Vivimos colonizados. No poseemos ni la libertad de escondernos o de pasear por un parque en total desconexión de la globalidad. El territorio digital nos colonizó. En vez de civilizarse, con los algoritmos y la tecnología el capitalismo resucitó el feudalismo y se volvió un predador más voraz. Accedió a lo que antes le estaba vedado: el eco que emite nuestra sombra y la huella inmaterial que deja.

Tampoco es nuestra la naturaleza. Extinción de las especies, calentamiento global, agotamiento de los recursos, urbanización, contaminación de los mares, expropiación de las tierras y los recursos de los pueblos originarios. Se han apoderado de todo hasta no dejar más que unas migajas secas sobre la mesa. Los incendios en el Amazonas no son más que el segmento visible de un desastre consumado hace mucho. Esas columnas de fuego y humo son la lengua de un comensal que devora sin vergüenza ni piedad el banquete que Occidente ya se engulló hace rato y a escondidas. Sus multinacionales han depredado los rincones del planeta, arrebatado las materias primas, invadido territorios y expulsado a sus habitantes. Donald Trump y Jair Bolsonaro le han facilitado al colonialismo devastador un escenario ideal para que una parte de Occidente recicle sus buenas intenciones con un espectáculo político que le sirve de decorado. Ahí están los títeres malos, aquí, en París o Bruselas, los buenos doctores del hospital-mundo. Montaje hipócrita que no resiste ni una brisa de verdad. ¿ La Unión Europea ?. Tanto o más tóxica que Trump o Bolsonaro. En 2018, la Unión Europea exportó 81.165 toneladas de pesticidas en cuya composición se encuentran productos que están prohibidos en Europa desde hace una década. Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, se vistió de patrono contra el pirómano de Bolsonaro, es el país que exporta la mayor cantidad de substancias prohibidas (18 en total). En esas 81.165 toneladas hay un total de 41 pesticidas vedados en los suelos de la Unión Europea (informe de la ONG suiza Public Eye y Greenpeace). Una vueltita por Chiapas o Chubut nos muestra sin maquillaje el compromiso ecológico de Occidente. Asediados por las multinacionales extractivas, los habitantes de la localidad chiapaneca de Chicomuselo denuncian que “Los proyectos extractivos siguen en la mira de las empresas multinacionales, como la minería, el fracking e hidrocarburos, aun cuando padecemos una crisis climática a nivel mundial”. En diciembre de 2019, en Chubut, 40 organizaciones se levantaron contra los proyectos mineros de las empresas canadienses Pan American Silver (proyecto Navidad) y Yamana Gold (proyecto Suyai). Canadá es miembro del grupo de los 7 países más desarrollados (G7, 45 por ciento de la riqueza mundial) que, en agosto de 2019, en la localidad francesa de Biarritz, se reunió con los incendios del Amazonas como postre para promover su filosofía ecologista. Podríamos recorrer el planeta sumando nombres de multinacionales y pueblos expoliados.

Es tan sencillo pensar que esto vendría a ser como una película donde basta con vencer al malo en unas elecciones presidenciales para salvar el "Planeta Azul". Pero ese malo es la encarnación del sistema global, no una excepción. Trump no es el teórico en acción de una transfiguración radical del mundo. Donald Trump es la replica exacta, puntual, humana y descomunal de la realidad en la que vivimos. Por eso nos es intolerable: en cada Twitt nos está diciendo la verdad bajo cuyo consuelo hace mucho aceptamos vivir a cambio de un hipnotismo tecnológico que se apoderó de cada palmo de la vida humana. El racismo incandescente de Trump ya era un componente de la sociedad de los Estados Unidos, lo mismo que la violencia policial-racial y los supremacistas blancos violentos. La sociedad secreta de terroristas y supremacistas blancos conocida con las siglas KKK (Ku Klux Klan) se fundó en 1865 para oponerse, por todos los medios posibles (incendios, secuestros, asesinatos, atentados), a la vigencia de los derechos constitucionales de los afro-americanos adoptados mediante varias enmiendas a la Constitución luego de la Guerra de Cesión: la decimoquinta enmienda reconoce el derecho al voto a todos los ciudadanos, la decimocuarta otorga la nacionalidad a toda persona nacida en Estados Unidos y la decimotercera decretó la abolición de la esclavitud.

Donald Trump osó reinventar una realidad paralela a la verdad: esta pasó a ser un fake y su versión lo verdadero. Escribo bien “reinventar” porque el creador no es él, sino su maestro, el primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu. En los 90, Netanyahu escribía en internet: “si quieren saber la verdad lean mi página”. Hoy, esa realidad paralela del trumpismo quedó herida por la realidad de lo real. La elección de Donald Trump nos alcanzó como pajaritos que creían estar volando en un cielo armonioso y algo semejante le ocurrió a él, a Bolsonaro y al británico Boris Johnson: cerraron los ojos ante la pandemia, fueron Covidescépticos…hasta que el virus los contaminó a los tres. Donald Trump no nos hizo más daño del que ya estaba hecho: el trumpismo no es el accidente sino lo que viene luego, es decir, su materialización. Cuando un avión se estrella, los escombros desparramados no son el accidente. Este ya ocurrió antes. El mundo no nos pertenece más y hay que recuperarlo. Pero ya no se puede ni siquiera escribir “recuperarlo antes de que…”. No; ni siquiera hay un “antes” porque estamos en el después de lo que perdimos. Tampoco es como el tango y eso de “toda mi vida es el ayer”. El naranjo en flor debe volver a crecer sano gracias a la presión de la acción colectiva. ” Estamos infligidos por deseos que nos afligen”, dice la letra de una bella y lúcida canción del cantante Alain Souchon (Foule Sentimentale). ” Multitud sentimental, tenemos sed de un ideal”, canta Souchon. Quien tiene una sed sobrenatural de nuestro ideal es el mundo. Lejos de la música popular pero muy cerca de las necesidades del presente, la filósofa alemana Hannah Arendt dejó entre su espléndida obra una idea que nos interpela: el amor mundi, es decir, el amor aplicado a la vida, al mundo, el amor apoyado en la esencia humana, que es un ser de vínculos. El amor mundi como vida en acción política y no como contemplación o especulación. Acción con y por los otros. Acción colectiva de todas las causas en una sola: el mundo. El trumpismo es una desgarradura inhóspita de la que el mismo Trump no es el autor sino el revelador extremo. El amor mundi es un ideal urgente para un naranjo en flor en estado de agonía.

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El FMI dijo que la recesión del 2020 no va a ser tan severa, pero la recuperación será “larga, desigual e incierta”

La directora gerente del organismo Kristalina Georgieva destacó que el apoyo estatal fue clave para “poner un piso” bajo la economía global. No obstante, advirtió que en los países de bajos ingresos, "el golpe es tan profundo que hay un riesgo de que haya una ‘generación perdida’”

 

La recesión global en 2020 por la crisis de la pandemia va a ser menos severa de lo previsto, pero la “ascensión” hacia una recuperación va a ser “larga, desigual e incierta”, advirtió este martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva.

“El panorama es menos nefasto hoy. Estimamos que la evolución en el segundo y tercer trimestre fue mejor a lo esperado, lo que permite una pequeña revisión al alza del pronóstico global para 2020”, Georgieva en un discurso previo a la reunión semestral del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que comienza la próxima semana, en formato virtual.

El 24 de junio, el FMI publicó una actualización muy sombría de sus previsiones, en la que estimó una contracción de la economía global de 4,9%, frente a una proyección de una caída del PIB mundial de 3% hecha en abril.

La jefa del FMI no adelantó cifras este martes antes de la publicación la próxima semana del informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Georgieva advirtió que el camino a la recuperación va a ser “una larga ascensión” y dijo que la mejoría de la economía va a ser “larga, desigual e incierta”.

Para 2021, el FMI sigue proyectando una recuperación “parcial” y “desigual”.

Los riesgos de “una generación perdida”

La directiva señaló que el apoyo estatal fue clave para “poner un piso” bajo la economía global, con cerca de 12 billones de dólares en ayudas para los hogares y las empresas.

Pero este apoyo ha sido en la medida de las capacidades de cada país y en los estados ricos la política fue dar “lo que fuera necesario” y en los más pobres “lo que fuera posible”.

“Esta brecha es la razón por la cual vemos diferentes resultados”, indicó Georgieva.

En Estados Unidos y en Europa, la recesión -pese a que fue dolorosa- no fue tan pronunciada como temían los economistas, dijo la jefa del FMI desde septiembre de 2019, quien que destacó también una “recuperación más rápida a lo esperado” en China.

 “En los países de bajos ingresos, el golpe es tan profundo que hay un riesgo de que haya una ‘generación perdida’”, advirtió Georgieva, la segunda mujer en liderar el Fondo, tras su antecesora Christine Lagarde.

La jefa del FMI también indicó que hay riesgo de que la crisis deje cicatrices importantes como “pérdidas de empleo, bancarrotas e interrupciones en la educación”.

“Mantener los salvavidas”

Para Latinoamérica y el Caribe en junio el FMI pronosticó una contracción del PIB de 9,4% en 2020 y las contadas actualizaciones muestran un escenario dispar.

El lunes el Fondo mejoró sustancialmente la previsión para Brasil este año de una contracción de 9,1% anticipada en junio a una caída del PIB de 5,8%.

A finales de septiembre empeoró su pronóstico para Colombia, proyectando una caída del PIB de 8,2% en 2020 frente a una previsión de un decrecimiento de 7,8% hecha a mediados de año.

En su discurso Georgieva indicó que en los lugares donde persista la pandemia “es crítico mantener los salvavidas” para la economía, las empresas y los trabajadores.

“Si se cortan los salvavidas muy pronto, el largo ascenso se convierte en una caída precipitada”, indicó.

El comercio mundial, menos enfermo de los esperado

Por otro lado, este martes también se conocieron los datos sobre el comercio mundial, con la Organización Mundial del Comercio que estimó que el comercio internacional caerá “solo” un 9,2% en volumen este año, frente a una previsión de caída del 12,9% en abril, según su escenario más optimista.

Para 2021, la organización espera un aumento del 7,2%, frente al 21,3% que preveía en su pronóstico de abril.

La OMC advirtió contra los riesgos a la baja relacionados con el resurgimiento del virus en algunas regiones que podrían obligar a tomar nuevas medidas de confinamiento.

La OMC también consideró que “el ritmo de expansión podría disminuir una vez que se haya agotado la demanda y se hayan repuesto las existencias de las empresas”.

Todo ello podría “costar hasta 4 puntos porcentuales del crecimiento proyectado del comercio de mercancías en 2021”, dijo el director general adjunto Xiaozhun Yi en una conferencia de prensa.

A la inversa, la llegada de una vacuna el próximo año podría dar “hasta 3 puntos porcentuales” al aumento del comercio de mercancías

7 de Octubre de 2020

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¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una "traición" al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45 % del PIB industrial.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la "matriz" de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

"La soberanía nacional está en riesgo"

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, "la soberanía nacional está en riesgo".

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un "símbolo" de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que "vendan sus almas al diablo", en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para "desnacionalizar" la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo "y al servicio de los intereses de EE.UU.". "Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente", recalcó.

Congresistas continuarán denunciando 

"Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país", lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que "la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial" de Brasil, incluso —añadió— "con la desaceleración de las actividades de Petrobras".

Por ello, deploró que la Corte "no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa". Sin embargo, destacó que "es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo"; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— "la gente entienda lo que está en juego".

"Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores", manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. "Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil".

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a "extinguir gran parte de las estatales".

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

"El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada", dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.

Publicado: 5 oct 2020 21:52 GMT

Por Edgar Romero

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Ren Zhengfei (derecha), junto al jefe de estado chino Xi Jinping. El régimen está comprometido en la lucha por conquistar las redes 5G de todo el planeta. Los vínculos entre la empresa y el Ejército Chino son históricos (PA Images)

La compañía tecnológica lanza sus redes en el mundo de la mano de la diplomacia del régimen. Cómo el COVID-19 podría servirle a la corporación para extender el tendido de su 5G

 

Hace poco más de un año se hacía referencia a una realidad fácil de probar que hoy parece más vigente que nunca: Huawei es el brazo tecnológico que utiliza el régimen chino -y su ejército- para su expansión definitiva. Huawei es China. No su pueblo, sino su estado. Y Beijing parece destinada a proteger y promover los negocios estratégicos de la nación y las redes de su diamante más valioso hasta el final. Incluso, está dispuesta a mezclar armas con smartphones, como podría estar sucediendo en India.

Su vecino, también potencia nuclear, ha colocado en un paréntesis la posibilidad de utilizar la red 5G que la diplomacia china está empujando a fuerza de bullying en todos los continentes. Es muy probable que Nueva Delhi decline de ella por la desconfianza que le genera dejar en manos del Partido Comunista Chino (PCC) su información más sensible. Las dudas entre los asesores de Narendra Modi surgieron mucho antes de que tropas chinas violaran límites fronterizos y mataran a soldados indios, lo que provocó una creciente tensión en los Himalayas.

A partir de ese enfrentamiento trágico, India decidió bloquear decenas de aplicaciones cuyos datos tenían un flujo directo hacia Beijing y se mostró más decidida a frenar el avance del 5G tanto de Huawei como de ZTE, la otra empresa que ofrecen como alternativa las embajadas chinas de todo el mundo.

Pero al acecho militar contra India también se suma la propaganda psicológica. Cada día los órganos informativos del régimen de Xi Jinping dedican líneas para alertar sobre las graves consecuencias que tendría para la economía de Modi decidir por una red europea de 5G. Se refieren a Nokia. Global Times, uno de los periódicos del PCC, señala a diario que no inclinarse por Huawei provocaría daños severos en las finanzas de la nación.

En sus líneas, el diario orgánico pretende estimular fibras sensibles, algo recurrente en la cada vez más extendida “diplomacia del Wolf Warrior” que impone el régimen. En ella se muestra víctima de una creciente tendencia “anti-China”. En su última alusión a Huawei, el medio del PCC juega con ese arma: “Impulsada por una ola de sentimiento anti-China luego del fatal choque entre las tropas fronterizas de los dos países en junio, India ha impuesto una serie de restricciones y prohibiciones absolutas a las empresas e inversiones chinas”, dice el editorial.

El periódico sigue y pone en primer plano las consecuencias generadas por el COVID-19: “Bajo el impacto de la pandemia, la economía de la India se ha enfrentado a grandes dificultades, y el boicot irracional a las aplicaciones e inversiones chinas solo ha empeorado su economía. En la actualidad, reparar las relaciones entre China e India y corregir las desviaciones anteriores es lo que más necesita la India”.

Pero Nueva Delhi no es el único gobierno en Asia que está en vías de bloquear a la compañía paraestatal china para su tendido. El de Japón también lo evalúa: se sumaría así a grandes potencias que no quieren ver comprometidos sus datos -de seguridad nacional y militar, pero también de sus ciudadanos-. Las grandes democracias asiáticas desconfían -con razón- del control que tendrá Beijing sobre esa información si deja sus antenas bajo el poder de Xi y su ejército.

El motivo de tal desconfianza emerge de un simple hecho que no puede ser negado ni por las empresas ni por las autoridades: las leyes chinas obligan a las compañías de capital local a aceptar a un miembro del PCC en su directorio. Este integrante tendrá a su disposición toda la información que pretenda de los clientes de la corporación de la que forma parte. Esto rige tanto para una firma tecnológica como para una que realice dragados de ríos, administre puertos o comercialice granos de soja.

Pero Beijing cuenta con otros métodos para golpear las mesas de negociaciones cuando pretende algo. Luego de la crisis sanitaria y económica desatada como consecuencia de la pandemia por coronavirus, varios países impulsaron campañas para que se realice una investigación independiente de la administración que hizo el régimen del brote en Wuhan.

Australia fue una de ellas: en respuesta, Xi Jinping sacudió el comercio entre ambos países como primera embestida. Scott Morrison, primer ministro australiano, no dio marcha atrás y continúa en su postura. Otro detalle: tampoco aceptará que Huawei haga el tendido que comprometería sus comunicaciones confidenciales con otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón.

La desconfianza es sobre todo, de seguridad. Desde su génesis, Huawei está signada por su impronta militar. Su fundador, Ren Zhengfei fue miembro del Ejército Popular de Liberación (PLA) durante décadas. En 1978 se unió al Partido Comunista. En la fuerza, trabajó siempre en el área de innovación y ciencia, su gran pasión, donde se destacó hasta que cumplió su ciclo. En 1982 se radicó en la provincia de Shenzhen, cerca del mayor centro financiero de Asia, Hong Kong. Cinco años después concretaría su sueño al fundar la corporación tecnológica más importante del continente.

Pero el amor de Ren por el ejército no mutó y la colaboración fue permanente entre ambos actores. De acuerdo con una investigación hecha por Bloomberg, el acuerdo involucra investigaciones en las que participan empleados de la corporación y uniformados. “Durante la última década los trabajadores de Huawei han formado equipo con miembros de varios órganos del Ejército Popular de Liberación en al menos diez emprendimientos de investigación que abarcan desde inteligencia artificial hasta comunicaciones por radio", advierte el medio. Ese vínculo continúa imperturbable. Huawei es China. O más preciso: Huawei es el régimen chino y el Ejército chino.

En ese contexto, América Latina no escapa al complejo escenario post-coronavirus. Beijing extendió hasta esta región su “diplomacia de las mascarillas” para lavar la precaria imagen que su gobierno había cosechado por la pobre administración que hizo de la epidemia de COVID-19 cuando el mundo poco sabía sobre síntomas y consecuencias de una cepa mortal similar al SARS que estaba gestándose un año atrás en la importante provincia de Hubei. Xi Jinping prefirió silenciar a quienes advertían sobre el brote e informar tarde a la Organización Mundial de la Salud (OMS). El resto es historia en desarrollo.

Como respuesta, la maquinaria productiva china se puso en movimiento y su industria de insumos médicos floreció. Ofreció elementos de protección para trabajadores de la salud de todo el mundo, mascarillas de dudosa calidad y todo cuanto pudiera hacerse para provocar una amnesia conveniente en sus detractores. Los gobiernos receptores debían agradecer al gran líder chino por su generosidad. Y pagar en efectivo, desde luego.

Sin embargo, no todo se reduce a cubrebocas N95 o trajes descartables para médicos y enfermeros. El cimbronazo, además de sanitario, fue (es) económico. Esa conmoción en los números se siente muchísimo más en aquellas naciones pobres, con instituciones débiles y gobiernos voraces, con leyes laborales pretéritas y una fuerza trabajadora informal como principal motor económico. Allí Beijing también agudiza su diplomacia.

El régimen de Xi olfatea que entre esos países necesitados de la región está la Argentina. El gobierno kirchnerista está decidido a hacer más fluida esa relación carnal. En tiempos de Tinder, pareciera ser un match perfecto para la Casa Rosada. A la entrega de soberanía en el sur patagónico -donde una base militar china instaló antenas de observación y no permite inspección alguna por parte de funcionarios argentinos-, ahora se está en vías de “yuanizar” la economía local.

Para ese dudoso beneficio -advierten los delegados del régimen- Huawei tendrá que tener un lugar de privilegio en el tendido del 5G: esa es una de las condiciones que China busca imponer en Buenos Aires. El deterioro de las finanzas argentinas es el mejor recurso que tiene Beijing para hacer pie en América Latina. Un pie a medias: en Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil podría tenerlo más difícil.

5 de Octubre de 2020

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Twitter: @TotiPI

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Imagen de un centro de carga para vehículos eléctricos. JUSTIN SULLIVAN/AFP

Seis de cada diez vehículos vendidos en la Unión Europea son corporativos. Éstos generan al año 44,3 millones de toneladas de CO2, lo mismo que la planta de carbón más contaminante del continente.

 

Los subsidios, exención de impuestos o rebajas del IVA para los vehículos de empresa tienen un coste anual de 32.000 millones de euros para las arcas públicas de los estados de Europa. Estas subvenciones, entendibles desde un punto de vista empresarial, parecen no ir ligadas a los planes de descarbonización del parque móvil, ya que el 92% de las flotas de automóvil de leasing (modalidad de alquiler en propiedad para empresas) son diésel o gasolina, según un informe publicado este lunes por la organización europea Transport & Environment (T&E).

Esos 32.000 millones de euros anuales tienen que ver con una flota de coches corporativos basada en los combustibles fósiles, la cual genera el 8% del total de las emisiones del sector del tráfico rodado. Según los cálculos realizados por T&E, el promedio de contaminación generada por las diez principales compañías de renting y leasing de Europa rondaría los 44,3 millones de toneladas de CO2 anuales. Una cifra que es similar a la cantidad de gases de efecto invernadero que vierte a la atmósfera la central eléctrica de carbón más grande del continente.

Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Polonia y España son los seis países europeos con más presencia en el mercado de las flotas de automóviles, e invierten un total de 19.000 millones de euros en ayudas a flotas empresariales sin contemplar criterios ambientales. Todos ellos, salvo Alemania, tienen ayudas a la compra superiores a los mil euros por vehículo. En el caso de España, el incentivo es de 3.498 euros por coche.

El hecho de que los vehículos contaminantes sigan teniendo incentivos económicos en este sector tan concreto tiene unas incidencias directas en el parque móvil convencional de carácter privado, tal y como señala el informe. Esto es porque la mayoría de vehículos utilizados por empresas tienen una media de uso de 45 meses. Tras ese periodo, son vendidos en concesionarios en ofertas de ocasión o kilómetro cero a un precio mucho más bajo. Es decir, los vehículos de empresa terminan en las carreteras como vehículos privados.

En la actualidad, seis de cada diez coches vendidos en la Unión Europea son vehículos de empresa. Teniendo en cuenta que muchos de ellos terminan convirtiéndose en propiedad privada a través de los mercados de segunda mano, la electrificación del sector se presenta como una oportunidad clara para transformar el parque automovilístico del viejo continente. Tanto es así que, si los beneficios fiscales del leasing y el renting fueran destinados sólo a los coches de cero emisiones, se podría conseguir que para 2025 se introdujeran 800.000 automóviles eléctricos de empresa y 3,4 millones para 2030, los cuales terminarían en el mercado de ocasión después de su uso corporativo.

Es por ello que desde la organización ecologista reclaman que se transformen las tasas impositivas, las devoluciones del IVA y las amortizaciones de los coches empresariales que usan combustibles fósiles, de modo que sólo tengan privilegios fiscales las motorizaciones que no contribuyan a la crisis climática. Asimismo, reclaman que parte de los 32.000 millones de euros que se podrían ahorrar se dediquen a reconvertir las infraestructuras y generar nuevos puntos de carga en domicilios, lugares de trabajo y calles. 

"Los coches eléctricos son ya la mejor opción para las flotas corporativas que tienen elevado kilometraje y supuestamente se centran en el coste total de utilización en lugar de mirar solo el precio de compra del vehículo. Sin embargo, la mayoría de coches de empresa siguen siendo contaminantes. ¿Por qué deberían los contribuyentes pagar por los subsidios a coches de empresa contaminantes cuando los coches eléctricos son más baratos de usar?", se pregunta Saul López, responsable de Movilidad de T&E.

Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, señala que las empresas, "incluso sin incentivos" económicos, están acudiendo cada vez más a la compra de flotas eléctricas "de una forma que hace unos años hubiera sido impensable". Asimismo, recalca que iniciativas como el Plan Renove o el MOVES pueden servir para que esa electrificación también llegue a este sector de la automoción tan concreto.

Desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), explican a Público que la descarbonización del transporte es uno de los objetivos prioritarios del sector del automóvil, "sea a través de un IVA reducido o de un nuevo impuesto de matriculación donde se penalice el nivel de emisiones y no la compra". Respecto a un horizonte en el que conseguir flotas eléctricas, argumentan que el fin es alcanzar en 2050 la descarbonilación plena del sector, tanto vehículos utilizados para fines corporativos como privados y públicos.

madrid

05/10/2020 22:13 Actualizado: 06/10/2020 09:30

Por alejandro tenA

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 06 Octubre 2020 05:34

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Juan Guaidó se quedó sin el oro 

Fallo de un tribunal de apelaciones de Londres

La Justicia estimó que el ejecutivo británico podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

 

Un tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes una decisión judicial previa que en julio reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el único capacitado para determinar el destino de 31 toneladas de oro (con un valor aproximado de 900 millones de euros) que custodia desde hace años el Banco de Inglaterra.

La premisa era que el Banco de Inglaterra no estaba autorizado a darle ese dinero a Maduro, sino a Guaidó. El fallo de julio fue un gran apoyo de la justicia británica al presidente de la Asamblea Nacional del país sudamericano reconocido como presidente interino por más de 50 países. La sentencia del lunes da por tierra la sentencia de julio.

Considerando ambigua la declaración del entonces ministro británico de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, que en febrero de 2019 reconoció a Guaidó como "presidente interino de Venezuela", la Corte de Apelación estimó que el ejecutivo de Londres podría seguir reconociendo "de facto" a la administración de Nicolás Maduro.

Los jueces no pudieron sin embargo determinar si esto es efectivamente así, por lo que ordenaron que se lleve a cabo una investigación en profundidad cuya consecuencia última sería determinar a cuál de los dos rivales corresponde el control real de los fondos.

"Antes de poder dar una respuesta definitiva a las cuestiones de reconocimiento, será necesario determinar si el gobierno de Su Majestad reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a ningún efecto", escribieron los jueces en su decisión reenviado el asunto a la Corte Comercial que emitió la sentencia de julio.

El tribunal de apelación señala en su fallo que es posible jurídicamente reconocer a la autoridad de un país mientras se mantienen relaciones con la que detenta en realidad el poder. “No se ha discutido al respecto que el Gobierno de Su Majestad ha seguido manteniendo relaciones diplomáticas con los representantes del señor Maduro, al recibir en la Corte de St. James las credenciales del embajador designado por el señor Maduro, y seguir manteniendo una embajada en Venezuela con un embajador acreditado por el señor Maduro”, sostiene el fallo.

El gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva dos años intentando sin éxito recuperar las 31 toneladas de oro de la reserva nacional.

Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección adecuada del banco central venezolano y pidió a la entonces primera ministra Theresa May que no entregase los lingotes, asegurando que "podrían servir para reprimir al pueblo venezolano", o llenar los bolsillos de un régimen que califica de "cleptócrata".

El Ejecutivo de Maduro había reclamado la devolución del oro para transferirlo al Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas, y facilitar así la compra “de material sanitario, medicinas y alimentos básicos” que permitieran la lucha contra la pandemia del coronavirus. El Banco de Inglaterra, junto con la Reserva Federal de Estados Unidos, es el mayor custodio internacional de reservas de oro. Retiene en sus cámaras unos 400.000 lingotes, por valor de más de 200.000 millones de euros.

Afirmando necesitar los fondos para combatir la pandemia de covid-19, Caracas se querelló en mayo contra el Banco de Inglaterra. Este afirma sin embargo encontrarse atrapado entre dos grupos rivales que le dan instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.

Publicado enInternacional
Domingo, 04 Octubre 2020 05:03

Proyectos en disputa

Proyectos en disputa

 Existen sólidos fundamentos para caracterizar que en China no impera un régimen capitalista, ni tampoco socialista. Al cabo de varias décadas prevalece una formación intermedia con signo indefinido y desenlaces pendientes. La nueva clase capitalista no ha logrado el control del Estado, que permanece en manos de una capa política autónoma de la burguesía.

Ese status singular de una formación burocrática puede desembocar en varios resultados. Un curso futuro estaría signado por la consolidación definitiva del capitalismo y otro contrapuesto por una recreación de la transición socialista. Ambos caminos dependerán de circunstancias externas, luchas políticas y acciones del movimiento popular. Esta mirada es compartida por varios enfoques, inspirados en evaluaciones convergentes.

Una tesis afín a nuestra visión destaca que la economía china no está sujeta al regulador pleno de la ganancia, mantiene sectores estratégicos en manos del Estado, garantiza el control de los capitales y procesa una irresuelta disputa entre sectores pro-capitalistas y críticos de ese devenir. Remarca el continuado predominio del Partido Comunista sobre los centros neurálgicos de la economía y explica las altas tasas de crecimiento por la preeminencia de activos del sector público (Roberts, 2017, 2016a: 209-212, 2018, 2016b). Este retrato resalta los distintos rasgos de un régimen no capitalista, sin proveer una denominación específica para ese sistema.

Las categorías actuales no ofrecen un término satisfactorio para dar cuenta del modelo chino. Algunos estudiosos utilizan el término de “managerialismo” para destacar la primacía del funcionariado en la gestión de la economía. Ilustran cómo los administradores comandan ese desenvolvimiento, mediante supervisiones y asociaciones con el segmento capitalista (Duménil; Lévy, 2014, 2012).

Otros pensadores proponen combinar los componentes capitalistas y socialistas del esquema chino en la sintética noción de “social-capitalismo” (O’Hara, 2006). La dificultad para encontrar un nombre adecuado deriva del carácter inédito del contexto actual. Las categorías utilizadas por los marxistas entre 1917 y 1989 -socialismo, comunismo, Estado obrero burocratizado, colectivismo burocrático- se contrastaban con el capitalismo liberal o keynesiano de la época, con la mira puesta en el objetivo pos-capitalista. Ese contrapunto ya no presenta la nitidez del pasado.

Pero lo importante no es la denominación, sino la caracterización del régimen chino. Allí prevalece una sociedad con clases capitalistas ya constituidas que no ejercen el poder del Estado. Como destacan otros analistas esa combinación retrata una restauración no concluida (Heller, 2020). Ese escenario sitúa al país en un área de tránsito variable entre el capitalismo y el socialismo. Prescindiendo de estos dos conceptos básicos, la localización histórica de China carece de guías para evaluar su devenir.

Los enfoques que adoptan estas brújulas ubican el debate en coordenadas reconocibles. Habitualmente se discute si la reintroducción del capitalismo en China altera, cancela o facilita el avance hacia el socialismo. Las miradas intermedias no avalan, ni justifican esa regresión y destacan tanto los límites como la potencial reversión de ese proceso.

¿Socialismo de mercado? 

Muchas caracterizaciones de China coinciden en la descripción de una formación intermedia pero evitan esa denominación. Discrepan con ubicarla en el universo pleno del socialismo o del capitalismo, pero optan por situarla en alguna sub-variante de esas dos grandes opciones. Los principales exponentes de la primera corriente identifican al país con el socialismo de mercado.

Esa mirada resalta la naturaleza socialista de China, en una enfática reacción contra la vertiente opuesta. Cuestiona los argumentos “simplistas” e “ingenuos” que localizan al país en el universo del capitalismo (Guigue, 2018).

Pero esa contraposición limita el análisis y no ofrece respuestas al complejo perfil de una formación económico-social, que nunca se adoptó formas acabadas de los dos sistemas en debate. Atravesó períodos de transición al socialismo y ahora de restauración al capitalismo, sin madurar ninguna de esas opciones.

Es cierto que China difiere cualitativamente de las grandes economías occidentales y que no afronta todas las contradicciones de capitalismo (Lo Dic, 2016). Pero ha incorporado muchas tensiones de este sistema y comienza a exportarlas al resto del mundo. No es una economía financiarizada, ni neoliberal, pero debe lidiar con la sobre-inversión, la superproducción y la búsqueda de mercados, para los excedentes generados en su actividad industrial. Esos desequilibrios no presentan ninguna familiaridad con las tensiones de una economía socialista.

Es un error situar a China en un ámbito de socialismo de mercado por los deslumbrantes resultados que logró en materia de crecimiento. Con ese argumento desarrollista se podría exaltar también el enorme desenvolvimiento logrado por Corea del Sur u otros regímenes brutales del capitalismo asiático.

La identificación actual de China con el socialismo de mercado observa continuidades donde hubo rupturas. Se concibe a la expansión mercantil de los 80 y a las privatizaciones de los 90 como dos momentos de un mismo curso pos-capitalista. En esa presentación se omite la diferencia cualitativa que separa la ampliación del mercado dentro de la planificación con la preeminencia del beneficio, la competencia y la explotación.

La denominación “socialismo de mercado” podría quizás aplicarse al primer momento de esa secuencia, pero no al segundo. En este último período se forjó una clase propietaria de grandes empresas, que choca abiertamente con las metas igualitarias del socialismo.

La presencia de ese sector capitalista no expresa la simple extensión de la gestión mercantil. Indica un punto de ruptura o eventual gestación de una “economía mixta”. No es lo mismo la existencia de múltiples formas de propiedad (pública, provincial, comunal, cooperativa, privada) que la vigencia de normas de privatización. Los millonarios chinos ubicados en el ranking de Fortune no son partícipes de ningún conglomerado socialista.

El desconocimiento de esos datos impide evaluar el sentido de las luchas políticas que se libran en el país. Esas tensiones no expresan sólo las habituales disputas entre fracciones por el manejo poder que describe la prensa occidental. Tampoco responden a meras oleadas de limpieza de corruptos. En esos conflictos subyace la confrontación por acelerar o contener la restauración capitalista. Con la óptica del “socialismo de mercado” resulta difícil comprender el sentido de esos choques.

El énfasis analítico puesto en contraponer el próspero modelo asiático con su decadente contraparte occidental suele obstruir la evaluación de esas tensiones internas de China. Es totalmente cierto, que sin pilares socialistas China no hubiera podido erradicar la pobreza, en un conglomerado tan gigantesco y en un plazo tan breve (Jabbour, 2020). El capitalismo no permite consumar mejoras de esa envergadura. Pero esa extraordinaria conquista no se obtuvo con una simple y uniforme gestión socialista, que fue mutando de facetas a lo largo de 70 años. El impulso revolucionario inicial sentó las bases para una expansión posterior, que no tuvo signos unívocos, ni benefició exclusivamente a las mayorías populares.

La tesis de la continuidad socialista acepta todas las variantes seguidas por China, como un curso necesario para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esa expansión es acertadamente destacada como una condición imprescindible para forjar alternativas al capitalismo (Andreani; Herrera, 2013).

Pero la mirada indiferenciada y acrítica de todos los periodos atravesados por el país, omite que no existe un sólo camino para ese desenvolvimiento. Tasas elevadas de crecimiento pueden lograrse expandiendo el mercado interno o la Ruta de la Seda, apuntalando o restringiendo la tasa de ganancia, favoreciendo o contrarrestando la desigualdad social.

Ese desarrollo puede exigir una enorme incidencia del mercado en la fijación de precios y en la escala de negocios privados. Pero traspasada cierta frontera, ese curso deja de constituir un desvío hacia el socialismo para transformarse en un sendero opuesto de retorno al capitalismo. Si esta disyuntiva no es explicitada, la restauración puede simplemente consolidarse a través de la auto-propulsión que genera el imperio del lucro.

Algunos pensadores suponen con cierta crudeza o ingenuidad que cierto desarrollo capitalista permitirá retomar luego la vía al socialismo, como si esos giros pudieran implementarse con la sencillez de una disposición ministerial. La historia brinda abrumadoras pruebas de la feroz defensa que despliegan los capitalistas para defender sus privilegios. Si afianzan estructuralmente sus beneficios de clase, no renunciarán a esas conveniencias cuando el timbre del socialismo suene en sus portones.

¿Capitalismo consumado?

En el polo opuesto de los teóricos del socialismo de mercado se ubican los pensadores que diagnostican la restauración total del capitalismo. Consideran que China se ha transformado en una pieza más del tablero global y que el status social de la nueva potencia no se distingue de sus pares de Occidente.

Esa visión es frecuentemente presentada en polémica con los analistas, que ponen reparos a la caracterización de un capitalismo completado e irreversible. Los intérpretes de ese cierre remarcan que “ya no hay vuelta atrás”, en la definitiva preeminencia del mismo sistema que impera en el resto del mundo (Sáenz, 2018).

El principal argumento económico para evaluar esa consolidación es la vigencia de todos los mecanismos del capitalismo. Estiman que en China prevalecen las normas de la explotación, la ganancia y la concurrencia (Carccione, 2020).Consideran que allí impera el mercado de trabajo, la propiedad privada de los medios de producción y la competencia entre las empresas (Au Loong, 2018).

¿Pero la ausencia de financiarización y neoliberalismo no obstruye el funcionamiento pleno de esas normas? ¿La alta regulación estatal, las restricciones al movimiento de capitales, la propiedad pública de la tierra, el control oficial de los bancos y las empresas estratégicas no influyen sobre el curso de la acumulación?

Los teóricos del capitalismo consumado relativizan la presencia de esas limitaciones y no explican por qué razón persisten en ese país, los controles que el neoliberalismo erradicó en el grueso del planeta. La privatización, la desregulación financiera, la apertura comercial y la flexibilización laboral fueron introducidas, para oxigenar al capitalismo de los obstáculos al beneficio que interponía el modelo keynesiano previo. En China no se concretó ese giro.

Quienes estiman que esa nación sepultó por completo su trayectoria previa, tampoco aclaran cuándo se produjo el entierro. La caracterización de ese viraje es clave para definir qué significado se asigna al concepto de capitalismo o socialismo.

Algunos pensadores estiman que la restauración ha sido un proceso ascendente desde fines de los años 70, que contó con el beneplácito de toda la dirigencia. Por eso resaltan el consiguiente aburguesamiento de las capas dirigentes (Laufer, 2020). Consideran que la era Deng, la fase de las privatizaciones y el equilibrio de Xi Jinping constituyen distintos momentos de un mismo proceso.

Pero con esta mirada se ignora la diferencia cualitativa que separa a un modelo de gestión mercantil en el marco de la planificación, de otro con expansión de la propiedad capitalista y de un tercero que limita esa extensión. La importancia de esas distinciones desborda la evaluación de China e involucra el proyecto general del socialismo. El ejemplo asiático justamente interesa para considerar ese futuro.

Quienes rechazan en forma indiscriminada todas las políticas económicas de últimas décadas, implícitamente objetan la reintroducción del mercado. No registran que esa gestión fue compatible con la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin en los años 20 y resulta insoslayable para cualquier proyecto pos-capitalista en los países subdesarrollados. ¿O acaso era mejor el esquema opuesto de planificación compulsiva y centralizada de la URSS en 1950-60?

El debate sobre China entre los marxistas no es meramente descriptivo. Exige opiniones sobre esas alternativas, para explicitar cuál es el proyecto económico socialista concebido por cada analista.

Burguesía y funcionarios sin fusión 

Los teóricos del capitalismo completado consideran que esa concreción se consumó con gran protagonismo del Estado. Estiman que los conductores del sistema anterior encabezaron la restauración, transformando a la antigua crema de Partido Comunista en la nueva élite del capitalismo (Carccione, 2020).

Pero esa mirada registra identidades donde prevalecen separaciones. La nueva clase burguesa y la burocracia que controla el Estado permanecen como dos sectores diferenciados. El primero no capturó el poder y el segundo no se transformó en un mero grupo de propietarios enriquecidos.

La continuidad de esta distinción no invalida que varios millonarios ocupen altos cargos oficiales o que las familias de muchos jerarcas exhiban un nivel de vida ultra-acomodado. Lo que interesa conceptualmente no ese cómputo de riquezas, sino el papel objetivo que cumple cada sector en una formación económico-social.

Lo que distingue a China de Rusia o Europa de Este es la continuada diferencia entre la estructura de la sociedad y el Estado, que mantiene a la clase capitalista alejada del control del poder político. Esa brecha podría disiparse con el tiempo, pero aún no se ha disuelto. Quienes estiman que la fusión ya se ha consumado aceptan el contraste entre la trayectoria seguida por China y el fenecido “bloque socialista”, pero sin extraer conclusiones de ese contrapunto.

También subrayan la gravedad de la crisis capitalista contemporánea y enfatizan los límites históricos de este sistema. Pero eluden indagar cómo ha podido un régimen social en declive expandirse con tanta facilidad e intensidad, en el país más poblado del planeta. No es muy lógico remarcar la asfixia objetiva que afronta el capitalismo occidental y describir sin ningún asombro, cómo ese mismo sistema florece en la principal nación asiática.

La presentación del crecimiento chino como un resultado del empalme funcional con el capitalismo global ilustra tan sólo una cara de la moneda. El país logró su extraordinario desarrollo como un efecto combinado de pilares socialistas, regulaciones estatales y restricciones a la financiarización. La creciente afluencia del capitalismo no frenó esa expansión, pero introdujo grandes desequilibrios de sobreinversión, sobreproducción y desigualdad.

Es muy controvertido suponer que el capitalismo penetra sin ningún escollo bajo el comando consciente del Partido Comunista. Se extrema un razonamiento inspirado en ironías de la historia, al imaginar que la restauración avanza naturalmente por ese insólito carril. No parece muy sensato considerar que los textos de Marx, Lenin o Mao sean utilizados para implantar el sistema que esos escritos repudian. Más lógico es lo ocurrido en Rusia y Europa del Este, donde se alaba al capitalismo incinerando esos libros. La permanencia del marxismo como literatura oficial en China ilustra lo obvio: la restauración no ha concluido y afronta resistencias.

Lucha, represión y legado

La tesis del capitalismo completado atribuye ese resultado a una derrota histórica de la clase obrera. Considera que esa regresión se afianzó a fines de los 80 con Tiananmén, se consolidó con los grandes despidos en empresas estatales durante los 90 y se reforzó definitivamente con un sistema político dictatorial (Au Loong, 2016). Esa visión es coherente con el presupuesto que el capitalismo avanza con tasas crecientes de explotación y pérdidas de conquistas sociales.

Pero ese diagnóstico choca con incontables evidencias de mejora del salario, reducción de la pobreza y expansión del consumo. El enorme crecimiento económico ha sido acompañado de un incremento mayúsculo de la desigualdad, pero sin la tragedia social imperante en los países bajo gestión neoliberal. Las condiciones generales de vida en el país han seguido un rumbo muy contrapuesto, por ejemplo, al observado en América Latina.

Estos avances no retratan los méritos del retorno capitalista. Ilustran la fuerza social de los trabajadores y el impacto de sus demandas efectivas o potenciales. En las últimas dos décadas emergió un nuevo proletariado, con expresiones de resistencia y alta capacidad para hacer valer sus exigencias.

Los propios teóricos de la restauración culminada describen esas protestas como la “peor pesadilla” de la burocracia (Yunes, 2018). Recogen registros de la significativa capacidad exhibida por los operarios para imponer sus derechos (Hernández, 2016)

Esos informes indican que los gerentes de las empresas y los altos funcionarios actúan con cautela, frente al revulsivo potencial de la clase obrera. Esa conducta añade otro argumento a favor de la tesis de un modelo capitalista no concluido.

La misma evaluación se extiende a la caracterización del régimen político. Es evidente que en China no rige una democracia socialista. Esa meta se encuentra muy lejos de su implantación y son numerosas las evidencias de inadmisibles restricciones a los derechos democráticos. Pero los teóricos de la restauración plena no se limitan a constatar o criticar este hecho. Postulan la vigencia de una descarnada dictadura que funciona con normas cuartelarías y consecuencias sanguinarias. Estiman que ese sistema es análogo a la tiranía derrotada por la revolución socialista (el Koumintang) o a la terrorífica junta militar coreana de 1961-1987 (Au Loong, 2016).

China no sólo padecería un retorno del capitalismo, sino también una regresión a la tragedia política de la primera mitad del siglo XX. El país estaría bajo el control de una clase dominante despiadada, que sojuzgaría a los desposeídos mediante un sistema político análogo a las formas pre-modernas que utilizaban los emperadores y mandarines.

Pero resulta muy difícil congeniar estas descripciones con la modernización que ha protagonizado el país y la consiguiente complejidad de su estructura político-social. Si la imagen de un capitalismo meramente destructor contrasta con los avances en el nivel de vida, la presentación de un tirano al comando de 1500 millones de personas, no condice con la variedad de tendencias políticas actuantes en China. Ese contexto es imperceptible con mirada atadas a un razonamiento convencional de contraposición de totalitarismos con democracias (Mobo, 2019).

La presentación de China como una simple dictadura capitalista también presupone que el legado socialista ha sido completamente demolido. Se estima que esa tradición ha quedado profundamente desacreditada, en un marco de viraje nacionalista de la intelectualidad y apatía política de la juventud (Au Loong, 2016).

Pero ese retrato no coincide con la aparición de nuevas vertientes de izquierda, ni con la continuada gravitación del marxismo. Esa corriente de pensamiento mantiene actualmente mayor vivacidad en China que en sus tradicionales centros de Europa. Ese dato no es irrelevante e indica un escenario mucho más promisorio, que el expuesto por los diagnósticos pesimistas.

¿Un transitorio capitalismo de Estado? 

La restauración no está concluida, pero es una tendencia en curso que podría efectivizarse a través de ciertos episodios decisivos. La sustitución china de Occidente en el comando de la globalización constituiría uno de esos desencadenantes. No se sensato suponer que una formación burocrática asumirá el timón de capitalismo mundial, sin ejercitar a pleno las reglas de la ganancias, la competencia y la explotación. Su captura del liderazgo mundial bajo las normas imperantes en la actualidad, no sería otro jalón del renacimiento histórico de China. Constituiría un punto de viraje hacia la consolidación definitiva del capitalismo.

Otra variedad de ese curso se verificó en los momentos de mayor euforia de “chinamerica”. En el cenit de esa asociación algunos analistas concibieron, que las monumentales acreencias asiáticas de Estados Unidos se convertirían en propiedades del gigante oriental. Supusieron que grandes empresas norteamericanas quedarían bajo el control de socios o gerentes chinos. Estimaron que esa conversión podría constituir el primer paso hacia la conformación de la tan debatida, pero inexistente clase dominante transnacional.

En los hechos la concreción de ese proceso fue abortada por el acoso imperialista que inició Obama y reforzó Trump. Esa escala de agresiones dio lugar a la reacción defensiva de Xi Jinping y a un cambio de escenario. El contexto de amigable globalización ha quedado sustituido por un perdurable marco de tensiones.

El resultado de esa confrontación es incierto. Puede abrir caminos de internacionalización capitalista de China, con sus empresas rivalizando más intensamente por lucros, mercados y cuotas de plusvalía. Pero también puede desembocar en choques geopolíticos, depresiones económicas y protestas populares, que algunos pensadores identifican con el debut de un escenario pos-capitalista (Dierckxsens; Formento; Piqueras, 2018). La actual formación intermedia china con sus clases adineradas, su regulación estatal y su retórica oficial marxista redefinirá su perfil en el escenario que se avecina.

El status transitorio de esa formación económico-social es destacado por muchos pensadores. A falta de una denominación más adecuada, algunos utilizan el término de “capitalismo de Estado” para tipificar ese régimen. Recurren a ese concepto para resaltar el papel del Estado como un gran timonel de la economía, en la fijación de todos los parámetros y las restricciones de la acumulación (Brenner, 2019).

Pero justamente por ese motivo el término es inadecuado. El capitalismo de Estado obviamente presupone que el capitalismo ya impera con plenitud en la sociedad y en el aparato estatal. Opera a través de ese organismo para forzar el cumplimiento de las metas de inversión, acumulación o desarrollo que ambiciona la clase dominante. Fue la dinámica que imperó por ejemplo en Japón.

Lo que distingue a China de ese antecedente ha sido la preexistencia de una revolución socialista, que cortó una trayectoria inicial del capitalismo. Ese componente socialista estuvo ausente en todas las versiones que adoptó el capitalismo de estado a lo largo del siglo XX.

Esa singularidad es registrada por otro enfoque, que utiliza el mismo concepto para destacar que China retomará un desemboque en el socialismo (Amin, 2013). Sugiere que el capitalismo de Estado constituye un eslabón hacia ese objetivo. Pero también da a entender que formas de capitalismo regulado son indispensables para la paulatina gestación de una sociedad igualitaria. Lo que resulta muy difícil de imaginar es cómo el socialismo emergería de una secuencia de capitalismos de distinto molde. La tesis de un status intermedio evita esos inconvenientes.

Confrontación de intereses y programas

China no es una sociedad uniforme, acallada y sometida. En el propio Partido Comunista coexisten millones de personas, que confrontan propuestas y posturas a través de distintos canales.

Las discrepancias que salieron a la superficie durante la pandemia constituyen un indicador de esos contrapuntos. En esa emergencia actuaron junto al oficialismo distintas asociaciones que no pertenecen al partido hegemónico. Es importante conocer esas actividades para superar los estereotipos que difunden los medios de comunicación, en su presentación de una sociedad simplemente esclavizada a los mandatos de una autocracia (Prashad, 2020).

Esa imagen no evalúa a Estados Unidos con la misma vara. Omite que en ese país impera en los hechos una dictadura bipartidista de la misma elite, que intercambia periódicamente el timón presidencial entre exponentes Demócratas y Republicanos. Esa manipulación no impide la existencia de un escenario multifacético de tendencias políticas de variado tipo. La misma (o mayor) diversidad impera en China.

La tesis del monolitismo asiático choca con el simple registro de las corrientes políticas del país. Una analista distingue seis vertientes significativas. Los neoliberales proponen expandir las privatizaciones, reducir el estado de bienestar y anular las leyes de salario mínimo. Los socialistas democráticos propician una economía mixta gestionada con formas políticas multipartidarias. La Nueva Izquierda defiende las empresas públicas, cuestiona la inserción en la globalización y rechaza desigualdad. Los milenaristas retoman los ideales de Confucio, para postular una reorganización del país con parámetros éticos. Las marxistas singulares exigen combinar normas de eficiencia con ideales altruistas y sus colegas tradicionalistas retoman ideas de Mao, para priorizar la defensa del país y la continuidad de las empresas estatales (Enfu, 2012).

Ese retrato sugiere una diversidad que no es perceptible con las anteojeras del institucionalismo burgués. Refuta la imagen de homogeneidad en una nación que alberga a un sexto de la población mundial. No es la brecha cultural o la barrera idiomática lo que impide tomar contacto con esa realidad. La obstrucción deriva de un prejuicio que contrapone el autoritarismo asiático con la floreciente diversidad occidental.

Los pensadores que tuvieron más familiaridad con la vida política china, resaltaron en los últimos años la intensa confrontación entre la corriente neoliberal y antiliberal. Describieron la pugna entre los partidarios del librecomercio globalista y los promotores de la regulación estatal (Amin, 2013).

Pero un proceso más interesante se desarrolla en torno a la denominada Nueva Izquierda. Esta corriente surgió a mitad de los años 90 cuestionando los proyectos de privatización y postulando la redistribución del ingreso, mediante un curso de modernización alejado del patrón capitalista (Ban Wang; Jie Lu, 2012).

La Nueva Izquierda denuncia el fetichismo del crecimiento, defiende el sistema de seguridad social y condena la amnesia de la herencia revolucionaria. Auspicia la acción colectiva y estima que Tian An Men fue una rebelión contra la corrupción y la injusticia (Keucheyan, 2010: 177-185).

Los partidarios de esta corriente también objetan la mirada angelical de los cultores de Confucio (Rofel, 2012). Critican la despolitización y reivindican las protestas populares (Wang Hui, 2015). Promueven, además, una revisión de la Revolución Cultural alejada de la demonización prevaleciente, cuestionando el énfasis unilateral en las facetas negativas de ese episodio (Mobo, 2019).

La evaluación del maoísmo es uno de los principales temas en debate en la Nueva Izquierda. Algunos analistas destacan la existencia de varias corrientes herederas de Mao. Una vertiente de peso en las estructuras oficiales prioriza la defensa nacional frente a la agresión de Estados Unidos. Otra se desenvuelve fuera de ese ámbito y propicia la organización autónoma de los sindicatos (Quian Benli, 2019).

La Nueva Izquierda convoca a renovar el proyecto socialista, en confrontación con el presupuesto de conveniencia (o inexorabilidad) de una etapa capitalista. Estima que la instauración de ese sistema entraña consecuencias nefastas y despliega una intensa batalla contra la cultura de la mercantilización (Lin Chun 2013:197-215).

Los exponentes de esta mirada denuncian los desequilibrios que ha introducido el capitalismo, reconociendo las mejoras registradas en el nivel de vida y la complejidad creada con la gestación de una nueva clase media urbana (Lin Chun 2009).

Objetan la primacía asignada a la expansión externa, destacando que China no necesita transformarse en una potencia mundial, ni actuar como faro del libre-comercio. Debe priorizar el cúmulo de mejoras pendientes en la esfera doméstica (Lin Chun 2019). Señalan que en lugar de comprometer a la economía con riesgosas inversiones foráneas convendría canalizar el ahorro excedente hacia los circuitos locales, para revitalizar las empresas estatales e incrementar los gastos sociales.

Esta orientación privilegia la actividad económica interna buscando una reconciliación entre el socialismo y el mercado (Lin Chun 2009). En el plano externo promueve retomar las ideas antiimperialistas que el país alentaba antes de amoldarse a la euforia de globalismo (Lin Chun 2019).

Este programa de la Nueva Izquierda es coherente con un diagnóstico de limitada reconversión capitalista de China. La implantación definitiva de ese sistema puede ser contenida mediante un curso opuesto de renovación socialista basado en el protagonismo popular.

Lo que está en juego es una confrontación de intereses. La discusión sobre la naturaleza capitalista, socialista o intermedia de China no es una controversia académica sobre la clasificación de la nueva potencia. Sintetiza distintas miradas y propósitos para el país que definirá el curso del escenario global.

 

18-9-2020

Por Claudio Katz, es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Referencias

-Amin, Samir (2013) China 2013 https://monthlyreview.org/2013/03/01/china-2013/

-Andreani, Tony; Herrera Rémy (2013). ¿Un modelo socialdemócrata para China? Comentarios críticos sobre el libro La Vía China, https://www.jaimelago.org/node/91

-Au Loong Yu (2016). China: ¿Final de un modelo o nacimiento Adónde va China, Editorial Metrópolis, Buenos Aires.

-Au Loong, Yu (2018). Debate sobre la naturaleza del estado chino, https://portaldelaizquierda.com/2018/05

-Ban Wang; Jie Lu (2012). Introduction: China and New Left Critique. China and New Left Visions Political and Cultural Interventions, Lexington Books.

-Brenner, Robert (2019). El dilema del crédito chino Entrevista con Victor Shih New Left Review 115 marzo -abril.

-Carccione, Carlos (2020). La vocación imperialista del capitalismo chino https://lis-isl.org/2020/05/15/

-Dierckxsens, Wim; Formento, Walter; Piqueras, Andrés (2018). La salida del capitalismo al fallar el intento de salir de la crisis capitalista 20/06, www.alainet.org/es/articulo/193612

-Duménil, Gérard; Lévy, Dominique (2012). Crise et horizons post-néolibéraux numéro 51 d’Actuel Marx.

-Duménil, Gérard; Lévy, Dominique (2014), Propos recueillis par Cédric Durand et Razmig Keucheyan. 11 may. www.contretemps.eu/a-propos-de-la-grande-bifurcation-entretien

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 05:42

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

Médicos cubanos, los “esclavos” del siglo XXI

La organización Prisoners Defenders presentó desde 2019, y amplió en agosto pasado, una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional contra el gobierno cubano por violar los derechos humanos de los médicos que envía en misiones de asistencia sanitaria a decenas de países. Aunque no hubo tiempo de incluir el caso de la misión que ayudó a combatir la pandemia de coronavirus en México, la agrupación humanitaria afirma que también aquí ocurrieron tales violaciones por la “negligencia” del gobierno de López Obrador. 

MADRID (Proceso).- Los integrantes de la misión internacional de médicos cubanos que ayudó a México a enfrentar la pandemia del coronavirus sufrieron la misma situación de “esclavitud, persecución y actos inhumanos” que padecen otras misiones cubanas de profesionales de la salud alrededor del mundo, denuncia Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders.

Esta organización europea obtuvo testimonios y documentación de muchos de los 585 médicos que componían la misión que estuvo en México entre abril y julio pasados, los cuales evidencian las políticas represivas que les impone el régimen cubano.

“Hemos obtenido la documentación y los testimonios de la misión de México. Hubo varias deserciones, conocemos la circunstancia y también les digo que esos testimonios están esperando”, explica en rueda de prensa virtual el martes 22 para anunciar que su organización amplió el 24 de agosto la denuncia que presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el gobierno de Cuba.

Esas pruebas de México, sin embargo, no están incluidas en el proceso de ampliación penal denominado “622 Cuban doctors vs. Cuban Government”, que incluye el testimonio de 622 profesionales de la medicina cubanos en otros 29 ­países.

“No hay ninguno de los testimonios en esta querella de los que participaron en la brigada de México, porque no nos dio tiempo de incluirlos. Aunque son exactamente las mismas circunstancias tan terribles que se han vivido en otros países y que están en la ampliación de la demanda”, dice.

“En México”, prosigue, “se dio una circunstancia particularmente dolorosa y es que el gobierno mexicano gastó aproximadamente 10 mil 700 dólares por médico en los tres meses, pero los médicos recibieron solamente 220 dólares al mes”, ya que el resto lo retuvo el régimen cubano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó en abril pasado sobre el acuerdo con Cuba para esa misión de apoyo al sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia. La presencia de esta brigada se extendió hasta julio. Su arribo a México no estuvo exento de controversia, porque la mayoría eran médicos generales, no epidemiólogos, denunciaron los colegios de médicos en México.

Larrondo explica que “algunos de ellos lograron escapar. Es una desgracia hablar con ese verbo, escapar, pero es la realidad. Pero debo aclarar una cosa: que AMLO conociera o no conociera estas circunstancias, yo no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que lo debería conocer, porque si una brigada médica (cubana) entra en su país, todas las estructuras médicas y de controles institucionales tienen que actuar.

“Y en ese sentido, si (el presidente) no lo conoce, tiene un problema de negligencia, y si lo conoce, pues ya es más grave. Lo que sí es que en varios estamentos del gobierno mexicano sí hubo una negligencia que ha permitido que se vuelva a reproducir esa situación. Es una negligencia que tampoco quiero atribuir al propio AMLO, y por eso estamos haciendo un llamado para que las naciones eviten esa negligencia”, enfatiza.

Explica que ese llamado es porque más de 50 mil profesionales de la salud cubanos cada año sufren la confiscación de 85% de sus salarios en el exterior, con unos beneficios anuales de 8 mil 500 millones de dólares, tres veces los ingresos que Cuba recibe por el turismo.

En la actualidad hay entre 5 y 10 mil profesionales de la medicina cubanos imposibilitados de volver a su país para reunirse con sus familias porque, al haber desertado, se les considera “traidores a la patria” y se les impide regresar a la isla al menos durante ocho años, sostiene Larrondo.

La acusación

El 8 de mayo de 2019, Prisoners Defenders denunció las misiones médicas de Cuba por esclavitud, persecución y otros actos inhumanos ante la ONU y la CPI, con base en hallazgos publicados en 2010, cuando el British Medical Journal publicó las condiciones de esclavitud de la misión en Portugal, denunciadas por el Colegio de Médicos de este país.

Otro antecedente fue del Estudio Periódico Universal de Cuba, publicado en 2018 por la ONU, en el que se documentan los mecanismos coercitivos que se imponen a estas misiones.

En respuesta a la denuncia de la organización, la ONU emitió el 6 de noviembre una Carta de Comunicación Acusatoria por esclavitud y trabajos forzados a Cuba. Posteriormente, el 16 de julio de este año, Human Right Foundation liberó un informe que califica esas misiones como “esclavitud moderna” y describe otros hechos perturbadores.

El 23 de julio Human Rights Watch emitió otro informe que destapa la restrictiva legislación oficial que Cuba aplica a dichas misiones.

La ampliación de la denuncia desglosa pormenores de este entramado legal y también presenta pruebas de que estas prácticas han hecho que 50% de la balanza exterior de Cuba provenga de la retención de los sueldos de esas misiones, lo que representa tres veces el turismo por medio de la apropiación de una media de 85% de los salarios de los profesionales cubanos que pagan los países receptores.

Destaca el caso de países que hacen importantes aportaciones económicas, como Noruega, que subvenciona a Cuba en la misión de Haití; Luxemburgo, que paga la totalidad de la misión en Cabo Verde, o Portugal, que paga la misión de Guinea Bissau a través de fondos de la Unión Europea.

Prisoners Defenders critica que, aparte de la subvención para esas misiones, no hay control o evaluación de las condiciones de los profesionales.

La lista de esas misiones que analiza la organización abarca 29 países, ocho en África más Arabia Saudita y 14 Estados latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia.

Entre las pruebas aportadas está la flagrante violación de los derechos humanos de esos trabajadores, a los que el gobierno cubano les impide portar su pasaporte o su título académico.

Entre los convenios presentados en la denuncia destaca el firmado con Guatemala, que impide trabajar a cualquier médico cubano que se haya desligado de cualquier misión cubana, durante o después de la vigencia del acuerdo en territorio guatemalteco. Pero también la legislación cubana los coloca bajo duras restricciones en su vida económica, personal, social, íntima –no se pueden vincular con una pareja del país al que asisten– e incluso marital de esos trabajadores.

“Traidores a la patria”

Prisoners Defenders sostiene que los trabajadores de las misiones que desertan viven una separación forzosa de sus hijos, provocando una ruptura del círculo familiar. Hasta ahora tiene documentado que hay entre 5 mil y 10 mil padres cubanos que sufren esta separación de hasta ocho años; sin embargo, esta circunstancia la han enfrentado más de 40 mil familias cubanas.

El código penal cubano impone una pena de ocho años de prisión para el funcionario o empleado destinado a una misión en el extranjero que la abandone o que la cumpla pero que no vuelva a la isla. Pero cuando no pueden ejecutar la pena, el Consejo de Estado los cataloga como “traidor a la patria” e “indeseable” por al menos ocho años prorrogables. La legislación migratoria define a los indeseables como “inadmisibles”, lo que supone el impedimento para entrar al país y a sus familiares para poder salir, sostiene la denuncia, a la que este medio tuvo acceso.

Es el caso de Manoreys Rojas, licenciado en traumatología y ortopedia, que formó parte de la misión en Ecuador entre julio de 2014 y noviembre de 2015, tras de lo cual se desligó de la misma y no regresó a la isla. Fue considerado “traidor a la patria” y no se le permite la entrada a pesar de los múltiples esfuerzos que ha hecho.

En febrero de 2018 Rojas viajó a la isla de forma apresurada al ser informado que su hija había intentado suicidarse. “Viajé a La Habana, pero en el aeropuerto me aislaron durante 10 horas y no me permitieron entrar por haber abandonado la misión ni me permitieron hacer una llamada telefónica ni tener contacto con mi familia”, dice en su relato.

Contó que el diagnóstico de su hija es que sufre un transtorno de la personalidad histriónica, derivado de la ausencia parental. “Yo no estoy ausente de la vida de mis hijos y mis padres por voluntad propia, sino porque no me permiten que los visite ni que ellos salgan”, señala.

Cuando Rojas viajó a Ecuador lo mandaron como profesional en un programa de rehabilitación para el cual no estaba preparado, “pero era la única vía de escape de Cuba y de tener una salida económica”.

Al igual que 75% de los profesionales incluidos en la ampliación de la demanda, a este médico lo enviaron antes del viaje a tomar un curso del Partido Comunista para reforzar los principios de la revolución. “También nos piden que hagamos trabajo político en los países a donde vamos. Por ejemplo, a mi misión se nos exigía apoyar al gobierno de Rafael Correa”. En el caso de Venezuela, según otros testimonios, incluso los instruyen a tomar las armas en apoyo al gobierno bolivariano en caso necesario.

Desde que abandonó la misión ha gestionado dos visas humanitarias para reunirse con sus familiares, pero se las han negado sin mayor explicación.

El gobierno cubano, dice, “ha amenazado a mi madre porque yo sigo denunciando mi situación y presiono a través de las redes sociales”. Asegura que el gobierno de la isla obligó a la doctora que atiende a su hija a “mentir en el resumen del historial clínico que se presentó para solicitar la visa humanitaria”.

El caso de Leonel Rodríguez, profesor universitario y médico internista, está entre los 622 testimonios que incluye la ampliación de la denuncia. Él estuvo en Guatemala entre 2010 y 2012, y posteriormente en Ecuador entre 2015 y 2018.

Relató que, llegando a la misión, el gobierno le confiscó su pasaporte como al resto de la delegación, “lo que nos significaba muchas dificultades para la movilidad, incluso en el sitio donde vivíamos.

“El convenio entre Cuba y Guatemala”, dice, “estaba diseñado para recibir un pago de 11 mil quetzales, de los cuales nosotros sólo recibíamos 3 mil, pero de éstos nos quitaban otros mil 340 y solamente nos dejaban mil 660 para sostenernos. En Ecuador fue igual, el convenio pagaba 3 mil 800 dólares y nosotros sólo recibíamos 800. Y si había alguna eventualidad para volver a la isla, lo teníamos que pagar de nuestro bolsillo”, describe.

Relata que el régimen cubano incluye “a miembros de la Seguridad del Estado en las misiones como si fueran profesionales de la salud, que van para controlar a los integrantes de la delegación. Nos teníamos que encerrar a las seis de la tarde. Y entre los compañeros vigilándose unos a otros, estábamos obligados a informar de cualquier actividad sospechosa de otros compañeros, so pena de ser sancionados nosotros mismos”.

Rodríguez explica lo mismo que describe la denuncia: que por la legislación cubana están obligados a expresar su “repudio” contra quienes se saltan las normas. Describe la incomodidad de que “a quien violara lo que estaba establecido, se le tenía que hacer un repudio abierta y públicamente, a veces a amigos, y todo mundo tenía que hacerlo con el dolor del alma; era por fuerza, si no, había represalias”.

Al igual que Rojas y la mayoría de los enviados, afirma que se les obliga a llevar a cabo actividades de proselitismo político a favor de Cuba y de los gobiernos de países amigos, como Venezuela.

“Yo deserté porque había sido muy crítico con el manejo de la misión, en especial con la alteración de estadísticas –tema que se repite en los testimonios–. Yo lo critiqué mucho, me oponía y me amenazaban con regresarme a Cuba, recibía agresiones verbales”, describió el médico internista, quien desde entonces está separado de sus cuatro hijos, incluida la menor de 16 años, con retraso mental y a quien le afecta mucho la ausencia paterna.

Por Alejandro Gutiérrez 29 septiembre, 2020

Reportaje publicado en el número 2291 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 27 de septiembre de 2020.

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Trump solo pagó 750 dólares de impuestos federales el año que ganó las elecciones presidenciales

No abonó ningún tipo de impuesto por ingresos en diez de los últimos quince años 

El dato se desprende de una investigación del diario The New York Times sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó solo 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales, según una investigación del diario The New York Times publicada este domingo sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario.

"The New York Times ha obtenido información fiscal durante más de veinte años sobre el señor Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo. Esto no incluye sus declaraciones de ingresos personales de 2018 y 2019", expone el matituino neoyorquino, que promete nuevas revelaciones en los próximos días.

Trump tampoco habría pagado ningún tipo de impuesto por ingresos en 10 de los últimos 15 años debido a que informó al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, en inglés), que había registrado más pérdidas que ganancias.

Según la investigación periodística, las finanzas de Trump están bajo presión debido a que pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente.

El mandatario republicano también tiene pendiente desde hace una década una batalla judicial con el IRS, que cuestionó la legitimidad de un reembolso de 72,9 millones de dólares que Trump reclamó y recibió de esa institución después de haber declarado enormes pérdidas. Un fallo adverso en ese litigio podría costarle más de 100 millones de dólares, según The New York Times.

"Fake News", el latiguillo de Trump

Trump desmintió rápidamente lo publicado por el diario neoyorquino. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, afirmó que la información son "noticias falsas" y arremetió contra el medio por escribir artículos "negativos" sobre él. Además, afirmó que el IRS le "trata muy mal", y explicó que sus impuestos están siendo auditados por esa organización y prometió que los hará públicos una vez concluya ese proceso.

"Todo será revelado, después de que finalice la auditoría. Ellos (los funcionarios del IRS) están haciendo su evaluación, hemos estado negociando durante mucho tiempo, están siendo auditados, la historia es totalmente falsa", afirmó Trump.

 "He pagado mucho, y también he pagado muchos impuestos sobre la renta a nivel del estado, el estado de Nueva York cobra muchos impuestos", añadió el mandatario republicano sin dar más detalles. 

Los demócratas en el Congreso han intentado, en varias ocasiones, obligar al mandatario a hacer públicos sus impuestos, pero no tuvieron éxito. A diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1970, Trump -quien ha hecho de su fortuna un argumento de campaña- se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal por evitar que se divulguen.

Su falta de transparencia da pie a especulaciones sobre el volumen de su riqueza y posibles conflictos de intereses.

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